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Los países de la alianza OPEP+ que participan en el histórico acuerdo para reducir la producción de petróleo en 9.7 millones de barriles diarios (mbd) desde el pasado 1 de mayo, cumplieron ese pacto en 95% en su primer mes.

Así lo revela el último informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), emitido este miércoles, según el cual la alianza de 23 países, 13 de la OPEP y 10 fuera de la OPEP, redujo su producción conjunta en 9.2 mbd.

“El gran cumplimiento de los ajustes voluntarios de producción de los 10 países ajenos a la OPEP (…) condujo a una caída en la producción de petróleo de 2.95 mbd en mayo, mientras que la OPEP recortó 6.25 mbd”, precisa el informe.

En un primer momento, el mercado se había mostrado escéptico acerca del cumplimiento de este acuerdo, cuyo objetivo era frenar la fuerte caída de los precios en medio de crisis del coronavirus.

Al mismo tiempo, la producción de otros competidores ajenos al acuerdo, sobre todo Estados Unidos y Canadá, también se redujo en cerca de 2 mbd en abril y otros 0.8 mbd en mayo.

La OPEP+, que controla cerca del 60 % de la producción petrolera mundial, acordó en abril aplicar en mayo y junio un recorte de 9.7 mbd, alrededor del 10 % del bombeo mundial. El pasado 6 de junio la OPEP+ decidió extender hasta el 31 de julio ese recorte récord y revisar mensualmente el cumplimiento del acuerdo y la situación del mercado.

El paro de actividades en todo el mundo como consecuencia de la pandemia del coronavirus causó una disminución drástica de la demanda que llevó a los crudos de referencia a llegar a perder hasta el 75 % de su valor respecto a la cotización de principios de 2020.

Los analistas de la OPEP calculan en su informe de hoy que la demanda se desplomará este año en 9.1 mbd, una caída inédita que deja la en una media de 90.06 mbd este año, una cifra muy lejana a los casi 100 mbd de 2019.

“Los precios de los futuros del petróleo también se recuperaron en mayo, en medio de un renovado optimismo sobre las perspectivas de los fundamentos del mercado mundial y las expectativas de una mayor recuperación de la demanda y una reducción de la oferta mundial”, añade el informe de la OPEP.

El pacto vigente desde el 1 de mayo prevé que pase de un recorte de 9.7 mbd a los 7.7 mbd a partir del 1 de agosto y se sitúe en los 5.7 mbd entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de abril de 2022. Sin embargo, estas cifras pueden revisarse en caso de que la debilidad de la recuperación de la demanda lo aconseje.

Dos sindicatos estadounidenses manifestaron su preocupación por las violaciones a los derechos de los trabajadores en México, y pidieron a las autoridades de nuestro país que liberen a la abogada laboral Susana Prieto, arrestada hace una semana.

El posicionamiento de los sindicatos llega en momentos en que está por entrar en vigencia el nuevo acuerdo comercial que ambos países tienen con Canadá, el T-MEC.

Prieto, quien el año pasado ayudó a organizar inéditas huelgas en decenas de fábricas en la ciudad de Matamoros, en la frontera norte del país, fue acusada de amenazas, incitación a disturbios, coerción y crímenes contra servidores públicos. La abogada ha negado los cargos.

Con el T-MEC, los sindicatos estadounidenses están preocupados porque la detención podría socavar el compromiso mexicano de proteger los derechos de los trabajadores, un objetivo central del pacto comercial.

Prieto podría permanecer en la cárcel hasta fines de julio mientras se investiga el caso, dijo la oficina del fiscal general de Tamaulipas tras su arresto el 8 de junio pasado en Matamoros. Un juez estatal rechazó las solicitudes de la abogada para ser liberada mientras el caso está pendiente.

“Esto claramente es intencional y sin duda tendrá un efecto escalofriante en los trabajadores que se ven obligados a tomar una decisión de vida o muerte cada día antes de ir a trabajar en condiciones peligrosas”, dijo el martes el portavoz del sindicato unido de trabajadores del automóvil, Brian Rothenberg.

