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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este jueves que “no hay pruebas” de que cometió violencia política de género contra la excandidata presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, como falló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la semana pasada.

“Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, no lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé de dónde salió eso”, se defendió el mandatario.

AMLO rechazó la sentencia de la Sala Especializada del TEPJF, que concluyó hace una semana que cometió violencia política de género contra Gálvez por “expresiones vertidas” en varias de sus conferencias matutinas celebradas entre junio y julio de 2023, previo al inicio formal de la contienda electoral.

El máximo órgano de justicia electoral añadió que se produjo una “violencia simbólica” a partir del “carácter de mujer e indígena” de Gálvez porque se “reforzó” el estereotipo de “inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos”.

En sus conferencias de esos meses, López Obrador señaló que Gálvez sería la “candidata de la oligarquía” y “de la mafia del poder” por imposición del empresario Claudio X. González, quien dijo, impuso a Xóchitl por ser originaria de un pueblo y por hablar de manera “franca”.

“Nunca he ofendido a la señora, nunca, no sé de dónde salió eso”, insistió López Obrador.

Pese al fallo del Tribunal, el presidente no puede recibir sanciones por infracciones electorales, por lo que “únicamente se le responsabiliza” de los hechos.

Esto bastó para que López Obrador acusara al Instituto Nacional Electoral (INE) de “tergiversar” lo que él había comentado sobre Gálvez, quien perdió contra la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum, en las elecciones del pasado 2 de junio.

“Me consta que en una ocasión en el Instituto Electoral tergiversaron, una consejera del bloque conservador, se atrevió a cambiar mis palabras, incluso, hasta la sancionaron en el mismo Instituto Electoral”, añadió.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cometió violencia política de género contra la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, en ocho conferencias matutinas entre julio y agosto de 2023.

Según el TEPJF, López Obrador aseguró que Gálvez consiguió la candidatura por decisión de un grupo de personas con poder político y eso configura “violencia simbólica con objeto de menoscabar el reconocimiento de sus derechos políticos, con base en su carácter de mujer e indígena, al reforzar el estereotipo de inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos”.

La resolución del Tribunal es meramente simbólica porque el presidente no puede ser sancionado por infracciones electorales.

López Obrador dijo en múltiples ocasiones que Gálvez había sido designada en ese puesto por decisión de medios de comunicación y empresarios poderosos que eran enemigos del Gobierno que él representaba.

Recordemos que los partidos de oposición han denunciado en reiteradas ocasiones que el presidente ha utilizado las conferencias matutinas para hacer campaña electoral desde el poder lo que cuestionaba la equidad de la contienda.

Después de que se conociera el fallo del TEPJF, Xóchitl Gálvez anunció que presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una impugnación del proceso electoral del 2 de junio para que se investigue y sancione la intervención de López Obrador y del crimen organizado en los comicios.

“Pido castigo ejemplar y regaño público” para el mandatario, dijo la ahora senadora en su cuenta de X, antes Twitter, Descartó que su recurso jurídico busque anular la elección que ganó la candidata de Morena, PT, PVEM, Claudia Sheinbaum con casi 36 millones de votos.

Gálvez denunció que durante el proceso electoral se utilizó el aparato del Estado para promover a Sheinbaum, por lo que pedirá que se investigue el uso de recursos públicos en la campaña de “pues el presidente presentó como propios los programas sociales”.

El candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez en Guerrero de la coalición del PAN, PRI y PRD, José Alfredo Cabrera Barrientos, fue asesinado a balazos en su cierre de campaña.

El homicidio ocurrió cuando el político se encontraba en pleno acto de campaña, y luego de pronunciar  su discurso de cierre. El candidato estaba rodeado de su equipo de seguridad, que según se informó, abatieron al presunto agresor.

Reportes de dependencias de seguridad estatal señalaron que alrededor de las 18:00 hora local ocurrió el hecho en el último día de campañas.

En las imágenes que publicaron los asistentes al cierre de campaña en redes sociales, se observa como el agresor estaba detrás del candidato cuando caminaba y, después, al bajar del escenario, el agresor sacó un arma calibre 9 milímetros, y le disparó en dos ocasiones en la cabeza.

