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El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, y Timothy J. Shea, director en funciones de la Administración Antidrogas (DEA), anunciaron este jueves los resultado de un operativo contra los principales centros de distribución de drogas de los cárteles mexicanos en el país.

Las autoridades indicaron que se dio un «duro golpe» al concretar el arresto de 1,840 individuos y el decomiso de más de 12 mil 955 kilos de metanfetaminas.

Los funcionarios anunciaron el resultado de los primeros seis meses de la operación «Escudo de Cristal», la cual ha resultado también en el decomiso de 284 armas de fuego y 43.3 millones de dólares provenientes del narcotráfico mexicano..

Los blancos principales de la operación fueron el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

«La metanfetamina es una droga brutal relacionada con crímenes violentos y responsable de demasiadas muertes por sobredosis», dijo Barr durante una conferencia de prensa en Phoenix, donde se anunció el operativo.

La operación comenzó en febrero pasado y se enfocó en nueve ciudades identificadas como «centros» de distribución de los cárteles, entre ellas Atlanta (Georgia), Dallas (Texas), El Paso (Texas), Houston (Texas), Los Ángeles (California), Nueva Orleans (Luisiana), Phoenix (Arizona), San Diego (California) y St. Luis (Misuri).

De acuerdo con el gobierno federal, en estas ciudades se decomisó el 75% del total de las metanfetaminas confiscadas por la DEA en 2019.

«Este problema no será resuelto mientras no se solucione este problema también en México», dijo Barr, y aseguró estar trabajando muy de cerca con el Gobierno mexicano, incluyendo la posible extradición de líderes de cárteles para ser enjuiciados en Estados Unidos.

El principal objetivo de «Escudo de Cristal» fue concentrarse en los centros de distribución de la metanfetamina en Estados Unidos.

Los funcionarios dijeron estar satisfechos con los resultados a pesar de la pandemia de la COVID-19, que afectó la implementación de esta operación.

Barr indicó que una de las herramientas que están utilizando los traficantes de droga es el uso de aplicaciones como WhatsApp para llevar a cabo sus operaciones.

En los meses anteriores al lanzamiento de ‘Escudo de Cristal’, las comunidades a través del país vieron un aumento en el uso de metanfetaminas, dijo Shea en la conferencia de prensa. Añadió que a pesar de la pandemia las operaciones del narcotráfico no han cesado.

Luego de que esta mañana se difundiera en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una tabla con supuestas aportaciones que hicieran fundaciones internacionales a diversas organizaciones mexicanas para «oponerse» al Tren Maya, algunas de éstas salieron a aclarar el tema.

La directora de México Evalúa, organización que fue señalada de recibir 85 mil dólares de de la Fundación por la Democracia, Edna Jaime, indicó a través de sus redes sociales que la información presentada por el presidente no es veraz..

Indicó que México Evalía recibe fondos para analizar políticas públicas, en ese caso, la reforma al sistema de justicia, más no al Tren Maya.

«No ‘nos oponemos’ a nadie, somos sociedad civil que piensa, analiza y construye un mejor país», enfatizó Jaime.

Añadió que la organización trabaja con datos, evidencia, estadística y hechos. En lugar de ‘oponerse’, proponen para que el dinero público se use con honestidad, remató.

Por su parte Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) quien fue señala por el gobierno federal de recibir fondos para oponerse al Tren Maya, 220 mil dólares de la Fundación Ford y de la Fundación del Departamento de Estado otros 90 mil dólares y 25 mil dólares de la Fundación Rockefeller, también dijo que la información es falsa.

Sin embargo, no dio más detalles o aclaración al respecto.

Daniel Moreno, director de Animal Político, utilizó sus redes sociales para aclarar el señalamiento. Dijo que por segunda ocasión, el gobierno federal difunde información falsa sobre el medio.

