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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este martes que Naciones Unidas «no tienen mucha autoridad» para cuestionar a su gobierno sobre las desapariciones y el respeto a los derechos humanos en el país.

El mandatario respondió al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien la semana pasada lamentó que, a cinco años de expedir la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, México no haya actuado con firmeza para combatir dicho problema.

«Lo del señor de la ONU, respeto su punto de vista, aunque no tienen mucha autoridad porque ¿desde cuándo se creó lo de la oficina para desaparecidos? Hace cinco años”, manifestó López Obrador en su conferencia matutina.

Y es que nuestro país vive una crisis histórica de desapariciones al rebasar el año pasado la cifra oficial de más de 100,000 personas no localizadas desde que hay registro.

Pero el presidente cuestionó que, según él, la ONU calló durante los gobiernos anteriores al citar el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, cuyo juicio arrancó ayer en Estados Unidos acusando sus posibles nexos con el narcotráfico.

«¿Qué pasaba antes? ¿Qué hicieron cuando García Luna? ¿Qué hizo la ONU? Nada. Y todos esos organismos, la mayoría, están infiltrados por gente conservadora que solo denuncia cuando se trata de gobiernos progresistas y cuando se trata de gobiernos conservadores guardan silencio», reclamó AMLO.

El mandatario también acusó a los organismos internacionales de callar ante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú, donde más de 60 personas han muerto desde que iniciaron las movilizaciones en diciembre del año pasado.

«Ahí está el caso de Perú, están reprimiendo al pueblo, ¿y qué ha dicho la ONU, qué ha dicho derechos humanos de la ONU? Nada. La OEA (Organización de Estados Americanos) menos”, señaló.

López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con la promesa de «pacificar» al país, ha recibido críticas por no detener la crisis de asesinatos y desapariciones, aunque el gobierno ha insistido en referir una caída de más de 7% en homicidios  dolosos el año pasado, hasta los 30,968 asesinatos.

«Estamos trabajando todos los días con el propósito de garantizar la seguridad pública, como nunca se está protegiendo a los ciudadanos, hay elementos (de seguridad) suficientes en los estados con más violencia», afirmó López Obrador.

El nuevo plan de control migratorio anunciado por los Estados Unidos podría vulnerar los derechos humanos fundamentales, advirtió este miércoles el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

«El derecho a solicitar asilo es un derecho humano, independientemente del origen de las personas, de su situación migratoria o de la forma en que llegaron a la frontera», dijo Türk en una declaración.

El alto funcionario destacó que las medidas anunciadas van «en contra de la prohibición de las expulsiones colectivas y del principio de no devolución».

La semana pasada, el presidente Joe Biden anunció un nuevo plan migratorio que implica que personas que lleguen de forma irregular a la frontera sur de país serán objeto de expulsiones inmediatas y una prohibición de entrar en territorio estadounidense durante cinco años.

Como parte del plan, Biden permitirá el ingreso mensual de hasta 30,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que cuenten con un patrocinador financiero en el país y lleguen en avión para no sobrecargar a los agentes que patrullan la frontera.

Y es que muchos migrantes que buscan escapar de la pobreza o la violencia que se vive en sus países de origen emprenden una ruta llena de peligros para llegar a territorio estadounidense.

La economía estadounidense depende en gran medida de la mano de obra extranjera, además de que Biden prometió a su llegada a La Casa Blanca brindar refugio a los solicitantes de asilo y poner fin a las políticas de su predecesor, Donald Trump contra la inmigración irregular.

En noviembre pasado, las detenciones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron una cifra récord de 230.000 personas.

El tema fronterizo es una de las principales debilidades políticas de Biden, señalan especialistas; es una piedra en su camino para la reelección si se presenta a un segundo mandato en el cargo como tiene pensado según sus consejeros.

Hasta ahora Biden ha mantenido bajo perfil frente a las críticas de la oposición, pero también de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Ayer, durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en nuestro país, Biden volvió a destacar su nueva política migratoria, señalando que las acciones que su gobierno ha tomado han contribuido para bajar el número de migrantes que llegan a la frontera.

