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El coordinador del Grupo Parlamentario Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que en un “acto republicano y de respeto a la división de poderes”, los partidos que integran la coalición “Juntos Hacemos Historia” acordaron que la discusión de la reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comience el próximo año.

Además, el morenista señaló que en acuerdo con el presidente, funcionarios del gobierno federal, legisladores federales y locales, estarán en estos meses recorriendo todo el país para informar a las mexicanas y los mexicanos sobre la importancia de la reforma eléctrica.

Recordó que hace ocho años, durante la madrugada de un 12 de diciembre, “los partidos de la derecha, que hoy son oposición, engañaron al pueblo mexicano y se aprovecharon de la fe católica para hipotecar el futuro de millones de familias con una reforma energética regresiva”, en referencia a la reforma eléctrica del 2013 en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Hoy puedo decir que van cuatro asambleas informativas con pleno éxito y mucha participación social. Visitamos Tabasco, Veracruz, Ciudad de México, Puebla y cerraremos en San Luis Potosí informando al pueblo sobre la necesidad de que nuestro país recupere su soberanía en materia de energía eléctrica”, señaló el legislador.

Aseguró que durante las cuatro asambleas que se han realizado, la gente ha votado a mano alzada, de manera unánime, a favor de que se impulse la reforma en la Cámara de Diputados. Adelantó que terminadas las asambleas regionales, que se desarrollarán durante diciembre, en enero y febrero, se realizarán más de 750 asambleas distritales y municipales en todo el país.

“Esta reforma será del pueblo y con el pueblo. Nosotros no nos vamos a aprovechar de fechas significativas para ellos, como es el 12 de diciembre. No tenemos nada que ocultar y esta propuesta, a comparación de la aprobada en el 2013, no lleva jiribilla ni truco ni engaña a México”, enfatizó Mier Velazco.

El diputado lamentó que, aún sin conocerla a fondo, los partidos de oposición han dicho que votarán en contra de la reforma. Afirmó que su rechazo a la iniciativa es “porque ellos fueron socios de este saqueo a nuestro país, a ellos no les importó hipotecar el futuro de millones de familias mexicanas”.

Mier Velazco manifestó que de no aprobarse esta reforma, para el año 2029 no existirá la Comisión Federal de Electricidad (CFE), serán tres o cuatro fondos de inversión. Será el mercado financiero que impulsaron en el pasado, y va a pasar lo que ya está pasando en Inglaterra, España, Grecia y Estados Unidos.

Mier Velazco indicó que para Morena el objetivo principal con esta reforma eléctrica es mejorar las condiciones de vida en nuestro país, además de beneficiar a las familias, pero también que involucre a la iniciativa privada en condiciones parejas tanto para los generadores, como para el Estado, a través de la CFE.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, informó que a partir del 17 de enero y durante todo ese mes se desarrollará el Parlamento Abierto sobre la reforma en materia eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En conferencia de prensa, compartió que ya se definió una lista temática para el análisis de la iniciativa; algunos asuntos se abordarán de forma abierta en la Jucopo, otros en comisiones y unos más por medio del Canal del Congreso.

Especificó que si bien se acordó un mes aproximadamente, quedó abierta la posibilidad de continuar el debate de la propuesta de reforma constitucional.

El también coordinador de la bancada del PRI invitó a los medios de comunicación a que transmitan abiertamente todos los debates del parlamento.

Por otro lado, el priísta indicó que en la reunión que sostuvieron con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se abordaron temas de seguridad, específicamente sobre la lucha contra el feminicidio, procuración de justicia y agendas legislativas.

“Se ha planteado un intercambio de trabajo para revisar las propuestas legislativas que tienen y tenemos y, en su caso, encontrar puntos de consenso legislativo”, subrayó.

Abundó que los coordinadores parlamentarios manifestaron muchas inquietudes al fiscal, entre ellas, cuáles son los avances del sistema de Justicia oral, sobre la eficacia de dispositivos legales, para el combate al feminicidio y la violencia en general.

Moreira Valdez señaló que la Jucopo tendrá más reuniones con funcionarios, servidores públicos y algunos otros personajes de la vida pública a dialogar con los coordinadores parlamentarios.

“Estamos invitando para la próxima semana a los responsables de salud de este país. Estamos proponiendo que venga el señor secretario (Jorge Alcocer Varela) que es el responsable, según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, compartió.

Explicó que estas reuniones de trabajo no sustituyen las comparecencias de los funcionarios federales ante comisiones o el Pleno, “es una mecánica distinta que, en una democracia como la nuestra, rinde frutos”.

La Comisión de Bienestar Animal en el Congreso capitalino aprobó el dictamen de la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, específicamente en materia de corridas de toros.

El dictamen fue aprobado en Comisión con 4 votos a favor y una abstención.

El diputado Jesús Sesma  detalló que el 9 de septiembre de 2021, el diputado Jorge Gaviño Ambriz presentó ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del inciso B, del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, con el objetivo de establecer la prohibición de realizar espectáculos públicos en los que los animales sean objeto de actos de maltrato y crueldad que deriven en su muerte.

La iniciativa tiene por objetivo prohibir la celebración de espectáculos, en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros.

