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Al menos 1,030 personas murieron y más de 1,500 resultaron heridas por el terremoto de 5.9 grados que sacudió anoche el este de Afganistán, un número de víctimas que se espera que vaya en aumento a medida que avanza la operación de rescate.

El movimiento telúrico se registró anoche a unos 46 kilómetros de Khost, capital de la provincia homónima, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que informó también de una réplica de 4.5 grados. El mayor número de víctimas se produjo en la ciudad de Paktika.

Numerosas organizaciones humanitarias ya trabajan sobre el terreno en coordinación con las autoridades talibanes para rescatar a los supervivientes de la catástrofe, según informó en un comunicado la Oficina de la ONU para la para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Cinco helicópteros del Ministerio de Defensa afgano, más de 50 ambulancias y múltiples equipos de trabajadores sanitarios han sido desplegados en las provincias de Paktika y Khost, principales afectadas, para acelerar las labores de rescate y el traslado de heridos a los hospitales más cercanos.

Sin embargo, las fuertes lluvias y el viento que azotan la zona no permitieron que varios de los helicópteros aterrizaran en sus tareas, continuó la OCHA, por lo que el traslado de los heridos a los centros hospitalarios se están llevando a cabo por carreteras convencionales que han sido cortadas al tráfico civil.

«Por el momento, al menos 130 heridos han sido trasladados» e ingresados en hospitales, apuntó la OCHA, que señaló que hasta 1,800 viviendas han sido destruidas y dañadas en Gayan, lo que representa el 70% del total de viviendas del distrito.

Afganistán suele sufrir terremotos que dejan decenas de víctimas, especialmente en la zona conocida como Hindu Kush, de gran actividad sísmica y habitual punto de origen de movimientos telúricos en la región.

Algunas de las mayores catástrofes en Afganistán provocadas por terremotos ocurrieron en 1998 en el norte del país, cuando en febrero dos terremotos de 5.9 y 6 grados causaron la muerte de unas 4,000 personas. Pocos meses después, a finales de mayo, un terremoto de 7 grados dejó unos 5.000 muertos.

Foto: Twitter @Seba_Sismos_CL

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la decisión «histórica y patriota» de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SJCN) de avalar algunos de los cambios de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

«Quiero informar al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la Ley (de la Industria) Eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación», dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Dijo que no se quería «hablar mucho antes» de la importancia de que la Suprema Corte resolviera sobre el asunto porque «sabíamos de la trascendencia» de la resolución.

En este sentido, reiteró que se estaba «abusando» del marco legal y se buscaba destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y tener como «rehenes» a todos los consumidores para hacer jugosos negocios y para lucrar.

«Se reparó el daño, ayer, se protegió a la gente, para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz», dijo el mandatario, tras expresar que estaba «muy contento».

Puso como ejemplo a las hidroeléctricas, pues en la «ley tramposa» anterior, aprobada en 2014 con corrupción tras sobornar a los legisladores, no se contemplaba esta energía como limpia, agregó. En este sentido, señaló de nuevo a algunas empresas extranjeras para beneficiarse de la situación y además remarcó que la energía solar y eólica que producen las firmas privadas son un pretexto.

«Solo utilizan de pretexto o de excusa o de pantalla el que les importa mucho la energía limpia. Mentira, ¿cuánto se produce con eólica o solar? Ni el 10% de la energía que se requiere. Todo lo demás es energía que usan las particulares con gas», agregó.

López Obrador dijo que el debate en la Suprema Corte se demuestra que hay un «auténtico Estado de derecho».

Ayer, la Suprema Corte dio su respaldo al nuevo modelo energético que propone López Obrador al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, previo al debate en el Legislativo de una reforma constitucional sobre el sector energético.

Aunque hubo muchas objeciones a la LIE, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional. Sin embargo, la mayoría de los ministros se manifestaron en contra de ella; les faltó un solo voto para desecharla.

Cuestionado sobre la reforma constitucional en el sector eléctrico, que se debatirá la próxima semana en el Legislativo, el presidente dijo: «Ahora viene la reforma constitucional, pero la verdad, con lo que se consiguió ayer se nos alivianó la carga. Ya con lo de ayer podemos sacar adelante a la CFE y rescatar esta empresa pública y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Fue por eso un triunfo».

Sobre el mensaje del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el que se señaló que la decisión de la Suprema Corte de declarar constitucional la LIE, abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión, el presidente afirmó que no se viola ningún tratado por lo que si recurren a tribunales internacionales, México haría lo propio.

“Él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico, pero nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre», recalcó AMLO al decir que Salazar tiene presiones por parte de legisladores y políticos que reciben dinero de corporaciones empresariales, pues dijo, así es el modelo en Estados Unidos.

Las autoridades interceptaron a 1,266 migrantes de 33 países diferentes en diversos operativos en un lapso de apenas 24 horas, informó este jueves el Instituto Nacional de Migración (INM).

Entre los migrantes, que «transitaban de manera irregular por 22 entidades del país, había 203 menores de edad, de los que 165 viajaban no acompañados, detalló en un comunicado el INM.

