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En un nuevo video publicado en sus redes sociales, Ricardo Anaya confirmó que luego de solicitar 12 veces por escrito, y después de 3 ordenes judiciales, le fue entregada la carpeta de investigación por la que  López Obrador, mediante la Fiscalía General de la República (FGR), busca meterlo a la cárcel 30 años.

Indicó que la carpeta se integra de 76 cajas, que contienen 135,388 hojas, cinco tomos principales y 71 anexos.

Explicó que aunque la mayoría de la información que contiene la carpeta es “paja”, para que se confundiera y no leyera todo el contenido, dijo que “sí leyó” las toneladas de papel, y encontró “un montón de pruebas” de su inocencia. “Pruebas de lo corrupto y tramposo que es López Obrador”.

“Toda la acusación en mi contra tiene que ver con un pacto perverso entre Lozoya y López Obrador . Y ese sí que es un pacto “fuchi caca” por donde quiera que lo veas”, sostuvo el aspirante a la presidencia.

Dijo que pese a estar comprobado que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, recibió 10 millones de dólares de Odebrecht, hizo un pacto con la 4T para que quedara en libertad y que no regrese dicho dinero. Indicó que el pacto consistió en que Lozoya diga que sí recibió el dinero pero que no se lo quedó, y que fue entregado, “casualmente”, a los adversario de AMLO.

Mostrando documentos que obtuvo como parte de la carpeta de investigación, aseguró que Lozoya declaró que el dinero que supuestamente le entregó fue el 8 e agosto de 2014, fecha que dijo, fue viernes por lo que no pudo estar en la Cámara de Diputados, además de que estaba en Querétaro con compromisos personales. Por ello, el gobierno cambió la declaración a “la primera semana de agosto de 2014”.

Sin embargo, mencionó que para esa fecha él ya no era diputado. Indicó que pidió licencia al cargo el 6 de marzo de 2014.

“Habría sido el soborno más tonto de la historia. Porque yo voté a favor de la Reforma energética en diciembre de 2013 y deje de ser diputado en marzo de 2014 (…) ¿le compraron el voto a alguien que ya no tenía voto, o le pagaron a alguien por un voto que emitió 7 meses antes?”, cuestiona Anaya en su video.

Adicional, refutó lo que la carpeta de investigación aparece sobre la entrega del dinero que le habría hecho Lozoya.

Dijo que los detalles del lugar, fecha y modo en que se habría hecho la entrega no es cierta, pues él pidió a la Cámara de Diputados algún registro que existiera de que él o la persona que Lozoya menciona hayan entrado al recinto, a lo que la Cámara baja respondió que no.

“Tengan para que aprendan, los corruptos de la 4T”, dijo Anaya utilizando una frase ya clásica de López Obrador.

“López Obrador me quiere meter a la cárcel 30 años con una historia de puras mentiras. Andrés Manuel, te has convertido en lo que tanto criticabas: en un mentiroso y corrupto vulgar, en un tirano que tuerce la justicia para sus venganzas personales”, reclama el excandidato presidencial al morenista.

El fiscal general de Israel, Avijai Mandelblit, formalizó hoy la acusación del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, por fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos de corrupción.

La Fiscalía decidió acusar al jefe de Gobierno en los llamados casos 1000, 2000 y 4000, informó el Ministerio de Justicia en un comunicado. Mandelblit ha citado a una conferencia de prensa hoy por la tarde para presentar todas las alegaciones en público.

En los tres casos, Netanyahu fue acusado de fraude y abuso de confianza, y además, en el 4000, se considera que cometió cohecho, la acusación más grave que cuestiona su legitimidad en el cargo.

En el conocido como caso 4000 o Bezeq, Netanyahu es acusado de haber hecho favores entre 2012 y 2017 al gigante de telefonía israelí Bezeq a cambio de cobertura favorable de él y su mujer, Sara.

En el caso 1000, es sospechoso de aceptar lujosos regalos de millonarios para él y su familia, por hasta un millón de shéqueles (unos 260,000 euros) a cambio de favores.

