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Diez hombres, presuntos responsables de las riñas que se registraron en el estadio Corregidora, en Querétaro, fueron detenidos la noche de ayer en en los municipios de Querétaro, El Marqués, Colón y San Juan del Río, informó la fiscalía del estado.

“En continuidad a las acciones de investigación (…) por lo sucedido durante el partido Querétaro vs Atlas, se informa que se ha detenido a las primeras 10 personas del sexo masculino”, informó en un comunicado de la Fiscalía de Querétaro.

Detalló que fueron detenidos por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito.

Y es que se informó que ayer un juez emitió 26 órdenes de captura, luego de que fueron identificados, gracias a imágenes difundidas por medios de comunicación y en redes sociales, a los presuntos responsables del enfrentamiento que dejó 26 heridos.

“Para la identificación de las conductas criminales y de los 26 posibles intervinientes, se recibió información a través de nuestras redes sociales, por lo que se analizaron 583 imágenes, 78 videos, más de mil mensajes con información y denuncias anónimas al 089; además, de extraer información de los videos de las cámaras de vigilancia del Estadio Corregidora”, indicó la Fiscalía.

El juez también autorizó que fueran cateadas las viviendas de los presuntos responsables, a quienes se les decomisaron 82 prendas deportivas con insignias del equipo de Querétaro, 4 pares de zapatos deportivos, algunos con posibles manchas de sangre, 22 teléfonos celulares y otros objetos.

Hasta la noche de ayer, se informó que de los 26 heridos, 19 ya habían sido dados de alta.

Este martes está prevista una asamblea de los dueños de equipos de la Liga MX en la que se revisarán los avances de las investigaciones que realiza la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Fiscales de Estados Unidos consiguieron documentos de la computadora personal del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, durante la Presidencia de Felipe Calderón, a quien se acusa de delitos relacionados con narcotráfico y de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

En un escrito enviado por la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York al tribunal que lleva el caso, se hace una relación de la nueva documentación reunida por los abogados del gobierno, en anticipación a la audiencia programada para la próxima semana en la que el juez preguntará a las partes sobre el avance de las diligencias.

El equipo de fiscales asegura haber recolectado también correos electrónicos y mensajes WhatsApp, aunque no se especifica su naturaleza, además de otros documentos enviados por el gobierno de México, así como por varios bancos como Bank of America, Citibank o Sabadell United Bank y firmas de abogados.

Sin embargo, como es habitual, la Fiscalía solicita al juez que todo el material permanezca embargado y no se haga público.

Hasta el momento, los fiscales han reunido más de un millón de documentos y audios que supuestamente incriminan al exfuncionario.

El juez que preside el caso, Brian Cogan, fijó el comienzo del juicio para el próximo 24 de octubre, para dar tiempo a la Fiscalía de continuar sus pesquisas y a la defensa de García Luna para revisar la cantidad de material acumulado.

La próxima semana Cogan convocó a las partes para interrogarles sobre sus avances y así determinar, entre otras cosas, si se mantiene la fecha del comienzo del juicio o si es necesario posponerla.

También sigue pendiente la decisión del juez sobre la petición de la Fiscalía de proteger a los miembros del jurado manteniendo su anonimato, evitando que mantengan contacto con el público durante su estancia en los juzgados y garantizando que sean acompañados diariamente por alguaciles en su viaje a la corte.

La Fiscalía realizó esta solicitud en diciembre pasado por considerar que “el acusado tiene los recursos financieros para intimidar o incluso hacer daño al jurado”.

Recordemos que García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue secretario de Seguridad Pública.

Según la Fiscalía, “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al cartel de Sinaloa, un famoso cartel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios” y agregó que tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel mexicano para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.

La Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que presentaron a la Fiscalía General de la República (FGR) dos nuevas solicitudes de extradición en contra del ex diplomático, escritor y académico Andrés Roemer, quien es acusado de acoso sexual y violación.