Los migrantes eran en su mayoría de cinco países: 303 de Colombia, 268 de Honduras, 181 de Guatemala, 143 de Cuba y 100 de El Salvador. El resto provenían de naciones como Somalia, Canadá, Rusia, Pakistán, Suiza, Etiopía, Afganistán, China, Turquía, Ghana, Italia y Armenia, entre otros.

Las autoridades interceptaron a la mayor cantidad de migrantes en la Ciudad de México (258), seguido de Chiapas (246) y Tabasco  (167), además de Baja California (96) y Nuevo León (88).

El INM también «destacó la atención a 120 personas extranjeras en un autobús de turismo en Acajete, Puebla; más de 100, sin agua ni alimento, en la caja de un camión tipo torton abandonado en la autopista Córdoba-Minatitlán, Veracruz, y 59 en Allende, Nuevo León, escondidos en compartimentos».

Las detenciones, que el INM llama «rescates», son reflejo del flujo migratorio récord que vive la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Recordemos que México deportó a más de 114,000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob). Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131,448 solicitudes de refugio en 2021. De estos, más de 51,000 fueron haitianos.

De 1 al 30 de enero de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, rescató a 16 mil 740 personas extranjeras con estancia irregular en el país, que viajaban a pie o en vehículos en caravana, camiones, autobuses y, a últimas fechas, en motocicletas, camarotes de tráiler y ambulancias clonadas.

Cabe señalar que 2 mil 421 (14.5%) son niñas, niños y adolescentes menores de 17 años, de los cuales 780 fueron identificados sin compañía. Del total, 987 son mujeres y mil 434 hombres. En tanto, 14 mil 319 son personas adultas: 10 mil 810 hombres (64.6%) y 3 mil 509 mujeres (21%).

Por nacionalidad, 10 mil 443 provienen de Centro y Sudamérica, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador; el resto, 6 mil 297, son originarios de Asia, África, Europa y Oceanía.

Se precisa que, durante el periodo del 1 al 30 de enero de 2022 fueron rescatados 7 mil 334 personas extranjeras irregulares más que en el mismo lapso de 2021.

Entre los rescates masivos, se destacan el de 966 personas en condición de hacinamiento en las cajas secas de tractocamiones o tráileres, en Veracruz, Oaxaca y Coahuila, y un contingente de 319 que caminaban en caravana en el estado de Chiapas.

Así como, 328 en autobuses de pasajeros localizados en Puebla y Oaxaca; 92 en motos u autos en caravana en Chiapas y Tabasco; 91 en camarotes de tráileres en Tabasco, Chiapas y Veracruz; 68 en camionetas particulares; 62 en camionetas tipo ambulancias y de empresas de servicios, y 25 en una casa de huéspedes en Oaxaca.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió esta mañana al encuentro que sostuvo ayer con empresarios del país, con quienes dijo, habló con mucha «claridad, franqueza y también con respeto».

El tema principal que dijo abordaron fue el de la industria eléctrica y la reforma que envió al Congreso al respecto. Aseguró que les recordó que en años anteriores se abusaba y se pensaba nada más en los negocios privados, pese a que le fuera mal al país.

«Le puse el ejemplo de los gasoductos, cómo hicieron este jugoso negocio en contra del interés nacional. Engañaron de que iban a construir 12 termoeléctricas y que necesitaban gas para abastecer esas termoeléctricas; entonces, no hicieron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas a precios elevadísimos en beneficio de las empresas, hicieron su agosto», dijo AMLO.

Insistió en que los empresarios o «traficantes de influencias» no pensaron en que se le estaba dañando a la hacienda pública y por ende a todos los mexicanos.

Retomó su discurso sobre que algunas empresas en el país pagan menos luz proporcionalmente que lo que paga un consumidor de clase popular o clase media. Dijo que pese a que así lo permitía la ley y así eran las reglas, es mentira que no se pueden cambiar las reglas del juego bajo el argumento de que se daría una mala señal a los inversionistas.

«Pues sí, esas eran las reglas, y es legal porque eran los dueños del país y hacían las leyes a la medida de sus intereses, hasta compraban a legisladores para llevar a cabo sus reformas. De eso hablamos», añadió el presidente.

Y aunque dijo que seguirán dialogando con el fin de llegar a un acuerdo sobre diversos puntos que se contemplan en la reforma eléctrica, López Obrador adelantó que hay cosas en donde el gobierno no cederá.

«De una vez lo adelanto (…) no vamos a ceder; por ejemplo, en lo que tiene que ver con el dominio de la nación sobre el litio, ese mineral estratégico debe ser de la nación, no se puede privatizar», enfatizó.

Dijo que es un tema del que no se está hablando, pero él sabe que es un tema que le importa mucho a quienes se dedican al tráfico de influencia, el litio.

Reiteró que el diálogo que se tendrá se enfocará en la cuestión eléctrica, para buscar los equilibrios que sean necesarios, más no en lo concerniente al litio.

