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México recibió en mayo un 198.5% más turistas internacionales que en el mismo mes de 2020, cuando hubo confinamiento en buena parte del mundo debido a la pandemia de COVID-19, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Nuestro país pasó de recibir 890,642 turistas extranjeros en mayo del 2020 a casi 2.66 millones en el mes de mayo pasado.

No obstante, si la cifra se compara con los 3.46 millones del quinto mes de 2019 se observa todavía una sustancial caída de casi 23.2%.

“En mayo 2021 ingresaron a México 2.7 millones de turistas internacionales, flujo que se compara con 891,000 en mayo 2020 (+198.5%) y con 3.4 millones en mayo 2019 (-23.2%). Por vía aérea ingresaron 1.2 millones en mayo 2021, 36,000 en mayo 2020 y 1.5 millones en mayo 2019”, apuntó en Twitter el presidente del INEGI, Julio A. Santaella.

Los turistas fronterizos subieron un 54.1% interanual en mayo hasta llegar a los 1.15 millones de viajeros.

En mayo de 2021, el ingreso de divisas se disparó un 931.5% interanual al pasar de 154.3 millones de dólares a 1,591.7 millones de dólares de gasto total. No obstante, si se compara el dato de mayo pasado con el del mismo mes de 2019 la caída es todavía del 17.9%.

El gasto medio de cada turista subió interanualmente al pasar de 61.1 dólares en mayo de 2020 a 181.7 dólares en el quinto mes del presente año, un 197.3% más. Significativamente, el gasto medio del turista en 2021 es incluso mayor en casi 67% frente a los datos de 2019, cuando fue de 108.95 dólares.

La industria turística, que aporta el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB), no se recuperará por completo hasta 2023, según las estimaciones de Miguel Torruco, secretario de Turismo. Aun así, México fue el tercer país más visitado en el mundo en 2020, según las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que la calificación que le da la ciudadanía subiría de 6.7 a 8, si siguiera financiando a los medios de comunicación para que estuvieran a su favor.

“Yo no tendría 6.7 de aceptación en el pueblo, tendría yo 8 si soltara los 20,000 millones de pesos que se le destinaba a los periódicos, a los medios, a los periodistas”, sostuvo López Obrador.

López Obrador hizo referencia a la encuesta citada ayer durante la presentación de su informe de gobierno con motivo de los tres años de su victoria electoral, donde indicó que la ciudadanía lo calificó con 6.7 puntos en una escala del 1 al 10, y dijo que los cambios que ha buscado desde su llegada al gobierno le ha costado esta calificación.

Especialmente, citó el combate a la corrupción en la compra de medicamentos y el retiro de la publicidad gubernamental en medios.

Asimismo, defendió su encuesta al asegurar que “no es patito” y mencionó que el estudio se hizo por técnicos de la Secretaría de Gobernación a más de 1,500 personas en todo el país vía telefónica aunque aceptó que tiene un sesgo “porque no todos los mexicanos tienen teléfono”.

Indicó que estadísticamente “es buena la proyección”, aunque aclaró que siempre estará la duda sobre la fiabilidad de los sondeos, pero afirmó que “no somos iguales que quienes ‘cucharean’ las encuestas”.

Además, aseguró que está dispuesto a bajar su calificación de aprobación a 6 si con eso logra ahorrarse otros 1,000 millones de pesos. “Aquí lo importante es tener la conciencia tranquila, ese es el tribunal de uno”, puntualizó.

El tema sirvió para que el presidente volviera a criticar a los medios de comunicación y a organismos internacionales que descalificaron la presentación de supuestas noticias falsas en su conferencia matutina con su Quién es Quién en las mentiras, que el pasado miércoles presentó su primera edición.

“Es una interpretación ventajosa de parte de quienes no quieren que haya confrontación de ideas o que haya un diálogo circular; ¿qué nada mas ellos quieren tener el monopolio de la verdad? ¿Qué nadie puede replicar? Es lo más antidemocrático que puede haber”, dijo AMLO.

Afirmó que sería una falta de respeto al pueblo de México no aclarar las “mentiras” que difunde la prensa contra su gobierno.

Sobre la relación de AMLO y la prensa, ayer el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, expresó su preocupación ante lo que considera una posible “estigmatización” de la prensa y medios de comunicación por parte de la 4T.

En un comunicado, lamentó la nueva sección de AMLO en las mañaneras, pues dijo que un Estado democrático no puede “dar discursos que estigmaticen”.

Por ello, pidió al gobierno mexicano que se replantee la sección ‘Quién es quién en las mentiras’, ya que este podría influir en el debate público con tácticas de señalamientos y culpabilidad.

“El espacio del ‘Quién es quién’ debe reconsiderarse en la medida en la que puede estar afectando las garantías para un debate libre, informado, de señalamiento público”, destacó Vaca, quien afirmó que “un señalamiento no puede trazarse bajo la culpabilidad del reprendimiento y tiene que ser más abierto en términos de libertad de expresión y democracia”.

Sostuvo que había que situar este concepto de estigmatización en la “prevención de la violencia” dado que este tipo de discursos da paso a amenazas y agresiones contra profesionales de los medios de comunicación.

El diario español El País saca a la luz la disputa que mantiene el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con su familia política desde la muerte de su hermano en 2015.

El trabajo de investigación del diario señala que hay involucradas acusaciones, negociaciones encubiertas y conversaciones grabadas a escondidas.