«En ninguna de las dos ocasiones, ni en la Presidencia ni su vocero @JesusRCuevas  nos han buscando para confirmar la información y conocer nuestra versión. Espero que ahora, a diferencia de la primera vez, ocupen la misma tribuna de la mañanera para aclarar la mentira de hoy», dijo el periodista.
Relató que desde 2016, Editorial Animal ha recibido financiamiento para la realización de diversos proyectos  editoriales y de investigación por parte de diversas fundaciones, como Ford y Kellogg, cuyos recursos sirvieron, por ejemplo, para financiar proyectos como ‘Verificado2018’, la sección ‘México Desigual’ o reportajes como ‘Matar en México’, además de que se han invertido en pagar salarios de periodistas, fotógrafos y diseñadores.
Indicó que los proyectos en que se ha utilizado el dinero de dichas fundaciones, nada que ver con el Tren Maya, además de que según el documento presentado, reciben financiamiento desde 2016, cuando ni siquiera existía el proyecto de la 4T.
«Animal Político no recibe financiamiento condicionado a alabar o criticar ningún programa público. Incluso, ni siquiera hemos publicado algún reportaje amplio sobre el Tren Maya. Lamentamos profundamente que el Presidente insinúe que existe algo irregular, sin pruebas. Lamentamos también que el Presidente use las mañaneras para acusar, sin investigar antes».
Moreno aclaró que la Fundación Kellogg no tiene relación con la compañía de cereales, tal como lo dijo Jesús Ramírez en la mañanera.
«Kellogg es una fundación vinculada a la empresa trasnacional Kellogg (…) vende Corn Flakes y algunos tipos de alimentos de la mañana, Frutti Lupis y demás».

Si bien e Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura (CCMS) no emitió un posicionamiento, ha retuiteado mensajes como el del periodista Alfredo Lecona, en el que asegura que lo exhibido esta mañana

 

LUIS CARLOS UGALDE

EL FINANCIERO

 

 

Los videoescándalos de la semana pasada sólo confirman que todos los partidos, campañas y candidatos son rehenes de un problema estructural y cada vez más grave de la democracia electoral en México: el financiamiento ilegal de las campañas o el llamado ‘dinero bajo la mesa’.

Aunque López Obrador diga que es diferente, durante los últimos años han aparecido de forma intermitente videos o audios de colaboradores o aliados que en su nombre piden o reciben dinero en efectivo. Ha sido un mismo modus operandi que se repite aquí y allá.

Hacer política a ras de tierra como López Obrador requiere mucho dinero en efectivo para la gasolina, para transportar gente a los mítines, para la logística y el sonido y la comida. Desde que tomaba pozos petroleros en Tabasco, luego en sus grandes caravanas por la democracia que realizó de Tabasco a la Ciudad de México en los años noventa y durante su peregrinaje por todo el país, el efectivo fue su medio para pagar buena parte de sus actividades.

Él mismo no usa tarjeta de crédito y ha presumido que no tiene una cuenta de cheques porque su dinero lo administra su esposa. Tampoco se sabe que haya pagado impuestos en los últimos años. López Obrador es, en sí mismo, el hombre del efectivo.

La semana pasada dijo que el caso Lozoya-Oderbrecht refleja una gran corrupción corporativa mientras el caso de Pío son aportaciones voluntarias del pueblo. Pero en realidad son intercambios de la misma naturaleza: en uno se trata de probables donaciones de un gran conglomerado empresarial brasileño que da dinero a cambio de contratos; en el otro se trata –seguramente– de la contribución de un gobernador mediante desvío de recursos públicos para comprar impunidad o para tener acceso político al nuevo gobierno.

En ambos casos la lógica de juego es la misma: te doy dinero hoy a cambio de un favor futuro. Ambos casos generan corrupción.

En el libro Dinero bajo la mesa que publicamos en 2018 María Amparo Casar y yo –con la investigación de Ximena Mata y Leonardo Núñez– argumentamos que las campañas políticas en México se han inundado de dinero bajo la mesa por tres razones principales. Uno, por los requerimientos financieros cada vez mayores de los candidatos para ser competitivos (una campaña de gobernador cuesta 10 veces más que el tope legal). Dos, porque las donaciones ilegales a campañas sirven para comprar acceso al nuevo gobierno. Y tres, porque las campañas son una buena oportunidad para enriquecerse.

Muchos gobernadores dan dinero a campañas de sus partidos o de otros para ganar aliados o comprar impunidad al dejar el cargo. Ese fue el caso de varios que apoyaron la campaña de Peña Nieto en 2012 y que lograron así trato privilegiado e incluso impunidad. Y este puede ser el caso de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, quien en 2018 ‘reventó’ la alianza que su partido tenía con el PRI y de donde salieron cientos de miles de votos que ayudaron al triunfo de Morena en esa entidad.

