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Los asesinatos de periodistas en el país son «un problema de Estado», reconoció este martes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

«En México, por sus características y magnitud, se trata de un verdadero problema de Estado», advirtió el organismo en un posicionamiento.

La CNDH condenó los recientes homicidios del periodista Fredy López, asesinado a tiros la semana pasada a las puertas de su casa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y del fotorreportero Alfredo Cardoso, secuestrado en su domicilio de Acapulco, Guerrero, quien fue torturado y asesinado.

Desde París, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, también se sumó a la condena contra estos dos ataques y “pidió a las autoridades mexicanas que investiguen estos crímenes y lleven a los responsable ante la justicia.

Según Reporteros Sin Fronteras, México encabezó en 2020 la lista mundial de periodistas asesinados, con ocho crímenes, seguido de Afganistán e Irak, con seis, mientras que en lo que va de 2021, al menos siete periodistas mexicanos han muerto por ejercer su labor.

«De acuerdo con datos disponibles por esta Comisión Nacional, la mayor parte de los asesinatos contra periodistas son cometidos precisamente por el ejercicio de su profesión, e involucran al crimen organizado y a autoridades locales», expuso la CNDH.

La organización Artículo 19 ha contabilizado en el primer semestre de este año 362 agresiones contra la prensa, en su mayoría intimidaciones y amenazas. Sin referirse a estas cifras, la CNDH reconoció que las agresiones contra la prensa no se limitan a homicidios.

«También tenemos los desplazamientos que la propia violencia o las amenazas generan, que no solo limitan el ejercicio periodístico, sino que afectan la estabilidad de sus familias», expresó.

Asociaciones internacionales han catalogado a México como uno de los países más peligrosos del mundo que no están en guerra para ejercer el periodismo. El 98% de las agresiones quedan impunes, según Artículo 19.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido críticas de organizaciones internacionales por estigmatizar a la prensa, el gobierno prometió este martes «acabar con la impunidad» de los crímenes contra la prensa.

«En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el Gobierno de México trabaja para defender la libertad de expresión y proteger a los comunicadores», tuiteó Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia.

Finalmente, la CNDH urgió al Estado mexicano, a organismos civiles y sociedad en general, a construir mecanismos eficaces para atacar el problema de fondo, prevenir las agresiones, así como avanzar en la investigación y castigo de los delitos.

Foto: Twitter @article19mex 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció esta mañana protección del Estado a Mario Aburto, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, ante las presuntas denuncias de tortura.

«Si él puede expresar, probar, que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería», respondió López Obrador al ser consultado sobre el tema.

Sus declaraciones llegan luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que Aburto sufrió tortura y «violaciones graves a los derechos humanos».

Ante esa situación, la CNDH pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima, detenida el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, donde sucedió el asesinato.

«A nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio, fue una vileza lo que le hicieron», dijo López Obrador, quien calificó de un asunto de justicia y de Estado el caso de Aburto.

«Si él estuviese dispuesto a contar su versión, se le brindaría toda la protección a él, a su familia, si tiene algo que aportar», añadió López Obrador. Aclaró que si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que el gobierno está «obligado» a hacer es que no se le violen sus derechos humanos.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, negó que durante el sexenio de López Obrador se hayan violado los derechos de Aburto.

«Al momento no está incomunicado, absolutamente, está en buen estado de salud y estamos revisando con los jurídicos del órgano administrativo y con los jurídicos de la secretaría cuál será la respuesta a la recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, aseveró.

Recordemos que Aburto denunció desde febrero pasado ante la CNDH que desde que su detención «es víctima de tratos crueles, inhumanos y de tortura». En ese momento, pidió «la reapertura de su caso, toda vez que considera necesario que se le dé a conocer toda la verdad del mismo a la sociedad».

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación del caso de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio en 1994, por violaciones graves a sus derechos humanos.

Además, la CNDH señaló violaciones a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso.