Instantes más tarde, los escoltas de una empresa privada que resguardaban y brindaban seguridad al candidato, dispararon en varias ocasiones al agresor, hasta quitarle la vida.

Ambos cuerpos quedaron tirados en el parque donde se realizaba el mitin y testigos aseguran que debido a los disparos de los escoltas, tres asistentes resultaron lesionados. Dos hombres fueron detenidos por los policías.

En el lugar, elementos de la Guardia Nacional, policías Estatales y Ministeriales resguardaron la escena del crimen para que los peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaran sus investigaciones.

Apenas el pasado 17 de mayo, el candidato Aníbal Zúñiga Cortes, de la coalición PRI-PAN-PRD fue encontrado descuartizado junto con su esposa Rubí Bravo Solís en la parte trasera de una camioneta en el puerto de Acapulco.

Debido a este hecho violento, el candidato José Alfredo Cabrera había solicitado mayor resguardo de policías de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Ministerial, como de la Marina, además de sumar escoltas de seguridad privada.

Ese fue solo un caso de la violencia política que imperó en el último de las campañas.

En Oaxaca, hombres armados dispararon durante el cierre de campaña de Rosalinda López, candidata de Morena a la presidencia municipal de Matías Romero. Una persona resultó herida.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas a la alcaldía de Matamoros, Leticia Salazar, denunció amenazas del crimen organizado por la actuación que se tenía contemplada del cantante Luis R. Conriquez, lo que la obligó a suspender su cierre de campaña.

El martes,  el candidato suplente a la alcaldía de Cuautla, en Morelos de la coalición PAN-PRI-PRD, Ricardo Arizmendi, perdió la vida tras recibir cinco disparos de bala.

Este miércoles, Integralia Consultores, que documenta la violencia política en el actual proceso electoral, informó que las agresiones políticas aumentaron 150.5% en comparación con las pasadas elecciones intermedias de 2021, al alcanzar un total de 749 víctimas.

La consultora documentó desde el comienzo oficial del proceso electoral, en septiembre del año pasado, un promedio diario de 2.8 víctimas de agresiones, que incluyen asesinatos, atentados con armas de fuego, amenazas, secuestros, desapariciones y otras formas de violencia de alto impacto.

Dentro de las agresiones, Integralia documentó 34 asesinatos de aspirantes, una cifra que se eleva a 231 homicidios al considerar también a funcionarios o exfuncionarios, políticos o expolíticos, familiares y víctimas colaterales.

El Gobierno de México reconoció el martes el asesinato de 22 aspirantes, de los que solo ocho eran candidatos oficiales, aunque organizaciones y consultoras independientes contabilizan más.

El candidato suplente del PRI a la alcaldía de Cuautla en Morelos, fue asesinado la tarde de ayer, mientras que otro resultó, de Morena en Jalisco, fue atacado a balazos.

Los atentados ocurren a una horas de que finalicen las campañas y a días de la jornada electoral del próximo 2 de junio.

En el caso de Morelos, la víctima fue Ricardo Arizmendi, candidato suplente a la alcaldía de Cuautla por la coalición opositora de los partidos PRI, PAN y PRD, según información del gobierno estatal.

“Arizmendi Reynoso no contaba con antecedentes de incidentes en materia de seguridad, ni solicitud de medidas de protección”, informó el gobierno de Morelos en sus redes sociales, y agregó que la policía local investiga el crimen.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, condenó el asesinato de Arizmendi en redes sociales, al tiempo que responsabilizó de “la inseguridad que ha empañado al proceso electoral” a Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La víctima en Jalisco fue Gilberto “Tito” Palomar, candidato de Morena a la alcaldía del municipio Encarnación de Díaz, según informó el coordinador de seguridad estatal, Ricardo Sánchez Beruben.

Palomar y dos colaboradores fueron atacados a tiros cuando se encontraban “al interior de un domicilio” identificado como la casa de campaña, donde se encontraban afinando detalles de la contienda, detalló Sánchez Beruben.

