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México lamentó este viernes «la falta de voluntad concreta» de Estados Unidos en la lucha contra el tráfico ilegal de armas.

En entrevista concedida a la agencia EFE, al cierre de una reunión de Naciones Unidas en Viena, Fabián Medina, jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrard, reconoció que el «principal problema» que tiene México es la fragilidad en la larga frontera que comparte con Estados Unidos.

«Compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros. Por ahí pasan muchas cosas y el problema de México es que las armas con las que se surte la delincuencia organizada en México provienen de allí», señaló el funcionario.

Medina ejerció esta semana como presidente del grupo de trabajo sobre armas de fuego en la conferencia de la Convención de la ONU contra el crimen organizado.

«En México hay un estudio de la Secretaría de Defensa de que entre 2.5 y 3 millones de armas han entrado en el país en los últimos 10 años. Esto implica más o menos un flujo anual de 230,000 a 250,000 armas al año. Estamos hablando de 667 armas diarias, sin hablar de cartuchos. Eso es una barbaridad», añadió Medina.

La mayor parte de las armas ilegales que llegan a México proceden de Estados Unidos, el mayor fabricante y el mercado más grande del mundo que, además, tiene una normativa muy blanda a la hora de la compra y la posesión.

Detalló que a través de la frontera con EUA llega el 70 % de las armas del país, mientras que el resto procede en su mayoría de fabricantes de seis países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia y Rumanía.

Sin embargo, también los fabricantes europeos producen en Estados Unidos para ese lucrativo mercado, por lo que «prácticamente se convierte en un problema del 100 % proveniente de los EUA», señaló Medina.

Aunque reconoció cierta voluntad de diálogo por parte de Washington, afirma que cuesta mucho trabajo avanzar en las medidas que exige México, como un mayor control sobre la venta de armas y una mejor cooperación en diferentes campos.

«Nosotros queremos frenar al cien por cien el tráfico de armas. Nos va a costar trabajo, y más por la falta de voluntad concreta de EUA pero nosotros en México lo estamos haciendo», precisó el funcionario.

Indicó que si Estados Unidos está interesado en que México detenga el flujo ilícito de drogas hacia su país, deben estar interesados en que nuestro país desarticule las bandas criminales, y afirmó que las bandas criminales se desarticulan quitándoles capacidad de fuego.

«Lo que queremos ahí (en la frontera) es la participación de las fiscalías estatales, de las policías estatales de ambos lados de la frontera para sellar las rutas», indica.

Lamentó que el gobierno de Estados Unidos se ampare en la Segunda Enmienda de su Constitución para no atender el problema de la proliferación de cualquier tipo de armas.

«Estoy de acuerdo que se pueda adquirir un arma, una pistola, ¿pero necesitas un (fusil automático) R-15 que puede disparar 60 o 70 balas en 30 segundos?», pregunta Medina.

Sostuvo que el objetivo del gobierno mexicano es no es cambiar la Segunda Enmienda, sino que se venda con mejores prácticas.

Finalmenre, Medina mostró su preocupación porque en EUA se detectó un aumento en las ventas de armas durante la pandemia de COVID-19, con largas colas ante las armerías de algunas ciudades.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a la población de todo el país, a atender las indicaciones de los gobiernos estatales, esto al reconocer que entidad federativa ajusta los indicadores del semáforo federal a las particularidades que se presenten.

«Que no le distraigan estas discusiones totalmente infundadas de que hay un semáforo federal que conflictúa con el semáforo estatal, no. Hemos dicho desde el principio, nuestra responsabilidad desde la federación es tener un esquema general con una misma metodología que identifique los estados de acuerdo a su nivel de riesgo», explicó López-Gatell.

El también responsable de la estrategia nacional contra la pandemia del Covid-19, aseguró que la autoridad sanitaria estatal es completamente competente para adaptar el semáforo federal a las características específicas de su entidad, e incluso puede dividir el estado en regiones específicas.

Indicó que desde la Secretaría de Salud federal se respaldan las decisiones de todas las entidades federativas, en las adaptaciones que se hagan del semáforo epidemiológico.

«Respete, atienda, siga las indicaciones de su gobierno estatal y todas y todos contribuyamos al mismo propósito, que es disminuir los contagios», sostuvo López-Gatell.