“Representa un desafío muy real para el gobierno mexicano implementar las reformas acordadas por Estados Unidos y México bajo el T-MEC”, añadió en un comunicado.

Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la mayor coalición de sindicatos de Estados Unidos, calificó las denuncias como “falsas”.

“Nos estamos acercando a la implementación de los acuerdos laborales del T-MEC, y México debe cumplir con su compromiso de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores”, dijo Trumka en un comunicado.

El viernes pasado, en su conferencia de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que seguía de cerca el asunto, pero que solo los funcionarios estatales podían manejar el caso.

El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo que los cargos se derivaron de una queja de una junta laboral en Matamoros sobre una protesta de unos 400 trabajadores frente a sus puertas en marzo pasado. El grupo fue acusado de ser violento y amenazar a los empleados del gobierno.

Foto: Twitter @aztecas_215

La Secretaría de Energía (Sener), que encabeza Rocío Nahle, aseguró que “combatirá” de decisión de un juez de suspender el acuerdo sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que días atrás había publicado.

Y aunque dijo que el gobierno federal respeta el Estado de Derecho y promueve el interés general de todos los mexicanos, adelantó que presentará ante el Poder Judicial la motivación y fundamentos de dicho acuerdo.
“La Constitución estableció como responsabilidad y atribución exclusiva de la nación, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la dependencia. “La transmisión y distribución eléctrica son consideradas, por mandato constitucional, áreas estratégicas y de interés público, a cargo del Estado”.
Afirmó que la Política de Confiabilidad establece criterios técnicos para la incorporación confiable, progresiva y acelerada de la energía de cualquier técnica de generación incluyendo las renovables, destacando también la generación distribuida, la electromovilidad, redes inteligentes y reservas de capacidad operativa.
Señaló que la realidad en el desbalance energético se observa, como se otorgó de manera irresponsable y sin planeación un sinfín de permisos de generación eléctrica, que duplican la demanda máxima instalada instantánea del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que dijo que la Política de Confiabilidad dará certeza a los proyectos que cumplan con los requisitos que se establece.
“Ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general y de la Nación, cuando éste afecte el suministro confiable de electricidad, porque es un servicio necesario, estratégico y de seguridad nacional, que debe garantizar el Estado para todos los mexicanos”, dijo la Sener.

Recordemos que las nuevas disposiciones llevaron a Canadá y la Unión Europea a plantear formalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su preocupación a través de cartas diplomáticas. Además, los principales grupos empresariales argumentan que las normas golpearán la confianza de los inversores y frenarán el crecimiento de la energía renovable.

El Juez Primero Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, suspendió de manera indefinida, el acuerdo por el que Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), busca controlar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y frena las inversiones de energía limpia y renovable.

Con la resolución del juez, quedan anuladas las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada en mayo pasado por la Sener y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La suspensión se debe a que fue concedió un amparo a favor de Defensa Colectiva, A. C, asociación que interpuso el recurso en contra el acuerdo publicado.

“Al establecerse barreras de entrada al mercado eléctrico mayorista, éste no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia, y un fortalecimiento anticompetitivo de las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados, al menos con mayor facilidad”, señaló el juez Rodrigo de la Peza.

Con esto, el acuerdo no podrá entrar en vigor hasta que el juez dicte su sentencia de amparo o, si la Sener impugna, hasta que un Tribunal Colegiado resuelva si la confirmará o no.

Recordemos que el acuerdo del Cenace fue publicado en abril pasado, y suspendía de manera indefinida las pruebas necesarias para que las plantas de generación eólicas y solares entraran en operación, argumentando de que ponen en peligro la estabilidad del sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

Según especialistas en la materia y asociaciones de compañías energéticas, los acuerdos de Sener y Cenace ponían en peligro 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos en el país.

