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Un juez federal suspendió, de manera provisional, la reforma aprobada la semana pasada por el Senado, mediante la cual se extinguían 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

A pocos días de la entrada en vigor de la reforma, que elimina 13 de los 14 fideicomisos con cerca de 15 mil millones de pesos, el juzgado doceavo de distrito en el estado de Chihuahua, prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Tesorería de la Federación.

La medida cautelar se emitió tras el amparo presentado por la magistrada María del Carmen Cordero Martínez contra el recorte de los fondos, y en medio de protestas por parte de los trabajadores y jubilados al considerar que la medida atenta contra sus derechos laborales.

Recordemos que la reforma fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que en los últimos meses ha endurecido sus críticas contra el Poder Judicial al cual acusa de corrupción y privilegios para sus altos mando, es decir, los ministros y magistrados.

Aunque la confrontación de López Obrador con el Poder Judicial no es nueva, las tensiones aumentaron en los últimos meses luego que la Suprema Corte de Justicia invalidó las reformas energética y electoral, y el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército, propuestas había impulsado el mandatario.

La suspensión temporal de la reforma estará vigente al menos hasta el 9 de noviembre, cuando se celebrará la audiencia inicial en la cual se decidirá si se frena de manera definitiva la eliminación de los fideicomisos.

Tras la entrada en vigor de la reforma, luego de que fue aprobada en el Senado el pasado 24 de octubre, y previamente en Diputados, varios centenares de trabajadores judiciales presentaron esta semana un amparo para detener su aplicación.

El amparo concedido llega luego de que López Obrador planteara ayer que los fondos de los 13 fideicomisos en cuestión se destinara a ayudar a los afectados por Otis en Guerrero. La propuesta fue respaldada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, quien calificó la propuesta del presidente como una “alternativa real” y dijo que estaba dispuesta a dialogar para concretar el movimiento de recursos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que se llegó a un acuerdo con los ex trabajadores para usar el nombre de Mexicana de Aviación para la nueva aerolínea que arrancará operaciones en diciembre próximo y que será administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Ya afortunadamente es buena noticia, se logró que un juez desechara los recursos que presentaron abogados y algunos trabajadores en contra de la posibilidad de que los representantes legales del sindicato vendieran algunos bienes y la marca de Mexicana de Aviación, entonces ya se resolvió”, dijo el mandatario.

El mandatario señaló que aún faltan algunos trámites para concretar la transacción, pero aseguró que ya se hizo el avalúo y se determinó que los trabajadores van a recibir un pago por la venta de la marca y de algunos bienes.

“Van a recibir, pues, alrededor de 1,000 millones de pesos. Son 6,000 trabajadores, les van a tocar a algunos 60,000, 80.,000 hasta 100,000 pesos”, especificó.

López Obrador sostuvo que esto será una “recompensa” a lo “mucho que han sufrido” los trabajadores en otros sexenios. Denunció que hubo mucha impunidad y que se vendieron aerolíneas mexicanas a la iniciativa privada en sexenios anteriores.

“Sucedió en el caso de Mexicana, que la vendieron y también vendieron Aeroméxico, que era otra empresa pública, en el gobierno de Calderón”, afirmó.

Asimismo, dijo que faltan algunos trámites en los juzgados, pero celebró que se haya podido llegar a un acuerdo para utilizar el nombre, aunque ya había pensado utilizar otro nombre, como “Línea Maya”.

Sin embargo, expertos aseguran que más allá de lograr un acuerdo, lo que se hizo fue desechar las apelaciones que se habían presentado, lo que afectaba concretar la operación. Los reclamos de los ex trabajadores inconformes continúan, solo que ya no por la vía legal.

Mexicana de Aviación era la aerolínea más antigua del país desde 1921 y contaba con participación del Estado, pero se declaró en concurso mercantil en 2010 en un controversial proceso que aún no se resuelve y mantiene a sus extrabajadores en lucha.

