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El gobierno federal anunció este martes una campaña nacional para defender su polémica reforma eléctrica que envió al Congreso, esto luego del rechazo de la oposición a discutirla por la falta de apertura de los legisladores de la 4T en la negociación del presupuesto.

“Se va a iniciar una campaña en todo el país sobre el porqué de la reforma eléctrica, que la gente sepa. Cuando impusieron la llamada reforma energética en el gobierno anterior, la gente no se enteró”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa diaria.

Y aunque los diputados de Morena ya habían anunciado un ejercicio parecido, las declaraciones del presidente llegan después de que los líderes del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados declararan “muerta” la reforma eléctrica, porque el oficialismo se negó a negociar el presupuesto de 2022 aprobado el pasado domingo.

López Obrador defendió este martes su iniciativa, que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y revierte aspectos de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada en 2013.

“Ese debate quedó pendiente, es una asignatura pendiente, y ahora queremos que la gente se informe, que no haya manipulación porque estos corruptos sacaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios y eso lo vamos a aclarar”, sostuvo el mandatario.

La reforma causa controversia porque limita a 46% la participación de entes privados en la generación eléctrica, elimina los reguladores autónomos tales como la CRE y el CENACE, y prioriza el despacho de las plantas de la empresa del Estado, incluyendo las de combustibles fósiles, sobre las renovables de privados.

Recordemos que los legisladores de la 4T ampliaron el plaza para el debate y eventual aprobación de la reforma hasta abril de 2022.

Por su parte l coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, adelantó que habrá una movilización nacional, para informar al pueblo sobre la reforma eléctrica. “En próximos días vamos a salir en todos distritos para discutir, enriquecer, debatir bondades que representa reforma eléctrica en país para recuperar control de servicio público de energía eléctrica y asegurar la soberanía y seguridad nacional”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la multa que el INE impuso a Morena por el ‘diezmo’ que cobró a empleados municipales en Texcoco, Estado de México, cuando la ahora titular de la Secretaría de Educación, Delfina Gómez, encabezó la administración.

La maestra Delfina es una mujer honesta, no es una potentada, no vive como los dueños de El Universal, para ser claros pues, ni siquiera como Loret de Mola pues, que no es dueño de El Universal, sino nada más escribe ahí, y es la secretaria de Educación, y fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal, senadora y ahora secretaria de Educación, y les puedo garantizar que no tiene los bienes que tienen los dueños de El Universal, ni columnistas de El Universal, es una mujer honesta”, respondió el mandatario.

Señaló que los supuestos hechos que ahora le imputa el INE a Morena sucedieron en 2013, mientras que la denuncia se presentó en 2017, y es hasta ahora, 2021, que se sanciona. 

Atribuyó todo esto a una campaña para atacarla pues “ya ven a la maestra como posible “,  en referencia a la renovación de la gubernatura del Estado de México, que se llevará a cabo en 2023. Como es su costumbre, el presidente enfatizó que “no hay texto sin contexto”.

Recordó la trayectoria de de la la titular de la SEP, que dijo, fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal y candidata a gobernadora en el Estado de México, donde apuntó “ya saben lo que sucedió o ya imaginan”, en referencia a las acusaciones que su movimiento ha sostenido por años, sobre que el PRI hizo fraude para quedarse con la gubernatura.

Añadió que luego de la elección en el Estado de México, Delfina Gómez ganó con un amplio margen, con más de un millón de votos, un espacio en el Senado.

Sin embargo, AMLO reconoció que sí se pidieron los moches en Texcoco durante la administración de la morenista, aunque señaló que tenía una buena causa.

“Ahora resulta que el INE sanciona a Morena porque supuestamente cuando la maestra estuvo de presidenta municipal pedía, igual, moches, como lo del aeropuerto, pero ahí era para que compraran sillas de ruedas, y presentaron una denuncia por eso”, sostuvo el mandatario.

López Obrador resumió que Delfina Gómez es una mujer honesta.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la congruencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en torno a diversas acciones del funcionario, tales como su salida de vacaciones, su paseo por la Condesa pese a su contagio de COVID-19, así como algunas declaraciones que ha hecho.

AMLO celebró que su colaborador haya superado el COVID-19, y dijo que esta mañana el subsecretario se reincorporó a sus actividades luego de que esta mañana asistiera a la reunión de gabinete de seguridad, donde se le vio “sanó, eso es lo más importante, que está ya bien de salud”. Incluso dijo que durante la reunión “le aplaudimos” por su recuperación.