Explicó que la Secretaría de Salud federal produce el semáforo todas las semanas, independientemente de que entre en operación semanal o quincenal como lo han solicitado los gobernadores.

Sobre las diferencias con los gobiernos estatales en cuanto a la implementación del semáforo, López-GatellLo aclaró que el instrumento no se negocia con los estados, «no está sujeto a negociación».

Explicó que el semáforo es un instrumento técnico, por lo que la SSA lo presenta a los gobiernos estatales para que cada uno sepa qué es lo que se identifica en cada entidad.

Ejemplo de ello dijo, una vez que el semáforo se presenta a los gobiernos estatales, algunos le han llegado a informar a la autoridad federal la puesta en marcha de hospitales Covid-19, con lo que buscan algún tipo de ajuste en el indicador; sin embargo, como no actualizaron la información en el sistema único oficial, no se puede tomar en cuenta al momento, hasta que se introduzca el dato por la vía indicada y así pueda verse reflejado en la calificación que se le asigna a cada estado.

«No es que de súbele, bájale, no hay negociación alguna, es un instrumento técnico», remató López-Gatell.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que se logró establecer una «estrategia conjunta» con el gobierno de Guanajuato, para combatir la violencia en el estado, ya que recordó que es el que más homicidios registra en el país.

«El gobernador ha decidido participar en la estrategia conjunta, independientemente de las diferencias que tenemos», dijo el presidente en la conferencia de prensa matutina, que hoy se realizó desde Irapuato, Guanajuato.

AMLO visita así el municipio donde a inicios de mes, un grupo armado atacó un centro de rehabilitación asesinando a 27 jóvenes.

López Obrador celebró el inicio de «una nueva etapa» en la relación entre las autoridades federales y estatales, pues reconoció que lo faltaba para lograr resultados en materia de seguridad, era una mejor coordinación.

«Como autoridades, tenemos la responsabilidad con el pueblo y en este caso, en vez de estarnos echando la culpa unos a otros, lo que se ha decidido es sumarnos para darle seguridad al pueblo de Guanajuato», dijo el presidente.

Por su parte, Rodríguez confirmó que tomó la decisión de asistir todas las mañanas a la reunión de seguridad estatal, para coordinarse con las autoridades federales mediante el análisis de la situación de violencia en el estado.

«Nos queda claro que es a través del Gobierno federal, en cuanto mas unión y comunicación haya, más resultados se pueden dar en detenciones de grupos delincuenciales. Por eso mi cambio de postura. Yo mencioné que no asistía ni asistiría a las mesas de seguridad», dijo el gobernador, quien admitió que su rechazo a participar en las mesas de coordinación «no abonaba nada a la construcción de la paz».

Diego Sinhue informó que desde el pasado 5 de julio, «cambió de postura», y ya acude a las reuniones de seguridad.

Sostuvo que el gobierno federal y el estatal están «más unidos que nunca» y que la presencia del presidente en Irapuato es una «gran muestra» de la preocupación por resolver el problema de la violencia.

Entrevistado en las inmediaciones de La Casa Blanca, el embajador de México de Estados Unidos, Christopher Landau confirmó que ya se dio respuesta a la nota diplomática que México envió a EUA sobre el operativo ‘Rápido y Furioso’.

Informó la respuesta se dio apenas el lunes pasado, luego de casi dos meses de que la cancillería mexicana enviara la nota diplomática.

“Se contestó y hay, la respuesta está dentro de la respuesta, ‘speaks for it self (Habla por si misma)”, dijo Landau a la periodista Dolia Estéevez, en el marco del encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Donald Trump.

Recordemos que el 11 de mayo, el canciller Marcelo Ebrard solicitó formalmente al gobierno estadounidense, información relacionada al operativo que entre 2009 y 2011, permitió la introducción de más de 2 mil armas a nuestro país provenientes de EUA.

La nota diplomática se presentó por instrucciones de López Obrador, quien le pidió a Ebrard solicitar información, luego de que el expresidente Felipe Calderón asegura que no se le notificó sobre el operativo.

 

Más de mil migrantes mexicanos que se encuentran de manera ilegal en los Estados Unidos serán repatriados en los próximos días en ochos vuelos, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

El Gobierno de México informó que acordó con el Gobierno de Estados Unidos la repatriación de más de mil connacionales, informó la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Un total de ocho vuelos saldrán de las ciudades de San Diego, California (cuatro vuelos) y Brownsville, Texas (cuatro vuelos), los días 19, 22, 26 y 29 de mayo con destino a la Ciudad de México.