En un comunicado, la CNDH indicó que tras investigar el caso determinó que la tortura en contra de Aburto fue ejecutada por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y del Ministerio Público, desde la detención, en marzo de 1994, hasta las primeras diligencias ministeriales y en su traslado a la cárcel.

También se acreditó que personal médico y custodios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, «incurrieron en actos de tortura», además de que lo dejaron incomunicado y alejado de su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno.

«Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos; por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima», apuntó la Comisión.

La CNDH dijo que la nueva investigación tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas.

Recordemos que el 23 de marzo de 1994, Colosio encabezó un mitin en Tijuana y al bajar para saludar a la gente un hombre le puso un revólver cerca del oído y le disparó en la cabeza y en el abdomen, falleciendo menos de dos horas después en el hospital.

Si bien en aquel momento se detuvo al presunto asesino material, Mario Aburto, quien actualmente cumple condena en prisión, las investigaciones se prolongaron durante años en busca de un posible autor intelectual o de un complot.

Hace dos años, cuando el caso cumplió 25 años, la familia de Mario Aburto envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidiéndole que reabriera el caso. El 25 de marzo de 2019 López Obrador, anunció que había leído la carta y afirmó, en aquel momento, que se estaba evaluando reabrir el caso.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que se vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación.

Además, la CNDH indicó que también se atenta contra la libertad de trabajo, el acceso a un empleo público, así como los principios de legalidad y presunción de inocencia.

La acción de inconstitucionalidad también ca dirigida en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Tras un «vasto trabajo de diálogo» con organizaciones de la sociedad civil y con autoridades involucradas en el tema, la Comisión indicó que llevó a cabo un análisis minucioso sobre la constitucionalidad del Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 20 de mayo.

Dicho análisis le permitió a la CNDH impugnar diversas disposiciones de los ordenamientos legales entre las cuales destacan:

  • Artículos 10, fracción I, 19, fracción XIV, de la Ley de la Fiscalía General de la República.
  • Artículo 5, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
  • Artículo 85, segundo párrafo, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
  • Artículo 36, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
  • Artículo 45, fracción III, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Precisó que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la Fiscalía General de la República y diversos sistemas o mecanismos, ya que la forma en que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la Fiscalía, constriñe su intervención y cooperación al margen de dicha característica constitucional, mismo que interfiere con un pleno y optimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y/o comisión del que se trate.

La Fiscalía General de la República se creó en 2018 para dotar de independencia al Ministerio Público, que hasta entonces estaba integrado dentro del gobierno en la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, impulsó en menos de tres años la reforma legal del organismo para limitar su presencia en los diferentes organismos del Estado al considerar que estas tareas vulneraban su autonomía.

La reforma, aprobada en el Congreso el pasado abril, enfrentó a la Fiscalía con la Secretaría de Gobernación, encargada de la búsqueda de desaparecidos en México, y organismos defensores de los derechos humanos.

El texto establece que la Fiscalía solo atraerá casos de desaparición con «gran relevancia social» o «violación grave de los derechos humanos», dejando la investigación en manos de los Ministerios Públicos estatales, muchas veces sobrepasados o corrompidos, denuncian familiares de las víctimas.

El dicho «más vale tarde que nunca» para aplicar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en el último día de campañas y a cuatro días de la jornada electoral, lamentó la situación de violencia política que se vive en el país.

«La CNDH lamenta los ataques violentos perpetrados en contra de candidatas y candidatos a cargos de elección popular ocurridos en el presente periodo electoral», expresó el organismo en un comunicado.

La CNDH exhortó a las autoridades a que se investiguen los hechos con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, y se garantice el acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.

Además, recordó que el Estado mexicano aprobó la Carta Democrática Interamericana con lo que reconoció que sus ciudadanos tienen derecho a la democracia, y el gobierno de promoverla y defenderla.

«El respeto absoluto de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los Tratados Internacionales de los que México es parte, (…) constituyen condición necesaria para que la democracia representativa sea una realidad», añade.

