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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó esta mañana de “propaganda vil”, la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de una enmienda que recorta fondos de cooperación para nuestro país a cusa de la crisis del tráfico de fentanilo.

“Es una propaganda vil y corriente, no hay que tomarlos en serio, es pura publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos de Estados Unidos, pero ya cada vez está más desgastada esta práctica tendenciosa, mentirosa, calumniosa, por eso no hay que tomarlo en serio”, respondió el mandatario.

López Obrador reaccionó a la propuesta del congresista republicano Alex Mooney, en la Cámara Baja de Estados Unidos, que fue aprobada la tarde de ayer a los presupuestos del Departamento de Estado que cortaría programas de ayuda a México por hasta 60 millones, hasta certificar que las autoridades de nuestro país colaboran para reducir el tráfico de fentanilo.

Señaló que, como hay elecciones en Estados Unidos, los partidos, candidatos o precandidatos utilizan estos asuntos “delicados, lamentables, del uso y los daños que causa el fentanilo, así como el tema migratorio, con propósitos politiqueros”.

AMLO dijo que este tipo de conductas seguirán, y cada vez serán “más atrevidos” por la contienda electoral. Incluso dijo que van a llegar a plantear que van a “bombardear a México o cosas por el estilo, de risa, son muy ridículos”, agregó.

Recordemos que el próximo año, coincidirán elecciones en Estados Unidos y México, algo que sucede cada 12 años. Ambos gobiernos renovarán presidente. Ambas contiendas se dan en el marco de roces entre México y Estados Unidos por el narcotráfico.

López Obrador niega que en México se produzca fentanilo, mientras que Washington sostiene que los cárteles mexicanos fabrican esta droga sintética con precursores químicos que llegan de Asia, en particular de China.

El mandatario señaló que aunque a México le preocupa y duele que pierdan la vida 100,000 jóvenes cada año en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, cuestionó qué hacen los legisladores estadounidenses para atacar el problema. Lamentó que se la pasen echándole la culpa a México, “sin ninguna razón”.

La embajada de México en Estados Unidos, reaccionó a lo informado por distintos medios, en relación a la enmienda aprobada. A través de las redes sociales, cuestionó al periodista José Díaz Briseño de “¿informar o golpear?”, con la información difundida.

Indicó que la enmienda que fue aprobada es relativa a un proyecto de presupuesto que no ha sido aprobado por el Congreso y que, según la información que tiene, “es incompatible con otra versión del Senado”.

La embajada finalizó señalando que “todo indica que el proyecto no será aprobado”, afirmación con la que  buscaba restarle importancia a lo aprobado la tarde de ayer.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) utilizó su evento de aniversario por el triunfo de 2018 del sábado pasado, para atacar a la oposición, donde dijo que sus adversarios quieren volver al “antiguo régimen de corrupción”.

“(Los opositores) siguen hablando en su demagogia retórica en nombre de la democracia pero actúan como oligarquía y defienden el antiguo régimen de corrupción y privatización de manera descarada y hasta ridícula”, sostuvo el mandatario al final de su discurso.

A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar la conferencia de prensa matutina del 26 de junio debido a que violó el principio de imparcialidad en la contienda electoral, el mandatario no dudó en volver a mencionar que el empresario Claudio X. González decidirá el candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024.

“Los reaccionarios de nuestro tiempo (la oposición) cada vez (…) ofenden la inteligencia de la gente, actúan con prepotencia y creen que van a reconquistar el gobierno”, espetó el presidente en el evento al que, a pesar de la lluvia acudieron miles de decenas de personas que llenaron el Zócalo capitalino, donde se encuentra el Palacio Nacional, residencia del mandatario.

Acompañaron al presidente muchos de los gobernadores afines a su partido, y también su gabinete de Gobierno. También estuvieron presentes, pero entre el público, los aspirantes a candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, que recientemente abandonaron sus respectivos cargos para participar en el proceso interno de la formación, cuyo resultado se conocerá el 6 de septiembre.

Como ha sucedido, su evento especial se ajustó a la política de comunicación del gobierno federal, donde utilizó la tribuna para lanzar ataques a sus opositores.

López Obrador ha basado su estrategia de comunicación en sus conferencias mañaneras. Estas conferencias establecen gran parte de la agenda nacional, pese a que más allá de ser un ejercicio de comunicación parecen ser una herramienta de propaganda política. 

Y es que, en lugar de informar y ayudar a entender los asuntos públicos, el presidente López Obrador ha utilizado las conferencias para atacar a quienes considera sus opositores, políticos, medios, organizaciones, entre otros.