Por la muerte de su hermano Federico Gertz en 2015, Alejandra Cuevas, la hija de la que fue pareja de su hermano, está en la cárcel acusada de su asesinato. Los hijos de Cuevas aseguran que el titular de la FGR entabló una negociación a finales del año pasado para sacarla de prisión, sin embargo, Gertz Manero niega cualquier tipo de negociación:

La familia política de Gertz pagó 3.5 millones de pesos al fiscal en noviembre de 2020, para, aseguran, buscar la liberación de Alejandra Cuevas. Según los hijos de Cuevas, el cheque es parte de una serie de exigencias que el Fiscal les hizo llegar para que el caso del asesinato de su hermano no prosperara y Cuevas y otros miembros de la familia no tuvieran problemas.

Dicho monto equivale al dinero que la madre de Cuevas retiró de las cuentas que tenía junto a Federico Gertz, su pareja, recursos que el fiscal considera que le correspondía por testamento.

“Yo nunca he hecho una negociación para sacar de la cárcel a esa señora. Con esa claridad y esa contundencia”, asegura el fiscal. “Las relaciones que yo tenga por el dinero, que es reparación del daño, son asunto de la señora Laura Morán y míos”, dijo Gertz Manero en entrevista con el diario.

El encarcelamiento de Alejandra Cuevas, de 67 años, en octubre de 2020, ha llevado a sus hijos a buscar todas las formas posibles para sacar a su madre de prisión.

El hoy Fiscal denunció a Cuevas, su hermana Laura y a su madre Laura Morán, pareja de su hermano, por el delito de homicidio doloso por omisión. En la acusación se indica que no hicieron nada ante el deterioro de Federico Gertz, quien murió a los 82 años.

Y aunque el caso estuvo detenido por años, luego de que la Fiscalía de la Ciudad de México archivara la denuncia en dos ocasiones, en julio del año pasado, cuando Gertz Manero ya se había convertido en Fiscal General, el caso dio un giro de 180 grados que llevó a Alejandra Cuevas a prisión.

“Yo no he tratado directamente eso con nadie, lo hacen los abogados que me representan. Yo no trafico con influencias. Yo no extorsiono ni uso los medios para extorsionar”, dijo Alejandro Gertz sobre si ha mantenido algún tipo de comunicación con la autoridad capitalina en torno al caso.

Según la familia política del Fiscal, en la supuesta negociación que empezó a finales del año pasado, está involucrado el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, quien sería la persona con la que Gertz se comunicaría, y quien a su vez, les haría llegar las peticiones del fiscal. También habría participado Fernando Díaz, esposo de una sobrina de Cuevas, con quien los refirió el abogado que lleva el caso y que terminó renunciando.

Entre las peticiones estuvieron el recuperar una serie de objetos personales de su hermano, títulos de universidad, banderines, unos marfiles, unas figurillas de barro, una serie de obras de arte. Además, el fiscal quería un cheque por 3.5 millones de pesos, misma cantidad que la pareja de Federico Gertz, Laura Morán, había transferido a su hija, Alejandra Cuevas, en 2015, de dos cuentas “mancomunadas” de la pareja.

Finalmente, Gertz habría pedio que Morán renunciara a la pensión que le había dejado su pareja, la cual se había estado pagando por decisión testamentaria del propio Federico Gertz, desde 2015.

Refieren que el 13 de noviembre, tras conseguir el dinero con un amigo de la familia y luego de dudar en entregar el dinero, se recibió una transferencia a la cuenta de Laura Morán, el cual fue ocupado para comprar un cheque de caja, cuyo talón fue entregado a Fernando Díaz junto a una carta de renuncia a la pensión.

Dichos documentos habrían sido entregados por Díaz al gobernador Del Mazo, quien se encargaría de hacerlo llegar al Fiscal General. Una semana después, el 20 de noviembre, el cheque fue cobrado; por el tipo de documento que se utilizó (un talón de cheque de caja), nadie pudo hacerlo que no fuera Alejandro Gertz.

 

Investigación completa en El País

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este miércoles que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) rectificara su informe sobre las supuestas anomalías en el gasto público, especialmente en lo que se refiere al costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

López Obrador negó haber presionado al organismo para que admitiera sus errores, tal como han acusado sus detractores.

“En el caso de la auditoría se equivocaron en sus cuentas, celebro que hayan rectificado. Imagínense, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco un 75% más, entonces reconocieron el error”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Recordemos que el sábado, la ASF presentó ante la Cámara de Diputados la tercera parte de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año del gobierno de López Obrador y en donde se encontraron irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios.

En ese informe, se detalló que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, una obra iniciada en la pasada administración, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

López Obrador calificó de “exagerada” la auditoría, y aseguró tener “otros datos”; acusó al organismo de estar “dando mal la información a los ciudadanos” y a la oposición.

Tras los señalamientos del presidente, la ASF publicó un comunicado en el que admitió “que existen inconsistencias” en su informe y garantizó “una revisión exhaustiva”, lo que se interpretó como que el organismo se había doblegado ante la presión del mandatario.

“La auditoría aclaró y luego toda esta prensa vendida, alquilada a grupos de intereses, empezó a manejar de que yo había presionado a la Auditoría de la Federación, casi que les había torturado para que se retractaran”, dijo AMLO.

López Obrador acusó a medios nacionales y extranjeros de ser “prensa conservadora y corrupta” y de buscar un “festín” en el informe de la Auditoría.