En este sentido, insistieron en que el clima de violencia en el que se desarrolla el proceso electoral, la inseguridad y el crimen organizado representan un reto para el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía, aunque enfatizó que esto no puede suponer un retroceso en cuanto a «las conquistas y la ampliación de las libertades de todos los mexicanos».

La Comisión indicó que mantener vigentes los derechos es tarea del gobierno, pero también de toda la sociedad, por lo que llamaron a la ciudadanía a manifestarse «sin miedo».

«(Hacemos) Un llamado a todos los actores, (…) y a las autoridades electorales para que cumplan con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la democracia, que implica el respeto al voto y el derecho a tener elecciones auténticas, que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores», remató la CNDH.

Desde que comenzó el proceso electoral el pasado 7 de septiembre, la consultora Etellekt ha contabilizado 89 políticos asesinados, de los que 35 eran aspirantes o candidatos, pero también 99 servidores públicos sin militancia, 10 colaboradores y 34 familiares de políticos, por lo que las muertes superan las 230.

En total se han registrado más de 782 agresiones o delitos contra políticos como homicidios, amenazas, secuestros, robos e intimidación en mítines, que ya superan las 774 de las elecciones de 2018.

 

Sobre el tema, el exsecretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, quien encabeza la misión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal),  de observación electoral en nuestro país, advirtió sobre la violencia política en el país, enfatizando que es un tema que afecta a la democracia.

En un encuentro organizado por el INE, el chileno también resaltó «la credibilidad, profesionalismo e imparcialidad» que distingue al Instituto Nacional Electoral.

Por su parte, Córdova informó a Insulza que el domingo se instalarán en todo el país más de 163,000 casillas con 1.4 millones de funcionarios para permitir el voto de más de 93 millones de mexicanos.

Recordemos que la Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA, diferente a la de la Copppal, expresó la semana pasada su «profunda preocupación» por la violencia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió este martes a la Secretaría de Gobernación (Segob) que «brinde protección» a la directora de la agencia estatal de noticias Notimex, Sanjuana Martínez.

«La CDNH hace un llamado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que reconsidere brindar a Sanjuana Martínez Montemayor, de manera inmediata, las medidas preventivas necesarias y de protección», indicó el organismo en un comunicado.

La directora de Notimex, que se encuentra paralizada desde junio de 2020 por una huelga, está señalada por el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de ordenar a periodistas «eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios».

El texto de Washington también cita que «el 12 de mayo (de 2020), Artículo 19 e ITESO, una Universidad Jesuita en Guadalajara (Jalisco), publicó un reporte sobre ataques contra periodistas orquestados por Sanjuana Martínez, directora de Notimex».

La CNDH replicó los argumentos de Martínez al afirmar que, por aplicar la «austeridad republicana» del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien la nombró en 2019, la funcionaria «padeció montajes mediáticos y la emisión de información sesgada y falsa en su contra» por parte del sindicato (SutNotimex).

El organismo también cuestionó a Artículo 19 por negarse a defenderla por ser «periodista de Gobierno» y criticó las presuntas agresiones de Aristegui Noticias, portal de la comunicadora Carmen Aristegui.

Por ello, Martínez informó a la CNDH el 30 de abril que pidió medidas al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Segob.

«Ella sí ha sido atacada y difamada en medios y su familia amenazada en dichas redes. Todo ello fraguado por extrabajadores de Notimex, en su mayoría, que fueron despedidos y posteriormente apoyados por personal directivo de Artículo 19», señala la CNDH en su posicionamiento.

Pese a las acusaciones en su contra, tanto en México como en Estados Unidos, además de la huelga que lleva cerca de un año, el presidente López Obrador ha defendido en reiteradas ocasiones a la funcionaria, a quien calificó la semana pasada como «una periodista honesta y una mujer íntegra».

A finales de marzo, el mandatario criticó a Estados Unidos por mencionar a Martínez en su reporte de derechos humanos y a Artículo 19 por «pertenecer al movimiento conservador».