La candidata de Morena a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, confirmó que Palomar fue atacado en su casa de campaña y aseguró que “presenta cuatro impactos de bala”.

“Tito está siendo atendido de urgencia. Hago votos para que pueda salvar la vida y se recupere muy pronto”, informó Delgadillo.

Todo esto ocurre justo el día en que el Gobierno presentó un informe sobre el saldo de candidatos que reconoce. Según la administración, desde que inició el proceso electoral en septiembre de 2023, fueron asesinados 22 aspirantes, cifra menor al conteo que realizan organizaciones como Data Cívica o Laboratorio Electoral, que manejan cifras mayores a 30 asesinatos.

De acuerdo con el último reporte de Integralia Consultores, al 28 de mayo se contabilizaron 749 casos de violencia política a nivel nacional; estima que al término de las elecciones (2 de junio) la cifra se elevará a 760.

De las 749 víctimas, 316 han sido aspirantes o candidatos, 131 políticos o expolíticos, 130 funcionarios o exfuncionarios, 133 daños colaterales y 39 familiares.

El Gobierno federal ha recibido por parte de 83 aspirantes a un cargo de elección popular la solicitud de medidas de protección frente a la ola de inseguridad que enfrenta el país.

En una conferencia de prensa, tras una reunión del Consejo General del INE, la consejera presidenta Guadalupe Taddei precisó que de este total, 74 aspirantes, entre ellos 4 candidatos a alguna gubernatura, cuentan ya con protección de las autoridades.

Las 9 solicitudes restantes se mantienen en proceso de validación; aunque aclaró que todas las peticiones de protocolos de seguridad serán aprobadas.

La presidenta del INE detalló que las solicitudes tardan 48 horas para ser aprobadas, así como que las medidas de seguridad son distintas para cada aspirante que las solicita, según el nivel de riesgo que se detecte.

“Lo que a ti te pueda dar seguridad en una localidad, a otro no le puede dar seguridad en su propia localidad. Hay quien solamente con el contacto permanente de alguien que está monitoreándote en tus actividades de candidato le es suficiente”, indicó.

Recordemos que para tener protección, los candidatos deben solicitarlo al INE, que turna la petición a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército y la Guardia Nacional.

Si el nivel de riesgo es alto, el candidato o candidata recibe una escolta de 10 personas con cuatro vehículos; si es medio son ocho efectivos en tres vehículos, y si es bajo son dos agentes y un auto.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó previamente que los tres candidatos presidenciales: Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez, ya habían solicitado la protección federal.

Sin que haya un registro oficial, datos de la organización Data Cívica apuntan al asesinato de al menos 10 candidatos o aspirantes en el primer bimestre de 2024, mientras que, tan solo en febrero, hubo 36 homicidios de violencia política al considerar también a funcionarios públicos y familiares de los políticos.

En contraste, la consultora Data Int documentó el asesinato de 20 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en lo que va del año electoral, en el que en total han matado a 76 personas “potencialmente vinculadas al proceso”.

Asesinan a balazos al alcalde de Chahuites, en Oaxaca, Joaquín Martínez López, sumándose así a la creciente ola de violencia política que azota al país, en el marco del proceso electoral, con al menos una decena de candidatos asesinados.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) expuso en un comunicado que Martínez López estaba frente a su domicilio, en la colonia Guachaco, cuando personas no identificadas “lo agredieron a balazos” durante la madrugada, por lo que falleció durante el traslado para recibir atención médica.

“A partir de la información preliminar recabada por la FGEO, se establecieron sólidas líneas de investigación con el objetivo de dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables”, indicó el organismo sin más detalles.

La víctima era miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que gobierna la entidad.

“Lamentamos profundamente el crimen perpetrado en contra del presidente municipal de Chahuites, Joaquín Martínez López; he pedido a la Fiscalía del Estado una investigación a fondo para esclarecer los hechos y castigar a los responsables”, escribió el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, en su cuenta de X.

Los hechos ocurren en medio de la ola de violencia de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, con al menos 10 candidatos o aspirantes asesinados en el primer bimestre del año, según ha documentado la organización Data Cívica.