Sobre las inconsistencias que la ASF reconoció, fue el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien indicó que desde la secretaría están muy atentos a las correcciones que se harán, pues el error se debió a la no utilización de criterios contables básicos y criterios financieros elementales.

En un video publicado en sus redes sociales, Herrera indicó que el monto dado a conocer por la ASF del costo de la cancelación fue de 331,996 millones de pesos, dato que sorprendió dada la cantidad tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían dado con anterioridad.

Indicó que se construyó con base a la información de la ASF, un cuadro donde se detectó que los 331 millones de pesos están básicamente desglosados en dos categorías: algunos gastos asociados a las inversiones que no se van a poder recuperar, con costos asociados a las operaciones financieras; mencionó los casos de la FIBRA E, la recompra de bonos, y los bonos de circulación que hay.

Explicó que el total de estos costos son alrededor de 253,000 millones que representan más o menos el 75% de todo el costo asociado a la cancelación de Texcoco. Arturo Herrera afirmó que “ninguno de estos costos existen”.

Al señalar que en toda auditoria o en cualquier reporte puede haber discrepancias metodológicas, en el caso del reporte de la ASF las diferencias se debieron a la no utilización de criterios contables básicos, y de criterios financieros extraordinariamente elementales.

“Eso es difícil de entender proveniente de una institución ordinariamente experimentada, y por ello nosotros no sabemos muy bien a qué se debe: o hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte”, sostuvo el funcionario.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló este miércoles que durante la anterior administración del gobierno de la Ciudad de México, que encabezó Miguel Ángel Mancera, utilizó 12 empresas fantasma para lavar cerca de 1,000 millones de pesos.

MCCI señala cuatro contratos con un valor conjunto de 976 millones de pesos adjudicados por la Secretaría de Finanzas (Sefin) a cuatro empresas entre los años 2017 y 2018 para funciones que la dependencia realizaba sin costo desde 2014. Los servicios consistían en realizar la solicitud de devoluciones del pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores del gobierno local.

En la investigación, se encontró que las compañías beneficiadas se relacionaron a su vez con otras ocho por medio de direcciones, socios y números telefónicos. “Las 12 empresas movieron en 2018 más de 1,500 millones de pesos entre ellas con transferencias en dólares y depósitos a varias cuentas, una de ellas en Ginebra, Suiza”, dijo MCCI.

La investigación detalla que el primero de los contratos se firmó cuando Mancera todavía era el Jefe de Gobierno,  y cuando el subsecretario de Desarrollo y Capital Humano en la Sefin era Miguel Ángel Vásquez, quien hoy está en prisión, acusado de desvío de fondos.

Los otros tres contratos se firmaron cuando José Ramón Amieva sustituyó a Mancera, cuando comenzó su campaña para un curul en el Senado. “Los mismos documentos federales, parte de una investigación abierta sobre este caso, señalan que este patrón es propio de ‘esquemas para lavar dinero, posiblemente derivado del desvío de recursos públicos'”.

No es la primera vez que hay acusaciones contra funcionarios de la pasado administración capitalina. El lunes pasado, la Fiscalía local informó sobre una solicitud para desaforar al diputado Mauricio Toledo, al que acusa de “enriquecimiento ilícito” cuando era delegado de Coyoacán. En febrero pasado, la FGJ-CDMX informó sobre el arresto de Miguel Ángel Vásquez, operador financiero del gobierno local durante el mandato de Mancera por un presunto caso de corrupción valorado en 293 millones de pesos.

Al respecto, esta tarde en su conferencia de prensa diaria, la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay distintas órdenes de aprehensión, derivadas de la investigación que se realiza. Adelantó que “pronto” se exhibirá el vínculo con empresas fantasmas asociadas a dicho fraude.

“Entonces hay diversos actos de corrupción que están vinculados con servidores, bueno, no son servidores públicos, son delincuentes que trabajaron en la administración anterior”, dijo la morenista.

Investigación completa en MCCI

Los mexicanos recibieron un récord de 40,574 millones de dólares en remesas en 2020, un aumento del 11.3 % frente a 2019, informó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con base en datos preliminares.

“El año pasado fue un año excepcional en cuanto a envíos de recursos de nuestros paisanos migrantes, fue un récord, lo que nunca había sucedido y en los momentos más difíciles”, aseguró el mandatario durante su conferencia matutina.

El reporte del presidente ocurre dos días después del informe oficial del Banco de México (Banxico), que reportó un récord de 36,945 millones de dólares en remesas entre enero y noviembre de 2020, un aumento anual del 10.88%.

Con estas cifras México ya rompió el récord en remesas recibidas en cualquier año, alcanzado en 2019 por un monto entonces histórico de 36,048 millones de dólares en todo el año.

En ese sentido, el banco BBVA indicó en un reporte reciente que las remesas de mexicanos residentes en el extranjero llegarán a un máximo histórico de 3.8% del PIB.

Aunque Banxico aún no revela la cifra oficial de diciembre, el gobierno federal estima que dicho mes llegaron 3,628 millones de dólares, equivalente a un crecimiento anual de 16.3%.

López Obrador reconoció el aumento histórico de remesas en medio de la pandemia de Covid-19, que ha dejado más de 1.46 millones de casos y casi 129.000 muertes en México.

El mandatario destacó que el récord mensual de más de 4,000 millones de dólares ocurrió en marzo pasado, el primer mes de la pandemia en México. Por ello, ha llamado “héroes y heroínas” a los 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.