Sin tomar en cuenta las denuncias de los inconformes, la CNDH dijo que la huelga «ha privado a la población mexicana de un medio de comunicación del Estado, en detrimento del equilibrio y la pluralidad informativa que debe existir en una democracia, pudiendo vulnerar el derecho a la información de la población».

La organización Human Rights Watch (HRW)cuestionó el llamado a brindar protección de la CNDH a Sanjuana Martínez, que afirmó, usa trolls para hostigar a periodistas independientes. «La CNDH solidariza con los abusadores, no con las víctimas. Difícil imaginar algo más ridículo!».

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó este martes sobre la atracción del caso de Victoria Esperanza Salazar, de nacionalidad salvadoreña, que murió al ser sometida por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum, Quintana Roo.

Se indicó que la atracción del caso se da debido a los presuntos hechos violatorios de derechos humanos que fueron difundidos desde el fin de semana pasado.

La CNDH indicó que los hechos, ocurridos el sábado 27 de marzo, ameritaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, por probable uso excesivo de la fuerza, hechos por los que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició una investigación por el delito de homicidio.

«Con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, así como de la Fiscalía General de Justicia de ese estado, que por su naturaleza pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos, la CNDH integrará el expediente de queja respectivo y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda», indicó la oficina de la titular de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra.

Enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de agresiones y poner en marcha acciones y políticas para garantizar sus derechos humanos.

Aseguró que el referido acuerdo de radicación de oficio y atracción ya fue notificado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, a la Fiscalía General del mismo Estado, así como a la Dirección Municipal de Seguridad Pública en Tulum, Quintana Roo.

Por su parte Amnistía Internacional (AI) indicó que las autoridades de nuestro país deben garantizar justicia y reparación del daño en el caso de Victoria Salazar, además de garantizar la protección de las dos hijas de la víctima.

En un comunicado conjunto, AI, el Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi) y el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) coincidieron en que se deben garantizar los derechos de la familia a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y la repatriación digna de su cuerpo.

«Ellos sometieron demasiado a mi hija, le torturaron en pocas palabras. Ahí se oye cuando ella grita. Yo creo que fueron los últimos gritos cuando le quebraron el cuello y le quebraron muchas costillas. Yo pienso que como seres humanos nadie merece esta muerte», dijo Rosibel Emérita Arriaza, madre de Victoria, a AI.

La madre dijo que ninguna autoridad mexicana se ha comunicado con ella y que solo se enteró del asesinato de su hija por alguien que vio las noticias.

Recordemos que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) confirmó que Victoria Salazar se encontraba en México en calidad de refugiada desde el 2018.

La necropsia concluyó que había «una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la perdida de la vida» de Victoria», dijo en un vídeo Oscar Montes de Oca, fiscal general de Quintana Roo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo ayer sentir «vergüenza» por lo ocurrido y garantizó que no habrá impunidad. Su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, pidió justicia y prometió ayuda a las dos hijas de la víctima.

Según el fiscal, las lesiones «son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención» y demuestran que hubo un uso «desproporcionado» de la fuerza, por lo que se inició el proceso contra los cuatro agentes involucrados, tres hombres y una mujer, por el delito de feminicidio.

Además, Lucio Hernandez, secretario de Seguridad Pública del estado, anunció la destitución del jefe de policía de Tulum, Nesguer Ignacio Vicencio Méndez.

Salazar salió de Sonsonate, una localidad al oeste de San Salvador, hace cinco años debido a la violencia y para buscar mejores oportunidades para su hijas.

El Universal informó que la familia de Victoria Salazar confirmó que prepara una demanda internacional en contra de México por su homicidio, mismo que se hará con respaldo de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador.

Un grupo de papás de niños con cáncer presentaron este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su omisión e inactividad ante el desabastecimiento de medicamentos oncológicos.

Andrea Rocha, abogada de los familiares, explicó que la denuncia contra la presidenta de la CNDH se debe a que no ha dado ningún pronunciamiento sobre la falta de medicamentos para los niños. Acusó que «la señora no ha hecho su trabajo o emitido ningún lineamiento que pueda apoyar a los niños con cáncer», apuntó.