La nueva aerolínea, que según el mandatario iniciará operaciones el 1 de diciembre de este año, estará a cargo de la empresa Olmeca-Maya-Mexica, operada por el Ejército.

Dicha empresa también es la encargada de administrar el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otros aeropuertos del Caribe.

Según detalló en octubre pasado el mandatario, la aerolínea del Estado, que se sumaría a Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, operaría en un inicio con 10 aviones alquilados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este martes que enfrentarán los amparos que se han presentado en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, tal como se hizo con en el AIFA, y acusó a que hay intereses económicos detrás de ellos.

“Se resolverá la lluvia de amparos como se resolvieron los del Aeropuerto Felipe Ángeles”, precisó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador se refirió así a un nuevo amparo otorgado por un juez, esta vez a la asociación Defendiendo el Derecho de un Medio Ambiente Sano (DMAS), para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5 del proyecto Tren Maya.

La orden prohíbe que las obras relacionadas con el proyecto continúen con sus actividades ya sea de construcción, infraestructura, destrucción o remoción, en esta zona.

El mandatario acusó que quienes promueven esos amparos no son ejidatarios sino pseudoambientalistas. “Cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes”, dijo, y adelantó que en breve se informará sobre Calica y Xcaret, que dijo, son los que realmente destruyen el ecosistema de la zona.

López Obrador defendió además el decreto que permite que se siga construyendo el Tren Maya sin que se tengan todos los permisos que la ley marca, tales como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pues dijo que es legal y está validado por la autoridad judicial.

“Es que el acuerdo lo suscribí porque tenemos que avanzar y ellos lo que quieren es que no hagamos nada. No me estoy chupando el dedo, si no emito el acuerdo, pues nos paran por completo, eso es lo que ellos quieren, a ellos no les importa que se quede inversión tirada, que es dinero del pueblo, yo tengo que cuidar eso, para eso me eligieron, para defender los intereses de pueblo”, afirmó.

AMLO dijo que nadie quiere destruir el medioambiente; aseguró que desde hace muchos años su movimiento lucha por causas justas. “A lo mejor ellos sí, pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, luchando por las causas justas, luchando por la justicia y ese acuerdo está validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte, es legal”, insistió.

Reiteró que los amparos están en el tramo que va de Cancún a Tulum, una de la zonas más turísticas en el país, afirmando que es justo ahí donde está el “dinero”. “Reto a los expertos, economistas, ambientalistas, ¿dónde hay más dinero, de toda la ruta, dónde está el dinero?”, cuestionó.

Reiteró que la obra se va a inaugurar en diciembre de 2023 y señaló que su deseo es que el tren de pasajeros regrese a México, tal como existe en otros países del mundo. Finalmente, expresó que la obra beneficiará a toda Centroamérica.

“Yo creo que en el caso de Guatemala, de todo Centroamérica se van a beneficiar con el tren. En Guatemala se va a modernizar la vía férrea y van a haber trenes nuevos del Istmo hasta Ciudad Hidalgo, que está en la frontera con Guatemala”, afirmó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que las obras del Tren Maya concluirán a finales de 2023 a pesar de los amparos interpuestos, algunos de los cuales están provocando suspensiones temporales en la construcción.

“Piensan que porque tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared, pues no, vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina. “No nos rendimos a la primera”, añadió.

Y es que ayer, un juzgado otorgó, debido a riesgos por derrumbe de acuíferos, cenotes y ríos subterráneos, una nueva suspensión provisional contra las obras del tramo 5 del Tren Maya, que irá de Cancún a Tulum.

Esta obra insignia de la administración federal, ya contaba, al menos, con otra suspensión, otorgada el 18 de abril a un grupo de espeleólogos.

“El tren no va a afectar cenotes” ni tampoco ríos subterráneos, reiteró López Obrador, para luego añadir que “esa es una invención”.

Además, el presidente insistió en su planteamiento de que las personas que están en contra de la construcción del Tren Maya defienden intereses ocultos. Incluso dijo que podrían ser de organizaciones financiadas por empresarios o por el propio gobierno de Estados Unidos.

“Hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Tren Maya. No son los ejidatarios de esta zona, son intereses aquí, donde hay más dinero (…) son de organizaciones, algunas financiadas por empresarios, otras ncluso finan de Estados Unidos, un poco lo que pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles”.

Dijo que los amparos y trabas que se presentan provienen de los que quisieran que le fuera mal a su gobierno, “del bloque conservador”.

El Tren Maya es un proyecto prioritario para López Obrador que, con una inversión de alrededor de 200,000 millones de pesos, y plantea construir cerca de 1,554 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La obra no ha estado exenta de polémica y ha sido criticada por algunas ONG y colectivos indígenas de la zona debido a su impacto ambiental en la región, la que más ha llamado la atención en las últimas semanas es la campaña #SelvaMeDelTren, en la que participan distintos artistas, líderes de opinión y ambientalistas.

A inicios de semana, se canceló una reunión que AMLO había aceptado con integrantes de dicho colectivo.

No le bastó con la denuncia que presentó en su contra; ahora el diputado Sergio Gutiérrez Luna insiste en que para favorecer al país, a la democracia y al Instituto Nacional Electoral (INE), los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama deben renunciar a sus cargos.

La renuncia dijo, debe servir para que los consejeros electorales puedan afiliarse a un partido y, de manera legítima, participen como actores políticos tal y como lo vienen haciendo.

“Ambos consejeros ya no son árbitros sino actores de oposición que han perdido el rumbo y su defensa está enfocada en el dinero y los privilegios”, dijo el morenista desde la tribuna de la Comisión Permanente, al presentar una iniciativa de reformas a la Ley de Amparo.

Gutiérrez Luna aseguró que el país ya cambió y lo que no quieren aceptar el consejero presidente Lorenzo Córdova y el consejero Murayama, “es que violan la Constitución al ganar más que el presidente de la República”. Incluso los acusó de violar la Constitución para conservar privilegios y a través de suspensiones han abusado del amparo y del derecho.

En ese sentido, señaló que la iniciativa de reformas que presentó tiene como objetivo que no procedan las suspensiones y que no se valgan de ellas, porque están violando la ley ganando más que el presidente. “Las suspensiones que han obtenido les han permitido continuar con salarios exorbitantes y prestaciones como seguro de gastos médicos mayores, de separación, bonos”, entre otras.

Recordemos que fue el pasado 22 de diciembre cuando, a nombre de la Cámara de Diputados, Gutiérrez Luna presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra 6 de los 11 consejeros del INE y del secretario ejecutivo del Instituto.

La denuncia fue presentada por presunto abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, ya que según los argumentos del morenista, los consejeros señalados votaron por suspender tareas correspondientes al proceso de Revocación de Mandato.

Ante los reclamos de la oposición, y la crítica de la ciudadanía, el diputado se vio obligado a no acudir a ratificar la denuncia ante la FGR; sin embargo, el no haberlo hecho no impidió que la denuncia desapareciera o se detuviera, pues al tratarse de una presunta responsabilidad de servidores públicos, se sigue de oficio.

Gutiérrez Luna anunció el 29 de diciembre que decidió no insistir en el asunto, aunque no se desistió: “Escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE”, publicó en Twitter.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este viernes que ordenó una investigación en relación de los 250 amparos presentados en 19 de los 32 estados del país para vacunar contra el coronavirus a menores de edad.

Durante su conferencia matutina el mandatario indicó que le llamaba la atención que de los 250 amparos que se presentaron, 25 se dieron en el estado de Veracruz, 27 en el estado de Oaxaca, 42 en el estado de México y 43 en la Ciudad de México.

“Ya lo estoy viendo como una acción concertada”, sostuvo López Obrador y dejó entrever que podría haber un interés lucrativo en esos casos de amparos. Incluso sugirió que todo se trataba de un “nado sincronizado” en favor de los negocios de las farmacéuticas.

