Solo un 36.3% de los habitantes en 2022 tenían confianza en sus gobiernos en Latinoamérica y el Caribe, una cifra en términos globales netamente inferior a la media de la OCDE, aunque con notables diferencias por países, y que más bien ha disminuido desde 2008.
Entre esos dos años, la confianza en los gobiernos ha disminuido en 3.9 puntos porcentuales en el conjunto de los 15 países considerados en el estudio de indicadores de gobernanza en Latinoamérica y el Caribe publicado este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La situación en la región es claramente peor que en la OCDE, donde el porcentaje de población que confía en su gobierno era del 47.5% en 2022, después de mejorar 3 puntos porcentuales desde 2008.
Democracies are facing unprecedented challenges, making policies and frameworks that help respond to these pressures more important than ever.
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— OECD ➡️ Better Policies for Better Lives (@OECD) March 13, 2024
Pero esa situación y la evolución en realidad tiene poco qué ver entre unos y otros países latinoamericanos.
Por una parte, la confianza ha sufrido una notable baja en los años considerados en el estudio en Colombia (34 puntos porcentuales, al 30%), Ecuador (30 puntos, al 21%), Chile (12 puntos al 39%) y Bolivia (11 puntos al 33%).
También ha caído, pero de forma mucho más moderada en Uruguay (7 puntos al 52%) y en la República Dominicana (2 puntos al 52%).
La evolución ha sido claramente positiva en Costa Rica, con 24 puntos porcentuales de mejora entre 2008 y 2022, cuando un 60% de los encuestados decían confiar en su Gobierno, la cifra más alta de todos los países de la muestra.
Después se encuentra México, con un 53% de personas que tenían confianza en su Gobierno, 12 puntos más que 14 años atrás.
Uno de los elementos que pesa en esa confianza es la percepción de que la corrupción está generalizada en el gobierno, una idea que suscriben un 75.5% de los latinoamericanos consultados en 2023, una cifra que ha crecido ligeramente respecto a 2013 (74.7%) y sobre todo que es muy superior a la de la media de la OCDE (53.6%).
En todos los países de la región, esa percepción de una corrupción generalizada es mayoritaria, pero es particularmente elevada en Perú (90%), Panamá (86%), Ecuador (84%), Colombia (83%), Guatemala (80%), Argentina (80%) y Bolivia (80%).
Más allá del agravamiento de la confianza, los autores del informe señalan varios retos que tienen planteadas las democracias latinoamericanas, en particular la desigualdad, la informalidad o el “espacio fiscal limitado” para afrontar problemas apremiantes como el cambio climático u otras cuestiones medioambientales.
Por lo que respecta a la desigualdad, hacen notar que ha ido a más con la espiral inflacionista durante los años 2022 y 2023, que ha afectado a los grupos que están en la parte baja de la escala social probablemente porque el aumento de precios afectó a elementos básicos como los alimentos y la energía, que constituyen una mayor parte del gasto de los más pobres.
