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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que su administración espera llegar a un acuerdo con Grupo México por la reciente ocupación de un tramo ferroviario operado por Ferrosur, una de sus filiales, aunque aclaró que no se considera una compensación en efectivo.

La semana pasada, el gobierno federal publicó un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se indica que un tramo ferroviario controlado por Grupo México Transportes, en el sureste del país, fue declarado de utilidad pública, en una acción que según las autoridades fue necesaria para el desarrollo de un importante proyecto de infraestructura.

Efectivos de la Marina ocuparon las instalaciones de la firma en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, en el estado Veracruz, poniendo de relieve una compleja disputa entre el gobierno y el grupo minero.

“Sí se va a llegar a un acuerdo, espero, pero no es dinero”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina de hoy, al afirmar que el Estado había tomado el control de una concesión y que no se trataba de una expropiación.

“(La eventual compensación) es un permiso de paso y una revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México”, explicó.

Grupo México, con negocios también en el sector de infraestructura, es encabezado por Germán Larrea, la segunda persona más rica del país.

Recordemos que al inicio de la semana, López Obrador aseguró que cuando ya se estaba cerca de firmar un acuerdo, abogados de Grupo México pidieron al gobierno un pago de 9,500 millones de pesos como indemnización por la ocupación.

La noche de ayer, fuentes  del gobierno y del sector privado aseguraron a El Universal que se había alcanzado un acuerdo económico entre ambas partes, después de una reunión en la que participaron el presidente; el secretario de Gobernación; directivos de Grupo México Transportes y el asesor externo de la Presidencia, Alfonso Romo.

“El monto que solicitó la empresa en una reunión previa con López Obrador fue de 9 mil 500 millones de pesos, pero las fuentes consultadas afirmaron que bajará entre 20% y 25%, para quedar en alrededor de 7 mil millones de pesos”, indicó El Universal en su reporte.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó el acuerdo reparatorio que ofrece el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para salir de prisión por sus acusaciones de corrupción, y así evitar los juicios que enfrenta.

López Obrador señaló que la cantidad del acuerdo reparatoria debería de ser mayor al que el ex funcionario ofrece, esto al recordar que Lozoya afronta dos procesos: uno por la compra que hizo Pemex a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados y otro por ser el principal acusado de la trama de corrupción de Odebrecht en el país.

“Eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones (de dólares) se me hace muy poco. Es que 10 millones (de dólares) son 200 millones de pesos. ¿Cuánto entregó a los legisladores? Fue muchísimo más que eso. ¿Y de dónde salió ese dinero?”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Recordemos que la propuesta que el equipo legal de Lozoya Austin ha puesto sobre la mesa es de 10.7 millones de dólares.

Las declaraciones del presidente se dan luego de que ayer, durante una audiencia, se informara autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR), Pemex y la UIF, estuvieran de acuerdo en seguir las pláticas para alcanzar el acuerdo.

Aunque se mostró abierto a una negociación, el mandatario pidió “que hagan bien las cuentas”. “Si se llega a un acuerdo de reparación del daño, yo lo veo muy bien”, sostuvo López Obrador.

“Pero tiene que ser una cantidad considerable, de acuerdo a lo que se prueba que se sustrajo ilegalmente, que devuelvan el dinero, que se repare el daño, eso es lo principal. Lo demás, pues de acuerdo a las leyes pueden seguir el juicio en sus casas, pero que devuelvan el dinero”, añadió el presidente.

Lozoya fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a nuestro país a mediados de ese año.

Adicional, la defensa de Lozoya argumentó que tiene elementos para inculpar a Peña Nieto y extraditarlo desde España, al citar como ejemplo al expresidente peruano Alejandro Toledo, extraditado hace unos días desde Estados Unidos a Perú por el caso Odebrecht, acusado de haber recibido 35 millones de dólares.

La Directora Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló los montos que recibirán como compensación las y los consejeros que concluyen sus encargos el próximo 3 de abril, entre ellos el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

En el oficio que se entregó, se detalla la Compensación por Terminación de la Relación Laboral (CTRL) que se asignará. El INE señaló que este tipo de compensación es común en el sistema laboral mexicano, tanto en el ámbito privado como en la esfera pública, pues se contemplan como parte de las liquidaciones relacionadas con la conclusión o la separación del trabajador o servidor público, según corresponda.

