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Según un informe divulgado este martes por el comité parlamentario de Inteligencia y Seguridad (ISC) británico, el gobierno del Reino Unido ha “subestimado” la “amenaza” que plantean las interferencias de Rusia en el país, que es uno de los “principales objetivos” de Moscú en Occidente.

El documento elaborado por los diputados británicos, que se reservan información confidencial, insiste en las actividades que ha realizado Rusia durante años y lamenta, entre sus conclusiones, que el Ejecutivo de Londres haya sido “lento” a la hora de responder al “riesgo” que representa Moscú.

En respuesta, el ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó el texto de “rusofobia tallada con falsedades” y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, recalcó que “Rusia nunca ha intervenido en los procesos electorales de ningún país: ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido ni en otro”.

El llamado “Informe Rusia”, que se difunde en un momento de tensión entre ambos estados, considera que el Reino Unido es uno de los “principales objetivos” en Occidente para el gobierno ruso por su relación cercana con Estados Unidos y porque es percibido como un elemento “central en el ‘lobby’ occidental antirruso”.

El documento indaga en supuestas campañas de desinformación perpetradas por Moscú y se basa en material confidencial de agencias de espionaje británicas, así como contribuciones de otros expertos independientes.

Sobre las acusaciones que aseguran que Rusia buscó influir a los votantes del referendo sobre el Brexit en 2016, el comité admite que será “difícil, si no imposible”, determinar si esos supuestos intentos tuvieron éxito. Pero en este sentido, se reprocha al Gobierno su “lentitud” en “reconocer la existencia de la amenaza” rusa.

Los diputados sostienen que las agencias de inteligencia y el Ejecutivo deberían haber tenido en cuenta el riesgo a interferencias del Kremlin a raíz de alegaciones “creíbles” que sugerían que Rusia ya había interferido en campañas relacionadas con el referendo de independencia de Escocia en 2014.

El comité subraya que es prioritario “mitigar el riesgo y asegurar que, donde se descubra que hay actividad hostil, existen las herramientas apropiadas para erradicarla y desafiar la impunidad de las élites relacionadas con Putin”.

El informe alerta asimismo de que varios miembros de la Cámara de los Lores tienen intereses empresariales ligados a Rusia, o trabajan directamente para grandes compañías rusas y, por ello, esas relaciones deben ser “escudriñadas cuidadosamente”, pues existe potencial para que Moscú las explote.

La divulgación del “Informe Rusia” se produce días después de que el titular británico de Exteriores, Dominic Raab, señalara que “casi con certeza” Rusia había intentado interferir en los comicios generales de 2019.

Además, la agencia de escuchas británica, junto con Estados Unidos y Canadá, acusaron recientemente en otro informe a presuntos piratas informáticos rusos de haber intentado robar secretos de la investigación llevada a cabo por científicos del Reino Unido para dar con una posible vacuna contra el coronavirus.

Este domingo, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados entrevistaron a los 20 aspirantes finalistas a consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los perfiles que tuvieron oportunidad de discutir con los legisladores son aquellos que integraron las quintetas que el Comité Técnico de Evaluación propuso el pasado jueves para ocupar una de las vacantes.

Al respecto, el presidente de la Jucopo, Mario Delgado, reiteró que el proceso que se ha llevado a cabo ha sido inédito, y tiene como fin el elegir a ciudadanos independientes con “profundos principios democráticos”.

“Esto que acabamos de ver es un ejercicio muy claro de que vivimos nuevos tiempos en nuestra democracia. Y seguimos con nuestra idea original, buscamos ciudadanos independientes, con profundos valores democráticos, personas honestas que vivan con mucha dignidad la austeridad republicana”, dijo el también  coordinador de la bancada de Morena.

Delgado Carrillo indicó que el ejercicio transparente que se ha dado, sirve para mostrar que las cosas ya no son como antes, que todo era un “arreglo en lo oscurito”, donde se ponían de acuerdo los partidos y ponían a sus amigos, “a sus cuates” en el INE, lo que dio pie a los fraudes electorales, pues se imponían los intereses particulares.

Mario Delgado informó que el siguiente paso es la construcción de acuerdos políticos para elegir a los mejores candidatos de entre las quintentas propuestas.