“Les informo que la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género de esta Fiscalía presentó a la Fiscalía General de la República dos nuevas solicitudes de extradición, las cuales, en este momento, están en proceso de traducción, a efecto de ser enviados a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su trámite diplomático”, dijo la Fiscal en un mensaje a medios.

Godoy Ramos precisó que sumarán en total cinco solicitudes de extradición en contra del también analista. Recordó que fue a finales del año pasado cuando pasado se presentaron al gobierno de Israel, tres solicitudes de extradición, bajo el principio de reciprocidad internacional, en contra del ex diplomático.

“Las víctimas son nuestra prioridad y agotaremos todos los recursos a nuestro alcance para que sus denuncias tengan eco y obtengamos justicia en cada uno de los casos”, dijo Ernestina Godoy.

Fue el pasado 11 de mayo cuando la Interpol emitió una ficha roja para detener al exdiplomático de origen judío, quien se encuentra en Israel, país con el que México no cuenta con un tratado de extradición.

En un inicio, Roemer negó “rotundamente” en Twitter los hechos por los que se le acusan, aunque terminó borrando sus cuentas de redes sociales.

Hasta el momento, 36 mujeres han acusado públicamente a Andrés Roemer, y al menos seis lo han acusado formalmente ante la Fiscalía capitalina.  Además, según el colectivo Periodistas Unidas Mexicanas (PUM), hay más de 60 denuncias entre públicas y anónimas.

Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dijeron eSTE miércoles que están revisando “millones de documentos” que les han entregado fiscales en Nueva York en los que no aparece el nombre de su cliente o alguna conexión con el narcotráfico.

Por este motivo, dijeron al juez que van a necesitar más asistencia del gobierno estadounidense para clarificar las pruebas que se entregan en contra de García Luna.

El abogado César de Castro dijo además durante una audiencia celebrada hoy en la corte federal de Brooklyn que García Luna fue alguien muy importante en México que se reunía con altos funcionarios estadounidenses a menudo, incluidos de la CIA y el FBI, y que por lo tanto quiere tener acceso a reportes sobre esas reuniones e informes “que serán material central para nuestra defensa”.

En el juicio a García Luna, que en principio iniciará el 24 de octubre de 2022, el jurado decidirá si el funcionario mexicano es culpable o inocente de delitos de narcotráfico por supuestamente haber recibido millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa para permitir que la organización criminal operara sin interferencias.

Recordemos que García Luna fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. El exsecretario se ha declarado inocente.

En la audiencia de hoy, De Castro expresó su intención de pedir a la fiscalía una especificación de cargos, es decir, una explicación concisa de las acusaciones que hace fiscalía y respuestas específicas a las preguntas de los abogados.

“La defensa tiene derecho a pedir asistencia”, dijo el juez Brian Cogan. “Parece que están buscando un puerto en un océano”.

De Castro dijo también que el gobierno de México presentó recientemente en Florida una demanda por presunto lavado de dinero contra García Luna, lo que representará más trabajo. Con la acción judicial, las autoridades mexicanas buscan recuperar unos 250 millones de dólares que habrían robado García Luna y varios socios y familiares, aseguran. “Este caso cambia continuamente para nosotros,” dijo De Castro.

Por otro lado, en la audiencia se discutió el proceso para lidiar con todas las pruebas que incluyen información confidencial. Esas pruebas debe ser sometidas a un proceso judicial paralelo en el que se decide cuáles podrán ser incluidas en un juicio y cuáles no. El juez Cogan accedió a la petición de los fiscales de entregar las pruebas confidenciales que sean aprobadas en un plazo de cinco meses. Después de eso, la fiscalía, abogados y el juez se reunirán para discutirlas.

La fiscalía asegura que los pagos que García Luna recibía por parte del Cartel de Sinaloa eran hechos por líderes del cártel, entre ellos, Ismael “El Mayo” Zambada, quien no ha sido arrestado, y Jesús “El Rey” Zambada, quien sí fue arrestado y testificó en el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, un exlíder del cártel.