En el caso 2000 se examina un presunto intento de pacto con Arnon Mozes, editor del diario de pago de mayor difusiónde Israel, el “Yediot Aharonot”, para lograr una cobertura más positiva sobre él a cambio de dañar la distribución del diario rival, el gratuito “Israel Hayom”.

Como acusado, Netanyahu no estaría obligado a dejar su cargo de primer ministro o diputado, pero si finalmente es condenado, el Parlamento podrá votar su destitución si el delito implica “depravación moral”, como ocurre con la acusación de cohecho, según recoge la Ley Básica israelí, con rango constitucional.

La acusación llega en pleno bloqueo político en Israel y sin Ejecutivo desde las elecciones de septiembre, lo que aleja a Netanyahu de seguir en el poder tanto en una repetición electoral como ante el proceso abierto en el Parlamento, que tiene ahora el mandado de formar Ejecutivo.

Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, aseguró que es falso el testimonio de que su cliente le habría entregado un millón de dólares al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a través de su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández.

“No hay ningún testimonio de que ‘El Chapo’ Guzmán haya sobornado al presidente hondureño”, señaló Lichtman en declaraciones al diario New York Post.

“¿Por qué no se reveló esto durante el juicio de El Chapo? Es falso. El gobierno está confundiendo a ‘El Chapo’ con uno de sus muchos testigos cooperantes a los que no llamaron en el juicio, por una razón: porque les faltaba credibilidad”, añadió el abogado.

La acusación de que el presidente hondureño habría recibido dinero del narco mexicano fue realizada por la Fiscalía en el juicio contra su hermano “Tony” Hernández, que inició en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta los cargos de narcotráfico, posesión de armas de fuego y mentir a las autoridades.

El acusado, quien podría enfrentar un mínimo de cinco años de cárcel y un máximo de cadena perpetua, fue detenido en Miami, Florida, en noviembre de 2018 y trasladado después a Nueva York.

En ese sentido, ayer el mandatario hondureño negó la versión y afirmó que durante el juicio de su hermano “se van a desprender una serie de historias novelescas para desestabilizar el país” de parte de narcotraficantes que verán la oportunidad de atacar a quien autorizó su extradición a Estados Unidos.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales determinó formalmente que no hay delito qué perseguir por el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña Presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, ya que los ilícitos han prescrito.

De acuerdo con el periódico Reforma, la Fepade investigaba a Emilio Lozoya, por los supuestos hechos ocurridos en 2012. En ese entonces, Lozoya fungía como coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña, y a la actual senadora Nuvia Mayorga, extitular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI.

“Se acuerda la prescripción de la acción penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012”, dice el acuerdo suscrito el pasado 3 de junio por el fiscal Valdemar González Ramírez y entregado a la juez federal Luz María Ortega.

Derivado de una denuncia presentada por el PRD, el 15 de agosto de 2017, la Fiscalía inició una investigación del caso Odebrecht, a raíz de la difusión de los testimonios de exdirectivos de la firma brasileña que aseguraron haber sobornado a Lozoya por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, de los cuales 7 millones 856 mil 433 dólares se depositaron del 20 de abril al 27 de noviembre de 2012 y los restantes 5 millones de dólares, del 3 de diciembre de 2013 al 17 de marzo de 2014.

La primera parte se habría entregado precisamente para la campaña de Peña Nieto y el resto presumiblemente a cambio de los contratos de la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tula, Hidalgo.

Tras salir a la luz la investigación que las autoridades de Estados Unidos están llevando a cabo en torno al ex presidente Enrique Peña Nieto y el presunto soborno que recibió para autorizar la compra-venta de Fertinal, por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2015, el partido del mexiquense emitió un posicionamiento.

Fue la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien indicó que el ex mandatario ya ha declarado que las acusaciones son falsas.

“Rendición de cuentas, sí; cacería de brujas y uso político de filtraciones y de las instituciones de justicia, nunca”, sostuvo la líder del tricolor previo a su participación en los Foros de la Reforma Electoral y del Estado, que se realizan en la Cámara de Diputados.