“El equivalente a los médicos y a las enfermeras que están salvando vidas, ellos en el terreno de lo económico porque estamos ya en una cifra récord”, argumentó.

El presidente precisó que las remesas benefician a 10 millones de familias, quienes reciben un promedio de 350 dólares mensuales. “Significa una derrama económica importantísima, por eso no se nos cayó el consumo, a pesar de la pandemia y la crisis económica”, sostuvo.

Aunque organismos internacionales advierten de un crecimiento lento de la economía mundial, López Obrador defendió su pronóstico de un repunte rápido. “A pesar de la pandemia, ya se ha iniciado el crecimiento de la economía, se cumplió nuestro pronóstico”, manifestó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó esta mañana al exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores de la administración anterior, Luis Videgaray, se presente a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

AMLO insistió en la importancia de acudir a declarar de manera voluntaria porque “el que nada debe, nada teme”; dijo que ante los señalamientos que se han hecho, el declarar ayudará a que no tengan que pagar “justos por pecadores”.

Destacó que los procesos judiciales no deben ser arbitrarios y deben basarse en pruebas, por lo que añadió que es mejor no esperar a que haya un juicio para declarar.

“Si se está mencionando que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse, el que nada debe nada teme”, dijo en su conferencia matutina.

López Obrador dijo que si Videgaray no se presenta voluntariamente a declarar, se tendrá que esperar a que se cumplan los procedimientos, que indicó no deben ser arbitrarios, que tiene que basarse en pruebas, y para los cuales se tienen que integrar las averiguaciones y el juez tiene que otorgar una orden de aprehensión.

Y es que esta semana trascendió que el colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto ha sido acusado de “traición a la patria” por parte de la FGR, por supuestos delitos de soborno y desvío de recursos a las campañas electorales del PRI.

Videgaray Caso fue señalado por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien ha reconocido haber recibido 10.5 millones de dólares de Odebrecht, mismos que repartió y entregó a distintos actores por ordenes de Videgaray.

Y aunque ayer el presidente López Obrador dijo que un juez rechazó otorgar la orden de detención que solicitó la FGR, fue la propia Fiscalía quien emitió un comunicado donde asegura que el Ministerio Público federal no ha recibido de un juez de control “ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis ‘V'”.

Un senador brasileño intentó esconder dinero en efectivo dentro de su ropa interior durante un operativo a cargo de la Policía, que tenía como fin investigar el desvío de recursos públicos destinados a combatir la pandemia de Covid-19.

Chico Rodrigues, del partido de derecha DEM, fue objeto ayer de un allanamiento en su casa de Boa Vista, capital del estado de Roraima, al que representa.

La Policía Federal (PF) halló unos 30,000 reales en efectivo, y una parte de los billetes habría sido encontrada dentro de su ropa interior, incluso “entre sus nalgas”, reportó la revista Crusoé, y posteriormente por los principales periódicos brasileños, entre ellos O Globo, Folha de S. Paulo y Estadao, citando fuentes involucradas en la investigación.

Según declaraciones de la Policía Federal a la agencia AFP, se limitó a decir que la operación buscaba desarticular un “posible esquema criminal de desvío de recursos públicos” destinados a combatir la pandemia en el estado de Roraima.

Rodrigues emitió un comunicado en el que indicó que la Policía “cumplió su parte” al efectuar el cateo de su domicilio en una investigación en la que reconoció, aparecía como citado. Sin embargo, no hizo mención al lugar en que fueron hallados los billetes.

“Pero mi hogar fue invadido solamente por haber hecho mi trabajo como legislador, trayendo recursos federales al sistema de salud del estado para combatir el Covid-19”, indicó el senador, que afirma tener un “pasado limpio” y que dijo confiar en la justicia para aclarar lo ocurrido.

“Parte de la prensa me está acusando de ser amigo de Rodrigues, dicen que lo coloqué como uno de los vicelíderes del gobierno en el Senado y que por eso no combato la corrupción”, se quejó Bolsonaro ante seguidores frente al Palacio da Alvorada, residencia oficial en Brasilia.

“Esa operación policial es un ejemplo típico de que en mi gobierno no hay corrupción, de que combatimos la corrupción no importa de quién se trate”, añadió.

Bolsonaro, que resultó electo en 2018 con un fuerte discurso anticorrupción, ha enfrentado varios escándalos desde el inicio de su mandato, entre ellos una investigación contra uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, por supuesto desvío de recursos cuando era legislador en Rio de Janeiro.

El propio presidente es investigado tras acusaciones de su exministro de Justicia, el exjuez Sergio Moro, de que intentó interferir en pesquisas de la Policía Federal para blindar a sus aliados y familiares, algo que Bolsonaro niega.

En tanto, el gobierno brasileño ha pedido este jueves al senador que presente su dimisión y abandone su escaño tras el altercado.

El gobierno ha pedido al senador Fernando Bezerra que medie para que Rodrigues abandone el cargo por iniciativa propia. De lo contrario será cesado.

El resto de senadores está estudiando la posibilidad de que la Cámara Alta tome medidas contra Rodrigues, que también podría sufrir la represalia de su propio partido.

Autoridades de la Ciudad de México y el gobierno federal bloquearon 1,352 cuentas bancarias pertenecientes a 14 organizaciones delictivas que operan en la capital del país, con movimientos financieros equivalentes a 2 mil 688 millones de pesos.

