El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionará al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con una multa de 40 millones de pesos, además de que no podrá transmitir spots en radio y televisión por un plazo de un año, tras haber incurrido en delitos electorales.
De acuerdo con un proyecto de la Comisión de Fiscalización del INE, se determinó que el PVEM pagó unos 20 millones de pesos a casi un centenar de “influencers” para que promovieran el voto a su favor días antes de las elecciones del pasado 6 de junio.
Debido a ello, la Comisión determinó el castigo, el cual deberá ser avalado el próximo jueves por el Consejo General y en caso de haber impugnaciones, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Y es que tras más de un mes de investigación se concluyó que el Partido Verde incurrió en un delito grave al pedir a 95 personas que hablaran a favor del partido a cambio de un monto económico que habría ido desde los 15,000 pesos, hasta los 100 mil pesos.
Recordemos que el 6 de junio, día de la elección, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a 30 “influencers” retirar de sus perfiles de Instagram mensajes a favor del partido.
Entre personalidades que se vieron involucradas están personajes de televisión como Raúl Araiza, Bárbara de Regil, Ivonne Montero, Lambda García, Brandon Peniche, Raquel Bigorra, Laura G, Eleazar Gómez y Gabriel Soto, y cantantes como Karla Díaz y Regina Murguía. También se identificó a personajes que se dedican de forma particular a la creación de contenidos en YouTube, Instagram, TikTok u otras redes, como Alex Strecci, Fernanda Moreno, Pamela Voguel y Alan Sandoval.
Adicional, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, anunció el 10 de junio que los llamados “influencers” serían investigados por difundir de manera ilegal propaganda.
Además de esta sanción, el Partido Verde tiene abierta en su contra una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral por supuestamente usar empresas fantasma para financiar actividades y costear actos de campaña.
