Un total de 727 trabajadores del Gobierno federal y el sector público presentaron ayer el primer amparo contra el Fondo de Pensiones del Bienestar, que el miércoles entró en vigor con la firma del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El miércoles, entraron en vigencia las reformas que dan origen al Fondo de Pensiones del Bienestar, que mediante un decreto hizo oficial López Obrador y con el que busca asegurar una jubilación del 100% para los trabajadores que comenzaron a cotizar en 1997 con tope en el salario promedio del IMSS, que es de casi 17,000 pesos.

La primera acción legal contra la reforma a las leyes que crean el nuevo fondo de pensiones fue presentada a través de la firma Trusan & Roma Abogados, despacho que dio a conocer sobre la demanda de amparo a través de sus redes sociales.

“Las 727 personas que pertenecen, tanto al sector privado como al sector público (…) están presentando esta demanda de amparo, porque afecta la forma en como ellos decidieron que iban a manejarse en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras (de fondos para el retiro, afores)”, mencionaron los litigantes en un video publicado en redes sociales.

La firma de abogados mencionó que la reforma a las leyes que dan vida al nuevo fondo de pensiones “es inconstitucional, toda vez que es retroactiva y además vulnera el principio de seguridad jurídica”.

Los abogados de la firma también anunciaron que no será la primera demanda que presenten; anticiparon que en las próximas semanas cientos de trabajadores del Estado se unirán a un nuevo amparo colectivo en contra de la reforma impulsada por Morena y López Obrador.

“Anunciamos que en las próximas semanas cientos de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de la Guardia Nacional (GN), así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y varias dependencias federales más procederán a presentar sus demandas de amparo para que sus ahorros no se vean afectados”, añadieron.

Y es que la reforma busca administrar los recursos de cuentas inactivas en las afores de personas con más 70 años en caso de trabajadores del sector privado y de 75 en el público que no se han reclamado.

En ese sentido, la oposición ha anticipado que presentará acciones de inconstitucionalidad contra la reforma que entró este 1 de mayo, al considerar que el Gobierno mexicano quiere robarse ese dinero para sus propios fines.

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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