El mandatario intentó matizar y remató asegurando que no todo el que tiene es malvado. «Hay gente que se dedica a invertir, que genera empleos y que merece respeto y va a contar siempre con nuestro apoyo, pero hay otros que son traficantes de influencias, delincuentes de cuello blanco; pero no son todos los empresarios, es una minoría la que se malacostumbró a vivir al amparo del poder público y hacer jugosos negocios con el tráfico de influencias».

Al respecto, Antonio del Valle Perochena. Consejo Mexicano de Negocios (CMN), indicó que el diálogo que se llevó a cabo ayer en Palacio Nacional fue «muy productivo».

El empresario dijo que en el encuentro se privilegió la relevancia de colaborar y trabajar juntos para acelerar la reactivación económica y alcanzar un crecimiento sostenido. Reconoció la labor del presidente para fortalecer los lazos comerciales con Estados Unidos y Canadá, con el fin de convertirse en una alternativa atractiva para los inversionistas que buscan diversificar su exposición al riesgo chino.

Sobre el tema eléctrico, el CMN se limitó a decir que México es un país atractivo para las inversiones gracias al marco normativo que da el T-MEC, aunque dijo, para prosperar en el mediano y largo plazo se requiere de mayor certeza jurídica, especialmente en el sector de energía.

«Coincidimos con el presidente en la importancia de propiciar el diálogo y el intercambio de opiniones para fortalecer al sector eléctrico en nuestro país», remató el empresario.

Los empresarios que visitaron ayer Palacio Nacional fueron: Claudio X. González; Antonio del Valle; Daniel Sertvije, de Grupo Bimbo; Eduardo Trizio, de Grupo Lala; Adrián Sada, de Vitro; Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial; Blanca Treviño, de Softtek, Alejandro Ramírez, de Cinepolis; , Valentín Diez, de Grupo Modelo y Carlos Slim Domit, de Grupo Carso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este viernes el rescate de los siete mineros que quedaron atrapados en una mina ubicada en Múzquiz, Coahuila, prometiendo que se llevará a cabo una investigación sobre el derrumbe.

«Lo que importaba más era el rescate de mineros atrapados y ahora se tiene que llevar a cabo la investigación de por qué el derrumbe, si la mina estaba en condiciones de trabajar, si había seguridad», señaló el mandatario.

Y es que de acuerdo a la información difundida por el gobierno federal, a noche de ayer se rescató el cuerpo del último minero, de los siete que quedaron sepultados en el derrumbe hace una semana.

AMLO destacó que lo principal era no dejar en el abandono el rescate de los mineros, como sucedió en 2006 con quienes quedaron atrapados tras un derrumbe en la mina Pasta de Conchos, que dejó 65 muertos.

Destacó que se actuó de inmediato, y muchos elementos y miembros del gobierno se trasladaron al lugar de los hechos para conducir las tareas de rescato, las cuales duraron más de 150 horas buscando encontrar con vida a los mineros, aunque finalmente no se logró este último objetivo.

«Lamentamos la perdida de nuestro compañero Juan Carlos Moreno Cervantes. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ha sido recuperado su cuerpo», apuntó la organización ‘Familia Pasta de Conchos’, formada por familiares de las víctimas del accidente ocurrido en 2006, y que acompañó en esta ocasión a los familiares de los trabajadores en Múzquiz.

La organización indicó que las «dolorosas muertes» de los siete mineros se habrían evitado si hubieran habido verdaderas medidas de seguridad. «La minería debe dejar de ser un destino de muerte en la zona carbonífera».

La hipótesis manejada por las autoridades es que una inundación provocó la ruptura del techo y paredes de la mina, que generó el hundimiento del lugar, en cuyo interior quedaron atrapados los siete mineros.

Además de los militares, en el lugar trabajan autoridades de Protección Civil e inspectores de la Secretaría de Trabajo para llevar a cabo las labores de rescate, que consisten en sacar el agua mediante bombas para acceder a la mina.

La organización urgió a tomar medidas que eviten más muertes y accidentes en minas del país. Señaló que es necesaria una «investigación diligente y exhaustiva» que alcance a empresarios y concesionarios responsables de la muerte de los trabajadores «por no cumplir con las leyes y normas a las que están obligados».

Asimismo, exhortó a prohibir las llamadas “minitas de arrastre” o “cuevas” y los pozos de carbón, y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometa públicamente a no comprar carbón extraído de este tipo de minería.

Los cuerpos de otros tres mineros fueron extraídos ayer de la mina de carbón en Coahuila que se inundó y derrumbó el pasado viernes, con lo que aumentó a cuatro el número de muertos confirmados.

Según informes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aún hay otros tres mineros desaparecidos, a quienes se les sigue buscando.

La coordinación nacional de Protección Civil señaló que los equipos de rescate venían trabajado sin interrupción. En un principio, las autoridades informaron que seis mineros habían quedado atrapados, pero el gobierno de Coahuila confirmó el domingo que había siete en total en la mina al momento del accidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que se había roto una presa, lo que provocó la inundación.