Para el período que comprende del 4 de abril de 2014 al 3 de abril del 2023, que es el cargo en que se desempeñaron los consejeros que terminan su encargo, el monto asciende a 1 millón 663 mil 388 pesos.

En el caso del Consejero Presidente, se aclaró que aplica el mismo cálculo para los nueve años en su encargo. Pero debe tomarse en cuenta que fue designado Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral el 15 de diciembre de 2011 sin que, al término de ese encargo, percibiera algún monto de compensación por conclusión del mismo.

Por ello, debe considerarse todo el periodo en que laboró de forma ininterrumpida para el entonces IFE y el actual Instituto Nacional Electoral. Así, el monto que recibirá es de 1 millón 934 mil 380 pesos.

Se recordó que por prohibición constitucional, el consejero presidente, así como las y los consejeros electorales no pueden tener otro empleo, cargo o comisión, a diferencia de lo que acontece con otros servidores públicos, por ejemplo los legisladores, que pueden tener negocios propios.

De igual forma, se detalló que los consejeros tienen prohibido desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular durante los dos años siguientes a la conclusión de sus encargos.

Así: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Margarita Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, no podrán buscar algún cargo público al menos hasta 2025.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes la entrega de 100 millones de dólares adicionales para ayuda humanitaria a Ucrania, después de que los países del golfo Pérsico fueran acusados de apoyar a Rusia tras la última decisión de la OPEP+ de recortar la producción de petróleo.

La agencia de noticias estatal emiratí WAM dijo que esta decisión fue emitida por el presidente del país, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a modo de “ayuda adicional” para la población ucraniana afectada por la invasión rusa.

Por su parte, la ministra de Estado de Cooperación Internacional emiratí, Reem al Hashimy, dijo que “estas ayudas adicionales provienen de la convicción de Su Alteza, el presidente, en la solidaridad humana, especialmente en los casos de guerra y conflicto”.

Asimismo, recordó que Emiratos brindó ayudas similares a Ucrania en los últimos meses, desde el comienzo de la invasión a finales de febrero, y que su país también mandó cargamento humanitario para los refugiados en Polonia y Moldavia, en respuesta al llamamiento de Naciones Unidas.

Esta medida ha sido anunciada en un momento en el que Estados Unidos y varios países occidentales están acusando a los países árabes que forman parte de la OPEP+ de apoyar a Rusia, al considerar que el acuerdo de reducción de la producción de petróleo beneficia a los rusos y va en detrimento de Occidente.

De hecho, el gobierno de Estados Unidos consideró que Arabia Saudí está apoyando económica, moral y militarmente a Rusia con su decisión, y La Casa Blanca afirmó que revisará su relación con el reino árabe a raíz de esto.

Ante la críticas, Arabia Saudí, que lidera la OPEP+ junto a Rusia, anunció también la donación de 400 millones de dólares en ayuda humanitaria a Ucrania, y expresó su disposición para “mediar” en el conflicto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que va a seguir la guerra sucia en su contra, y en contra del movimiento que encabeza, aunque dijo, “no da resultados”.

“Tiene un efecto boomerang: tiran y se les regresa, no les ayuda. Lo veo en la actitud de la gente”, dijo el mandatario.

Retomó el caso del hackeo del colectivo Guacamaya y cómo lo abordaron los medios. Cuestionó que se haya vendido como “la gran nota” sus afectaciones de salud.

“A quién se le ocurre dar a conocer con cómo una gran nota que estoy enfermo cuando el pueblo de México es respetuoso de los enfermos, de la gente mayor. El pueblo de México no es de malas entrañas, hasta cuando se trata de un presunto delincuente y se muere su madre, piden permisos para que vaya al velorio y muchas veces se le otorga, porque estamos llenos de sentimientos, humanitarios. Este es un pueblo excepcional”, indicó.

Señaló que lo que pasa con sus adversarios es que no conocen al pueblo e incluso muchos de ellos desprecien al pueblo.

Reconoció que van a seguir las calumnias, pues eso tiene que ver con el hampa del periodismo, que siguen creyendo que la calumnia “cuando no mancha, tizna”.

Sin embargo, dijo que el pueblo de México es de los pueblos más conscientes, “más avispados” del mundo por lo que no le preocupa lo que sigan haciendo sus opostoriores.

En ese sentido, relató que todo se trata de algo “elemental”. “Imagínense me han investigado, me han espiado desde los años setentas; hace 45, 50 años. Yo tengo una especie de religión: para mí el amor y el poder tienen que ser puros; el poder tiene que ser puro para que se convierta en virtud y se ponga al servicio de los demás”.

