La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pagaron 344 millones de pesos en 2020 por sistemas de intercepción telefónica y análisis a gran escala de metadatos a una empresa recién creada propiedad del exabogado de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 19 de marzo de 2020, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México adjudicó de manera directa un contrato por 259 millones 979 mil pesos a Pixkitec.
Solo dos meses después, el 29 de mayo fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien dio un contrato por 84 millones 482 mil pesos a la misma empresa, también por adjudicación directa.
El primer contrato, y el de mayor monto, fue asignado a los nueve meses de que fue creada la empresa. Pixkitec fue constituida en junio de 2019 en la Ciudad de México y tiene su domicilio fiscal en un inmueble de la Colonia Las Américas en Avenida Observatorio. Su socio y apoderado legal es José María Funtanet Alarcón. Funtanet fue abogado de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex quien fue aprehendido en julio de 2020 acusado de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias.
En agosto de 2017 Lozoya envió una carta al entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto, solicitando un citatorio y que se le informara de manera directa sobre las investigaciones en su contra. En aquella carta, Lozoya enlistó a varios abogados y personas como asesores jurídicos para su defensa; uno de ellos era Funtanet Alarcón.
El primer contrato celebrado en marzo de 2020 entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Pixkitec tuvo como objeto la adquisición de una licencia de software para análisis a gran escala de metadatos. Nueve meses después de firmado, la SSC reservó por tres años la información relativa a este y otros contratos similares amparada en la “Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal”.
Mientras que el segundo contrato, firmado entre la fiscalía de la Ciudad y la empresa tuvo como objeto un sistema de radiolocalización.
De acuerdo con las características técnicas del sistema vendido por Pixkitec a la fiscalía éste sistema, proveniente de Israel y Chipre, tiene la capacidad de “extraer las identidades celulares de prácticamente todos los dispositivos celulares en el área de operación del sistema”; además de poder ubicar la localización de los objetivos, interceptar llamadas de voz o mensajes de texto, duplicar cuentas del objetivo mediante una contraseña enviada vía SMS y bloquear o desactivar dispositivos.
El paquete de análisis vendido por la empresa de Funtanet a la fiscalía permite también “seleccionar un número ilimitado de dispositivos móviles utilizando información del IMEI (que es el código único que identifica a cada teléfono a nivel mundial) y posibilita también clonar tarjetas SIM de los teléfonos.
Entre las cláusulas de los anexos de dicho contrato se estipula que la empresa debe “guardar indefinidamente absoluta confidencialidad que se derive de la adquisición de tres sistemas de radiolocalización”. Además, en el mismo contrato se estipula que el proveedor debía hacer una “transferencia de conocimientos” a través de la Jefatura General de la Policía de Investigación.
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