Entender que el problema del dinero bajo la mesa es estructural y sistémico es el primer paso para corregirlo. La negación es prolongar el problema. En 2021 se celebrará la elección más grande de la historia de México. ¡Cuánto dinero correrá en efectivo para los cientos de aspirantes a gobernador y alcaldes de ciudades importantes!

Este gobierno ha dado un paso importante para reducir el efectivo: combatir las empresas factureras que han sido un medio para monetizar recursos el gobierno y de empresas para canalizarlo a campañas. Pero falta más. López Obrador presume que el fraude electoral ya es delito grave. Pero el dinero bajo la mesa no se regula con leyes más estrictas sino con una reingeniería global que incluya mayores candados para el uso de efectivo, el voto obligatorio que reduzca el atractivo del clientelismo y una mayor fiscalización de las finanzas públicas.

Las senadoras del PAN, Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán, presentaron este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Pío López Obrador hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras el vídeo que exhibe que recibió dinero para la campaña de Chiapas del 2015.

«Venimos a presentar la denuncia por los vídeos en los que sale Pío López Obrador y David León. Se cometieron varios delitos para beneficiar a Morena y a AMLO», dijo Kenia López en sus redes sociales.

El breve texto se acompaña de una imagen en la que aparece junto a Gálvez, del mismo partido y ambas con cubrebocas, frente a una de las sedes de la Fiscalía en la Ciudad de México.

Las legisladoras pidieron al Ministerio Público que investigue si el dinero que recibió Pío López Obrador fue declarado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y si el partido del presidente, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dio un informe de ingresos en esas fechas.

Las senadores consideraron necesario que las personas involucradas en el vídeo sean llamadas a declarar y advirtieron de posibles actos de corrupción.

«Hoy, ante la Fiscalía General de la República, a nombre de Acción Nacional, presentamos una denuncia contra Pío López Obrador. Todo acto de corrupción debe investigarse sin pretexto alguno. No puede haber justicia selectiva e impunidad a conveniencia», indicaron.

Por su parte miembros de la Dirigencia Nacional Extraordinaria del PRD, encabezada por Ángel A´vila, acudieron al Instituto Nacional Electoral (INE)  a presentar una denuncia en contra del presidente, de su hermano Pío López Obrador y de David León Romero, por el financiamiento ilegal a las campañas del partido Morena.

En un breve mensaje a medios, el dirigente dijo que el presidente de la República es el principal beneficiario de las aportaciones ilegales realizadas por David León Romero. Señaló que los videos difundidos la semana pasada dejan al descubierto una red de corrupción que financió a Morena.

«Queremos saber si las aportaciones ilegales que se hicieron fueron un paso previo para estar en el gabinete del Presidente de la República», sostuvo Ávila.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que el presidente López Obrador busca una vez más debilitar a la oposición en México y desviar la atención de lo verdaderamente importante en este momento que es la compra y realización de pruebas de Covid-19 para contener los contagios, al llamar a los partidos a renunciar a parte de sus prerrogativas y donarlos a la emergencia sanitaria.

Señaló que López Obrador no ejerce de forma responsable y prioritaria los recursos públicos, pues sus proyectos faraónicos como el Tren Maya, Santa Lucía y la Refinería ascienden a más de 400 mil millones de pesos, que en comparación con lo que reciben los partidos es solo poco más del 1%.

En ese sentido indicaron que Acción Nacional presentará una propuesta de modificación a la Ley General de Partidos Políticos, para que en caso de que el Consejo de Salubridad General declare “Emergencia Sanitaria” se puedan utilizar una parte de sus prerrogativas.

Sin embargo, Cortés Mendoza afirmó que será requisito indispensable que el presidente López Obrador haga dos cosas:

  • Cancelar sus proyectos faraónicos y destinar esos recursos para cuidar la salud y el empleo de los mexicanos, porque ese dinero sí representa un monto significativo para atender la crisis de salud y económica, que hoy padece México.
  • Que instruya a su mayoría en el Congreso de la Unión, para que apruebe su iniciativa de ley.

Señaló que en caso de hacer uso de sus recursos se entregarán de manera directa para la compra de pruebas diagnósticas rápidas, así como material de protección, guantes, mascarillas, batas, para el personal de la salud que atienda en primera línea a la pandemia, como médicos y enfermeras.