Aprovechó para reiterar que a él nunca le ha interesado el dinero. Relató que llevo décadas sin tener una cuenta de cheque o usar tarjetas de crédito.

“No traigo cartera, quién administra mis ingresos es Beatriz y antes Rocío, y me daban para mis gastos para lo elemental. No me importa, nunca me ha interesado el dinero, lo material, pero también siempre digo, porque no me gusta ofender a nadie, que no todo el que tienes malvado, y respeto a todos nada más que yo tengo una manera de pensar y de ser”, añadió.

Retó a sus adversarios a “encontrar algo ilícito” reiterando que no es corrupto. “Les va a costar mucho trabajo pero que sigan su camino”.

Insistió en tener la conciencia tranquila, seguir, no detenerse y enfrentar los ataques. Para ello dijo, es importante tener autoridad moral, lo que tiene que ver son ser honesto.

“Un corrupto no aguanta ni  la primera lanzada, lo hacen trisas. La honestidad es un escudo, es algo que protege. Un dirigente político que quiere transformar y hacer historia, tiene que ser honesto”, remató.

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que los recursos que hayan sido abandonados en cuentas bancarias se tomen y se destinen a temas de seguridad pública.

El documento, avalado en lo general, con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención y, en lo particular, con 366 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones, especifica que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescriban en favor de la seguridad pública y se deberán destinar a las políticas y acciones de combate a la delincuencia.

La llamada ‘Ley Mier’, debido a que fue una iniciativa del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, ha encendido las alertas pues contempla que los depósitos e inversiones, así como sus intereses, que no tengan movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, es decir, después de 3 años en sus cuentas originales, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Así, en total son seis años que dichos recursos deben estar “abandonados” en las cuentas bancarias.

Se aclara que para que la prescripción sea valida, el importe no deberá exceder por cuenta, al equivalente a 540 Unidades de Medida y Actualización en la Ciudad de México, es decir el equivalente a 51 mil pesos.

“No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito; es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales”, aclaró

En el dictamen, que fue avalado y remitido al Senado, se establece que las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto.

Para realizar el traslado de los recursos financieros a que se hace referencia, correspondientes al año 2022, se indica que el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá instrumentar los mecanismos y acuerdos necesarios con las instituciones que conforman el sistema bancario, para que estos procedan en un plazo que no exceda los 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma.

Llamó la atención que la ‘Ley Mier’ se consideró de urgente resolución, por lo que se le dispensaron todos los trámites, se sometió a discusión y votación de inmediato, y se remitió al Senado para sus efectos constitucionales, es decir, que pueda ser analizada y en su caso aprobada.

El morenista indicó que su propuesta tenía la finalidad de disponer de los recursos olvidados y sean destinados para lo que se establece en la estrategia nacional de seguridad pública y el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad tanto a nivel federal como de las entidades federativas y municipios.

Dijo que en el sistema financiero se alojan recursos que no tienen origen lícito y provienen de la delincuencia organizada. “Se da certeza jurídica, ya que son recursos que ya prescribieron”.

Adicional, señaló que al modificar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, se contaría con poco más de 10 mil millones de pesos para la consolidación de los elementos de seguridad pública que también implican a la Guardia Nacional.

La austeridad no dio para tanto. Estamos en el cuarto año de gobierno y ni recortando sueldos y prestaciones; ni apropiándose del dinero de los fideicomisos; ni extorsionando empresarios, logra este gobierno los recursos que quiere para comprar simpatías.

El presupuesto de este año de 8 mil millones de pesos no tiene precedentes.

¿Qué va a pasar cuando a AMLO se le acabe el dinero?

Ya lo dijo claramente en su mañanera del miércoles 28 de septiembre. Si los empresarios que deben millones al fisco no pagan, entonces vendrá un aumento de impuesto y se endeudará (más) el gobierno.

Concretamente el presidente dijo que antes de él, no pagaban impuestos “los grandes contribuyentes”, pero que ahora sí todos están pagando. Todos, menos unos 20 o 30 empresarios que son rezagos del pasado porque no aceptan, según el presidente, la nueva realidad en la cual la defraudación fiscal es un delito penal.

Y entonces vino la advertencia: “Necesitamos finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, no endeudar al país”.