Sin embargo, los diputados de Morena y aliados (PT, PES y PVEM) enviaron una carta a su propio coordinador, Mario Delado, para manifestarle su “honda inquietud y preocupación” sobre el proceso de designación de los nuevo consejeros el INE.

En la carta, los legisladores se quejan de que en las quintetas no se incluyeron los mejores perfiles, y por el contrario, se incluyó a personas identificadas con “grupos hostiles a la Cuarta Transformación”.

Señalaron que la falta de perfiles adecuados podrían contribuir a que “perduren todos los vicios, sesgos y complicidades” que han hecho del INE un “enclave de los perores intereses contra la democracia a nivel nacional”.

Los diputados le “sugirieron” a Mario Delgado, agotar todos los recursos parlamentarios para “depurar y enderezar al INE”. Le pidieron se ordene la reposisición del proceso de evaluación de los aspirantes con una nueva metodología y parámetros estrictos para que el Comité se abstenga de efectuar otra evaluación “tendenciosa”.

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados informó que presentó una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el retraso en la publicación de la reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba indicó que la denuncia se presentó en contra de AMLO, del secretario de Salud y del titular del Insabi, y exigieron a la Secretaría de la Función Pública a investigar a los funcionarios por dichas fallas.

“Exigimos a la doctora Irma Eréndira Sandoval su urgente intervención para que se aplique la ley”, señaló la bancada panista.

Explicó que la denuncia se sustenta en que dichas omisiones vulneran los derechos de 60 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social y que están en serio riesgo frente a la pandemia de coronavirus.

“Debe obligárseles a trabajar en atender las necesidades del sistema de salud que hoy están en incertidumbre, expedirse los reglamentos, reglas claras para el uso de los fondos, clarificar los procedimientos para la entrega de recursos a las entidades federativas y ampliar la cobertura de enfermedades que provocan gastos catastróficos, de lo contrario habrá más sufrimiento y muertes”, dijo Ramírez Barba.

El diputado dijo que el Gobierno Federal actuó sin una planeación adecuada y hoy está rebasado, además de que lamentó que haya un desprecio hacia la población que se atendía en el Seguro Popular, “nula voluntad” de coordinación con los estados y una “franca ignorancia e incompetencia” en Juan Ferrer Aguilar, titular del Insabi.

La bancada del PAN  en la Cámara de Diputados condenó el atentado que sufrió esta mañana el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que dejó tres personas sin vida.

“Hoy, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sufrió un atentado, el cual condenamos totalmente y esperamos su pronta recuperación”, indicó el grupo parlamentario a través de un comunicado.

Al recordar el asesinato de un juez federal en Colima, y el atentado de hoy en contra del encargado de la seguridad en la capital del país, dijo que es “alarmante la facilidad con la que la delincuencia se acerca a quienes ejercen la función de garantizar justicia y seguridad para las y los mexicanos”.

El PAN exhortó a la unidad del Estado mexicano, a los Tres Poderes de la Unión, y en especial al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a afrontar de manera decidida la amenaza del crimen organizado en nuestro país.

Consideraron que es urgente ya una estrategia frontal, para que se aplique el Estado de Derecho y combatir la impunidad.

Por su parte el grupo parlamentario del PRD exhortó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a garantizar la seguridad de la Ciudad.

Dijo que el atentado de esta mañana ejemplifica el grado de impunidad que ha alcanzado el crimen organizado, por lo que llamó al Gobierno Federal revisar la política pública de seguridad, particularmente el funcionamiento de los órganos de inteligencia.

“Es urgente rechazar cualquier acción que tenga como objetivo final generar desconcierto, temor o intimidación y favorecer, consecuentemente, la impunidad de quienes amparados por la violencia lesionan a nuestro país”, dijo la bancada del PRD.

Finalmente, los diputados de Morena se sumaron a la condena del atentado, y expresaron su reconocimiento al secretario García Harfuch, y a los policías de la Ciudad de México.

Afirmaron que el atentado demuestra que el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Sheinbaum Pardo “está enfrentando en serio la delincuencia y afectando sus intereses, para garantizar la seguridad de la capital”.

El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, rechazó la propuesta que hiciera la dirigencia nacioanld e Morena, de facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todos los mexicanos.

La bancada tricolor consideró que dotar de dicha facultad al INEG es arbitrario, inconstitucional e inconvencional.