«El compromiso del PAN es apoyar directamente a quien lo necesite, pero no entraremos en el juego del gobierno federal de devolver prerrogativas para que éstas sean mal gastadas, porque no es más que demagogia pura, un engaño y una cortina de humo para distraer a la gente de lo verdaderamente importante», acusó Acción Nacional.

El Dirigente Nacional pidió recordar lo que ocurrió en 2017 cuando los partidos regresaron dinero de sus prerrogativas y no se supo en qué se utilizaron los recursos, esto en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Aseguró que no hubo transparencia y tan es así que Morena, el partido fundado por López Obrador, fue investigado y sancionado por las autoridades electorales ya que lo recaudado para los sismos realmente lo utilizaron para pagar a operadores de este partido.

«Acción Nacional no entrará en las burdas artimañas del gobierno», remató el dirigente nacional.

Por su parte el Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que aceptaba la propuesta, aunque también puso ciertas condiciones para hacerlo.

El tricolor reconoció que la actual emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, llama a todas las instituciones públicas y privadas a contribuir con recursos para apuntalar nuestro descuidado sistema de salud.

Detalló que el proponen reasignar a la mitad su financiamiento público durante los 4 meses que dure la contingencia, siempre y cuando esos recursos no sean manejados por el Gobierno Federal, y se constituya un Fideicomiso con integrantes de la sociedad civil, que manejen dichos recursos. Además, están dispuesto a ceder la totalidad de sus tiempos ordinarios de radio y televisión.

Para asegurar que los recursos sólo se destinen a ayudar a la población afectada por el Covid-19, el PRI plantea las siguientes acciones:

  • Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Tesorería de la Federación firmen un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos aportantes, en el que aseguren que los fondos y recursos que se obtengan se destinen a un fideicomiso. Dicho fideicomiso tendría el propósito de financiar compra de equipo y material para realizar pruebas; abastecer medicinas para la prevención y cura del Covid-19; adquirir equipo e infraestructura médica, como respiradores y unidades de cuidado intensivo; y contratar y capacitar personal médico.
  • Por cada peso y/o spot que aporten los partidos políticos, la SHCP hará una contribución paritaria al citado fideicomiso.
  • El fideicomiso debe ser administrado por la sociedad civil, para asegurar que los recursos se destinen sólo al fin para el cual fueron otorgados. Los integrantes de este fideicomiso serán nombrados por el Consejo General del INE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que se devolverá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo más pronto posible a los empresarios y personas físicas, que aunque dijo es una obligación del gobierno, también ayudará a hacerle frente a la actual contingencia sanitaria que se vive.

AMLO descartó un escenario de desempleo masivo provocado por la crisis del coronavirus (Covid-19). “Lo de la devolución del IVA es un derecho y al mismo tiempo es la obligación del gobierno de devolverlo lo más pronto posible», afirmó.

López Obrador dijo que llevarán a cabo otras medidas para los empresarios con el fin de paliar los efectos de la crisis sanitaria.

No dejó pasar la oportunidad de decir que la devolución del IVA será dentro del marco de la ley, no como ocurría en administraciones anteriores. “No de manera ilegal. A los empresarios que aportaron a la campaña les devolvieron el IVA sin que fuese legal», criticó.

Reiteró que este domingo se anunciará el plan de empuje a la economía, donde la creación de empleos es una de los aspectos fundamentales del programa.

«El domingo es salud, bienestar y empleo, es básico lo del empleo, van a ver cuántos empleos vamos a crear, por eso digo que la recuperación económica se va a lograr pronto», dijo el mandatario.

Entre las otras acciones que se implementarán, señaló que no se aumentarán los impuestos, se mantendrán bajos los precios de los energéticos; no habrá derroche en el gobierno; que le cueste menos a la sociedad mantener el gobierno; no habrá corrupción; se garantizará un estado de derecho y se apoyarán las oportunidades para la inversión.

Al ser cuestionado sobre lo expuesto por Hacienda en sus Pre-Criterios 2021, de que habrá un decrecimiento de 3.9, en el PIB este año, AMLO dijo que «ahora tampoco coincido».