El tema migratorio fue uno de los asuntos centrales de la Cumbre, que reunió a los presidentes Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El principio internacional de no devolución garantiza que nadie debe ser devuelto a un país donde pueda sufrir torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron este miércoles su preocupación por el posible impacto negativo que el Tren Maya pueda tener en los derechos humanos de los pueblos indígenas y en el medio ambiente de la zona.

En un comunicado firmado por 14 relatores de la ONU y otros expertos, se expresó el temor a que la obra de 1,500 kilómetros, con una inversión de 20,000 millones de dólares, ponga en peligro los derechos a la tierra y los recursos naturales, a la cultura y a un medio ambiente sano y sostenible.

También denunciaron que defensores de los derechos humanos que han expresado similares preocupaciones en contra del megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han sufrido amenazas y ataques, así como un acceso muy limitado a tribunales independientes e imparciales.

Los expertos expresaron además su inquietud por el hecho de que el Tren Maya se haya elevado a la categoría de «proyecto de seguridad nacional», lo que en su opinión «permite derogar la aplicación de salvaguardias ambientales y sociales».

«Como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente», afirmaron los representantes de Naciones Unidas.

Uno de ellos, la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, Fernanda Hopenhaym, expresó en la nota su «gran preocupación» por la creciente participación del Ejército en la construcción y gestión del proyecto.

Los expertos pidieron a López Obrador que garantice en este proyecto una participación significativa de las comunidades afectadas, así como mayor transparencia a la hora de evaluar su impacto ambiental y en los derechos humanos «antes de cualquier decisión futura».

A las compañías multinacionales involucradas en la construcción, los expertos les acusan de «falta de debida diligencia en materia de derechos humanos».

«Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacer la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Mayo», concluye el comunicado.

Entre los firmantes del comunicado de hoy se encuentran los relatores de la ONU para la libertad de expresión (Irene Khan), para los defensores de los derechos humanos (Mary Lawlor), y para los derechos de los indígenas (Francisco Cali Tzay).

La Alta Comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, expresó este viernes su preocupación por la decisión del Senado de avalar el pase del control de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), es decir, integrarla en el Ejército.

Según ha expresado Al Nashif, la Constitución precisa que este cuerpo es de carácter civil.

Sin embargo, el Senado ha aprobó la noche de ayer la reforma por la que el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional pase a manos de cargos militares.

«Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México», denunció la Alta Comisionada interina.

«Los mecanismos de Derechos Humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes», añadió Al Nashif.

Enfatizó que la militarización de las fuerzas de seguridad «aumenta de forma constante» desde 2006, pero eso no se ha traducido en un descenso de la criminalidad. En cambio, denuncia, se ha producido un aumento de las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las cuerpos de seguridad.

Llamó a las autoridades de nuestro país a reforzar la supervisión civil en el sector de la seguridad y manifestó su preocupación por la reforma de la Constitución que se trata de llevar a cabo para permitir el uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública hasta 2028.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la aprobación de la reforma.

“Eso es lo más importante, que se aprobó la ley para que la Guardia Nacional (GN) esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), eso es muy importante», dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

«La Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la Policía Federal, que se pudrió”, agregó.

Sobre el voto en abstención que emitió el senador Ricardo Monreal, quien ha manifestado su intención de ser candidato presidencial, López Obrador dijo que no lo compartía aunque lo respetaba.

“Es su libertad (de Monreal), no estoy de acuerdo con su postura porque está avalando la falsedad y politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres, celebro que se esté aprobando la iniciativa”, afirmó López Obrador.

Aprovechó para criticar que hay legisladores y organizaciones que se opongan a la militarización de este cuerpo de seguridad. “Me sorprende la actitud de algunos legisladores, su nivel de cretinismo y la hipocresía que tienen”, apuntó.