Afirmó que el PRI está a favor de la rendición de cuentas, aunque advirtió que siempre denunciará cuando se utilicen filtraciones o dichos de testigos protegidos que negocien favores procesales a cambio de levantar acusaciones falsas, y que generen cortinas de humo en el entorno político nacional.

La líder insistió que en éste y todos los temas, el PRI siempre promoverá la rendición de cuentas y que las instituciones hagan su trabajo de manera objetiva y sin tintes políticos.

Ruiz Massieu dijo que el gobierno norteamericano ya ha negado que se le esté investigando a EPN, aunque no detalló quién hizo tal desmentido o a través de qué medio.

Al respecto, Miguel Ángel Osorio Chong, ex colaborador del sexenio anterior y actual coordinador de los senadores del PRI, rechazó los señalamientos en contra de Peña Nieto, y señaló que la prueba de que no hay nada en contra de él es lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acerca de que no ha recibido ninguna solicitud de información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Un juez peruano ordenó tres años de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras es investigado por lavado de activos en relación con actos de corrupción de la constructora Odebrecht en ese país.

El magistrado Jorge Chávez indicó que Kuczynski obstruyó a la justicia porque dio una dirección equivocada de su contadora y que el exmandatario no tiene arraigo personal en el país, ya que su esposa y su familia viven fuera de Perú.

Kuczynski, de 80 años, se recupera en una clínica local de un procedimiento de cateterismo al corazón que se le practicó el miércoles. El exmandatario fue arrestado la semana pasada para cumplir una detención provisional por 10 días.

La orden de prisión preventiva se dio el mismo día en que se realizaron los funerales del expresidente Alan García, quien se suicidó para evitar ser arrestado por presuntos actos de corrupción también ligados a Odebrecht.

La fiscalía afirma que Kuczynski realizó supuestos “actos de blanqueo de capital” mientras era ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Los presuntos delitos están relacionados con la construcción de una carretera que conecta Brasil con Perú y una obra para irrigar zonas desérticas en el norte del país.

Kuczynski llegó a la presidencia en 2016 y renunció en 2018 por un escándalo ligado a la presunta compra de votos de legisladores de la oposición a cambio de favores políticos. Lo reemplazó su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien gobernará hasta 2021.

Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Toledo reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición. Alan García (2006-2011) se suicidó tras dispararse en la cabeza cuando la policía se aprestaba a detenerlo y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la forma en que se actuó en la pasada administración, en relación a la revisión de los procesos de licitación de los siete gasoductos que actualmente están paralizados.

Se informó al presidente que, al hacer una revisión, se detectó que se utilizó una figura de testigo social u observador social para avalar la pulcritud de los procesos y de los contratos. En seis de los siete casos se utilizó como aval moral a la organización Transparencia Mexicana.

El mandatario indicó que se revisarán los mecanismos que se empleaban en los contratos o procesos de licitación, pues acusó que “ha habido mucha simulación”.

“Estas instancias, supuestamente independientes, autónomas, de la sociedad civil, han servido para legitimar contratos leoninos, los testigos sociales son ciudadanos expertos, aparentemente autónomos, independientes, que avalan este tipo de contratos”, sostuvo López Obrador.

Acusó que dichas figuras fueron “decorativas, por decir lo menos”, pues dijo que más bien sirvieron como “alcahuetes” para que se firmaran los contratos. Dijo que así era como cumplían con el requisito cuando la negociación se había hecho a puerta cerrada, “con influyentísimo y con corrupción de por medio”.

Adelantó que se revisarán los procedimientos para terminar con las simulaciones. Señaló que “a los testigos sociales se les paga, cobran, es una especie de soborno, lo digo con todo respeto, y no quiero generalizar, pero ya es tiempo de hablar con claridad sobre las cosas”.

Remató asegurando que en su gobierno no se utilizará la figura de testigos sociales, aunque si se verá la forma de que haya transparencia total y de que no haya simulación.

 

Cuestionada sobre las recientes declaraciones de Alex Cifuentes, testigo protegido de la Fiscalía de Estados Unidos en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, indicó que cualquier señalamiento que haga un testigo protegido debe tomarse con responsabilidad y con cautela.

