Ana Paula Ordorica
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FGR imputa formalmente a Jorge Luis Lavalle por delitos relacionados con el caso Odebrecht

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó formalmente por el los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, en relación al caso Odebrecht.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación contra el panista en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde los representantes de la FGR detallaron ante el juez los elementos de prueba que tiene contra el exlegislador.

La imputación, contenida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, se deriva de la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la que acusa a Lavalle y a otros 15 exfuncionarios de alto nivel de recibir sobornos para aprobar la reforma energética de 2013.

Así, Lavalle se convierte el primero de los políticos denunciados por Lozoya, entre los que aparecen los expresidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, en ser imputados por la justicia mexicana. En la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante de la FGR luego de su extradición desde España, también señala a personajes como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Entre las pruebas que la FGR presentó se encuentran testimonios del exdirector de Pemex, y del exsecretario particular de Lavalle, Rafael Caraveo.

A Lavalle se le señala de haber recibido 25 millones de pesos provenientes del dinero que Odebrecht dispersó en México, triangulado a través de diversas compañías, y que benefició a otros senadores principalmente del PAN y del PRI.

Rafael Caraveo, quien fungió como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, señala que los 25 millones de pesos que habría recibido Lavalle se repartieron en dos entregas, una de 13 millones de pesos y otra de 15 millones.

Señala que el dinero era recogido por él en un domicilio ubicado en Montes Urales en las Lomas de Chapultepec, un inmueble que sirvió como sede de las oficinas de campaña de Peña Nieto en 2012 y de una oficina alterna de Pemex cuando Lozoya era su director.

Lavalle ha negado en diversas ocasiones los señalamientos que hay en su contra, y había manifestado su disposición para presentarse ante las autoridades y aclarar los hechos. Sin embargo, acusó que se le había negado el derecho de conocer el expediente que había en su contra.

“Desconozco las motivaciones e intenciones de esas imputaciones pero son tan falsas como inverosímiles, orientadas y probablemente premiadas”, dijo en un comunicado en noviembre del año pasado.

Incluso Lavalle ha señalado que Caraveo será quien tenga que responder por los videos donde se le observa recibiendo el dinero, pues insistió: “manifiesto contundentemente que no tengo relación alguna con ese evento y no recibí un solo peso de origen ilícito”.

Y aunque la Fiscalía pretende que se vincule a proceso al exsenador, ninguno de los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que podría seguir su proceso en libertad.

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GCDMX destaca que los delitos de alto impacto han disminuido 49.2% en los últimos dos años

El gobierno de la Ciudad de México presentó este martes la Evaluación de la Incidencia Delictiva de la capital, en la que destaca que los delitos de alto impacto disminuyeron en 49.2% en febrero pasado, al pasar de 4 mil 588 en 2019 a 2 mil 331 en 2021.

Al encabezar la presentación del reporte, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la disminución en los delitos de alto impacto es producto de una estrategia de seguridad que ha desarrollado conjuntamente su administración, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina.

“Presentamos el Informe de Seguridad: entre febrero del 2019 y febrero del 2021, todos los delitos de alto impacto se redujeron a la mitad; se dice fácil, en pocas palabras, pero lo que significa el trabajo coordinado, el trabajo cotidiano de cada una y uno de los policías, también de los Ministerios Públicos y de todo lo que significa el Gabinete de Seguridad y las corporaciones de Seguridad y Justicia de la ciudad, es impresionante”, dijo la mandataria local.

El coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Tomás Pliego Calvo, fue el encargado de detallar que los delitos de alto impacto disminuyeron en su promedio diario, ya que en febrero de 2019 se registraron 163.9; en 2020, 105.6;  y en 2021, 83.2.

En el caso de los delitos de bajo impacto se registró una disminución del 52.7% de febrero de 2019 en comparación con febrero de 2021, al pasar de un promedio diario de 34.5 en 2019 a 16.3 en 2021.

Sin embargo, Pliego Calvo señaló que los delitos de robo a casa habitación con violencia, robo de pasajero a bordo de taxi y robo a transportista registraron un ligero incremento, por lo que se implementaron una serie de estrategias coordinadas que dieron como resultado un decremento en dichos indicadores.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, explicó que del 1 de enero al 17 de marzo de 2021 la Fiscalía capitalina ha realizado 4 mil 116 vinculaciones a proceso y en el caso de prisiones preventivas han llevado a cabo 2 mil 516.

La funcionaria destacó que la FGJCDMX tiene un 79% de efectividad en prisión preventiva con mil 366 vinculaciones por robo del 1 de enero al 17 de marzo de 2021 en cuanto a delitos como robos a transeúnte, a negocio, de vehículo, a casa habitación con violencia, a repartidor, entre otros; resaltó que del 1 de enero al 17 de marzo de 2021 se han asegurado 86 inmuebles en 14 Alcaldías por delitos como narcomenudeo, secuestro, homicidio, despojo, robo con violencia, robo de vehículos e incluso, por maltrato animal.

Por su parte el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de enero al 15 de marzo de 2021, se han detenido a 12 objetivos prioritarios; se han cateado 105 domicilios por la FGJCDMX y producto de ello, se ha logrado la detención de 132 personas.

Detalló que se han realizado 16 cateos en diversas Alcaldías por el robo de vehículo que ha arrojado la detención de nueve personas, en tanto que 137 han sido detenidas en flagrancia, algunas con orden de aprehensión.

