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Mientras el auditor superior de la Federación, David Colmenares, se encontraba fiscalizando las gestiones financieras de Segalmex correspondientes a los años 2019 y 2020, su hermano Rogelio Colmenares ocupaba puestos gerenciales en dicha dependencia.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revela que a pesar de que el auditor tenía a su cargo fiscalizar el área y la dependencia, ni él ni su hermano dejaron constancia de su relación familiar en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

Segalmex es la dependencia que mayores irregularidades ha registrado de todo la Administración Pública Federal, superan incluso a las de llamada Estafa Maestra, por la que Rosario Robles permaneció tres años en prisión.

Recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado un faltante por casi 13 mil millones de pesos en Segalmex, pero hasta la fecha únicamente ha presentado dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades que suman 149 millones de pesos, equivalentes apenas al 1.1% del total de anomalías.

En su paso por Segalmex, Rogelio Colmenares ocupó un puesto en la Dirección de Coordinación y Seguimiento de Órganos de Gobierno de esa dependencia, la cual según el Manual de Organización tiene entre sus funciones coordinar, por conducto de la Gerencia de Planeación Social, actividades para atender peticiones y requerimientos de información de entes fiscalizadores como la ASF.

MCCI recuerda que de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se deberá entender como conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

Investigación completa en MCCI

El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, se presentó esta mañana en Palacio Nacional, para participar en la conferencia del presidente, en la que confirmó que hay 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por daños a Segalmex equivalentes a 9 mil 500 millones de pesos (mdp).

El funcionario informó que, con base en los resultados de diversas auditorías, en denuncias presentadas por servidores públicos, se creó un grupo de trabajo conformado por las secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Función Pública, además de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El propósito del grupo de trabajo fue investigar, dar seguimiento y corregir la problemática relacionada con los actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos y la falta de rendición de cuentas en Segalmex, Liconsa y Diconsa.

Salcedo Aquino detalló que la dependencia que encabeza tiene abiertos 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas en Segalmex, y refirió que hay 38 denuncias presentadas ante la FGR por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, la SFP y la propia Fiscalía.

Afirmó que dichas denuncias están en etapa de investigación a pasos de ser judicializadas, y precisó que principalmente son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, además de que se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada.

Dijo que a la fecha, un ex servidor público fue vinculado a proceso por invertir 950 mdp de la institución sin respetar la normativa, aunque enfatizó que los recursos que ya fueron recuperados, en tanto los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados.

Refirió que la SFP realizó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex, en 2019, hasta el cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas y verificaciones con montos observados por 6 mil millones de pesos, mientras que este año se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios.

Añadió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2020, promovió diversas acciones a las tres entidades, que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por 3 mil 465.8 mdp.

En total, los montos observados por la SFP y por el órgano auditor superior suman alrededor de 9 mil 500 mdp, aunque dijo que esto no significa necesariamente que representen un daño patrimonial, debido a que se encuentran en proceso de aclaración, documentación o, en su caso, recuperación.

Respecto a la dictaminación de los estados financieros que realizan firmas de auditoría independientes, informó que se observó un incremento en las inconsistencias en el registro de las operaciones y casos en los que no se aportó la información requerida por los auditores.

Ello ocasionó que en el caso de Liconsa, se pasara de dictámenes con opiniones limpias en 2019 a dictámenes con abstención de opinión en 2021; Diconsa obtuvo opiniones con salvedad en 2019 y con abstención en 2021, y Segalmex ha mantenido dictámenes con abstención.

Añadió que con motivo de las investigaciones se ha cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas de las tres entidades de la República, sin descartar acciones legales y administrativas que resulten en su contra.

«La SFP actúa como coadyuvante en las indagatorias vigentes. Asimismo, acompaña, en coordinación con la SHCP, a las nuevas autoridades administrativas para evitar que se incurra en irregularidades, para atender las observaciones de las instancias fiscalizadoras, y sentar así las bases para una gestión eficaz y honesta”, sostuvo Salcedo Aquino.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que los presuntos actos de corrupción en Segalmex se investigan bajo la política de cero impunidad.

“No hay impunidad para nadie ni para mis hijos ni para mi familia ni para nadie. El que cometa un delito y, sobre todo, un acto de corrupción, tiene que ser castigado, sea quien sea, porque la gente fue la que nos puso aquí”, expresó.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que Grupo Marhel, filial de una empresa ‘fantasma’ investigada por su presunta participación en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela, recibió 21 contratos por adjudicación directa en Segalmex por más de 67 millones de pesos.

Marhel es una división de B-Eminent Inc. de México, que en junio de 2020 fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el listado definitivo de empresas que simulan operaciones, mejor conocidas como empresas fantasma.