“Es inadmisible que el gobierno federal y su partido continúen utilizando la emergencia sanitaria como pretexto para eliminar derechos constitucionalmente reconocidos y que históricamente han constituido un límite a la arbitrariedad y el abuso de poder”, indicó el PRI.

Señaló que la propiedad privada, la seguridad jurídica y la inviolabilidad del domicilio constituyen derechos fundamentales que se encuentran garantizados constitucionalmente y en diversos instrumentos internacionales que son de observancia obligatoria para el Estado mexicano.

Insistió en que la propuesta de Morena representa un atentado contra los derechos a la propiedad privada, a la seguridad jurídica y a la inviolabilidad del domicilio y contraviene lo dispuesto en artículo 16 constitucional, que  establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Los diputados del PRI señalaron que en los hechos, la propuesta del partido del presidente López Obrador se trata de otorgar amplias facultades a la autoridad para que allane un domicilio particular y fiscalice información financiera, sin controles jurisdiccionales ni restricciones legales que garanticen los derechos fundamentales de los mexicanos.

Por su parte el coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, descartó de manera tajante alguna posibilidad de cambiar facultades al SAT o al INEGI.

“Quiero decirles con toda contundencia que, en el Senado no hay iniciativa alguna para poder ampliar y otorgar nuevas facultades al INEGI”, expresó el senador. Añadió que si bien la pandemia traerá un nuevo orden mundial que todas y todos los mexicanos deben diseñar y avalar, por ahora no hay una propuesta en el sentido de lo señalado por la dirigencia de Morena.
Reconoció que la propuesta de la dirigencia de Morena ha generado confusión y polarización, y aclaró que se trata de una propuesta que aún no se ha discutido en las bases políticas de Morena y que se refiere a la progresividad  fiscal.
“Aunque seamos mayoría, vamos a actuar de manera prudente y con consenso. El diálogo es siempre el mejor camino”, afirmó el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados realizó su reunión plenaria virtual, en la que analizaron los cambios a la iniciativa que envió el presidente López Obrador para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En un comunicado, la bancada aseguró que preparará iniciativas adicionales a la presentada por el Ejecutivo Federal, con el fin de fortalecer el marco jurídico, acabar con la simulación y que la Cámara de Diputados ejerza su facultad constitucional de decidir el destino de los recursos públicos.

Aseguraron que trabajarán e insistirán para dejar en claro la división de poderes y se terminaría con la discrecionalidad.

Sobre la iniciativa del presidente, los morenistas destacaron el parlamento abierto que se llevó a cabo el jueves 30 de abril, donde participaron expertos y juristas como el doctor Diego Valadés Ríos; Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mariana Campos, investigadora de México Evalúa; y Héctor Juan Villarreal Páez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

Coincidieron en la necesidad de modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues aseguraron que fue uno de los instrumentos fundamentales en el uso de los recursos “aprovechado por el régimen de corrupción y opacidad de las anteriores administraciones”.

Señalaron que la ley, como está actualmente, permite una gran discrecionalidad en la reasignación de partidas presupuestales, ya que prácticamente no hay límites.

Por eso se pronunciaron para que en esta nueva reforma que se plantea, se establezca con claridad el momento y quiénes deberán ser los responsables de valorar que el país está en emergencia económica.

También consideraron indispensable preservar un contrapeso constitucional y la división de poderes, para que la Cámara de Diputados siga siendo quien tenga el control y destino del gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dio a conocer que se acordó dictaminar esta semana en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Asimismo, comentó que una vez que se cuente con el dictamen correspondiente se convocaría a un periodo extraordinario.

Mario Delgado comentó que también se acordó instalar la Comisión Permanente el próximo jueves a la 1 de la tarde en el Senado de la República.

Al respecto, el grupo parlamentario de Morena acordó respaldar la iniciativa. “Se declararon listos para sesionar y darle al Ejecutivo los instrumentos necesarios para afrontar los efectos de la pandemia del coronavirus”.

Los legisladores de Morena afirmaron que cuidarán la constitucionalidad de la reforma para garantizar la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo señalaron que buscarán otorgarle al Ejecutivo Federal flexibilidad en la reasignación del presupuesto cuando ocurran emergencias como la que vive el país actualmente.