Así queda claro que cuando deje de haber dinero para lo que el presidente quiera, quedando aún poco menos de dos años de su gobierno, le aventará la culpa a los empresarios para justificar un aumento en los impuestos y en la deuda del país. Será culpa de los empresarios por no haber pagado sus impuestos.

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Ayer en el senado quedó de manifiesto que la cola larga de nuestros políticos es la más poderosa herramienta del actual gobierno. Para lograr los votos que avalaran que el ejército permanezca cuatro años más en las calles en labores de seguridad pública solamente hizo falta tiempo.

Los senadores del PRI acabaron dándole al gobierno los votos necesarios para que esto fuera posible. Salvo contadas excepciones, como la muy destacable y valiente postura de la senadora Claudia Ruiz Massieu, sus colegas de partido se doblegaron.

Justificaron su voto en que se logró mayor presupuesto y supervisión para que los militares ejerzan trabajos de seguridad pública. También en la idea de que vendrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Y que la verdadera militarización no está en darles más tiempo a los militares en las calles sino en que la Guardia Nacional pase a manos de la SEDENA y que ahí va a haber un alto mucho más riguroso.

Lo que vivimos hoy en México es realmente preocupante. Es ceder todo el poder al ejército. Queda muy claro que el país no padeció los regímenes militares-autoritarios de otros países de la región. No tuvimos al ejército al frente del gobierno como sucedió en Brasil; Chile y gran parte de América Latina. Pero eso no significa que el ejército va a permanecer al margen por siempre en México. Increíble que el presidente que prometió acabar con la militarización del país sea el que les esté dando hasta el poder de manejar el turismo en México. Dar poder es fácil. Quitarlo, no es tan sencillo.

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este martes que enfrentarán los amparos que se han presentado en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, tal como se hizo con en el AIFA, y acusó a que hay intereses económicos detrás de ellos.

“Se resolverá la lluvia de amparos como se resolvieron los del Aeropuerto Felipe Ángeles”, precisó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador se refirió así a un nuevo amparo otorgado por un juez, esta vez a la asociación Defendiendo el Derecho de un Medio Ambiente Sano (DMAS), para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5 del proyecto Tren Maya.

La orden prohíbe que las obras relacionadas con el proyecto continúen con sus actividades ya sea de construcción, infraestructura, destrucción o remoción, en esta zona.

El mandatario acusó que quienes promueven esos amparos no son ejidatarios sino pseudoambientalistas. “Cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes”, dijo, y adelantó que en breve se informará sobre Calica y Xcaret, que dijo, son los que realmente destruyen el ecosistema de la zona.

López Obrador defendió además el decreto que permite que se siga construyendo el Tren Maya sin que se tengan todos los permisos que la ley marca, tales como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pues dijo que es legal y está validado por la autoridad judicial.

“Es que el acuerdo lo suscribí porque tenemos que avanzar y ellos lo que quieren es que no hagamos nada. No me estoy chupando el dedo, si no emito el acuerdo, pues nos paran por completo, eso es lo que ellos quieren, a ellos no les importa que se quede inversión tirada, que es dinero del pueblo, yo tengo que cuidar eso, para eso me eligieron, para defender los intereses de pueblo”, afirmó.

AMLO dijo que nadie quiere destruir el medioambiente; aseguró que desde hace muchos años su movimiento lucha por causas justas. “A lo mejor ellos sí, pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, luchando por las causas justas, luchando por la justicia y ese acuerdo está validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte, es legal”, insistió.

Reiteró que los amparos están en el tramo que va de Cancún a Tulum, una de la zonas más turísticas en el país, afirmando que es justo ahí donde está el “dinero”. “Reto a los expertos, economistas, ambientalistas, ¿dónde hay más dinero, de toda la ruta, dónde está el dinero?”, cuestionó.

Reiteró que la obra se va a inaugurar en diciembre de 2023 y señaló que su deseo es que el tren de pasajeros regrese a México, tal como existe en otros países del mundo. Finalmente, expresó que la obra beneficiará a toda Centroamérica.

“Yo creo que en el caso de Guatemala, de todo Centroamérica se van a beneficiar con el tren. En Guatemala se va a modernizar la vía férrea y van a haber trenes nuevos del Istmo hasta Ciudad Hidalgo, que está en la frontera con Guatemala”, afirmó.

El abogado Juan Collado, encarcelado y sujeto a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por supuesta extorsión.