El objetivo es repatriar de manera digna, segura y ordenada hasta 133 mexicanos por vuelo y facilitar el regreso a sus lugares de origen, destacó la Cancillería.

Previo a la salida de los vuelos, las autoridades estadounidenses llevarán a cabo los protocolos sanitarios para la detección temprana de síntomas de Covid-19, y precisaron que solamente abordarán el vuelo aquellas personas que a la fecha de la repatriación no presenten signos o se encuentren asintomáticas.

La cancillería indicó que a la llegada del vuelo, el equipo de Sanidad Internacional realizará una revisión preventiva de los connacionales, de acuerdo con lo establecido en el “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral”, para detectar signos relacionados con Covid-19.

Adicional, A su llegada a México, el Instituto Nacional de Migración recibirá a los connacionales para expedirles un certificado de repatriación y asistirlos para el regreso terrestre a sus estados de origen.

Los estragos económicos provocados por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 podrían provocar estallidos sociales, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) al recordar manifestaciones como las ocurridas en Chile, Ecuador o Francia en los últimos años.

El FMI advirtió que «algunos países siguen siendo vulnerables a que haya nuevas protestas (particularmente si las políticas para mitigar la crisis por el Covid 19 son percibidas como insuficientes o como injustas) más orientadas hacia las grandes corporaciones que hacia las personas».

El martes pasado en Sudáfrica, la policía disparó balas de caucho y gas lacrimógeno contra manifestantes en los arrabales de Ciudad del Cabo que protestaban por la falta de comida por el confinamiento. Cientos de personas expresaron su indignación frente a la Policía, lanzando piedras y levantando barricadas con neumáticos para protestar por raciones de comida que nunca llegaron.

En su informe semestral, el FMI señaló que las protestas son «más probables en países con un historial de corrupción generalizada, falta de transparencia en las políticas públicas y con pobres prestaciones de servicios».

Indicó que incluso los gobiernos con las mejores intenciones de aliviar el daño económico causado por la crisis pueden verse enfrentados a estallidos sociales. «Los manifestantes no son necesariamente los más pobres», precisó.

«Un creciente número de protestas han surgido en los dos últimos años en varios lugares del mundo, desafiando a los gobiernos y a los responsables de las políticas públicas a entender o a poder entender las raíces del descontento», señaló.

El informe señala como ejemplo una ola de protestas que comenzó con manifestaciones por un alza de los precios de algún producto o servicio y se convirtió en movimientos más amplios como ocurrió en octubre en Ecuador, donde una subida de la gasolina provocó un alzamiento que paralizó el país.

El FMI citó también ejemplos como el de Chile, donde un alza del billete de metro derivó en un movimiento masivo contra la desigualdad que logró que se convocara un plebiscito para cambiar la Constitución, o el de la crisis de los chalecos amarillos en Francia.

Los autores del informe instaron a los gobiernos a tomar medidas para reducir las posibilidades de que surjan estas protestas. Esto incluye una comunicación sobre sus políticas que sea clara y emitida con antelación.

El Banco Mundial (BM) pronosticó que los efectos de la crisis global por la pandemia de Covid-19 sumirán a Latinoamérica en una recesión con una contracción del PIB regional de 4.6% en 2020, influenciada por un debil crecimiento en años anteriores, las protestas en 2019 y la caída de los precios del petróleo.

«Para 2021 se espera un retorno del crecimiento de 2.6%», estimó el Banco Mundial (BM) previo a las reuniones de primavera con el FMI; advirtió que este año habrá recesión en las principales economías de la región, con una contracción de 5% en Brasil, 6% en México y 5.2% en Argentina.

La recesión también se presentará en Colombia, donde el PIB caerá 2%; en Chile será de 3%; y en Perú se registrará una caída del 4.7%.

«Los gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan el enorme desafío de proteger vidas y al mismo tiempo limitar los impactos económicos» de la crisis, dijo Martín Rama, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Rama resumió la situación como «calamitosa» y señaló que va a requerir «políticas dirigidas y coherentes en una escala raras veces vista anteriormente».