Los diputados del PRI indicaron que el acuerdo alcanzado por la OPEP y aliados, la OPEP+, para reducir en 9.7 millones de barriles diarios la producción de petróleo a nivel mundial, genera diversas dudas, por ejemplo, el recorte adicional con el que Estados Unidos contribuirá a nombre de México.

Los legisladores del tricolor señalaron que no se sabe la forma, tiempo y precio al cuál México retribuirá al Gobierno de los Estados Unidos los barriles con los que apoyará.

Acusaron que el alza de precios esperada por el acuerdo, podría significar que México adquiera una deuda onerosa e incierta hacia adelante.

“Un elemento adicional de incertidumbre es la duración del acuerdo. La OPEP ha anunciado que la temporalidad es de 2 años y que los países firmantes se comprometieron a reducir su producción petrolera por ese tiempo. Sin embargo, las autoridades mexicanas solamente se han referido a un recorte por los siguientes meses del año. Es necesario que se aclare oficialmente que sucederá después”, dijeron los priístas.

Los diputados indicaron que no está claro si habrá consecuencias para la diplomacia petrolera mexicana, por el desacuerdo expresado en la OPEP, que puso en riesgo el acuerdo.

Precisaron que conforme se recupere el precio internacional, se espera un aumento en el precio de la mezcla mexicana de petróleo, lo que equivaldría a que no sea posible que se lleguen a cumplir los supuestos bajo los cuales se construyó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Recordó que el Presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados estimaba una plataforma de producción petrolera de 1.9 millones de barriles diarios, que no se cumplirá, y un precio promedio de 49 dólares por barril, que aún es incierto. 

“Es importante que la Secretaa de Hacienda continúe tomando las medidas de ajuste presupuestal, para no profundizar la crisis económica que ya afecta al país”, dijo el grupo parlamentario del PRI.

Advirtieron también que el aumento en el precio internacional de petróleo, podría ocasionar que haya aumentos en el precio de la gasolina y el diésel en México, afectando la economía familiar; por lo que pidieron al gobierno federal reduzca el impuesto a la gasolina y el diésel (IEPS), en la magnitud necesaria para que el precio de los combustibles no suba.

Pese a las dudas que señaló, los diputados del PRI reconocieron que el acuerdo podría elevar el precio internacional de petróleo y dar cierta estabilidad al mercado, conforme se cumplan los acuerdos de reducción petrolera a partir de mayo, con lo cual se presionarán menos las finanzas públicas y podrá ser un respiro financiero para Pemex.

Finalizaron indicando que la reducción acordada para México, por 100 mil barriles diarios de petróleo, en realidad no afecta significativamente la producción actual de Pemex.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, informó que los legisladores donarán 100 millones de pesos para reforzar los recursos que permitan enfrentar la pandemia del coronavirus.

En conferencia de prensa virtual, afirmó que ya se encuentran determinando la forma de juntar los 100 millones de pesos, a qué sectores serán canalizados y en qué momento de la emergencia sanitaria será más conveniente ponerlos a disposición.

“Estamos haciendo este fuerzo de juntar una bolsa de 100 millones de pesos y ver en qué momento es más oportuno poderlo hacer”, dijo y agregó que la sociedad exige a los diputados federales que se “aprieten el cinturón”, por lo que ya lo han hecho.

Laura Rojas explicó que aunque se trata de 100 millones de pesos, el año anterior la Cámara de Diputados tuvo una reducción en su presupuesto y adicional a ello han hecho recortes en diversos rubros como el seguro de gastos médicos mayores, ya no se paga el celular a los legisladores y se canceló el uso de auto oficial a los presidentes de comisión.

Respecto a la donación de los partidos políticos de la mitad de sus prerrogativas para apoyar las acciones contra el COVID-19 dio a conocer que como presidenta de la Cámara de Diputados no ha visto que exista negativa.

Explicó que los partidos políticos buscan que les den la oportunidad de encontrar la forma que consideren más adecuada para entregar dichos recursos y solicitó al Gobierno Federal que se escuchen sus propuestas.

En este sentido, Laura Rojas comentó que los legisladores federales presentarán una propuesta para que los partidos políticos entreguen parte de sus prerrogativas al combate de la pandemia del coronavirus y reiteró su llamado a que sean tomados en cuenta.

