La impunidad en México cuesta más de 420 mil millones de pesos al año y afecta a rubros como la salud, la educación, el nivel y calidad de vida y la expectativa de la misma, pues se traduce en ingresos que la población deja de recibir, indicaron Patricia de Obeso y Alejandro Anaya.
Durante la presentación del estudio “Costos de la impunidad”, que corrió a cargo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y Creatura, Critical Thinking Advocates, los especialistas plantearon que ese fenómeno, al que definieron como una “herencia histórica”, no se puede atribuir a un gobierno o a un presidente en particular, ya que es resultado de una institucionalidad débil en un país.
Alejandro Anaya indicó que tan solo de 2012 a 2016 Guerrero fue el estado del país con más alto índice de impunidad, con 97.5%, mientras que Baja California reporta el más bajo con 91.9%, en promedio.
El estudio plantea que la impunidad erosiona la confianza de los mexicanos en sus instituciones y genera costos irreparables y difíciles de cuantificar.
En el documento, que comprende de 2007 a 2018, se señalan los costos del fenómeno a los relacionados con homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, principalmente a partir de la “guerra contra el narcotrafico”.
Arroja que en números exactos a México le podría costar 422 mil 390 millones de pesos cada año, es decir 0.57% del Producto Interno Bruto (PIB).
Como ejemplo, las 20 mil 760 desapariciones registradas en el periodo que abarca el estudio generaron un costo en pérdida de salarios de 10 mil 266 millones de pesos.
En tanto los desplazamientos afectan la salud de las mujeres y la continuidad educativa en niños y jóvenes que en muchos casos no terminan la secundaria.
El especialista Alejandro Anaya aseguró que los asesinatos cometidos entre 2007 y 2018, “que han florecido en un marco de impunidad”, han provocado una pérdida económica al país de al menos 135 mil millones de pesos, que podría provocar una severa baja en la tasa de crecimiento del PIB de hasta 12%.
Detalló que el objetivo del estudio es que las cifras de impunidad cambien, pues se trata de un problema público de la mayor importancia y urgencia, puesto que delitos, violaciones a los derechos humanos y faltas a la ley no son castigados.