¿Cuál sería su meta de crecimiento o decrecimiento?, se le preguntó al mandatario. «Mire, para empezar, no existe normalidad económica por razones obvias, todo está alterado. Yo, por ejemplo, sostengo que el precio del petróleo va a aumentar. Si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 21, porque así es, son pronósticos para el 21, cuando estamos en el primer trimestre del 20, pues no se me hace correcto».

Ante los casos que se han registrado de saqueos en tiendas y comercios, en plena contingencia sanitaria, el presidente afirmó que se aplicará la ley a aquellos que se aprovechen de la situación y cometan este tipo de delitos.

“Estamos pendientes de quienes buscan sacar provecho de la crisis por el coronavirus; debemos actuar de manera ejemplar, de lo contrario se va a aplicar la ley», dijo López Obrador y pidió a los ciudadanos actuar de forma adecuada, pues su gobierno apuesta a la actitud ejemplar antes que a lo coercitivo.

Concluyó indicando que participar en los saqueos es de malos ciudadanos.

Una vez que se llegó al acuerdo de adhesión con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), los estados firmarán un convenio para traspasar a éste sus bienes médicos, informó esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell.

“Se han adherido ya los estados al Insabi y ahora se procederá a la firma de convenios específicos con cada uno de los estados para que se transfiera la infraestructura de salud en la nómina, el equipamiento», comentó.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el subsecretario señaló que lo anterior permitirá la construcción de un modelo único de salud y una mejor coordinación de los servicios médicos.

“Esto nos va a permitir tener un modelo único de accionar de salud para el bienestar, (…) y que tengamos coordinación entre las distintas instituciones para atender a la población no asegurada», destacó.

Ante las críticas al Instituto de Salud para el Bienestar, López-Gatell explicó que si bien actualmente no cuenta con una infraestructura física, fue un cambio de ley que permitirá la unificación del sistema y la prestación gratuita de los servicios.

El subsecretario de la Secretaría de Salud señaló que antes se tenía “un modelo precio, el del Seguro Popular, que duró 15 años, y era tan sólo un mecanismo de pagar».

Durante ese tiempo, refirió, el sector público de salud rentaba servicios integrales mediante intermediarios que muchas veces no eran necesarios y no resolvían los problemas en el sector, por ejemplo, máquinas de hemodiálisis que se ponían al servicio a un sobreprecio y el sistema lo que hacía era pagar.

“Las motivaciones estaban orientadas hacia el dinero, hacia la rentabilidad, la ganancia, no hacia proteger la salud de las personas y mucho menos en las poblaciones más desfavorecidas social y económicamente», sostuvo.

Con el fin de corregir estas prácticas, así como de asegurar el abastecimiento de medicamentos, recordó que actualmente, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, se realizan auditorías a todos los hospitales e institutos de salud.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), informó que lo decomisado en estupefacientes a los grupos delictivos representa más de 34 mil millones de pesos en diversas drogas como fentanilo, de la que se incautaron más de 598 millones de dosis.

En su reporte dado a conocer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular de la Sedena explicó que en la construcción de 81 instalaciones militares en zonas estratégicas del país, de acuerdo con el programa para disminuir la violencia e inseguridad, hay en ejecución 69 edificios donde se ubicarán compañías militares; de estas son 29 en Jalisco, 22 en Michoacán y 18 en Guanajuato.

“En 12 predios no se pudo iniciar la construcción porque se está esperando a que se regularice la propiedad de los predios donde se ubicarán las compañías, explicó al señalar que se instalarán más instalaciones militares en los estados de Durango, Tamaulipas, Sonora, Baja California, entre otros.

Detalló que los resultados de todas las instancias de seguridad arrojan 123 mil 158 aseguramientos en toda la República, más de tres mil eventos de robo de hidrocarburos, y 357 agresiones a todas las corporaciones del país.

Durante los operativos se han decomisado 51 mil 900 kilogramos de metanfetaminas, 200 mil 49 de marihuana, más de 21 mil de cocaína y también ha habido decomisos de goma de opio.

“En lo que corresponde al fentanilo, la droga que más daño causa a la sociedad, un gramo corresponde a una dosis, una ampolleta, una pastilla. Tenemos un total de 598 millones 857 mil dosis de fentanilo asegurada por las instituciones de seguridad. Se calcula que en recursos eso representa para los grupos delincuenciales 25 mil 813 millones de pesos, explicó el funcionario.