Las labores de rescate están enfocadas en bombear el agua para sacarla de la mina, mientras que el Ejército desplegó a un equipo de 28 miembros que se especializa en la búsqueda de víctimas en derrumbes, y está utilizando dos perros entrenados.

La mina de Micarán, ubicada en el municipio de Múzquiz, aparentemente es un pozo abierto estrecho y profundo, con muros de tierra inclinados y al menos un túnel en la excavación inferior. La zona se ubica unos 130 kilómetros al suroeste de Eagle Pass, Texas.

No es la primera vez que hay un accidente de esta magnitud en las minas de carbón de la zona. El 19 de febrero de 2006 ocurrió uno en la mina de Pasta de Conchos, en el que perdieron la vida 65 mineros, aunque sólo se recuperaron dos cuerpos. Las autoridades mexicanas suspendieron esa búsqueda y cerraron la mina cinco días después del accidente, argumentando que era inseguro continuarla debido a la presencia de gases tóxicos.

Los familiares dijeron que uno de los cuerpos recuperados de la mina de Micarán era de un minero que se había quejado sobre las condiciones de seguridad del lugar. En inspecciones recientes, aseguraron, encontraron a mineros que trabajaban con zapatos deportivos y sin equipo de seguridad, agua potable ni monitores de niveles de gas.

López Obrador escribió en sus cuentas en las redes sociales que las fuerzas federales están apoyando las labores, y señaló: «Deseamos que el rescate sea favorable para las familias y para todos».

El presidente Joe Biden firmó este jueves el paquete de estímulos por 1.9 billones de dólares, conmemorando el primer aniversario de las cuarentenas en Estados Unidos por la pandemia de coronavirus.

El también conocido como paquete de ayuda del gobierno busca brindar alivio a los estadounidenses ante la crisis que se vive, e impulsar la economía.

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles el paquete, otorgando al presidente una importante victoria en los primeros meses de su mandato.

«Esta legislación histórica trata de reconstruir la columna vertebral de este país», dijo Biden antes de la promulgación.

Biden lo hizo antes de un discurso en horario estelar que planea ofrecer esta tarde, para conmemorar el aniversario de las cuarentenas, instar a la vigilancia mientras se combate la pandemia y ofrecer esperanza en medio de un número creciente de personas vacunadas en todo el país.

La firma de la ley por parte de Biden, llamada Plan de Rescate Estadounidense, estaba programada inicialmente para el viernes, pero el jefe de gabinete de La Casa Blanca, Ron Klain, dijo que se adelantó después de que el documento llegara ayer mismo por la noche.

«Queremos avanzar lo más rápido posible», publicó Klain en Twitter. De todas formas, el viernes habrá una celebración con los líderes del Congreso, dijo.

El paquete proporciona 400,000 millones de dólares para pagos directos de 1.400 dólares a la mayoría de los estadounidenses, 350,000 millones de dólares en ayuda a los gobiernos estatales y locales, una expansión del crédito fiscal para niños y un mayor financiamiento para la distribución de la vacuna COVID-19.

Biden adelantó ayer que en su discurso de esta tarde, hablará sobre «lo que hemos atravesado como nación este último año» y exponer la siguiente fase de la respuesta del gobierno contra el COVID-19.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó esta tarde el paquete de rescate de 1.9 billones de dólares que presentó el presidente Joe Biden. El plan de ayuda está diseñado para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia, e incluye apoyos directos a los ciudadanos.

Esta es la primera gran victoria para el presidente Joe Biden desde que asumió el poder, y que como se comprometió, da un respiro a familias y empresas golpeadas por la pandemia.

La propuesta, que ya había sido aprobada por el Senado, fue aprobada como se preveía por los demócratas sin el apoyo de los republicanos. Pasa a La Casa Blanca, donde se espera que Biden lo ratifique el próximo viernes, según declaraciones de la portavoz, Jen Psaki.

Indicó que Biden planea rubricar y convertir en ley «el viernes por la tarde» el plan de rescate que fue aprobado en la Cámara de Representantes. Será la primera ley que firma Biden desde que llegó al poder el pasado 20 de enero.

«Vamos a actuar a toda velocidad en la implementación de la ley, porque el pueblo estadounidense necesita ayuda lo antes posible», aseguró Psaki durante su rueda de prensa diaria.

La Casa Blanca considera el proyecto de ley uno de los planes «más progresistas» que se han aprobado en la historia moderna de Estados Unidos, en palabras de Psaki, y tiene previsto dedicar las próximas semanas a promocionarlo y «venderlo» al pueblo estadounidense.

«El presidente va a viajar (para promoverlo), la vicepresidenta (Kamala Harris) va a viajar, la primera dama va a viajar. Tendremos gente comunicándose directamente con las comunidades», aseguró Psaki.

Biden opinó el mes pasado que, cuando el expresidente Barack Obama consiguió aprobar un plan de estímulo en 2009, cometió un error al no dedicar muchos recursos a promocionarlo, y «pagó el precio por esa humildad» en las elecciones legislativas del año siguiente.