El dictamen será presentado en próximos días ante el Pleno del Congreso capitalino, en el que ahora se adicionará una propuesta para incrementar las multas hasta en 55 mil veces la Unidad de Medida, es decir, poco más de 4 millones 900 mil pesos al día a quienes realicen este tipo de espectáculos.

La diputada del PAN, Ana Villagrán Villasana, celebró el dictamen pues consideró que no se trata de un capricho, ni de un tema electoral, sino de un compromiso con la vida. Por su parte, la diputada del PRI, Tania Larios Pérez, sostuvo que el respeto a los derechos animales ha sido un camino largo con pocos resultados, por lo que llamó a hacer una pausa y tener empatía para evitar el sufrimiento animal.

El diputado Federico Döring Casar apuntó que el espectáculo taurino genera ganancias que hacen risibles las multas, y que los empresarios pueden “evadir” la determinación sólo con el pago de la multa y de cualquier forma no se evitará el maltrato, por lo que propuso complementar con ordenamientos que cierren brechas legales.

Foto: Twitter @JC_Italiano

El presidente Joe Biden firmó este viernes una ley para evitar un cierre de la Administración solo horas antes de que se quedara sin fondos para seguir funcionando, esta misma medianoche.

La Casa Blanca anunció este viernes que Biden había firmado la ley que aprobaron este jueves las dos cámaras del Congreso para extender la financiación del gobierno hasta el 18 de febrero, momento en el que demócratas y republicanos tendrán que llegar a otro acuerdo para evitar que la Administración se paralice.

Ayer, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó la iniciativa con 221 votos a favor y 212 en contra. El único republicano que apoyó la medida fue el moderado Adam Kinzinger. Horas más tarde, el Senado respaldó ese proyecto de ley con el respaldo de 69 senadores y la oposición de 28.

Aunque la iniciativa finalmente salió adelante, durante horas hubo cierta incertidumbre sobre su aprobación debido a que un grupo de senadores republicanos liderado por Mike Lee de Utah amenazó con paralizar el gobierno en protesta por las normas del presidente estadounidense, Joe Biden, para que las grandes empresas obliguen a sus empleados a vacunarse.

Ni el partido de Biden ni el liderazgo del Partido Republicano querían paralizar la Administración durante las Navidades, como ocurrió hace tres años durante la Presidencia de Donald Trump. Ese fue el cierre más largo de la historia de Estados Unidos con 35 días, aunque la Administración se ha quedado sin fondos en 20 ocasiones desde 1976, cuando se aprobaron nuevas leyes presupuestarias.

Este viernes, Biden también ofreció un discurso sobre economía en la Casa Blanca, en el que llamó la atención su voz ronca.

Visiblemente congestionado, Biden habló con un tono bajo y grave, lo que llevó a un periodista a interrogarlo sobre su estado de salud. “Estoy bien”, dijo Biden. “Tengo chequeos diarios… chequeos por el COVID. Me revisan para todas las cepas”, señaló. “Lo que tengo es un nieto de año y medio que estuvo resfriado y que le gusta besar a su abuelo… pero es solo un resfriado”.

Y es que la llegada del invierno junto a la emergencia por la nueva variante del coronavirus Ómicron han aumentado los miedos de un potencial resurgimiento de casos, especialmente de cara a las festividades de fin de año. Biden pasó la semana pasada celebrando el Día de Acción de Gracias con su familia.

Dada su edad, cumplió 79 años en días recientes, hace que la salud de Biden sea un tema de atención entre los medios estadounidenses. A inicios de noviembre, se sometió a un chequeo extenso pero rutinario, después del cual el médico de la Casa Blanca Kevin O’Conner indicó que el presidente estaba “sano” y “vigoroso”.

El ultraderechista Steve Bannon, aliado del expresidente Donald Trump, se entregó este lunes en la oficina del FBI de Washington tras haber sido imputado de dos cargos por desacato al Congreso al no haber respondido a una citación del comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio de enero pasado.

Bannon, de 67 años, encara un cargo por su negativa a comparecer ante dicho comité, mientras que el segundo es por no querer entregar documentos.

Una acusación por desacato al Congreso puede implicar entre 30 días y un año de prisión, así como una multa de entre 100 y 1,000 dólares.

La imputación formal se produjo el pasado viernes después de que el 21 de octubre la Cámara de Representantes de Estados Unidos declarara en desacato a Bannon por rehusar comparecer ante el comité investigador del asalto al Capitolio del 6 de enero de este año por parte de una turba de seguidores del expresidente Trump.

Más tare, una jueza ordenó la liberación de Bannon, aunque le retiró el pasaporte para evitar que se fugue del país.

A la salida de la corte, Bannon se mostró desafiante y con el dedo en alto a modo de advertencia proclamó: “¡Esta vez se han metido con el tipo equivocado”. Acusó al presidente Joe Biden, al fiscal general Merrick Garland, y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de estar violando su libertad de expresión y, en varias ocasiones, repitió: “Ahora vamos a ir a la ofensiva, ya verán”.

Preguntado por los periodistas por el significado de sus amenazas, el abogado de Bannon explicó que van a ir a la “ofensiva” porque defenderán “afirmativamente” sus derechos en las cortes.

Después de entregarse al FBI, Bannon pasó unas horas en custodia federal y compareció ante la jueza Robin Meriweather de la Corte del Distrito de Columbia. La Fiscalía no pidió prisión preventiva para Bannon y la magistrada decidió ponerle en libertad a la espera de juicio con las condiciones comunes en estos casos: retirada de pasaporte para evitar la fuga y la condición de que notifique con anterioridad a las autoridades judiciales de cualquier viaje dentro del país.