Según el reporte del periódico Reforma y del portal Animal Político, Collado denunció a Scherer Ibarra, ex colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y una de las personas más cercanas al mandatario entre 2018 y 2021, de que junto con sus abogados le habrían pedido entregar acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V además de altas sumas de dinero para, supuestamente, negociar su libertad.

“Libertad por libertad”, le habría advertido uno de los abogados a Collado, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019; entre otros asuntos, se le acusa de haber comprado un terreno de manera fraudulenta.

De acuerdo con las notas periodísticas, Collado supuestamente les entregó 10 de los 20 millones de pesos en efectivo que exigían a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual estaba a cargo de Santiago Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra.

Según Collado, además de los 10 millones de pesos, habría entregado a Scherer y a sus abogados 1.3 millones de dólares con la promesa de que las influencias del consejero jurídico lo ayudarían a dejar el Reclusorio Norte.

Asimismo, afirmó que dio un pago final de 2,000 millones de pesos como reparación del daño, a fin de que Scherer promoviera su excarcelación.

Aunado a ello, en un segundo encuentro, los abogados cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia le habrían insistido al empresario y jurista hacer una alianza, “ya que Julio Scherer tendría todo el control del aparato de justicia y podría utilizarlo en favor de mis clientes”.

En la denuncia, Collado relató cómo sufrió extorsiones y presiones de Scherer Ibarra a través de sus abogados.

Tras la publicación de los artículos, Santiago Nieto, ex titular de la UIF, aseguró en su cuenta oficial de Twitter, que durante su gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes contra ninguna persona.

Y aseguró que institucionalmente él presentó dos denuncias contra Collado, una el 4 de julio de 2019 y la segunda el 3 de septiembre de 2020.

Más tarde, Scherer Ibarra habló del asunto también en Twitter, en donde reconoció que se reunió con los hijos de Collado pero refirió que fue a petición de ellos y que turnó el asunto a la Fiscalía General de la República “por ser de su competencia”.

“No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de este con sus abogados. Todo lo demás, son inferencias de mala fe”, enfatizó.

La firma legal de Collado tiene un largo historial atendiendo a gente poderosa en el país. Defendió a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, de la acusación de asesinato del político José Francisco Ruiz Massieu cometido en septiembre de 1994.

También defendió a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, sentenciado por narcotráfico y se hizo cargo de la representación del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto en el proceso de divorcio de su esposa Angélica Rivera.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazara el plan de austeridad que el gobierno federal presentó para generar ahorros al interior del Instituto, alegando que quien lo generó desconocía el funcionamiento del  órgano electoral, su funcionamiento, e incluso lo considera “poco serio”, este viernes el secretario de Gobernación insistió en que no hay margan para cumplir con la solicitud del INE.

“Desde luego que nosotros ayer mismo indicamos que era un trabajo a profundidad que se había realizado, se revisó todos los rubros del Presupuesto de Egresos 2022 y elevamos esa propuesta, ese análisis para que ellos pudiesen revisarlo y en todo caso aplicar las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales, que son los que permitirían casi tres mil millones de pesos, digamos, conformarían esa bolsa, dinero suficiente para llevar a cabo la revocación del mandato, que es una obligación constitucional que reconoció incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, respondió durante la mañanera Adán Augusto López.

El funcionario reiteró que tal como las autoridades hacendarias, la oficial mayor y el equipo de trabajo y el secretario de la Función Pública, lo informaron ayer en la mañanera, no hay margen en el presupuesto público para cumplir con la petición que presentó el INE, por más de mil 700 millones de pesos.

“Está muy acotado” el presupuesto, enfatizó el titular de SEGOB. Añadió que presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales, y dijo que no es posible pensar que se vaya a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega de las pensiones a los adultos mayores para responder a las demandas del INE.

Además, volvió a señalar que no hay ningún precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido un aumento o un adicional presupuestal.

Al participar en el séptimo encuentro del Grupo Puebla, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó que en México se está viviendo una profunda Transformación, un cambio de época, un cambio de régimen político y de modelo económico donde se está reconstruyendo el Estado y redefiniendo el papel del bienestar.

“Durante muchos años, el neoliberalismo nos vendió la idea de que el Estado era esencialmente corrupto. Nos dijeron que el Estado era como Medusa: todo lo que miraba se convertía en piedra, en una estatua de la corrupción; cuando en realidad ese era un mito que encubría una política de saqueo para el beneficio de unos cuantos. Ahora, a tres años del arranque de la Cuarta Transformación, podemos decir que estamos viviendo una redefinición del Estado y su papel, tanto en la economía, como en la sociedad”, subrayó Delgado.