En ese sentido, criticó que se conviertan en “paladines de la justicia y defensores de los derechos humanos” y señaló que en realidad son “unos reverendos farsantes”.

Los acusó de que no se preocuparon en los gobiernos pasados cuando, según él, había más muertos en los enfrentamientos entre la policía, las Fuerzas Armadas y los civiles.

Finalmente, afirmó que los elementos de la Guardia Nacional, así como el Ejército y la Marina, han apoyado en la seguridad de los estados en el país y negó que se vaya a cambiar la estrategia de seguridad.

“Vamos a seguir defendiendo el derecho a la seguridad y vamos a mantener la estrategia que ha dado buenos resultados y se puede probar en los datos”, remató.

Amnistía Internacional (AI) también rechazó “categóricamente” la aprobación de la reforma, al acusar que las y los senadores legalizaron la militarización del país.

La decisión «representa un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México», dijo Edith Olivares Ferreto, director ejecutiva de AI México.

Añadió que en los últimos 16 años se han visto “los desastrosos” resultados de la militarización de la seguridad pública en México y por ello llamó al Ejecutivo a diseñar un plan de retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las calles.

Dijo que se debe priorizar el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendientes a garantizar la seguridad pública. “Ya basta de violaciones de derechos humanos y la impunidad”, remató.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, deja el puesto este miércoles, quien agradeció a todos los defensores de Derechos Humanos con quienes compartió.

«Ustedes son una inspiración para muchos. Me ha impresionado ver como alrededor del mundo tantas personas defensoras de derechos humanos siguieron haciendo las preguntas difíciles sobre los déficit y deudas de derechos humanos, muchas veces a un gran costo personal», dijo Bachelet en un video publicado en sus redes sociales.

La expresidenta de Chile volverá a su país tras cuatro años en el cargo en Ginebra, donde reconoció en su última conferencia de prensa que los derechos humanos en el mundo no han avanzado, al citar obstáculos como la pandemia, la falta de voluntad política y la guerra en Ucrania.

Recordó que como muchos chilenos de su generación, se enfrentó a un gobierno oprsivo, que silenció de forma violenta las voces de quienes defendían la democracia.

Hizo un llamada a reunirse, debatir y escuchar para alcanzar acuerdos, ya que el reconoció que el mundo se encuentra en una coyuntura crítica.

Mencionó temas de importancia como el cambio climático, las crisis alimentarias y de combustibles, las desigualdades, el aumento de la violencia y los conflictos armados.

Alertó que hay intentos para acabar con los espacios de debate y crítica, además de los ataques contra defensores de derechos humanos, y enfatizó que los niveles de polarización han alcanzado niveles sin precedentes, mientras que el multilateralismo está bajo presión.

En el marco de su despedida, el gobierno de México reconoció el trabajo de Bachelet, con quien, aseguró, siempre hubo un diálogo “franco y abierto”.

«La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresa el más amplio reconocimiento por la labor efectuada por Michelle Bachelet, quien hoy culminó su nombramiento como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la primera mujer latinoamericana en ostentar dicho cargo”, dijo la cancillería.

La dependencia agradeció y reconoció “su denuedo y compromiso” en el cargo y recordó que siempre tuvo atención hacia México “buscando siempre mantener un diálogo franco y abierto. Reconoció su experiencia, capacidad de diálogo, madurez e integridad profesional y personal.

Recordó la visita de la alta comisionada en abril de 2019, cuando planteó una hoja de ruta para cumplir los compromisos de México en materia de derechos humanos.

Y destacó que durante esa visita se firmaron acuerdos de cooperación entre su oficina y el gobierno federal para fortalecer el trabajo de la Guardia Nacional y dar seguimiento al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014.

Finalmente, señaló que el gobierno mexicano hace votos para que Bachelet “continúe su estela de éxitos y reconocimientos en sus próximos proyectos, tal y como lo ha logrado hasta ahora”.

China acusó este martes que Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias extranjeras intentan sabotear sus relaciones internacionales orquestando críticas en torno al viaje de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelet Bachelet.