La Cámara de Diputados se erigió este jueves como órgano de acusación y aprobó con 271 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones, el juicio político contra Rosario Robles, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, en relación a la llamada Estafa Maestra.

“Ha lugar a acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga, o Rosario Robles Berlanga, por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del despacho durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018”, leyó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas.

Los diputados señalaron que fueron trasgredidos los artículos 126 y 134 de la Constitución, así como diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, añadió.

De igual forma, el Pleno designó al diputado Pablo Gómez y a la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, ambos de Morena, y a Ana Ruth García Grande del PT, para sostener la acusación aprobada en contra de Robles Berlanga ante el Senado de la República. 

Pablo Gómez resaltó que es un momento histórico, pues después de 94 años en que no se había instaurado un procedimiento se presentan conclusiones acusatorias en un procedimiento de juicio político.

Explicó que la acusación se basa en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, ademas de que se apoyaron en lo que consta en expedientes de la Fiscalía General de la República, “en lo que nos han informado los propios organismos utilizados como instrumento para la desviación de recursos y su dispersión”.

El morenista indicó que la acusación “no es a una persona, sino a un gobierno y la forma en la que realizó la administración pública federal desapegada de la ley y de manera completamente corrupta”. Recalcó que no se trata de un asunto personal, sino que la Sección Instructora mantuvo un curso permanente de averiguar lo que había pasado, sin importar la persona de la que se trataba, sino las funciones que desempeñaba y el gobierno al que pertenecía, porque no son hechos aislados”.

Gómez Álvarez aclaró que la presunción de inocencia siempre se respetó y el periodo de pruebas fue ampliado por la propia Sección para dar oportunidad a que hubiera más elementos y la defensa presentara todo lo que quisiera.

El legislador sostuvo que se cumplieron con los plazos de la ley, “escrupulosamente”. Indicó que se realizó  un procedimiento limpio porque quieren tener la autoridad moral para reclamar a los servidores públicos de alto rango que se apeguen a la ley y que protejan los intereses públicos.

“Aquí no hay venganzas, linchamientos, ni verdugos. Hay una Cámara de Diputados en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales históricas”, dijo. “No es tema de personas, partidos, chivos expiatorios, ni verdugos”, concluyo.

Por su parte, la defensa de Rosario Robles acusó que sin importarle a los diputados de Morena una pandemia como  el Covid-19, la Cámara de Diputados hizo un montaje de juicio para desprestigiar públicamente a su clienta.

Aseguraron que todo se trata de un ataque a Rosario Robles por su condición de mujer, por ser destacada y por ser objeto de una venganza, pues dijeron, en ningún momento se han respetado sus derechos y los plazos que asisten a la defensa.

Pese a lo que sostuvieron los diputados de Morena, aseguraron que el proceso ha estado infestado de irregularidades, mentiras y atropellos. “Se trata de una saña inédita, que los llevó a saltarse 126 expedientes de juicio político que estaban antes que el de Rosario Robles”.

Finalmente, desde el reclusorio, Rosario Robles hizo pública una carta a través de su cuenta de Twitter, la cual es manejada por su hija Mariana Moguel, en la que afirmó que “del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen”.

Al recordarle que ha sido muy claro en el tema de no mezclar recursos públicos con fines políticos o electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO9 fue cuestionado sobre la reforma que ayer aprobó la Cámara de Diputados que permite a los legisladores federales buscar la reelección y hacer campaña sin tener que dejar su cargo.

¿Qué tan ético o qué opina de esta reforma?, se le cuestionó al mandatario. “No me meto eso, no, no opino, no opino”, contestó rápidamente.

Indicó que prefería no meterse, pues son asuntos de partidos; ante la insistencia, AMLO preguntó a la reportera sus razones para decir que los legisladores utilizarían los recursos públicos para hacer campaña.

“Ellos no tienen que dejar el cargo, no tienen que pedir licencia para buscar su reelección; entonces, van a estar en funciones, cobrando y al mismo tiempo pueden buscar la reelección”, se le explicó al presidente, a lo que reaccionó diciendo que eso es algo que “está mal”

“Eso está mal, pero, digo, eso yo creo que ellos mismos lo van a corregir”, dijo López Obrador, quien indicó que serán los Senadores quienes podrán corregir la reforma, dado que en Diputados ya fue aprobada.