El demócrata quiere que su plan de estímulo, conocido como Plan de Rescate Estadounidense, tenga el efecto contrario y ayude a los demócratas en los comicios legislativos de 2022, por lo que ha pedido a su equipo que se dedique a promocionarlo.

La Casa Blanca incluso se planteó poner el nombre del presidente en los cheques únicos de 1.400 dólares a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los 80,000 dólares anuales por persona que se van a distribuir como parte del plan, pero finalmente decidió no hacerlo, según el diario The Washington Post.

El proyecto de ley amplía hasta comienzos de septiembre las ayudas al desempleo, de 300 dólares semanales, ya que los actuales fondos expiraban el 14 de marzo, fecha límite que se han marcado tanto La Casa Blanca como los demócratas en ambas cámaras para tener el proyecto finalizado.

El paquete asigna 350,000 millones de dólares para gobiernos locales y estatales, 170,000 millones para la reapertura de las escuelas, 14,000 millones de dólares para fortalecer el plan de vacunación y otros 46,000 millones de dólares para el sistema de pruebas para la detección del coronavirus.

El plan de rescate de Biden se une así al de 900,000 millones de dólares que el Congreso impulsó en diciembre pasado y al de 2.2 billones de dólares, el mayor de la historia del país, en marzo de 2020, bajo la Presidencia de Donald Trump.

Cuando uno pensaría que el PRI tendría que estar ideando una estrategia para ganarse a la opinión pública que desencantada y enojada con el desempeño del partido durante el sexenio pasado los abandonó y decidió darle el voto a Morena y sobre todo a Andrés Manuel López Obrador, sale la sorpresa de su postura frente a la detención del General Cienfuegos.

El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño presentó un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados solicitando que la Secretaría de Hacienda, ósea, el gobierno mexicano, asuma los costos legales de la defensa del General Cienfuegos, acusado y detenido en Los Ángeles, California, de haber recibido sobornos de los Beltrán Leyva a cambio de protección.

La detención es un tema de enorme relevancia para México; para la relación bilateral con Estados Unidos y para la lucha en contra del crimen organizado que tanto le ha costado al país en dinero, vidas e imagen.

El punto de acuerdo del diputado Angulo Briceño lo subió a twitter el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, así que se puede asumir que es la postura del partido. Bajo el argumento de los 54 años de servicio a México del General Cienfuegos y dado que en el país no hay una investigación abierta en su contra, el PRI, bajo el mando de Moreno y con el documento de Angulo Briceño, se inserta en un tema que hace ver al partido como defensor del crimen organizado y la corrupción.

Si, a Cienfuegos no se le ha declarado culpable en ninguna corte. Pero el primero en asumirlo como culpable fue el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del 16 de octubre en donde declaró “Quiero decir que, como en le caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del General Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno o en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades”. Y agregó que él no va a encubrir a nadie. “No podemos seguir con un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Imagínense la vergüenza que detienen al que fue jefe de la Policía con Calderón y ahora al Secretario de la Defensa del pasado gobierno”, remató el presidente.

Más tarde López Obrador intentó retirar lo dicho y decidió que mejor era esperar la sentencia. Pero ese golpe a la credibilidad del ejército ya estaba dado por el actual Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que es el presidente de México.

Golpe que, según fuentes consultadas con trato directo con el Ejército, tiene sumamente enojados a buena parte de las Fuerzas Armadas que simplemente no entienden como es que el presidente López Obrador, que se ha apoyado tanto en ellos, fue tan rápido en condenar a Cienfuegos.

En lugar de dejar al presidente López Obrador en su laberinto para que resuelva qué debe hacer su gobierno frente a un Estados Unidos que actúo unilateralmente en contra de uno de sus ciudadanos y ex funcionario de tan alto rango, el PRI decide presentar este punto de acuerdo para que la opinión pública los catalogue como defensores de posibles actos de corrupción.

Algunos en el Ejército estarán contentos con el PRI. Pero fuera de ellos, esta postura será vista como la prueba de que los errores del pasado siguen siendo defendidos por el corrupto Partido Revolucionario Institucional. Flaco favor se hace el PRI como oposición en la antesala de las elecciones del 2021.

 

Columna completa en El Universal

Los gobernadores de Acción Nacional (PAN) emitieron un posicionamiento sobre la propuesta de apoyos económicos que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la semana pasada, con el fin de hacer frente a la crisis económica que se vive a raíz de la pandemia del Covid-19.

«Escuchamos con atención su propuesta para hacerle frente a las consecuencias económicas, en la que, si bien se plantearon algunas alternativas, estas se dirigen a un solo sector de la población y no contempla realizar un esfuerzo con el sector productivo y laboral para proteger las fuentes de empleo y crecimiento económico», indicaron los gobernadores.

Afirmaron que el costo social por la falta de crecimiento puede verse multiplicado si las empresas, independientemente de su tamaño, pierden la capacidad financiera y económica para continuar operando y mantener el pago de los salarios de sus trabajadores y empleados.

Advirtieron que si no se logra mantener a flote la economía, la pobreza y la desigualdad aumentarán peligrosamente.

