Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y seis países europeos sostuvieron conversaciones conjuntas para discutir sus preocupaciones sobre la política energética de México, dijeron fuentes allegadas a la agencia Reuters.
Reuters señala que el encuentro diplomático es una muestra de cómo la actual política sobre energía, opuesta a la del gobierno anterior, inquieta a economías que tradicionalmente han sido algunos de los mayores inversionistas en México.
Funcionarios de Estados Unidos, Canadá y Europa expresaron en privado su preocupación de que la postura energética de México está erosionando las bases legales de contratos de miles de millones de dólares firmados bajo la administración previa.
El gobierno de AMLO niega que esté socavando esos acuerdos, pero ha insistido en que los contratos firmados en la pasada administración han dañaron al país, por lo que ha tratado de renegociar los términos de algunos de ellos.
En una reunión organizada el viernes en la mañana en Ciudad de México por la embajada estadounidense, diplomáticos de Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y los Países Bajos abordaron sus inquietudes y la mejor manera de transmitírselas a López Obrador, según personas familiarizadas con el encuentro.
Cuando se le pidió un comentario, la embajada de Estados Unidos respondió a Reuters que no discute públicamente sus conversaciones diplomáticas. Las otras embajadas ni la oficina de la presidencia en Palacio Nacional contestaron a solicitudes de comentarios.
Los detalles de lo que sucedió en la reunión no fueron claros de inmediato, aunque hubo una discusión sobre si hacerlo público o no, dijo una persona. Todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato, debido a la sensibilidad del asunto.
Los diplomáticos dijeron que los distintos gobiernos difieren sobre cuán abiertamente deberían comunicar sus quejas al mandatario mexicano, para que no sienta que lo están presionando y termine adoptando un enfoque más rígido.
López Obrador se ha comprometido a fortalecer el papel del estado en el sector energético, argumentando que la liberalización del mercado y la privatización de otras industrias en el pasado profundizaron la desigualdad en el país y alentaron la corrupción.
Recordemos que empresas de todo el mundo se comprometieron a invertir miles de millones de dólares en México bajo cambios constitucionales que abrieron el mercado de la energía, en particular para el petróleo y el gas, promulgados por el expresidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, AMLO ha puesto un freno al proceso de liberalización, argumentando que no ha producido beneficios para México; ejemplo de ello es quién tiene actualmente el derecho de operar un importante descubrimiento de crudo en alta mar, cuyo depósito estaría compartido entre la estatal Pemex y un consorcio de inversionistas privados liderado por Estados Unidos.
El año pasado, el gobierno federal molestó a varios países al amenazar con romper contratos infraestructura por unos 12,000 millones de dólares firmados bajo la administración de Peña Nieto, argumentando que fueron dañinos para los contribuyentes.
Los pasos del gobierno para fortalecer la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) han reducido los incentivos para que el capital privado ingrese a proyectos renovables, lo que nubla aún más la confianza de los inversores en México.