Pero, ¿le ha funcionado su estrategia de comunicación al presidente? Ana Paula Ordorica conversa con Raúl Trejo Delarbre, periodista, sobre el tema.

Cerca de 7 de cada 10 mexicanos, es decir, el 68%, está a favor de las conferencias matutinas del Presidente, mejor conocidas como las “mañaneras”, aunque solo una tercera parte las ve, según una encuesta de la firma Poligrama.

En contraste, casi 1 de cada 3 mexicanos, el 32%, se pronunció “en contra” de las ruedas de prensa de López Obrador, que llegan a extenderse por casi 3 horas, según la casa encuestadora.

La encuesta de Poligrama, que se levantó el pasado 10 de abril, llegó en medio de una controversia generada por analistas como la politóloga Denise Dresser que exigen al mandatario poner fin a las “mañaneras” porque polarizan al país, contribuyen a la desinformación y permiten a López Obrador estigmatizar a opositores.

El 65% de los encuestados consideró que las conferencias “ayudan a que la gente esté más informadas” por encima de un 35% que opinó que “distribuyen mentiras”.

Pese al apoyo que recibe el ejercicio, solo el 32% de los encuestados reconoció que las ve en vivo.

Entre quienes las siguen, el 42% dijo hacerlo “todos los días”, seguido de un 36% que las sintoniza de “2 a 3 veces por semana”. El 10% dijo verlas “de vez en cuando”, el 7% “una vez a la semana” y un 5% admitió que “casi nunca”.

Independientemente de si ven o no las conferencias, el 59% dijo que durante el día consulta o recibe información sobre las declaraciones que da el presidente en Palacio Nacional.

Recordemos que el presidente López Obrador inició con las “mañaneras” el 3 diciembre de 2018, 2 días después de asumir la presidencia, como una promesa de ofrecer transparencia y apertura a los medios, en contraste con su antecesor, Enrique Peña Nieto, quien solo ofreció un par de ruedas de prensa de 2012 a 2018.

Pero asociaciones nacionales e internacionales en favor de la libertad de expresión, han acusado al titular del Ejecutivo de usar las conferencias para atacar a periodistas y críticos, mientras que la oposición afirma que difunde desinformación y propaganda.

“Con las mañaneras del presidente López Obrador los medios de comunicación perdieron el monopolio de la agenda informativa. Están molestos que informe, responda ataques, rinda cuentas y revele los intereses detrás de los medios”, dijo Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia.

Pese a la defensa del gobierno federal, las voces que demandan un cambio a este ejercicio de comunicación, siguen creciendo. ¿Deben desaparecer las mañaneras? Ana Paula Ordorica conversa con Vianey Esquinca, analista política, sobre las conferencias matutinas del presidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de “propaganda” la intención de congresistas estadounidenses del partido Republicano de designar como terroristas a los cárteles mexicanos del narcotráfico.

“Es más que nada propaganda porque el día 27 de febrero presentó el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas y que la cooperación en este tema es buena”, expresó AMLO en su conferencia de prensa matutina.

Sus declaraciones se producen luego de que en Washington aumenta la presión por parte de la Republicanos para considerar de forma oficial a los cárteles mexicanos como grupos terroristas.

Y es que fiscales generales de 21 estados gobernados por republicanos pidieron el mes pasado al presidente Joe Biden y al secretario de Estado, Antony Blinken, que declaren “organizaciones extranjeras terroristas”, FTO, por sus siglas en inglés, a los cárteles mexicanos.

López Obrador recordó la iniciativa que el congresista republicano Dan Crenshaw, de Texas, presentó en enero para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas contra organizaciones que trafican fentanilo, al nombrar al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El mandatario indicó que estos políticos “siempre están denostando a México para sacar raja electoral, entonces los mexicanos que viven allá, que ya son ciudadanos estadounidenses y que votan, que no se olviden de estas cosas, de estos agravios”.

López Obrador insistió en que todo es “pura propaganda, sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente, soberano”, añadió.

El presidente también cuestionó en general las políticas de Estados Unidos con países que designa en la lista de terrorismo.

“No es ni siquiera aceptable de que nos certifiquen, que digan hay o no hay terrorismo en un país, ¿quién les da esa facultad? Pero bueno, eso es un asunto, una manía, ya habíamos hablado de eso, de considerarse el Gobierno del mundo”, señaló.

“Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país, con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas”, agregó.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo apenas la semana pasada que México podría “hacer más” para controlar el fentanilo y reveló que él “no se opondría” a designar como terroristas a los cárteles.

Sin referirse de forma directa a estas declaraciones, López Obrador pidió acciones en Estados Unidos.