Específicamente sobre los señalamientos que se han hecho al desempeño de López-Gatell, AMLO dijo que se tratan de un “accesorio” que tiene que ver con la política; atribuyó todas las críticas a que es el subsecretario quien ha estado dando la cara e informando desde el inicio de la pandemia sobre su evolución. 

López Obrador aprovechó para asegurar que no hay un país en el mundo que haya informado más y de forma permanente sobre la pandemia que México

“Él ha estado expuesto, tiene que informar y a algunos no les gusta y lo cuestionan, lo atacan. Entonces, hay que ver eso también. Ya mañana va a estar él aquí y a lo mejor va a contestar lo que estás planteando. Ojalá no dedique mucho tiempo a eso porque lo que nos importa ahora más que nunca es que sigamos aplicando vacunas, esa es la prioridad, conseguir vacunas para vacunar lo más pronto posible”, esgrimió el mandatario.

Sobre el tema de la pandemia, AMLO indicó que si bien México y el mundo se ha enfrentado a dos olas de contagios de la COVID-19, está latente la amenaza de un tercer repunte de casos, por lo que dijo, es necesario aprovechar para seguir vacunando.

Indicó que esa debe ser la prioridad y no estar perdiendo el tiempo en cuestiones como si el encargado de la estrategia nacional contra la pandemia sale a caminar a la Condesa o no.

AMLO aseguró que en todo debe haber prioridades, y ahora la prioridad número uno en el país es que no se detenga la vacunación.

En ese sentido, indicó que así como este fin de semana llegaron más vacunas Sputnik V y mañana estará llegando otro cargamento de Pfizer, “estamos muy cerca de lograr dos envíos muy importantes, dos envíos muy importantes”, con los cuales se podría garantizar la vacunación de todos los adultos mayores del país, a más tardar a finales de abril con una primera dosis y maestros de estados con semáforo verde y amarillo.

El tiempo para lograr un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) se le acaba al exdirector de Pemex; el plazo que el juez del Reclusorio Norte concedió a Lozoya para lograr un acuerdo en relación al juicio que enfrenta por el delito de lavado de dinero vence este domingo.

El juez otorgó un plazo de seis meses para que el excolaborador de Enrique Peña Nieto legara a un acuerdo con la Fiscalía que frenara el juicio por el caso Odebrecht.

Por ello, la defensa del exdirector Pemex solicitó al juez la ampliación del plazo original, ya que hasta ahora, la FGR no le ha concedido al exfuncionario el criterio de oportunidad por el que él y su defensa apostaron

De no lograrse el acuerdo, y de no ser otorgada la ampliación del plazo, la Fiscalía tendría que proceder con la acusación formal en contra el exdirector de Pemex, esto luego de que Lozoya fuera vinculado a proceso desde mediados del año pasado.

Y es que denuncia que el exfuncionario presentó ante la Fiscalía, y en la que menciona a expresidentes, exsecretarios y exlegisladores, no ha permitido proceder penalmente en contra de los involucrados.

El equipo legal de Lozoya busca con su solicitud de ampliación del termino, lograr un acuerdo con la Fiscalía, o bien definir y preparar su estrategia de defensa ante un eventual juicio. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la posibilidad de ampliar el plazo hasta por un máximo de seis meses.

De igual forma, se informó que Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, también solicitará una prórroga para la conclusión de la investigación complementaria del caso en el que se encuentra involucrada.

Margarita Austin está acusada del delito de lavado de dinero y asociación delictuosa por presunto ocultamiento de sobornos que al parecer recibió su hijo, por parte de Odebrecht; derivado de la acusación, se encuentra en arresto domiciliario desde noviembre de 2019.

Con información de Animal Político

Los abogados de Donald Trump iniciaron la defensa del expresidente en su juicio político negando enérgicamente que tuviera papel alguno de incitación del asalto al Capitolio y dijeron que la acusación en contar del republicano está motivada por el “odio” y es parte de una “cacería de brujas” demócrata.

Los abogados dijeron a los senadores que Trump tenía derecho a cuestionar los resultados de la elección de 2020 y que al hacerlo, incluso en un discurso que precedió el asalto al Capitolio, eso no significó incitar los actos de violencia que se produjeron.

Trataron de volver los argumentos de los acusadores en su contra al comparar los cuestionamientos demócratas del triunfo de Trump en 2016 con la actitud de Trump en la última elección. Cuando Trump imploró a sus seguidores que “pelearan como demonios” el 6 de enero, eso no se diferenciaba con la retórica de los demócratas en cuanto a incitar a la violencia.