Los contratos de Segalmex se otorgaron a Marhel en 2020 para surtir toneladas de azúcar, res y pollo para el programa de abasto rural del gobierno federal. Además, ocurrieron cuando su filial B-Eminent ya era investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero en una red que enviaba alimentos con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Otro dato que llama la atención, revelado por MCCI, es que en Marhel, creada en 2019 en Mazatlán, Sinaloa, participa Martín Armando Botello Ruvalcaba, quien fue directivo de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) entre 2003 y 2011. El propio ex funcionario ha sido también apoderado de B-Eminent, según consta en actas del Registro Público de Comercio.

Como parte de la indagatoria, la UIF detectó transferencias por 7 millones 936 mil dólares de una empresa de Tussef Smaill Abou Nassif, pareja de la vicepresidenta de Venezuela, a B-Eminent Inc. de México, según publicó el diario Reforma en julio del 2019.
Desde octubre del 2019, el SAT incluyó a B-Eminent en el listado de empresas con presuntas operaciones inexistentes, y el 29 de junio de 2020 la incluyó en el listado negro definitivo de empresas fantasma, con operaciones simuladas, difundido en el Diario Oficial de la Federación. 
Apenas ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el estado que guarda la supuesta investigación por actos de corrupción y desfalco en Segalmex, que se le indicó por uno de los reporteros, asciende a 9 mil millones de pesos.
«Hay una investigación del gobierno, hay denuncias desde hace más de un año, están ya procesos abiertos en la Fiscalía General de la República y le voy a pedir al secretario de la Función Pública que venga y explique sobre este fraude, y la forma en que se está actuando», respondió el mandatario.

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Un juez vinculó a proceso a René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), señalado de comprar títulos bursátiles con recursos del organismo.

«La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de un ex servidor público del organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades», informó la FGR en un boletín.

Según detalló la Fiscalía General, René “G”, en su calidad de titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, entre febrero de 2019 y junio de 2020, «presumiblemente autorizó la compra de 100,000 títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa».

Ello pese a que no contaba con la facultad de colocar recursos públicos en tales certificados. «De igual forma, la compra es contraria a lo establecido en los Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal», agregó el texto.

El 6 de abril pasado, en audiencia inicial, la defensa del exfuncionario solicitó que se resolviera la situación jurídica de su cliente, por lo que, con los datos aportados por el agente del Ministerio Público Federal (MPF), el juez de la causa dictó vinculación a proceso.

Asimismo, se concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, así como las siguientes medidas cautelares: firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA); prohibición de salir de la Ciudad de México y Zona Metropolitana y prohibición de acercarse a los testigos, así como una garantía económica.

«Este es solo uno de varios casos que se encuentran en investigación por el uso indebido de recursos públicos asignados al organismo denominado Segalmex», concluyó la FGR.

Las adquisiciones de Segalmex llevan tiempo despertando críticas y acusaciones contra la 4T. Por ello, el gobierno cesó en junio de 2020 al entonces director de Administración y Finanzas del organismo, René Gavira.

En julio del pasado año, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló contratos directos por 797 millones de pesos entre una red de empresas fantasmas y este organismo descentralizado y perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Otro escándalo inmobiliario al interior de la 4T se destapa. En agosto de 2020, dos meses después de la salida de René Gavira Segreste como director de Administración y Finanzas de Segalmex, su hijo René Federico Gavira Martínez adquirió un departamento en The Ricchi Luxury Condominiums, un desarrollo con alberca y zona de asado ubicado en La Cantera, una de las zonas residenciales más exclusivas de San Antonio, Texas.

Sin embargo, lo que llama la atención en esta transacción, es que los derechos de la propiedad fueron transferidos a Gavira Martínez por Vilma Cristina Herrera Reza, dueña del departamento y hermana de Carlos Herrera Reza, director general de Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac), empresa a la que Liconsa otorgó tres convenios plurianuales por hasta 7 mil millones de pesos.

Los contratos se le dieron a Coprolac para el secado de leche cuando René Gavira Segreste era funcionario de la dependencia, y que salió de ella ante diversos señalamientos de corrupción.

Tal como ha sucedido en otros casos, como en el de la llamada Casa Gris, Gavira Martínez dijo que la transmisión del inmueble se dio a través de intermediarios y que desconocía que el departamento pertenecía a Vilma Cristina Herrera Reza.

Consultado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Gavira Martínez aseguró que la propiedad la obtuvo usando recursos derivados de su ejercicio profesional como abogado.

De acuerdo con la última valuación catastral realizada por el condado de Bexar en 2021, consultada por MCCI, el valor del departamento en cuestión es de 289 mil dólares, equivalentes a 5.7 millones de pesos. Sin embargo, agentes de bienes raíces consultados refirieron que estas valuaciones se realizan para el cobro de impuestos y suelen ser inferiores a los precios reales del mercado. 