La nueva política ha desatado una batalla legal entre empresarios y el gobierno, quien primero justificó los lineamientos para garantizar el suministro ante la crisis de COVID-19, pero después admitió buscar “un trato justo” para CFE frente a los privados.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció este jueves un aumento “ilegal” e “inadmisible” de entre 500% y 900% de las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables.

El CCE acusó al gobierno de ignorar la ley en lo que llamó el “electrolinazo”, aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) “de acuerdo con las exigencias” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Las autoridades nuevamente han ignorado la evidencia sobre los impactos y repercusiones que se manifestarán sobre la economía nacional en general y los consumidores en particular. También han atropellado la Ley de la Industria Eléctrica y tratados internacionales”, sostuvo el Consejo en un comunicado.

El CCE se refirió al aumento, que antes de la inflación es de 775% en las tarifas de porteo de baja tensión, en 407% las de media tensión y en 446% las de alta tensión, y que deberán pagar las centrales renovables instaladas previo a la reforma energética de 2013.

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) informó que aunque atenderá lo señalado en las resoluciones que un juez otorgó ayer en favor de un grupo de empresas de energía renovable, hará valer los medios de impugnación que la ley le otorga en contra de ellos.

Confirmó que ayer lunes 25 de mayo, fue notificado de seis resoluciones interlocutorias dictadas en los incidentes de suspensión, emitidas por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Las resoluciones están vinculadas con diversos juicios de amparo promovidos por las empresas contra el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)” y su respectivo “Anexo Único” publicado el pasado 29 de abril.

El CENACE adelantó que argumentará y demostrará ante las autoridades respectivas la falta de competencia del Juez de conocimiento, dado que se trata de un asunto Administrativo y no de Competencia Económica.

Explicó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra fuera de comercio según lo disponen los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en concordancia con los artículos 15, 16, 107 y 108 párrafo primero, fracciones I y II de la Ley de la Industria Eléctrica, situación que se reconoce por el juzgador en las resoluciones.

Señaló también que el Juez otorgó la suspensión definitiva sin el conocimiento de la situación técnica, lo cual se demuestra al momento de solicitar en dicha resolución que el CENACE está obligado a rendir un informe técnico en el que de manera detallada se le expliquen cuestiones técnicas que refieran a dicha suspensión.

Un juez federal otorgó este lunes siete suspensiones definitivas a igual número de empresas que pidieron frenar el acuerdo del gobierno federal, publicado por la Secretaría de Energía (Sener) que impide la entrada en operación de nuevas plantas de energías renovables.

El juez Rodrigo de la Peza, titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, aprobó dichas suspensiones.

Las resoluciones frenan por “tiempo indefinido” la entrada en vigor del acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el pasado 29 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con la decisión del juez, el gobierno puede impugnar las suspensiones definitivas, pero el fallo puede tardar meses, mientras que la medida estará vigente hasta que se resuelva el juicio de amparo que promovieron las empresas y por lo tanto el acuerdo no se podrá aplicar.

El pasado martes, las empresas energéticas presentaron recursos de amparo ante este juzgado contra el polémico acuerdo del Cenace, gestor público del sistema eléctrico, que obliga a frenar la puesta en marcha de centrales solares y eólicas.

Entre los demandantes están la empresa española FV Mexsolar XI, que construye un parque solar en el estado de Veracruz, y la mexicana Dolores Wind.

El juez tiene en trámite más de 20 amparos y se prevé que mantenga el mismo criterio.

Se apuntó que las resoluciones solo aplican a las empresas a las que se le concedió la suspensión definitiva y no sirven para anular el polémico acuerdo que a finales de abril obligó a frenar “las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en operación comercial”.

Hace una semana, cuando otorgó las suspensiones provisionales, el juez señaló que el acuerdo de Cenace “representa un retroceso en la transición energética del país”, además de que vulneraba los derechos a la libre competencia económica, acceso a la salud y medio ambiente sano.