“Si les preocupa lo del fentanilo, como también a nosotros nos preocupa, pues hay que atender las causas, en México y en Estados Unidos, porque puede haber droga, ¿pero por qué hay consumo? ¿Qué está pasando?”, cuestionó.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada mediante la cual se determinó que Morena y Mario Delgado incurrieron en la difusión indebida de propaganda, en apoyo al presidente López Obrador, durante el proceso de revocación de mandato.

La propaganda indebida se realizó a través de diversas publicaciones en la cuenta de Twitter de dicho partido, en las que difundió logros, acciones y programas sociales de la actual administración, motivo por el cual se les impuso una multa.

Recordemos que inconformes con la decisión de la Sala Regional Especializada, Morena presentó recursos de revisión, manifestando que el contenido de las publicaciones no afectó al proceso de revocación de mandato y que se encuentra amparado por la libre expresión.

También acusaban que la multa impuesta era ilegal al no calificarse adecuadamente y ser un monto desproporcional.

En tanto, el PRD, quien presentó la queja inicial en contra de Morena y Mario Delgado, impugnó la sentencia refiriendo que la multa impuesta debió ser mayor, pues los sancionados son reincidentes.

Sin embargo, la Sala Superior analizó las publicaciones y se determinó que se utilizaron equivalentes funcionales para promocionar la imagen del titular del Ejecutivo Federal con el objetivo de favorecerlo en el proceso de revocación de mandato.

Coincidieron en que la libertad de expresión cuenta con un límite constitucional y legal, el cual se vio superado al emitir propaganda política con la finalidad de resaltar los logros y acciones cumplidas por López Obrador, quien se encontraba sujeto a un proceso revocatorio.

Los magistrados también señalaron que la imposición de la multa fue correcta, pues la responsable tomó en cuenta la capacidad económica de Mario Delgado, sustentada en los ejercicios fiscales presentados ante la autoridad hacendaria; además de que fue “debida pues existió dolo en la difusión”.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró existentes las infracciones consistentes en promoción personalizada y vulneración al principio de imparcialidad atribuidas a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a otros gobernadores de Morena, durante el periodo de veda del proceso de Revocación de Mandato.

La Sala concluyó que las infracciones fueron cometidas por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y los gobernadores de Chiapas: Rutilio Escandón; Nayarit, Miguel Ángel Navarro; Sinaloa, Rubén Rocha; Sonora, Alfonso Durazo; Tabasco, Carlos Manuel Merino y Puebla, Miguel Barbosa, derivado de diversas publicaciones en Twitter que tuvieron como elemento central el apoyo directo al Presidente de la República en el marco de la consulta.

Además, los mandatarios estatales difundieron logros y acciones de su gobierno para beneficiarlo, pues las publicaciones abordaron temáticas relacionadas con su trabajo gubernamental,

La Sala Especializada también declaró la existencia de la infracción consistente en difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato atribuida a las gobernadoras de Baja California, Campeche, Layda Sansores; Guerrero, Evelyn Salgado; Colima, Indira Vizcaíno y Tlaxcala, Lorena Cuellar; así como a los gobernadores de Chiapas; Nayarit; Sinaloa; Baja California Sur, Victor Manuel Castro; Michoacán, Alfredo Ramírez; Morelos, Cuauhtémoc Blanco; San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; Sonora; Tabasco; Veracruz, Cuitláhuac García; Zacatecas, David Monreal, y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quienes usaron Twitter para difundir acciones o logros de gobierno, con la finalidad de buscar la simpatía o adhesión de la ciudadanía, y las cuales no estaban comprendidas dentro de las excepciones constitucionales para su difusión.

Sin embargo, se determinó la inexistencia del uso indebido de recursos públicos, ya que los magistrados consideraron que no hubo elementos que demuestren el empleo de este tipo de recursos, para llevar a cabo las publicaciones denunciadas.

También se acreditó el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por parte del gobernador de Zacatecas, quien continuó con la difusión de propaganda gubernamental en sus redes sociales, pese a que había sido notificado. En tanto, se determinó la inexistencia de esa infracción por lo que hace a las publicaciones atribuidas a la jefa de Gobierno y al gobernador de Chiapas.

También se determinó que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, vulneró las reglas de promoción y difusión de la Revocación de Mandato al difundir una publicación en redes sociales y conceder diversas entrevistas de las que se desprendió una invitación a la ciudadanía a participar en el ejercicio, y ofrecer transporte para trasladar a los centros de votación a quienes quisieran acudir.

Para el Pleno de la Sala Especializada la sola invitación a participar tuvo repercusiones en el proceso democrático, con independencia de que se indujera o no a votar a favor o en contra de que el presidente, y se declaró existente la omisión en el deber de cuidado por parte de Morena, porque fue su presidente nacional quien cometió la infracción.