Según los fiscales, García Luna ordenaba a miembros de la policía federal de nuestro país que protegieran las rutas que usaba el cártel y aportaba personal de seguridad para los altos cargos de la organización delictiva. También entregó al cártel información sobre investigaciones que hacía la policía.

La Fiscalía de la Ciudad de México acusó formalmente ante el juez a 10 personas de homicidio doloso, lesiones y daño a la propiedad por el derrumbe de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos y un centenar de heridos en mayo pasado.

“Los amplios, exhaustivos y profesionales trabajos ministeriales y periciales nos permitieron imputar a servidores públicos, personas físicas y representantes legales, como probables responsables de los hechos, por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todas culposas”, anunció el portavoz de la Fiscalía, Ulises Lara.

El pasado octubre, trascendió que la Fiscalía de Ciudad de México había presentado las primeras 10 denuncias contra presuntos responsables del accidente, entre los que destaca Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro que planteó la construcción de la línea.

Además, la empresa CICSA, constructora del magnate Carlos Slim que construyó el tramo elevado en 2012, anunció un “acuerdo reparatorio” con el gobierno de la Ciudad de México para rehabilitar la línea, aunque negó haber sido responsable de su derrumbe.

El portavoz de la Fiscalía reveló que también hay “reuniones” entre las partes para cerrar un acuerdo de reparación con las víctimas y sus familias.

Asimismo, puntualizó que el Ministerio Público capitalino no ha solicitado al juez órdenes de arresto contra ninguno de los acusados.

La nueva fecha de audiencia fue fijada por el juez para marzo de 2022, aunque la Fiscalía pedirá que se avance para que “el acceso a la justicia sea pronto y expedito”. La investigación del Ministerio Público local consta de 59 tomos y más de 30.000 hojas.

La tragedia ocurrió el pasado 3 de mayo, cuando se derrumbó un puente elevado de la Línea 12, en la alcaldía Tláhuac, por lo que el vagón cayó sobre sobre la avenida y quedó encallado en forma de “V”, dejando 26 muertos y un centenar de heridos.

Un informe independiente encargado por el gobierno de la Ciudad de México a una empresa noruega concluyó que el accidente se debió a una “falla estructural” de la construcción.

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó que los miembros del jurado que participen en el juicio del próximo año contra al exsecretario de Seguridad de nuestro país, Genaro García Luna, permanezcan en el anonimato y sean escoltados por alguaciles, para evitar que sean intimidados.

“El acusado tiene los recursos financieros para intimidar o incluso hacer daño al jurado”, subrayo el fiscal de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, en un escrito dirigido al juez que preside el proceso.

Peace insiste al magistrado en que al gobierno de Estados Unidos le preocupa que el acusado y cercanos puedan emprender una campaña de acoso, intimidación o violencia contra los testigos y sus familias.

En el texto, la Fiscalía asegura que estas medidas estarían destinadas a proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado, con el objetivo de prevenir el acoso, la intimidación u otra interferencia con los miembros del jurado, así como “mitigar cualquier temor en las mentes de los miembros del jurado”.

El fiscal de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York justifica estas medidas por la “excepcional gravedad de los cargos” así como por los antecedentes del acusado de interferir en procesos judiciales.

Si el juez acepta la petición no serán revelados ni los nombres de los miembros del jurado ni sus direcciones de vivienda y trabajo a ninguna de la partes.

Más allá de preservar su anonimato, los fiscales solicitan también que todos los miembros del jurado sean trasladados al juzgado y a sus residencias por alguaciles y que durante su estancia en los tribunales estén aislados del público.

El comienzo del juicio contra García Luna por delitos del narcotráfico está previsto para el 24 de octubre del próximo año.

Recordemos que García Luna estuvo al frente de la extinta Agencia Federal de Investigación de 2001 a 2005, y entre 2006 y 2012 fue Secretario de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón.

Según la Fiscalía, el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al cartel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios. Se tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.

Un juez pospuso este lunes hasta el próximo 3 de diciembre la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien cuenta ahora con 14 días para cerrar un acuerdo de reparación por la compraventa fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez otorgó el aplazamiento solicitado por la defensa de Lozoya, que alegó falta de “acceso” a la investigación.