Explicó que en este año se han presentado 552 quejas ante el organismo por la falta de medicamentos.

Israel Rivas, vocero de los padres de familia, manifestó que Piedra Ibarra más allá de brindar apoyo para que los pequeños tengan sus medicamentos garantizados, destituyó al primer visitador quien, en su momento, prometió iniciar una queja de oficio ante la secretaria de salud para resolver esta problemática.

Aseguró que en el tema es evidente que no hay voluntad política, «hay abandono». Añadió que en los últimos dos años, donde se ha vivido una fuerte escasez de medicamentos oncológicos, cerca de 1,600 niños con cáncer en el país han perdido la vida. «A dos años del desabasto, a esto yo lo llamo intencional», indicó.

Esta es la quinta denuncia que presentan los padres de familia de pequeños con cáncer, una por homicidio, otra por el robo de medicamentos oncológicos, una más por el supuesto desvío de los 500 millones de pesos obtenidos por la rifa simbólica del avión presidencial y una cuarta por la pérdida de la vista de un pequeño debido al desabastecimiento.

Israel Rivas señaló que en próximos días pedirán al gobierno mexicano que los niños con cáncer sean grupo de prioridad para ser vacunados contra el Covid-19, pues considera están en riesgo de infección y muerte.  Señaló que en el plan de vacunación no están contemplados los pequeños con tratamientos oncológicos por lo que aseveró que, de no dar prioridad a sus hijos, tomarán acciones al respecto.

Recordemos que la crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló este lunes a GINGroup, propiedad del empresario Raúl Beyruti, de estar detrás de la toma de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el Centro Histórico.

Específicamente indicó que María Beatriz Gasca Acevedo, vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos, es quien financió a los grupos de mujeres que tomaron las instalaciones.

«¿Qué hace una vicepresidenta del grupo GINgroup acusado de ser una de las principales factureras en el país, apoyando a una toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?. Esa es la pregunta que habría que contestar», dijo Sheinbaum Pardo al indicar que la colaboradora de la empresa ha entregando apoyo, víveres, además de que se vio en el lugar el pasado 14 de septiembre.

Al ser cuestionado sobre si se presentaría una denuncia en contra de Gasca Acevedo por incurrir en actos desestabilizadores, la mandataria local dijo que no; la intención, señaló, es únicamente informar y que sea la ciudadanía quien saque sus propias conclusiones.

Sin embargo, al insistirle sobre si era ilegal dicho financiamiento, la Jefa de Gobierno indicó que lo que resulta extraño es que grupos que se han descritos por sus propios integrantes como radicales, y que han incurrido en actos de violencia, estén financiados por un grupo o una persona que es vicepresidenta de un grupo que está acusado de ser una de las principales factureras del país.

Sheinbaum dijo que las mujeres empresarias, y todas las mujeres en general, están en su derecho de defender las causas justas de las mujeres.

«Es importante que la opinión pública lo conozca, que lo conozcan los ciudadanos, ciudadanas y pues, que nos preguntemos qué hace una empresa dedicada al outsourcing, a la facturera, apoyando a un grupo de mujeres que se manifiestan violentamente en la ciudad», cuestionó la morenista.

Al respecto, María Beatriz Gasca Acevedo confirmó que sí apoyo a los grupos en cuestión, con «víveres y empatía», justificando su condición de mujer, madre y feminista. Añadió que apoyó al creer en las causas justas y en apoyo a las víctimas.

Informó que en congruencia con sus convicciones, se separaba temporalmente de su cargo en GINgroup, además de que deslindaba 100% a la empresa de sus acciones y labor.

La empresa también emitió un comunicado, en el que dijo que la participación de empleados y ejecutivos del grupo son responsabilidad personal, por lo que no tienen el aval ni el financiamiento de la organización, además de que no reflejan su posición institucional.

«Manifestamos que la señora Gasca participa a título personal en las diversas expresiones de reivindicaciones políticas y sociales, de manera que no cuenta con ninguna representación institucional de nuestro Grupo», precisó la empresa.