La crisis es generalizada y golpea a países que tenían un crecimiento sólido en años anteriores como Panamá, cuya economía se contraerá 2%, y también a Uruguay, que el año pasado tuvo un débil crecimiento levemente por encima de cero y en 2020 registrará una caída del PIB de 2.7%. La economía de Paraguay, que en 2019 cerró sin crecimiento, caerá 1,2%.

El BM señaló que si bien la región tiene experiencia con crisis financieras, la pandemia de COVID-19 representa una nueva dimensión, pues las medidas de confinamiento necesarias para contener el virus generan un impacto del lado de la oferta de bienes y servicios.

El organismo prevé además que la demanda de China y los países del G7 decaiga con fuerza, impactando a los países exportadores de materias primas en América del Sur y a los países exportadores de servicios y bienes industriales en América Central y el Caribe.

En América Central, Costa Rica tendrá una contracción económica de 3.3% este año; Nicaragua profundizará su crisis con una caída del PIB de 4.3%; y Honduras caerá en crisis con una retracción del 2.3%. En El Salvador, el crecimiento en 2019 dará paso a una contracción de 4.3%; lo mismo para Guatemala, cuyo PIB caerá un 1.8%.

Esta crisis global, que ha afectado al transporte, también será un golpe para el turismo, lo que tendrá un impacto severo en algunos países caribeños.

«Muchos hogares viven al día y carecen de recursos para enfrentar los aislamientos y cuarentenas necesarios para contener la propagación», explicó el BM. El hecho de que la crisis sea global implicará además un impacto en las remesas de los migrantes, que son fundamentales en muchas economías pobres.

El Banco Mundial advirtió que ante este panorama, «los gobiernos deberán asumir la mayor parte de las pérdidas».

La Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre efectos a largo plazo del brote de coronavirus en los países y la economía mundial y pidió una mayor cooperación internacional para combatir la pandemia.

«El COVID-19 es la prueba más grande que hemos enfrentado juntos desde la formación de Naciones Unidas», aseguró el secretario general de la organización, António Guterres, al lanzar un informe para abordar las respuestas a la crisis.

El informe de la ONU apela a los países para que sigan las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para lograr una respuesta de salud inmediata y así frenar la propagación del virus, incluyendo aumentar las pruebas, la cuarentena y el tratamiento.

La Organización indicó que la economía global puede contraerse este año alrededor de un 1%, frente al crecimiento del 2.5 % que se preveía, como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, un impacto que puede ser aún mayor si las restricciones para combatir la enfermedad se alargan hasta el tercer trimestre o si las medidas fiscales no son adecuadas.

En un informe, la ONU apunta que un paquete de estímulo bien diseñado, que dé prioridad al gasto sanitario para frenar el virus y que apoye económicamente a los hogares más afectados reducirá la probabilidad de una recesión profunda.

«Se necesitan medidas políticas urgentes, no sólo para contener la pandemia y salvar vidas, sino también para proteger a los más vulnerables en nuestras sociedades de la ruina económica y apoyar el crecimiento económico y la estabilidad financiera», apuntó en un comunicado Liu Zhenmin, el responsable del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas.

Según la Organización, las restricciones al movimiento y las medidas de confinamiento están teniendo ya un efecto muy duro en las economías de Europa y Norteamérica, sobre todo en sectores como el comercio, el entretenimiento, la hostelería y los transportes, que suponen más de un cuarto de los empleos.

Esos efectos se contagiarán muy pronto a los países en vías de desarrollo a través de los canales comerciales y de inversión, con una contracción del consumo que les afectará y que contraerá la producción manufacturera.

Como comparación, la organización recuerda que la economía global se contrajo un 1.7% en 2009 como consecuencia de la última gran crisis financiera.

El documento advierte de que los países en vías de desarrollo, especialmente los que dependen del turismo y la exportación de materias primas, se enfrentan a riesgos más pronunciados.

Como consecuencia, alerta la ONU, los Gobiernos pueden verse obligados a recortar sus presupuestos en un momento en el que es necesario expandirlos para contener la pandemia y apoyar el consumo y la inversión.

Las multinacionales de la industria farmacéutica se comprometieron este jueves a disponer de una vacuna contra el Covid-19 «en todo el mundo», en un plazo de 12 a 18 meses.