Así, se le impuso a Mario Delgado una multa equivalentes a 28 mil 866 pesos, y a Morena una de 48 mil 110 pesos.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró procedente la medida cautelar y tutela preventiva solicitadas en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la supuesta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, es decir, durante la veda electoral por la consulta de Revocación de Mandato.

Se estimó que durante la conferencia mañanera del pasado lunes 21 de marzo, que se realizó desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y que está disponible en el portal del gobierno federal, AMLO difunde actividades gubernamentales, vinculadas a los logros y acciones de su gobierno, como lo es la apertura y funcionamiento de la nueva terminal aérea, al haber hablado de la cobertura, inversión y beneficios que dicha obra conlleva.

Las declaraciones del presidente, resolvió el INE, constituyen propaganda gubernamental y se encuentra prohibida durante el proceso de Revocación de Mandato.

La Comisión de Quejas y Denuncias consideró que el criterio de interpretación legislativa que se publicó el pasado 17 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no es aplicable al proceso de Revocación de Mandato en curso, pues éste inició el 4 de febrero con la publicación de la convocatoria respectiva.

“Lo anterior, además, en concordancia con lo sostenido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sentencia SRE-PSC-33/2022 del pasado 18 de marzo, que estableció que dicho decreto de interpretación no aplica a los procesos electorales que ya comenzaron, por lo que aun si es vigente dicho decreto el mismo no resulta aplicable en los procesos en curso”, indicó el INE.

Así, se ordenó al Presidente, así como al Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, que, de inmediato, realice las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas de la conferencia matutina efectuada el pasado 21 de marzo del año en curso o modificar los referidos archivos a efecto de que sean suprimidas las manifestaciones realizadas por Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México; Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional; Gustavo Vallejo Suárez, Ingeniero Residente General y Comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles; e Isidoro Pastor Román, Director General del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Además, por segunda ocasión, la Comisión de Quejas determinó la procedencia de la medida cautelar solicitada en contra de Morena y su presidente nacional, Mario Delgado, por las publicaciones realizadas en sus redes sociales Facebook, Instagram y Twitter el día 18 de marzo de 2022, ya que, aparentemente, un dirigente partidista está promoviendo la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato, lo cual no se encuentra permitido.

El Pleno del Senado aprobó el proyecto de decreto por el que se interpretan los alcances del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en la Ley Federal de Revocación de Mandato.

El dictamen, que recibió  67 votos a favor y 37 en contra en lo general, señala que la interpretación de los alcances del concepto de propaganda gubernamental busca evitar contradicciones, así como la violación a los derechos de la libertad de expresión y al acceso libre a la información pública.

Lo anterior, debido a que los legisladores afines a la 4T promovieron esta interpretación, argumentando la diversidad de criterios judiciales contradictorios que han sido emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta materia.

Así, el decreto permite a los funcionarios y legisladores difundir y promocionar la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril, al considerar que su difusión no constituye propaganda gubernamental.

El proyecto establece que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público.

Lo anterior, con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines, o información de interés público referida al bienestar de la población, cuyas características deberán ajustarse a lo señalado en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política.

Sin embargo, se establece que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.

Ayer, el Pleno del Senado desahogó la discusión, en lo general, del proyecto. Una vez que se agotaron las intervenciones de 19 integrantes de los Grupos Parlamentarios a favor y en contra, se registraron las reservas que presentaron diversos legisladores y la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, sometió a votación el dictamen, en lo general.

La Asamblea emitió un total de 63 votos a favor, por lo que no se reunió el quorum necesario para continuar la sesión y la discusión, en lo particular, del proyecto.

En consecuencia, Sánchez Cordero levantó la Plenaria y citó para una nueva sesión ayer mismo más tarde, donde tampoco se alcanzó el quorum reglamentario para sesionar, por lo que se convocó a sesión ordinaria esta mañana, donde finalmente se aprobó.

De Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, afirmó que con este dictamen se está violando la Constitución. “Lo que tratan de hacer es dar manga ancha a un ejercicio propagandístico”, toda vez que sin el aparato de propaganda y sin el presupuesto, este gobierno no se sostiene.

También con un voto particular, el senador Damián Zepeda , del PAN, expresó su respaldo al ejercicio de revocación de mandato; sin embargo, dijo que no apoyaba el proyecto pues, a su consideración, pretende permitir el uso del aparato del Estado, mediante las conferencias mañaneras del titular del Ejecutivo, para influir en el ejercicio democrático.