En tanto, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, destacó que la Ciudad de México se ubica en el primer lugar de las cinco entidades más pobladas con la mayor disminución en incidencia delictiva, de acuerdo con el reporte de Incidencia Delictiva de dicho Consejo.

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Delitos federales registran una baja de 19.9%. Homicidios dolosos caen un 5.3%: SSPC

El gobierno federal informó esta mañana que los homicidios dolosos cayeron un 5.3% en febrero de este año respecto al mismo mes de 2020, al registrar 2,626 casos, la menor cifra desde el inicio de la administración del presidente  Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

“Febrero de 2021 ha sido el mes de toda la Administración con menos víctimas de homicidio doloso. Este delito disminuyó 5.3% respecto al mismo mes del año anterior”, expuso Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La funcionaria explicó que los homicidios se concentraron sobre todo en seis estados: Guanajuato (591), Baja California (525), Jalisco (454), Estado de México (409), Michoacán (405) y Chihuahua (377). Los dos municipios del país que concentran más asesinatos también han registrado reducciones, pues en Tijuana bajaron los asesinatos de 293 en febrero de 2020 a 281 en febrero de este año, mientras en Ciudad Juárez pasaron de 199 a 182.

La secretaria añadió que “los delitos de alto impacto que afectan a las mujeres también se han contenido”; y es que en febrero de este año se contabilizaron 71 feminicidios, una reducción del 14.9% respecto a los 93 de febrero del mismo mes del año pasado. En comparación con los 72 de enero pasado, la reducción es del 1.4%.

Por su parte Eduardo Redondo Arámburo, subsecretario de Marina, informó que hay más de 320,178 efectivos desplegados del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, de los cuales 215,391 son fuerza operativa.

López Obrador resaltó que las cifras y disminuciones que se registran se deben a la coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales. “Ahora todos los días hay comunicación, hay coordinación. La Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad. Todos los días y esto se replica en los estados y da buenos resultados el que se tengan estas mesas. Vamos a seguir avanzando, informando cada mes”.

Adicional, Rosa Icela Rodríguez detalló que en febrero pasado se redujeron 19.9% los delitos del fuero federal. respecto al mismo mes del año pasado.

“Cuando iniciamos este gobierno, en diciembre de 2018, se cometían 9 mil 62 delitos federales. El mes de febrero de este año, tuvimos 5 mil 817, es decir, 35.8 por ciento menos”, subrayó la encargada de seguridad en el país.

Sobre el delito de robo detalló que al inicio de la administración se cometía hasta 64 mil 839 robos y al corte de este año se registran 30.1 menos robos y la tendencia de muestra a la baja. En cuanto al robo de vehículo, la secretaria dijo que hay una contundente disminución. Pasó de 14 mil 405 a 8 mil 220 eventos de diciembre de 2018 a febrero de 2021; la reducción es del 42.9%.

El robo en transporte colectivo bajó 24.1% en los dos primeros meses de 2021 respecto al mismo periodo de 2020. El robo a casa habitación cayó en 25.3%; 21.2% menos robos a negocio; 16.2% menos robos a transeúntes; 29.4% en el robo de ganado; el robo a transportistas disminuyó 6.8%, mientras que el robo a transporte individual 6.1%.

En materia de secuestro, en febrero la reducción de la incidencia fue del 60%. El delito de extorsión se redujo en 11.2% y las lesiones dolosas en 9.7%. En cuanto al robo de hidrocarburos, la disminución fue de 4 mil 600 barriles diarios en promedio durante enero a 3 mil al 15 de marzo.

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2021, con un mejor arranque de año vs 2020 en incidencia delictiva: SSPC

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró este viernes que 2020 registró un mejor arranque de año con relación al 2020 en cuanto a incidencia delictiva, ya que el mes pasado se registró una reducción en los homicidios dolosos, así como en los delitos del fuero federal y del fuero común.

La funcionaria informó una reducción anual del 5.5% en los homicidios dolosos, al pasar de 2,996 en enero de 2020 a 2,831 en el primer mes de 2021, es decir, 165 casos menos.

La secretaria sostuvo que México “mantiene la contención” de los homicidios dolosos después de cerrar 2020 con 34,515 víctimas, lo que supone una leve caída del 0.4% respecto a 2019, la primera reducción de este delito en cinco años.

Expuso que seis estados concentraron casi la mitad de los homicidios; Guanajuato a la cabeza con 335 casos, seguido por Baja California con 284; Jalisco con 212; Michoacán con 204; Chihuahua con 196, y Estado de México con 168.

También señaló que 15 municipios concentraron el 27% de los asesinatos: Tijuana, Ciudad Juárez, Cajeme, León, Morelia, Chihuahua, Celaya, Culiacán, Guadalajara, Acapulco, San Pedro Tlaquepaque, Benito Juárez, Irapuato, Iztapalapa y Salamanca.

Sin embargo, apuntó que de estas ciudades, 10 registraron una reducción interanual de 8  en enero.

“Se tiene un mejor arranque del año con relación al 2020, durante enero de 2021 se registró una disminución de 19.6% en los delitos del fuero federal con respecto al mismo mes del año pasado”, mientras que en 16 de los 18 delitos del fuero común también hubo una baja.

Las disminuciones registradas fueron: secuestro: -55.6%; robo de vehículo: -27.3%; roba a casa habitación: -26.6%; robo en transporte público colectivo: -25.8%; robo a negocio: -20.6%; robo de ganado: -23.7%; robo a transeúnte: -17.6%; robo a transportista: -5.4%.

Hubo una disminución en conjunto de 24.3% de todos los delitos de robo, de 15.5% en extorsión y de 7.3% en lesiones.