El morenista afirmó que hoy se tiene un Estado que pone por delante la justicia social, que pone primero a los pobres, donde 25 millones de hogares en México reciben un apoyo mediante programas sociales, que ya son derechos constitucionales y que tiene una inversión histórica.

Fue en una entrevista posterior a su participación en este evento, que acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de “ponerse sus moños”, en cuanto a su intención de devolver la mitad de sus prerrogativas correspondientes a 2021, tal como lo prometió el partido.

Mario Delgado afirmó que pidió un número de cuenta al INE para hacer el depósito de 650 millones de pesos que el partido tiene listo y disponible para devolver. Sin embargo, explicó que el INE le contestó que no era posible, pues existe una reglamentación que se debe cumplir para la devolución del dinero.

“El INE ahora se pone sus moños, es como ellos dicen, sin embargo, nosotros tenemos los recursos para devolverlos”, declaró  Delgado, quien añadió que ante la respuesta del INE ya dialogan directamente con la Secretaría de Hacienda para saber de qué manera se puede hacer la devolución del dinero.

De los 800 millones de pesos que Morena anunció devolvería, y que anunció se destinaría a la compra de vacunas contra el COVID-19, hasta septiembre pasado solo había devuelto 150 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados su segundo paquete de auditorías sobre la Cuenta Pública de 2020, en el que identificó 12,655 millones de pesos en irregularidades, de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarar, mientras que 402 millones ya han sido devueltos por las instituciones vigiladas. 

De acuerdo a un análisis realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el monto identificado en irregularidades es una cifra equivalente a todo lo que gasta la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar y perseguir delitos del orden federal), de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarado 

Las irregularidades se pueden dividir en cinco categorías. Entre ellas, el Gasto Federalizado, es decir, el presupuesto que transfiere la federación a los gobiernos locales, y que concentra la mayor parte de las irregularidades con un monto de 10,794 millones de pesos. En segundo lugar, el rubro de Desarrollo Económico sufrió daños por 865 millones. En tercer lugar, la Auditoría detectó que el presupuesto para el Desarrollo Social tuvo irregularidades que le pudieron costar 658 millones a la Hacienda Pública. En cuarto lugar, las tareas de Gobierno tuvieron anomalías por 325 millones. Por último, aquellas auditorías no incluidas en el marco de referencia del Gasto Federalizado presentaron problemas por un monto de 14 millones.

En el caso de las auditorías al Gobierno Federal, la categoría funcional que padeció mayores problemas fue el presupuesto para Desarrollo Económico, específicamente las actividades de Desarrollo Económico con mayores malversaciones corresponden a las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Esta dependencia por sí sola concentra 77%. Le siguen las empresas productivas del Estado: CFE y Pemex, con anomalías por 93 millones y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social con 82 millones. Por su parte, Energía, Trabajo y Previsión Social, las entidades no sectorizadas y Economía tienen desvíos de entre cinco y diez millones de pesos.

Tan sólo las dos auditorías con mayores montos de probables daños a la Hacienda Pública suman 52% de las irregularidades del rubro de Desarrollo Económico. En particular, tales investigaciones corresponden a la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

En tanto, las dependencias con presupuesto para el Desarrollo Social tuvieron daños presupuestales por 658 millones de pesos según los datos de la segunda entrega de auditorías de 2020. Entre estas entidades, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realizaron un ejercicio irregular de los recursos por alrededor de 160 millones cada una. En tercer lugar, la Secretaría del Bienestar no ha justificado o devuelto el ejercicio de 113 millones de pesos. Le siguen la Secretaría de Cultura con 89 millones, las aportaciones a la seguridad social con 75, la Secretaría de Educación Pública con 32, Salud con 22 y las instituciones de educación superior con 5 millones de pesos.

La Auditoría detectó que entre las dependencias con funciones de gobierno se realizaron ejercicios indebidos de recursos por 326 millones de pesos. En primer lugar, la Secretaría de Gobernación tiene pendiente de aclarar 143 millones. En segundo lugar, Hacienda y Crédito Público presentó irregularidades por 78 millones. Después están las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Relaciones Exteriores. Por último, el Poder Judicial tuvo anomalías por menos de 300 mil pesos.