Por su parte la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, informó que presentó una moción suspensiva, ya que consideró que existe un conflicto de interés por parte de las y los senadores de Morena, pues hay una denuncia sobre actos de propaganda electoral por parte de los legisladores de esa fracción.

El senador Juan Manuel Fócil Pérez del PRD, aseguró que el país está ante un retroceso en materia electoral. No se puede apoyar el decreto, declaró, porque busca ocultar delitos electorales y cuestionó quién paga para promover la “falsa ratificación del Presidente”.

Foto: Twitter @pasotti_

Al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas han sido asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó la Secretaría de Gobernación (Segob).

El informe de la Segob llega luego de que ayer el periódico Reforma reportara que desde diciembre de 2018, cuando AMLO asumió, se ha asesinado al menos a 56 activistas.

La nota de Reforma citó datos de la organización Frontline Defenders, la cual contabilizó 24 defensores de derechos humanos asesinados en 2019, además de otros 20 en 2020 y los 12 citados por la CNDH en 2021.

La Secretaría informó además que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuenta con 1,478 personas beneficiarias en la mayoría de las 32 entidades federativas. Puntualizó que solo seis entidades cuentan con organismos locales de protección en esta materia: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

En un comunicado, Gobernación dijo que “según cifras que se han generado desde el propio mecanismo, desde diciembre de 2018 a la fecha, se han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de protección”.

La dependencia recordó que el mecanismo es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Además, dijo que un elemento que visibiliza la crisis de derechos humanos es el nivel de riesgo que sufren periodistas y personas defensoras de derechos humanos al realizar su labor a lo largo y ancho del país.

También señaló que de diciembre de 2018 a la fecha se ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80% y se ha fortalecido.

Precisó que en 2019 y 2020 se destinaron al mecanismo 783 millones de pesos, mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto total para 2021, de 416.6 millones de pesos.

Cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador lamentó los fallecimientos y dijo que se lucha para que esto no suceda, aunque calificó de “propaganda” lo publicado por el diario, a quien considera adversario de su gobierno.

El mandatario señaló que su gobierno está haciendo su trabajo “y tu periódico (al referirse al reportero de Reforma) es un boletín del conservadurismo en México (…) Todos los días, como nunca, se dedica a atacarnos”, indicó AMLO, y aseguró que muchas de las notas de dicho diario “son inventadas”.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) imponer una sanción a su colaboradora, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, pues incurrió en una violación a la ley electoral al difundir propaganda gubernamental en periodo de campañas.

La sanción deriva de una denuncia que el partido Movimiento Ciudadano presentó en contra de Nahle, luego de que difundiera dos mensajes de sus redes sociales el 30 de abril y el 12 de mayo respectivamente, donde exponía logros y acciones en Pemex.

“En el caso concreto, las publicaciones constituyen propaganda gubernamental que se difundió en periodo prohibido, sin que encuadren en ninguna de las excepciones, por tanto es exigente la difusión de propaganda gubernamental durante los periodos de las campañas electorales federal y 32 locales”, resolvieron los magistrados.

Recordaron que en el pasado periodo electoral,  sólo se permitía propaganda oficial relacionada con temas de salud, educación y protección civil.

Y aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la funcionaria retirar los mensajes de su cuenta de Twitter, en una publicación con fecha de ayer, Nahle retomó dichos mensajes y aún pueden apreciarse en sus redes sociales.

El proyecto ratificado por los magistrados del Tribunal, aclaró que dichos mensaje no se trató de una actitud que haya violado la equidad de la contienda, pues no se promocionaba explícitamente a un partido político en ellos.

Adicional, esta semana, la Sala Superior también confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada en la que se determinó que Morena incurrió en una infracción al atribuirse de forma indebida el programa nacional de vacunación contra el COVID-19, hecho por el cual se le impuso al partido una multa que asciende a 268 mil 860 pesos.

Las y los magistrados confirmaron que Morena cometió una infracción al difundir el pasado 20 de marzo, a través de Twitter un mensaje alusivo a la campaña de vacunación implementada por el gobierno federal con el mensaje: “Por eso distribuimos y aplicamos la vacuna contra el COVID-19 de manera gratuita para todas y todos”.

La Sala Superior recordó que los partidos políticos pueden utilizar la información que deriva de los programas sociales como parte del debate público para conseguir un mayor número de adeptos y votos, porque ello fomenta el debate político. Sin embargo, no pueden apropiarse de su uso y difusión como si ellos mismos participaran en su ejecución e implementación, ya que eso podría confundir a la ciudadanía.