Tan solo en febrero, hubo 36 asesinatos al considerar también a funcionarios públicos y familiares de los políticos, detalló el informe ‘Votar entre balas’.

Miguel Ángel Zavala y Armando Pérez Luna, aspirantes de Morena y Acción Nacional respectivamente a la alcaldía de Maravatío, municipio de Michoacán, fueron asesinado la tarde de ayer con solo siete horas de diferencia.

Miguel Ángel Zapata fue asesinado cuando salía de una clínica, su centro de trabajo, en el fraccionamiento Rancho La Huerta.

La agresión fue perpetrada por dos sicarios que, según los primeros reportes, bajaron de un automóvil blanco, se acercaron a la víctima y le dispararon a quemarropa, para luego huir en el mismo vehículo.

Poco después del ataque, agentes de la policía municipal llegaron al lugar, que acordonaron y resguardaron para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

En tanto, Armando Pérez Luna fue asesinado por una persona que viajaba a bordo de una motocicleta. Los hechos ocurrieron en la colonia Infonavit, cuando el aspirante iba de camino a recoger a su esposa, a un negocio de alimentos familiar.

Estos asesinatos llaman la atención pues apenas el pasado 19 de octubre del 2023, sujetos plagiaron y asesinaron a balazos a Dagoberto García Reyes, un líder de Morena que también aspiraba a la presidencia municipal de Maravatío.

En esa zona operan los carteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, los cuales se disputan el control de diversas actividades ilícitas en Michoacán.

Durante enero, al menos cinco candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular murieron asesinados, de acuerdo con un conteo de la organización civil Data Cívica. Así, recuentos revelan que suman 14 aspirantes o políticos asesinados en el actual proceso electoral.

El número de homicidios relacionados con la violencia político-electoral se eleva a 20 si se tiene en cuenta también a funcionarios públicos y familiares de los políticos, detalló el informe ‘Votar entre balas’ de Data Cívica,

Desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023, la organización ha documentado 105 asesinatos de candidatos, precandidatos y excandidatos.

En tanto, un estudio de Laboratorio Electoral, asegura que los asesinatos por violencia electoral se han registrado en 13 de los 32 estados, siendo Guerrero la entidad con mayor incidencia, seguida de Veracruz y Michoacán.

Al menos cinco candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular murieron asesinados en México durante enero, informó este martes la organización Data Cívica.

El número de homicidios relacionados con la violencia político-electoral se eleva a 19 si se tiene en cuenta también a funcionarios públicos y familiares de los políticos en el primer mes del año, detalló el informe ‘Votar entre balas’.

Entre los aspirantes asesinados hay uno de Morena y los otros cuatro forman parte de la oposición.

Los candidatos fallecidos son: Alfredo Giovanni Lezama, aspirante a diputado federal en Morelos (PAN); David Rey González, quien buscaba una alcaldía en Chiapas por el Frente Amplio por México, y Sergio Hueso, aspirante a alcalde en Colima por Movimiento Ciudadano (MC),

La lista la completan Samantha Fonseca, aspirante al Senado por Morena, y Miriam Noemí Ríos, quien buscaba ser regidora en Michoacán con el partido MC.

Además, Data Cívica registró un ataque armado y dos amenazas contra otros aspirantes, tanto de Morena como de la oposición.

“Otro aspecto que nos muestra la violencia político-criminal durante el mes de enero es que ésta no se limita a algunos partidos políticos en específico, sino que está afectando a todos los partidos en general”, señaló el informe.

Los asesinatos en enero se suman a los 11 homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos asesinados documentados por Data Cívica desde la segunda mitad de 2023, cuando comenzó el actual proceso electoral.

Desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023, la organización ha documentado 105 asesinatos de candidatos, precandidatos y excandidatos.

Teniendo en cuenta también ataques y amenazas, la asociación reportó 574 actos de violencia criminal-electoral en 2023, lo que representa el número más elevado desde que comenzó este registro.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) acató la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) referente a la queja que Xóchitl Gálvez presentó señalando violencia política en razón de género en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras la queja presentada por la senadora del PAN en contra el Presidente y diversos funcionarios de la oficina de Presidencia, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó improcedentes las medidas cautelares solicitadas.