La titular de la SSPC destacó la baja en tres delitos: 17.8% en trata de personas, del 1% en violación, y de 10.7% anual y 14.1% mensual en feminicidios. Esto significa que en enero de 2021 hubo 67 mujeres víctimas de feminicidio frente a las de 78 de diciembre y las 75 en enero del 2020.

Por otro lado, la dependencia contabilizó 48 secuestros en enero, lo que significa una disminución interanual de 55.6%.

“Estas cifras alientan porque son fruto del trabajo” del gobierno federal, dijo Rodríguez Velázquez. “No estamos por la guerra, estamos por la construcción de la paz, esta estrategia consiste en atender las causas que generan la violencia”, añadió.

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César Duarte será extraditado a México. Jueza anuncia que certificará solicitud

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de malversación de fondos, será extraditado a nuestro país, luego de que la jueza del caso anunciara que certificaría la solicitud de las autoridades mexicanas.

En una nota que llegó horas después de que finalizara la audiencia de este martes, la jueza indicó que la solicitud  cumple con los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, por lo que dio un plazo de 60 días para la entrega del exgobernador.

En lo que la entrega se concreta, Duarte seguirá preso en Miami. Sin embargo, el exgobernador todavía podría apelar la decisión.

Horas antes, al finalizar la audiencia de hoy, la jueza Lauren Fleischer Louis dijo que “no anticipo futuras acciones ante mí”. “Pondré una orden escrita en el expediente judicial tan pronto como pueda para que ustedes puedan emprender los próximos pasos”.

En la audiencia la fiscalía aseguró que existen evidencias de que Duarte cometió los delitos y debe ser extraditado a nuestro país. Su defensa reiteró que son cargos políticos. Morillo, que era “venganza de opositores políticos”, en referencia al sucesor de Duarte, Javier Corral.

“El pedido de extradición detalla la corrupción durante el gobierno de Duarte”, expresó el fiscal Jason Wu al comienzo de su alegato. “El tribunal debe certificar la extradición”.

Duarte, que se desempeñó como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos. México solicitó su extradición a finales de 2019.

La fiscalía se centró en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito. Estos testigos son parte de la causa presentada en México y la justicia estadounidense los considera importantes para probar las acusaciones.

Wu dijo que esos testigos, entre ellos un exsecretario de finanzas de Duarte, identificaron al menos 11 transacciones millonarias en las que el exgobernador les habría ordenado desviar fondos públicos a cuentas privadas que sólo él, familiares o cómplices podían administrar.

“Tenía total responsabilidad de los fondos en disputa”, expresó Wu. “Las transferencias beneficiaban a Duarte. Él tenía el control de los fondos públicos”, dijo tras describir varias de esas transacciones, algunas de ellas destinadas a comprar vacas y otras a empresas y cuentas de su familia.

Su defensa pidió a la jueza que no considerara lo que habían dicho esos testigos porque sus declaraciones habían sido bajo amenazas. “Lo que pedimos al tribunal es que evalúe el método, el proceso con el que el gobierno de México obtuvo las evidencias”, expresó el abogado Juan Morillo. “Cuando el testimonio se consiguió de manera ilegal, no se puede considerar”.

Según la defensa, la vida de Duarte correría peligro si regresa a nuestro país para enfrentar un juicio.

La jueza se limitó a decir que estaba “satisfecha” con los argumentos presentados a favor de la extradición, aunque no indicó cuando resolvería el asunto. “La presentación satisface la causa probable”, expresó Fleischer Louis.

Para los fiscales, las pruebas presentadas por Duarte buscan evitar su extradición y que sea juzgado en Estados Unidos en un “mini juicio”.

Duarte asegura que llegó a Estados Unidos a finales de 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. Antes de su detención en julio de 2020, pidió asilo político. El exgobernador asegura que desconocía sus acusaciones cuando llegó y que llevaba una vida pública, sin ocultarse, en el país vecino.

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Ligera disminución en delitos no es resultado de una estrategia de seguridad: ONC

El director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, rechazó que la disminución porcentual de 0.4% en números absolutos de las víctimas de homicidios que presentó ayer el gobierno federal sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal.

El especialista indicó que dicha variación se debe más bien a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto desde que se tiene registro.

“No se observa alguna política pública especifica a la que se pueda vincular con este descenso mínimo. Es importante no confundir a los ciudadanos entre el comportamiento independiente de los delitos y la inexistencia de una política pública exitosa”, señaló este jueves al presentar el ‘Análisis del comportamiento de delitos en 2020.
Enfoque especial en homicidio doloso’.

Rivas resaltó que en el año pasado la violencia homicida se mantuvo en un estado crítico, la violencia de género se agudizó, la trata de personas aumentó 0.7% y la violencia familiar creció 3.7% respecto al año anterior, todo como resultado de falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende “pacificar al país” y de la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como gobierno.

El análisis del Observatorio indica que la ligera tendencia a la baja en algunos delitos se observó a partir del inicio de la pandemia, pues recordó que marzo fue el mes con más víctimas desde que se tiene registro. “La disminución de la movilidad y de vulnerabilidad de las personas tan solo tuvo un efecto mínimo en el número de víctimas de homicidio”.

Francisco Rivas hizo hincapié en que 2020 seguía siendo el año con más víctimas, y que la disminución anual se debió a un descenso importante en el mes de diciembre.

“Para hablar de una tendencia efectivamente a la baja, detalló, debería existir evidencia de descensos continuos y constantes. El descenso de un mes puede deberse a efectos estacionales o de características específicas del mes”, detalló.

