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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al gobierno de Nicaragua garantizar que el pueblo decida de manera libre en las elecciones de noviembre próximo, y rechazó la represión y los encarcelamientos en el país, que vive una ola de detenciones de opositores al gobierno de Daniel Ortega.

Cuestionado sobre la represión en Nicaragua, López Obrador recordó que su política exterior exige la no intervención en asuntos de otros países, aunque recordó que México sí puede hablar de la defensa de los derechos humanos.

“Consideramos que se deben de garantizar las libertades y que no debe de haber represión. En ninguna parte, ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo, se debe optar por la fuerza”, expresó el mandatario. Sus declaraciones han sido tomadas con sorpresa, pues normalmente no se posiciona sobre asuntos extranjeros.

López Obrador reiteró su máxima de nada por la fuerza y todo por la razón y el derecho, y pidió no encarcelar para que sea el pueblo el que de manera libre decida sobre las elecciones.

“Y también una recomendación respetuosa, y es que si se actúa de esta forma, garantizando la libertad plena, se impide a quienes están acostumbrados a intervenir en asuntos de otros países el que tengan pretextos o excusas para entrometerse”, dijo.

Deseó que en Nicaragua, Colombia y el Perú, este último donde hubo elecciones para elegir presidente recientemente, se resuelva todo por la vía pacífica y se constituyan gobiernos democráticos y libres, con legalidad y legitimidad suficiente, sean de la tendencia que sean.

Pese a manifestar su preocupación, recordemos que México se negó, junto a Argentina, a acompañar una resolución aprobada el pasado 15 de junio por 26 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en donde se condenaba la persecución de los opositores, con el argumento de la “no intervención en asuntos internos”.

Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones de opositores, entre ellos cinco aspirantes a la Presidencia, que se producen a menos de cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre en las que Ortega busca una nueva reelección.

En dichas elecciones Ortega, quien gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, e inició una segunda etapa en 2007, se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política de Nicaragua.

Mientras que en Colombia se han dado violentas protestas contra el gobierno de Iván Duque desde finales de abril.

Las protestas dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de la Policía, mientras que la Fiscalía vincula a las manifestaciones 20 fallecidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la salida de Gabriel García Hernández de la Secretaría de Bienestar, donde estaba a cargo de la coordinación nacional de los Programas del Bienestar, para reincorporarse al Senado.

“Gabriel García es un profesional con convicciones, precursor de este movimiento de transformación… Su suplente, que también es una persona de primera, Peña, Alejandro Peña va a estar en actividades partidistas, decidió eso, entonces se perdería el espacio en el Senado, entonces Gabriel decidió regresar al Senado”, dijo esta mañana López Obrador.

El mandatario indicó que Carlos Torres, quien venía ayudando como secretario técnico de la Presidencia, sustituirá a García Hernández en Bienestar.

“Se va a fusionar la Secretaría Técnica de la Presidencia con la coordinación de atención a las oficinas de Bienestar en los estados, se hace una sola”, añadió AMLO.

Recordemos que Gabriel García dirigía la estructura de los llamados ‘superdelegados’ estatales, los delegados regionales y los más miles de Servidores de la Nación. Además, es uno de los funcionarios con mayor relevancia en la administración federal y con más cercanía al presidente, pues era el encargado de coordinar los programas sociales, una de las principales estrategias de López Obrador.

Algunas versiones señalan que su reincorporación al Senado se debe a que López Obrador le encomendó buscar liderar la bancada de Morena en el la Cámara Alta, esto luego de que Ricardo Monreal, actual líder del bloque, habría operado contra la candidatura de Dolores Padierna en la alcaldía Cuauhtémoc, además de que no agradaron sus recientes declaraciones sobre que no sería fácil sacar adelante las reformas que AMLO anunció enviaría al Congreso.

Al respecto, Monreal utilizó sus redes sociales para dar la “bienvenida” a García Hernández, quien dijo, ha demostrado ser un profesional de gran experiencia, inteligencia y vocación social. “Siempre será de mucha utilidad para la República”.

Tras conocerse la salida de Gabriel García de Bienestar, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, llamó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a investigarlo por presuntos delitos electorales “al usar los recursos públicos y programas sociales con fines clientelares para beneficiar a Morena en los pasados comicios del 6 de junio”.

“El uso clientelar de los programas sociales fue determinante para influir en los resultados electorales del 6 de junio en favor de Morena (…) Gabriel García usó los recursos públicos, a una amplia red de funcionarios y los programas sociales para montar una sofisticada estructura electoral para promover con fines políticos a López Obrador, comprar el voto e influir de manera ilegal en las elecciones en favor de Morena”, acusó la diputada Verónica Juárez Piña.

Remató asegurando que Gabriel García es un “delincuente electoral”, por lo que no debe quedar impune.

El proceso electoral que culminó el pasado 6 de junio dejó 102 políticos asesinados, entre estos 36 eran aspirantes o candidatos a distintos cargos, informó la consultora Etellekt, quien dio seguimiento a las campañas.

De acuerdo con el Séptimo informe de violencia política en México, de la firma Etellekt, del 7 de septiembre de 2020 a al 6 de junio, se registraron un total de 1,066 agresiones globales en contra de políticos, de los cuales 102 fueron homicidios, 36 de estos eran aspirantes o candidatos.

Del total de los 102 políticos asesinados, 87 eran hombres (29 eran aspirantes o candidatos) y 15 mujeres (7 aspirantes o candidatas).

En el reporte, se apuntó que la violencia en contra de personas políticas se extendió a los 32 estados del país y a 570 municipios, de los cuales 29 fueron ciudades capitales.

La cifra de 1,066 agresiones globales fue un 37.7% mayor en comparación a las 774 agresiones o delitos globales contabilizados en el anterior proceso electoral de 2018; no obstante, la cifra de 102 políticos asesinados es menor en un 32.8% en comparación con los 152 casos del periodo electoral que arrancó desde 2017.