Decenas de ensayos clínicos están en marcha para poner a punto kits de detección menos caros y más precisos, así como un tratamiento o una vacuna capaces de combatir el coronavirus, que ya ha infectado a más de 230,000 personas y ha dejado casi 10,000 muertos en el mundo.

«Haremos todo lo posible para que la vacuna sea accesible a todos los que la necesiten», dijo Paul Stoffels, vicepresidente del comité ejecutivo de Johnson & Johnson.

«Es una promesa que la industria (farmacéutica) hace en conjunto», dijo el directivo en una videoconferencia organizada por la Federación Internacional de Fabricantes Farmacéuticos (IFPMA).

Los trámites administrativos pueden simplificarse y acelerarse en esta carrera contrarreloj, los recursos no faltan y las asociaciones del sector público y privado permiten disminuir el riesgo financiero por las grandes inversiones que exigen la investigación y la producción.

Sin embargo, advierten que tanto productores como autoridades de control no pueden transigir sobre la seguridad de una potencial vacuna, y por tanto no se puede acelerar el calendario de los ensayos clínicos y el estudio de los resultados.

«Tenemos tres ejes de trabajo: asegurar la distribución (…), redirigir la tecnología existente (…) y crear nuevos tratamientos, nuevas vacunas, nuevos tests de detección que contribuirán a erradicar el COVID-19», explicó David Ricks, consejero delegado de Eli Lilly and Company y presidente de Ifpma.

Por eso, los industriales estiman que llevará de 12 a 18 meses tener una vacuna autorizada en el mercado, precisó David Loew, vicepresidente ejecutivo de Sanofi y responsable de Sanofi Pasteur.

Una vez que la fórmula esté validada por las agencias de regulación, habrá que producir una cantidad suficiente y garantizar el suministro a todo el planeta.

Con el fin de superar los obstáculos a la producción y el transporte, los directivos de los grandes laboratorios han pedido a los Estados que «clasifiquen la industria farmacéutica entre los sectores esenciales» de la actividad del país, y permitan a los trabajadores a desplazarse hasta las plantas.

Las aerolíneas del mundo piden ayuda para sobrevivir a la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus,  Covid-19, que obliga a mantener a sus aviones en tierra.

El temor generalizado, los cierres de fronteras y las prohibiciones de viajes llevaron a anular unos 185,000 vuelos.

La pandemia «es peor que el 9/11 para la industria del transporte aéreo», dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en una conferencia de prensa en La Casa Blanca, en alusión a los atentados del 2001 en su país.

«Para fines de mayo de 2020, la mayor parte de las compañías aéreas del mundo irán a la quiebra», alertó por su lado la firma de análisis de mercados CAPA.

Frente a dicho escenario, las aerolíneas esperan ser rescatadas por las autoridades, de la misma forma que se rescataron a los bancos durante la crisis global de 2008.

Las compañías aéreas estadounidenses, que debieron suspender millones de vuelos y rutas transatlánticas, así como congelar los pedidos, necesitan 25,000 millones de dólares en forma urgente y otro tanto en créditos a corto y mediano plazo. «Debemos apoyar a las compañías aéreas. No es su culpa», dijo el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, sin anunciar medidas concretas.

Sus pares británicas pidieron más de 9.000 millones de dólares al gobierno.

Por su lado, el gobierno italiano se dispone a nacionalizar Alitalia. Según los medios, Roma previó otorgar 600 millones de euros para todo el sector aéreo del país, en el que Alitalia tiene el liderato.

Pero esa ayuda no está exenta de controversia, especialmente entre quienes criticaron los planes de rescate del sector bancario en 2008. Tampoco entre los grupos ambientalistas, que acusan al transporte aéreo, muy contaminante, de propiciar el cambio climático. Muchos países deberán decidir cómo priorizan las ayudas ante la amenaza de la recesión.

En tanto, las aerolíneas buscan reducir costos con recortes de empleos, cancelación de rutas, renegociación de contratos con proveedores y la utilización de aviones más pequeños y baratos.

Air France impulsará a partir del 23 de marzo un plan de desempleo parcial para todos sus empleados por un período de seis meses, una medida que afectará en promedio un 50% del tiempo de trabajo, según fuentes sindicales.