Refirió que los testigos protegidos negocian beneficios procesales a cambio de decir lo que “suponen que alguien más quiere escuchar”.

En el caso concreto de los señalamientos hechos en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, respecto a haber recibido de “El Chapo” un soborno por 100 millones de dólares a cambio de protección, la dirigente priísta dijo que le parecían inverosímiles.

“Pero me parece lógico siendo que la administración del presidente Peña Nieto dos veces detuvo a este personaje, y sería razonable pensar que hay un ánimo de ensuciar su reputación en consecuencia”, añadió.

Sobre los actos de corrupción que han alcanzado al PRI, Ruiz Massieu dijo que es un reto que tiene el partido, y aunque reconoció que es una conducta reprobable, señaló que son conductas de individuos que no se reflejan en todo el instituto político.

Dijo que tendrán que volver a construir confianza con la ciudadanía, demostrando voluntad de servicio, de honestidad, resultados y el compromiso cotidiano. Reconoció que “construir confianza cuesta mucho trabajo, perderla es fácil”.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que su gobierno no cuenta con elementos suficientes para juzgar al expresidente Enrique Peña Nieto por el supuesto soborno de 100 millones de dólares que recibió del Cártel de Sinaloa antes de comenzar su administración.

A pregunta expresa de la prensa, el mandatario se refirió esta mañana al juicio que se lleva a cabo en una corte federal estadounidense contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder de la organización criminal que le habría entregado dicha cantidad de dinero al exmandatario, según declaró un testigo en el juicio.

“Nosotros no tenemos información adicional. Sí estamos atentos (pero) no podemos juzgar si no tenemos pruebas. Eso es lo que puedo comentar”, señaló AMLO.

Durante el juicio contra Guzmán Loera, el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes declaró que el Cártel de Sinaloa entregó 100 millones de dólares en octubre de 2012 a Peña Nieto, e incluso afirmó que el entonces presidente electo había exigido 250 millones de dólares.

Luego de que durante su declaración de ayer, Alex Cifuentes asegurara que Joaquín “El Chapo” Guzmán pagó 100 millones de dólares al ex presidente Enrique Peña Nieto para obtener protección, fue uno de sus más cercanos ex colaboradores quien salió en defensa del priísta.

Francisco Guzmán, ex Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, utilizó sus redes sociales para asegurar que las declaraciones de Cifuentes eran “falsas, difamatorias y absurdas”.

Guzmán argumentó que para muestra de la falsedad de las declaraciones, el gobierno de Peña Nieto fue el que localizó, detuvo y extraditó a Guzmán Loera a los Estados Unidos, donde hoy se desarrolla el juicio en su contra.

“Desde el inicio de la administración, fue un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad”, añadió el colaborador de Peña.

Al respecto, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que las afirmaciones del narcotraficante eran falsas, y dijo que ese tipo de declaraciones son las que suelen decir los testigos protegidos para defenderse.

Adicional, en entrevista con Noticieros Televisa, José Refugio Rodríguez, abogado del “El Chapo”, aseguró que su cliente jamás le hizo un comentario sobre el supuesto soborno al ex presidente. “Yo no puedo opinar si es cierto o no, si Cifuentes tiene pruebas que las presente”.

 

Un testigo en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos confirmó este martes lo que previamente había revelado a las autoridades, sobre que el capo mexicano pagó un soborno de 100 millones de dólares al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Alex Cifuentes, quien fue mano derecha de “El Chapo” durante varios años, abordó el tema del supuesto soborno en el interrogatorio de uno de los abogados de Guzmán en la corte federal de Brooklyn. Cuando se le preguntó si había dicho a las autoridades en 2016 que Guzmán había arreglado el pago del soborno, respondió: “Así es”.

Adicional, indicó que “El Chapo” también intentó sobornar en 2013 al ‘General de la Nación’ en México, quien habría rechazó la oferta debido a que “odiaba mucho a Joaquín”.

Cifuentes dijo que Guzmán vio la oportunidad de sobornar al ‘General’ cuando una empleada del cártel, Andrea Vélez Fernández, le dijo que tenía acceso al militar, descrito por Cifuentes simplemente como ‘General de la Nación’.