Así lo dieron a conocer Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad de Ciudad de México (SSC), y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al presentar la llamada “Operación Zócalo”, que es coordinada ambas dependencias.

“Derivado del aprovechamiento de las capacidades de inteligencia e investigación (…) 14 grupos delictivos han visto disminuidas sus capacidades financieras, lo que facilita la detención de sus integrantes y el combate a los delitos de alto impacto”, señalaron los funcionarios.

García Harfuch y Nieto Castillo aseguraron que el trabajo conjunto ha permitido combatir a los grupos generadores de violencia no solo en sus brazos operativos, sino desde sus estructuras financieras, lo que debilita sus acciones criminales.

El funcionario capitalino indicó que, de septiembre de 2019 a la fecha, 61 objetivos prioritarios responsables de homicidios, extorsiones, cobros de piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas modalidades, fueron neutralizados.

Añadió que desde el mes de abril a la fecha, la SSC ha llevado a cabo la ejecución de 281 cateos, en las 16 alcaldías de la capital, que derivaron en la detención de 436 posibles delincuentes, así como el aseguramiento de armas de fuego y miles de dosis de estupefacientes.

Por su parte el titular de la UIF señaló que desde la puesta en marcha de la “Operación Zócalo”, se bloquearon cuentas vinculadas a integrantes de 14 organizaciones delictivas, entre ellas La Familia Michoacana, La Unión Tepito, La Anti Unión y El Cártel Tláhuac.

“Con esta operación se fortalece la coordinación entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad Federal con las autoridades de la Ciudad de México; se identifican vínculos financieros de diferentes organizaciones; se conocen las estructuras gubernamentales que han apoyado a dichas organizaciones; se reduce la operatividad y como consecuencia, el nivel de violencia y la identificación de prestanombres y empresas vinculadas con dichas organizaciones criminales”, detalló.

Las personas denunciadas en este operativo suman un total de 42, 25 de ellas físicas y 17 morales. Del total de recursos involucrados, 434 mil 828 fueron en depósitos y 2 billones 114 millones 153 mil 373 en retiros.

Omar García Harfuch fue cuestionado sobre la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y las presuntas extorsiones que realiza a comerciantes del Centro Histórico.

“Sobre la presencia de este grupo en el Centro Histórico cobrando extorsión, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni la Fiscalía General de Justicia tenemos un solo indicio o denuncia de que este grupo esté cobrando extorsiones. Una cosa es que llegue alguien y comente que está cobrando extorsión a nombre de ese grupo delincuencial y otra muy diferente es que sea de ese grupo”, respondió el funcionario.

Los mexicanos recibieron 26,395,72 millones de dólares en remesas entre enero y agosto de este año, un aumento de 9.35% respecto al mismo periodo de 2019, pese a la crisis de COVID-19, informó este jueves el Banco de México (Banxico).

El total de remesas superaron los 24,138,41 millones de dólares de los primeros ocho meses del año pasado.

El monto del dinero enviado por transacción también incrementó, pues la remesa promedio de enero a agosto fue de 338 dólares, 3.72% más que en el mismo lapso de 2019, cuando fue de 326 dólares.

Asimismo, el número de operaciones pasó de 74.02 millones en los primeros ocho meses de 2019 a 78.04 millones en el mismo lapso de 2020, un incremento del 5.43%.

Tan solo en agosto, las remesas rebasaron los 3,574 millones de dólares, un aumento mensual de 1.2% frente a los 3,531.8 millones de dólares de julio.

Pese a los datos de crecimiento, contrastan con lo reportado en marzo, cuando México recibió un monto histórico de más de 4,000 millones de dólares, una cifra casi 49% superior a los 2,694 millones de dólares en febrero.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha agradecido en varias ocasiones a los 38 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, al estimar que este año enviarán 40,000 millones de dólares en remesas para cerca de 10 millones de familias pobres.

“Con las remesas estamos fortaleciendo el consumo y, a pesar de la pandemia y de la crisis, no hay hambre en nuestro país, se está garantizando el consumo básico”, dijo AMLO la semana pasada en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Los pronósticos del presidente superarían las remesas enviadas a México en 2019, cuando alcanzaron un máximo histórico de 36,048 millones de dólares, con un incremento de 7,04 % respecto a la cifra registrada en 2018.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó que los cárteles mexicanos ganaron entre 2016 y 2018 un billón de pesos, aunque el volumen total de dinero ilícito generado en ese periodo podría ser mucho mayor, esto debido a que México no cuenta con una metodología para medir dichos montos con exactitud.

El colaborador del gobierno federal aclaró que esa cifra corresponde sólo a dinero que ha sido denunciado, bien por la UIF o por otras instancias, ante las autoridades competentes.

Durante un balance sobre la lucha del gobierno federal contra el lavado de dinero, Nieto señaló que la Unidad multiplicó el número de denuncias ante los tribunales, en 2018 presentó 82 y en 2019 fueron 164, y frente a las seis sentencias condenatorias conseguidas en 2018, el año pasado se lograron 84.

La UIF es un departamento de la Secretaría de Hacienda encargado de rastrear operaciones y dinero vinculado a actividades delictivas. Es el que presenta las denuncias ante la fiscalía que, con esos datos, debe iniciar los procesos judiciales necesarios.