“Esta es retórica política que es prácticamente imposible de distinguir del lenguaje utilizado por la gente de todo el espectro político durante cientos de años”, dijo Michael van der Veen, uno de los abogados de Trump. “Innumerables políticos han hablado de luchar por nuestros principios”.

Después de una acusación que recurrió a imágenes violentas del asalto al capitolio, el juicio político pasó a los abogados defensores, que hicieron una concesión fundamental: la violencia fue tan traumática, inaceptable e ilegal como dicen los demócratas, pero Trump no la ordenó. Van der Veen dijo que el asalto fue realizado por personas que “secuestraron” para sus propios fines lo que debía ser un evento pacífico. Incluso dijo que habían hecho planes para ejercer la violencia antes de que Trump hablara. “Uno no puede incitar lo que iba a suceder”, añadió.

Reconocer los horrores de la jornada tuvo por objeto debilitar el impacto de los argumentos demócratas y apelar a lo que consideran el asunto medular del juicio, y con más posibilidades de ganar: si es que se puede considerar al entonces presidente Trump responsable de incitar el ataque del 6 de enero. Cinco personas murieron a causa del asalto al Capitolio y sus secuelas.

Es un argumento dirigido a los senadores republicanos, que quieren sumarse a condenar la violencia, pero sin llegar a condenar al ahora exmandatario. “No lo han vinculado en absoluto con Trump”, dijo David Schoen, uno de los abogados del expresidente.

El proceso podría culminar con una votación este fin de semana por parte de los senadores, que fungen como jurado.

En documentos legales y alegatos al inicio de la semana, los abogados de Trump dejaron en claro su posición, de que los responsables de los disturbios fueron los revoltosos que asaltaron el edificio y que están siendo juzgados por la justicia.

Al finalizar su presentación ayer, los demócratas utilizaron videos y palabras de la turba el 6 de enero para incriminar a Trump. “Nos invitaron a venir”, dijo uno. “Trump nos envió”, dijo otro. “Él va a estar feliz. Estamos luchando por Trump”. “Realmente creyeron que toda esta invasión fue por órdenes del presidente”, dijo la representante Diana DeGette. “El presidente les dijo que vinieran”.

El objetivo de los fiscales fue retratar a Trump no como un espectador sino como el “incitador en jefe” que durante meses difundió mentiras y estimuló a sus seguidores a no reconocer la elección.

Además de la condena, los demócratas piden que sea vetado de cualquier función pública federal en el futuro.

La jueza estadounidense Lauren F. Louis concedió este miércoles dos semanas más a la defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte para responder los argumentos que la Fiscalía que justifica su extradición por desvío de recursos y delitos electorales.

La jueza dio plazo hasta el próximo 30 de diciembre a los abogados de Duarte, quien se encuentra en prisión desde el pasado 8 julio en un penal federal de Miami, Florida, acusado de “malversación agravada y conspiración agravada”.

La defensa del exgobernador había pedido dos semanas más para preparar el caso, argumentando entre otras razones un brote del coronavirus SARS-CoV-2 en el centro de reclusión donde se encuentra su cliente, y la falta de tiempo para reunir declaraciones juradas de testigos “que han tardado más de lo esperado”.

El abogado Henry Bell detalló que recibió una llamada del Centro de Detención Federal (FDC) de Miami cancelando una visita legal debido a “las restricciones en la unidad de Duarte” debido a la pandemia y que este le confirmó esta semana que esa situación persiste.

La defensa de Duarte “no ha podido revisar y discutir el borrador de respuesta” a la Fiscalía, señaló Bell en una moción presentada la noche de ayer a la corte del Distrito Sur de Florida que llevará a cabo el juicio de extradición a partir del 14 de enero.

La jueza señaló que, a partir del 30 de diciembre, la Fiscalía de EUA que representa al gobierno mexicano, tiene dos semanas para responder a los argumentos que presente la defensa.

La defensa además argumentó que también necesitan más tiempo debido a que la jueza Louis, que escuchó los argumentos de ambas partes en noviembre pasado, aún no ha decidido sobre las mociones que presentaron que buscan desestimar el proceso. “Dependiendo del fallo de la corte, podría eliminar o afectar el alcance de cualquier audiencia” de extradición, señaló Bell en el documento.

Y es que el 30 de septiembre pasado la defensa solicitó “desestimar la denuncia de extradición, argumentando que todos los cargos penales subyacentes a la denuncia están prescritos por los estatutos de limitaciones mexicanos o estadounidenses”.