Relató que Vélez era dueña de una agencia de modelos en la Ciudad de México, y era quien le presentaba mujeres al ‘General’ en fiestas privadas que ocurrían los miércoles. El testigo explicó que Guzmán aprovechó esa situación para pedirle a Vélez que le ofreciera al ‘General’ 10 millones de pesos “para que lo dejara en paz”.

Sin embargo Vélez no tuvo éxito, por lo que “El Chapo” se enojó y ordenó que se le matara.

 

Con información de Reuters / Foto: Archivo APO

Jesús “El Rey” Zambada reveló este lunes como parte del juicio que se lleva a cabo en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York, Estados Unidos, que el acusado logró evadir una segunda captura gracias a un soborno de 250 mil dólares a un oficial de la policía.

En el tercer día de su testimonio, el hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, quien supuestamente es el líder del Cártel de Sinaloa junto con Guzmán, afirmó que en 2003 él pagó en persona 250 mil dólares a un teniente coronel de la policía que alertó de la captura.

Describió que el teniente coronel pidió hablar con Zambada porque ya tenían rodeado a Guzmán en Sinaloa, y que estaban a solo media hora de capturarlo. Zambada calificó a dicho funcionario como un “amigo”.

Zambada declaró que tras consultar con su hermano acordaron pagar esa suma de dinero. Explicó que tras entregar el dinero, el teniente coronel aseguró: “no se preocupe, no va a pasar nada”. Entonces, “se abortó la operación”, dijo el narcotraficante.

Ese intento de captura sucedió luego de que Guzmán se hubiera ya fugado de una prisión en México por primera vez en el año 2001.

Además, “El Rey” Zambada indicó que “El Chapo” planeó asesinar al llamado zar antidrogas de México, José Luis Santiago Vasconcelos, en 2005, pues afirmó que el entonces funcionario no aceptaba sobornos.

 

El ingeniero Javier Jiménez Espriú aseguró que son una calumnia las acusaciones del candidato de la coalición ‘Todos por México’, José Antonio Meade, quien durante el Tercer Debate entre aspirantes presidenciales, acusó que su familia tiene vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, investigada por haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de varios países de América Latina, para hacerse con contratos públicos.

“Es una difamación de Meade para poner cortina de humo al fraude de Lozoya, Peña y él”, aseveró Jiménez Espriú a través de Twitter.

Asimismo, el ex director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien será titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en caso de ganar la elección Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Meade miente como es su costumbre y negó que su familia sea socia de Odebrecht.

En un escrito publicado en su cuenta de twitter, Jiménez Espriú aseguró que el nunca ha sido director de IDESA, como señaló Meade.

El ingeniero aclaró que IDESA es una firma petroquímica que fue fundada por su suegro y es dirigida, desde hace más de 60 años por la descendencia del mismo, además de que no tiene relación alguna con los temas de Comunicaciones y Transportes en los que esta colaborando con AMLO.

Posteriormente, en otro tuit, Jimenez Espriú señaló que José Antonio Meade “sabe perfectamente quienes están involucrados en el fraude de Odebrecht y sus maniobras distractivas y difamatorias son acciones de complicidad”, pero que en algún momento, la verdad saldrá a la luz.

Luego de que se conociera que la empresa Odebrecht aportara dinero para la campaña del ahora presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el mandatario aseguró que en 2010 “hubo una operación irregular” y señaló que se recibieron “aportes” de la empresa mas no “sobornos”.

 

En entrevista con el diario colombiano El Tiempo, Santos retomó el tema luego del video que compartió en sus redes sociales, donde ofrecía una disculpa a todos los colombianos, “frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010 quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”.

 

El mandatario insistió en la diferencia que existió de los recursos para su campaña, “un soborno es un pago ilegal para obtener un beneficio indebido por parte de un funcionario, en particular del Estado. Eso es un delito. Otra cosa muy distinta es que haya aportes a una campaña no reportados en las cuentas, que es una infracción administrativa”.

 

 

 

Con información de CNN / Foto: Archivo APO