En ese sentido, hicieron un llamado al gobierno federal para que articule un Programa de Emergencia Económicaque apoye la continuidad en operación del sector privado y de las y los mexicanos que generan empleo o se autoemplean.

Entre las acciones que propusieron para defender el empleo y la economía familiar, están el implementar estímulos fiscales: diferir el pago de impuestos provisionales y la disminución del coeficiente de utilidad al sector empresarial, así como la exención de aportaciones patronales al IMSS, Infonavit y Afores por un trimestre.

Pusieron sobre la mesa el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas del país utilizando recursos de la banca comercial con garantías liquidas de NAFIN y BANCOMEXT a tasas no mayores del 10% anual y plazos de hasta 36 meses incluyendo 6 meses de gracia en capital e intereses. Implementar un ingreso básico solidario destinado a los trabajadores informales para apoyar directamente a las familias en el pago de alimentos, agua y luz.

Propusieron también el incremento extraordinario de presupuesto a los estados y municipios, especialmente a salud e infraestructura. Agilizar el pago a proveedores del gobierno y en la medida de lo posible anticipar las compras correspondientes al segundo semestre.

Otra de las propuestas fue el posponer la entrada en vigor de las reglas de producción automotriz establecidas en el T-MEC hasta el 2021, una vez recuperada la capacidad de operación de las empresas de este sector.

Finalmente llamaron a apoyar al sector turístico mediante un Programa Especial de Promoción y Atracción de Inversiones, ya que además de ser una fuente importante de captación de divisas, representa un número importante de empleos formales.

«Los gobernadores de Acción Nacional apoyaremos con todo lo que esté a nuestro alcance para defender el empleo, generarlo y proteger el ingreso de las familias. Estamos seguros de que usted también está comprometido con el sector productivo que genera 95 de cada 100 puestos de trabajo formal en el país para mantener su operación», añadió el grupo de gobernadores.

Señalaron que comparten la intención del gobierno federal de aliviar la necesidad de los que menos tienen a través de programas sociales, pero insistieron en la necesidad de valorar la importancia que en la recaudación de impuestos tienen las empresas.

«Este es el momento en que las y los mexicanos demandan de los políticos actuar con firmeza, con generosidad, sin tintes ideológicos y con sentido de Estado», remataron los mandatarios estatales, entre los que se encuentran Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes); Carlos Mendoza Davis (Baja California Sur); Javier Corral (Chihuahua); José Rosas Aispuro (Durango); Diego Sinhue Rodríguez (Guanajuato); Francisco Domínguez (Querétaro); Carlos Manuel Joaquín González (Quintana Roo); Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas) y Mauricio Vila Dosal (Yucatán).

Ante la crisis económica generada por la pandemia del COVID19 el presidente López Obrador ha dicho que aquí nada de rescates como en el pasado. Está convencido de que los recursos fiscales no se deben usar para rescatar ni a empresas ni a empresarios. La ayuda gubernamental se centrará en los más pobres. En las 22 millones de personas que integran sus programas sociales y en las microempresas y el sector informal.

Además, ha dicho que los empresarios no pueden ni bajar sueldos ni despedir a sus empleados. “Vamos a estar pendientes protegiendo a los trabajadores”, dijo el presidente, al tiempo que amenazó con irse a los tribunales en contra de las empresas que despidan o que no le paguen a sus empleados durante el periodo de confinamiento por la epidemia.

A este llamado del presidente se unieron tanto la Sectretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, como el Canciller, Marcelo Ebrard. Ambos, al igual que el presidente, enfatizaron que para lograr el cuidado y respeto del empleo se requiere de un comportamiento de dimensión social y humanista por lo que consideraron que estaba clara la obligación de las empresas de pagar sueldos a pesar del confinamiento.

López Obrador dijo que quien se oponga a lo anterior se hará acreedor a multas y en los casos en que logren comprobar negilgencia habría cárcel.

Curioso que el presidente prohíba a las empresas bajar sueldos o despedir empleados cuando eso es justo lo que él está haciendo actualmente para tener dinero suficiente para sus planes. En momento de vacas flacas el gobierno puede apretarse el cinturón, pero esto mismo se lo prohibe a los empresarios.

Y es que entre las acciones anunciadas por López Obrador en su discurso del 5 de abril está la reducción de salarios para altos funcionarios, desde subdirectores hasta él mismo, y la eliminación del aguinaldo. Con ello dice el presidente que logrará hacerse de 3 mil millones de pesos para enfrentar la pandemia.

López Obrador calcula que así puede estirar la cobija para seguir adelante con sus programas sociales y de infraestructura que incluyen Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Los empresarios, al igual que el gobierno, deben buscar la forma de que alcance la cobija a pesar del frenón en la economía. Por eso han pedido de distintas formas al presidente que al ponerse en pausa la economía, se pausen los cobros entre privados y con el gobierno.

