Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer este miércoles el estudio ‘Compras públicas en México. Competencia: la gran ausente’, en el que analizó más de 350 mil compras realizadas por el gobierno federal durante 2018 y 2019.
Los recursos públicos asignados por concursos han disminuido de manera importante. En 2019, el porcentaje del monto por licitación pública disminuyó 12 pp respecto a 2018.
El monto asignado por adjudicación directa alcanzó el punto más alto desde 2013 (39%). #ComprasPúblicasMx pic.twitter.com/hwuSh8rNin
— IMCO (@imcomx) October 7, 2020
El estudio señala que el monto destinado a compras públicas durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue de 323 mil 782 millones 39 mil 728 pesos, a través de 184 mil 702 contratos; dicha cifra representa 73 mil millones de pesos más que en 2013, primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN).
En el último año del gobierno anterior, se destinaron 364 mil 037 millones 219 mil 485 pesos, a través de 169 mil 187 contratos.
IMCO recuerda que las licitaciones públicas, al ser concursos con convocatorias abiertas, permiten que exista mayor competencia en los procesos de compra, pues cuando hay más participantes y propuestas en las convocatorias, se puede encontrar mejor calidad a precios más bajos.
En ese sentido, revela que, durante el primer año de gobierno de López Obrador, el porcentaje del monto asignado por licitación pública disminuyó 12 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje del monto por adjudicaciones directas aumentó cuatro puntos porcentuales, pasando de 34.9% en 2018 a 38.9% en 2019.
En 2019, ya con el gobierno de la Cuarta Transformación, casi uno de cada dos pesos gastados fue mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
Advierte que las adjudicaciones directas representan un “foco rojo para la competencia”, ya que permiten la asignación de contratos a proveedores sin asegurar que estos pueden proveer las mejores condiciones de calidad y precio disponibles en el mercado; además, el IMCO señala que las adjudicaciones directas representan un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influida por acuerdos ilícitos.
Esto iría en contra de lo que ha denunciado y señalado el movimiento (ahora gobierno) que López Obrador ha encabezo por años.
El estudio también refiere que tanto en el gobierno de Peña Nieto como en el de López Obrador el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 70%. En los últimos cinco años, de 2015 a 2019, el porcentaje fue mayor al 80%.
Y aunque el gobierno de López Obrador está asignando la misma proporción de contratos por adjudicación directa que el gobierno de Peña Nieto, estos han representado mayor cantidad de recursos.
Otro dato que señala el estudio es que las empresas que más recursos recibieron durante el sexenio de Peña Nieto acumularon el 28% de los recursos totales de 2019, es decir 16 puntos porcentuales menos que en 2018 y 22 puntos porcentuales menos que en 2017. En tanto, las 100 empresas que más recursos recibieron durante 2019, ya con AMLO en el poder, acumularon el 41% de los recursos, mientras que durante el sexenio anterior dicho porcentaje no rebasó el 22%.
Así, el IMCO cuestiona los cambios en la concentración de recursos de las empresas que se da durante los cambios de administración.
Si las empresas que reciben los contratos fuera producto de la calidad de sus propuestas, bienes y servicios, el monto por contratos recibidos se debería mantener constante a pesar de un gobierno; ello lleva a preguntarse si con el cambio de sexenio, hay cambios de “compadres”.