El informe resaltó que en el proceso, la mayoría de las agresiones fueron en contra de los candidatos opositores a los gobiernos estatales (75%), cifra que coincide con los aspirantes y candidatos víctimas de todos los delitos que buscaban cargos municipales (alcaldías, regidurías y sindicaturas), quienes también eran opositores a los alcaldes de dichas demarcaciones.

La consultora destacó que en la medida que continúe “siendo comprometida la seguridad de los candidatos y ante la altísima tasa de impunidad que impera en relación con la sanción efectiva de estos delitos, se reproduce el circulo vicioso de la violencia”.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo este lunes que el nivel de violencia registrado durante la reciente jornada electoral en nuestro país ha sido “alarmante”.

La expresidenta de Chile planteó que es fundamental que se castiguen los actos criminales cometidos y se garantice que no se repetirán.

México fue uno de los países de preocupación que Bachelet mencionó hoy en la presentación del informe de su oficina en la sesión inaugural de las 47º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

En su intervención dirigida a las delegaciones de los 47 Estados miembros de este órgano, además de todos los que participan como observadores y oenegés, Bachelet dijo que se ha documentado el asesinato de al menos 91 políticos y miembros de partidos, entre los cuales 36 se presentaban como candidatos.

Estas muertes tuvieron lugar entre septiembre, fecha en que comenzaron las campañas, y los días previos a las elecciones del pasado 6 de junio.

La alta comisionada dijo que no había que olvidar que muchos otros participantes en el proceso electoral fueron atacados o amenazados, una ola de violencia que también afectó a simpatizantes de un partido u otro, así como a funcionarios que trabajaban para que los comicios pudieran tener lugar.

Mencionó que entre las formas de violencia observadas hubo violencia de género, así como de carácter sexual, y campañas de difamación.

Además de sancionar todos estos crímenes, Bachelet pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se abstenga de utilizar un lenguaje que descalifique a aquellos que critican a las autoridades o que pueda poner en cuestión la independencia de organismos públicos autónomos, incluidas las autoridades electorales.

En su mensaje, Bachelet también comentó la situación en Colombia y manifestó su condena a “todas las formas de violencia”, llamó a que se respete totalmente el derecho a la reunión pacífica” y alentó “un diálogo que resuelva la crisis”.

La Oficina de la alta comisionada en Ginebra tiene conocimiento fundado de 56 muertes (54 civiles y 2 policías) ocurridas en el contexto de las protestas antigubernamentales que se iniciaron a fines de abril en Colombia, con la mayoría de vidas perdidas en la ciudad de Cali.

Bachelet denunció la actuación de grupos que están cometiendo abusos y que han establecido barricadas que están afectando los derechos humanos de la población.

EDUARDO GUERRERO

EL FINANCIERO

 

Por un lado, no es ningún secreto que entre el Presidente y el Chapo Guzmán se han registrado varios gestos de simpatía. Las visitas a Badiraguato; decir que él “no hace leña del árbol caído (sobre la condena a cadena perpetua del capo)”; el saludo a María Consuelo Loera; desistirse de último momento en la captura de su hijo Ovidio Guzmán, entre otros. Por otro lado, el 6 de junio Morena se quedó con el carro completo en Sinaloa, un estado donde la izquierda nunca había gobernado. Rubén Rocha, candidato de Morena a la gubernatura, ganó con una ventaja de 25 puntos. El partido de AMLO también ganó las diputaciones por mayoría relativa en los siete distritos electorales del estado y se quedó con la alcaldía en 17 de los 18 municipios.

Ante estas dos premisas es tentador especular si Morena le debe la contundente victoria en Sinaloa a la gente del Chapo (en particular a sus hijos, los Chapitos, que al parecer fueron quienes buscaron beneficiar al partido del Presidente, en contra de la línea que siguió el Mayo Zambada). Al menos en el caso del gobernador electo, la ventaja fue tan holgada que se antoja difícil que no fuera resultado de la voluntad popular. Sin embargo, conforme pasan los días, y se acumulan testimonios y crónicas, resulta cada vez más evidente que la gente del Chapo sí quiso darle una ayudadita al partido del Presidente.

Hay muchos relatos de irregularidades antes y durante la jornada electoral. Por ejemplo, personas armadas robaron algunas urnas en Los Mochis. Estas historias son similares a las que se cuentan en otros estados. Sin embargo, lo peculiar, y lo que probablemente tuvo un impacto importante en los resultados en Sinaloa, fue la estrategia para ‘neutralizar’ por completo a toda la estructura de operadores de la alianza PAN-PRI-PRD, empezando por el secretario de organización electoral del PRI, José Alberto Salas Beltrán, quien fue levantado el sábado previo a las elecciones.

Según me han comentado amigos sinaloenses, este operativo se hizo con un método y una disciplina escalofriantes, de corte casi militar. En la víspera de las elecciones, tras llevarse a Salas Beltrán, los operadores de la alianza fueron levantados uno a uno. También se llevaron a representantes de casilla. Sin embargo, no hubo mayores desmanes ni excesos. Los operadores y representantes de casilla fueron liberados después de concluir la jornada electoral. Claramente se buscó que el operativo fuera lo más discreto posible. En Sinaloa no hubo candidatos asesinados. Al parecer, en los cálculos de quienes operaron en contra de la alianza, no hizo falta.

Lo ocurrido en Sinaloa nos invita a reflexionar sobre el grado de involucramiento del crimen organizado en las elecciones, pero también sobre el carácter de la competencia política en México. En una democracia consolidada, donde los ciudadanos votaran exclusivamente de acuerdo a su evaluación individual de los candidatos, y donde la compra y la coacción del voto fueran verdaderamente excepcionales, sería muy difícil para el crimen organizado incidir de forma significativa en los resultados con una estrategia como la que vimos en Sinaloa.

