La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregará este lunes a Washington una solicitud para que el gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el acuerdo comercial de Norteamérica, TMEC.
La petición de la AFL-CIO establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, se les negó representación sindical independiente en violación del tratado, que sustituyó al TLCAN el año pasado.
Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, que contaba con pocas herramientas para hacer cumplir las normas laborales, los salarios en México se estancaron y ahora se ubican entre los más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El T-MEC fue diseñado para cambiar eso al dar más poder a los trabajadores para exigir mejores salarios, lo que también está destinado a evitar que los bajos costos laborales reduzcan más puestos de trabajo en Estados Unidos.
La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, con sede en Filadelfia, controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.
Bajo el “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida” del TMEC, las empresas en México y Estados Unidos pueden enfrentar aranceles y otras sanciones por no garantizar los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación.
La petición de la AFL-CIO marca la primera vez que es puesto en práctica el componente para hacer valer las condiciones laborales dentro del tratado comercial TMEC.
“Esto sienta un precedente”, dijo Catherine Feingold, directora del departamento internacional de la AFL-CIO, que presionó por mejores disposiciones sobre los derechos laborales en el TMEC. “Va a ser una prueba para este nuevo sistema”.
La AFL-CIO enviará su petición a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de Estados Unidos, que tiene 30 días para revisar el reclamo y determinar si debe llevar el caso al gobierno mexicano para una revisión adicional.
En caso de avanzar, funcionarios laborales de nuestro país trabajarían luego con sus contrapartes estadounidenses para acordar los términos para corregir la situación. Todo el proceso, incluida una etapa final para determinar posibles sanciones y multas, debe resolverse en un plazo de cinco meses.
“La mayor parte de esto podría solucionarse con bastante rapidez si existe la voluntad política”, dijo Benjamin Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers, parte de AFL-CIO.
La petición también fue respaldada por la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), que representa a los empleados de Cardone en Estados Unidos, junto con la Public Citizen’s Global Trade Watch, una organización sin fines de lucro estadounidense, y el sindicato de Prieto, llamado SNITIS.