Además, si quiere viajar fuera de Estados Unidos debería recibir la aprobación de un juez y solo entonces se le devolverá el pasaporte. La próxima comparecencia judicial de Bannon será el próximo jueves a las 11:00 hora local, pero será de manera virtual por petición de sus abogados. Esa comparecencia será ante el juez del Distrito de Columbia, Carl J. Nichols, que fue nombrado por Trump.

Recordemos que el pasado 6 de enero, cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos por manifestantes partidarios de Trump que irrumpieron en el Capitolio, armados con hachas, bates y palos de hockey, entre otros objetos, según datos de las autoridades.

El asalto se produjo después de un mitin en el que Donald Trump se negó a aceptar su derrota en las elecciones de noviembre presidenciales e instó a sus seguidores a marchar hacia la sede del Congreso, donde los legisladores estaban reunidos para certificar la victoria electoral del actual presidente, Joe Biden, quien llegó a la Casa Blanca el 20 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó este jueves el Congreso para presentar un nuevo paquete de gasto social de costo reducido, valorado en unos 1.75 billones de dólares, con el que espera conseguir el apoyo de las alas moderada y progresista del Partido Demócrata.

El plan mantiene las inversiones en el clima y la educación infantil que estaban previstas en el proyecto inicial de 3.5 billones de dólares, pero deja fuera la garantía de una baja familiar y de maternidad pagada a nivel nacional, y baja las expectativas de un plan de regularización para los inmigrantes indocumentados.

“Todo el mundo está de acuerdo con esto”, aseguró Biden a los periodistas al llegar al Congreso para reunirse con los demócratas, en un intento de llegar con ellos a un acuerdo antes de salir en unas horas de viaje a Roma para participar en la cumbre del G20.

Sin embargo, el senador demócrata Dick Durbin dijo a periodistas que hay “mucha incertidumbre” sobre si el nuevo plan conseguirá unir a las facciones del partido, y que estaba por ver si el ala progresista aceptará un proyecto que recorta a la mitad el gasto social previsto originalmente.

El paquete, anunciado este jueves por La Casa Blanca, mantiene una inversión de 555,000 millones de dólares en la lucha contra la crisis climática, sobre todo a través de incentivos fiscales para el uso de fuentes de energía limpias.

Otros 400,000 millones se destinarán a la educación gratuita para los niños de entre 3 y 4 años, los dos años previos al ingreso a la escuela primaria; y 200,000 millones más permitirán ampliar un año más los créditos fiscales para los estadounidenses de menores ingresos que tienen hijos.

También incluye inversiones en seguros médicos y vivienda asequible para personas de bajos ingresos, pero deja fuera un pilar clave de lo que había sido la agenda de Biden, la garantía de una baja remunerada por maternidad o paternidad, un derecho que en EUA no está garantizado a nivel federal.

El plan de La Casa Blanca deja la puerta abierta a añadir otros 100,000 millones de dólares que se destinarían a inmigración, pero todo apunta a que irían a parar a gastos de visados y no a la regularización de millones de indocumentados, como querían inicialmente los demócratas.

La financiación del plan de gasto de Biden se basa en la imposición de una tasa del 15% para las grandes empresas, dentro del acuerdo global de un impuesto mínimo internacional a las multinacionales. Asimismo, aumenta un 5% los impuestos para las personas con ingresos superiores a 10 millones de dólares; y 3% adicional para las de más de 25 millones de dólares.

Penaliza, por otro lado, con un 1% la recompra de acciones por parte de las grandes empresas, mecanismo utilizado para elevar el precio de los activos. Queda fuera, finalmente, la propuesta de aplicar impuestos a los multimillonarios, quienes ganan más 100 millones de dólares al año o cuyos activos están valorados en más de mil millones de dólares.

Más tarde, desde La Casa Blanca, el presidente calificó como “histórico” el nuevo paquete de gasto social, reconociendo que tuvo que reducirlo para lograr el apoyo de todas las corrientes del partido demócrata.

“Nadie consiguió todo lo que quería, incluido yo mismo (…) Pero eso es con lo que hice campaña. Hace tiempo que digo que el compromiso y el consenso son las únicas maneras de hacer algo grande en una democracia”, dijo el mandatario horas antes de salir de viaje por Europa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló este martes al PRI como posible socio para que con sus votos, se apruebe la reforma constitucional que presentó en materia eléctrica, para favorecer al sector público y posicionar a la CFE sobre los particulares.

“Ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el PRI tiene una oportunidad para definirse”, expresó el mandatario al pedirle al tricolor que se defina cuanto antes.

López Obrador cuestionó al PRI, al preguntar si “va a seguir” el camino del expresidente priista Carlos Salinas, al que considera artífice de las privatizaciones, o el de los también priistas Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quienes nacionalizaron el petróleo y la electricidad.

Recordemos que el mandatario envió el pasado jueves al Congreso su iniciativa de reforma que pretende establecer que la  Comisión Federal de Electricidad tenga el 54 % del mercado de generación en el país, mientras que los particulares tendrían el 46%.