“No se puede ir en contra de la ciencia sólo por el lucro. Eso no significa que no nos importen los niños y proteger la vida. Si no hay investigación sobre los efectos que pueda tener la vacuna en los niños, ¿cómo se les va aplicar?”, dijo el mandatario.

Aprovechó para adelantar que la próxima semana presentará un informe sobre si hubo contagios de coronavirus entre los menores tras el regreso a las escuelas el 30 de agosto.

Y es que aunque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó desde el 24 de junio el uso de la vacuna Pfizer para mayores de 12 años, el plan nacional de vacunación no ha contemplado a este grupo poblacional y sólo se aplica en la actualidad a personas adultas a partir de los 18 años.

La población menor de 18 años en México representa cerca de 31% del total de habitantes. Estados Unidos y 11 países de América Latina, entre ellos Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Panamá y República Dominicana, Perú y Uruguay, ya aplican vacunas COVID a personas entre 12 y 17 años.

A pesar del aumento en los contagios de niños que se han reportado recientemente en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha descartado que los menores de edad representen una población de especial riesgo y ha expresado que “por debajo de los 18 años de edad existe un riesgo mucho menor de tener enfermedad COVID, sobre todo la enfermedad grave, y un riesgo casi nulo de morir por COVID”.

El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó las primeras suspensiones definitivas contra la entrada en vigor de la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por el presidente López Obrador.

Con estas suspensiones, tres en total correspondientes a los juicios de amparo con número de expediente 118, 119 y 120/2021, se pone un freno a la intención del gobierno federal de cambiar las reglas del juego a favor de la CFE.

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“La suspensión definitiva que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil veintiuno”, se lee en el documento.

Recordemos que debido a los amparos que otorgó Gómez Fierro un día después de que se publicara la Ley en el Diario Oficial de la Federación, López Obrador solicitó al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, investigar el proceder del juzgador, al señalar que éste respondía a intereses particulares.

Al respecto, esta mañana AMLO dijo que la disputa deberá ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reveló que incluso grandes empresas, como Bimbo y Wal-Mart se han amparado contra la ley.

“Vamos a que resuelva la Suprema Corte”, dijo López Obrador, y añadió que “seguramente” el tema llegará al máximo tribunal.

Y es que la nueva LIE establece que las centrales de la CFE, incluyendo las que usan combustóleo y carbón, despacharán primero su energía a la red, además de que la empresa no estará obligada a comprarla a través de subastas, que habían beneficiado a generadoras solares y eólicas, muchas de ellas con capital extranjero.

También se podrán revisar viejos contratos con Productores Independientes de Energía (PIE), entre los que se encuentran la española Iberdrola, mientras que el regulador del sector energético, la CRE, podrá revisar y revocar permisos de autoabasto, un esquema del que el gobierno alega se ha abusado en detrimento de CFE.

La Secretaría de Energía (Sener) impugnó este miércoles el fallo de un juez federal que suspendió la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que se promulgó la semana pasada.

La Sener impugnó los acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica otorgados la semana pasada a favor de Eoliatec del Pacífico y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

“Se glosa el oficio de cuenta firmado por la autoridad antes referida, que actúa en representación del Presidente de la República, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de 10 de marzo del presente año que proveyó sobre la suspensión provisional”, indicó el juzgado según los expedientes 118/2021 y 119/2021.

Son las primeras impugnaciones que el gobierno presenta contra los recursos legales que el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó después de publicarse la nueva reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de marzo.

Dichos amparos fueron los que llevaron al presidente a arremeter en contra del juez, a quien acusó de responder a intereses de privados; incluso pidió al ministro Arturo Zaldívar que se investigara su actuación.

Recordemos que la reforma de López Obrador cambia el despacho eléctrico para siempre suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Las quejas de la Sener se turnarán a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, que en teoría tendrá 48 horas para resolver.

Y aunque se impugnaron los dos amparos, al día de hoy hay cerca de 30 suspensiones provisionales que han otorgado el juez Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica.