El director del ONC alertó que un recorte presupuestal como el que se ha venido viendo en diversos programas en materia de seguridad, así como la desaparición de fideicomisos, suponen riesgos específicos para el funcionamiento institucional, el pleno ejercicio de derechos, así como dificultades en la implementación de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Recomendó dejar fuera la política de los planes y programas de seguridad. Llamó a que el presupuesto no sea manejado políticamente, y es que se advierte que el próximo proceso electoral se insertará en un escenario de violencia política en contra de servidores públicos y candidatos a algún puesto de elección popular.

Apuntó que en todo el país, entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020 se han registrado un total de 52 asesinatos cometidos en contra de algún funcionario público.

El documento presentado resalta que 2019 y 2020 fueron los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores, por lo que recomendó retomar los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia. También aconseja poner atención y desarrollar estrategias específicas para la prevención y reducción de homicidios de personas vulnerables como periodistas, defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

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La 4T presume que en 2020 se registró una disminución en la incidencia de delitos de alto impacto

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este miércoles que el país cerró 2020 con 34,515 homicidios dolosos, lo que supone una leve disminución, del 0.4% respecto a 2019, aunque destacaron que es la primera reducción de este delito en cinco años.

Adicional, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, indicó que en el último año se registró una disminución en la incidencia de delitos de alto impacto.

“No había habido en el país desde 2015 una disminución del crecimiento de homicidios. Esto es importante. Veníamos de una espiral de crecimiento donde incluso en un año (2016) se creció el 28.1%”, dijo el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía.

Recordemos que el pasado 31 de diciembre, el gobierno federal presentó datos preliminares según los cuales el país había registrado 34,523 homicidios dolosos en 2020, una cifra que fue actualizada este miércoles en 34,515 crímenes.

Además, la cifra presentada esta mañana también supone una caída del 1.3% de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes respecto al año anterior.

Según las cifras definitivas, el 51.9% de los homicidios de 2020 se concentraron en los estados de Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. El 27.5% de estos crímenes sucedieron en 15 municipios, entre los cuales están Tijuana, Ciudad Juárez, León, Acapulco, Culiacán, Guadalajara y Cajeme.

Con 2,627 homicidios dolosos, diciembre de 2020 se convirtió en el mes con menos crímenes de este tipo desde el inicio del gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación el pasado 1 de diciembre de 2018.

Sin embargo, se informó que en 2020 hubo un repunte del 0.1% en materia de feminicidios respecto a 2019, con 969 casos. El 51% de los asesinatos de mujeres por cuestión de género se concentraron en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla.

“Tenemos el reto de seguir trabajando y enfocar los esfuerzos para que los delitos de feminicidio y de violencia familiar disminuyan su incidencia”, expresó Rosa Icela Rodríguez, quien asumió el cargo el mes pasado luego de haberse recuperado de su contagio de Covid-19.

Rodríguez aseguró que, como “primera mujer” encargada de la seguridad de México, tiene “el deber y el compromiso para revertir esta realidad que viven las mujeres” en muchas partes del país.

Otro dato que se compartió esta mañana fue que en 2020 se redujeron los secuestros un 36.4% respecto al año pasado. Se detalló que durante 2020 se liberaron a 1,167 víctimas de secuestro y a 149 migrantes secuestrados, además, se detuvo a 2,656 presuntos secuestradores y se desarticularon 304 bandas de secuestro.

Mejía Berdeja informó que el robo total registró una disminución de 21.1%. El robo en transporte público disminuyó 37.6%; el robo a vehículos un 24.4%; el robo de ganado un 23.5%; el robo a casa habitación 23%; el robo a transeúnte un 21.9%, mientras que el robo a negocios un 19.4%

Finalmente, la titular de la SSPC indicó que durante 2020 se bloquearon 19,970 vinculadas a operaciones ilícitas, por 7,750 mdp. Presumió que “en un solo año se hizo lo que la administración anterior realizó en 4” años.

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Trump reconoce su derrota, y condena a sus seguidores que “profanaron la sede de la democracia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó esta tarde los hechos que se registraron ayer en el Capitolio, indicando que los manifestantes, la mayoría seguidores de él que estuvieron el el mitin que ofreció horas antes cerca de La Casa Blanca, “profanaron la sede de la democracia estadounidense”.

Poco más de dos meses después de los comicios, Trump reconoció su derrota.

“Estados Unidos es y debe ser siempre una nación de ley y orden, los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han profanado la sede de la democracia estadounidense”, ha dicho Trump, quien ha prometido una transición de poder “sin problemas”.

“Para aquellos que participaron en los actos de violencia y destrucción, no representan a nuestro país. Y para aquellos que violaron la ley, pagarán”, dijo Trump en un mensaje que se difundió vía redes sociales. El republicano asegurado sentirse, como cualquier otro estadounidense, “indignado por la violencia, la anarquía y el caos” ocurrido ayer.

“Ahora, el Congreso ha certificado los resultados y la nueva Administración será inaugurada el 20 de enero. Mi enfoque ahora se centra en asegurar una transición de poder sin problemas y ordenada. Este momento exige reconciliación”, añadió.

Con estas palabras, el todavía presidente de Estados Unidos reconoce por primera vez de manera pública su derrota frente a Joe Biden en las pasadas presidenciales del 3 de noviembre, aunque ha justificado la campaña legal para impugnar estos resultados afirmando que “sólo luchaba por defender la democracia estadounidense”.