La decisión del juez se dio pese a que la Fiscalía General de la República (FGR), Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que actúan como acusación, se opusieron a dicha prórroga.

Lozoya, quien dirigió Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, está acusado de haber comprado a sobreprecio la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

También está acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la reforma energética de Peña Nieto.

El próximo 3 de diciembre, Lozoya deberá comparecer en una audiencia por el caso Agronitrogenados y en otra por el caso Odebrecht.

La defensa de Lozoya ha ofrecido a pagar 3.4 millones de dólares por el caso Agrinitrogenados y 1.6 millones por Odebrecht como parte de un acuerdo de reparación para evitar quedarse en la prisión.

Lozoya, arrestado en España y extraditado el año pasado a México, entró en prisión preventiva el pasado 3 de noviembre después de que la Fiscalía diera por roto el pacto que lo había convertido hasta ese momento en una especie de testigo protegido.

La semana pasada, por el caso Agronitrogenados, el magnate Alonso Ancira se comprometió a pagar 50 millones de dólares en un primer pago como acuerdo de reparación.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves los convenios que se alcanzaron entre la empresa CARSO, responsable de una parte de la construcción de la línea 12 del Metro, y la Fiscalía General de Justicia capitalina, a raíz del derrumbe en la llamada línea dorada.

“Si… son dos convenios con la Fiscalía General de Justicia en donde (…) en términos del acuerdo reparatorio, al juicio que presenta el Gobierno de la Ciudad de México, (se comprometen) a poner todos los recursos para que se pueda restaurar, reconstruir, apuntalar, reforzar el Tramo Elevado de acero, que son más de 7 kilómetros en Tláhuac”, dijo Sheinbaum Pardo.

Señaló que en estos convenios también se acordó contribuir al Fondo de Apoyo a Víctimas, aunque aclaró que el monto todavía se encuentra en discusión en la Fiscalía, pues se lleva a cabo una revisión de todas las personas que se vieron afectadas, tanto aquellas que perdieron la vida, como las personas que resultaron heridas, y las que viajaban en los vagones del Metro al momento del derrumbe.

La mandataria capitalina dijo que también hay un acuerdo administrativo que firma la empresa con el Gobierno de la Ciudad, en donde se especifica el programa de trabajo, los recursos que se van a incorporar para la rehabilitación y el refuerzo de la Línea 12 y el trabajo conjunto que se tiene que hacer, el pago del Proyecto Ejecutivo y, todo el tramo que significa la restauración y reforzamiento de la Línea 12.

Y aunque no se informó sobre el monto definido para los trabajos de rehabilitación, la Jeda de Gobierno indicó que CARSO decidió, como se había comprometido previamente, a pagar todo lo que tenga que ver con el reforzamiento de la Línea 12.

Fue en ese punto donde reveló que el compromiso por parte de la empresa se hizo a pesar de que ellos reconocen en el acuerdo con la Fiscalía que hay temas del peritaje en donde ellos no están de acuerdo.

Sheinbaum recordó que el Programa Integral para las Víctimas de la Línea 12 que se implementó y que incluyen  apoyos directo, tanto lo que fue el seguro del Metro como un apoyo que dio el Gobierno de la Ciudad; el proveer de fuentes de empleo a todos los afectados y familiares, que detalló, en algunos casos fue en el propio gobierno y en otros casos, en distintas empresas privadas. Finalmente, otro componente que incluía el programa eran las becas a los menores de edad, hasta que cumplan la mayoría de edad.

Será esta tarde cuando se realice la audiencia en la que un juez federal resolverá si mantiene o no en prisión preventiva a la exsecretaria federal, Rosario Robles, quien cumplió dos años de permanecer recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Y es que la semana pasada, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito resolvieron amparar de forma definitiva a Robles en contra de la prisión preventiva que le fue ratificada el año pasado.