Tras publicarse el Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema
Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia del COVID-19, Canadá y la Unión Europea enviaron sendas cartas a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, expresando sus reservas.

Dicha medida afectará proyectos eléctricos en 18 estados con una inversión total de más de 30,000 millones de dólares, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Además, peligran 44 proyectos en construcción con más de 6,400 millones de dólares de inversión, denunciaron la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

Además de dicho acuerdo, el 15 de mayo, la Secretaría de Energía publicó la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la cual estableció una limitación sin fecha a las energías renovables, ya que por su intermitencia “exponen a daños financieros al SEN, así como a los usuarios finales”.

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió estos acuerdos para favorecer a las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México ordenó la reactivación de pruebas preoperativas en las centrales de energía renovable, después de que varias empresas operadoras presentaran sus amparos al acuerdo que las prohibía.

El Cenace había prohibido estas prácticas con un acuerdo en vigor desde el 1 de mayo, según el cual las centrales renovables suponían un peligro para la seguridad energética en el país durante la pandemia por su intermitencia en la generación.

Ayer, el Cenace había informado, como resultado de la nueva política, de la suspensión de este tipo de actividades en 17 centrales, 7 eólicas y 10 fotovoltaicas.

Sin embargo, según un documento emitido por el regulador, el regulador autorizó la reactivación de las pruebas preoperativas en 23 parques.

Esa rectificación, recoge la notificación del Cenace, responde a “la finalidad de dar atención a lo determinado por los órganos jurisdiccionales” y solo afecta a las empresas amparadas judicialmente.

La resolución legal a la que hace referencia el Cenace argumenta que no se puede aplicar el acuerdo del 1 de mayo a las compañías quejosas “en tanto no afecten a la confiabilidad” del sistema energético. La notificación también establece que “deberá otorgarse la licencia correspondiente” a aquellas centrales que no hubieran empezado con las pruebas pero que ya las tuvieran programadas para “un futuro inmediato”.

Esto contradice también al acuerdo impugnado legalmente, que contemplaba no dar nuevas licencias a las centrales que todavía estuvieran por arrancar sus pruebas.

“Todos aquellos generadores que a la entrada en vigor del acuerdo impugnado, ya se encontraban en pruebas preoperativas, deberán reanudarse las mismas; así mismo, aquellos generadores que se encuentren en el listado que se adjunta y que durante la vigencia del acuerdo impugnado, tengan programadas pruebas preoperativas a ejecutarse en el futuro inmediato, deberá otorgarse la licencia correspondiente, previo al análisis de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la autoridad.

Los proyectos son a los que se autoriza son: Recursos Solares PV de México IV; Akin Solar; Eólica Tres Mesas 4; Fuerza Eólica de San Matías; Fuerza Eólica del Istmo; Versalles de las Cuatas Uno; Versalles de las Cuatas Dos; Tai Durango Cuatro Neo; Eoliatec del Pacífico; Eoliatec del Istmo; Versalles de las Cuatas Tres; Mitre Calera Solar; Eléctrica del Valle de México; FV Mexsolar XI; Kenegreen; X-Elio FV Conejos Médanos; X-Elio FV Xoxocotla; ENR AGS; Parque Amistad II; Parque Salitrillos; EGP Magdalena Solar; Dolores Wind, y FRV Potosí Solar.

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El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, solicitó el reemplazo inmediato del gabinete energético del gobierno federal, encabezado por la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, y los directores generales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Octavio Romero Oropeza y Manuel Bartlett Díaz, respectivamente.

A nombre de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks indicó que el reemplazo de los funcionarios es necesario “ante la incompetencia, el manejo ideológico y tratar de rescatar por decreto a Pemex y CFE de sus muy serios problemas económicos”.

Los panistas calificaron el acuerdo de la Sener por el que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, como “la primera auténtica estatización” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dado que frena la inversión privada en energías limpias o renovables.