“Sigo creyendo firmemente que debemos reformar nuestras leyes electorales para verificar la identidad y elegibilidad de todos los votantes y garantizar la fe y la confianza en todas las elecciones futuras”, insistió.

Trump, quien ha pedido ahora que se “enfríen los ánimos” y se “restablezca la calma”, ha apelado a la unión de los estadounidenses para “derrotar” la crisis del coronavirus, que “ha trastornado” la vida del país, dañado “la mayor economía del mundo” y que además ha cobrado la vida de miles de estadounidenses.

Por último, Trump señaló que ha sido “el honor” de su vida haber ejercido como presidente de Estados Unidos, y ha querido animar a sus “maravillosos seguidores”, los cuales, ha dicho, sabe “que están decepcionados”, que su “increíble viaje” juntos “apenas ha comenzando”.

Horas antes, la secretaria de prensa de La Casa Blanca, Kayleigh McEnany, calificó a los manifestantes que protagonizaron los hechos de ayer, como “violentos agitadores” que “socavaron los legítimos derechos de la primera enmienda (de la Constitución) de las muchos miles de personas que han hecho oír sus voces pacíficamente en nuestro Capitolio”.

La funcionaria indicó que condenaban los hechos “el presidente y esta Administración, en los más enérgicos términos posibles”, destacando que lo ocurrido es “inaceptable” y los involucrados “deben ser castigados con todo el peso de la ley”.

McEnany “lamentó” la muerte de cuatro personas durante el incidente y agradeció a los agentes de Policía, a los que ha llamado “valientes” y “verdaderos héroes americanos”, su labor.

Después de la irrupción en el Capitolio, “todas las opciones están sobre la mesa” para encausar a los miembros de la violenta turba de simpatizantes del presidente Donald Trump, incluidos cargos de sedición, informó este jueves Michael Sherwin, el fiscal federal interino del Distrito de Columbia.

Sherwin dijo que los fiscales planean presentar 15 casos federales el jueves por delitos como acceso no autorizado y robo de propiedad. Señaló que los investigadores están revisando montones de evidencia para presentar cargos adicionales.

Y es que más de 90 personas han sido arrestadas por la policía de Washington y es probable que se realicen más detenciones. Los fiscales estadounidenses a lo largo y ancho de la nación han prometido encontrar a cualquier residente que haya participado en la insurrección emprendida para obstruir la transición pacífica del poder y llevarlo ante la justicia.

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Aunque los homicidios dolosos disminuyen en noviembre, los feminicidios repuntan

El Subsecretario de Seguridad Publica, Ricardo Mejía Berdeja, informó esta mañana que noviembre 2020 ha sido el mes de la actual administración en que se ha registrado el menor número de homicidios dolosos en el país, con 2,670 casos.

Sin embargo, el país acumula 31,871 homicidios en los primeros once meses del año, con lo que se acerca al récord registrado el año pasado, que fue de 34 mil 608 de homicidios dolosos (sin contar feminicidios que sumaron más de mil víctimas).

Los 31,871 homicidios que se han registrado en lo que va de año, significan un incremento anual del 0.9%, con una tasa de 24.9 casos por cada 100,000 habitantes, enfatizó Mejía Berdeja al presentar el informe mensual en materia de seguridad.

El reporte mostró que tan solo seis estados del país concentran un 52% de los homicidios; Guanajuato se posiciona a la cabeza, seguido de Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán.

Dicho delito ha disminuido en 21 estados del país y ha crecido en los otros 11, mientras que en 15 municipios de los 2,465 existentes continúan concentrando el 27.5% de los asesinatos: Tijuana, Ciudad Juárez, León, Celaya, Culiacán, Cajeme, Zamora, Guadalajara, Acapulco, Chihuahua, Cancún, Irapuato, Ensenada, Salamanca y Morelia.

El funcionario de la SSPC también reportó en noviembre 85 feminicidios, lo que representa un aumento del 2.2% respecto a octubre pasado. Con esto, suman 888 mujeres asesinadas por razón de género en el año, un aumento del 1.7% anual, con una tasa de 1.36 feminicidios por cada 100,000 mujeres.

Pese a los datos relacionados con homicidios y feminicidios, el gobierno destacó una disminución del 21.6% anual en los delitos del fuero federal, con 72,017 registrados hasta octubre. De los 11 crímenes dentro de este catálogo, solo han aumentado en un 46.7% los relacionados con delincuencia organizada.

Algunos de los delitos que han disminuido son: delitos electorales (-45.7%); delitos en materia de hidrocarburos (-45.3%); delitos contra la integridad corporal (-35.8%); delitos cometidos por servidores públicos (-19.7%); delitos patrimoniales (-16.2%); delitos contra la salud (-7.3%); delitos financieros (-32.5%); delitos fiscales (-3.5%).


El funcionario enfatizó que en cuanto a la incidencia delictiva del fuero común, se registró una disminución en 15 de los 18 delitos de alto impacto, que incluyen: robo transporte público, -39%; secuestro, -37.2%; robo a transeúnte, -23%; robo total: -21.5%; robo a casa habitación, -23.1%.

Otros que también presentaron disminución son: robo de ganado, robo de vehículo y robo a transportistas.

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Inseguridad costó al país 282.1 mil mdp en 2019, el 1.53% del PIB: INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó este jueves la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, la cual refiere que estima en 22.3 millones el número de víctimas de 18 años y más en el país durante 2019.

Dicha cifra representa una tasa de prevalencia delictiva de 24,849 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2019, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2018.