López Obrador dijo que la reforma pretende que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la nación, que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica y que no haya subsidios para las grandes empresas.

Se lanzó de nuevo contra la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que abrió el sector a la iniciativa privada, porque “aumentaron como nunca los precios de la luz” y permitió que las grandes corporaciones paguen menos que una familia de clase popular.

Sin embargo, Morena y aliados no cuentan con la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso que se necesitan para aprobar reformas, por lo que necesitará pactar con la oposición.

“Es una oportunidad histórica para el PRI de definirse”, reiteró López Obrador.

El PRI se presentó en las pasadas elecciones de junio en una coalición opositora junto al PAN y al PRD, quienes presionan para que los priistas no apoyen la reforma.

Hasta ahora, el tricolor ha dicho que al ser una reforma que tiene que ver con el futuro de la electricidad en nuestro país, un insumo que todos los mexicanos usan a diario, requiere de un profundo análisis y debate público.

“Los legisladores del PRI van a ser responsables con los ciudadanos de este país, pero también con nuestras instituciones. Queremos un sector eléctrico que fortalezca a nuestra Comisión Federal de Electricidad (CFE), orgullo de este país. Pero también se debe de buscar que no se deterioren más las finanzas públicas de nuestro México”, dijo la dirigencia nacional del partido.

Puntualizó que aunque el Ejecutivo envió la iniciativa, aún no se turna a la comisión dictaminadora; y toda vez que no se ha turnado la misma a la Comisión o Comisiones dictaminadoras y que además no se ha formalizado la integración de éstas, dijo que no hay condiciones para votarla esta semana.

El mapa político de la Ciudad de México cambió a partir de este viernes, luego de que asumieron los nueve alcaldes de oposición que ganaron en las elecciones del 6 de junio.

Se trata de Lía Limón en Álvaro Obregón; Margarita Saldaña en Azcapotzalco; Santiago Taboada en Benito Juárez; Sandra Cuevas en Cuauhtémoc; Giovani Gutiérrez en Coyoacán; Adrián Ruvalcaba de Cuajimalpa; Luis Gerardo Quijano en La Magdalena Contreras; Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo y Alfa González en Tlalpan.

Junto a los nueve alcaldes de oposición, son siete los alcaldes de Morena que gobernarán el resto de las demarcaciones de la Ciudad de México.

En los últimas semanas, los alcaldes y alcaldesas de oposición, agrupados en la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNA-CDMX), denunciaron en repetidas ocasiones que los procesos de transición y de entrega-recepción, fueron opacos y que se les ocultó información por parte de las autoridades salientes.

Y aunque es un tema que afecta a los 16 alcaldes y alcaldesas en general, son los de oposición quienes llegan enfrentando falta de presupuesto.

La UNA-CDMX insistió a inicios de esta semana en las solicitudes que le formularon a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respecto a garantizar la continuidad operativa de las alcaldías. A través de un documento los panistas, priistas y perredistas reiteraron su petición de que se autoricen ampliaciones líquidas de los presupuestos, con el fin de garantizar los recursos que permitan la operación durante el último trimestre del año.

La mayoría de las alcaldías solicitan una ampliación entre 47 y 95 millones de pesos; solo para Cuauhtémoc se pide una ampliación de 400 millones. Adicional, los alcaldes de oposición solicitan la liquidación total de los adeudos que presentan las administraciones que concluyeron ayer, así como extender los contratos de servicios en temas estratégicos para la ciudadanía, como el arredramiento de vehículos, sistemas de radio comunicación de seguridad, contratos de los servicios públicos, entre otros.

Al respecto, Claudia Sheinbaum ha insistido en que los recursos que tendrán disponibles las alcaldías están establecidos por la Ley de Egresos y la Ley de Ingresos de la capital, descartando así algún aumento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió su iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados para fortalecer al sector eléctrico, en especial a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Puntualizó que con dicha iniciativa se busca que se garantice la energía eléctrica a precios justos, y que no haya aumentos por encima de la inflación.

“Se decide en esta iniciativa que la CFE va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares, que haya una auténtica, una verdadera competencia”, dijo el mandatario este viernes durante su conferencia matutina que se celebró en Cuernavaca, Morelos.

López Obrador dijo que la reforma, que modifica tres artículos de la Constitución, busca que haya un control en los precios de los energéticos “para que no se afecte a la economía popular”.

“Esto significa fortalecer a las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas”, añadió.

El presidente agregó que la reforma no significa nacionalizar, ni estatizar, sino darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad.

La reforma contempla la desaparición de organismos reguladores de energía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

Adicional, López Obrador detalló que en la iniciativa se incluye el tema de la explotación del litio en territorio nacional, y se apunta a que solo lo podrán hacer los mexicanos. “Para la explotación del litio sólo podrá hacerlo la nación, es decir el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral que hay del litio en el subsuelo de la patria, del territorio es de los mexicanos, de la nación”.

Sin embargo dijo, se respetarán las concesiones que existen actualmente para la explotación del litio, siempre y cuando acrediten que ya está en fase de exploración y por ende, de explotación. Se indicó que ya no se entregarán nuevas concesiones.

Recordemos que a inicios de marzo, el Congreso había aprobado una ley eléctrica impulsada por López Obrador que buscaba fortalecer a la CFE. La ley daba prioridad a la CFE en la generación de energía en sus plantas, sin importar el costo ni la tecnología.