Sin embargo, Gálvez Ruiz presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ayer resolvió que, tal y como lo determinó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, las declaraciones en las conferencias matutinas denunciadas no contenían mensajes de violencia política de género, sino que es una crítica severa en el contexto del ejercicio de un cargo o de las aspiraciones políticas de la denunciante.

Sin embargo, revocó parcialmente el acuerdo al observar que las conferencias de prensa de los días 10, 11, 14 y 17 de julio sí presentaron expresiones con elementos de género que, pudieran dirigirse a Xóchitl Gálvez por el hecho de ser mujer.

El Tribuna dio 24 horas a la Comisión del INE para volver a analizar el caso y emitir un nuevo acuerdo, por lo que la tarde de este viernes, sesionó y determinó procedente otorgar las medidas cautelares solicitadas por la aspirante presidencial.

La comisión ordenó retirar o modificar las mañaneras y versiones estenográficas del 10, 11, 14 y 17 de julio, en un plazo no mayor a 12 horas.

Además, ordenaron al mandatario “se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político-electorales de la quejosa y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa”.

Al respecto, la aspirante a ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, utilizó sus redes sociales para celebrar la decisión de la comisión del INE, resaltando que se debe detener los ataques que desde Palacio Nacional se ejercen sobre ella.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió seis solicitudes de medidas cautelares por posibles actos anticipados de precampaña y campaña, uso de recursos públicos, violaciones a los principios de equidad en la contienda, Violencia Política contra las Mujeres en Razón Género (VPMRG) y por violación a las reglas de difusión de informes de cara al Proceso Electoral Federal 2024.

Se presentaron diversas quejas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); del  Coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas y de otros funcionarios, por realizar y reproducir en redes sociales frases y pronunciamientos que hacían referencia de perfiles específicos, y que acusaron violan los principios de neutralidad y equidad en la contienda.

Sobre las conferencias de los días 10, 11, 14 y 17 de julio, la Comisión determinó procedente ordenar el retiro del material, toda vez que, bajo la apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, de manera abierta el Ejecutivo se refiere al Proceso Electoral Federal hace referencia sobre temas electorales.

En cuanto a las manifestaciones y publicaciones hechas dentro de las conferencias celebradas los días 3, 4 y 5 de julio de 2023, por las cuales se denunció la existencia de VPMRG en detrimento de Xóchitl Gálvez, se determinó la improcedencia de la cautelar solicitada, porque se indicó que ya fueron retiradas de los portales oficiales, derivado del acuerdo emitido el pasado 13 de julio.

Adicional, la Comisión consideró improcedente la medida cautelar respecto de las declaraciones del presidente hechas el 10, 11 y 17 de julio durante las mañaneras, argumentando que los mensajes denunciados formaban parte del debate público y críticas políticas entre actores de dos poderes públicos, por lo que no constituyen, bajo la apariencia del buen derecho, o en forma preliminar Violencia Política en Razón de Género.

Sobre la queja que se presentó en contra del Presidente, por la presunta violación a las reglas de difusión de informes, por el evento “Quinto Año de la Transformación”, llevado a cabo el pasado primero de julio en el Zócalo capitalino, se resolvió la improcedencia de la tutela preventiva solicitada al considerar que no se trató de un informe de labores, sino de un acto de propaganda gubernamental y no se tienen elementos para considerar que dicho evento o algún otro con las mismas características se celebrará de nueva cuenta.

En la sesión de ayer, el Consejo General del INE también acordó vigilar minuciosamente las actividades de todas y todos los aspirantes a coordinador de la Defensa de la Transformación y del o la responsable de la construcción del Frente Amplio por México.

El acuerdo aprobado por mayoría de votos faculta a la Unidad Técnica de Fiscalización llevar a cabo monitoreos y visitas de verificación para corroborar los gastos que se erogan; incluyen revisiones a medios de comunicación, redes sociales, páginas web y recorridos para detectar propaganda en la vía pública tales como bardas y espectaculares.