Sin embargo, como sabe de sobra la gente de los partidos, en México las elecciones son un juego sucio, donde unos y otros le siguen apostando a las estructuras de ‘operadores’, un eufemismo para personajes que en muchos casos se dedican a cometer delitos electorales, en particular distintas formas de compra del voto. De ahí que la existencia de estas estructuras, y su trabajo el día de los comicios, sea tan importante.

Como se vio en Sinaloa, el crimen organizado puede golpear fuertemente a un partido si el día de la elección logra neutralizar su estructura de operadores. No dudaría que, en elecciones competidas, pudiera llegar a inclinar la balanza. No es necesario hacer demasiada alharaca, basta secuestrar a algunas decenas de operadores, en quienes recae echar a andar la ‘maquinaria’ el día de la elección. Por supuesto, hace falta tener un pequeño ejército de personas armadas y bien disciplinadas para ejecutar una operación de esta naturaleza. También se necesita buena inteligencia para conocer la red de operadores que se busca inmovilizar. No es mayor problema; para eso, los grupos como el Cártel de Sinaloa se pintan solos (con comprar o intimidar a una persona clave es suficiente).

Desafortunadamente, el corolario de las elecciones de junio es que es mejor llevar la fiesta en paz, o incluso cortejar, a los grupos del crimen organizado con mayor capacidad de operación. Caer de su gracia (o tener adversarios que son más populares con ellos) puede resultar muy costoso en términos electorales. Hacer frente a este fenómeno sólo sería posible con un acuerdo de muy alto nivel entre todas las fuerzas políticas del país. Tristemente, un acuerdo de esa naturaleza parece hoy más lejano que nunca.

Foto: Twitter @rochamoya_

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió este viernes que ha bajado el número de vacunas que se aplican al día contra el COVID-19, algo que atribuyó a un menor “ritmo de llegada de vacunas”, y negando los señalamientos de que se debía a que habían pasado las elecciones.

“Bajó el número de vacunados, pero es porque no hemos tenido disponibilidad suficiente de vacunas. Ya se va a ir resolviendo”, explicó el mandatario durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

De acuerdo al reporte oficial emitido por la Secretaría de Salud, el día de ayer se aplicaron en todo el país 519 mil 874 dosis, lejos de las cifras récord de más un millón de vacunas diarias registradas durante los días previos a las elecciones del pasado 6 de junio.

“Bajó el ritmo de llegada de vacunas. Hay disponibilidad, pero también podemos probar que han llegado menos vacunas”, justificó López Obrador al pedir se proyectara la gráfica que indicaba que se recibieron 5.7 millones de vacunas de diferentes laboratorios durante la semana del 24 al 30 de mayo, mientras que esta semana solo llegaron 2.9 millones.

Y como se ha hecho costumbre, AMLO aprovechó el tema para arremeter contra la prensa, en esta ocasión contra el diario El Financiero, a quien acusó de que “de mala fe” informó que antes de los comicios se aceleró la vacunación con motivos electorales.

Criticó que muchos medios de comunicación “son muy buenos para la calumnia”.

A raíz de la reducción de la llegada de dosis, el mandatario anunció que convocara a una reunión con las autoridades sanitarias de los 32 estados del país, así como con los encargados del programa de vacunación, para “reforzar” el plan de inmunización y acelerarlo.

Sobre el arranque de la vacunación universal contra el COVID-19 en Baja California, la secretaría de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, dijo que los resultados del día uno fueron “satisfactorios”.

Detalló que el gobierno preveía vacunar a 140,000 personas diarias, pero en la primera jornada de vacunación universal en el estado se inmunizó a más de 198,000 personas.

Recordemos que para vacunar a los bajacalifornianos se dispone de 1.3 millones de dosis de la vacuna Janssen, vacuna de Johnson & Johnson, enviadas por Estados Unidos para acelerar la vacunación en el norte de nuestro país, lo cual contribuirá a la reapertura de la frontera, cerrada parcialmente desde marzo de 2020 por la pandemia.

Los líderes de los partidos que integran la coalición “Va por México”, aseguraron que durante la jornada electoral del pasado 6 e junio, la delincuencia organizada operó para que Morena ganara.

En entrevista con Latinus, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN afirmó que el bloque opositor no solo resistió el embate del gobierno con el uso y abuso de programas sociales, así como de la imagen del presidente López Obrador, quien se convirtió en el principal vocero de Morena; en esta elección señaló, se enfrentaron a la intervención de la delincuencia organizada en el proceso electoral en favor de los candidatos de Morena.

Cortés Mendoza alertó que incluso el crimen organizado se ha hecho presente en el periodo post electoral, ya que se ha amenazado a distintos candidatos para que no impugnaran los resultados electorales.

En tanto, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, aseguró que “el narco operó para Morena, trabajó para que Morena ganara”, y mencionó casos como los ocurridos en Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa, donde se presentaron casos de levantamiento de personas o el robo de casillas el día de la elección por parte de grupos armados.

“Es una narcodemocracia hacia la que vamos transitando”, afirmó el dirigente perredista, quien sostuvo que desde la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad, “abrazos no balazos” es una manera de encubrir a los criminales y dejarles operar libremente.

Apuntó que las entidades ganadas por Morena tienen una fuerte presencia del crimen organizado; incluso señaló que en los gobiernos estatales que ya gobierna el partido fundado por AMLO, ha aumentado la delincuencia y el narcotráfico. Lamentó que en los 11 estados en que ganó Morena se corre el riesgo de que se conviertan en narcoestados

Al respecto, en un informe entregado al Instituto Nacional Electoral (INE), la organización Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios señalaron que entre un 30% y 35% del territorio mexicano fue impactado por la presencia del crimen organizado durante el proceso electoral.