En su último informe de la Cuenta Pública 2020, la ASF reveló que René Gavira Segreste favoreció a Coprolac al fijar unilateralmente en los convenios un precio de venta de 21 pesos por kilo de crema, superior al precio de mercado, eludiendo la autorización del Grupo Interno de Análisis de Venta de Crema, el órgano colegiado responsable de aprobar su precio.

En una entrevista que los auditores tuvieron con el exdirector de Operaciones de Liconsa, Bernardo Fernández Sánchez, el funcionario mencionó que por esta irregularidad la dependencia había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de René Gavira Segreste.

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El gobierno federal cesó a tres funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), implicados en una red de corrupción, reveló este jueves la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Su destitución ocurrió después de que «se comprobaron presuntos ilícitos y actos de corrupción» denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), como adjudicaciones millonarias a empresas “fachada”, favoritismo, nepotismo, desvíos de subsidios y contratos «amañados».

Aunque no se especificó el nombre de los destituidos, se presume que podrían ser el director comercial, Manuel Lozano Jiménez, «quien firmó algunos de los contratos investigados por la SFP», y el director de operaciones, Bernardo Fernández.

Entre los casos denunciados destacan 2 contratos por 4,000 millones de pesos de una compañía de Alejandro Puente, empresario de telecomunicaciones vinculado a corrupción en el sexenio de Felipe Calderón.

Aun cuando el empresario no tenía experiencia en el ramo, apenas dos días después del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, recibió los contratos para vender leche a Liconsa, una empresa paraestatal de abasto popular.

Además, MCCI recordó que en 2021 reveló que en sus primeros 2 años de operación, Segalmex «otorgó casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de 6 empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares».

Segalmex es un organismo creado por el presidente López Obrador para «rescatar el campo» con apoyos a pequeños y medianos productores, y según el gobierno, buscar la «autosuficiencia alimentaria», distribuir alimentos básicos, garantizar precios y fomentar la productividad de las comunidades rurales.

Desde su fundación, ha despertado polémica por sus similitudes con la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), creada en 1961 y desaparecida en 1999 para controlar los precios agrícolas en los gobiernos del PRI.

Incluso, López Obrador nombró como director de Segalmex a Ignacio Ovalle, quien fue secretario de la Presidencia con Luis Echeverría.

Ante las acusaciones, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó una fiscalización a Segalmex, Liconsa y Diconsa, la red de abasto social del Estado, en el periodo de 2019 a 2021, la cual arrojó presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, «que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales», expuso MCCI.

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Una red de seis empresas vinculadas entre sí, recibieron adjudicaciones directas por 797 millones de pesos con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entre 2019 y 2020, es decir, en la presente administración.

Los accionistas y operadores de las seis empresas han participado en empresas fantasma y en desvíos millonarios en el ISSSTE y la SEDATU.

Todos los contratos a esa red fueron firmados durante la gestión del entonces director de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, quien fue cesado en junio de 2020 entre acusaciones de corrupción.

La red está conformada por las compañías Fruverloz, Properloz, Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Gentsai Hoon y Denoter, las cuales recibieron contratos de Segalmex para la compra de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas.

Y aunque las empresas incumplieron con la entrega, no fueron sancionadas.

La información se desprende de una investigación especial de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que encontró que el dueño de una empresa fantasma, incluida en la lista negra del SAT de sociedades que simulan operaciones, es a la vez socio y representante de tres de las empresas contratadas por Segalmex.

Esas empresas, a su vez, se vinculan entre sí a través de domicilios, correos electrónicos, números telefónicos y accionistas que viven en colonias populares. Incluso, algunas de estas empresas comparten el mismo domicilio con otras que participaron en la llamada ‘Operación Safiro’ y en la red de lavado de dinero publicada en junio de 2021 por el portal Animal Político en la que participaba Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de Hacienda asesinado en Morelos.

Los 797 millones de pesos de Segalmex a esta red de empresas fueron repartidos en seis contratos por adjudicación directa. Uno por cada compañía. Cuatro de las seis empresas de esta red se constituyeron entre 2015 y 2019. Antes de ser contratistas de Segalmex, ninguna había recibido contratos gubernamentales, según corroboró MCCI en Compranet, la Plataforma Nacional de Transparencia y otras herramientas de búsqueda.

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Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el programa ‘Precios de Garantía a los Productos Básicos’, que dijo, tiene como objetivo apoyar a los productores, comuneros y ejidatarios con precios justos por sus cosechas; lograr la autosuficiencia alimentaria y reducir las importaciones del extranjero.

“Lo podría resumir en una frase: que coman los que nos dan de comer. No abandonar a los campesinos”, dijo López Obrador.

Enfatizó que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), se ha beneficiado a más de un millón 900 mil productores, a quienes paga en promedio 30% más por sus cosechas de arroz, frijol y trigo; en el caso del maíz, hasta el 40%.