La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2019 fue de 33,659, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2018 que fue de 37,807.

El delito de extorsión presentó una reducción en su frecuencia, al pasar de 17.3% del total de los delitos ocurridos durante 2018 a 15.3% en 2019. En cuanto al pago o la entrega de lo solicitado en dichas extorsiones, pasó de 7.1% de los casos en 2018, a 8.6% en 2019.

En 2019, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 282.1 mil millones de pesos, es decir, 1.53% del PIB. Lo anterior equivale a un promedio de 6,931 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

La cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en Carpeta de Investigación, fue de 92.4% a nivel nacional durante 2019.

La ENVIPE 2020 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 36.3% y la desconfianza en la autoridad con 15 por ciento.

La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas en marzo de 2020, se ubicó en 78.6%. Asimismo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas en marzo de 2020 fue de 70.3% y 48.7% de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o demarcación territorial y en su colonia o localidad, respectivamente.

La ENVIPE estima a nivel nacional que 68.2% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día, seguido del desempleo con 36.4% y la salud con 36.2%.

A nivel nacional, el espacio donde la población de 18 años y más se siente más insegura es el cajero automático ubicado en la vía pública con 82.8%, le siguen la calle (73.1%); el transporte público (72.6%); el banco (70.6%); la carretera (64.5%); el mercado (60.2%), entre otras.

Respecto del nivel de confianza en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, 90.1% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira con “Mucha o Algo de confianza”, seguido del Ejército con 87.4%. La Guardia Nacional recibió un 82.8%, mientras que la Policía Federal tuvo un 67.9%. La Policía de Tránsito fue la que menos confianza recibió con 45.2%.

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Homicidios dolosos repuntan 7.72% en octubre. SSPC insiste en contención de la incidencia delictiva

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública y encargado del despacho titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó esta mañana que se registró un aumento mensual de 7.72% en los homicidios dolosos en octubre con 2,944 víctimas, frente a las 2,733 que se reportaron en septiembre.

“El tema de homicidios dolosos, seguimos en la línea de contención, se frenó el crecimiento exponencial que venía desde el 2015 a la fecha, se frenó el crecimiento desde el inicio de la administración y seguimos en la línea de contención, con un muy pequeño incremento del mes de septiembre al mes de octubre”, indicó el funcionario.

Con estos resultados, en lo que va del año suman 29,182 homicidios, un incremento anual de 1.1%, con una tasa de 22.8 de estos crímenes por cada 100,000 habitantes.

El país se acerca al récord histórico que alcanzó en 2019, cuando registró 34,608 homicidios dolosos y 1,012 víctimas de feminicidio.

El reporte mensual sobre incidencia delictiva que se presentó esta mañana muestra que tan solo seis estados concentran el 52% de los homicidios: Guanajuato, Baja California; Estado de México; Chihuahua; Jalisco y Michoacán.

El funcionario detalló que los homicidios dolosos han disminuido en 21 estados del país, y han crecido en los otros 11. Añadió que 15 municipios registran más de una cuarta parte de los asesinatos: Tijuana, Ciudad Juárez, León, Celaya, Culiacán, Cajeme, Zamora, Guadalajara, Acapulco, Chihuahua, Cancún, Irapuato, Ensenada, Salamanca y Morelia.

Sobre los feminicidios, se indicó que durante octubre pasado se registraron 76 casos. Mejía Berdeja dijo que dicha cifra representa una reducción del 3.8% frente a los 79 feminicidios de septiembre. Se tiene un acumulado de 801 víctimas en lo que va del año, lo que representa un incremento anual del 1.5%.

La secretaría informó sobre una disminución del 22.2% anual en los delitos del fuero federal, con 65,672 casos registrados hasta octubre. De los 11 delitos dentro de este catálogo, solo han aumentado en un 49.5% los relacionados con delincuencia organizada.

El encargado del despacho de la SSPC resaltó una disminución en 15 de los 18 delitos de alto impacto, que incluyen reducciones del 36.5% en secuestros, de 23.8% en robo a transeúnte y del 21.7 % en robo total. En cuanto al robo a casa-habitación hubo una disminución del 23.3%, y en el conjunto de los robos, una disminución promedio de 21.7%.

Además de feminicidio y homicidio, el otro crimen de alto impacto que se ha incrementado es el de violencia familiar, en un 3.4 %.

Pese al panorama, el encargado de la SSPC aseveró que desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, hay “una tendencia marcada a la baja” en los delitos federales. “Viene desde antes de la pandemia porque algunos críticos han dicho ‘es que bajaron los delitos porque está el tema de la pandemia’. No, ya venía desde antes y se sigue manteniendo la tendencia a la baja”, defendió.

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AMLO reitera que en su gobierno no habrá persecuciones ni venganzas políticas. Ley se aplicará con rigor

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que no interpondrá ninguna denuncia contra su antecesor Enrique Peña Nieto, por presuntamente utilizar parte de los recursos que obtuvo mediante sobornos para pagar campañas en su contra.

“No vamos a meter ninguna denuncia contra expresidentes. Vamos a esperar que la Fiscalía termine de reunir los expedientes y sean ellos quienes determinen si hay culpables o no”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador aseguró que su postura sigue siendo que no haya persecución, venganzas políticas, y que se aplique la ley con rigor, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad”.

Insistió en que será el pueblo quien decida si debe investigarse a los expresidentes en la consulta que se realizará en 2021, misma que fue solicitada por él y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el mes pasado.