La información coincide con lo expuesto esta mañana por AMLO, quien dijo que pedirá reformar la Constitución en caso de que los jueces o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional su reforma.

“No puedo ser cómplice del robo, del atraco”, argumentó el mandatario, quien ha pedido investigar a los jueces al acusarlos de estar “al servicio” de particulares y extranjeros.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha sido señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de responder a intereses particulares respecto a la Ley de la Industria Eléctrica, concedió tres suspensiones más contra la reforma que impulsó el mandatario.

En el Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones se concedieron las suspensiones a empresas Eólica de Oaxaca y Tamaulipas.

En el caso del amparo concedido a Eólica de Oaxaca, el juzgador instruyó a la Comisión Reguladora de Energía(CRE) levantar la suspensión que decretó el pasado 18 de enero derivado de la contingencia sanitaria por la COVID-19, al señalar que la industria eléctrica está considerada como actividad esencial.

“La Comisión Reguladora de Energía no podrá negarse a atender los trámites que guarden relación con alguna de las actividades reguladas en materia de energía eléctrica, que han sido consideradas como esenciales durante la contingencia sanitaria que se vive en el país”, señaló el juez.

Adicional se informó sobre otra suspensión a la reforma eléctrica, que será notificada en los estrados judiciales mañana miércoles, con lo que habrían sido tres suspensiones más las que habría otorgado el juez.

De igual forma, se informó que el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, titular del juzgado Primero en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó otras suspensiones provisionales en contra de la Ley de la Industria Eléctrica.

Así, suman dos jueces que coinciden en que la reforma podría dañar la competencia y la libre concurrencia. Las suspensiones que concedió, también tienen efectos generales por lo que protegen a toda la industria de dicho sector y no solo a las compañías que promovieron el amparo.

Según una revisión que ha realizado El Universal, suman 16 suspensiones contra la reforma eléctrica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que pedirá investigar a los jueces que han otorgado amparos para suspender la reforma eléctrica, pues los acusa de estar “al servicio” de las empresas y responder a intereses particulares.

“Vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”, dijo AMLO.

Las declaraciones de López Obrador ocurren un día después de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendió los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tras amparos otorgados a las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió “todos los efectos” de la reforma, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas de renovables.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

El presidente cuestionó que la suspensión ocurra apenas días después de promulgarse su reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Estos jueces se crearon, surgen, cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares, extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional. Entonces apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo”, cuestionó AMLO.

Aunque el mandatario había dicho en un inicio que las empresas “estaban en todo su derecho” de impugnar la ley, ahora criticó los recursos legales que ya se han presentado, y que son los primeros de una oleada de amparos que se prevé sean interpuestos.

El mandatario insistió en que es necesario revisar los contratos que los productores independientes de energía realizaron con el gobierno; dijo que os dueños de las empresas extranjeras y algunos mexicanos están muy molestos con la reforma eléctrica, pues estaban acostumbrados a abusar vendiendo cara la energía eléctrica y recibiendo subsidio.

Tras las suspensiones provisionales, el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar con una queja ante un tribunal colegiado, que tendría 48 horas para resolver.

El presidente remató asegurando que no busca revertir la reforma que abrió el sector energético a la iniciativa privada en 2013. “No estamos cancelando la reforma energética, estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más filosas”, manifestó.

Un juez suspendió de forma provisional este jueves “todas las consecuencias” de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se publicó el pasado martes en el Diario Oficial de la Federación, luego de que el Congreso aprobara sin cambios el proyecto que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con el expediente 119/2021, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica otorgó una suspensión provisional al Parque Solar La Orejana de Sonora, pero con efectos para todos los participantes del mercado eléctrico.

“Los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la quejosa, sino a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y demás particulares que desarrollan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector”, detalló el juez Juan Pablo Gómez Fierro.