El acuerdo de fiscalización fue aprobado por siete votos contra cuatro; a favor votaron las consejeras y consejeros Claudia Zavala, Carla Humphrey, Dania Ravel, Martín Faz, Jaime Rivera, Uuc-kib Espadas y Arturo Castillo. En contra se manifestaron la consejera presidenta Guadalupe Taddei, las consejeras Norma Irene de la Cruz, Rita Bell López, y el consejero Jorge Montaño Ventura.

Los partidos de la alianza opositora Va por México acusaron este martes de “violencia política de género” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por sus ataques contra Xóchitl Gálvez, quien irrumpió con gran fuerza en el panorama político rumbo al 2024.

Las secretarías generales del PAN, del PRI y del PRD emitieron un posicionamiento para “condenar” la “violencia política de género” que surge “desde el Palacio Nacional”.

“Las secretarías generales de los partidos que integran el Frente Amplio por México exigieron al presidente que se comporte como un verdadero jefe de Estado, porque es presidente de todas y todos los mexicanos y su deber es proteger y cuidar a las mujeres que están en la lucha de sus derechos”, expresaron.

El pronunciamiento se produce después del intercambio de acusaciones de ayer entre el presidente y Gálvez.

La senadora acusó a López Obrador de machista después de que el mandatario afirmó que ella será la candidata para las elecciones presidenciales de 2024 de la alianza Va por México por la imposición del empresario Claudio X. González.

“Usted, señor presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta son las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente, en mi vida nadie me ha regalado nada”, dijo la senadora en un video.

Los partidos de oposición “manifestaron su repudio por los ataques del presidente López Obrador en contra de la senadora Xóchitl Gálvez y de cualquier mujer”.

También tacharon de “machista” esta “embestida política” en un país que ocupa los primeros lugares en feminicidios y en donde 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún acto violento.

Asimismo, criticaron el “clasismo” del presidente por cuestionar las raíces indígenas de Gálvez, quien nació en un pueblo originario de Hidalgo.

“Las lideresas, Cecilia Patrón del PAN, Carolina Viggiano del PRI y del PRD, Adriana Díaz, condenaron que desde las conferencias mañaneras el jefe del Ejecutivo esté violentando a una mujer que viene desde abajo y ha construido su carrera política en la honradez; burlándose públicamente de la legisladora”, se lee en el comunicado.

Y es que desde que Xóchitl Gálvez confirmó que participaría en el proceso interno de Va por México para elegir al candidato presidencial rumbo al 2024, las críticas en su contra no han parado buscando descalificarla. En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Jorge Suárez-Vélez, economista, sobre el fenómeno Xóchitl.

Diputadas federales y locales, así como dirigencias estatales del PRI, presentaron quejas ante 31 comisiones estatales de Derechos Humanos, en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violencia política en razón de género.

Las priístas exigieron a las autoridades correspondientes sancionar y poner un alto a la violencia que ejerce el gobierno de Campeche en contra de las legisladoras, esto luego de que hace unas semanas, la gobernadora ventilara la existencia de supuestas fotografías íntimas que legisladores habrían enviado al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno.

La diputada federal y presidenta del Organismo Nacional de Mujeres del PRI (ONMPRI), Montserrat Arcos agradeció y celebró la valiosa acción que llevaron a cabo dirigentes en todo el país a favor de los derechos de las mujeres.

“Las mujeres estamos llamadas a ser protagonistas de la vida política nacional de manera propositiva, por lo que de no estamos de acuerdo con ningún tipo de amenaza como la realizada por la titular del Ejecutivo de Campeche”, resaltó.

Las legisladoras señalaron que hoy se estará ingresando la solicitud de exhorto por parte de la Cámara de Diputados federal hacia la gobernadora Layda Sansores, para que deje de utilizar su cargo público y su programa ‘Martes del Jaguar’ para ejercer violencia política y violencia de género en contra de las mujeres en general y de las legisladoras priistas en lo particular.