En la audiencia virtual de noviembre ambas partes analizaron la prescripción de cargos bajo la ley mexicana y la validez de una nota diplomática entregada por el gobierno de México a la Fiscalía estadounidense, en la que se amplían y detallan los cargos contra Duarte.

Duarte, quien ha alegado “persecución política” de su sucesor en el cargo, Javier Corral, está preso en una cárcel de Florida, pues la jueza le negó la libertad bajo fianza.

La que su defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pidió a una jueza de Miami, Florida en Estados Unidos que rechazara el pedido de extradición de su cliente, ya que es reclamado por la justicia de nuestro país por cargos de corrupción en México.

La audiencia fue a través de Zoom debido a la pandemia de Covid-19. Duarte estaba conectado desde la prisión por teléfono, con la ayuda de una intérprete que le traducía del inglés al español.

Al final de la audiencia, la intérprete le dijo a la jueza que el exgobernador quería hablar, pero tras ser consultados por la magistrada, los abogados de Duarte manifestaron que no era oportuno porque no habían preparado con antelación lo que iba a decir.

“Todo lo que diga quedará en los récords”, expresó la jueza Lauren Fleischer Louis, y permitió que el abogado Henry Bell se conectara con su cliente de manera telefónica inmediatamente después de la audiencia. La audiencia terminó y Duarte no habló en público.

“Voy a emitir una resolución tan pronto como pueda”, dijo la magistrada tras escuchar los alegatos de la defensa y la fiscalía sobre la extradición de Duarte. “Ha sido de mucha ayuda escuchar a ambas partes”, aseguró la jueza.

La audiencia fue convocada para abordar un pedido de Duarte con el fin de que se desestime su pedido de extradición. Su defensa alega que el exgobernador llegó a Estados Unidos sin saber que enfrentaba acusaciones en México y que fue arrestado fácilmente porque llevaba una vida pública, sin ocultamientos.

De acuerdo con el abogado Juan Murillo, la fiscalía no ha probado fehacientemente que Duarte era prófugo.

“El gobierno se basa en testigos no identificados no accesibles”, expresó el defensor en sus alegatos, y dijo que Duarte y sus familiares estaban dispuestos a atestiguar para demostrar que no era un fugitivo de la justicia al momento de salir de su país.

Según Murillo, las pruebas que ha presentado el fiscal Jason Wu no dan sustento al pedido de extradición. Cuestiona además la validez que tienen en el proceso dos cartas diplomáticas de la embajada de México en Estados Unidos donde se explica por qué se busca la repatriación de Duarte.

Según la defensa del exgobernador, no sirven porque no tienen firma, pero el gobierno estadounidense alega que ambas misivas representan la posición oficial de México y como documentos diplomáticos no la requieren. “Son comunicaciones oficiales entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, a pesar de que la defensa quiera denigrarlas”, dijo Wu sobre las cartas diplomáticas inicializadas y con sello oficial de la embajada.

La fiscalía también ha presentado como prueba la orden emitida por un juez mexicano, alegando que se trata de acusaciones que están vigentes y que las leyes de México no permiten que los acusados sean enjuiciados en ausencia.

Recordemos que la solicitud de extradición fue presentada por el gobierno de nuestro país a finales de 2019.

Duarte permanece detenido en una prisión federal de Miami desde julio pasado. Está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos durante su gestión en el gobierno estatal de Chihuahua.

El expriísta vive en Miami desde 2017 y ha pedido asilo en Estados Unidos, rechaza las acusaciones y asegura que hay motivaciones políticas detrás de su caso.

Tras haber quedado retirados todos los cargos que la justicia estadounidense había presentado en contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el general será trasladado hoy a México, según aseguraron sus abogados.

La defensa del exfuncionario federal aseguró desconocer si será juzgado en México.

“Como ha dicho su señoría en la corte, será trasladado sin demora, lo que significa para nosotros que pasará en algún momento del día de hoy”, dijo ante la corte del distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, el abogado de defensa de Cienfuegos, Edward Sapone.

Sin embargo, precisó que se desconoce la hora “por motivos de seguridad”, “pero saldrá rápido para estar con su familia como un hombre libre”.

Su equipo defensor, compuesto por seis abogados, afirmó además que por el momento se desconoce si el general será acusado y juzgado a su llegada a México, pese a que el Departamento de Justicia de EUA aseguró que pedían la retirada de todos los cargos contra Cienfuegos con el objetivo de que fuera investigado en nuestro país.

“EUA dice que quizás hay una investigación en México. No sabemos nada de eso, y si eso pasa, este equipo se irá a México para ayudar a los abogados de México, porque su nombre tiene que ser un nombre sin culpabilidad”, agregó Sapone.