Los tres magistrados del Noveno Tribunal indicaron que violando la Constitución e ignorando las pruebas aportadas por la defensa de la exfuncionaria, el juez de control que lleva el caso, Ganther Villalobos, decidió mantener en prisión a Rosario Robles, pese a que se reconoció que varias de las pruebas de la Fiscalía General de la República estaban desvirtuadas.

En la resolución se ordenó la realización de una nueva audiencia en la que se determinará la medida cautelar que se le impondrá a la exfuncionaria: confirmar la prisión preventiva o si podrá salir de prisión y seguir el proceso en libertad.

Recordemos que fue desde 2019 cuando Rosario Robles se presentó de forma voluntaria a una audiencia en la que fue acusada de haber incurrido en omisiones que facilitaron el desvío de más de 5 mil millones de pesos de las secretarias de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como parte de la llamada Estafa Maestra.

A pesar de que la defensa de Robles promovió un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito, el cual se les concedió en marzo pasado, la FGR y la Auditoría Superior de la Federación promovieron una apelación, lo que llevó el caso al Noveno Tribunal.

La audiencia, que se realizará en el reclusorio Sur, a donde será trasladada Rosario Robles, se llevará a cabo a puerta cerrada debido a las medidas sanitarias a raíz de la pandemia.

Habrá que tomar en cuenta que a pesar de que el juez decida imponer otra medida cautelar a Robles, permitiendo que siga su proceso en libertad, la FGR cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra, por los delitos de por delincuencia organizada y lavado de dinero, la cual puede ser ejecutada en cualquier momento pues corresponde a un proceso distinto.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) presentó las primeras denuncias por el derrumbe ocurrido en un tramo elevado de la línea 12 del Metro, que ocurrió en mayo pasado y que dejó 26 personas sin vida y cerca de 100 heridos.

El despacho Regino Abogados informó que la fiscalía judicializó la carpeta de investigación en contra de 10 personas, entre las que están cinco de sus clientes.

“Ya los acusó, ya pidió audiencia, que va a ser el próximo lunes 25 de octubre a las 10.30 de la mañana”, reveló en rueda de prensa Gabriel Regino, representante del despacho.

Las acusaciones se revelan después de que la FGJ-CDMX diera a conocer la semana pasado los resultados de su peritaje, que señalaban que el accidente ocurrió por “deficiencias” en la construcción.

Estas serían las primeras denuncias de la Fiscalía capitalina sobre el accidente ocurrido entre las estaciones Olivos y San Lorenzo, en la alcaldía Tláhuac, que dejó al vagón encallado en forma de “v”.

El acusado de mayor perfil entre las 10 denuncias es Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, que planteó la construcción de la línea, y quien trabajó en la gestión del ahora canciller Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno del Distrito, y que colaboró en los primeros dos años de la administración de Miguel Ángel Mancera.

El abogado Regino acusó a la fiscalía de caer en “contradicciones y violaciones de derechos humanos”, además de de darle “un trato VIP” a la empresa constructora”, pues ha adelantado que no procederá penalmente contra la empresa pues se llegará a un acuerdo reparatorio.

“Nuestros representados del Proyecto Metro no eran los responsables ni administrativa ni legalmente ni de la supervisión ni de la construcción de la obra porque para eso se contrataron empresas que están perfectamente identificadas”, sostuvo el abogado.

En su lugar, dijo el abogado, hay funcionarios que sí tienen responsabilidad en los hechos, por lo que el despacho presentará denuncias contra ellos. Contra quienes se presentará la denuncia, que estará dividida en dos partes, están Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo (STC); Florencia Serranía, directora del STC durante el derrumbe; Jesús Antonio Esteva, secretario de Obras y Servicios del actual Gobierno de Ciudad de México, y Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad.

Más tarde, la Fiscalía confirmó las denuncias ventiladas por el despacho de abogados.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) concluyó que el desplome del tramo elevado de la línea 12 que ocurrió en mayo pasado y que dejó un saldo de 26 personas sin vida y cerca de 100 heridos, fue consecuencia de errores en la construcción.