AMLO finalizó recordando que todo lo que es uso de dinero del pueblo para propósitos electorales se debe de evitar, no permitir.

Reconoció que prefiere no meterse en esos temas, pues está “muy caliente” el ambiente político-electoral, el cual dijo, se va a ir “calentando más”, porque vienen las elecciones del próximo año.

Al respecto, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, respondió a las críticas que se le ha hecho a su bancada; dijo que están olvidando que la reelección de legisladores está en la Ley desde 2014.

Indicó que lo que se aprobó en la Cámara de Diputados “es una legislación secundaria que no representa ninguna ventaja como quisiera hacerse parecer” y añadió que no representa ninguna ventaja para los legisladores de Morena, pues la ley aplicará a todos los legisladores.

La Cámara de Diputados aprobó con 254 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la de Partidos Políticos, para establecer la elección continua de legisladores federales, es decir, la reeleción.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que las senadoras y los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos, mientras que las diputadas y los diputados al Congreso de la Unión, hasta en cuatro ocasiones seguidas, en los términos y condiciones que determine la ley.

Las y los legisladores federales que pretendan ser electos para el mismo cargo por un periodo consecutivo podrán participar en el proceso electoral sin separarse del cargo, aunque deberán acatar las disposiciones legales y normativas dirigidas a preservar la equidad en las contiendas políticas, así como el uso “eficiente, eficaz, honrado, transparente e imparcial” de los recursos públicos.

Además, deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo; abstenerse de incurrir en actos anticipados de campaña y precampaña; no participar en reuniones de proselitismo político durante el tiempo en que están obligados a concurrir a sesión de la cámara correspondiente.

En la iniciativa aprobada también se señala que tampoco podrán disponer de recursos públicos en su campaña o en cualquier evento de proselitismo político, así sean humanos, materiales o económicos.

Aclara que los informes de gestión legislativa que realicen no constituyen propaganda electoral, siempre y cuando se ajusten a lo dispuesto por el artículo 242 de esta ley.

Se indica que las y los legisladores que cumplan con los requisitos de elegibilidad para postularse por el mismo cargo en forma consecutiva pueden hacerlo en fórmula con la o el mismo suplente que para el cargo que se ejerce o con otro, siempre que este último cumpla con los requisitos señalados.

Podrán postularse al mismo cargo, bajo el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, independientemente del principio por el que fueron electos, en los términos y disposiciones de la presente ley.

Se destaca que pierde su militancia, además de la renuncia expresa por decisión del órgano partidario correspondiente y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las diputadas y los diputados que hubieren accedido al cargo a través de un partido político que hubiera perdido el registro.

De igual modo, las y los legisladores que hayan obtenido el cargo que se ejerce por virtud de una candidatura independiente, pueden concurrir a la elección para periodos consecutivos bajo la misma vía o postulados desde un partido político.

Quienes hayan obtenido el cargo que se ejerce postulados a través de un partido político en virtud de una candidatura externa o ciudadana y que no hayan militado ni militen en éste, podrán concurrir a la elección para periodos consecutivos por la vía de una candidatura independiente o postulados desde un partido político.

Las legisladoras y legisladores que aspiren a la elección por un periodo consecutivo en el mismo cargo podrán contender, tanto en el proceso interno de selección de candidaturas como en el proceso electoral federal, por el ámbito territorial en que residan.

Sobre la reforma que se aprobó, la diputada Martha Tagle de Movimiento Ciudadano señaló que es una ley hecha a modo de las y los legisladores de Morena.

El diputado Carlos Puente del PVEM indicó que “el pueblo pone y el pueblo quita”, por lo que negó que exista algún ‘albazo’ legislativo como se ha criticado. Por el contrario, dijo, se está cumpliendo de manera democrática y legal con un compromiso originado en la reforma que se aprobó en 2014.

El expresidente Felipe Calderón calificó la reforma aprobada como “tramposa, abusiva, antidemocrática e inconstitucional”, pues dijo que la Constitución siempre ha exigido separarse del cargo para postularse a otro de elección popular. Acusó a Morena de orquestar dicho golpe a la democracia de México.

El miembros de la dirigencia nacional extraordinaria del PRD, Fernando Belaunzarán, también criticó la reforma aprobada, y acusó a los Diputados de Morena de acabar con la equidad en las contiendas. “Albazo efectivo, …sí reelección”, remató.