Y es que de acuerdo con versiones periodísticas, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, afirma que el expresidente Peña Nieto utilizó parte de los sobornos que recibió de Odebrecht en la campaña presidencial de 2012 para desprestigiar a López Obrador y a la entonces candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota.

Lozoya abundó en su declaración que el entonces coordinador de campaña, Luis Videgaray ordenó pagar a asesores y analistas políticos, quienes debían entregarle directamente el resultado de su trabajo.

Además, esta semana se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) denunció al expresidente Peña Nieto por el delito de traición a la patria, al haber ordenado pagos por más de 121 millones de pesos que habrían sido repartidos entre miembros del Congreso para que aprobaran la reforma energética, que abrió el sector a la iniciativa privada tras décadas de monopolio estatal.

Al respecto, López Obrador dijo que él no podría detener ningún proceso de la FGR ya que es un organismo “autónomo”. Reiteró que su Gobierno siempre respetará la máxima de “al margen de la ley nada, por encima se la ley, nadie”.

“Se va a impartir justicia sin tendencias, ni consignas. Es un caso muy relevante porque está implicando a altos funcionarios, y es además. Es un tema electoral también porque se sostiene que este dinero, que fueron sobornos, se utilizó para campañas”, lamentó.

AMLO afirmó que se están viviendo tiempos “interesantes”, y aseguró que por primera vez no existe una consigna del presidente “ni a favor ni en contra de nadie”.

Del mismo modo, afirmó que sea cual sea la decisión de las autoridades, tanto el pueblo como las personas acusadas deben estar tranquilas porque se aplicará la ley con rigor.

Reiteró su confianza en la FGR, e indicó que como órgano autónomo tiene por primera vez un fiscal recto e íntegro, incapaz de actuar de manera indebida, lo cual debe de dar seguridad incluso a los implicados porque se impartirá justicia sin sesgos.

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In Internacional

Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, es condenado a 120 años de prisión

Keith Raniere, fundador de la secta sexual NXVIM, la cual utilizó como fachada un grupo de autoayuda, fue condenado este martes a 120 años de cárcel en un tribunal neoyorquino después de ser declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban.

El juez de distrito Nicholas Garaufis dictó la sentencia en el tribunal federal de Brooklyn después de una larga audiencia en la que hubo declaraciones de las víctimas.

Los fiscales habían pedido cadena perpetua, mientras que los abogados defensores dijeron que debía enfrentar únicamente 15 años tras las rejas.

Raniere, de 60 años, no mostró remordimiento, y sus abogados le dijeron al juez antes de la sentencia que su cliente no estaba arrepentido “por su conducta o sus decisiones”.

La sentencia culminó varios años de revelaciones sobre el programa de Raniere, NXIVM, que cobró miles de dólares por cursos de superación personal en su sede cerca de Albany, Nueva York, y en sucursales ubicadas en México y Canadá.

Entre los adherentes se encontraban millonarios y actrices de Hollywood dispuestos a soportar humillación y a prometer obediencia al acusado como parte de sus enseñanzas.

Entre los delitos que se le imputaban a Raniere se encontraron: tráfico sexual de adultos y menores, posesión de pornografía infantil y crimen organizado, en junio de 2019.

La sentencia supone a efectos prácticos una condena de cadena perpetua para el canadiense, a quien este martes las víctimas presentes en la audiencia llamaron “depredador sexual”, “racista”, “mentiroso” y un “sádico”.

El caso ha acaparado la atención de los medios por la implicación de varias destacadas personalidades como la actriz de Smallville Allison Mack, la intérprete de “Battlestar Galactica” Nicole Clyne, o la heredera del imperio licorero Seagram’s, Clare Bronfman.

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In Internacional

Juez anula orden de detención contra Evo Morales. Ya alista su regreso a Bolivia

La justicia boliviana anuló la orden de detención contra el exmandatario Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo, una semana después de la elección, donde Luis Arce, quien ha sido calificado como el “delfín” de Morales se impuso, informó este lunes el juez Jorge Quino.

La orden de arresto contra el exmandatario exiliado en Argentina fue levantada porque “se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al expresidente”, dijo Quino, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

El Tribunal Constitucional debe revisar en los próximos días el fallo, dictado por el juez Román Castro, pero parece improbable que lo anule.

La fiscalía había imputado a Morales el 6 de julio por supuestos delitos de terrorismo y su financiamiento, y solicitó una vez más su detención preventiva.

Una primera orden de arresto por sedición y terrorismo había sido dictada en diciembre contra Morales, luego de que renunciara a la presidencia el 10 de noviembre de 2019 en medio de una convulsión social y acusaciones de fraude electoral.

La fiscalía había abierto además otra carpeta contra Morales por supuesto fraude en las elecciones de octubre de 2019, en las que ganó la reelección a un cuarto mandato, y que luego fueron anuladas tras denuncias de irregularidades. No hubo avances en este caso en la justicia.

El exmandatario indígena y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), habían rechazado todos los cargos y afirmado que tenían motivaciones políticas. Tras el comicio, Morales dijo que “tarde o temprano” retornaría a Bolivia.

El juez que falló en favor de Morales es el mismo que también anuló este fin de semana una orden de arresto contra su exministro de Justicia, Héctor Arce, quien también era investigado por el supuesto fraude en las elecciones del año pasado y estaba refugiado en la embajada de México desde hace once meses, cuando dimitió Morales.

La fiscalía había intentado a inicios del año que la Interpol emitiera una orden de arresto internacional contra Morales, pero el organismo lo rechazó por considerar que se trataba de asuntos políticos, no criminales.