Y aunque el mensaje en Twitter fue borrado, lo que sirvió a Morena para señalar que eran insuficientes las pruebas para acreditar la infracción, se halló el tuit denunciado en 16 cuentas de esa red social, en las que se advierte que efectivamente el mensaje existió.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró procedente el dictado de medidas cautelares a efecto de ordenar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se abstenga de difundir propaganda gubernamental y expresiones de contenido electoral hasta que se celebre la Jornada Electoral del próximo 6 de junio.

Y es que el PAN presentó dos quejas en contra de López Obrador por las expresiones que realizó durante sus conferencias matutinas del 5 de abril al 18 de mayo, así como los días 20 y 26 de mayo. El PAN consideró que en ellas se difundió propaganda gubernamental y se realizaron manifestaciones político-electorales dentro del periodo de campaña de los procesos electorales federal y locales en curso, violentado con ello los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, que deben imperar en la contienda.

Al analizar las conferencias matutinas denunciadas se evidenció que, al menos durante el periodo del 5 de abril al 26 de mayo, el Titular del Poder Ejecutivo se pronunció de manera reiterada y constante sobre temas y aspectos prohibidos por la Constitución, por lo que existe una base cierta y objetiva que permite considerar la inminente continuación o repetición de este tipo de actos en los días venideros.

De las 36 conferencias de prensa analizadas, al menos en 29 de ellas y durante un total de 469 minutos, AMLO hizo manifestaciones que podían catalogarse como propaganda gubernamental o información que pudiera influir en las preferencias electorales.

Así, en más del 80% de las conferencias analizadas se advirtió que el mandatario no ajustó su conducta a los límites y parámetros previstos en los artículos 41 y 134 de la Constitución, así como a los criterios que expresamente estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral tocante a este tipo de actos.

“Este análisis denota un patrón de conducta reiterado y sistemático que puede afectar de modo grave la equidad de la contienda, pues en la mayoría de las conferencias de prensa motivo de denuncia se abordaron temas electores. En razón de lo anterior, se consideró que la situación inmediata podría ser delicada y grave, sobre todo si se toma en cuenta que actualmente transcurre la etapa de campañas de los procesos electorales federal y locales, y está próxima la celebración de la Jornada Electoral”, dijo el INE.

Recordó que ayer, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que durante la conferencia matutina del 9 de abril se emitió propaganda gubernamental. Adicional, señaló que el pasado miércoles,  la Sala Superior del TEPJF determinó que se acreditaron infracciones de difusión de propaganda gubernamental personalizada y difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido en el informe de los primeros 100 días de gobierno del tercer año del presidente.

Por todo ello, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al presidente que, durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada a realizarse el próximo 6 de junio, se abstenga de difundir logros de gobierno, incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias, obra pública, así como emitir cualquier tipo de manifestación que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía.

Dentro de esta medida se señalan: difusión de logros de gobierno o acciones gubernamentales que pretendan exaltar a un gobierno en particular; ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos (financiamiento público y acceso a radio y televisión); vida interna de los partidos políticos nacionales y locales; manifestaciones a favor y/o en contra de candidaturas de partidos políticos e independientes; manifestaciones a favor y/o en contra de frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales; manifestaciones a favor y/o en contra de plataformas electorales; o manifestaciones que impliquen la asociación de alguna fuerza política con logros del gobierno.

También, se ordenó que se eviten manifestaciones que impliquen la promoción personalizada de algún funcionario de gobierno, precandidatura, candidatura o candidatura independiente; estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local; encuestas de intención de voto o preferencias electorales; así como cualquier mensaje que busque o genere tener un efecto persuasivo y de influencia en el electorado que pueda poner en riesgo los principios y valores tutelados por nuestra Constitución y el modelo electoral previsto en ella.

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó de nueva cuenta contra sus adversarios, a quienes dijo les molesta mucho que su gobierno tenga aciertos, como lo ha sido el manejo de la economía. Les recomendó usar “vitacilina” para aquello de las “irritaciones”.

“Va muy bien la economía de México, es de las mejores economías del mundo en cuanto a recuperación después de la pandemia. Ayer hablaba yo de que les molesta muchísimo a nuestros adversarios conservadores porque no se había tenido un primer trimestre como el de este año, con tanta inversión extranjera, llevaba tiempo que no sucedía”, dijo AMLO.

Fue en ese punto donde aseguró que otra cosa que les molestó muchísimo a sus adversarios fue la compra de la refinería Deer Park a Shell.

“¿Cómo se llama eso que se usa para…? Hablando en términos médicos (…) para protegerse de las irritaciones. Vitacilina, ya vamos a comprar también el laboratorio de vitacilina. ¡Ah qué buena medicina! O sea, están muy molestos. Serenense, esto para los adversarios”, sostuvo entre risas el mandatario.