Los diputados del PRI, PAN y PRD determinaron no acudir a las sesiones convocadas para hoy y jueves en la Cámara de Diputados, al indicar que es un riesgo sesionar ante la emergencia sanitaria que se vive en el país debido al Covid-19.

Señalaron que al igual que todos los mexicanos, los legisladores también deben contribuir a tomar las medidas preventivas para reducir en lo posible el contagio del coronavirus

El grupo parlamentario del PRD reiteró su postura de hacer un llamado al presidente López Obrador a no minimizar no sólo los riesgos de la pandemia para la salud de las y los ciudadanos, sino de las consecuencias económicas que está implicando.

Detalló que la depreciación del peso frente al dólar, la caída de los principales indicadores económicos, el cierre de las fronteras, el impacto en el costo de productos básicos, y las afectaciones comerciales, combinados con el nulo crecimiento de la economía y el desplome del petróleo mexicano, están configurando un escenario muy adverso para el país.

Los diputados perredistas lamentaron “la cerrazón” de sus homólogos de Morena que acusaron, atendiendo la postura del Presidente, insisten en no tomar en serio las acciones preventivas para evitar una mayor propagación de la pandemia.

Por su parte la fracción del PRI dijo que es primordial contribuir al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud nacionales e instancias internacionales y evitar concentraciones de más de 500 personas como el caso de una sesión.

Coincidiendo con lo expresado por el PRD, lamentaron que Morena y sus aliados mantuvieran una “cerrazón” para suspender las sesiones de la Cámara de Diputados, “poniendo en riesgo a todos”.

Expresaron su disposición de trabajar a través de los medios electrónicos y de coordinación que se consideren más adecuados, hasta superar esta emergencia sanitaria y con el compromiso de sesionar, una vez resuelta la contingencia.

La bancada del PAN tacho de “irresponsable” tener concentraciones de más de 500 personas en un recinto cerrado y provenientes de todos los rincones del país.

Indicaron que si bien rechazan la parálisis del Congreso de la Unión, los diputados no pueden ser omisos ante la emergencia sanitaria que se vive.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) anunció que acudirá, bajo protesta, a las sesiones ordinarias programadas para hoy y mañana.

“MC expuso todo tipo de razones que tienen que ver con las medidas que se han adoptado en otros países, con los artículos científicos a los que tenemos acceso, para que la Junta de Coordinación Política resolviera (…) no sesionar e hiciera el trabajo a través de los medios de tecnologías de la información para evitar movilizar a 500 personas de toda la república hacia el Pleno, y luego de regreso, y que esto contribuyera la expansión de la pandemia por la cual estamos pasando”, dijo el coordinador de la bancada.

El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo llamó “hipócritas y lambiscones” a sus compañeros de bancada, quienes no le aprobaron una reserva que presentó respecto a la reforma al artículo cuarto de la Constitución, que reconoce como derechos los programas sociales, a pesar de que habló con todos y le dijeron que votarían a favor.

“Tengo información de que solo tres votaron a favor, no es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T”, dijo el diputado desde su escaño en el recinto legislativo.

Muñoz Ledo lamentó que aunque el presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, algunos de sus “émulos y de sus lambiscones” se comparten de otra manera.

“Me voy, que quede aquí y no les volveré a dejar pasar una más ¡hipócritas! (…) es infamante que en esta Cámara solo se pueden aprobar las reformas constitucionales que envíe el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión”, refirió.

Tras el reclamo del legislador, el coordinador de Morena, Mario Delgado, negó que su fracción sea de “hipócritas y lambiscones” como acusó Muñoz Ledo; afirmó que, por el contrario, es una bancada comprometida con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Respeto mucho a Porfirio”, dijo Delgado al negar que se haya impedido a Muñoz Ledo presentar alguna iniciativa de ley en la sesión del pleno del pasado martes; aseguró que se trató de una reserva que tuvo momento de hacer.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) admitió que se generó una polémica por la reforma al Artículo Cuarto constitucional, y aclaró que no se trata de llevar los programas sociales a la Constitución, sino de el establecimiento de nuevos derechos sociales.

Mario Delgado negó que con lo reformado se incentive la “flojera” entre la población, sino que se trata de apoyar a las familias menos favorecidas. “Este es un gobierno que privilegia la justicia, estamos construyendo un Estado de bienestar. Eso fue parte de la oferta importante de campaña del proyecto de la Cuarta Transformación”, concluyó.