Con la segunda entrega de resultados sobre la Cuenta Pública de 2020 se dieron a conocer las conclusiones de 625 auditorías. En ellas se encontró que hasta el momento hace falta aclarar el ejercicio de 12,252 millones de pesos, particularmente entre el Gasto Federalizado que acumula el 85% de las irregularidades. Además de eso, la Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños a la Hacienda Pública por 1,848 millones en el gasto de la Administración Pública Federal.

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló esta mañana sobre el caso de su hermano Pío López Obrador, y dijo que debe ser castigado si se demuestra que es culpable de actos de corrupción.

“Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia”, contestó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue a Pío López Obrador por videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo por parte de David León, durante la campaña electoral de Chiapas en 2015.

“Lo de mi hermano ha quedado muy claro, de manifiesto, que no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación”, añadió López Obrador. Recordó que en 2018 le dieron “su confianza millones de mexicanos” y prometió que no los traicionaría.

Ofreció una disculpa a quienes afecta que siga denunciando actos de corrupción, pues dijo, es el principal problema de México; sacó de su bolsillo un pañuelo blanco para declarar que “ya no se permite la corrupción”. Y aunque admitió que todavía hay actos de corrupción “abajo”, aseguró que “arriba ya no hay”, en referencia a los altos funcionarios del gobierno.

Recordemos que el 20 de agosto de 2020, Pío López Obrador apareció en un video en el que se observan presuntas entregas de dinero de parte del entonces funcionario del gobierno de Chiapas, David León Romero.

Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido (Morena) a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar ese año.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó el año pasado que no encontró “nada significativo” en la investigación sobre el hermano del presidente.

Sin embargo, Pío López Obrador no es único hermano de AMLO señalado de estos actos; en julio pasado se divulgó en el sitio Latinus material de 2015 en el que Martín Jesús López Obrador, otro hermano del presidente, recibe presuntamente 150,000 pesos en efectivo de David León Romero.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó una demanda en Estados Unidos para recuperar el dinero vinculado a las operaciones de presunto lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, quien fue arrestado en ese país por delitos de narcotráfico.

“La acción presentada cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares, las cuales según se alega en la demanda se ubican o cuentan con operaciones en la Florida”, explicó el organismo en un comunicado.

La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, aseguró que estas empresas son propietarias de activos derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública.

La demanda, presentada ante una corte de Miami, Florida, alega que este grupo de empresas fue creado por García Luna y allegados para esconder recursos derivados de actos de corrupción. El recurso legal fue presentado en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Recordemos que García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn en Nueva York, y está a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos.

Es acusado por la justicia estadounidense de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, mientras era el encargado de la seguridad nacional en nuestro país.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, lo anterior habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. El mes pasado, un tribunal de Nueva York retrasó hasta el 26 de octubre la audiencia del juicio del exsecretario.

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron este lunes que los gobiernos federal y de la Ciudad de México contrataron a 585 médicos cubanos que no contaban con título universitario para atender a pacientes COVID-19 en México.

A través de sus redes sociales, Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, reveló varios documentos que obtuvo de fuentes oficiales, en los que se menciona que el Gobierno de Ciudad de México habría contratado 585 médicos para apoyar en la pandemia quienes, supuestamente, no cuentan con un título que respalde su experiencia.

Rementería señaló que preguntó a seis dependencias públicas, a través de solicitudes de información, algunos datos que le permitieran conocer la capacidad profesional de los médicos cubanos contratados por México en 2020.

De acuerdo con los datos expuestos, tanto el gobierno federal como el capitalino habrían gastado poco más de 255.8 millones de pesos  en la contratación de los especialistas.

Según los documentos, la Secretaría de Bienestar, a través de un convenio de colaboración, habría transferido el 21 de abril de 2020 más de 135 millones de pesos al gobierno capitalino para ayudar en la crisis de la pandemia.

Mientras que sólo tres días después, el 23 de abril, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó con el gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, dos convenios bianuales por un total de más de 255.87 millones de pesos.

Aseguró que en ese convenio, el Ministerio de Salud de Cuba se comprometió a “garantizar que el personal enviado a México tiene total capacidad y experiencia”.

Sin embargo, el senador del PAN explicó que al solicitar información de los médicos contratados, instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no pudieron otorgar datos, por lo que concluyó que los profesionales de la salud eran “falsos”.