El diputado panista indicó que más allá de la cadena de irregularidades para la entrada en vigor de la medida, una de las más graves y directas afectaciones sobre la población mexicana es el desplazamiento de la generación limpia de electricidad para regresarnos al carbón y el combustóleo, altamente contaminantes”.

Afirmó que “una vez más se vuelve a atropellar el Estado de derecho y la certidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros que enfrentan la incongruencia de que todo lo que acuerdan en un contrato se puede venir abajo de la noche a la mañana”.

Acusaron que por si fueran suficientes los casos del aeropuerto de Texcoco y de la cervecera Constellation Brands, ahora se elimina la posibilidad de instalar plantas de energía limpia como la eólica y la solar, que resultan más baratas y sin impacto al medio ambiente.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que el acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el pasado viernes, es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano.

Acusó que con dicho acuerdo, la Secretaría de Energía (SENER) usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia.

Explicó que dicho Acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos, por lo que representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de $30,000 millones de dólares.

Señaló que pese a la oposición de representaciones diplomáticas y participantes de la industria, el acuerdo atenta contra los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional; además de que no sólo discrimina a las energías renovables, sino también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.

“Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”.

Adelantó que agotará los recursos jurídicos, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano.

Por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que el acuerdo de la Secretaría de Energía ahuyentará importantes inversiones en el país, además de que desatiende las obligaciones adquiridas por México en diversos acuerdos comerciales con la Unión Europea y Norteamérica, y de forma específica, el T-MEC.

Acusó al gobierno federal, de permitir a través de la SENER, de cambiar de forma repentina las Reglas del Mercado bajo las cuales se planearon y ejecutaron millonarias inversiones, a partir de que entro en vigor en 2014, la Reforma Energética ha permitido el crecimiento exponencial de las energías limpias.

“Desde el sector privado, exhortamos a la SENER y la CONAMER para que en los términos de la legislación aplicable, suspendan los efectos del Acuerdo, y se de seguimiento a la consulta pública, para que los interesados en el sector tengan la oportunidad de retroalimentar y reorientar la norma, en beneficio del mercado eléctrico y la competitividad del País”.

El sector automotriz mexicano estrechamente vinculado con las cadenas de producción de Estados Unidos, podrá reanudar operaciones antes del 1 de junio, si establece protocolos seguros para evitar la transmisión del coronavirus.

Así se dio a conocer en el Acuerdo que fue publicado este viernes por la autoridad sanitaria en el Diario Oficial de la Federación (DOF), relacionado a la estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas.

La autorización para reiniciar actividades, que incluye también a la minería y la construcción, se produce después de que las tres industrias fueron incluidas esta semana como actividades económicas esenciales que podrían retomar actividades en los próximos días.

“Se establece como acción extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales. Las empresas que se dediquen a las actividades a que se refiere el párrafo anterior, podrán iniciar labores el 1 de junio de 2020”, se lee en el Acuerdo.
Sin embargo, precisa que para regresar a actividades, las empresas o industrias dedicadas a las actividades consideradas como esenciales, deberán presentar protocolos de seguridad sanitaria acordes con los lineamientos generales que dispongan las secretarías de Salud, de Economía y del Trabajo y Previsión Social.
En ese sentido se aclara que en el caso de el proceso de protocolos se logre concluir y se aprueba antes del 1 de junio de 2020, la empresa o industria correspondiente podrá dar inicio a sus operaciones.

El gobierno aclaró que se trata de un acuerdo de buena voluntad entre las partes, aunque “si no se cumple se procederá a la clausura de las empresas o industrias que pongan en riesgo la salud de sus trabajadores”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana un acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que permitirá que el personal médico y trabajadores que atienden la emergencia sanitaria de Covid-19, cuente con un seguro de vida gratuito.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, explicó que dicho seguro cubrirá al personal médico de manera retroactiva, es decir, desde el 1 de abril pasado, fecha en que se decretó la Fase 3 de la emergencia sanitaria.