El abogado detalló que Cienfuegos Zepeda será trasladado en un avión del gobierno de Estados Unidos, y que será acompañado por el cuerpo de Alguaciles estadounidense.

Sapone sostuvo que la retirada de cargos, dictada por la juez Carol Bagley Amon, “no ha sido una sorpresa” pese al carácter extremadamente inusual de esta decisión, tomada en base a un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia de EUA y la Fiscalía General de la República (FGR), mismo que fue anunciado ayer.

“Desde el momento en que el general fue detenido al llegar a Los Ángeles, cuando entró al país con su mujer y sus hijas, sabíamos que un día estaríamos hablando de una retirada de cargos o algún tipo de vindicación”, apuntó Sapone.

El fiscal interino del distrito este de Nueva York, Seth DuCharme, pidió a la jueza a cargo del caso de Salvador Cienfuegos, Carol Amon, que libere al de prisión exsecretario de la Defensa, y lo envíe de regreso a México escoltado por alguaciles.

Según diversos medios, la decisión concluye una intensa negociación secreta entre los gobiernos de México y de Estados Unidos, que prometieron seguir cooperando en la lucha antidroga.

“En reconocimiento de la fuerte colaboración en materia de aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, y en el interés de demostrar nuestro frente unido contra toda forma de criminalidad, el Departamento de Justicia tomó la decisión de buscar el retiro de los cargos criminales en Estados Unidos contra el exministro Cienfuegos, para que pueda ser investigado, y si es apropiado, inculpado bajo la ley mexicana”, señalaron el fiscal general estadounidense, William Bar, y Alejandro Gertz Manero, en un comunicado conjunto.

La fiscalía de Brooklyn acusa al general de cuatro delitos de narcotráfico y lavado de dinero por ayudar al cartel H-2 a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York entre 2015 y 2017, a cambio de millonarios sobornos.

Documentos judiciales presentados el lunes a la jueza Amon muestran que el gobierno estadounidense le pidió mantener la información sobre la desestimación de los cargos en secreto hasta la audiencia del miércoles, “porque su publicación podría causar daños a la relación del gobierno con un aliado extranjero”.

Pero la jueza pidió a los fiscales más explicaciones, y como no las recibió, decidió finalmente publicarlos.

El documento precisa que “consideraciones de política exterior delicadas e importantes que pesan más que el interés del gobierno (de Estados Unidos) para perseguir y enjuiciar al acusado”.

En esos documentos, el fiscal interino del distrito este de Nueva York, Seth DuCharme, asegura que Cienfuegos “abandonará voluntariamente Estados Unidos y será transportado rápidamente a México bajo custodia de alguaciles estadounidenses”.

DuCharme pide a la jueza que el retiro de los cargos no sea efectivo hasta que el acusado “entre y haya sido liberado en México”.

Recordemos que Cienfuegos fue arrestado a mediados de octubre a pedido de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, al llegar al aeropuerto de Los Ángeles. Desde entonces permanece detenido, inicialmente en esa ciudad de California y desde hace un par de semanas en Nueva York.

Si hubiera sido juzgado y hallado culpable en Estados Unidos, Cienfuegos enfrentaba una pena de diez años de cárcel hasta cadena perpetua.

Su detención tuvo lugar menos de un año después del arresto del exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna en Estados Unidos, acusado de narcotráfico por aceptar sobornos para proteger al cartel de Sinaloa.

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El secretario de Defensa en funciones de Estados Unidos, Christopher C. Miller, anunció este martes oficialmente la retirada de tropas de su país en Afganistán hasta dejarlas en 2,500 efectivos el 15 de enero de 2021, y un número similar en Irak.

Miller explicó que la decisión no supone un cambio de política, además de que es coherente con los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

Actualmente, Estados Unidos mantiene cerca de 4,500 militares en Afganistán y 3,000 en Irak.

La sustancial reducción de tropas ordenada por el presidente Donald Trump se producirá apenas unos días antes de la toma de posesión de su virtual sucesor, el demócrata Joe Biden.

Recordemos que Trump despidió el pasado 9 de noviembre el hasta entonces jefe del Pentágono, Mark Esper, una decisión esperada después de que el jefe militar se opuso al plan del mandatario de desplegar militares en la represión de las protestas contra la violencia policial que sacudieron el país.

A la par, y en el mismo mensaje a través de Twitter, el mandatario anunció la designación como nuevo secretario de Defensa en funciones de Miller, hasta entonces director de Contraterrorismo.

