De cara a la discusión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá en los próximos días, referente a la prisión preventiva oficiosa, el gobierno federal hizo un llamado a la Corte a mantener la medida tal y como está expresado en la Constitución.
La Presidencia de la República indicó que la Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la política de cero impunidad buscan garantizar la paz y la tranquilidad de la población y conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen no solo la detención de las personas que los cometen, sino también la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias.
En ese sentido, afirmó que es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no escapen de la acción de la justicia durante el proceso penal.
Explicó que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas, además de que con dicha medida se trata de evitar que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad.
Recordó que delitos de alta gravedad como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, entre otros, implican que los presuntos culpables enfrenten el proceso en prisión.
“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, esgrimió la Presidencia.
En ese sentido, pidió a la Suprema Corte que al momento de discutir el juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad sobre el tema, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el esfuerzo que implica la persecución criminal.
Que “prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, remató la Presidencia.