Este es el primer amparo que otorga el Poder Judicial en relación a la reforma eléctrica que elimina el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

La ley también ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

El juez Gómez Fierro recordó que él ya ha fallado contra disposiciones similares en la política de “confiabilidad” que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales en febrero pasado.

“Esta medida ya ha sido adoptada por este juez de distrito en diversos juicios de amparo en los que se han reclamado regulaciones similares a la legislación cuya suspensión se solicita y se estima adecuada para proteger los derechos a la libre competencia y con concurrencia en los mercados”, expuso.

Ayer, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunció que “una buena cantidad de empresas” ya alistaban amparos contra la reforma porque viola la libre competencia y la irretroactividad de la ley que protege la Constitución. Los empresarios argumentan que la reforma causará un sobrecosto de 60,000 millones de pesos porque la electricidad generada por la CFE cuesta más del doble de los privados.

Adicional, en el Congreso, legisladores de oposición y algunos gobiernos estatales han anunciado que presentarán una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte.

Tras esta suspensión provisional, el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar con una queja ante un tribunal colegiado, que tendría 48 horas para resolver. “La medida cautelar que se otorga no implica que queden insubsistentes las normas reclamadas sino que únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, con lo que se conserva la materia del juicio”, precisó el juez.

El gobierno federal informó este jueves que el reinicio de los trabajos para concluir la Central Termoeléctrica Huexca en Morelos, obra que había quedado suspendida por diversas demandas de los habitantes de la región.

“Se había quedado suspendida esta obra por demandas de campesinos, de los habitantes de las comunidades de esa región. Es una obra que se empezó hace varios años. Se terminó prácticamente, es muy poco lo que falta para que opere. Se trata de una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos”, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Adelantó que se tiene previsto el inicio de operaciones de la planta en diciembre de este año, lo que garantizará el abastecimiento de energía en toda la entidad.

Precisó que no se trata de una planta particular, sino una planta de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que no se podía abandonar y dejar que se convirtiera en chatarra pues involucra presupuesto público.

AMLO aseguró que se atendieron las demandas, tanto en lo social como en lo ambiental. “Consideramos que está todo resuelto, que ya no hay problema legal. Se resolvieron todos los amparos”, defendió el presidente.

Agregó que su administración se distinguirá de las anteriores por no dejar obras inconclusas como ocurrió con la central termoeléctrica y otros proyectos, pues acusó que la termoeléctrica es uno de los proyectos que heredó con problemas del gobierno anterior.

“Son de estas obras que heredamos y que no podemos omitir que se trata de inversiones. Es como el Tren Toluca-Ciudad de México, ni modo de dejarlo y decir: ‘estuvo mal planeado’ cuando ya se han invertido más de 60 mil millones de pesos del erario, del presupuesto; o los hospitales que encontramos sin terminar, en proceso, pues tenemos que concluirlos. Un distintivo de este gobierno va a ser que no vamos a dejar ninguna obra en proceso cuando terminemos nuestro mandato. No vamos a dejar un tiradero de obras como lo que recibimos”, subrayó.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que el Proyecto Integral Morelos consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca.

Ante las denuncias correspondientes al impacto ambiental, la funcionaria detalle que para corroborar si había una afectación para los ejidatarios se realizaron diligencias periciales en hidrología forense, las cuales arrojaron que el proyecto no causaba afectaciones al suministro de agua en los canales de riego de los ejidos.

“Jurídicamente, están resueltos todos los juicios de amparo y puede continuarse con el proyecto”, remarcó la secretaria.

El director general de la CFE, Manuel Bartlett, afirmó que actualmente el abastecimiento de energía eléctrica en Morelos proviene de otros estados, por lo que la Central de Ciclo Combinado podrá satisfacer esa necesidad en todo el estado.

La directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, refirió que el proceso de la termoeléctrica derivará en el tratamiento, captación y mejora de la calidad de agua.

Comentó que el estudio de hidrología forense estuvo respaldado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), quien hizo ciertas recomendaciones al proyecto, mismas que fueron atendidas por la CFE.