La UIF también tiene capacidad de bloquear cuentas sospechosas y suele trabajar en estrecha coordinación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

En este sentido, informó que congeló recursos a casi 2,000 personas y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a 330 vinculadas al Cártel del Pacífico.

Nieto recordó que la principal amenaza de México es el crimen organizado, al que se combate desde el lado financiero, de seguridad y rastreando la corrupción política y judicial que lo protege.

“Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto y de ellas dos de naturaleza supranacional”, Jalisco y Sinaloa, dijo al mostrar el mapa delictivo del país en el que se apreciaba que esos dos grupos están activos en casi toda la República.

De los 19 identificados, Nieto dijo que durante la administración previa a López Obrador, de 2012 a 2018, crecieron ocho de carácter regional.

Entre los problemas a los que se enfrenta México para luchar contra el lavado de dinero, Nieto mencionó el que haya estructuras empresariales complejas que complican el rastreo de operaciones y el alto nivel de la economía informal que supone el 22% del PIB del país y en la que participa el 56% de la población.

El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, y Timothy J. Shea, director en funciones de la Administración Antidrogas (DEA), anunciaron este jueves los resultado de un operativo contra los principales centros de distribución de drogas de los cárteles mexicanos en el país.

Las autoridades indicaron que se dio un “duro golpe” al concretar el arresto de 1,840 individuos y el decomiso de más de 12 mil 955 kilos de metanfetaminas.

Los funcionarios anunciaron el resultado de los primeros seis meses de la operación “Escudo de Cristal”, la cual ha resultado también en el decomiso de 284 armas de fuego y 43.3 millones de dólares provenientes del narcotráfico mexicano..

Los blancos principales de la operación fueron el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“La metanfetamina es una droga brutal relacionada con crímenes violentos y responsable de demasiadas muertes por sobredosis”, dijo Barr durante una conferencia de prensa en Phoenix, donde se anunció el operativo.

La operación comenzó en febrero pasado y se enfocó en nueve ciudades identificadas como “centros” de distribución de los cárteles, entre ellas Atlanta (Georgia), Dallas (Texas), El Paso (Texas), Houston (Texas), Los Ángeles (California), Nueva Orleans (Luisiana), Phoenix (Arizona), San Diego (California) y St. Luis (Misuri).

De acuerdo con el gobierno federal, en estas ciudades se decomisó el 75% del total de las metanfetaminas confiscadas por la DEA en 2019.

“Este problema no será resuelto mientras no se solucione este problema también en México”, dijo Barr, y aseguró estar trabajando muy de cerca con el Gobierno mexicano, incluyendo la posible extradición de líderes de cárteles para ser enjuiciados en Estados Unidos.

El principal objetivo de “Escudo de Cristal” fue concentrarse en los centros de distribución de la metanfetamina en Estados Unidos.

Los funcionarios dijeron estar satisfechos con los resultados a pesar de la pandemia de la COVID-19, que afectó la implementación de esta operación.

Barr indicó que una de las herramientas que están utilizando los traficantes de droga es el uso de aplicaciones como WhatsApp para llevar a cabo sus operaciones.

En los meses anteriores al lanzamiento de ‘Escudo de Cristal’, las comunidades a través del país vieron un aumento en el uso de metanfetaminas, dijo Shea en la conferencia de prensa. Añadió que a pesar de la pandemia las operaciones del narcotráfico no han cesado.

Luego de que esta mañana se difundiera en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una tabla con supuestas aportaciones que hicieran fundaciones internacionales a diversas organizaciones mexicanas para “oponerse” al Tren Maya, algunas de éstas salieron a aclarar el tema.

La directora de México Evalúa, organización que fue señalada de recibir 85 mil dólares de de la Fundación por la Democracia, Edna Jaime, indicó a través de sus redes sociales que la información presentada por el presidente no es veraz..

Indicó que México Evalía recibe fondos para analizar políticas públicas, en ese caso, la reforma al sistema de justicia, más no al Tren Maya.

“No ‘nos oponemos’ a nadie, somos sociedad civil que piensa, analiza y construye un mejor país”, enfatizó Jaime.

Añadió que la organización trabaja con datos, evidencia, estadística y hechos. En lugar de ‘oponerse’, proponen para que el dinero público se use con honestidad, remató.

Por su parte Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) quien fue señala por el gobierno federal de recibir fondos para oponerse al Tren Maya, 220 mil dólares de la Fundación Ford y de la Fundación del Departamento de Estado otros 90 mil dólares y 25 mil dólares de la Fundación Rockefeller, también dijo que la información es falsa.

Sin embargo, no dio más detalles o aclaración al respecto.

Daniel Moreno, director de Animal Político, utilizó sus redes sociales para aclarar el señalamiento. Dijo que por segunda ocasión, el gobierno federal difunde información falsa sobre el medio.

