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El Gobierno de Morelos, a través de la Consejería Jurídica, presentó este miércoles cinco denuncias más ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades detectadas en diferentes dependencias estatales, durante la anterior administración.

Se indicó que una de estas demandas, es de carácter penal contra el ex gobernador Graco Ramírez y otros ex funcionarios de primer nivel.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, detalló que la denuncia presentado en contra del ex mandatario estatal responde a los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y posible enriquecimiento ilícito.

Fue el consejero Jurídico, Samuel Sotelo Salgado, quien precisó que se detectaron triangulaciones de operaciones realizadas por funcionarios, que en su momento estuvieron en la administración anterior, con particulares y las empresas BERSO Edificaciones S.A. de C.V. y TEKARQ S.A. de C.V., con las cuales se dispusieron de recursos públicos que afectaron gravemente al erario del Estado.

Las otras cuatro denuncias fueron por irregularidades encontradas en áreas que dependen de las secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Turismo y Cultura (STyC), Desarrollo Sustentable (SDS) y Desarrollo Agropecuario (Sedagro).

Con las presentadas hoy, suman alrededor de 40 denuncias las que el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco ha exhibido ante esta Fiscalía contra sus antecesores, además de la presentada por presuntos actos delictivos en contra del ex gobernador e integrantes de su familia, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Elementos de las Fuerzas Armadas aseguraron al menos cuatro tomas clandestinas en Cuatlacingo en el municipio de Otumba, Estado de México.

Al arribar a la zona, los militares tuvieron un enfrentamiento verbal con los habitante de la zona, quienes se negaban a que la zona fuera resguardada, debido a que recolectaban combustible de manera ilegal. Por ahí atraviesa el ducto Tuxpan-Azcapotzalco.

Según informes, tras percatarse de la presencia de personas y camionetas con las cuales se transportaba el combustible robado, las fuerzas armadas intervinieron, por lo que fueron agredidos físicamente por la población. Trascendió que tres uniformados resultaron heridos.

Se reportó que tras la intervención, dos personas fueron detenidas, además de seis vehículos, una motocicleta y diversos contenedores de combustibles.

Adicional, se informó que elementos de la Policía Federal, localizaron 18 tomas clandestinas en Hidalgo: tres en Tetepango, 11 en Tlahuelilpan y cuatro en Huichapan.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la ubicación de 14 tomas fueron resultado de las labores de proximidad, vinculación e inteligencia con los pobladores de dicho municipio, lo que contribuyó en la realización de denuncias ciudadanas.

Con la información de las denuncias, los efectivos desplegaron operativos de búsqueda, detección y neutralización de las tomas.

La dependencia aclaró que en todas las acciones se realizó la custodia de las tomas, las cuales no presentaron derrames ni bajas de presión, además de que se informó de inmediato a Petróleos Mexicanos y al Agente del Ministerio Público Federal.

 

El Partido Acción Nacional (´PAN) exigió al gobierno federal hablar con la verdad sobre el desabasto de gasolinas, que dijo, ha afectado la movilidad de millones de mexicanos, a la educación en varios estados y comprometido la comercialización de varios productos.

El dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, afirmó que es necesaria una explicación clara a los ciudadanos, pues ya no es creíble el argumento de que el desabasto es por el combate al huachicoleo, ya que la escasez se ha generalizado y es creciente.

“Pareciera que la incapacidad, la falta de planeación, ahora se busca  justificar en un supuesto combate al robo de combustible, cosa que en Acción Nacional y todos los mexicanos respaldamos, siempre y cuando sea un combate inteligente y efectivo, sin que salga más caro el combate que lo que hoy estamos enfrentando, que son pérdidas multimillonarias de millones de mexicanos”, explicó.

Cortés Mendoza dijo que en este tema el responsable directo es el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su falta de visión como Jefe de Estado.

El líder del PAN adelantó que su partido está preparando la ruta jurídica para orientar y apoyar a los ciudadanos que decidan denunciar al gobierno federal por las afectaciones que han tenido debido al desabasto de gasolinas. Dijo que el gobierno de la República tiene que responder ante sus malas decisiones.