Les recomendó no enojarse y no perder el sentido del humor.

AMLO fue cuestionado sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a que el mensaje que ofreció con motivo de los 100 días de su tercer año de gobierno representó un acto de propagada personalizada.

El presidente dijo que todos los días informa sobre la situación del país y las acciones que su gobierno emprende, pues el pueblo tiene derecho a recibir información, pero negó que eso represente propaganda. Incluso cuestionó si informar es violar la Constitución.

“Si yo estuviese llamando a votar o apoyando candidatos o utilizando los recursos con esos propósitos… Yo creo que viola la Constitución el que actúa de manera antidemocrática y, como decía un buen periodista en mi tierra, ahí queda eso”, se defendió López Obrador.

Dijo que a diferencia de como se actuaba en las pasadas administraciones, él no pide que se vote por tal o cual partido o candidato; aseguró que no actúa con hipocresía y de manera encubierta.

Finalizó indicando que acatará la sanción que la autoridad electoral le imponga derivado de la resolución del Tribunal Electoral.

El mensaje que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 30 de marzo denominado “Primeros 100 días del Tercer año de Gobierno”, celebrado en Palacio Nacional, constituyó un evento de propaganda gubernamental personalizada, resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La decisión se dio por unanimidad de votos, y se propuso regresar el expediente a la Sala Regional Especializada para que emita a la brevedad una nueva sentencia, deslinde responsabilidades y establezca las consecuencias jurídicas que sean necesarias, incluyendo, en su caso, las medidas de no repetición, pues fue la Sala Regional quien previamente había resuelto de manera contraria.

Las y los magistrados consideraron que el evento sí constituyó propaganda gubernamental personalizada, en términos de lo dispuesto por el artículo 134, párrafo octavo, y su difusión contrarió la prohibición de difusión de propaganda gubernamental en periodo de campañas.

Señalaron que el evento tuvo por objetivo de persuadir a la sociedad de que el estilo de su gestión gubernamental resultaba loable, en una fecha en que ya había iniciado el proceso electoral en todo el país y se desarrollaban campañas en seis estados.

Recordemos que fue el pasado 26 de marzo que el PRD impugnó la realización del evento pues aseguraba que se violaban diversos preceptos de la ley, sin embargo, no fue hasta el 10 de abril que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) admitió la queja e inició las indagatorias.

El 16 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró improcedentes las medidas cautelares, por ser actos consumados y declaró la improcedencia de la tutela preventiva, al solicitarse sobre hechos futuros de realización incierta, decisión que fue impugnada por el PRD y desechada por esta Sala Superior.

Posteriormente, la Sala Regional Especializada emitió su resolución, una vez que recibió las constancias de la audiencia de pruebas y alegatos por parte de la Unidad Técnica, y determinó la inexistencia de infracciones. El PRD, inconforme con la resolución, promovió el 8 de mayo un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) publicó este miércoles los criterios que prohíben al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a otros funcionarios hacer propaganda política o difundir acciones de gobierno en las conferencias de prensa de Palacio Nacional, en las llamadas mañaneras.

Los magistrados del TEPJF consideraron que las conferencias matutinas se tratan de un “nuevo modelo de comunicación gubernamental que comprende información de interés público, ésta no puede sustraerse del marco constitucional y legal vigente, en particular, de las restricciones en materia de propaganda gubernamental durante las campañas electorales, así como de la observancia a los principios de promoción personalizada de las y los servidores públicos y neutralidad en el uso de los recursos de la misma naturaleza”.

Señalaron que lo relevante en materia electoral no es el tipo de formato comunicativo en que se producen las conferencias mañaneras, sino el contenido y las manifestaciones específicas de las y los funcionarios que participen en estas.

Esto “es lo que finalmente determina si se trata o no de propaganda gubernamental prohibida durante el periodo de campañas electorales”.

Enfatizó que se debe entender como propaganda gubernamental, al ejercicio de información cuya naturaleza deriva de la intención de informar logros de gobierno, temas coyunturales de ejercicio gubernamental, datos o estadísticas de actividades o programas gubernamentales y, en general, información relevante del actuar de un gobierno en activo con el fin de generar una imagen positiva de este ante la ciudadanía y el electorado.

Por ello, los magistrados consideraron que los servidores públicos tienen el deber de cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a influir en las preferencias electorales o en la opinión pública durante los procesos electorales, ya sea federal o locales.

Además de que deben ser “particularmente escrupulosos, en la etapa de campañas electorales, al dirigir mensajes que pueden ser retomados por los medios de comunicación para su posterior difusión”.