Indicó que se ha destruido miles de hectáreas de amapola y marihuana que representan nueve mil 857 millones 511 mil pesos.

Respecto al decomiso de armamento, Sandoval indicó que se han requisado cuatro mil 427 armas cortas, más de cuatro mil armas largas, 457 granadas, 27 mil cargadores, un millón ciento dos mil municiones calibre 50.

La propuesta para reformar el artículo 41 de la Constitución a fin de reducir a la mitad el financiamiento público otorgado a los partidos políticos, no alcanzó la mayoría calificada para su aprobación en la Cámara de Diputados.

El dictamen obtuvo, en lo general y lo particular, 274 votos a favor, 207 en contra y cero abstenciones, por lo que la presidencia de la Mesa Directiva informó que el proyecto de decreto quedaba desechado.

El documento surgió de diversas iniciativas, cuatro presentadas por la bancada de Morena, dos del PT, dos del PES y una del PRD, dictaminadas en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena).

Con dicha modificación se pretendía que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos, se fijara anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5%, en lugar del 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Al fundamentar el dictamen en tribuna, la diputada Carrillo Martínez puntualizó que los partidos políticos juegan un papel fundamental e importante en los regímenes democráticos; sin embargo, existen múltiples señalamientos sobre los altos costos que representan para la sociedad.

Y es que el modelo actual tiene su origen en la reforma política constitucional de 1977, cuando se estableció expresamente la existencia e importancia de los partidos políticos reconociéndoles el carácter de entidades de interés público. Después en 1987 se previó por primera vez el financiamiento público para actividades ordinarias.

En 1993 se incluyeron disposiciones normativas referentes al financiamiento privado, y fue hasta 1996 que se consolidó el régimen de financiamiento público de los partidos políticos al establecer una serie de medidas, y entre el año 2000 y 2003 hubo un aumento en el financiamiento, del 25% en términos reales para actividades ordinarias y específicas. Sin embargo, este crecimiento no se tradujo en una mayor participación ciudadana.

Posteriormente, en 2007 se estableció la fórmula que prevalece en el texto actual de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para calcular el monto de financiamiento público a partidos políticos por el desarrollo de sus actividades ordinarias.

En la última reforma, de 2014, no se alteró la fórmula de recursos a partidos en el ámbito federal, mismo que provocó un aumento en el financiamiento, ya que los partidos políticos reciben dinero por dos vías: la federal y la local.

Recordemos que las actividades ordinarias, que fueron motivo del análisis en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, comprenden los gastos para la participación ciudadana en la vida democrática, el gasto de los procesos internos de selección de candidatos, sueldos y salarios del personal, propaganda de carácter institucional y campañas de consolidación democrática, sólo por mencionar algunas.

El monto para el sostenimiento de estas actividades se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del total del financiamiento público que resulte, el 30% se distribuye entre los partidos políticos de forma igualitaria, y el 70 por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados anterior.

Diversas voces señalan que en el ámbito mundial, el voto en México representa uno de los más caros, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestro país es el que más subsidio otorga a los partidos políticos.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que en la presente administración se han congelado más de 5 mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales relacionadas con corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.

Explicó que dicha cantidad corresponde a 130 acuerdos de bloqueo, que han derivado, hasta este momento, en 127 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 vistas a distintas autoridades administrativas.

Indicó que el dinero permanece en los bancos, en espera de lograr las reformas legales para que pueda ser utilizado por el Estado mexicano en programas sociales.

Comentó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que, si la investigación es de sede nacional y no internacional, pueden los jueces de distrito dictar suspensiones provisionales y, por tanto, en realidad estar liberando las cuentas”.

Detalló que con la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue avalada en el Senado de la República y que será discutida en la Cámara de Diputados, “podemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y fortalecer nuestro sistema financiero a fin de evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del Estado de derecho de México”.

Añadió que en el Senado se discute un paquete de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita , al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la materia.

Remató señalando que la UIF está trabajando “muy de cerca con la Cámara de Diputados para lograr una reforma legal que permita mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero”.

Desde la cuenta de Twitter de Rosario Robles se informó esta mañana que su teléfono había sido «hackeado», además de que alertó que se han difundido mensajes falsos a nombre de ella.