Air France-KLM prevé una reducción de entre 70% y 90% de su actividad al menos en los próximos dos meses. La alemana Lufthansa prevé suprimir «hasta el 90%» de su capacidad de vuelos de largo alcance y mantendrá apenas 20% de su capacidad para los trayectos cortos. Su filial austríaca Austrian Airlines suspenderá todos sus vuelos a partir del jueves y hasta el 28 de marzo.

En tanto, IAG, la casa matriz de British Airways, anunció que prevé una reducción de «al menos 75%» de su capacidad de vuelo entre abril y mayo.

El gobierno francés declaró una «guerra económica» al coronavirus, en la que no excluye la nacionalización de grandes empresas del país en peligro, para evitar una cascada de quiebras ante el freno de toda la actividad económica por el confinamiento de la población.

«Hay también una guerra económica y financiera. Será larga y violenta, y debe movilizar todos nuestra fuerza», declaró el martes el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, a la radio RTL, al día siguiente de que el presidente Emmanuel Macron declarara la «guerra» a la pandemia COVID-19.

Macron instauró restricciones estrictas a la circulación de las personas en toda Francia, que impactarán a la economía, en momentos en que muchas empresas ya están al borde del abismo.

Para limitar los daños, sobre todo una cascada de quiebras de empresas demasiado frágiles para soportar un cierre total de su actividad durante semanas, el gobierno va a inyectar en lo inmediato 45,000 millones de euros. La mayoría de este monto, 32,000 millones de euros, se utilizará para aplazar o cancelar las contribuciones a la seguridad social y los impuestos.

Foto: Twitter @euroefe

El gobierno de Nicolás Maduro acusó este miércoles a Donald Trump de lanzar «violentas amenazas» contra Venezuela, un día después de que el presidente estadounidense prometiera «aplastar la tiranía» que según él encabeza el líder socialista.

«Trump ofende e irrespeta al pueblo venezolano al proferir violentas amenazas contra su integridad y contra el gobierno constitucional, legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro», señaló en conferencia de prensa el canciller Jorge Arreaza.

Arreaza afirmó que Donald Trump es un «charlatán soberbio», en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos a Nicolás Maduro durante su discurso sobre el estado de la Unión.

En su aparición ante el Congreso el martes por la noche, Trump calificó al Gobierno del líder socialista de ilegítimo y sostuvo que «la tiranía de Maduro será aplastada».

Arreaza acusó a Trump de faltar el respeto a la soberanía de Venezuela y despreciar la paz por sus «ínfulas de emperador».

En ese sentido, recordemos que e líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más 50 países, fue uno de los invitados al discurso del Estado de la Unión que ofreció Trump la noche de ayer,

Trump no se ha reunido nunca con Guaidó, aunque sí recibió en la Casa Blanca en marzo del año pasado a su  esposa, Fabiana Rosales, a quien aseguró que estaba con ellos «al cien por cien».

Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional venezolana, como presidente interino de Venezuela después de que el líder opositor se proclamara el 23 de enero de 2019 mandatario encargado de ese país tras invocar la Constitución.

Sin embargo, desde mediados del año pasado, Trump ha dado señales de frustración por la falta de resultados en la estrategia de su Gobierno para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y llevar al poder a Guaidó.

Trump responsabilizó de los errores en esa campaña a su exasesor de seguridad nacional John Bolton, al que acusó el pasado mayo de querer meterle «en una guerra» en Venezuela, según informó entonces el diario The Washington Post.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que tras la visita de representantes del Gabinete de Salud al Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’, se confirmó que hay abasto de medicamentos para que los niños y niñas reciban sus tratamientos contra el cáncer.

Adicional, el mandatario reveló que el director del hospital, Jaime Nieto Zermeño, aseguró que aplicará la gratuidad en los servicios a los pacientes, medida que el gobierno ha pedido a la totalidad de Hospitales de especialidad.

Adicional, Nieto Zermeño externó su disposición a colaborar en la investigación que hará la Secretaría de la Función Pública (SFP), de la que se informó ayer.

AMLO dijo que no se mantendrá la contratación de servicios subrogados porque no se puede transferir las responsabilidades que tiene el estado en materia de educación, de salud a particulares. «Eso fue parte de la política neoliberal. Nosotros sostenemos que el Estado no puede incumplir su responsabilidad social. Hay un cambio completo”.

