Vidal Llerenas
EL ECONOMISTA
Un nuevo mantra en la discusión sobre los procesos de globalización tiene que ser distinto no solamente orientado a incrementar los flujos comerciales, sino a generar desarrollo y crecimiento sostenido en los países y mejorar, de manera equitativa, las condiciones de vida de las personas. Eso requiere de gobiernos transparentes, capaces de desarrollar políticas públicas que no se limiten a mantener equilibrios fiscales y a la apertura de mercados.
El combate a la corrupción, la capacidad de concretar proyectos de inversión pública, poner en marcha políticas distributivas y de desarrollo de tecnología exitosa, garantizar la seguridad ciudadana, tener instituciones democráticas sólidas son ahora requisitos claros para tener éxito en un proyecto nacional de globalización.
El problema con México es que destaca por hacer justo lo contrario. Lo que se conoce del país son los escándalos por el gasto discrecional en publicidad, la impunidad en temas como Odebrecht o el espionaje sistemático de opositores y organizaciones sociales.
El gobierno y el PRI señalan a las reformas recientes como las nuevas herramientas para que el país tenga éxito en los procesos globales, los cuales no han ayudado a que el país crezca. Eso tiene dos problemas.
El primero es que esos procesos de apertura implican enormes riesgos cuando los actores económicos regulados están en una posición de poder muy superior a los reguladores. En el caso de la liberalización para la distribución privada de gasolina, el regulador, por ejemplo, privilegia que los precios sean altos, para que las empresas distribuidoras tengan altos márgenes y puedan invertir en infraestructura.
Un caso peor es el de Odebrecht. La empresa fue contratada para reactivar la capacidad de las refinerías de Pemex. En realidad, sus directivos contactaron a Emilio Lozoya, miembro del equipo de campaña y de transición de Peña Nieto para, según dijeron en declaración jurada, sobornarlo con la idea de participar en la planta de refinación que se tenía programada en Tula.
El otro es que el gobierno no tiene ni compromiso, ni una agenda que fortalezca la legalidad democrática y la eficacia en la acción gubernamental. Se promulgó un sistema nacional anticorrupción y, al mismo tiempo, se desarrolla una estrategia gubernamental para que no funcione.
La pieza más importante del sistema, el fiscal anticorrupción simplemente nunca será nombrado. La legalidad se administra, se persigue a los caídos en desgracia, a Borge y a Duarte, pero se protege a los que son cercanos, César Duarte o Lozoya. El gobierno mantiene márgenes inaceptables de discreción en el gasto público. No solamente es posible gastar el equivalente a varios puntos más del Producto Interno Bruto de lo presupuestado, sino también en partidas prácticamente secretas, como las de seguridad.
El dinero extra puede ser utilizado lo mismo para multiplicar por tres el gasto en publicidad, para enviar recursos a gobiernos locales amigos o para pagar proyectos absurdos, como un parque lineal con figuras de superhéroes o los que ofrecen margen para pagar por las campañas del PRI.
En seguridad, México no ofrece garantías ni para la integridad de las personas, ni para los derechos humanos. La única opción, en la que se insiste, es la militarización. Eso no ofrece garantía de nada. El país no tiene ninguna meta objetiva de seguridad ciudadana. Eso sucede para el resto de las áreas del gobierno.
Cada vez invertimos menos en tecnología, en infraestructura, en salud e incluso en educación. El país no construye capacidades para ser competitivo y atractivo en el contexto global. Se insiste en que la sola apertura y la liberalización de ciertos mercados es lo único que se requiere, pero la experiencia y, cada vez más, la teoría nos dicen lo contrario.
Lo que le urge a México es un proyecto para insertarse en el mundo que parta de mejorar las condiciones de vida de las personas, reducir la desigualdad, fortalecer las instituciones y empresas locales y realmente hacer al gobierno efectivo. Eso es justo lo contrario de lo que los últimos gobiernos han hecho.