“Todo está en orden, va a haber más agua y planta”, indicó Jiménez Cisneros.

Sobre los compromisos que se hicieron con la población en materia de revestimientos de canales, tecnificación del riego y la posibilidad de instalar una represa, se indicó que el gobierno cumplirá con las obras acordadas, mismas que requerirá una inversión de 125 millones de pesos.

Sin embargo, el líder ejidal Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata, aseguró que la mayoría de las comunidades del oriente de Morelos mantienen surechazo a la termoeléctrica, y advirtió que “ahora mismo comenzamos con la organización para defender nuestras tierras y el agua porque ellos ya se organizaron para echar adelante una planta que siempre rechazamos”.

Sobre lo que indicaron las autoridades acerca de que ya estaban resueltos todos los juicios y amparos, Zapata González indicó que dicha afirmación era una “marranada”, pues no es cierto, y que en caso de que así fuera, todavía les quedan instancias internacionales a las cuales poder recurrir para detener el proyecto.

“Una cosa es lo que dice el presidente y otra la que decida el pueblo”, remató.

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) informó que aunque atenderá lo señalado en las resoluciones que un juez otorgó ayer en favor de un grupo de empresas de energía renovable, hará valer los medios de impugnación que la ley le otorga en contra de ellos.

Confirmó que ayer lunes 25 de mayo, fue notificado de seis resoluciones interlocutorias dictadas en los incidentes de suspensión, emitidas por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Las resoluciones están vinculadas con diversos juicios de amparo promovidos por las empresas contra el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)” y su respectivo “Anexo Único” publicado el pasado 29 de abril.

El CENACE adelantó que argumentará y demostrará ante las autoridades respectivas la falta de competencia del Juez de conocimiento, dado que se trata de un asunto Administrativo y no de Competencia Económica.

Explicó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra fuera de comercio según lo disponen los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en concordancia con los artículos 15, 16, 107 y 108 párrafo primero, fracciones I y II de la Ley de la Industria Eléctrica, situación que se reconoce por el juzgador en las resoluciones.

Señaló también que el Juez otorgó la suspensión definitiva sin el conocimiento de la situación técnica, lo cual se demuestra al momento de solicitar en dicha resolución que el CENACE está obligado a rendir un informe técnico en el que de manera detallada se le expliquen cuestiones técnicas que refieran a dicha suspensión.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México ordenó la reactivación de pruebas preoperativas en las centrales de energía renovable, después de que varias empresas operadoras presentaran sus amparos al acuerdo que las prohibía.

El Cenace había prohibido estas prácticas con un acuerdo en vigor desde el 1 de mayo, según el cual las centrales renovables suponían un peligro para la seguridad energética en el país durante la pandemia por su intermitencia en la generación.

Ayer, el Cenace había informado, como resultado de la nueva política, de la suspensión de este tipo de actividades en 17 centrales, 7 eólicas y 10 fotovoltaicas.

Sin embargo, según un documento emitido por el regulador, el regulador autorizó la reactivación de las pruebas preoperativas en 23 parques.

Esa rectificación, recoge la notificación del Cenace, responde a “la finalidad de dar atención a lo determinado por los órganos jurisdiccionales” y solo afecta a las empresas amparadas judicialmente.

La resolución legal a la que hace referencia el Cenace argumenta que no se puede aplicar el acuerdo del 1 de mayo a las compañías quejosas “en tanto no afecten a la confiabilidad” del sistema energético. La notificación también establece que “deberá otorgarse la licencia correspondiente” a aquellas centrales que no hubieran empezado con las pruebas pero que ya las tuvieran programadas para “un futuro inmediato”.

Esto contradice también al acuerdo impugnado legalmente, que contemplaba no dar nuevas licencias a las centrales que todavía estuvieran por arrancar sus pruebas.