Hasta el cansancio se ha aclarado que nadie pide condonación de impuestos. Pero en el gobierno entienden una pausa en el cobro de impuestos como un abuso más de los empresarios. Existe la idea de que, como las declaraciones anuales de este mes de abril son sobre las actividades empresariales del 2019, no hay razón para justificar un retraso. La pandemia no había golpeado la economía en 2019. Y, si bien es cierto que no había ese golpe y los recursos para pagar los impuestos anuales ahora en abril ahí tienen que estar, la pausa se pide para poder soportar el frenón actual para no tener que reducir salarios, despedir empleados o cerrar los negocios. Para poder sobrevivir el cierre y poder reabrir una vez que la crisis sanitaria quede bajo control.

La necedad del presidente no le permite ver hacia adelante. El gran reto vendrá muy pronto ya que si algo ha caracterizado esta pandemia es la velocidad a la que está ocurriendo todo. La velociadad a la que ha cambiado nuestra realidad.

Industrias completas han dejado de operar de un día para el otro porque la única forma de sobrevivir esta pandemia ha sido apagando la economía. Prender el switch de nuevo va a ser más complicado si durante el ‘apagón’ el gobierno es incapaz de ayudar a que los empresarios puedan reincorporarse en lugar de desaparecer.

 

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana estar muy contento de que la clase empresarial esté entendiendo que no habrá rescate fiscal, ni condonación de impuestos ante la emergencia económica que está desencadenando la pandemia del Covid-19.

«Eso me alegra mucho, de que ya vayan dando por descontado que no habrá privilegios fiscales, no va a haber condonación de impuestos, no va a haber rescate, a grandes empresas, bancos, no va a haber rescate en general, mucho menos para los grandes», dijo en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario afirmó que el rescate será «al pueblo de México», pues se va rescatar a los «olvidados, a los marginados, los pobres, a los que siempre se les ha hecho menos». Indicó que es bueno que se sepa y entienda que cuál es la postura de su gobierno.

AMLO agradeció que haya empresarios con dimensión social que estén apoyando la situación compleja que vive el país procurando no despedir a sus trabajadores y garantizando su sueldo.

La tarde de ayer, al presentar su informe trimestral de gobierno, López Obrador informó que se privilegiará la dispersión de recursos para los programas sociales, hasta llegar a los 22 millones de beneficiarios, se crearán 2 millones de empleos y se otorgarán 100 mil créditos a las PyMES.

Sin embargo, este plan fue criticado ampliamente por diversos sectores económicos, como la Concamin, quienes consideraron que sin un plan integral, México está condenado a sentir los efectos de lo que puede ser la peor recesión económica en 100 años.

«No es lo que los empleadores esperaban, lo que necesitan, las consecuencias pueden ser graves», advirtió Francisco Cervantes, presidente de la Concamin.

Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, criticó que el mensaje de López Obrador solo haya sido un discurso de divulgación ideológica y haya abandonado su papel como jefe de Estado y convocar a la unidad nacional.

La canciller alemana, Angela Merkel, dio negativo a la primera prueba de coronavirus, a la que fue sometida, luego de que se pusiera voluntariamente en cuarentena, tras haber estado en contacto el viernes pasado con un médico que dio positivo a Covid-19.

El médico había vacunado a la canciller contra el neumococo como medida preventiva, razón por la cual se determinó que Merkel entrara a cuarentena.

«En los próximos días le serán practicados más análisis», indicó el portavoz del Gobierno germano, Steffen Seibert.

El mismo portavoz indicó que Merkel se encuentra bien de salud, y que incluso está teniendo actividad desde su casa, pues este lunes participó en una reunión con su gabinete vía telefónica.

Alemania ha registrado en las últimas horas otros poco más de 4,000 contagios, superando así los 22,000 casos confirmados en todo el país. 86 personas han muerte a causa del Covid-19 en Alemania.

A la par de la información sobre el estado de salud de Merkel, el gobierno alemán informó que se adoptó este lunes un conjunto de medidas por cientos de miles de millones de euros, inédito desde la Segunda Guerra Mundial, para atenuar la contracción económica que prevé rondará el 5% debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Este paquete prevé ayudas masivas a la empresas y los trabajadores, por los cuales Alemania va a contraer nuevas deudas por 156,000 millones de euros, según el texto de ley decidido por el consejo de ministros y que debe ser avalado por el parlamento esta semana.

Alemania, la mayor economía europea, decidió para ello suspender sus restricciones constitucionales de endeudamiento, indicó el ministro de Finanzas, Olaf Scholz.

«Estamos mostrando desde el inicio que lucharemos con todas nuestras fuerzas contra esta crisis ocupándonos de las cuestiones sanitarias para nuestros ciudadanos o de la actividad económica en el país», dijo Scholz en una conferencia de prensa en Berlín.

Durante la rueda de prensa, el ministro de Economía, Peter Altmaier, dijo que se prevé para 2020 una contracción económica de alrededor del 5% por el impacto de la pandemia.

Antes de la crisis, el gobierno esperaba un crecimiento del PIB del 1.1% para este año.

Es la primera vez desde 2013 que Alemania debe recurrir al endeudamiento para cerrar su presupuesto federal, tanto para financiar medidas de apoyo como para compensar una disminución de los ingresos fiscales.