Por su parte el subsecretario de Salud de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que al recorrer las áreas de oncología, estancia corta y la clínica de terapias constataron que sí recibieron la vincristina y otros medicamentos oncológicos, los cuales han sido utilizados en las quimioterapias programadas.

“Se está dando la atención y nos dieron acuse de recibo de que los están usando y esto permitió al Hospital Infantil de México remplazar la deficiencia del servicio de proveeduría que tiene la empresa privada que, insistimos, mantiene un contrato vigente que viene de muchos años atrás”, subrayó.

Ante las especulaciones de la responsabilidad por el desabasto que reportaron las madres y padres de los menores, el subsecretario aclaró que el sistema nacional de salud está trabajando en una reserva de medicamentos oncológicos que se compraron desde el año pasado cuando apareció la crisis de metotrexato que permita tener una reserva que sustituya a los medicamentos cuando «la empresa privada no responde conforme a contrato”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció esta mañana que en gobiernos anteriores se cometía un fraude con la compra masiva de equipos tecnológicos y “se volvió una plaga», con la que dejaron «es un cementerio de equipos usados inservibles y muy costosos».

Afirmó que con motivo del apagón analógico en la administración de Enrique Peña Nieto se compraron millones de pantallas que fueron distribuidas entre la población y que constituyó otro fraude; “el apagón, parece canción».

López Obrador agregó que el programa de Enciclomedia, puesto en marcha en el gobierno de Vicente Fox, se creó como un sistema de educación en línea que estaba conformado por una base de datos que daría servicio a los estudiantes de primaria, no dio los resultados esperados y su costo alcanzó más de 23 mil millones de pesos.

Expuso que de acuerdo con la nueva Ley de Austeridad no se pueden adquirir nuevos equipos, y por el contrario se tiene que utilizar lo que se posee en el gobierno.

Sobre la visita que hizo este fin de semana por Oaxaca, AMLO aprovechó para prometer a pobladores de este municipio recuperar, a través del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), la obra de un hospital que fue abandonado desde hace 12 años.

“Aquí en Yaganiza está esta obra abandonada, es un hospital desde 2008, entonces le pido a Juan Ferrer del Instituto de salud del Bienestar que venga a Yaganiza que hable con las autoridades y hable con el pueblo y vamos a ponernos de acuerdo con el gobernador de Oaxaca para que se reinicie la construcción y funcione este centro de salud, este hospital, prometió el mandatario federal quien se retiró del lugar con urgencia pues, dijo, “no hay avión presidencial».

Prometió que a más tardar en 2023, un año antes de concluir su sexenio, se tendrán pavimentados caminos en todo Oaxaca.

También indicó que no se construirá la presa La Parota, en Guerrero, pues afirmó que «no se puede hacer ninguna obra en contra de la voluntad de la gente».

Explicó que no se construirán nuevas presas porque se modernizarán las que ya existen adquiriendo equipos de tecnología más avanzada.

Un avión comercial ucraniano con 176 personas a bordo, principalmente iraníes y canadienses, se estrelló este miércoles en Irán poco después de despegar de Teherán, sin dejar supervivientes.

El incidente se produjo en un momento de fuertes tensiones en Oriente Medio y sucedió poco después de que Teherán lanzara misiles contra tropas estadounidenses basadas en Irak.

Sin embargo, nada apuntaba que ambos acontecimientos estuvieran relacionados y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, exigió que se evite cualquier «especulación».

La televisión oficial iraní emitió imágenes del lugar del accidente en las que se ve a los socorristas de la Media Luna Roja iraní buscando en un terreno en el que hay restos materiales esparcidos.

El vuelo PS752 de Ukraine International Airlines (UIA) había despegado a las 06:10 hora local del aeropuerto Imán Jomeini de Teherán rumbo al aeropuerto Boryspyl de Kiev, pero desapareció de los radares minutos después.

El Boeing 737 se estrelló en unos terrenos agrícolas a unos 45 km al noroeste del aeropuerto, según medios estatales. Tanto responsables ucranianos como iraníes descartaron cualquier posibilidad de encontrar supervivientes.

La Autoridad de la aviación civil iraní anunció que se encontraron las dos cajas negras del aparato, pero descartó entregárselas a Estados Unidos. «No le daremos las cajas negras al constructor ni a los estadounidenses», señaló Ali Abedzadeh, director de la Organización de la Aviación Civil de Irán, citado por la agencia Mehr.