A cinco meses de la tragedia, la Fiscalía capitalina presentó en conferencia de prensa los resultados de las investigaciones realizadas sobre el colapso ocurrido la noche del 3 de mayo.

El Ministerio Público determinó que si bien la falla en la estructura “fue súbita”, la evaluación determinó que el diseño presenta deficiencias que ponían en duda la estabilidad a largo plazo.

“El colapso fue fundamentalmente originado por los errores en su construcción”, afirmó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, al presentar los resultados del informe.

La fiscal general Ernestina Godoy indicó que tras una rigurosa investigación se determinó que la instalación deficiente de los pernos y fallas en las soldadura causaron el colapso del tramo elevado del Metro, tal como se había indicado en informes previos.

Godoy anunció que la Fiscalía cuenta con elementos para imputar penalmente a las personas morales y físicas que tenían a su cargo asegurar que las estructuras el Metro no colapsaran, y agregó que el caso de las personas morales se buscará la reparación de las víctimas.

La fiscal indicó que los implicados en el caso serán imputados por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad.

El dictamen de la Fiscalía coincide con el informe que presentaron el mes pasado autoridades capitalinas y la empresa que se contrató para hacer el peritaje, y que determinó que unos pernos mal soldados, mal ubicados o completamente ausentes que debían unir unas vigas de acero a una capa de hormigón que sostenía la plataforma de las vías fueron los causantes del colapso de la estructura.

El gobierno de la Ciudad de México contrató a la empresa noruega DNV para que determinara las causas del incidente. El informe final llegó a conclusiones similares a las del reporte preliminar de la misma empresa publicado en junio.

La instalación descuidada de los pernos creó una situación en la que la estructura elevada “estaba operando como dos vigas paralelas independientes: una viga de concreto y una viga de acero, que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas”, según el informe.

Tras presentar el informe, la fiscal Ernestina Godoy anunció que se presentarían las primeras denuncias, aunque no reveló los nombres de los implicados con el argumento de respetar el debido proceso.

“La Fiscalía General de Justicia solicitará en unas horas audiencias ante el Poder Judicial para presentar imputaciones penales por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad en contra de personas físicas”, dijo ayer Godoy.

Pese a los reclamos de los deudos, quienes han denunciado el atraso de las investigaciones, la fiscal aseguró que la prioridad han sido y seguirán siendo las víctimas. Godoy Admitió que primero buscará que existan acuerdos reparatorios entre los implicados y las víctimas para evitar un largo proceso penal.

“Estamos promoviendo este mecanismo antes de que se inicie un proceso complicado y un largo proceso penal ante los jueces, que podría tardar años y con ello generar altos costos emocionales y económicos a las víctimas del colapso”, manifestó.

Recordemos que la línea 12 del Metro se construyó a un costo de 1,300 millones de dólares entre 2010 y 2012, cuando el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, era el Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Sin embargo, el proyecto estuvo plagado de sobrecostos y supuestas fallas de diseño, así como de corrupción y conflictos de interés. Se tuvo que cerrar dicha línea en 2014, apenas 17 meses después de haber sido inaugurada, para reparar o sustituir las vías.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó este lunes sobre la detención de Miguel “N”, presunto violador serial que estaría relacionado con al menos 27 ataques sexuales registrados en la capital del país.

“Agentes de esta Fiscalía General de Justicia lograron detener en la alcaldía Álvaro Obregón a Miguel ‘N’, un hombre que está posiblemente relacionado con al menos 27 ataques sexuales”, señaló en un mensaje a medios la fiscal capitalina, Ernestina Godoy.

El arresto, explicó, ocurre tras meses de labores de investigación. la fiscal calificó al hombre de “posible violador serial”, aunque omitió más datos sobre su identidad y ‘modus operandi’, al limitarse a señalar que sus presuntos crímenes sucedieron en el sur de la Ciudad de México.

La funcionaria prometió que la FGJ-CDMX integra el expediente para llevar al sospechoso ante un juez de control, sin detallar cuáles serán los cargos y penas que afrontará.

