VIDAL LLERENAS
Recientemente se modificó la legislación federal para otorgar a la Auditoría Superior de la Federación nuevas atribuciones. Una que pasó relativamente desapercibida fue la de adelantar la entrega de las auditorías de la Cuenta Pública del año anterior. La segunda entrega de hecho coincide con la discusión del paquete fiscal y la auditoría tuvo el buen tino de publicar en esa oportunidad los resultados a procesos con enorme relevancia para las políticas de ingreso y gasto como el presupuesto de gastos fiscales, el sistema de evaluación del desempeño, la deuda federal, etcétera. La auditoría encuentra hallazgos de enorme relevancia para mejorar la legislación tributaria y presupuestal, los mismos fueron básicamente ignorados. Es decir, ocasionalmente, algunas instituciones del país realizan su trabajo, en este caso la evaluación de la labor hacendaria del gobierno, pero sin consecuencia alguna.
Una de las fallas más serias que encuentra la auditoría en materia de transparencia tiene que ver con las obras del aeropuerto. Es imposible conocer el estatus de cada obra y cuál es la fuente de financiamiento de las mismas. La auditoría tuvo que analizar la información de 11 dependencias, dos entidades, dos fideicomisos no paraestatales y dos fideicomisos privados para saber que se han pagado 22,010 mdp, pagados del 2011 al 2016. Ni la Secretaría de Comunicaciones ni la de Hacienda tienen asignada la responsabilidad de la consolidación, registro y seguimiento de las erogaciones que se realizan por medio de fideicomisos que se derivan de la bursatilización de los derechos de la Tarifa de Uso Aeroportuario y de gasto presupuestal. La recomendación legislativa es tan sencilla como establecer en el presupuesto y en los informes financieros un anexo que permita identificar los rubros de gasto correspondientes a las dependencias y entidades que realizan trabajos vinculados con la construcción del nuevo aeropuerto y generar la información que permita conocer la carga financiera que el proyecto va a generar en el futuro.
La ASF también encuentra problemas serios de transparencia en los llamados aprovechamientos de capital. Se trata de ingresos por concepto de fondos y fideicomisos no paraestatales, de los que la SHCP hace uso libremente, durante el ejercicio fiscal, ya que no fueron considerados la estimación de ingresos original y de los que no se reportan de manera pormenorizada. Estos ingresos no están relacionados con la capacidad recaudatoria real del Estado mexicano, por lo que en realidad es una manera de financiar, de manera sistemática, gasto a cargo del patrimonio público. De hecho, se proponen modificaciones legales para que se reporte el detalle del origen y el destino del componente de cada uno de los excedentes de ingreso, su origen y su destino en el gasto.
Un problema de no conocer con exactitud el uso de excedentes, particularmente los registrados como aprovechamientos, fue que, de acuerdo con la ASF, durante el año 2016, 70% del remanente de operación del Banco de México no se utilizó en su totalidad para reducir el techo de deuda, que es lo que establece la legislación respectiva.
Otro problema serio de gasto que identifica la ASF es cuando se contratan bienes y servicios entre entidades públicas. En estos esquemas normalmente se utiliza a las universidades para evitar licitaciones y los procesos normales de control de gasto. Como en realidad las instituciones carecen de la capacidad técnica y humana para prestar los servicios, éstos son deficientes o en realidad los provee un tercero. Una investigación de prensa reciente, conocida como “la estafa maestra”, abunda en una irregularidad que de hecho ha sido señalada por la ASF en varias revisiones de gasto. Se propone que se establezca la obligación legal para que, dado el carácter excepcional de este mecanismo, el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes y el encargado de verificar su cumplimiento.
No se trata de las únicas recomendaciones. Otras tienen que ver con cambiar la estructura programática del presupuesto para hacer posible el presupuesto basado en resultados, mejorar el control, seguimiento y evaluación de los gastos fiscales, mejorar los mecanismos de control en los proyectos de infraestructura de Banobras, adecuar los procesos de determinación de los requerimientos financieros del sector público, entre otras. El punto es que no tomamos en serio a la ASF ni siquiera en lo que tendría que ser lo más elemental, tomar en consideración sus recomendaciones legislativas a la hora de discutir la regulación del ingreso y del gasto del país. Ojalá ese desinterés no se manifieste cuando se tenga que elegir al nuevo auditor superior, o ratificar al actual. Ojalá que evite la tentación de tratar de capturar a una institución que hace su trabajo.