Según la diplomacia ucraniana, a bordo del avión iban 82 iraníes, 63 canadienses, 10 suecos, cuatro afganos, tres alemanes, tres británicos y once ucranianos, incluyendo a nueve miembros de la tripulación.

Citado por la agencia de información semioficial Isna, el vicegobernador de la provincia de Teherán, Mohamad Taghizadeh, precisó que había 15 niños en el avión. Otros trece pasajeros eran estudiantes de la universidad Sharif de Teherán, una de las más prestigiosas del país, según Isna.

La compañía UIA afirmó que el avión había sido sometido a una revisión técnica hace dos días.

El presidente ucraniano, que interrumpió sus vacaciones en Omán para volver a Ucrania, ordenó la apertura de una investigación y anunció que se inspeccionará «toda la flota aérea civil» ucraniana, independientemente de las causas del incidente.

Zelenski también advirtió contra posibles «especulaciones» sobre el accidente y pidió que no se difundan «versiones no verificadas de la catástrofe».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este martes que fue informaco acerca de que había disminuido «considerablemente» la «vigilancia extrema» en la embajada mexicana en Bolivia, un día después de que su gobierno emitió una queja por esta situación.

Y es que el gobierno mexicano expresó ayer su preocupación por lo que consideró una presencia excesiva de personal de inteligencia y de seguridad que «vigilan» tanto la residencia del embajador como la representación diplomática en la nación sudamericana.

Mientras tanto, la Misión Permanente de México en la OEA detalló en una carta que desde el 21 de diciembre unos 150 funcionarios policiales y de inteligencia de Bolivia rodean la residencia oficial mexicana en La Paz. Agregó que se intentó detener e inspeccionar el vehículo de la embajadora de México en el país sudamericano, como parte de «acciones intimidatorias».

«Tengo noticias de que aminoró considerablemente esta situación de vigilancia extrema en nuestra embajada en Bolivia», dijo AMLO en su conferencia de prensa matutina. López Obrador no dio más detalles, pero dijo que está «en espera de que se aclaren muchas cosas».

Las quejas de México llegaron después de que las relaciones bilaterales se vieran afectadas desde que López Obrador decidió el mes pasado dar asilo político al expresidente boliviano Evo Morales.

La cancillería de Bolivia informó el lunes en un comunicado que no acudiría a una reunión en México en enero entre los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

También dijo que evaluaba su permanencia en el organismo tras «la decisión del Gobierno de México de desconocer las atribuciones de la presidencia Pro Tempore que ocupa Bolivia en CELAC» este año.

Sin embargo, Efraín Guadarrama, Director General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la cancillería informó que en el transcurso de las últimas horas, se ha vuelto a incrementar el hostigamiento policial en la embajada mexicana en La Paz.

«Seguiremos denunciando el acoso a nuestros recintos diplomáticos y exhibiendo las violaciones a derecho internacional en Bolivia», indicó el funcionario a través de sus redes sociales.

Si hay un gobierno estatal que está haciendo bien las cosas en materia de seguridad, es el que encabeza Miguel Riquelme Solís en Coahuila, sostuvo la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Previo a la reunión con integrantes de la familia LeBarón en Palacio Nacional, la funcionaria dijo que es responsabilidad de cada municipio y estado garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

“Estuve en Coahuila y el gobernador dio su informe verdaderamente importante de cómo había disminuido la violencia en su estado. Saliendo del Congreso y ese momento le estaban informando de que se estaba llevando una emboscada. En ese momento el señor gobernador se trasladó», relató Sánchez Cordero.

Destacó la respuesta inmediata que las autoridades locales y federales, como el Ejército y la Guardia Nacional, tuvieron para atender la emergencia en el municipio de Villa Unión, donde se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad que dejó un saldo de 22 muertos.

Sánchez Cordero reprochó las voces que critican sólo al gobierno federal por el tema de la inseguridad y cuestionó a gobiernos locales y estatales sobre las acciones que implementan para detener el avance de las organizaciones delictivas.

“¿Qué hacen los gobernadores dentro de sus entidades federativas. ¿Qué hacen los presidentes municipales teniendo un modelo de policía que deberían tener?, comentó.