 

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo un llamado al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a honrar su palabra, y que su gobierno dé seguimiento a las más de 60 denuncias penales y administrativas que han interpuesto en contra de servidores públicos.

La organización indicó que las denuncias se han presentado en contra de servidores públicos pertenecientes a 19 dependencias centrales y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal y diversas empresas privadas por el manejo irregular y desvío de más de 6 mil 700 millones de pesos.

Recodaron que López Obrador ha dicho en repetidas ocasiones que si hay investigaciones abiertas se van a continuar. Subrayaron que de acuerdo a sus declaraciones, todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver.

“Mexicanos Contra la Corrupción solicita al Presidente Electo que, honrando su palabra y en el ámbito de sus facultades, garantice las condiciones necesarias para que el Fiscal General de la República y el Fiscal Anticorrupción, así como la Secretaria de la Función Pública, que entrarán en funciones en unas horas, prosigan con las investigaciones de las denuncias ya presentadas garantizando un verdadero acceso a la justicia y combate a la impunidad”, dijo MCCI.

La organización adelantó que aún y con el cambio de gobierno, seguirá implementando acciones legales en contra de funcionarios públicos y privados que participen en actos y redes de corrupción.

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que lleva a cabo una investigación respecto a los hechos acontecidos en el poblado de San Juan Ixhuatepec, en el municipio de Tlalnepantla.

Indicó que las investigaciones que se siguen giran en dos vertientes, una es el posible abuso de autoridad que habrían cometido elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en contra de vecinos de la comunidad de San Juan Ixhuatepec, quienes resultaron lesionados y con daños en sus inmuebles y vehículos.

La segunda vertiente es respecto a las lesiones que pudieron haber sufrido policías preventivos, tanto de la Ciudad de México como de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de la Policía Municipal de Tlalnepantla y Policías Federales, durante las horas transcurridas desde que se registró la incursión de los uniformados capitalinos en territorio mexiquense, hasta que fue liberado el bloqueo realizado por civiles en la Autopista México-Pachuca, así como el daño a unidades oficiales de las distintas corporaciones.

La dependencia indicó que para integrar las carpetas de investigación, Ministerios Púbicos fueron enviados a la zona donde se registró el conflicto, en donde recabaron denuncias por parte de los vecinos, principalmente por la probable comisión de delitos referentes a lesiones y daño en los bienes, tanto en inmuebles como en vehículos.

Señaló que hasta el momento se han recibido 63 denuncias.

La FGJEM solicitó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la lista de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que participaron en la movilización, por lo que dijo que una vez que tenga la información, los elementos serán entrevistados. De igual manera señaló que será requerida la entrevista ante el Ministerio Público de la persona que estuvo al mando de esta movilización.

Confirmó que personal de la Fiscalía realizó un recorrido por la zona de San Juanico, para registrar y cuantificar los daños causados a inmuebles y a vehículos.

 

La Cámara de Diputados, a petición de la diputada de Morena, Dorheny García Cayetano, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) remitir, en un término no mayor a 10 días hábiles, un informe sobre el estado que guardan las carpetas de investigación relativas a las denuncias presentadas contra el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

En el exhorto se detalla que las denuncias referidas son por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y se solicitó a la dependencia agilizar la integración de las averiguaciones, a fin de determinar la probable responsabilidad y proceder en consecuencia.

García señaló que existen tres denuncias penales contra Yunes Linares, cuyas indagatorias fueron abiertas antes del primero de diciembre de 2016, cuando comenzó su administración en Veracruz.

Precisó que la primera acusación fue presentada en mayo de 2013 y tras cuatro años de averiguación previa, la PGR no ha ofrecido resultados. Las otras dos, son por lavado de dinero, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, con fecha de 2016.

La legisladora expresó estar consciente de que el contenido de una carpeta de investigación es información reservada, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, estimó que “el pueblo veracruzano demanda saber si al menos se ha dado seguimiento a los hechos que, con escándalo, han retratado públicamente la figura de quienes ejercen el gobierno y disponen de los recursos que todos aportamos”.

