Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha prometió transparencia absoluta en todo relacionado con la adquisición de vacunas contra el COVID-19, incluyendo el acceso a los contratos que el gobierno federal ha firmado con las farmacéuticas, las dependencias encargadas de dicha información han negado el acceso a ella, e incluso reservado la información hasta por cinco años.
“Nosotros no vamos a reservar nada, es transparencia total, absoluta, no tenemos nada que ocultar. A lo mejor es una práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás, porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el Gobierno. Repito, no tenemos nada que ocultar”, declaró el presidente Lopez Obrador el pasado 12 de enero en su conferencia de prensa matutina.
Sin embargo, de acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el marco de un trabajo conjunto de la alianza “Vigila la Pandemia”, realizado en colaboración con periodistas de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina, el gobierno federal ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las vacunas.
El argumento que se ha utilizado para negar el acceso a la información es que hay acuerdos de “confidencialidad suscritos con las farmacéuticas” para no divulgar sus secretos industriales y comerciales; entre la información secreta está el precio pagado por cada dosis de las vacunas.
Lo que se ha informado es que las cláusulas de confidencialidad establecen que en caso de que la Secretaría de Salud reciba una orden judicial para dar a conocer información comercial contenida en los contratos de las vacunas, deberá dar aviso a las farmacéuticas para que soliciten un amparo o medida cautelar y así mantener los datos en secreto.
Sin embargo, la negativa a transparentar la información no ha sido exclusiva de México. Las respuestas de las autoridades en todos los países que participan en la alianza “Vigila la Pandemia” han sido la misma: negativa o incluso el silencio.
En el caso de México, el gobierno federal ordenó reservar hasta diciembre de 2025 la información relativa a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, argumentando que podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”.
La compra de vacunas representará un gasto de 33 mil millones de pesos, según ha indicado el presidente López Obrador. En promedio, cada vacuna costará 7 dólares, aunque el precio que cobró cada laboratorio es por ahora un secreto.
A la fecha, el gobierno de México tiene acuerdos y contratos suscritos para adquirir vacunas de los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia; con el laboratorio Bharat Biotech de la India, y con GAVI Alliance para participar en el mecanismo multilateral COVAX.
Investigación completa en MCCI