El seguro será por un monto de 50 mil pesos, y que cubrirá a alrededor de 1.6 millones de trabajadores del sector salud.

Sofía Belmar Berumen, presidenta de la AMIS, detalló que la cobertura no será solo para médicos, sino que residentes, enfermeras, pasantes, personal profesional, técnicos e intendentes, podrán acceder al seguro de vida. Añadió que los beneficiarios serán los conyugues, y en caso que no tengan serán los hijos, o padres.

La vigencia del seguro de vida se extenderá hasta el 31 de agosto de este año. Los beneficiarios deberán presentar constancia de la entidad pública de salud que establezca que el fallecido trabajaba en la atención de casos de Covid  resultado positivo de la prueba y acta de defunción.

La presidente de la AMIS, Sofía Belmar Berumen, expuso que más del 99% de los seguros que operan en el país cubren al beneficiario por coronavirus, e informó que varias aseguradoras están dando facilidades para que sus asegurados realicen sus pagos.

Hasta ahora, la Asociación ha entregado indemnizaciones a la población asegurada por casi 400 mdp en más de 900 casos por atención de Covid, además de indemnizaciones por 32 mdp a 101 asegurados fallecidos.

El anuncio del gobierno federal y la AMIS coincide con la publicación del informe de la aseguradora Lloyd’s of London, que indica que la pandemia costará al sector de los seguros en 2020 cerca de 203,000 millones de dólares.

En un comunicado, el mercado de seguros londinense explica que el impacto del nuevo coronavirus es similar al provocado por las grandes catástrofes naturales como el huracán Katrina en 2005 y los huracanes Harvey, Irma y María en 2017.

Según Lloyd’s, en los 203,000 millones de dólares de coste se engloban 107,000 millones de indemnizaciones y 96,000 millones de pérdida de valor de las inversiones del sector.

“En el mundo, las aseguradoras indemnizan a las empresas y a las personas afectadas por el Covid-19 y proponen muchos tipos de coberturas diferentes”, explica John Neal, director general de Lloyd’s of London.

Lo que torna esta pandemia “única”, según él, es “no solo su impacto humano y social sino sus consecuencias económicas”, con una explosión del desempleo, las quiebras de empresas y un hundimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en muchos países.

Sus previsiones se basan por ahora en el mantenimiento de las normas de distanciamiento social hasta junio, y una flexibilización progresiva en el segundo semestre del año.

El colectivo Seguridad Sin Guerra lamentó el acuerdo presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que faculta a las Fuerzas Armadas para realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen y hacer labores de seguridad publica.

Acusaron que el acuerdo del presidente López Obrador normaliza la práctica establecida desde el Gobierno de Felipe Calderón: la militarización de la seguridad pública sin control alguno y fuera del mandato constitucional.

“El acuerdo pone en evidencia  lo que a lo largo del último año ha sido una realidad evidente: la Guardia Nacional es una etiqueta para disfrazar a las Fuerzas Armadas de cuerpos civiles. Eso, quizá sea el único cambio: el militarismo salió del clóset”, indicó el colectivo.

Según lo publicado en el DOF, el transitorio quinto de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional establece que “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Lamentaron que el acuerdo establezca una vigencia hasta el 27 de marzo de 2024, pues quiere decir que no se trata de una medida excepcional sino de una facultad abierta.

Aseguraron que con el acuerdo, se pone de manifiesto que la seguridad publica en México está militarizada. Lamentaron que bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas continúen realizando tareas de Seguridad Pública y se les ha sumado la detención de migrantes.

“Un gobierno que esté verdaderamente comprometido con la desmilitarización del país y la construcción de paz, no debería emitir un acuerdo de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas mientras continúen en las calles”

Hicieron un llamado para que la situación actual derivada de la pandemia de Covid-19 no sirva de cortina de humo para aprobar leyes que menoscaban el sistema constitucional de frenos y contrapesos o para avanzar el militarismo en el país. “Este gobierno se ha quitado la máscara”, remató el colectivo.