“En ninguna de las dos ocasiones, ni en la Presidencia ni su vocero @JesusRCuevas  nos han buscando para confirmar la información y conocer nuestra versión. Espero que ahora, a diferencia de la primera vez, ocupen la misma tribuna de la mañanera para aclarar la mentira de hoy”, dijo el periodista.
Relató que desde 2016, Editorial Animal ha recibido financiamiento para la realización de diversos proyectos  editoriales y de investigación por parte de diversas fundaciones, como Ford y Kellogg, cuyos recursos sirvieron, por ejemplo, para financiar proyectos como ‘Verificado2018’, la sección ‘México Desigual’ o reportajes como ‘Matar en México’, además de que se han invertido en pagar salarios de periodistas, fotógrafos y diseñadores.
Indicó que los proyectos en que se ha utilizado el dinero de dichas fundaciones, nada que ver con el Tren Maya, además de que según el documento presentado, reciben financiamiento desde 2016, cuando ni siquiera existía el proyecto de la 4T.
“Animal Político no recibe financiamiento condicionado a alabar o criticar ningún programa público. Incluso, ni siquiera hemos publicado algún reportaje amplio sobre el Tren Maya. Lamentamos profundamente que el Presidente insinúe que existe algo irregular, sin pruebas. Lamentamos también que el Presidente use las mañaneras para acusar, sin investigar antes”.
Moreno aclaró que la Fundación Kellogg no tiene relación con la compañía de cereales, tal como lo dijo Jesús Ramírez en la mañanera.
Kellogg es una fundación vinculada a la empresa trasnacional Kellogg (…) vende Corn Flakes y algunos tipos de alimentos de la mañana, Frutti Lupis y demás”.

Si bien e Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura (CCMS) no emitió un posicionamiento, ha retuiteado mensajes como el del periodista Alfredo Lecona, en el que asegura que lo exhibido esta mañana

 

LUIS CARLOS UGALDE

EL FINANCIERO

 

 

Los videoescándalos de la semana pasada sólo confirman que todos los partidos, campañas y candidatos son rehenes de un problema estructural y cada vez más grave de la democracia electoral en México: el financiamiento ilegal de las campañas o el llamado ‘dinero bajo la mesa’.

Aunque López Obrador diga que es diferente, durante los últimos años han aparecido de forma intermitente videos o audios de colaboradores o aliados que en su nombre piden o reciben dinero en efectivo. Ha sido un mismo modus operandi que se repite aquí y allá.

Hacer política a ras de tierra como López Obrador requiere mucho dinero en efectivo para la gasolina, para transportar gente a los mítines, para la logística y el sonido y la comida. Desde que tomaba pozos petroleros en Tabasco, luego en sus grandes caravanas por la democracia que realizó de Tabasco a la Ciudad de México en los años noventa y durante su peregrinaje por todo el país, el efectivo fue su medio para pagar buena parte de sus actividades.

Él mismo no usa tarjeta de crédito y ha presumido que no tiene una cuenta de cheques porque su dinero lo administra su esposa. Tampoco se sabe que haya pagado impuestos en los últimos años. López Obrador es, en sí mismo, el hombre del efectivo.

La semana pasada dijo que el caso Lozoya-Oderbrecht refleja una gran corrupción corporativa mientras el caso de Pío son aportaciones voluntarias del pueblo. Pero en realidad son intercambios de la misma naturaleza: en uno se trata de probables donaciones de un gran conglomerado empresarial brasileño que da dinero a cambio de contratos; en el otro se trata –seguramente– de la contribución de un gobernador mediante desvío de recursos públicos para comprar impunidad o para tener acceso político al nuevo gobierno.

En ambos casos la lógica de juego es la misma: te doy dinero hoy a cambio de un favor futuro. Ambos casos generan corrupción.

En el libro Dinero bajo la mesa que publicamos en 2018 María Amparo Casar y yo –con la investigación de Ximena Mata y Leonardo Núñez– argumentamos que las campañas políticas en México se han inundado de dinero bajo la mesa por tres razones principales. Uno, por los requerimientos financieros cada vez mayores de los candidatos para ser competitivos (una campaña de gobernador cuesta 10 veces más que el tope legal). Dos, porque las donaciones ilegales a campañas sirven para comprar acceso al nuevo gobierno. Y tres, porque las campañas son una buena oportunidad para enriquecerse.

Muchos gobernadores dan dinero a campañas de sus partidos o de otros para ganar aliados o comprar impunidad al dejar el cargo. Ese fue el caso de varios que apoyaron la campaña de Peña Nieto en 2012 y que lograron así trato privilegiado e incluso impunidad. Y este puede ser el caso de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, quien en 2018 ‘reventó’ la alianza que su partido tenía con el PRI y de donde salieron cientos de miles de votos que ayudaron al triunfo de Morena en esa entidad.

Entender que el problema del dinero bajo la mesa es estructural y sistémico es el primer paso para corregirlo. La negación es prolongar el problema. En 2021 se celebrará la elección más grande de la historia de México. ¡Cuánto dinero correrá en efectivo para los cientos de aspirantes a gobernador y alcaldes de ciudades importantes!

Este gobierno ha dado un paso importante para reducir el efectivo: combatir las empresas factureras que han sido un medio para monetizar recursos el gobierno y de empresas para canalizarlo a campañas. Pero falta más. López Obrador presume que el fraude electoral ya es delito grave. Pero el dinero bajo la mesa no se regula con leyes más estrictas sino con una reingeniería global que incluya mayores candados para el uso de efectivo, el voto obligatorio que reduzca el atractivo del clientelismo y una mayor fiscalización de las finanzas públicas.

Las senadoras del PAN, Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán, presentaron este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Pío López Obrador hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras el vídeo que exhibe que recibió dinero para la campaña de Chiapas del 2015.

“Venimos a presentar la denuncia por los vídeos en los que sale Pío López Obrador y David León. Se cometieron varios delitos para beneficiar a Morena y a AMLO”, dijo Kenia López en sus redes sociales.