Confirmó que Gasca Acevedo fue separada de su cargo en tanto se investigan los acontecimientos y se resuelve si apoyó a una manifestación violenta o contraria a la legalidad.

Foto: Twitter @realidadoficci3

La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, informó esta tarde que el pasado domingo 8 de junio recibió amenazas de muertes, vía whatsapp, mensajes de texto y llamadas telefónicas.

La presidenta de la CNDH indicó que recibió amenazas de múltiples personas y desde diversos puntos del país, a través de más de 100 números telefónicos.

Precisó que las amenazas no fueron solo en contra de ella, sino que incluyeron a sus familiares.

«Las amenazas, no me atemorizan; estoy acostumbrada a tener presión ante esta lucha que hemos llevado desde siempre como víctimas, pero ahora con un estatus de poder hacer, de poder solucionar cosas, de poder impedir, de poder hacer que en este país no se sigan violentando los derechos humanos», indicó Piedra Ibarra en conferencia de prensa.

Al respecto, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, a quien entregó las pruebas necesarias, para que de curso a las investigaciones correspondientes.

Piedra Ibarra afirmó que las amenazas que recibió se centraban en dos temas: el 30 aniversario de la Comisión, específicamente sobre sus declaraciones de que pretendía convertir a la CNDH en una defensoría del pueblo.

Explicó que en los mensajes le cuestionaba su idea de defender únicamente a los pobres en México, aspecto que negó, pues dijo que la CNDH protege y protegerá a todos los ciudadanos del país, sin importar su poder adquisitivo, sexo, condición, etc.

El otro tema que se le reclamó en los mensajes y llamadas que recibió, fue con la atracción que la Comisión hiciera del caso de Giovanni López; la amenazaron con que «no se metiera con el gobernador» Enrique Alfaro.

En ese sentido, afirmó que desde la CNDH no se ha señalado a nadie en específico, pues hasta ahora solo se ha dado seguimiento a las investigaciones correspondientes.

«No vamos a tolerar que en este país siga imperando la impunidad (…) vamos a seguir adelante con la reforma de esta Comisión, hasta convertirla en lo que queremos, en una defensoría del pueblo, en la que realmente se defiendan los derechos de todos los ciudadanos», remató Piedra Ibarra.

Cuatro partidos políticos de oposición se unieron para impugnar la postulación de John Ackerman que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a quien consideraron el “granito en el arroz» en el Comité Técnico que elegirá a los cuatros consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa en San Lázaro, los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y Acción Nacional (PAN), manifestaron su total rechazo al académico al considerar que “no pasa los filtros de imparcialidad y neutralidad que demanda la convocatoria».

Juan Romero Hicks, diputado del PAN, detalló que Ackerman forma parte de Morena; es esposo de Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública; además de que anteriormente ha manifestado su desdén hacia el INE.

Verónica Juárez, coordinadora de la bancada del PRD, puntualizó que la elección de Ackerman es una violación a los estatutos de la convocatoria debido a que no cumple con el principio de imparcialidad, pues tiene proclividad hacia el gobierno, que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tonatiuh Bravo Padilla, legislador de MC, pidió a la CNDH que sustituya la designación de Ackerman, pues opinó que con su integración al comité técnico se entregaría la autonomía e independencia del órgano electoral rumbo a las elecciones 2021.

El dictamen será impugnado ante el área jurídica de la Cámara de Diputados. Mañana viernes 28 de cierra el plazo para la designación de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que designarán a los nuevos integrantes del Consejo Electoral del INE, así como su instalación.

En respuesta, el académico aseguró que no existe ningún impedimento legal para que forme parte del Comité Técnico que revisará perfiles que buscan ocupar una plaza de consejero en el INE, pues indicó que su labor en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena es «estrictamente académica y no cuento con nombramiento alguno».