 

Los representantes de comercio de China y Estados Unidos acordaron este viernes implementar el acuerdo comercial firmado en enero pasado, a pesar de las crecientes tensiones por la pandemia del nuevo coronavirus, señalaron fuentes oficiales.

El viceprimer ministro de China, Liu He, quien dirigió el equipo negociador de su país, se comunicó telefónicamente esta mañana con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, según reportó el ministerio chino de Comercio.

“Ambas partes señalaron que deberían fortalecer la cooperación macroeconómica y en salud pública, esforzarse por crear una atmósfera y condiciones favorables para la implementación de la fase uno del acuerdo económico y comercial entre Estados Unidos y China, promoviendo resultados positivos”, señaló la nota.

Por su parte, la nota de los representantes estadounidenses señaló que las partes “también acordaron que a pesar de la actual emergencia sanitaria global, los dos países tienen la expectativa de cumplir sus obligaciones en los plazos adecuados”.

Apuntaron también que se registran “buenos progresos” en la creación de las infraestructuras gubernamentales necesarias para hacer que el acuerdo comercial tenga éxito.

El contacto y acuerdo tuvo lugar después de que ambas naciones intercambiaran recientemente acusaciones por la pandemia del nuevo coronavirus.

La semana pasada, el presidente Donald Trump amenazó con nuevas tarifas a China al afirmar que había evidencia que vinculaba al Covid-19 con un laboratorio de alta seguridad en la ciudad china de Wuhan, donde el patógeno fue identificado a fines del año pasado.

En enero, China acordó importar 200,000 millones de dólares adicionales en productos estadounidenses durante dos años, por encima de los niveles adquiridos en 2017, lo que marca una tregua en la guerra comercial.

Sin embargo, diversos analistas se preguntan si China podrá cumplir tan ambiciosos compromisos después de que el brote de coronavirus frenara la actividad comercial a principios de este año.

La Unión Europea y México concluyeron este martes el último elemento que quedaba pendiente en la negociación de su nuevo Tratado de Libre Comercio (TLCUEM).

El acuerdo modernizado incluye nuevas disciplinas como energía y materias primas, desarrollo sostenible, pequeñas y medianas empresas, buenas prácticas regulatorias, transparencia y anticorrupción, entre otras.

La UE es el tercer socio comercial de México y segunda fuente de inversión extranjera directa, según informó la SE. Indicó que en 2019, el comercio México-UE sumó 75.5 mil millones de dólares, donde las exportaciones mexicanas alcanzaron casi 25 mil millones de dólares. Por su parte, las inversiones de los 27 países de la UE en México alcanzaron cerca de 180 mil millones de dólares.

Fue el Comisario de Comercio de la Comisión Europea, Phil Hogan, quien informó que la propuesta mexicana para el capítulo de compras de gobierno a nivel sub-federal fue aceptada por los Estados Miembros de la UE, con lo que se daba por concluido el proceso de negociación del acuerdo que inició en junio de 2016.

A través de un enlace telefónico, Graciela Márquez y el Comisario Hogan expresaron su preocupación por los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre la salud de los ciudadanos y en la economía de los países.

“Llegar a un acuerdo en los tiempos actuales muestra que ambas partes comparten los valores de un sistema de comercio basado en reglas que ofrezca certidumbre y en contra de cualquier corriente proteccionista” indicaron ambas partes a través de un comunicado.

Terminada la negociación, será necesario concluir con algunos procedimientos para que el TLCUEM entre en vigor. Entre ellos, la revisión legal del acuerdo y enseguida la traducción a todos los idiomas de la UE.

Posteriormente la propuesta de la Comisión se transmitirá para su firma. Una vez firmado el Acuerdo por ambas partes se someterá a consideración de los cuerpos legislativos de ambas partes.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró esta mañana que Arabia Saudita felicitó y aplaudió a México por la negociación “exitosa” para reducir la producción de petróleo en un porcentaje menor al propuesto originalmente.