“Se calcula que entre el 30% y 35% del territorio nacional fue impactado por la presencia del crimen organizado, aunque (…) no necesariamente podemos atribuir al crimen organizado la violencia política y la violencia política de género, va más allá de eso”, dijo la representante de la organización Laura Becerra.

Apuntó que no se podía minimizar la violencia política considerando que hubo 100 víctimas mortales durante las campaña, además de agresiones, difamaciones, amenazas, secuestros, personas heridas de bala, vehículos incendiados.

Sobre si la delincuencia organizada pudo haber influido en la elección de algún candidato, de algún partido o si existiera algún tipo de financiamiento, la Alianza Cívica Nuevo León, otra de las organizaciones que acompañó la jornada electoral, dijo que la percepción de la injerencia de estos grupos en las elecciones, entre la ciudadanía, pasó del 28% al 42%.

De acuerdo a la más reciente encuesta del diario Reforma, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cambió de tenencia en la Ciudad de México, uno de los territorios que mayor apoyo le había dado al mandatario durante los últimos años.

En diciembre del año pasado, López Obrador tenía una aprobación de 53%, contra una desaprobación del 41%.

Seis meses después, en junio de 2021, su aprobación de desplomó al 42%, mientras que su desaprobación subió al 53%.

Con los nuevos datos arrojados por Reforma, AMLO estaría perdiendo fuerza en la capital del país, donde ha acusado que la ciudadanía ha dado pasos hacia el “conservadurismo”, esto tras las elecciones del pasado 6 de junio.

“Aquí es donde se recibió el mayor bombardeo de mentiras y muchos compraron esas mentiras, muchos. Y con esa manipulación la capital de la República, que siempre había estado a la vanguardia, ahora hubo un avance hacia el conservadurismo”, dijo el viernes pasado en su conferencia de prensa matutina.

Sobre los resultados electorales, una tercera parte de los consultados atribuye la gran derrota que sufrió Morena en la CDMX a López Obrador. 34% de los encuestados atribuye a AMLO el que Morena perdiera más de la mitad de las demarcaciones. 33% señala a los titulares de las alcaldías. Sólo 7% señala como responsable a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La aprobación de Sheinbaum Pardo también se vio afectada en el mismo periodo que la de AMLO; sin embargo, la mandataria local mantiene una aprobación superior a su desaprobación.

Mientras en diciembre del año pasado Sheinbaum tenía 64% de aprobación, ahora registra un 53%. La desaprobación pasó del 27% al 40%.

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó este miércoles sobre “un punto de inflexión” en la recuperación económica, pese a advertir de persistentes riesgos para el crecimiento en nuestro país.

“Ya se observan mejoras en los indicadores macroeconómicos. No obstante, queda terreno para recuperarse de la crisis, es decir, no podemos descuidarnos y no podemos bajar la guardia”, declaró Daniel Becker, presidente del ABM.

El representante de los banqueros en México aplaudió la “certidumbre” que trajo las elecciones del pasado 6 de junio, aunque prefirió no referirse a los resultados, en los que la alianza de partidos que apoyan al presidente (Morena-PT-PVEM) perdió la mayoría calificada del Congreso.

“Celebramos que se ratifique que México es un país que tiene órganos autónomos independientes robustos, que cuidan la democracia y la dan certeza a nuestro país”, expresó Becker.

Señaló que las elecciones tuvieron una enorme participación ciudadana con lo que se fortalece la democracia y se reconoce la capacidad e imparcialidad del INE, como un órgano constitucional autónomo y ciudadano.

En temas económicos, el representante de la banca estimó un crecimiento de entre 6% y 8% del crédito privado para finales de año. Destacó que el crédito a las empresas ya presentó un aumento de 4 % de enero a marzo de 2021 con respecto al trimestre anterior.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, pues alertó que el crédito al consumo aún tuvo una variación anual negativa de 6.1% en abril, con la mayor caída,  de 19.7%, en los préstamos personales.

“Estamos seguros de que conforme haya un proceso más rápido de percepción de vacunación esto crecerá”, añadió Becker, quien señaló como riesgos a la baja los ‘cuellos de botella’ en suministros globales, la volatilidad en mercados financieros y la recuperación de la inversión menor a la esperada.

En más temas económicos, el Banco de México (Banxico) dijo este miércoles que el sistema financiero ha mostrado una posición sólida que apoyaría la recuperación de la economía, cuyas perspectivas de crecimiento han mejorado gracias el inicio de la vacunación contra el COVID-19.

En su reporte de estabilidad financiera, Banxico dijo que si bien desde inicios de 2020 la economía mexicana ha enfrentado afectaciones considerables y una elevada incertidumbre por los choques de la pandemia, el panorama ha mejorado ante perspectivas económicas globales más alentadoras.

“El sistema financiero mexicano ha continuado mostrando resiliencia y una posición en general sólida, caracterizada por niveles de capital y de liquidez por encima de los mínimos regulatorios”, dijo Banxico y agregó que la campaña de inmunización ha favorecido las perspectivas de crecimiento.

Banco de México advirtió que el panorama es aún incierto debido, principalmente, a la evolución que pueda tener la pandemia.

Nueve días después de una reñida segunda vuelta de la elección presidencial, el conteo del órgano electoral (ONPE) de Perú llegó al 100% de mesas contabilizadas, otorgando al candidato izquierdista, Pero Castillo 8 millones 835 mil 579 votos, lo que lo coloca a la cabeza con el 50.12% de los votos.

Su rival, Keiko Fujimori se adjudicó 8 millones 791 mil 521, es decir el 49.87% de los votos. Fujimori ha denunciado “fraude” y ha pedido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que anule los votos de 151 mesas de sufragio.

Perú espera entonces, en medio de la incertidumbre y algunas movilizaciones de calle en favor de ambos candidatos, el veredicto del JNE para saber quién será su próximo presidente a partir del 28 de julio.