Sus detractores señalaban que se fortalecía a la compañía estatal a costa de producir energía más cara y contaminante.

Sin embargo, la ley fue suspendida indefinidamente por un juez especializado en competencia económica luego de que varias empresas presentaran amparos en su contra, por lo que López Obrador pidió al poder judicial investigar al magistrado.

Y es que López Obrador ha criticado fuertemente la participación de la iniciativa privada en el sector energético, en particular las reformas que se aprobaron en ese sentido durante el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto.

Con la nueva composición de la Cámara de Diputados, Morena no tiene mayoría calificada, esto es, el número suficiente de legisladores para hacer cambios a la Constitución por sí mismo. Por ello, deberá negociar la reforma con otras fuerzas políticas.

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, bloqueó este martes un nuevo intento de los demócratas para aprobar un aumento del techo de endeudamiento y evitar que Estados Unidos incurra en una suspensión de pagos de la deuda nacional el próximo 18 de octubre.

La negativa de McConnell significa que los demócratas tendrán que buscar otras opciones para aumentar la deuda.

“No había ninguna posibilidad de que los republicanos hicieran un esfuerzo para ayudar a los demócratas a conservar su tiempo y energía con el fin de que puedan reanudar tan rápido como sea posible su embestida a través de un socialismo partidista”, arremetió despectivamente McConnell.

Horas antes, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, había anunciado su deseo de llegar a un acuerdo con los republicanos para que los demócratas aprobaran el aumento del techo de deuda con una mayoría simple de 50 escaños sin tener que superar la barrera de 60 votos necesaria para la mayoría de leyes.

Actualmente, el Senado está dividido en 50 escaños para los republicanos y 50 para los demócratas, aunque los demócratas tienen la mayoría porque cuentan con el voto del desempate de la vicepresidenta, Kamala Harris, que ejerce como presidenta de la Cámara Alta.

Recordemos que ayer por la noche, los republicanos también bloquearon un paquete legislativo en el que los demócratas habían vinculado la aprobación de un aumento del techo de deuda con otra medida para financiar la Administración y evitar que se quede sin fondos la medianoche del jueves.

Los republicanos quieren que los demócratas utilicen un mecanismo legislativo llamado “reconciliación” que permite aprobar de forma excepcional proyectos con tan solo 50 votos. Sin embargo, los demócratas llevan semanas debatiendo entre ellos cómo usar este mecanismo para aprobar un gran plan de gasto social del presidente estadounidense, Joe Biden, por lo que añadirle el tema de la deuda resultará con toda probabilidad en más discusiones y demoras.

Por eso, ante la insistencia de los republicanos, varios demócratas de alto rango, incluido Schumer, dijeron este martes que esa opción no está sobre la mesa. “Ir con la deuda a través del proceso largo, complicado y difícil de reconciliación con el límite de la deuda es muy, muy arriesgado”, avisó Schumer en declaraciones a la prensa.

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, advirtió también este martes que Estados Unidos podría incumplir sus obligaciones sobre el pago de la deuda el 18 de octubre.

Esta situación sobre el techo de deuda, que lleva a Estados Unidos al abismo cada pocos años, se produce porque el gobierno gasta mucho más dinero del que obtiene a través de impuestos federales. Solo en 2021, se estima que el gobierno incurrirá en gastos por 5.8 billones y tendrá 3.5 billones de ingresos, lo que dejará un déficit de 2.3 billones, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El gobierno solo puede emitir deuda hasta el límite establecido por el Congreso, que tiene el poder de elevar ese techo según crea conveniente. EUA nunca ha tenido que recurrir a la suspensión de pagos de su deuda soberana, pero estuvo cerca en 2011 con Barack Obama en La Casa Blanca.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó ante el capitalino su Tercer Informe de Gobierno, en el cual destacó los efectos que ha dejado para la Ciudad la pandemia de COVID-19,

Reconoció que la pandemia provocó una crisis económica que implicó pérdida de empleos; dijo que han sido 18 meses muy difíciles para los habitantes de la ciudad. Fue con este tema que arrancó su mensaje ante los Diputados locales e invitados especiales.

Destacó que se estableció un sistema único de salud entre las instituciones públicas federales y locales, lo que permitió pasar de 2 mil a 8 mil 246 camas de atención COVID entre el IMSS, el ISSSTE, Sedena, Marina, los Institutos Nacionales de Salud y el Insabi. Añadió que se contrataron 4 mil 158 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, camilleros y paramédicos, además de que se adquirieron equipos, materiales, medicamentos.

Recordó que con la donación de la iniciativa privada y la Facultad de Medicina de la UNAM, se instaló la unidad temporal Citibanamex que llegó a operar con 600 camas por 14 meses de forma gratuita.

Señaló que se desarrolló un modelo epidemiológico propio para dar seguimiento a los casos de COVID, diseño de la atención y tamizaje SMS; aplicación telefónica y portal para conocimiento de camas disponibles.

Apuntó que se entregaron 157 mil apoyos médicos y económicos a personas con COVID, y se realizaron 4 millones de visitas a hogares durante el pico más alto de pandemia para información y difusión de medidas preventivas. También se aplicaron 3.5 millones de pruebas gratuitas.