“Todos aquellos generadores que a la entrada en vigor del acuerdo impugnado, ya se encontraban en pruebas preoperativas, deberán reanudarse las mismas; así mismo, aquellos generadores que se encuentren en el listado que se adjunta y que durante la vigencia del acuerdo impugnado, tengan programadas pruebas preoperativas a ejecutarse en el futuro inmediato, deberá otorgarse la licencia correspondiente, previo al análisis de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la autoridad.

Los proyectos son a los que se autoriza son: Recursos Solares PV de México IV; Akin Solar; Eólica Tres Mesas 4; Fuerza Eólica de San Matías; Fuerza Eólica del Istmo; Versalles de las Cuatas Uno; Versalles de las Cuatas Dos; Tai Durango Cuatro Neo; Eoliatec del Pacífico; Eoliatec del Istmo; Versalles de las Cuatas Tres; Mitre Calera Solar; Eléctrica del Valle de México; FV Mexsolar XI; Kenegreen; X-Elio FV Conejos Médanos; X-Elio FV Xoxocotla; ENR AGS; Parque Amistad II; Parque Salitrillos; EGP Magdalena Solar; Dolores Wind, y FRV Potosí Solar.

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Se han presentado 5 mil 165 amparos contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que impide ganar más de 108 mil pesos mensuales que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre los funcionarios que han presentado amparos se encuentran jueces, magistrados, consejeros electorales, trabajadores del Banco de México y de la Secretaría de Gobernación, entre otros, informó el diario El Sol de México en una investigación especial.

Los amparos buscan revertir el tope salarial que propone la Presidencia, que sería obligatorio no sólo para los funcionarios dependientes del Ejecutivo federal, sino también a organismos autónomos y descentralizados.

La propuesta del Ejecutivo federal establece criterios para que cada dependencia tenga su tabulador en el que se especifiquen las responsabilidades de cada funcionario, y a partir de eso, determinar su sueldo mensual.

En mayo pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión aclarar en esa ley los parámetros para fijar el sueldo presidencial, que serviría como tope para definir los ingresos del resto de los funcionarios públicos.

Los amparos fueron promovidos contra esa ley tanto de su texto original de noviembre pasado como del reformado que se publicó el pasado 19 de abril.

El máximo tribunal ordenó en diciembre pasado que todos los amparos fueran aplazados mientras resolvía las primeras controversias sobre el asunto, lo que ocurrió hasta mayo siguiente. Los ministros acotaron que si bien es constitucional que se establezca que ningún servidor público puede ganar más que el Ejecutivo federal, la norma de remuneraciones carecía de parámetros para fijar esta percepción, es decir, no explica los elementos, métodos o procedimientos para respetar esa proporcionalidad, la cual se orienta en los grados de responsabilidad, pues entre más es ésta el salario deberá incrementarse de manera proporcional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que no tiene información de que el ministro Eduardo Medina Mora haya asesorado a algún grupo para interponer amparos contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente fue consultado si se investigará si Medina Mora asesoró a quienes interpusieron amparos contra la nueva terminal aérea en Santa Lucia, Estado de México.

“Yo lo que hable fue de sabotaje legal, nuestros adversarios se pusieron de acuerdo para impedir que se construyera el aeropuerto de Santa Lucía, se reunieron como 16 despachos coordinados para eso: lanzar amparos es lo que alcancé a saber”, contestó.

Sin embargo, López Obrador comentó que no tiene información de que Medina Mora, quien renunció al cargo la semana pasada, o algún otro ministro, hayan apoyado estas acciones, varias de las cuales fueron promovidas por algunas organizaciones civiles.

Sobre el tema de la renuncia de Medina Mora, el presidente dijo que el Senado resolverá hoy sobre si es aceptada o no, y aprovechó para decir que la situación del ministro no se equipara a cuando un ministro pasa a retiro, por lo que no puede seguir recibiendo un sueldo.

“No creo que se equipare a cuando un ministro termina su función, que pasa a retiro, que se tiene una pensión autorizada, este no es el caso, pero hay que verlo legalmente”, expresó López Obrador.