Beijing ha frenado durante mucho tiempo la misión de investigación encabezada por Michelle Bachelet, que se centra en las denuncias de confinamiento masivo, trabajos forzados y medidas de control de natalidad obligatorias impuestas a los miembros de las minorías musulmanas uigur y kazaja, entre otras.

El vocero del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, respondió a las críticas afirmando que «Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones occidentales han montado repetidamente farsas políticas en torno a la visita a China» de Bachelet.

«Primero han presionado abiertamente y han exigido con firmeza que la alta comisionada visite China y Xinjiang, y realizaron la llamada investigación con presunción de culpabilidad», dijo Wang durante su conferencia de prensa diaria.

Acusó que dichos países se lanzaron y no escatimaron en esfuerzos para perturbar y sabotear la visita, creando condiciones y obstáculos para la misma, agregó el funcionario.

Por otra parte, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, recibió a Bachelet en la ciudad sureña de Guangzhou y le transmitió que Beijing se opone a la «politización» de los derechos humanos y a la imposición de un doble rasero, apuntó el Ministerio de Exteriores.

Es el primer viaje a China de un alto comisionado de la ONU para los derechos humanos desde 2005.

Su visita se centra en las denuncias de abusos contra las minorías musulmanas en la región noroccidental de Xinjiang, pero los grupos de derechos temen que su visita ayude a blanquear los abusos.

Se estima que China encerró a un millón o más miembros de las minorías musulmanas, incluyendo la uigur y la kazaja, en lo que los críticos describen como una campaña para borrar sus distintas identidades culturales. Beijing asegura que no tiene nada que ocultar y da la bienvenida a quienes, sin prejuicios políticos, visiten Xinjiang y vean lo que catalogó como una campaña exitosa para restaurar el orden y la cohesión étnica.

Desde Guangzhou, Bachelet viajará a Kashgar, que en su día fue una parada de la Ruta de la Seda, y Urumqi, la capital de la región de Xinjiang, Tanto la ONU como China ha prohibido que medios extranjeros acompañen a Bachelet y no está claro ni con quién se reunirá ni cuánto acceso tendrá durante la visita.

El Partido Comunista chino no permite la oposición política y limita estrictamente la libertad de expresión, además del derecho de reunión y de expresión religiosa. China es además uno de los cinco miembros permanentes de Consejo de Seguridad de la ONU, lo que le concede derecho a veto, y ha firmado, pero no ratificado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos administrado por la agencia de Bachelet.

Beijing ha recibido críticas por negarse a condenar la invasión rusa de Ucrania además de por su estricta política de «cero COVID» frente a la pandemia del coronavirus, que ha alterado la vida de decenas de millones de ciudadanos y ha trastocado las cadenas de suministro globales.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este martes a las autoridades de México que redoblen los esfuerzos para acabar con la problemática de las desapariciones forzadas, un día después de que se anunciara que nuestro país ha rebasado la cifra de 100,000 desaparecidos desde 1964.

«El flagelo de las desapariciones es una tragedia humana de enormes proporciones», señaló la alta comisionada en un comunicado donde afirmó que «ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria».

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que dirige Bachelet también denunció la «abrumadora tasa de impunidad» en torno a estas desapariciones, ya que sólo en 35 de estos más de 100,000 casos han sido condenados los perpetradores.

Alrededor de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, mientras que aproximadamente una quinta parte tenían menos de 18 años en el momento de su desaparición.

La oficina también recordó que más del 97% de las desapariciones cuya fecha se conoce ocurrieron posteriormente a diciembre de 2006, «cuando México transitó hacia un modelo militarizado de seguridad pública».

Bachelet recordó en su mensaje a las familias de las víctimas, «que han sido clave para organizar y proponer soluciones, así como para lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México».