Resaltó el inicio del Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19, que al día de hoy ha aplicado 10.4 millones de dosis, alcanzando el 91% de los adultos con primera dosis y 65% con esquema completo, que dijo, es el más alto de todo el país.

En temas económico, destacó que no se han aumentado impuestos ni derechos en términos reales; se mantuvieron los servicios de la ciudad y se continuó con el programa de transformación en la Ciudad, que ha consistido en acabar con los privilegios de los altos funcionarios y la corrupción.

Informó que al cierre de agosto de 2021, el saldo de la deuda pública de la Ciudad de México es de 90 mil 661 millones de pesos, monto que se encuentra dentro de las autorizaciones del Congreso de la Unión y del Congreso de la Ciudad de México. Con respecto a 2020, representa un desendeudamiento real del 3.7 por ciento. El compromiso, dijo, es que al final de su administración, respecto a 2018, no aumente el endeudamiento en términos reales.

“El Modelo Republicano de Austeridad y Economía Moral es viable, brinda resultados y tiene un alto sentido humanista, atiende a los más pobres, se invierte donde históricamente no se había hecho para reducir desigualdades y se impulsa la economía desde abajo. Para nosotros, la inversión privada es necesaria e indispensable, pero el Estado debe garantizar derechos y bienestar. Asimismo, los bienes públicos deben proveer prosperidad para todo”, sostuvo Sheinbaum Pardo.

Destacó que en los casi tres años de gobierno se han hecho 75 mil acciones de vivienda a través del INVI y reconstrucción.

También recordó que en noviembre de 2019 se tomó la decisión de decretar la Alerta por Violencia contra las Mujeres; mencionó la aprobación de cuatro leyes en el Congreso: el Banco de ADN para agresores sexuales; el Registro de Agresores Sexuales; la Ley Olimpia, y la Reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad México.

Enfatizó que se acabó con la corrupción que llevó al desorden inmobiliario durante el sexenio anterior, pues se cancelaron proyectos y se presentaron juicios contra otros. Mencionó que la ciudad está activa en la construcción, pero en un marco de orden y sustentabilidad.

Señaló proyectos ambientales y en contra del cambio climático, así como acciones sobre el derecho al agua y el servicio de drenaje en la capital. También informó sobre las acciones en materia de obra pública, infraestructura de abasto y desarrollo económico, infraestructura cultural, vialidades y puentes, recate del Centro Histórico, movilidad incluyente e integrada.

Dedicó una parte de su mensaje para recordar los dos graves siniestros en el Metro, así como a la creación de la Agencia Digital de Innovación.

En materia de seguridad, recordó que el modelo que se sigue está dividido en cuatro ejes clave: Atención a las Causas; Más y Mejor Policía; Inteligencia e Investigación, y Coordinación. Destacó que el homicidio doloso tuvo una reducción de 34%; lesiones dolosas por arma de fuego, reducción de 46%; robo a Metrobús, reducción de 72%; robo a casa habitación con violencia, reducción del 34%; robo a casa habitación sin violencia, reducción del 48%; robo a negocio con violencia, reducción del 55%; robo a pasajero a bordo de Microbús, 67%; robo a pasajero a bordo del Metro, cayó 75%; robo a transeúnte en vía pública, 34%, y el robo de vehículo sin violencia reducción del 30%.

“Aún en medio de la pandemia y otras calamidades, puedo decir que estamos cumpliendo con los compromisos que nos llevaron a la Jefatura de Gobierno; estoy contenta por el trabajo realizado y con enorme entusiasmo de seguir adelante”, sostuvo Claudia Sheinbaum.

Al término de su mensaje, la morenista dijo que que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales, esto en referencia a la carrera por la presidencia en 2024, que varios la colocan como favorita para abanderar el movimiento de la 4T.

“Hoy, más que nunca, estamos dedicados a consolidar la Transformación de la ciudad en el marco de la democracia y el respeto, fortaleciendo la coordinación institucional; pero defendiendo nuestros principios y compromisos que nos llevaron a la Jefatura de Gobierno”, remató.

Luego de que este miércoles entrara en vigor la Ley Federal de Revocación de Mandato, que establece las normas condiciones y alcances para dicho ejercicio, la organización de oposición ‘Sí por México’ llamó a la ciudadanía a no participar en la consulta pues dijo, solo pretende polarizar y dividir a México.

Explicó que contrario a la Constitución, cuya Ley refiere únicamente a la revocación de mandato presidencial, ahora se incluye indebidamente el concepto de ratificación de mandato como una de las opciones a votar.

“Al hacer esta inclusión en el texto, la ley Federal de Revocación de Mandato distorsiona el sentido del ejercicio libre de participación ciudadana, al convertirse en una complacencia a afán presidencial por recibir aplauso público”, destacó la organización a través de un comunicado.

Señalaron que consideran inoportuno para el interés nacional realizar el próximo año un proceso de revocación de mandato pues promovería mayor polarización social y la crispación del ánimo de confrontación en el país.

Además, indicaron que el mecanismo constitucional para la elección de un presidente sustituto por parte del Congreso, suponiendo se decidiera por la revocación, no garantizaría un cambio real pues el nuevo titular del Ejecutivo provendría del mismo movimiento que gobierna actualmente, es decir, la persona que podría sustituir a AMLO sería de Morena.