El también diputado de Morena, Eulalio Juan Ríos Fararoni, sostuvo que Yunes Linares ha hecho de la función pública un patrimonio y una gran empresa, “porque su vida la ha dedicado a exprimir el presupuesto de este país”.

Por su parte el legislador del PAN, Carlos Alberto Valenzuela González, dijo que su grupo parlamentario votó a favor de este punto de acuerdo porque “nosotros siempre estaremos a favor de la legalidad y transparencia”.

 

Luego de que desde el fin de semana pasado comenzara a circular en redes sociales la información de una supuesta agresión a una alumna del CCH Naucalpan, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que no se ha podido corroborar dicha agresión, por lo que hizo un llamado a que quien cuente con detalles para dar seguimiento al caso.

A través de un comunicado señaló que pese a la desinformación que existe sobre la supuesta agresión, decidió presentar las denuncias correspondientes ante las procuradurías de la Ciudad de México y del Estado de México, para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes.

Reconoció que existen diferentes versiones sobre los supuestos hechos, publicadas a través de las redes sociales y medios de comunicación. “Son confusas e incluso incurren en contradicciones respecto al sitio donde se dice que ocurrió la supuesta agresión”.

Sostuvo que desde que se tuvo conocimiento de la denuncia, personal de la UNAM acudió a los ministerios públicos y a los hospitales de la zona para indagar si había sido presentada alguna denuncia o si existía algún ingreso de una paciente con una lesión similar a la que se mencionaba.

“En todos los casos no encontró ningún dato que pudiese estar relacionado a la información que en redes circulaba”, advirtió la Máxima Casa de Estudios.

Añadió que también se procedió a revisar las bases de datos de la Dirección General de Servicios Escolares del CCH para identificar a alumnas que pudieran coincidir con el nombre de la supuesta alumna lesionada; sin embargo dijo que en los casos donde hubo coincidencias se estableció comunicación y “todas ellas se encontraban con buen estado de salud y negaban haber sido agredidas”.

Recordemos que la información que circuló en redes sociales señalaba que una alumna que asistía a la Asamblea Interuniversitaria como comisionada de CCH Naucalpan, había sido interceptada, golpeada, apuñalada y amenazada.

 

Con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Salud, José Narro, compareció ante diputados de la actual legislatura, ante quienes respondió a los señalamientos que han hecho a la dependencia por supuestos desvíos de recursos, deficiencias en la calidad de servicios médicos, Seguro Popular y desabasto de medicamentos.

Narro reconoció la importancia del uso eficiente y transparente del presupuesto del ramo, pues dijo “no se vale desviar dinero público; pero hacerlo en el caso de la salud, es un doble crimen, un doble delito”.

Al respecto subrayó que la dependencia ha presentado 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el desvío de mil 150 millones de pesos. “Hemos estado insistiendo frente a la Procuraduría para que nos informen del avance de estas situaciones”.

Informó que el presupuesto para las instituciones de salud y seguridad social aumentó de 2013 a 2018, en términos reales, 4.7%; es decir, 3.3 billones de pesos, de los cuales 68% se va a las entidades, explicó.

Finalizó indicando que para el gobierno actual, la salud ha sido prioridad. “Claro que tenemos problemas y claro que hay situaciones que urge remediar en el país”.

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por 6 millones 245 mil 121 pesos a los partidos políticos PT, PAN, PVEM, MC, PRI y Nueva Alianza, por violar las disposiciones electorales de libre afiliación de ciudadanos.

En sesión extraordinaria, el Consejo General resolvió 201 quejas de afiliaciones indebidas de ciudadanos, de las cuales 154 resultaron fundadas.

Las sanciones totales impuestas esta tarde a los partidos políticos por indebida afiliación fueron las siguientes:

PARTIDO POLÍTICO MULTA No. CIUDADANOS
NA $41,575.89 1
PVEM $140,674.62 3
PT $3,220,536.2 80
PAN $1,399,784.66 38
MC $51,745.20 1
PRI $1,390,804.62 31
TOTAL $6,245,121.19 154

 

Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, explicó que hasta el momento el INE ha recibido 20 mil 792 quejas de ciudadanas y ciudadanos por ser afiliados indebidamente, de las cuales se han resuelto mil 969 y se han impuesto sanciones por 19 millones de pesos a casi todos los partidos políticos.