El breve texto se acompaña de una imagen en la que aparece junto a Gálvez, del mismo partido y ambas con cubrebocas, frente a una de las sedes de la Fiscalía en la Ciudad de México.

Las legisladoras pidieron al Ministerio Público que investigue si el dinero que recibió Pío López Obrador fue declarado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y si el partido del presidente, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dio un informe de ingresos en esas fechas.

Las senadores consideraron necesario que las personas involucradas en el vídeo sean llamadas a declarar y advirtieron de posibles actos de corrupción.

“Hoy, ante la Fiscalía General de la República, a nombre de Acción Nacional, presentamos una denuncia contra Pío López Obrador. Todo acto de corrupción debe investigarse sin pretexto alguno. No puede haber justicia selectiva e impunidad a conveniencia”, indicaron.

Por su parte miembros de la Dirigencia Nacional Extraordinaria del PRD, encabezada por Ángel A´vila, acudieron al Instituto Nacional Electoral (INE)  a presentar una denuncia en contra del presidente, de su hermano Pío López Obrador y de David León Romero, por el financiamiento ilegal a las campañas del partido Morena.

En un breve mensaje a medios, el dirigente dijo que el presidente de la República es el principal beneficiario de las aportaciones ilegales realizadas por David León Romero. Señaló que los videos difundidos la semana pasada dejan al descubierto una red de corrupción que financió a Morena.

“Queremos saber si las aportaciones ilegales que se hicieron fueron un paso previo para estar en el gabinete del Presidente de la República”, sostuvo Ávila.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que el presidente López Obrador busca una vez más debilitar a la oposición en México y desviar la atención de lo verdaderamente importante en este momento que es la compra y realización de pruebas de Covid-19 para contener los contagios, al llamar a los partidos a renunciar a parte de sus prerrogativas y donarlos a la emergencia sanitaria.

Señaló que López Obrador no ejerce de forma responsable y prioritaria los recursos públicos, pues sus proyectos faraónicos como el Tren Maya, Santa Lucía y la Refinería ascienden a más de 400 mil millones de pesos, que en comparación con lo que reciben los partidos es solo poco más del 1%.

En ese sentido indicaron que Acción Nacional presentará una propuesta de modificación a la Ley General de Partidos Políticos, para que en caso de que el Consejo de Salubridad General declare “Emergencia Sanitaria” se puedan utilizar una parte de sus prerrogativas.

Sin embargo, Cortés Mendoza afirmó que será requisito indispensable que el presidente López Obrador haga dos cosas:

  • Cancelar sus proyectos faraónicos y destinar esos recursos para cuidar la salud y el empleo de los mexicanos, porque ese dinero sí representa un monto significativo para atender la crisis de salud y económica, que hoy padece México.
  • Que instruya a su mayoría en el Congreso de la Unión, para que apruebe su iniciativa de ley.

Señaló que en caso de hacer uso de sus recursos se entregarán de manera directa para la compra de pruebas diagnósticas rápidas, así como material de protección, guantes, mascarillas, batas, para el personal de la salud que atienda en primera línea a la pandemia, como médicos y enfermeras.

“El compromiso del PAN es apoyar directamente a quien lo necesite, pero no entraremos en el juego del gobierno federal de devolver prerrogativas para que éstas sean mal gastadas, porque no es más que demagogia pura, un engaño y una cortina de humo para distraer a la gente de lo verdaderamente importante”, acusó Acción Nacional.

El Dirigente Nacional pidió recordar lo que ocurrió en 2017 cuando los partidos regresaron dinero de sus prerrogativas y no se supo en qué se utilizaron los recursos, esto en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Aseguró que no hubo transparencia y tan es así que Morena, el partido fundado por López Obrador, fue investigado y sancionado por las autoridades electorales ya que lo recaudado para los sismos realmente lo utilizaron para pagar a operadores de este partido.

“Acción Nacional no entrará en las burdas artimañas del gobierno”, remató el dirigente nacional.

Por su parte el Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que aceptaba la propuesta, aunque también puso ciertas condiciones para hacerlo.

El tricolor reconoció que la actual emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, llama a todas las instituciones públicas y privadas a contribuir con recursos para apuntalar nuestro descuidado sistema de salud.

Detalló que el proponen reasignar a la mitad su financiamiento público durante los 4 meses que dure la contingencia, siempre y cuando esos recursos no sean manejados por el Gobierno Federal, y se constituya un Fideicomiso con integrantes de la sociedad civil, que manejen dichos recursos. Además, están dispuesto a ceder la totalidad de sus tiempos ordinarios de radio y televisión.

Para asegurar que los recursos sólo se destinen a ayudar a la población afectada por el Covid-19, el PRI plantea las siguientes acciones:

  • Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Tesorería de la Federación firmen un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos aportantes, en el que aseguren que los fondos y recursos que se obtengan se destinen a un fideicomiso. Dicho fideicomiso tendría el propósito de financiar compra de equipo y material para realizar pruebas; abastecer medicinas para la prevención y cura del Covid-19; adquirir equipo e infraestructura médica, como respiradores y unidades de cuidado intensivo; y contratar y capacitar personal médico.
  • Por cada peso y/o spot que aporten los partidos políticos, la SHCP hará una contribución paritaria al citado fideicomiso.
  • El fideicomiso debe ser administrado por la sociedad civil, para asegurar que los recursos se destinen sólo al fin para el cual fueron otorgados. Los integrantes de este fideicomiso serán nombrados por el Consejo General del INE.