En ese sentido, acusó que hay otros integrantes del Comité Técnico que han sido altos funcionarios en gobiernos del PRI o el PAN, han trabajado en el IFE bajo la presidencia de Luis Carlos Ugalde, o se han pronunciado públicamente en contra del presidente López Obrador. Dijo que dicha pluralidad le parece «sano y respetable».

«Lo único que evidencia la oposición al lanzarse con todo en mi contra es evidenciar su enorme intolerancia a la pluralidad y su desesperada necesidad de silenciar las voces discrepantes. Perdón señores, pero ya llegó la democracia y tendrán que acostumbrarse a vivir con ella», finalizó el esposo de la titular de la SFP.

La exsecretaria federal, Rosario Robles, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Ministerio Público de la Federación por presunta fabricación de pruebas y difamación con el propósito de mantenerla en prisión preventiva.

En el documento dirigido a la titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, la exfuncionaria reprochó la intención del juzgador de querer iniciarle un proceso judicial «plagado de arbitrariedades» por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa.

Sostuvo que la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ministerio Público ha estado lejos de cumplir con los principios de honradez y respeto a sus derechos humanos.

“Al contrario, el Ministerio Público Federal ha recurrido a mentiras, falsificaciones y difamaciones, con el propósito de obtener resoluciones encaminadas a privarme de mi libertad, simulando apegarse a la ley», externó la también exjefa de gobierno del entonces Distrito Federal.

Pidió que la presidenta de la CNDH admita a trámite la queja e inicie la investigación correspondiente, solicite la información pertinente a las autoridades señaladas como violadoras de sus derechos humanos y emita la recomendación a las autoridades señaladas para resarcir el daño que le han ocasionado.

En el documento interpuesto por sus representantes legales, encabezados por Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta Valdés, la exsecretaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto aseguró que con esa actuación «tramposa y plagada de mentiras», el Ministerio Público ha fallado a su derecho de debido proceso.

Además, acusó, ha violentado su presunción de inocencia, pues aunque sea el órgano acusador en materia penal, eso no lo exime en su calidad de autoridad, del respeto al derecho humano a la presunción de inocencia hasta que se dicte una resolución ejecutoriada.

Afirmó que también se le ha afectado en su derecho convencional a la libertad personal y ha “lastimado mi derecho al respeto a la honra y al reconocimiento al construir intencionalmente una imagen de estafadora y de propensa a la fuga.

“La llamada Estafa Maestra, hasta ahora no probada, involucra a otros exservidores públicos que laboraron en varias dependencias. Sin embargo, la única persona que se ha llevado a prisión preventiva soy yo, una mujer, lo que parece probar el ánimo discriminatorio en mi perjuicio», expresó.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los juicios interpuestos por senadoras y senadores de la bancada del PAN contra la elección por parte del pleno del Senado de la República, de la ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Las magistradas y los magistrados desecharon las quejas al indicar que dicha elección en el Senado de la República no es de naturaleza electoral, sino de carácter parlamentario.

Los recursos fueron interpuestos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral por 24 senadoras y senadores del PAN, entre ellos su coordinador Mauricio Kuri.

A los recursos del PAN se acumularon quejas similares que fueron presentadas por la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota.

Recordemos que además de los recursos interpuestos por los senadores, el PAN entregó en Washington al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, una carta donde se denunció el fraude e irregularidades que se presentaron en la elección de la titular de la CNDH.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López Rabadán, exhibió un oficio firmado por la ahora  titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, en la que bajo protesta decir verdad, aseguró que no había desempeñado cargo partidista en año anterior a su elección.

La senadora panista aseguró que Piedra Ibarra le mintió al Senado Mexicano, “en este oficio firmó bajo protesta de decir verdad que no desempeñaba cargo de partido».

Advirtió que la nueva titular de la CNDH le mintió a todos los mexicanos, incluidos los 128 senadores. Por ello, llamó a la bancada de Morena a reconocer su error de apoyar su elección, y pidió a Rosario Ibarra renunciar.

Recordemos que el 12 de noviembre pasado, Rosario Piedra rindió protesta como titular de la CNDH entre gritos, jaloneos y gritos de fraude de la oposición.