Los diputados rusos entraron este martes a la segunda lectura las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente Vladimir Putin, que incluyen la posibilidad de permitir al jefe del Estado que vuelva a ser candidato a la presidencia.

El texto fue aprobado por 382 votos a favor, 44 abstenciones y ningún voto en contra en la Duma, la cámara baja del Parlamento. La tercera y última lectura tendrá lugar el miércoles e inmediatamente después, el texto será sometido al visto bueno de la cámara alta, el Consejo de la Federación.

El texto será luego sometido a “votación popular” por los rusos el próximo 22 de abril.

Las enmiendas afectarán al sistema político, las garantías socioeconómicas y afianzarán los valores sociales conservadores que propugna el presidente ruso.

Esta primera revisión de la Constitución desde su adopción en 1993, anunciada por sorpresa por Putin, de 67 años, en enero, es considerada además como una forma de preparar al presidente para 2024, fecha en la que culmina su último mandato como jefe de Estado y en teoría ya no podría presentarse a la reelección presidencial.

Sin embargo, Putin afirmó este martes que será el Tribunal Constitucional el que decida si puede volver a presentarse.

El presidente ruso consideró, ante el parlamento, que es “posible reinicializar” el período que limita a dos los mandatos presidenciales, tras la adopción de la revisión constitucional, a condición de que “los ciudadanos la aprueben” y que “el Tribunal constitucional confirme que ello no es contrario a la ley fundamental”.

Por otra parte, este martes Putin dijo que se opone a la celebración de elecciones legislativas anticipadas, deseadas por muchos diputados en el marco de la profunda reforma constitucional que impulsa el jefe de estado.

Estas enmiendas constitucionales, como las que refuerzan las prerrogativas del presidente o el rol del Consejo de Estado, órgano hasta ahora consultivo, ya fueron adoptadas de forma unánime por los diputados en enero, en primera lectura.

Vladimir Putin ha sometido desde entonces 24 páginas suplementarias que serán debatidas desde este martes.

Para muchos analistas, esta reforma deja a Putin un máximo de puertas abiertas para preservar su influencia y perennizar el sistema que ha construido a lo largo de los últimos 20 años en el poder.

La reforma del Consejo de Estado fue, al respecto, muy controvertida, pues muchos ven en ella la institución mediante la cual Putin podría mantener el control si es que tuviera que salir del Kremlin.

Las enmiendas refuerzan además ciertos poderes del presidente, que podrá por ejemplo rehusar promulgar una ley adoptada por dos terceras partes de los diputados, o nombrar jueces.

Otra innovación es que los jueves y los dirigentes políticos de nivel federal no podrán poseer una nacionalidad extranjera o un permiso de residencia en otro país.

Al respecto, el partido Rusia Unida anunció hoy, en la Duma estatal, que apoyará una enmienda constitucional que permitiría al actual mandatario, Vladimir Putin, ser reelegido en 2024.

El líder de Rusia Nueva, Sergey Neverov, afirmó en conferencia de prensa que su partido está a favor de la iniciativa de su congresista Valentina Tereshkova.

La Cámara de Diputados modificó la convocatoria, aprobada el pasado 13 de febrero, para seleccionar y designar a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Dichas vacantes serán para un periodo de nueve años, que relevarán a los que concluyen su encargo el próximo 3 de abril.

El Pleno eliminó el requisito de ser mexicano por nacimiento, así como el de no ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral, ni ser o haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional en el último proceso electoral ordinario.

La modificación surgió de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que fue aprobado por unanimidad con 347 votos, y se envió al “Diario Oficial de la Federación” (DOF) y a la “Gaceta Parlamentaria” para su publicación.

También se remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), para su conocimiento.

La modificación entró en vigor al momento de su aprobación por el Pleno.

Y es que ayer, la Sala Superior del TEPJF ordenó a la Cámara de Diputados modificar la convocatoria, dado que dichos requisitos son inconstitucionales, con lo cual se permitirá la participación de mexicanos por naturalización y de quienes hayan sido miembros del Servicio Profesional Electoral y del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Recordemos que hoy vence el plazo para que se registren los interesados en contender por una de las vacantes.