Las aerolíneas del mundo piden ayuda para sobrevivir a la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus,  Covid-19, que obliga a mantener a sus aviones en tierra.

El temor generalizado, los cierres de fronteras y las prohibiciones de viajes llevaron a anular unos 185,000 vuelos.

La pandemia «es peor que el 9/11 para la industria del transporte aéreo», dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en una conferencia de prensa en La Casa Blanca, en alusión a los atentados del 2001 en su país.

«Para fines de mayo de 2020, la mayor parte de las compañías aéreas del mundo irán a la quiebra», alertó por su lado la firma de análisis de mercados CAPA.

Frente a dicho escenario, las aerolíneas esperan ser rescatadas por las autoridades, de la misma forma que se rescataron a los bancos durante la crisis global de 2008.

Las compañías aéreas estadounidenses, que debieron suspender millones de vuelos y rutas transatlánticas, así como congelar los pedidos, necesitan 25,000 millones de dólares en forma urgente y otro tanto en créditos a corto y mediano plazo. «Debemos apoyar a las compañías aéreas. No es su culpa», dijo el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, sin anunciar medidas concretas.

Sus pares británicas pidieron más de 9.000 millones de dólares al gobierno.

Por su lado, el gobierno italiano se dispone a nacionalizar Alitalia. Según los medios, Roma previó otorgar 600 millones de euros para todo el sector aéreo del país, en el que Alitalia tiene el liderato.

Pero esa ayuda no está exenta de controversia, especialmente entre quienes criticaron los planes de rescate del sector bancario en 2008. Tampoco entre los grupos ambientalistas, que acusan al transporte aéreo, muy contaminante, de propiciar el cambio climático. Muchos países deberán decidir cómo priorizan las ayudas ante la amenaza de la recesión.

En tanto, las aerolíneas buscan reducir costos con recortes de empleos, cancelación de rutas, renegociación de contratos con proveedores y la utilización de aviones más pequeños y baratos.

Air France impulsará a partir del 23 de marzo un plan de desempleo parcial para todos sus empleados por un período de seis meses, una medida que afectará en promedio un 50% del tiempo de trabajo, según fuentes sindicales.

Air France-KLM prevé una reducción de entre 70% y 90% de su actividad al menos en los próximos dos meses. La alemana Lufthansa prevé suprimir «hasta el 90%» de su capacidad de vuelos de largo alcance y mantendrá apenas 20% de su capacidad para los trayectos cortos. Su filial austríaca Austrian Airlines suspenderá todos sus vuelos a partir del jueves y hasta el 28 de marzo.

En tanto, IAG, la casa matriz de British Airways, anunció que prevé una reducción de «al menos 75%» de su capacidad de vuelo entre abril y mayo.

El gobierno francés declaró una «guerra económica» al coronavirus, en la que no excluye la nacionalización de grandes empresas del país en peligro, para evitar una cascada de quiebras ante el freno de toda la actividad económica por el confinamiento de la población.

«Hay también una guerra económica y financiera. Será larga y violenta, y debe movilizar todos nuestra fuerza», declaró el martes el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, a la radio RTL, al día siguiente de que el presidente Emmanuel Macron declarara la «guerra» a la pandemia COVID-19.

Macron instauró restricciones estrictas a la circulación de las personas en toda Francia, que impactarán a la economía, en momentos en que muchas empresas ya están al borde del abismo.

Para limitar los daños, sobre todo una cascada de quiebras de empresas demasiado frágiles para soportar un cierre total de su actividad durante semanas, el gobierno va a inyectar en lo inmediato 45,000 millones de euros. La mayoría de este monto, 32,000 millones de euros, se utilizará para aplazar o cancelar las contribuciones a la seguridad social y los impuestos.

Foto: Twitter @euroefe

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta mañana el informe del proceso de rescate de 63 mineros de Pasta de Conchos.

La secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó que el grupo de expertos nacionales e internacionales que se conformó para analizar el caso consideró que es técnico y teóricamente viable el rescate de los cuerpos, por lo que en octubre de este año iniciará la fase final.

Indicó que será el próximo mes cuando el Sistema Geológico Mexicano determinará el método final del rescate, duración del mismo y cuantificación de costo.

Adelantó que se desarrollarán nuevos inclinados de acceso porque se ha determinado que son los métodos más adecuados para sacar los cuerpos.

Recordó que el pasado 18 de noviembre dieron inicio los trabajos preliminares en los terrenos de la mina Pasta de Conchos, pues se debe determinar la situación actual en el subsuelo de la mina.

La secretaria detalló las fases:

  • Abril-Mayo 2020 – Contratación de las ingenierías finales.
  • Junio 2020 – Licitación de la obra de rescate.
  • Octubre 2020 – Inicio de la fase final del rescate.

Destacó que el pasado martes, Grupo México anunció la entrega de la concesión de la mina Pasta de Conchos al gobierno federal para facilitar las labores de rescate. Las secretarías de Economía y del Trabajo trabajan en coordinación para analizar las opciones a futuro.