Presumiblemente sería Mariana Moguel,  hija de la excolaboradora de Enrique Peña Nieto quien estaría manejando la cuenta de su madre.

En el tuit se señala que los mensajes que sean enviados desde ese numero son falsos.

Y es que según lo relatado, se relata que desde el número intervenido se ha estado solicitando dinero en nombre de la exsecretaria federal.

Recordemos que Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu en el sexenio pasado, está vinculada a proceso por el delito de uso indebido del servicio público, y se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Santa Martha Acatitla.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre las declaraciones que hiciera el equipo legal de Joaquín «El Chapo» Guzmán, sobre que solicitarán que los recursos que se le decomisaron a su cliente sean devueltos a México.

«Me gustó la declaración. ¿Para qué digo que no, si sí? Me gustó la declaración, no sé si sea cierta, no puedo yo verificarlo, pero si es como salió en los medios, que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México, yo lo veo bien, lo celebro», dijo el mandatario.

En ese sentido indicó que el gobierno mexicano ya inició un proceso legal para que todo lo que se confisque en Estados Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes de nuestro país se le devuelva a México.

Advirtió que ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trate de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos.

Aprovechó para informar sobre el caso del tiroteo de El Paso, Texas. Dijo que el gobierno mexicano está muy pendiente del juicio que se le sigue al responsable, mediante un trabajo coordinado entre la Fiscalía General y la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de que se castigue el crimen de odio, xenofobia y racismo contra mexicanos.

Reveló que si es necesario y procede de conformidad con la ley dependiendo de los delitos que se le van a fincar, se podría ejercer el derecho a solicitar su extradición a nuestro país.

«No a los crímenes de odio, no al racismo, no a la xenofobia. Eso no se va a permitir, no se va a aceptar», remató el presidente.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) informó que los detenidos en Polanco el viernes pasado en posesión de 3.3 millones de pesos en efectivo fueron liberados luego de que no se les acreditó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras ser detenidos, Cristian Trujillo y María RuIz, fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para iniciar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, ayer por la tarde-noche abandonaron las instalaciones.

Y es que el pasado viernes, como parte de un operativo, se le marcó el alto a una camioneta donde viajaban los detenidos, y tras hacer una revisión al vehículo por circular en actitud sospechosa, les fueron encontrados 3.3 millones de pesos en efectivo.

Los detenidos dijeron ser colaboradores del senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y que el dinero pertenecía a él.

Tan pronto trascendió la información, el exsecretario de gobernación rechazó los señalamientos y negó cualquier tipo de relación con los detenidos.

Y aunque Cristian Trujillo y María Ruíz, la procuraduría aclaró que las investigaciones continúan, además de que el dinero sigue en resguardo de las autoridades.

Finalmente, se informó que durante la detención del viernes pasado, se arrestó a un elemento de la Secretaría de Seguridad capitalina, quien intentó mediar la situación y liberar a la pareja.

Tras la detención de dos personas en Polanco, a quienes se les encontraron 3.3 millones de pesos que dijeron pertenecer al senador Miguel Ángel Osorio Chong, fue el legislador quien salió a desmentir la información y negar relación con los detenidos.

Y es que la tarde de ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina detuvieron a las dos personas, quienes se identificaron como Cristian Trujillo y María Ruíz, cuando circulaban por calles de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Tras detectar una actitud sospechosa, los elementos policíacos marcaron el alto a los ahora inculpados, quienes viajaban en una camioneta Dodge negra.  Tras realizar una inspección a la unidad, se encontraron los 3.3 millones de pesos en efectivo, de los cuales no pudieron comprobar su procedencia.

Sin embargo, dijeron ser colaboradores del exsecretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y que el dinero era de él.

Tras difundirse la noticia, el priísta utilizó sus redes sociales para negar cualquier relación con los detenidos, además de que aseguró que el dinero no era suyo.

Dicha información fue reafirmada por su oficina, quienes negaron a la prensa que lo declarado por los detenidos fuera cierto.

Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para iniciar las investigaciones correspondientes.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitara una investigación respecto a dónde se fue el dinero decomisado al empresario chino mexicano Zhenli Ye Gon, fue Ricardo Rodríguez Vargas, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), quien ofreció un informe esta mañana.