“Invoco a las autoridades electorales a que, de una vez por todas, ya dejemos de estar alargando y seguir teniéndolo en zozobra al pueblo peruano y se respete la voluntad popular de este país”, dijo Castillo ante miles de seguidores durante un mitín en Lima.

“Esta noche no solo debe ser de júbilo sino de gran responsabilidad, no nos dejemos llevar por ilusiones ni pretensiones”, añadió el candidato.

Los comicios, que contaron con el 74.5% de participación ciudadana, fueron calificados como transparentes por diversos observadores, entre ellos de la OEA que dijo que no hubo irregularidades graves.

Y mientras Castillo se muestra seguro de su triunfo, y encabeza actos masivos de victoria, Fujimori solicitó una “auditoría informática” a la ONPE, mientras el JNE revisa las impugnaciones presentadas por cada candidato, principalmente por ella.

“Hoy ha salido un resultado del conteo de la ONPE, pero falta lo más importante, que es la evaluación de las actas pendientes que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, aquellas apeladas por las actas observadas y las más de 800 actas con solicitud de anulación”, dijo Fujimori.

Y aunque dijo que confían en los órganos electorales, aclaró que confía más en la voluntad popular. Adelantó que cuando se analicen las irregularidades denunciado, “lo más probable es que nos den la razón”.

Ambos órganos electorales están en el ojo del huracán. La ONPE organiza los comicios y cuenta los votos, mientras que el JNE resuelve las impugnaciones y proclama al ganador oficial.

Perú está sumido en convulsiones políticas desde hace cinco años que lo llevaron a tener tres presidentes en cinco días de noviembre de 2020, y además ha resultado muy golpeado por la pandemia y la crisis económica.

Pasada la elección intermedia, arrancó ya el proceso para la elección del 2024. Por ello el presidente ya se quiso adelantar y aumentar sus posibles candidatos ante los problemas para Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard después de la tragedia evitable de la Línea 12 del metro. Sin embargo, antes de las elecciones presidenciales hay dos paradas.

La primera es si se enjuicia a los políticos del pasado, el mal llamado juicio a los expresidentes. La segunda parada es la posibilidad de revocar el mandato del presidente.

El juicio a los políticos del pasado está programado para agosto de este año. Esto tendrá al presidente López Obrador muy ocupado en seguir en modo polarizador.

La revocación de mandato la quería AMLO junto con la intermedia, pero se evitó que así fuera y con ello no pudo estar en las boletas de las elecciones que acaban de llevarse a cabo. Pero es un hecho que el presidente quiere que en el 2022 se lleve a cabo la votación para revocarle o no el mandato. Y si la oposición cae en la trampa del presidente de apoyar este ejercicio le estará haciendo un enorme favor.

Esto viene a cuento ya que pasadas las elecciones está muy contenta una parte de la oposición por el resultado en las legislativas y en la CDMX, pero un grupo de empresarios siente que deben de ir más allá y entusiasmar a más ciudadanos a participar en la política para frenar a Morena.

Y ahí, según me comentan dentro de estos círculos de empresarios, ven que no pueden ignorar la revocación de mandato. Ojalá la ignoren. Para lograr que ésta avance, el presidente necesita que alguien presente la solicitud entre noviembre y diciembre de este año, que es el plazo de tres meses a partir de la mitad de su sexenio. El presidente no la puede solicitar, pero podemos anticipar que entre sus muchos habilitadores, alguno hará la solicitud para comenzar a juntar las poco más de 2 millones 800 mil firmas necesarias para que proceda la revocación.

Y ahí es en dónde los empresarios que quieren mayores contrapesos al gobierno deben ignorar la revocación de mandato. Una encuesta de El Financiero publicada después de las elecciones muestra que de haberse hecho la revocación el 6 de junio un 46% habría votado por remover a AMLO y un 49% por dejarlo como presidente. Esto puede poner nerviosos a quienes quisieran ver al presidente perder. Gran error harían si caen en la trampa de querer movilizar a la población para participar en el ejercicio. Hay que tomar en cuenta que al presidente le gusta estar en modo campaña y lo hace bastante bien. Prefiere que el tema sea la revocación de su mandato y apelar al pueblo como sabio en lugar de enfrentar preguntas sobre su desempeño como gobernante.

Para que el proceso de revocación sea válido debe participar cuando menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal. Con los números de este año, eso equivale a 37 millones 411 mil electores. Lo mejor que puede hacer la oposición es ignorar el proceso; no caer en la trampa de que con la revocación se puede premiar o castigar al presidente y no permitir que lo asuma como bandera de campaña para evitar la responsabilidad de gobernar.

Veremos si evitan o caen en esta trampa del presidente.

 

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este martes que, de aquí al 2023, presentará a la Cámara de Diputados tres reformas constitucionales, que tiene que ver con el sector eléctrico, con la renovación del Instituto Nacional Electoral  (INE) y el reforzamiento de la Guardia Nacional.

“Las reformas que vamos a promover básicamente son tres, y (se darán) en su momento, porque ya las principales reformas constitucionales fueron aprobadas”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa de Palacio Nacional.

Tal y como había adelantado el pasado 10 de junio, el mandatario detalló que la primera iniciativa de reforma está relacionada con que se fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e indicó que espera presentarla a finales de este año o a más tardar a principios del 2022.

Aunque a inicios de 2021 el presidente envió una reforma legal, pero no constitucional, en materia de energía eléctrica, una serie de amparos judiciales han impedido que pueda avanzar, lo que ha generado una confrontación entre el gobierno federal y la iniciativa privada.

Dicha reforma constitucional, indicó, buscará entre otras cosas que el 56% del mercado del despacho eléctrico sea para la CFE y el 46% quedará en manos de particulares.

“Se hizo una reforma a una ley para resolver este problema, pero todavía no se publicaba la ley para resolver este problema y empezaron (a darse) los amparos. ¿Entonces qué nos queda? Una reforma constitucional”, advirtió López Obrador.