Luego de que no se logró reponer el proceso de elección, a fin de aclarar las presuntas anomalías que la bancada del PAN acusó, pues señalaron que se habían robado dos sufragios de los 116 que se emitieron, y no 114 que sumó la Mesa Directiva en la sesión del pasado jueves 7 de noviembre.

La oposición denunció también que Rosario Piedra mintió sobre su cargo partidista en Morena, a pesar de que era uno los requisitos.

El pasado 14 de noviembre, en un comunicado emitido por la misma Piedra Ibarra, señaló que «he presentado ya mi licencia como militante de Morena para dedicarme de tiempo completo a la gran tarea que nos aguarda».

En el texto, Rosario Piedra se comprometió con una autonomía de la CNDH.

El actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, confió que tras la renuncia de cinco integrantes del Consejo Consultivo, el organismo cubra pronto el vacío administrativo porque las víctimas no pueden esperar.

Tras desearle éxito como nueva ombudsperson, destacó la importancia de que Rosario Piedra Ibarra ejerza sus atribuciones con autonomía e independencia, porque será en beneficio de quienes fueron violentados en sus garantías individuales.

Lamentó los calificativos respecto a la función de la CNDH en gobiernos pasados, porque lesiona a las instituciones y son desapegados de la realidad y de la verdad, pues, aseguró, el organismo ha alzado la voz, ha mantenido un diálogo fuerte y vigoroso, un debate de ideas, crítico, respetuoso y firme.

González Pérez indicó que los resultados del organismo que hoy deja brindan la ruta de trabajo al nuevo gobierno federal, cuya mejor respuesta será atender las recomendaciones de casos pendientes como el de Culiacán, el atentado contra la familia Le Baron y el Colegio Rébsamen.

Respecto a los casos donde se usó la fuerza pública, subrayó que aplicar la ley no es reprimir sino ejercer el Estado de Derecho, aunado a que hay reglas para el uso legítimo de la fuerza; lo que hay que ver es que haya capacitación y profesionalizacion del personal para esa aplicación y respetar los derechos humanos.

Luego de afirmar que la Comisión siempre ha sido crítica con los gobiernos emanados de todos los partidos políticos, González Pérez calificó de grave que el disenso sea motivo de estigmatización y que el debate sea una confrontacion de ideas y no de adjetivos.

“No somos adversarios, buscamos coordinar y dialogar con los gobiernos y decir cuando hay violaciones a los derechos humanos para que en los hechos cumplan las recomendaciones.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, confirmó que su partido impugnará la elección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues incumple con el perfil y el requisito de autonomía.

El priísta indicó que para la oposición en el Senado y en muchas organizaciones civiles está claro que Piedra Ibarra no tiene el perfil de autonomía para responder a los retos que tiene la CNDH.

“Estaremos trabajando con nuestros legisladores de forma coordinada, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un organismo autónomo fundamental en nuestro país, esté debidamente transparentada, que esté fuerte, sólida y con una gente que atienda los intereses del pueblo de México», dijo Moreno Cárdenas.

Destacó que, desde un inicio, el PRI pidió un proceso claro, transparente y abierto, en el cual hubiera perfiles comprometidos con la autonomía de la CNDH, puesto que es un órgano autónomo fundamental para la fortaleza no sólo de la democracia de México, sino para el respeto total e irrestricto de los derechos fundamentales de todos los mexicanos.

Sostuvo que la elección de Piedra Ibarra no fue clara, transparente y sí llena de vicios.

El dirigente político agregó que el tricolor ha sido un partido firme, crítico, constructivo, y no una oposición recalcitrante o contestataria. “Cada quien tiene su manera de fijar postura. El PRI ha sido un partido que construye a favor de nuestro país y que ha hecho señalamientos claros.

Recordemos que Rosario Piedra Ibarra tomó protesta el martes pasado como presidenta de la CNDH en medio de jaloneos y empujones.

Al respecto, este jueves, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reafirmó su confianza en la activista al frente del organismo.