Añadió que los medios de comunicación no asumen responsabilidad directa o indirecta por difundir una cobertura noticiosa en ejercicio de la libertad de expresión, aunque advirtió a los concesionarios de radio y televisión que transmitan de manera completa o parcial las conferencias, en entidades donde se llevan a cabo campañas electorales, que “incurren en un alto riesgo de transgredir la restricción constitucional” y podrían resultar sancionados.

Los criterios que emitieron los magistrados respecto de las responsabilidades en que pueden incurrir los funcionarios públicos por la difusión de propaganda gubernamental en las conferencias de prensa difundidas durante las campañas fueron:

  • Cuando un funcionario público convoca, organiza o participa, en una conferencia para difundir logros de Gobierno, incurre en la difusión de propaganda gubernamental en medios, prohibida durante la etapa de campañas y hasta la jornada electoral.
  • En caso de que no se pueda garantizar la no difusión de las conferencias, la información que se difunda deberá tener carácter institucional y abstenerse de elementos que constituyan propaganda política, personalizada, o electoral, logros de gobierno, o emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales.
  • La información generada durante las conferencias de prensa, en todo momento deberá tener fines informativos.

Recordemos que a mediados de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a López Obrador evitar manifestarse respecto a temas electorales y a emitir opiniones a favor o en contra de aspirantes ni coaliciones durante sus conferencias matutinas y otros eventos gubernamentales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el operativo registrado ayer en el estado de Guanajuato no fue para detener a José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro, tal y como algunos medios lo informaron y que se replicó en redes sociales.

El mandatario afirmó que lo sucedido ayer no tuvo que ver con lo que pasó en Culiacán.

“No tiene nada que ver con Culiacán, se está actuando y esa es una reacción, va a continuar la fuerza de seguridad. Tengan confianza, estamos garantizando la protección de ciudadanos”, dijo esta mañana en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario dijo que la reacción de los grupos de la delincuencia en el estado del Bajío fue un acto aparatoso, publicitario y propagandístico, pero sin mucha base social.

“Ya no es lo de antes y afortunadamente no pasó a mayores, nosotros estamos atendiendo de manera especial Guanajuato, eran muchos los homicidios, en un día la diferencia es Guanajuato significaba el 15 por ciento de los homicidios, hay una atención especial para Guanajuato y por eso esas reacciones”, agregó.

López Obrador mandó un mensaje a la población de esa entidad y dijo que se está trabajando para bajar las cifras de homicidios, ya que cuando llegaron se registraban hasta 20 al día.

“Estamos actuando, hay elementos suficiente, más que en ningún otro estado, de la Guardia Nacional, se está trabajando de manera coordinada, está trabajando el Ejército, la Secretaría de Mariana, la Guardia Nacional, se está avanzando para garantizar la paz, sobre todo se están bajando los homicidios desde que intervenimos”, indicó.

Dijo a los ciudadanos que apoyan a la delincuencia organizada que “es el momento de deslindarse, de salirse (…) Si tienen mucha necesidad nosotros ayudamos, hay muchos programas ahora para el bienestar”.

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que el Congreso de la Unión está obligado a revisar a fondo la Iniciativa de Ley de Amnistía presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que realmente ayude a resolver problemas reales y no termine convirtiéndose en un acto propagandístico más de AMLO.

“Se debe generar un gran debate sobre este tema porque en una primera revisión de la iniciativa realizada por mi grupo parlamentario, hay algunas dudas que se deben disipar”, señaló la coordinadora del PRD, Verónica Juárez.

Advirtió que prevé supuestos inaplicables, como los de aborto y sedición, debido a que no existen, en la jurisdicción federal, procedimientos iniciados por estos delitos.

Juárez Piña, dijo que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no existe desde 2012, en el fuero federal, ninguna carpeta de investigación o averiguación previa iniciada por abortar, por lo cual no beneficia a ninguna mujer.

En el caso de las personas indígenas, su aplicación resulta “inconstitucional, debido a que se aboca a violaciones al debido proceso cometidos en contra de un grupo particular de personas y no a delitos como tales”.

Los únicos casos que podrían resultar de interés son los de los delitos contra la salud y el robo simple; sin embargo, debe proporcionarse información relativa al número de personas a los cuales aplicará, agregó la legisladora.

La iniciativa señala que se beneficiará a aquellas personas procesadas y/o sentenciadas por “el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años”.

No obstante, precisó que, al igual que en el caso del aborto, el robo es un delito que se sigue, en su mayor parte, en los sistemas estatales y no en los Tribunales federales, razón por la cual no se tiene una previsión respecto al número de personas que podrían ser objeto de la amnistía por esta hipótesis, en el fuero federal, recordando que a la mayor parte de estos procedimientos no les aplica esta amnistía.