La segunda reforma, afirmó, será la que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral (INE), para darle una “verdadera” independencia al organismo, “y que no domine el conservadurismo”, esto luego de las elecciones del pasado 6 de junio.

“Tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas. Se lo dije a los empresarios. ¿Qué es un demócrata? Es una gente que independientemente de su origen de clase o de su manera de pensar, actúa con rectitud”.

AMLO no descartó que la reforma vaya dirigida a la renovación del INE, o incluso a la creación de una nueva autoridad electoral. Esta iniciativa, dijo, será presentada en 2022. Adicional, dijo que la reforma electoral también buscará reducir los costos de las elecciones en México, especialmente lo que se refiere a las prerrogativas que se les entregan a los partidos políticos.

En ese sentido, AMLO señaló que el país “no está para eso” y de hecho acusó que las elecciones en México son las más caras del mundo. Arremetió que los actuales órganos electorales intervinieron en su momento para evitar que llegara un “populista a la Presidencia”, al grado de promover el fraude electoral.

La reforma también buscaría acortar el número de legisladores, tanto Diputados como Senadores; sugirió que deben desaparecer los legisladores plurinominales. “Vamos a reformar la Ley, la Constitución para que haya democracia plena”, remató el mandatario.

Finalmente, la tercera reforma que enviará esta relacionada con la Guardia Nacional, con el fin de que no se “eche a perder” tal como ocurrió con la Policía Federal. Precisó que lo que buscará es que la corporación pase de estar bajo el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Precisó que lo que él “considera” correcto y benéfico para el país es que la Guardia Nacional no acabe en manos de alguna dependencia como la Secretaría de Gobernación, pues eso provocaría que en seis años esté “echada a perder”.

Al decir que la Guardia Nacional necesita seguirse consolidando, pues recordó que nació apenas en marzo de 2019, adelantó que es posible la iniciativa sea presentada en 2023, es decir, en el último tramo de su administración.

Recordemos que López Obrador ha ampliado enormemente el papel de los militares en temas relevantes del país, tanto en temas de infraestructura, economía y de seguridad; ha puesto al Ejército a cargo de los puertos marítimos y las aduanas, y le ha dado a la Marina la propiedad parcial del enlace ferroviario y portuario multimodal en todo el istmo sur del país.

En diciembre, el presidente le dio al Ejército el control operativo y las ganancias de otro de sus proyectos favoritos, el Tren Maya. El Ejército utilizaría las ganancias para financiar las pensiones militares, aunque no está claro que el proyecto vaya a generar utilidades.

AMLO aclaró que entre las iniciativas de reforma que enviará no está considerada ninguna que tenga que ver con el aumento de impuestos, que dijo, fue un tema que habló con los empresarios en la reciente reunión que sostuvo con alguno de ellos.

Finalmente, López Obrador sostuvo que si las reformas que presente no son aprobadas por los diputados y senadores, ahora que Morena no tiene la mayoría calificada en la Cámara baja, aun con la ayuda de sus partidos aliados, será “responsabilidad de los legisladores” y tendrán que asumir su responsabilidad.

La agencia calificadora Moody’s afirmó este lunes que es poco probable que el rumbo de la política macroeconómica y fiscal de México cambie luego del resultado de las elecciones del pasado 6 de junio, el que Morena y aliados perdieron espacios en la Cámara de Diputados.

Los resultados electorales fueron precedidos por los anuncios del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre los cambios en la Secretaría de Hacienda y en la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), los cuales tampoco modificarían el rumbo actual, destacó Moody’s.

“En nuestra opinión, los cambios propuestos en el equipo económico y los resultados de las elecciones intermedias no dan lugar a un cambio material en la dirección de las políticas macroeconómicas y fiscales”, dijo la agencia en un comunicado.

Recordemos que Morena, PT y PVEM redujeron el número de escaños que tiene hoy en día en la Cámara de Diputados, aunque mantuvieron la mayoría de la mitad más un voto, lo que aún le permitirá alcanzar objetivos clave del gobierno, como un mayor a Pemex y aprobar el presupuesto de 2022.

No obstante, la calificadora, que mantiene la nota soberana de México en un nivel “Baa1” con perspectiva negativa, destacó que la pérdida del control de dos terceras partes en la cámara baja redujo el riesgo de cambios constitucionales radicales, especialmente en el sector energético.

En materia fiscal, dijo Moody’s, el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como próximo secretario de Hacienda favorece la continuidad. “Esperamos que la postura de austeridad fiscal que ha caracterizado a la administración se mantenga”.

El economista, un asesor de largo tiempo de López Obrador, sustituirá en la Secretaría de Hacienda a Arturo Herrera, quien será nominado para relevar a finales de este año al actual gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León. El nombramiento tendrá que ser ratificado en su momento por el Senado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado esta mañana sobre la investigación que la Fiscalía Electoral abrió en contra de los “influencers” que postearon la semana pasada, en plena veda electoral, a favor del Partido Verde.

Indicó que prefería no opinar, pues ya ha dicho que durante la jornada electoral del pasado fin de semana hubo elecciones limpias, libres, que está “satisfecho”. Hay que recordar que el Partido Verde es uno de los aliados de Morena, y por ello del gobierno federal, pues será con sus votos que el bloque de la 4T alcanzará la mayoría que requiere para avalar diversos asuntos en la Cámara de Diputados, tales como el presupuesto.

“No dejaron de haber algunos actos indebidos, violaciones, eufemísticamente llamadas irregularidades, pero nada que ver con las elecciones de Estado que llevaban a cabo los del partido conservador, esos se robaban las urnas, bueno, nos robaron a nosotros hasta la Presidencia, a todo el pueblo. Nada que ver”, dijo AMLO.

Enfatizó que mientras en elecciones pasadas se avalaban los fraudes, ahora no se está hablando de ello o de elecciones de Estado, pues los adversarios no tienen los elementos para asegurarlo y demostrarlo. Ahora “se respetó el voto de los ciudadanos”, añadió.