Además, el 4 de septiembre, el gobierno de Bolivia contactó a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para denunciar a Morales por supuestos crímenes de “lesa humanidad” por los bloqueos de rutas de agosto. Sin embargo, esta acción pareció ser meramente mediática en busca de réditos electorales, pues un Estado puede pedir a la CPI que examine si es procedente que intervenga en determinado caso. Además, la Corte interviene solo cuando ha fracasado el sistema penal nacional.

Al respecto, el expresidente adelantó este lunes que podría regresar a su país el próximo 11 de noviembre, aunque ha  expresado cautela y ha manifestado que la fecha “está en debate  todavía” y “no está decidido”.

Según Morales, varias organizaciones bolivianas le han expresado su petición de que vuelva al país latinoamericano, después de renunciar a su cargo de presidente en noviembre del año pasado.  “Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba están evaluando  nuestro pedido de que vuelva el 11 de noviembre”, ha manifestado en una entrevista concedida a la agencia de noticias rusa Sputnik.

Que Morales regrese a Bolivia el 11 de noviembre implica que se  perderá la toma de posesión del presidente electo del país, Luis Arce, que está prevista para el 8 de ese mes.

“Me alegra mucho que haya una enorme preocupación y ocupación por que  retorne”, expresó Morales, admitiendo que, en relación a su vuelta, “hay  diversas opiniones de autoridades, de movimientos sociales y de las autoridades electas”.

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Líder de La Luz del Mundo evita cargo de extorsión. Acusaciones de violación de menores y tráfico de personas se mantienen

Al concluir que no había pruebas suficientes, un juez estadounidense desestimó los cargos de extorsión contra el líder de la iglesia La Luz del Mundo, aunque mantuvo las acusaciones de violación de menores y tráfico de personas.

La fiscalía de California no logró demostrar que Naasón Joaquín García, el autoproclamado apóstol de La Luz del Mundo, extorsionó a las supuestas víctimas para lograr favores sexuales amenazándolas con deshonrarlas, apuntó el miércoles el juez del Tribunal Supremo Stephen A. Marcus en su fallo, según Los Angeles Times.

García se ha declarado no culpable de decenas de delitos graves, incluyendo violación de un menor.

El magistrado rechazó también el argumento de que los actos causaron graves lesiones corporales, por falta de evidencias, añadió el Times.

“La decisión de hoy demuestra, como siempre hemos dicho, que el Apóstol es inocente y su inocencia será demostrada judicialmente en el curso del juicio”, afirmó la iglesia en un comunicado.

El juez se negó sin embargo a desestimar el caso en su totalidad.

García y las otras dos personas, Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo, cometieron abusos, “usando la religión como grilletes invisibles”, afirmó el juez. “Utilizaron el hecho de que esas jóvenes fueron miembros de la iglesia durante toda su vida, y que sus familias eran miembros de la iglesia”, indicó.

Recordemos que Naasón Joaquín García fue detenido el año pasado, permaneciendo en prisión al habérsele fijado una fianza de 90 millones de dólares para seguir su proceso en libertad.

García es el líder espiritual de La Luz del Mundo, iglesia evangélica cristiana fundada por su abuelo con sede en Guadalajara, que afirma tener 5 millones de seguidores en todo el mundo.

La fiscalía sostiene que los tres acusados cometieron delitos sexuales y produjeron pornografía infantil con cinco mujeres y niñas que formaban parte de la iglesia. Los presuntos delitos ocurrieron entre 2015 y 2018 en el condado de Los Ángeles, según las autoridades.

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‘El Padrino’ o ‘Zepeda’ (Salvador Cienfuegos) es acusado de narcotráfico y lavado de dinero

La Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York acusó este viernes de narcotráfico y lava de dinero al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien estuvo al frente de la dependencia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y un cuarto con el de lavado de dinero según un documento de la Fiscalía.

El gran jurado que debía determinar si había pruebas suficientes para juzgar a Cienfuegos ha decidido imputarlo por cuatro cargos.

El primero de los cargos de narcotráfico es por conspirar para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana; el segundo por conspirar para importar estupefacientes y el tercero por conspirar para distribuirlos.

“El acusado Salvador Cienfuegos Zepeda, también conocido como ‘El Padrino’ o ‘Zepeda’, junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para fabricar y distribuir una o más sustancias controladas, con la intención, a sabiendas y teniendo una causa razonable para creer que tales sustancias serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo”, indica el texto.

En concreto, el escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de 1,000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y 1 kilogramos de heroína entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

El cuarto cargo, de “conspiración para lavar las ganancias de los narcóticos” (lavado de dinero), sostiene que realizó transacciones económicas con este fin entre las mismas fechas, aunque no aporta ninguna cantidad específica.

Cienfuegos fue arrestado la tarde ayer jueves a petición de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en el aeropuerto de Los Ángeles, donde viajó con su familia.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó este viernes de “lamentable” el arresto y consideró que es una “muestra inequívoca de la descomposición del régimen” que imperaba antes de su gobierno.

El presidente explicó que no existe ninguna investigación en México contra el general Cienfuegos que tenga que ver contra el narcotráfico, aunque confesó que hace 15 días fue informado por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, de que en el país vecino “se hablaba de una investigación” sobre el general, aunque “no era nada oficial”.

El mandatario avanzó que la investigación es un asunto del mismo juzgado de Nueva York que lleva el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, arrestado por nexos con el narcotráfico.

También es la corte que condenó a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

 

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