Detalló que al SAE llegaron 206 millones de dólares en efectivo, además de 17 millones en moneda nacional, así como 200 mil euros.

En el caso del dinero en efectivo, detalló el funcionario, se fue al Poder Judicial de la Federación, a la entonces Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud.

Señaló que un bien inmueble que está ubicado en Bulevar Miguel Alemán Valdés, en el Estado de México fue vendido por el SAE en alrededor de 181 millones de pesos. Señaló que fue una adjudicación directa al gobierno del Estado de México en 2004.

Sobre la casa en donde se encontró el dinero, indicó que está bajo administración del SAE, y dicho inmueble está ubicado en Bosques de las Lomas; detalló que fue valuada en 95 millones de pesos. Adelantó que solo falta un requisito administrativo para que el ministerio público le escriba al Registro Público de la Propiedad y entonces el inmueble pueda ser vendida.

«La instrucción del señor presidente muy puntual es que en la próxima subasta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado tenga un destino, tenga una venta y que estos recursos de nueva cuenta vayan hacia las zonas más marginadas del país», sostuvo Rodríguez Vargas.

Precisó que están dando seguimiento al proceso judicial que sigue el inmueble, para que junto a las que ya devolvió la activista Rosy Orozco puedan ser subastas y lo que se recaude se devuelva al pueblo.

Juan Collado movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra controladas por la Banca Privada d’Andorra (BPA), mediante cuentas, cuyos titulares, en su mayoría, eran sociedades ubicadas en las Antillas Holandesas. Las transacción se habrían hecho entre 2006 y 2015.

De acuerdo con el periódico español El País, el abogado detenido el 9 de julio pasado acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la mayor parte de los 120 millones «se nutrieron de traspasos internos de 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA».

Según lo publicado por el diario, entre las sociedades mercantiles que traspasaron recursos al abogado de figuras como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, el empresario Carlos Ahumada, el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, entre otros, estaban constructoras, inmobiliarias, compañías textiles e informáticas.

En 2015, las cuentas del abogado mexicano fueron congeladas, tras el cierre de dicho banco por supuestas irregularidades, y posteriormente una jueza de Andorra embargó los fondos de Juan Collado, «85.7 millones de euros en 11 cuentas», por presunto lavado de dinero.

En octubre de 2018, la investigación fue archivada después de que la entonces Procuraduría General de la República  (PGR) enviara a la juzgadora diversos informes que exculpaban a Collado, bajo el argumento de que obtenía ingresos lícitos, por lo que las autoridades de Andorra no pudieron actuar penalmente.

De acuerdo con el rotativo, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), organismo que congeló el dinero de Collado, inició un procedimiento administrativo para desbloquear los recursos, lo que se realizó en el actual gobierno mexicano.

«Semanas después de que este procedimiento terminara y de que Collado recuperara su capital, el letrado fue detenido el pasado 9 de julio en México por lavado de dinero y delincuencia organizada», precisó El País.

Quienes llevaban la investigación en Andorra, señalan burlas por los informes de México que exculpaban al prominente abogado, además por la contradicción por su arresto por delitos similares por los que fue indagado en ese país europeo.

«La conclusión es que Collado ha perdido la protección que tenía con el anterior presidente», señaló una autoridad andorrana, de acuerdo con el diario español.

También precisó que el análisis de los movimientos del abogado mexicano señala que mediante transferencias extranjeras, Juan Collado cobró en Andorra 10.3 millones, y que su patrimonio financiero en esa nación «sirvió para avalar préstamos».

Con esos créditos, detalló, Collado compró propiedades en Acapulco, México y Miami, Estados Unidos, así como dos aviones de negocios, «según un informe de la Policía de Andorra del 24 de marzo de 2017, que bautiza las pesquisas como Operación Jet».

En una parte de la investigación, El País refirió que las pesquisas sobre Collado en Andorra iniciaron a raíz del análisis de la estructura financiera de una exdirectiva de la BPA.

«Guardar la confidencialidad del patrimonio», en tanto, fue la preocupación de Collado para mover los recursos en Andorra, puntualizó la publicación española, que añadió que el abogado señaló que transfirió a esa nación inicialmente 25 millones desde cuentas personales en México (15 millones) y Estados Unidos.