En tono de broma, AMLO dijo que al movimiento que él encabeza no le fue 2tan mal, tan mal, tan mal”, ya que de las 15 gubernaturas que estaban en juego, Morena obtuvo “democráticamente, legítimamente” 11, mientras que en la Cámara de Diputados ganaron 185 de los 300 distritos en todo el país.

Al insistirle sobre el tema de los influencers que llamaron al voto en veda electoral, AMLO dijo que no era correcto, aunque le sirvió para reiterar sus acusaciones de la guerra sucia que se vivió en la Ciudad de México, donde los conservadores ocuparon desgracias, como el colapso en la línea 12 del Metro, con propósitos electorales; “siempre han andado zopiloteando“.

“Les funcionó aquí en la ciudad y se explica porque aquí es donde se recibió el mayor bombardeo de mentiras y muchos compraron esas mentiras, muchos, y con esa manipulación en la capital de la República, que siempre había estado a la vanguardia, ahora hubo un avance hacia el conservadurismo. Por eso lo atribuyo, a que, sobre todo sectores de clase media fueron influenciados, se creyeron lo del populismo, el de que íbamos a reelegirnos, lo del ‘mesías tropical’, el ‘mesías falso’, etcétera”, sostuvo AMLO.

Insistió en sus señalamiento de que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, aunque enfatizó, también son clasistas y racistas.

La Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) avanza este jueves con el conteo final de los votos en la elección presidencial, con el socialista Pedro Castillo a punto de alzarse con el triunfo, mientras la derechista Keiko Fujimori busca anular miles de boletas argumentando supuestas irregularidades.

El partido de Castillo, Perú Libre, ha negado las imputaciones de Fujimori y los observadores internacionales han afirmado que la votación se llevó a cabo de forma transparente.

Castillo, hijo de campesinos y profesor en una escuela rural, mantiene una ventaja del 0.4% con el 99.19% de las actas contabilizadas, con una diferencia de 70,136 votos cuatro días después del proceso electoral.

De acuerdo a la oficina electoral ONPE, Castillo obtenía un 50.20% de votos, mientras que la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori y que busca la presidencia por tercera vez, tenía un 49.80%

Fujimori afirmó la noche de ayer a periodistas que presentó la nulidad de medio millón de votos luego de cuestionar la legalidad de las actas de votación, y acusar la actuación de representantes del partido de Castillo en las mesas de votación, que supuestamente habrían manipulado los resultados.

El tribunal de ética del Jurado Nacional de Elecciones, elegido por los partidos que participan en las elecciones y encargado de velar la legalidad del proceso, calificó el jueves como “irresponsables” las acusaciones de fraude sin pruebas. “Alimentan un clima de polarización social y debilitan los organismos electorales”, dijo en un comunicado.

La historia para la candidata se podría repetir, ya que fue derrotada en las anteriores elecciones del 2016 con una pequeña diferencia (0.24%) frente al banquero Pedro Pablo Kuczynski.

El conteo se alarga mientras el jurado electoral resolvía cientos de actas impugnadas, que podrían retrasar el anuncio de quien sería el próximo presidente que deberá reemplazar a fines de julio al mandatario interino Francisco Sagasti.

Las acusaciones de presunto fraude, que han venido de ambos lados, podrían desencadenar semanas de tensión con ciudadanos protestando desde el lunes en las inmediaciones de la sede de la oficina electoral en el centro de lima, reclamando celeridad y transparencia en el conteo de las boletas.

Según la ONPE, hasta la mañana del jueves había 751 actas de votación en revisión, entre impugnadas, observadas o con errores de material. Cada acta cuenta con entre 200 y 300 electores.

Castillo ha puesto nerviosos a inversionistas porque planea reescribir la Constitución para reforzar el papel del Estado y quedarse con una mayor parte de los beneficios de las mineras; aunque uno de sus asesores clave dijo que en un gobierno del izquierda se respetará la economía de mercado.

Por otro lado, el fiscal del equipo especial ‘Lava Jato’, José Domingo Pérez, ha solicitado este jueves la detención preventiva de Keiko Fujimori, al considerar que habría violado los términos de su libertad condicional, en el marco de la investigación en su contra por un supuesto delito de blanqueo de dinero.

Pérez ha explicado que Fujimori ha violado una de las restricciones que se le impuso a cambio de salir de prisión a principios de mayo de 2020, la de no comunicarse con otros testigos del caso por el que se le acusa de haber recibido financiación ilegal a través de la constructora Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, se puede lee en el escrito presentado por Pérez al juez del caso, Víctor Zúñiga Urday.

Pérez presentó una imagen de encuentro público mantenido este ayer entre Fujimori y Torres Morales, en el que la líder conservadora anuncia acciones legales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y en las que él actuaría como abogado de Fuerza Popular.

ARTURO SARUKHÁN

EL UNIVERSAL

 

 

Hace algunos años y en plena crisis humanitaria causada por los flujos de refugiados sirios cruzando territorio turco hacia Europa, diversos países de la Unión Europea buscaron que el gobierno de Turquía, encabezado por el presidente Recep Erdogan, detuviese ese movimiento masivo y trágico de familias enteras huyendo del conflicto y de crímenes de lesa humanidad propiciados por el régimen sirio. El quid pro quo tácito fue que varios gobiernos europeos se hiciesen de la vista gorda y no se pronunciaran sobre la política interna turca y la creciente degradación democrática en curso en ese país. Hoy, Estados Unidos podría estar cayendo en ese mismo error, o en lo que yo llamaría la “Trampa Erdogan”. Es decir, que cara a las elecciones intermedias legislativas del próximo año y el alcahueteo político y electoral del tema por parte del Partido Republicano, Joe Biden requiere contar, a toda costa, con el apoyo cabal mexicano para encarar los efectos de la transmigración centroamericana y disminuir sensiblemente los flujos de migrantes en la frontera con nuestro país. A cambio, para no contaminar esa posibilidad de cooperación mexicana y ante la particular manera en la cual el Presidente López Obrador concibe en esta coyuntura la relación con EU, Washington decidió que por el momento no cuestionará o presionará al gobierno y presidente de México en otros temas bilaterales sensibles y particularmente en aquellos de política interna mexicana que apuntan a la erosión de la democracia mexicana.

