El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió a Edmundo Jacobo, una suspensión provisiona en relación al amparo que presentó en contra del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral, que al haber entrado en vigor la semana pasada, lo cesó como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
La suspensión dada refiere que Edmundo Jacobo fue electo para el periodo 2020-2026, además de que la reforma electoral no justifica su cese.
“No se advierte una razón por la que el cambio de facultades (de la Secretaría Ejecutiva) justifique que se termine anticipadamente la titularidad del nombramiento que se venía ejerciendo por el quejoso, como algún dictamen valorativo o procedimiento que demerite sus conocimientos o experiencia”, se lee en el fallo.
La magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, presidenta del Tribunal, precisó que se trata de una decisión provisional, que no toca temas de fondo, por lo que no dejaría sin materia el juicio de amparo.
Alcalá Valenzuela también precisó que la suspensión provisional no representa un perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que de continuar en el cargo, Jacobo Molina estaría obligada a actuar conforme al marco legal vigente.
“No se advierte una razón por la que el cambio de facultades, justifique que se terminan anticipadamente la titularidad del nombramiento que éste había ejerciendo por lo que la propuesta es declarar fundado el recurso de queja”.
Hay que contemplar que la temporalidad de la restitución dependerá de lo que resuelva la Juez de Distrito que lleva el caso, con relación a si concede o no la suspensión definitiva. En caso de concederse la suspensión definitiva, Jacobo Molina regresará al cargo por tiempo indefinido, pero si se le niega se mantendrá vigente su cese.
Adicional, el INE confirmó este jueves que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de Controversia Constitucional en contra del ‘Plan B’.
El INE señaló que se detectaron violaciones constitucionales en aproximadamente 200 artículos de la reforma, mismas que vulneran 25 disposiciones constitucionales.
Este nuevo recurso se suma a la Controversia Constitucional presentada por el INE el pasado 1 de febrero, en contra de la primera parte del ‘Plan B’.
En la demanda presentada este jueves, se solicita que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía.