Al respecto, este martes, la morenista publicó una imagen en la que adelantaba que para su transmisión de hoy, tendría un “audio asqueroso”, acompañado de la leyenda “atención mujeres, medios nacionales y locales”. La imagen se acompaña de una fotografía de Alito Moreno.

Las diputadas señalaron que ante la afirmación pública de una supuesta posesión de fotografías de índole sexual, “el INE debe asegurar que las y los responsables se incorporen al registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género, para evitar que vuelvan a ocupar un cargo durante los próximos seis años”.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Samuel García, próximo gobernador de Nuevo León, cometió violencia política por razón de género en contra de Clara Luz Flores Carrales, candidata de Morena a la gubernatura.

Dicha acción se cometió en la difusión de dos promocionales, pautados en radio y televisión, además de que se hizo uso indebido de la pauta atribuido a Movimiento Ciudadano, partido que postuló a Samuel García.

“No soy como ellos” y “La vieja política NL”, son los dos spots en que el Tribunal acreditó que en su contenido existen frases que tienen la finalidad de generar un estereotipo al señalar que las mujeres logran un puesto de elección gracias a hombres con cargos políticos, con quienes tienen una relación o parentesco, y no por su trayectoria, propuestas o méritos propios.

Fue así que concluyeron que los promocionales demeritan la capacidad de la excandidata para gobernar al mostrarla dependiente de su cónyuge.

El TEPJF determinó imponer multas a Samuel García y a su partido, Movimiento Ciudadano, por incumplir las disposiciones jurídicas que reconocen el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, así como el desarrollo de la contienda electoral en condiciones de igualdad.

También ordenaron dos medidas de reparación integral y de no repetición, consistentes en una disculpa pública, a través de un video por parte de Samuel García, con difusión en las redes sociales y páginas oficiales del entonces candidato y del partido, así como en radio, televisión. Por otro lado, las partes involucradas deberán publicar un extracto de la sentencia en sus cuentas de redes sociales durante 15 días.

Finalmente, se instruyó Samuel García, a su equipo de comunicación y a las personas encargadas de la difusión y comunicación al interior de Movimiento Ciudadano, que realicen un curso en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, orientado a la promoción y protección de los derechos de las mujeres.

Recordemos que en plena campaña, cuando su esposa Mariana Rodríguez, a quien se le atribuye en gran parte la victoria de Samuel, se contagio de COVID-19, hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde cenaba junto a García aunque en habitaciones distintas, cuando él comenzó a hacerle comentarios machistas, pues supuestamente se le veían las piernas a su esposa.

“Sube la cámara, estas enseñando mucha pierna (…) que bajes la pierna, no andes enseñando la pierna. Me casé contigo pa’ mi, no pa’ que andes enseñando”, le dice Samuel a Mariana en plena transmisión.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por la que acreditó que el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, incurrió en violencia política en razón de género contra la diputada federal del PAN, Adriana Dávila Fernández.

Y es que el 4 de octubre de 2019, Fernández Noroña realizó manifestaciones en el Congreso de Tlaxcala que, a juicio de la diputada constituyeron violencia política en razón de género en su contra.

“Me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está vinculada a este tema y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, fue el comentario que el diputado del PT hizo en contra de la panista.

Ante tales expresiones, la legisladora promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales, a fin de denunciar las manifestaciones realizadas por Fernández Noroña.

El INE resolvió el 26 de noviembre de 2020 el procedimiento sancionador ordinario por el que se tuvo acreditada la infracción y se vinculó a Fernández Noroña y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para implementar las medidas de reparación integral emitidas a favor de la víctima, y se remitió el expediente para que la Mesa Directiva determinara la sanción que correspondiera de acuerdo a sus atribuciones

Sin embargo, Fernández Noroña impugnó la resolución del INE a través de un juicio ciudadano y un recurso de apelación, respectivamente, argumentando que las expresiones se encontraban amparadas en el ejercicio de su actividad legislativa como diputado federal, además de que denunció que se violentó su libertad de expresión y que la denuncia no se enmarcaba en la materia electoral.