“Les hago un recordatorio a los partidos políticos para que verifiquen sus procesos de afiliación y tengan un registro muy exacto de las personas que se han afiliado y cuántas se han desafiliado al partido, porque lamentablemente hay muchos casos”, precisó la consejera Favela.

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado en el que reprobó la violencia ocurrida esta tarde en la explanada de la Torre de Rectoría, en contra de alumnos que dijo, se manifestaban en forma pacífica.

“Estas agresiones irrumpen de manera injustificada en la vida universitaria y en el proceso interno para la solución de las diferencias entre los universitarios”, señaló la Institución.

Anunció que presentará las denuncias correspondientes en contra de quienes resulten responsables de las agresiones y explicó que también abrirá el procedimiento interno correspondiente.

“Agresiones como la sucedida esta tarde son inadmisibles, pues sólo buscan enturbiar el ambiente y desestabilizar la vida académica de esta casa de estudios”, añadió la UNAM.

Finalizó reiterando que la Universidad siempre apostará por el diálogo y la solución pacífica.

Por sus parte el Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Benjamín Barajas, se unió a la condena de los hechos, y dijo que dichas acciones “son totalmente contrarias a las normas de convivencia de nuestra querida institución”.

También adelantó que denunciará, en el marco de la norma universitaria, y con los medios legales a su alcance para que se identifique y castigue a los  responsables”.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz-Santana Castaños, reconoció que México tuvo un Proceso Electoral impecable el pasado 1 de julio.

Indicó que el éxito de la elección se debió en gran parte a la buena organización de los ciudadanos, pues dio paso a alcanzar una participación histórica de alrededor del 63% y sobre todo que se dio en un marco de paz social.

En suma, dijo, “México pasó la prueba de las urnas no sólo a nivel nacional, sino internacional”.

Díaz-Santana mencionó que la Fepade aún tiene más de tres mil denuncias que investigar, de la cuales 800 son del orden federal.

Señaló que, si bien se presentó un incremento en las denuncias, respecto a las elecciones anteriores, “esto se debe a que la ciudadanía estuvo más atenta y preocupada para evitar delitos electorales”.

 

En un primer balance, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) informó que durante el proceso electoral de este domingo, se han presentado mil 106 denuncias con motivo de probables delitos electorales en todo nuestro país.

Se detalló que del total de denuncias, 640 corresponden al fuero común y 466 al fuero federal.

Los estados con más denuncias iniciadas en la FEPADE son: Puebla con 127, CDMX con 51, Estado de México con 46, Chiapas con 38, Oaxaca con 29, y Veracruz con 25.  Hasta el momento hay 17 detenidos por la probable comisión de diversas conductas.

Al respecto la dependencia reiteró que ante cualquier conducta que afecte de manera negativa el proceso electoral o en su caso los derechos políticos y electorales, los ciudadanos deben presentar su denuncia en cualquiera de las 32 procuradurías y fiscalías especializadas del país, en las delegaciones de la PGR, o por vía telefónica.

Luego de que en los últimos días se intensificaran las llamadas fraudulentas en diversos estados, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN condenó y se deslindó de las comunicaciones en las que se pide dinero a empresarios o servidores públicos.

La dirigencia nacional del blanquiazul pidió a los ciudadanos, pequeños empresarios y servidores públicos, rechazar y denunciar esa práctica fraudulenta, la cual continúa registrándose, a pesar de que ya denunciaron públicamente las llamadas y mensajes de texto que diversas personas han recibido para solicitarles dinero.

“Una vez más, la dirigencia nacional del PAN se deslinda y condena enérgicamente que se usurpe la identidad de funcionarios de Acción Nacional para tratar de obtener recursos”, indicó a través de un comunicado.

Condenaron el mal uso que se hace del nombre del partido y reiteraron su compromiso con las mejores prácticas de transparencia.

Se indicó que no es una práctica nueva, pues se ha detectado ese tipo de fraudes desde el 2014, cuando se presentaron las primeras denuncias.