A finales de febrero, los talibanes y Estados Unidos firmaron un histórico acuerdo en Doha por el que los estadounidenses anunciaban la retirada de sus tropas en un periodo de 14 meses, al tiempo que los insurgentes se comprometían a evitar que el territorio afgano pudiera prestar apoyo alguno a actividades terroristas en el futuro.

Además, los talibanes se comprometieron a liberar a un millar de miembros de las fuerzas de seguridad afganas y Kabul debería hacer lo propio con otros 5,000 insurgentes, un proceso que tras sucesivos desacuerdos se completó en septiembre, lo que dio inicio ese mismo mes a las ansiadas conversaciones intraafganas en Doha.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es ni rentable ni competitiva, según el reciente análisis que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó sobre la actividad de la compañía en 2019.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 asegura que los subsidios dados por la CFE para abaratar la electricidad en el sector doméstico y agrícola, unidos a sus tarifas poco competitivas, al envejecimiento de su estructura y a la mala gobernanza, provocaron que la empresa “no fuera rentable ni generara valor económico para el Estado” en 2019.

Detalla que las pérdidas integrales en 2019 de la CFE fueron de 40 mil 382 millones de pesos.

“Cabe señalar que, aun cuando la CFE presentó algunos indicadores por encima del promedio de sus pares de mercado (como el de liquidez), la rentabilidad y la eficiencia de sus activos no son los óptimos cuando se comparan con el mercado, como resultado de las ineficiencias”, señala el informe.

Pese a su buen nivel de liquidez, la empresa estatal aumentó su endeudamiento y disminuyó su rentabilidad, a la vez que mostró un mal comportamiento en las pruebas para conocer sus posibilidades de quiebra, debido a que sus “resultados financieros no son los óptimos para considerarse una empresa con solidez financiera”.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha insistido desde el principio de su administración que los actores privados en el sector de la energía firmaron contratos “leoninos” con el gobierno para perjudicar a la CFE.

La Auditoría Superior de la Federación lo desmintió al afirmar que los “contratos legados tienen como finalidad minimizar los costos de suministro básico”. El informe asegura que “en general los costos de las empresas públicas subsidiarias de la CFE no son competitivos respecto de los costos de los productores externos de energía”.

El coste más bajo en el kWh lo consiguió la subsidiaria de la CFE Generación V, que incluyó la energía procedente de las 32 centrales de los productores privados, con un costo promedio ponderado de 0.82 pesos por kWh.

La ASF también señala la renegociación de cinco contratos de alquiler de gaseoductos con empresas privadas, que según el Gobierno debían implicar a la CFE un ahorro de 4,500 millones de dólares hasta 2025.

El ahorro que la revisión pudo documentar hasta 2025 es de 4,342 millones de dólares, pero estos se consiguieron aumentando diez años la vigencia de los contratos, lo que provocará que al final la CFE acabe pagando 6,836 millones de dólares adicionales a los estipulados antes de la renegociación de los gasoductos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la petición que formularan legisladores del PRI, sobre que el gobierno federal pague la defensa legal del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico.

“Cuando se trata de mexicanos que son enjuiciados, detenidos en el extranjero, se les apoya, hay asistencia consular, pero no se utilizan recursos para defender a ningún presunto responsable de delitos, no se está contemplando esa posibilidad”, aclaró AMLO.

Y es que los diputados del PRI presentaron ayer un punto de acuerdo en el Congreso para pedir que el gobierno asuma la defensa legal de Cienfuegos.

El mandatario dijo que independientemente de si es responsable o no el general Cienfuegos, a quien sí van a defender es al Ejército mexicano, que señaló, es una institución fundamental del Estado.

Sobre la detención del general Cienfuegos, el canciller Marcelo Ebrard sostuvo esta mañana que se le hizo saber al gobierno de Estados Unidos el “profundo descontento” de México con el hecho de que no se le haya compartido información sobre la investigación que realizaba.

Ebrard Casaubón adelantó que después de la elección presidencial que Estados Unidos tendrá el próximo martes, se fijará una postura más amplia, y se anunciarán otras acciones.

“Después del proceso electoral en Estados Unidos habrá más detalles, y otros seguimientos este tema, pero qué hemos hecho: primero, asistencia consular al general Cienfuegos por parte de las autoridades mexicanas, donde nuestra cónsul general estuvo desde el primer momento, porque tenemos que garantizar que tenga un debido proceso y su defensa, y que no se cometan atropellos y abusos; segundo, le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país; y tercero, se valorarán una serie de acciones subsecuentes en función de los elementos que se vaya presentando a lo largo del juicio”, sostuvo el canciller.