“Esta persona ya no hará más daño a ninguna mujer de nuestra ciudad, combatir la impunidad es la mejor forma de prevenir la violencia contra las mujeres”, sostuvo la fiscal.

Y es que nuestro país  afronta una crisis de violencia contra las mujeres, con el asesinato de más de 10 mujeres al día, de acuerdo con ONU Mujeres y organizaciones civiles, ya sea por homicidios dolosos y feminicidios.

Incluso la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) urgió este lunes mayor coordinación para reducir los feminicidios, al señalar que se han documentado 672 en el país entre enero y agosto.

El organismo alertó que la cuarta parte de estos delitos se concentran en tan solo 20 municipios, entre los que están Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, alcaldías de la Ciudad de México.

Ante estos llamados, Ernestina Godoy pidió a las víctimas de violencia sexual denunciar a sus agresores. “Téngannos confianza, denuncien, estamos preparadas para protegerlas, para investigar y abrir las puertas de la justicia”, concluyó.

Autoridades detuvieron a Fernando Emmanuel, alias ‘El Panther’, considerado el actual líder del Cártel Santa Rosa de Lima, que opera en la región centro del país.

“Este objetivo prioritario del gabinete de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, clasificado así por ser uno de los principales generadores de violencia, cuenta con múltiples órdenes de aprehensión por diversos delitos”, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a través de un comunicado.

José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, era quien dirigía este grupo delictivo que se disputa el control territorial de Guanajuato con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, el 2 de agosto del año pasado, ‘El Marro’ fue capturado en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, ubicado en el la zona centro de la entidad, tras un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales.

Tras su caída, Adán Ochoa, alias ‘El Azul’, asumió las riendas de dicha organización criminal, pero en octubre también fue capturado. Así, el poder del Cártel Santa Rosa de Lima ha ido disminuyendo, aunque sigue operando en la región, operando en municipios como Celaya, Villagrán y Cortazar.

Ahora, Fernando Emmanuel N., alias ‘El Panther’, quien se ostentaba como líder de la agrupación, fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía estatal.

“Una vez concretada la detención del Panther, quien cuenta con múltiples órdenes de aprehensión por diversos delitos, se pudo establecer que en su intento de evadir a la Justicia se sometió a una cirugía estética para realizarse injertos en cara y cabello”, detalló la Fiscalía.

El capo fue detenido con una arma de fuego larga y diversos cartuchos útiles, según la información proporcionada a medios.

Entre los delitos en los que podría estar implicado están el agredir a balazos a integrantes de la Fiscalía local el pasado 20 de abril en Celaya, hecho en el que fallecieron tres delincuentes.

Un total de 22 migrantes extranjeros y 16 mexicanos, quienes fueron secuestrados en las primeras horas de este martes, fueron localizados por agentes de la policía, informó la Fiscalía General de San Luis Potosí.

En un comunicado, el fiscal Federico Arturo Garza confirmó que los 22 extranjeros, entre ellos haitianos, cubanos y venezolanos, habían sido privados de su libertad durante la madrugada de ayer mientras se encontraban en un motel en el municipio de Matehuala.

Garza informó que, tras conocer esta información, se logró el hallazgo de 16 mexicanos, quienes también fueron plagiados en el mismo hotel, pero fueron liberados primero.

“Una llamada anónima señaló que afuera de un local (tienda) se encontraba un grupo de 16 personas pidiendo auxilio, entonces la policía de investigación se trasladó al lugar y encontró a 16 personas mexicanas que señalaron que un grupo armado los había privado de la libertad”, explicó el fiscal.

Relataron que los sacaron del motel y posteriormente los liberaron, pero también indicaron que entre las personas plagiadas que sacaron de los diferentes cuartos del motel “había aproximadamente 20 personas de origen extranjero”.

Garza dijo que los migrantes extranjeros fueron rescatados en un lugar despoblado, en un camino de Matehuala rumbo al estado de Nuevo León.

Precisó que dentro de ese grupo había tres menores de edad y una mujer embarazada que fue atendida de manera preventiva por la Cruz Roja, mientras que el resto eran adultos.

