El Pleno del Senado aprobó esta tarde, en lo general, el dictamen por el que se crea crea la Ley de la Fiscalía General de la República, el cual busca fortalecer su autonomía y los instrumentos del Ministerio Público. La nueva ley no excluye al Ministerio Público de órganos sobre desaparecidos, prevención a la violencia de género y protección de derechos humanos.
Con 119 votos a favor y uno en contra, los senadores aprobaron la iniciativa, que deberá ser ratificada próximamente por la Cámara de Diputados.
La nueva legislación, que sustituye la anterior Ley Orgánica de la Fiscalía de 2018, reestructura el organigrama y las funciones de la institución, apenas dos años después de su creación.
Reafirma la independencia de la Fiscalía respecto al gobierno, crea un plan estratégico y establece mecanismos de evaluación.
Esta reforma había generado polémica porque en un inicio buscaba dotar de más autonomía a la Fiscalía excluyéndola del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
También quedaba fuera del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata.
Sin embargo, de último minuto, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tramitó un anexo para frenar la salida del Ministerio Público de estos organismos. Durante el debate, Monreal dijo que la modificación “deja claro que la Fiscalía seguirá participando activamente” en los sistemas nacionales sobre derechos humanos.
“Yo celebro que hayamos logrado un consenso entre todos porque por supuesto que no se vulnera la autonomía de ningún órgano por pertenecer en sistemas nacionales de coordinación”, expresó el senador Damián Zepeda del PAN.
La inclusión del Ministerio Público dentro de estos organismos, conformados por el gobierno y la sociedad civil, se logró en 2018 por la demanda de activistas que impulsaron la campaña #UnaFiscalíaQueSirva. En diciembre de ese mismo año se aprobó la creación de una Fiscalía independiente en sustitución de la hasta entonces Procuraría General de la República, la cual formaba parte del gabinete del gobierno federal.
Días después, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue elegido en el Senado el actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien se ha mostrado a favor de salir del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Los legisladores se encuentran ahora en la discusión de las reservas que se presentaron al proyecto de decreto.
Adicional, se informó que el Senado de la República recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal que contiene la legislación secundaria con la que se regulará el funcionamiento, estructura, organización y atribuciones de las diversas instancias que conforman al Poder Judicial de la Federación.
En el documento se señala que esta propuesta recoge la propuesta planteada por el Poder Judicial, en congruencia con la reforma constitucional aprobada por el Legislativo. Además, reúne los cambios al orden jurídico nacional efectuados en las últimas dos décadas, a fin de consolidar los avances que, en materia de impartición de justicia, demanda la sociedad.
La iniciativa plantea la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual consolida el entramado normativo para llevar “a buen puerto el proceso de cambio iniciado al interior del Poder Judicial de la Federación”.
Dicho ordenamiento contiene un esquema sancionatorio del nepotismo y establece como causa de responsabilidad administrativa expresa “para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo”.
Asimismo, sugiere sancionar con responsabilidad administrativa los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.
La propuesta también establece las contralorías para cada uno de los órganos de este Poder, las cuales implementarán los mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. Estos organismos, plantea el proyecto, fungirán como autoridades sustanciadoras de los procedimientos de responsabilidad administrativas, llevarán el registro y darán seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y de su declaración de intereses.
Asimismo, actualiza la responsabilidad administrativa en los casos de acoso sexual en el entorno laboral del Poder Judicial, con lo que se pretende facilitar la sanción de “tan deplorable conducta”.
Otro de los aspectos de la iniciativa es la actualización de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; incluye como atribuciones de este órgano la revisión, por oficio, de la constitucionalidad y validez de los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal, durante la restricción o suspensión de derechos y garantías, de las consultas populares, así como resolver el recurso de revisión especial en materia de seguridad nacional para efectos de acceso a la información pública.
Por otro parte, faculta al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda concentrar, en uno o más órganos jurisdiccionales, asuntos vinculados con hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos.