Qué duda cabe que la actual administración estadounidense debe hilar fino con México. A diferencia de Trump, a quien le importaba un pepino la relación con México o la política interna de nuestro país, Biden entiende que las fortalezas económica y democrática mexicanas son factores estratégicos para el bienestar y la seguridad de EE.UU. También tiene clara la proclividad del presidente mexicano por el hombre al que él derrotó en las urnas en noviembre pasado. Y ha detectado la inclinación de su homólogo de estar buscando en este momento -ante un gobierno que, a diferencia del de Trump, busca compartimentalizar de nuevo la relación y evitar que diferendos en un tema específico contaminen la agenda en su conjunto- un pulso de tensión con Washington, enmarcado en su narrativa de ellos vs nosotros, en su perspectiva particular de las relaciones internacionales y del vínculo con EU, así como su rechazo a una realidad inexorable: los vasos comunicantes que existen entre la política interna de cada nación y la agenda bilateral. Por ello Biden y su equipo han buscado desde el primer día minimizar las probabilidades de que López Obrador encuentre oportunidades para detonar casus belli con el gobierno estadounidense, tal y como ha ocurrido con el frente que abrió atacando el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil en México (después de haber ignorado convenientemente que éste se dio también durante la gestión de Trump en la Casa Blanca) y que de manera tácita e indirecta fue atajado con el pronunciamiento general en el sentido de que EU seguirá apoyando, como eje de seguridad nacional interno y en el mundo, a ONG dedicadas a fomentar la transparencia y combatir la corrupción. Es en este contexto complicado que se encuadra la visita de la Vicepresidenta Kamala Harris a México.

Su viaje a México se originó como parte de la estrategia estadounidense para detener la escalada en los flujos migratorios estacionales en la región y como un esfuerzo para convertirla en pieza central de interlocución con el gobierno mexicano. Por ello fue ella quien anticipó la semana pasada a López Obrador el anuncio que haría la Casa Blanca más tarde ese día acerca del envío de dosis de vacunas a nuestro país. Y si bien pasarán algunos días antes de que tengamos una lectura más granular de los temas que se abordaron -y sobre cómo fueron abordados- en la reunión de ayer en Palacio Nacional, la vicepresidenta aterrizó el lunes por la noche en la Ciudad de México con una agenda conformada básicamente por el tema migratorio y la cooperación bilateral en la materia; los esfuerzos para garantizar que la vacunación blinde a ambos lados de la región fronteriza de nuevos casos o rebrotes, evitando en una especie de cordón sanitario nuevas disrupciones en las cadenas esenciales de suministro y dando pasos hacia la reapertura total de la frontera; la importancia de los temas ambientales y laborales como parte de las obligaciones mexicanas al amparo del TMEC; y un apuesta al reinicio de conversaciones sobre la cooperación en materia de seguridad. Dada la enorme complejidad y amplitud de la agenda bilateral -para Washington, única quizás en el mundo en función de ese abanico temático tan amplio- y ya no digamos los innumerables temas de política interna que impactan esa agenda y la relación entre ambas naciones, esta es una agenda temática indudablemente constreñida.

Los flujos migratorios centroamericanos ya han empezado a disminuir, como ocurre año con año con la temporada de lluvias. Y con una administración que con el paso de los meses ha alcanzado una mejor capacidad de gestión -ciertamente facilitada por la labor mexicana en prevenir cruces indocumentados hacia Estados Unidos- para enderezar la situación desastrosa que se encontró como legado envenenado trumpista en materia de política migratoria y de asilo a fines de enero cuando tomó las riendas de gobierno, la pregunta obligada es si Biden empezará a ampliar la agenda diplomática con México para incluir, de manera pública o en privado, otros temas esenciales para el futuro de la relación.

Biden y Harris ciertamente hacen bien en buscar evitar darle excusas al presidente mexicano para torpedear el diálogo integral que debe darse entre ambas naciones, y considero que es buena apuesta que la vicepresidenta se consolide como interlocutora privilegiada del gabinete estadounidense con México, sobre todo si se trata de buscar mitigar y darle la vuelta al recelo y resentimiento que López Obrador carga con los Demócratas en virtud de que considera que no lo apoyaron cuando buscó impugnar y cuestionar los resultados electorales de 2006 y 2012 en México. Pero en algún momento, la Administración Biden tendrá que empezar a ocuparse de los demás temas de la agenda bilateral: desde la infraestructura fronteriza, las energías renovables y el cambio climático hasta la indispensable cooperación en todos los temas de seguridad e inteligencia, el agua de los ríos Bravo y Colorado y la mitigación del impacto ambiental que generó el muro de Trump o la construcción de un andamiaje comercial y económico que permita a Norteamérica competir con China. Y como parte de esa ampliación temática, la preocupación por una presidencia imperial y por la vitalidad democrática en México, por sus pesos y contrapesos, su separación de poderes y sus organismos autónomos, por el papel de medios y sociedad civil en la rendición de cuentas, la pluralidad, la tolerancia y una democracia participativa, tendrán que jugar un papel en el cálculo estadounidense de cómo interactuar con este gobierno mexicano. Veremos si con la visita de la vicepresidenta -o a partir de ella- se empieza a perfilar esa agenda y si Estados Unidos sale de esa trampa en la que podría haber caído y en lugar de jugar matatenas, empieza a jugar ajedrez en la relación bilateral.