El fiscal informó de la localización de los extranjeros al Instituto Nacional de Migración (INM) para conocer su estatus migratorio y revisar su nacionalidad ya que lo único que sabían era que en el grupo había haitianos, cubanos y venezolanos.

Además dijo que la Fiscalía establecería contacto con los familiares de las personas agraviadas para evitar que sean víctimas de algún otro delito que afecte su patrimonio como puede ser una extorsión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar el caso contra Ricardo Anaya, quien ha venido acusándolo de quererlo encarcelar por delitos que sumarían 30 años.

“Esto es un asunto de interés público, que a todos nos atañe, a todos nos importa. Ojalá y que la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya para que no quede en especulación, si no, me va a seguir echando la culpa a mí”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina, que en esta ocasión se celebró desde Veracruz.

Recordemos que desde el pasado fin de semana, Anaya denunció que el presidente busca sacarlo “a la mala” de la contienda electoral rumbo al 2024.

Horas después, y tras revelar la persecución en su contra, Ricardo Anaya informó que recibió un citatorio para declarar este jueves en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, a la que dijo que no asistiría pues sabía que de pisar el penal, no lo dejarían salir.

Ante los señalamientos, el mandatario acusó a Anaya de “hipócrita” y negó una “persecución”; pidió difundir el caso, que él dice que deriva de antiguas denuncias presentadas por compañeros de su propio partido, del PAN, así como de la denuncia que en su momento presentó Emilio Lozoya, exidrector de Pemex, implicado en la trama de Odebrecht.

“Si la Fiscalía no da a conocer la causa o el Poder Judicial, yo voy a estar insistiendo de que se transparente todo el proceso. Una regla de oro de la democracia es la transparencia porque si no, él va a seguir hablando y la gente puede confundirse”, añadió AMLO.

Y es que esta mañana, previo al inicio de su conferencia, Anaya lanzó un reto vía redes sociales al presidente al decirle que está dispuesto a presentarse a declarar en el Reclusorio, solo si es “el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez” que los dos hermanos del mandatario, Pío y Martín López Obrador, quienes recientemente han aparecido en vídeos recibiendo dinero en efectivo, se presentaban también.

“Que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay vídeo recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel, las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya”, dijo Anaya en su videomensaje.

Al negar que proteja a sus hermanos, López Obrador respondió que “de manera mañosa” Anaya quiere culparlo del proceso legal para evitar responder ante la Justicia.

“En el caso de mis hermanos, igual, que la autoridad competente actúe, yo no tengo que ver con la Fiscalía. Ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer, eso era el tiempo en el que dominaban los ahora opositores”, remató AMLO.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la madrugada de este jueves fue detenido el diputado federal recién desaforado, Saúl Huerta, quien es acusado del delito de violación equiparada en contra de un menor de edad.

El morenista, que tras las acusaciones que recibió se separó de la bancada en San Lázaro, fue detenido en su domicilio ubicado en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, dirección que él mismo proporcionó a las autoridades.

La detención se realizó por elementos de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas; durante el arresto estuvo presente la defensa legal del legislador.

Según lo declarado por su equipo legal, y recogido por medios locales, el diputado habría sido quien se entregó a las autoridades; esto se había acordado desde la tarde de ayer entre los abogados y las autoridades capitalinas.

Luego de haberse leído sus sus derechos constitucionales, fue trasladado para su certificación médica, y finalmente llevado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para ser puesto a disposición del juez que lo requirió, quien determinará su situación legal.

Además de la orden por la que fue detenido, Saul Huerta cuenta con otra orden de aprehensión, por su probable participación en el delito de abuso sexual equiparado, agravado, en contra de otro menor de edad.

Ante ambas acusaciones, el diputado ha dicho que todo se trata de “una infamia y una calumnia que se genera desde la mafia del poder” en su contra.

Recordemos que fue la semana pasada, el 11 de agosto, cuando la Cámara de Diputados, erigida como Jurado de Procedencia, determinó su desafuero, lo que permitió su arresto en las últimas horas.