AMLO explicó que el pago que se hace es por tonelada. El maíz se les compra a 5 mil 610 pesos, más 150 pesos por tonelada para el flete; el frijol, a 14 mil 500 pesos; el trigo, a 5 mil 790 pesos; el arroz, a 6 mil 120 pesos, y la leche fresca a 8 pesos con 20 centavos el litro.

Detalló que en el caso del frijol, se apoya a los campesinos que tengan hasta 30 hectáreas de temporal o 5 hectáreas de riego. Para el maíz, el límite es de hasta 5 hectáreas de temporal y 20 toneladas por productor. Del trigo panificable, la compra es de hasta 100 toneladas por productor y 120 toneladas en el arroz.

Por su parte el titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, detalló que este año el programa cuenta con una inversión de 15 mil 200 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 6 mil millones de pesos y están pendientes 9 mil 200 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría que asignar. Para el 2020, el gasto estimado será de 10 mil millones de pesos.

Ovalle anunció que desde el 1 de octubre bajarán los precios de la canasta básica en las tiendas Diconsa y que será la tienda en el país que venda a costos bajos.

El titular del organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle, anunció que se abrirán entre 700 y 1,000 bodegas a partir de octubre, para la “gran cosecha de frijol”.

Lo anterior, al dar a conocer los avances de Liconsa y Diconsa sobre los Precios de Garantía y Canasta Básica.

“Ya se compraron 100 mil toneladas de frijol”, con pago inmediato y directo, sin intermediarios.

Por otra parte, el funcionario indicó que aproximadamente el 80 por ciento de las teleras, los bolillos, las conchas y los cuernitos que se consumen en México son elaborados con trigo importado, por lo que es necesario reducir la dependencia con el extranjero.

Cabe recordar que Segalmex es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

El PRI, a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), lamentó el anunció que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho respecto a la creación de la entidad Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), pues dijo que sería revivir un programa de subsidios que ya fracasó en México.

Arturo Zamora Jiménez, secretario general de la CNOP, indicó que la propuesta de AMLO es lo que en los años 60 apareció bajo el nombre de Conasupo, la cual funcionaba con precios de garantía y subsidios indiscriminados y un abasto subsidiado que causa un déficit creciente.

El senador con licencia del tricolor alertó que no descartan que AMLO de vida a otras empresas paraestatales que reproduzcan el modelo de la quebrada Conasupo y la serie de empresas públicas que desplegaban la presencia del Estado en una economía rural intervenida y sostenida artificialmente.

Recordó que el llamado «Sistema Conasupo» nació en 1965, pero su origen estuvo en la creación del Comité Regulador del Trigo, por parte del presidente Lázaro Cárdenas, en 1937.

Citó que las pérdidas operativas de estas empresas pasaron de 738 millones de pesos en 1965, su primer año de operación, a 83 mil millones en 1982, cuando se inició su liquidación. El peor caso tuvo lugar en 1982, cuando el índice general de precios se quintuplicó, mientras que el déficit operativo de Conasupo se disparó 1 mil 125 por ciento.

Zamora remató sosteniendo que SEGALMEX confirma que el presidente electo de México habrá de privilegiar en la integración de su gabinete ampliado perfiles que sigan ciegamente su proyecto y viejos conocidos del quehacer público en los gobiernos populistas de los años setenta, esto en referencia a Ignacio Ovalle Fernández quien se ha anunciado estaría al frente de la nueva entidad pública.

 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves que Víctor Villalobos será el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural durante su mandato.

En conferencia de prensa, el tabasqueño afirmó que su objetivo es rescatar al campo y a los productores del campo. «Vamos a hacer que coman los que nos dan de comer», aseguró.

Asimismo, el mandatario electo anunció que Liconsa y Diconsa se fusionarán, dando paso a la creación de un nuevo organismo que se llamará Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, el cual estará a cargo de Ignacio Ovalle Fernández, quien fue director de Conasupo y del Instituto Nacional Indigenista.

De acuerdo con Víctor Villalobos, el próximo presidente le ha encomendado dar seguimiento a cuatro proyectos insignia dentro de la Secretaría que estará a su cargo.

El primero será impulsar la creación de Segalmex, sistema que se encargara de fortalecer la canasta básica alimentaria.

En segundo lugar, se impulsará la ganadería a través del acopio de un millón de becerras y 50 mil sementales para elevar la producción y exportar carne de alta calidad.

El tercer proyecto que impulsará esta secretaría será la producción de fertilizantes, para lo que se echarán a andar plantas que habrán de proveer de fertilizantes al país, a fin de reducir la importación de los mismos.

El cuarto proyecto será fortalecer la seguridad alimentaria, con el objetivo de ser capaces de reducir cada año la importación de productos de la canasta básica a través del apoyo a los productores locales.