Sobre el tema, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, admitió ayer en un evento virtual del Instituto Baker que él sabía de la investigación que involucraba a Cienfuegos desde 2019, cuando asumió la representación diplomática.

Recordemos que las autoridades de Estados Unidos detuvieron el pasado 15 de octubre en Los Ángeles a Cienfuegos, quien estuvo al frente de la Sedena durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Afronta cinco cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Cuando uno pensaría que el PRI tendría que estar ideando una estrategia para ganarse a la opinión pública que desencantada y enojada con el desempeño del partido durante el sexenio pasado los abandonó y decidió darle el voto a Morena y sobre todo a Andrés Manuel López Obrador, sale la sorpresa de su postura frente a la detención del General Cienfuegos.

El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño presentó un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados solicitando que la Secretaría de Hacienda, ósea, el gobierno mexicano, asuma los costos legales de la defensa del General Cienfuegos, acusado y detenido en Los Ángeles, California, de haber recibido sobornos de los Beltrán Leyva a cambio de protección.

La detención es un tema de enorme relevancia para México; para la relación bilateral con Estados Unidos y para la lucha en contra del crimen organizado que tanto le ha costado al país en dinero, vidas e imagen.

El punto de acuerdo del diputado Angulo Briceño lo subió a twitter el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, así que se puede asumir que es la postura del partido. Bajo el argumento de los 54 años de servicio a México del General Cienfuegos y dado que en el país no hay una investigación abierta en su contra, el PRI, bajo el mando de Moreno y con el documento de Angulo Briceño, se inserta en un tema que hace ver al partido como defensor del crimen organizado y la corrupción.

Si, a Cienfuegos no se le ha declarado culpable en ninguna corte. Pero el primero en asumirlo como culpable fue el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del 16 de octubre en donde declaró “Quiero decir que, como en le caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del General Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno o en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades”. Y agregó que él no va a encubrir a nadie. “No podemos seguir con un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Imagínense la vergüenza que detienen al que fue jefe de la Policía con Calderón y ahora al Secretario de la Defensa del pasado gobierno”, remató el presidente.

Más tarde López Obrador intentó retirar lo dicho y decidió que mejor era esperar la sentencia. Pero ese golpe a la credibilidad del ejército ya estaba dado por el actual Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que es el presidente de México.

Golpe que, según fuentes consultadas con trato directo con el Ejército, tiene sumamente enojados a buena parte de las Fuerzas Armadas que simplemente no entienden como es que el presidente López Obrador, que se ha apoyado tanto en ellos, fue tan rápido en condenar a Cienfuegos.

En lugar de dejar al presidente López Obrador en su laberinto para que resuelva qué debe hacer su gobierno frente a un Estados Unidos que actúo unilateralmente en contra de uno de sus ciudadanos y ex funcionario de tan alto rango, el PRI decide presentar este punto de acuerdo para que la opinión pública los catalogue como defensores de posibles actos de corrupción.

Algunos en el Ejército estarán contentos con el PRI. Pero fuera de ellos, esta postura será vista como la prueba de que los errores del pasado siguen siendo defendidos por el corrupto Partido Revolucionario Institucional. Flaco favor se hace el PRI como oposición en la antesala de las elecciones del 2021.

 

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este viernes a sus críticos “no meterse” con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien desató polémica en redes sociales por la respuesta que dio a uno padre de un niño con cáncer.

“Es conmigo, no con ellos. Mi esposa no va a ser candidata a nada, ella no es primera dama, es una mujer independiente con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad”, expresó el mandatario.

Las declaraciones de López Obrador se dan luego de que Gutiérrez Müller desestimara una reunión con los padres que denuncian desabastecimiento de medicamentos para sus niños enfermos de cáncer. La respuesta que dio en redes sociales desató las críticas.

“No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”, respondió la también escritora.

López Obrador salió en defensa de su esposa, quien rechaza el cargo de primera dama, al argumentar que hay una campaña en contra de su familia porque su lucha contra la corrupción ha despertado “tanto coraje” contra el Gobierno.

“Han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo, entonces es conmigo. Yo soy el que estoy conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que estoy a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso”, declaró.

No es la primera vez que Gutiérrez Müller causa una polémica presidencial por sus tuits. El mes pasado arremetió contra el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por invitar a un foro virtual sobre racismo y clasismo al comediante Chumel Torres, quien se ha burlado en repetidas ocasiones de su hijo.