Finalmente, la Sala Superior desestimó los argumentos del diputado y  confirmó la resolución del INE. Apercibieron a Fernández Noroña a que en caso de incumplir con lo ordenado por la autoridad electoral nacional respecto a las medidas de reparación y restitución, entre las que se encuentra el ofrecer una disculpa pública a la diputada del PAN, se le impondrán las medidas de apremio correspondientes, que incluyen su posible inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. De ser incluido en dicho registro, no podría participar en el próximo proceso electoral.

Al respecto, el petista ocupó sus redes sociales  para acusar al Tribunal Electoral de difundir una campaña de linchamiento en su contra, sin siquiera notificarle de la resolución. Aseguró que pese a ser del conocimiento público, él no ha recibido notificación alguna.

Sobre la disculpa pública a la diputada del PAN, dijo que “eventualmente se hará”, aunque no ofreció mayores detalles.

El director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, rechazó que la disminución porcentual de 0.4% en números absolutos de las víctimas de homicidios que presentó ayer el gobierno federal sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal.

El especialista indicó que dicha variación se debe más bien a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto desde que se tiene registro.

“No se observa alguna política pública especifica a la que se pueda vincular con este descenso mínimo. Es importante no confundir a los ciudadanos entre el comportamiento independiente de los delitos y la inexistencia de una política pública exitosa”, señaló este jueves al presentar el ‘Análisis del comportamiento de delitos en 2020.
Enfoque especial en homicidio doloso’.

Rivas resaltó que en el año pasado la violencia homicida se mantuvo en un estado crítico, la violencia de género se agudizó, la trata de personas aumentó 0.7% y la violencia familiar creció 3.7% respecto al año anterior, todo como resultado de falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende “pacificar al país” y de la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como gobierno.

El análisis del Observatorio indica que la ligera tendencia a la baja en algunos delitos se observó a partir del inicio de la pandemia, pues recordó que marzo fue el mes con más víctimas desde que se tiene registro. “La disminución de la movilidad y de vulnerabilidad de las personas tan solo tuvo un efecto mínimo en el número de víctimas de homicidio”.

Francisco Rivas hizo hincapié en que 2020 seguía siendo el año con más víctimas, y que la disminución anual se debió a un descenso importante en el mes de diciembre.

“Para hablar de una tendencia efectivamente a la baja, detalló, debería existir evidencia de descensos continuos y constantes. El descenso de un mes puede deberse a efectos estacionales o de características específicas del mes”, detalló.

El director del ONC alertó que un recorte presupuestal como el que se ha venido viendo en diversos programas en materia de seguridad, así como la desaparición de fideicomisos, suponen riesgos específicos para el funcionamiento institucional, el pleno ejercicio de derechos, así como dificultades en la implementación de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Recomendó dejar fuera la política de los planes y programas de seguridad. Llamó a que el presupuesto no sea manejado políticamente, y es que se advierte que el próximo proceso electoral se insertará en un escenario de violencia política en contra de servidores públicos y candidatos a algún puesto de elección popular.

Apuntó que en todo el país, entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020 se han registrado un total de 52 asesinatos cometidos en contra de algún funcionario público.

El documento presentado resalta que 2019 y 2020 fueron los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores, por lo que recomendó retomar los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia. También aconseja poner atención y desarrollar estrategias específicas para la prevención y reducción de homicidios de personas vulnerables como periodistas, defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, informó que la Fiscalía General del Estado investigará las renuncias de candidatas electas en los comicios pasados para saber si el hecho obedece a presión o violencia política.

Esto, luego de que aproximadamente 30 mujeres presentaron su renuncia al cargo de diputadas o regidoras, por lo que el Gobierno de Chiapas indagará la situación para esclarecer si fueron obligadas a renunciar.

Velasco señaló, a través de un comunicado, que de haber sido presionadas a renunciar esto representa “un atentado a los derechos de las mujeres”, por ello ha pedido a la FGE que investigue tal acto y en caso de encontrar faltas, castigar a los responsables.

El gobernador también instruyó a la Secretaría de la Mujer para atender a las candidatas que podrían ser víctimas de violencia política.