‘Sí por México’ también resalta que el gasto presupuestal que implica un ejercicio como este, que calificó de innecesario, sería un acto irresponsable cuando las necesidades en los sectores de salud educación seguridad y fomento al empleo son verdaderamente apremiantes

Además, alertaron que con la inclusión de la opción de ratificación de mandato, López Obrador tendría el pretexto perfecto para dedicarse a hacer campaña personal durante los siguientes siete meses abandonando su función de gobernante.

Finalmente, la organización llamó a los legisladores de la coalición Va por México y de Movimiento Ciudadano a promover una acción de inconstitucionalidad en contra de aspectos de la ley Federal de Revocación de Mandato.

El presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, rechazó por inconstitucional el decreto firmado la semana pasada por el presidente Jair Bolsonaro mediante el cual prohibía a las redes sociales la “remoción arbitraria” de contenidos, con lo que dificultaba el combate a las fake news.

La medida también fue suspendida simultáneamente por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rosa Weber, en respuesta a un pedido del procurador general de la Nación.

La devolución del decreto ejecutivo al Palacio presidencial de Planalto fue anunciada por el máximo líder del Senado durante la sesión plenaria de este martes.

El decreto, que tenía 60 días para ser analizado en el Congreso, fue rechazado por la Cámara alta tan solo una semana después de que fuera firmado por el líder ultraderechista para garantizar la “libertad de expresión en las redes sociales”.

Con la decisión, la medida perdió la vigencia inmediata que le otorgaba su publicación en el Diario Oficial y que, para este caso, solo duró ocho días.

El decreto ejecutivo buscaba acabar con las remociones “arbitrarias” de contenidos y perfiles de las redes sociales, hechos de los que ha sido objeto hasta el mismo Bolsonaro, que ya ha tenido publicaciones retiradas de internet por contener falsedades, principalmente en aquellas relacionadas con la pandemia.

El decreto pretendía que retirar contenidos de las redes sociales solo se diera bajo “justa causa” y que los usuarios afectados pudieran ejercer una “amplia defensa” antes de que cualquier decisión fuera tomada.

Según el Gobierno, la remoción de contenidos decidida solo por las empresas de las redes sociales perjudica “el debate público de ideas y el ejercicio de la ciudadanía”, por lo que se configuraba en “una violación en masa de derechos y garantías fundamentales”.

El diputado local del PRI, Florentino Senz Cobos, presentó un dictamen para garantizar la seguridad del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de su gabinete de seguridad, al argumentar que el combate a la delincuencia organizada que ha llevado a cabo su administración así lo exigen.

“Resulta evidente que el ejercicio de las atribuciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia, conlleva un riesgo para la seguridad personal, la salud, la integridad y la vida de las y los servidores y ex servidores públicos involucrados en las acciones de investigación, persecución y combate al delito y que el Estado debe proveerles de los elementos necesarios para la preservación de su seguridad”, señalaba la justificación de la propuesta.

Dicha iniciativa, incluida en la Ley de Seguridad Pública, fue aprobada durante la sesión de la diputación permanente por 3 votos a favor del PAN y PRI, mientras que Morena emitió sus dos votos en contra.

Con esto, estaría garantizada la seguridad del gobernador y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, una vez que concluyan su encargo, y la cual podría ser vitalicia.

Lo aprobado daría servicio de guardaespaldas, vehículos y demás insumos para la eficiente protección del servidor público, sus parejas y familiares en primer grado, mientras la Secretaría de Seguridad Pública en su evaluación lo considere necesario.

Recordemos que Francisco Javier García Cabeza de Vaca finaliza su mandato en septiembre del próximo año.

En respuesta, el diputado de Morena, Oziel Almaguer Aldape, cuestionó que el gobernador retiró en 2016 los servicios de seguridad a los exgobernadores,  Manuel Cavazos Lerma, Tomas Yarrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú, con el argumento de que los exmandatarios priístas entregaron el estado a la delincuencia.

Recordar que ya existe una legislación que protege a los servidores públicos como parte de la Ley de Seguridad Pública que, en el caso del gobernador, señala que sería por el mismo periodo que se desempeñe en el cargo, es decir seis años. Sin embargo, la polémica de la modificación recae en que si la evaluación que hiciera la Secretaría de Seguridad Pública lo considera, esta puede prolongarse de por vida.

El Congreso local citó a sesión pública extraordinaria para esta tarde, donde el pleno decidirá si aprueba o rechazará la reforma aprobada en la permanente.

El grupo de alcaldes electos de la oposición en la Ciudad de México, fueron agredidos este lunes, cuando se presentaron en el Congreso capitalino. Ante las agresiones, la alcaldesa electa de la delegación Álvaro Obregón, Lía Limón, resultó herida.

“Dijimos que íbamos a dialogar de manera pacífica y esta apertura fue la agresión de un policía instruido para eso. Esta fue la agresión de un policía que me dio con el escudo”, expresó Limón en un video publicado en sus redes sociales, donde se dejó ver con una herida abierta en la nariz.

La alcaldesa electa responsabilizó directamente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,  y al secretario de Gobierno, Martí Batres, al afirmar que “estas no son formas” de tener acercamientos entre el gobierno capitalino y los alcaldes electos.

La también integrante de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA CDMX), exigió que la dejen “gobernar porque es el derecho de los ciudadanos” a pesar de las agresiones y los golpes.