Meses atrás, Gutiérrez Müeller había cerrado su cuenta de Twitter, pues señala que es una red social que sirve para atacar y descalificar.

Sobre lo que sucede en las redes sociales, el presidente anunció que un representante de Twitter aceptó participar en una de sus mañaneras, para explicar cómo operan los bots. AMLO le solicitó a la compañía revelar “en aras de la transparencia” una lista de quiénes son sus principales clientes en México y cuánto invierten.

“Que esto incluya a personas físicas y morales, es decir, a ciudadanos, empresarios y a corporaciones, a partidos políticos, para saber quién es quién en la compra de servicios de Twitter”, manifestó.

El despacho Coello Trejo y Asociados, que encabeza Javier Coello Trejo, informó este martes que desde hace un mes ya no está al frente de la defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

A través de un comunicado,el abogado informó que la separación de la defensa de Lozoya se dio de común acuerdo con el exfuncionario y con su familia.

Explicó que la decisión se debió a que hubo “divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas”, pues recordó que el despacho siempre se ha caracterizado en ser leal a sus principios y convicciones.

Por ahora no se conoce qué abogado o qué despacho representará a Emilio Lozoya, pues la confirmación de los cambios en su defensa se dan luego de que se informara que el exdirector de Pemex aceptó su extradición a México, desde España, donde fue detenido en febrero pasado.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, indicó que Lozoya Austin aceptó ser entregado a las autoridades mexicanas, «ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados».

Lozoya enfrentará en México acusaciones por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, delitos derivados de la transferencia de 12.5 millones de dólares de Odebrecht y de Altos Hornos de México (AHMSA) a cuentas en Suiza ligadas a él y a su familia, que supuestamente sirvieron para adquirir dos residencias.

Tras conocerse la decisión de aceptar la extradición y colaborar con la FGR, la pregunta que se ha generado es qué hay detrás de este vuelco en la defensa de Lozoya Austin, luego de que pasaron más de cinco meses de que se formuló la solicitud de extradición y él la rechazó.

“Don Emilio logró amarrar una negociación para dar con un pez aún más gordo”, refiere la columna Bajo Reserva Exprés de El Universal, pues recordaron las declaraciones que su entonces abogado, Javier Coello, hizo en diversas ocasiones: Emilio Lozoya “no se mandaba solo”.

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, dijo este miércoles que se opone al uso de una ley que permite movilizar a los militares para frenar la ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial que se viven en el país.

“No apoyo que se use la Ley de Insurrección”, indicó Esper en una rueda de prensa, dos días después de que el presidente Donald Trump indicara que podría desplegar a los militares para controlar las movilizaciones.

El jefe del Pentágono indicó que el uso de fuerzas militares en activo sólo deberían ser usadas como un último recurso y sólo en las situaciones más urgentes y graves.

“Siempre he creído y sigo creyendo que la Guardia Nacional es más adecuada para prestar apoyo interno a las autoridades civiles en estas situaciones”, dijo el secretario de Defensa.

Casi diez días después de la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano que fue asfixiado por un policía blanco en Minneapolis, las movilizaciones continúan en las grandes ciudades como Washington, Nueva York, Houston y Los Ángeles, entre otras, pese al toque de queda decretado después de los disturbios del fin de semana.

Estas movilizaciones alcanzaron una dimensión no vista desde la década de 1960 durante las protestas por los derechos civiles.

El presidente Donald Trump negó este miércoles la información difundida que aseguraba que fue llevado por su seguridad al búnker de La Casa Blanca, el pasado viernes, por temor ante las protestas que se llevaban a cabo  en las inmediaciones.

El republicano aseguró que acudió al lugar solo para una inspección. “Fue un informe falso”, dijo Trump a Fox News, antes de explicar que sí entró al área segura, pero solo por un “breve periodo de tiempo”.

Según The New York Times, citando a una fuente no identificada, los guardaespaldas del Servicio Secreto llevaron a Trump al búnker el viernes por la noche.

Según Fox News, Trump fue llevado al búnker el domingo. El mandatario dijo que había bajado durante el día, no a la noche, como se informó, y que lo hizo en parte para llevar a cabo una “inspección”.

“Vas allí, algún día puedes necesitarlo. Vas allí, bajé, lo miré. Fue durante el día, no fue un problema”, sostuvo el mandatario. “Leí sobre eso, como si fuera una gran cosa. Nunca hubo un problema, nunca tuvimos un problema, nadie estuvo cerca de darnos un problema. El Servicio Secreto hace un trabajo increíble para mantener el control de la Casa Blanca”, agregó.