También denunció que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) permitió que “extranjeros sin título médico ejercieron de manera oficial funciones de salud en México”.

Y acusó al Instituto Nacional de Migración (INM) de dejar entrar a 585 personas, “sin saber quiénes son, ni a qué vienen”.

Rementería afirmó que con esta investigación “se comprueba” que se orquestó un “fraude” al erario público por cientos de millones de pesos. Pidió a las autoridades de salud que proporcionen los expedientes de los pacientes a quienes trataron estos “falsos médicos” y saber cuántos mexicanos murieron “por culpa de este fraude” además de que se indemnice a familiares y los responsables respondan ante la ley.

En respuesta a lo denunciado por el senador panista, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que  la contratación que llevó a cabo su gobierno de médicos cubanos durante la pandemia fue transparente y a través de un convenio oficial.

“Están buscando que haya algún tema con relación a esta solidaridad que recibimos por parte de los médicos cubanos. Por supuesto que se les pagó, no fue gratuita esta solidaridad, se les pagó a los médicos –igual que se les paga a los médicos mexicanos– y se hizo un convenio, totalmente oficial, establecido claramente; y, por supuesto, está la información disponible”, dijo en conferencia.

Adelantó que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) informará a detalle sobre el convenio que se estableció con el Gobierno de Cuba para la contratación de personal médico de dicho país.

FOTO: Twitter @MiguelPenaflor

La dirigencia nacional del PAN interpuesto este lunes una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Morena, tras la difusión del vídeo en el que se ve a su hermano menor, Martín Jesús, recibiendo dinero por parte del excoordinador nacional de Protección Civil, David León Romero.

La queja, además de contra Morena, está dirigida contra todos los implicados en el caso.

El representante del PAN ante el INE, Juan Antonio Martín del Campo, ha detallado que la denuncia se ha presentado por una presunta violación a las normas que rigen la financiación de los partidos políticos, “la transparencia y rendición de cuentas en materia de fiscalización de los recursos, así como el presunto uso indebido de recursos públicos para la financiación de campañas electorales”.

Martín del Campo ha recordado que la Ley General de Partidos Políticos establece que todos tienen la obligación de reportar los recursos que reciben de particulares y deben presentar informes al INE respecto a su origen y uso.

De forma paralela, ha denunciado que los 150,000 pesos recibidos por el hermano de López Obrador, Martín Jesús,
exceden con mucho la cantidad permitida que una persona puede aportar a un partido.

Martín del Campo ha pedido una “investigación a fondo” y que se sanciones “con todo el peso de la ley” a los responsables.

Recordemos que el portal Latinus reveló el pasado jueves un vídeo que muestra a Martín Jesús López Obrador recibiendo fajos de dinero de manos de David León Romero, una situación similar a la ocurrida con otro hermano del presidente, Pío López Obrador, que se conoció hace un año.

De acuerdo con Latinus, el vídeo fue grabado por David León Romero en su casa de Tuxtla Gutiérrez en 2015, año en el que Morena participó en sus primeras elecciones como partido político.

AMLO señaló el viernes durante su conferencia de prensa, que si su hermano había cometido un delito debía ser “denunciado” para que sea castigado, aunque aseguró que la difusión del vídeo se producía para “perjudicarle” y forma parte de una “campaña negra” en su contra.

Al respecto, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, indicó que tras la difusión del video, López Obrador ya no tiene calidad moral para seguir hablando de combatir la corrupción, si no pone el ejemplo sancionando fuertemente a sus familiares y colaboradores más cercanos.

Indicó que cuando el presidente justifica y no sanciona los actos de corrupción de sus familiares y cercanos, hace evidente su incongruencia y complicidad, siendo claramente candil de la calle y oscuridad de su casa.

“Se comprueba fehacientemente que sus hermanos recibieron dinero de manera ilícita y su negativa a reconocer los hechos buscando justificarlos, muestran una total incongruencia y confirma que el discurso del gobierno morenista de combatir la corrupción es pura propaganda y persecución política”, expresó.

El dirigente panista denunció que es muy grave que el Presidente con total cinismo justifique las acciones de sus hermanos diciendo que fueron “aportaciones al movimiento” o “préstamos personales”.

Cortés Mendoza destacó que lo revelado en las videograbaciones con los dos hermanos del presidente, podrían ser solo la punta del iceberg de corrupción que ha envuelto a la familia presidencial, porque también está su prima, Felipa López Obrador, quien obtuvo contratos en Pemex.