Y es que los nueve alcaldes electos de la Ciudad de México de la coalición ‘Va por México’ se habían concentrado frente al Congreso capitalino, fuertemente protegido por un dispositivo policial, para protestar pedir que fueran recibidos por los diputados locales.

En su protesta, acusaron a Morena de querer aprobar en un período de leyes extraordinario una legislación que resta atribuciones a los diferentes alcaldes de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Martí Batres aseguró que la administración capitalina “respeta a los manifestantes de todo tipo y que jamás agrediría a ningún manifestante de ninguna fuerza política”.

“No hemos sido nosotros los que hemos buscado la confrontación esta mañana”, expresó Batres, quien recordó que su “mesa de diálogo” está abierta para todos los alcaldes, sean de la corriente que sean (afines u opositores).

Explicó que el periodo extraordinario que se realiza en el Congreso fue convocado con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, desmintiendo que la convocatoria haya sido unilateral, o convocado por un solo partido (Morena); aclaró que tenía el aval del PRI, del PAN, del PRD, así como del PT y del PES.

Señaló que fue la Presidenta de la Mesa Directiva, Ana Patricia Báez Guerrero del PAN, quien solicitó que la fuerza pública resguardara las afueras del recinto legislativo.

Dijo que en el momento en que ocurrieron las agresiones denunciadas, él se encontraba reunido con los coordinadores parlamentarios de los partidos de oposición. “No había necesidad de ningún forcejeo, bastaba con una llamada que nos hicieran, ya sea a mí o a los propios coordinadores, para que pudieran acceder los alcaldes a la sesión del Congreso local”.

Recordemos que en la pasada elección, del 6 de junio, la coalición opositora se impuso en 9 demarcaciones, más de la mitad de la ciudad, lo que significó un resultado histórico para los partidos de oposición que hasta entonces solo gobernaban dos alcaldías, y un fuerte descalabro para Morena.

Martí Batres aprovechó para informar que los alcaldes electos están citados con la Jefa de Gobierno los próximos días, 2 y 3 de septiembre, por lo que dijo “nos extraña mucho esta situación; yo los he recibido, a todos los que han querido, he recibido a alcaldes del PRI, del PAN, de otras fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, en reuniones preliminares previas”.

Sergio Gutiérrez Luna, legislador de Morena, fue elegido este domingo como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, luego de que quedara legalmente constituida, para el primer año de la LXV legislatura, que arrancará el próximo miércoles.

La composición de la nueva mesa directiva fue aprobada con un amplio consenso de 491 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

“Esta mesa directiva será un garante de que fluyan los trabajos parlamentarios, facilitaremos que los acuerdos puedan transitar y se logren las metas que todos tenemos”, expresó Gutiérrez tras prestar juramento.

Durante la sesión de este domingo, tomaron posesión los 500 nuevos diputados, 250 mujeres y 250 hombres, que ejercerán durante la primera legislatura plenamente paritaria de nuestro país.

De los 500 diputados, Morena tendrá 198 escaños, mientras que sus aliados del Partido Verde (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) tendrán 43 y 37 respectivamente, con lo que la coalición oficialista sumará 278 escaños.

La coalición opositora tendrá 199 diputados: 114 del Partido Acción Nacional (PAN), 70 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 15 del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Mientras que Movimiento Ciudadano (MC), no adscrito a ninguno de los dos grupos, ostentará 23 escaños.

Con esto, la coalición de la 4T dominará la mayoría absoluta (250) necesaria para aprobar los presupuestos y otras leyes, pero queda lejos de la mayoría calificada, de dos tercios de la Cámara, para reformar la Constitución. Así, Morena tendrá que negociar con la oposición para aprobar las reformas constitucionales que pretende impulsar López Obrador.

Según se ha informado, el primer objetivo de Morena para el arranque de esta legislatura es aprobar en el Senado y en la Cámara de Diputados la Ley Reglamentaria en Materia de Revocación de Mandato. También los presupuestos para 2022, en los que el gobierno ha prometido que se mantendrá el gasto social sin aumentar impuestos.

Destaca que Morena tendrá la presidencia de la mesa directiva de la Cámara, una vicepresidencia y una secretaría; el PAN y el PRI una vicepresidencia y una secretaría cada uno, y el PVEM, PT, MC y PRD una secretaría cada uno.

Los partidos acordaron rotarse también la dirección de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que coordina el trabajo parlamentario, de modo que el primer año estará en manos del PRI, el segundo de Morena y el tercero del PAN.

En tanto, la hasta hace unos días secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue elegida este domingo como nueva presidenta del Senado para el primer año de la LXV legislatura.

Con 79 votos a favor, 17 en contra y una abstención, los senadores escogieron la nueva mesa directiva de la Cámara alta.

“Me llena de entusiasmo regresar al Senado de la República, en donde siempre me he sentido en casa” expresó tras asumir el cargo Sánchez Cordero, quien dijo que aportará su “experiencia para trabajar desde el diálogo y el consenso”.

Aseguró que pondrá todo su “empeño” para que en la nueva legislatura se aprueben “las reformas primordiales para la edificación de un México más justo, más incluyente y más equitativo”.

“A mis colegas senadoras, les digo que me incorporo a participar actuando por y para las mujeres de México. Sigamos juntas”, dijo esta defensora de los derechos de las mujeres.