“La negociación duró muchas horas, Arabia Saudita no aceptaba la negociación que estábamos colocando”, explicó la funcionaria al indicar que una vez expuestas las condiciones que atraviesa México, el ministro de Energía de ese país hizo un reconocimiento público.

“Estamos de acuerdo y felicitamos a México… y pidió el príncipe (saudita) un aplauso especial para la delegación mexicana, para el pueblo de México”, dijo Nahle esta mañana al participar en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Añadió que a ella le correspondió pedirle a Arabia Saudita, que estaba en desacuerdo con la propuesta mexicana, que votara al planteamiento de México y tras la información expuesta ese país aprobó la postura.

“Hicieron un señalamiento del esfuerzo que estaba haciendo México. Hicieron reconocimiento al presidente de la República. Todo esto estaba siendo informado, la negociación era entre el presidente y una servidora, detalló.

Rocío Nahle dio a conocer la carta que envió al secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en la que se planteó la postura de México respecto a la reducción de crudo, con el fin de evitar noticias falsas.

A sugerencia del presidente López Obrador y para desmentir información difundida por algunos medios donde sobre supuestos acuerdos secretos, la secretaria leyó la misiva dirigida a Mohammed Barkindo, secretario general de la OPEP.

En la carta, explicó Nahle, México se comprometió a disminuir 100 mil barrriles de petróleo los próximos dos meses a partir del primero de mayo de una producción registrada de mil 781 mil barriles diarios de la producción de marzo 2020, “bajaremos a mil 681 barriles diarios”, precisó la funcionaria.

Por su parte el presidente López Obrador dijo que México fue la excepción en cuanto a la reducción de su producción porque “apenas nos estamos recuperando de la caída que se venía registrando en la producción petrolera en los últimos 14 años”.

Resaltó que el año pasado se detuvo la caída de la producción petrolera; dijo que fue el primer año en 14 en que no disminuyó la producción y con los campos nuevos e inversiones especiales a Pemex se venía logrando el crecimiento en la producción.

El mandatario indicó el compromiso de México en el acuerdo internacional no perjudicará al país porque continuará la rehabilitación de las refinerías y el petróleo crudo de exportación se destinará a aumentar la capacidad de producción de combustibles, con lo que reducirá la importación de gasolinas del extranjero.

“Esto va a significar empleos en México y mantener una política de precios de las gasolinas como se ofreció y se ha cumplido, que no haya aumentos en los precios de las gasolinas en términos reales, que no haya los ‘gasolinazos’ del periodo neoliberal”, remató AMLO,

Luego de que los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados, la OPEP+, acordaran un recorte de 9.7 millones de barriles diarios (mbd) para estabilizar los precios del petróleo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el desempeño de México y del presidente López Obrador en el acuerdo alcanzando.

Durante la conferencia de prensa que encabeza todos los días en relación al Covid- 19, Donald Trump agradeció por el apoyo de todos los países involucrados en el acuerdo, que dijo “trabajaron conmigo para volver a encaminar esta gran industria”.

En particular agradeció a Rusia y Arabia Saudita por la disposición para contribuir a la estabilización de los precios del crudo.

Sin embargo, dedicó unas palabras para el gobierno de México. Trump dijo que agradecía a quien se ha vuelto su “amigo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Mostró gran flexibilidad y tremenda inteligencia” en la negociación; además, reconoció que no era un tema fácil para el gobierno mexicano.

Las palabras de Trump llegaron horas después de que López Obrador asegurara en su mañanera que a nuestro país le había ido muy bien en las negociaciones.

“Les adelanto que nos fue muy bien, requetebién. México tuvo un trato especial, fue algo excepcional nunca visto”, dijo el mandatario.

En ese sentido, dijo que será mañana miércoles cuando la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavio Romero, ofrezcan un informe pormenorizado de lo que se acordó con los países miembros de la OPEP+.