La alta comisionada, quien visitó México en 2019, recordó en concreto a Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo desapareció en 1975 y que hasta su muerte el pasado mes de abril ayudó a localizar con vida a 150 personas desaparecidas.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reconoció algunos pasos significativos de México para avanzar hacia la solución de las desapariciones, como la creación de comisiones de búsqueda en todos los estados o la fundación del Centro Nacional de Identificación Humano. También reconoce las comisiones para examinar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, así como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

La oficina recordó que en 2020 México reconoció la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, y se convirtió en el primer país en aceptar la visita de expertos de esta institución.

«Esperamos que estos pasos positivos allanen el camino para prevenir más desapariciones, esclarecer el paradero de las personas desaparecidas, mejorar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de las víctimas», subrayó Bachelet.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) suspendió este jueves a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo a raíz de la invasión de Ucrania.

De los 193 miembros de la asamblea, 93 votaron a favor, 24 en contra y 58 se abstuvieron, lo que puso en evidencia un debilitamiento de la unidad internacional contra Rusia.

Se trata de la segunda suspensión de un país del consejo, después de Libia en 2011.

Las abstenciones, condenadas por Kiev, no se tomaron en cuenta porque para una suspensión basta con el voto favorable de dos tercios de los países que se pronuncian a favor o en contra.

Entre los países que votaron en contra figura China, que lo considera una «iniciativa precipitada» que «añade leña al fuego» y un sienta un «precedente peligroso». También se opusieron Irán, Kazajistán, Bolivia y Cuba. Venezuela llamó a votar en contra pero ha perdido su derecho a voto debido a la acumulación de pagos pendientes. Como era de esperar, Rusia, Bielorrusia y Siria se opusieron a la resolución.

Pese a las presiones en los últimos días de Rusia para que los países votaran en contra, varios estados africanos, como Sudáfrica y Senegal, han optado por abstenerse al considerar que la resolución que suspende a Moscú «prejuzga los resultados de la comisión de investigación» creada en marzo por el Consejo de Derechos Humanos.

Brasil, México e India, actualmente los tres miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, también se abstuvieron.

Por la mañana en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya había adelantado que México se abstendría en la votación.

«Lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia ni estar en contra, nos vamos a abstener”, precisó. Detalló que la abstención, que él llamó «expulsión», también es una postura y que la ONU debe insistir en que se consiga la paz y el fin de la guerra en Rusia, la cual, dijo es un claro “fracaso de la política”.

Y acusó que la ONU no hizo nada por frenar el conflicto bélico “¿Qué no pudieron antes de que se desatara la guerra convocar a las partes? ¿Qué hicieron? ¡Nada!”, reclamó.

Aunque la posibilidad de excluir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos se comentaba desde hace semanas, Washington decidió dar el paso tras conocerse la matanza llevada a cabo en la localidad de Bucha, cerca de Kiev, donde las autoridades ucranianas acusan a tropas rusas de matar a cientos de civiles.

Creado en 2006 para sustituir a la fracasada Comisión de Derechos Humanos, el Consejo es el máximo órgano de Naciones Unidas en este ámbito y está compuesto por 47 países, elegidos para mandatos de tres años.

Su composición, que se decide en elecciones celebradas anualmente, ha sido criticada regularmente por incluir a Estados con historiales muy dudosos en materia de derechos humanos. Actualmente se sientan en el Consejo, entre otros, China, Cuba, Libia, Estados Unidos, Ucrania o Venezuela. Rusia, por su parte, ha sido un miembro habitual y ahora estaba en el segundo año de un mandato de tres.

La Asamblea General de Naciones Unidas votará mañana si suspende a Rusia del principal órgano de derechos humanos de la ONU.

La propuesta fue planteada por Estados Unidos en respuesta al descubrimiento de cientos de cadáveres después de que las tropas rusas se retiraran de las ciudades cercanas a la capital ucraniana, Kiev, lo que generó llamados para que sus fuerzas sean juzgadas por crímenes de guerra.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, solicitó que a Rusia le sea retirado su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de 47 miembros, a raíz de videos y fotos de calles en la ciudad ucraniana de Bucha cubiertas de cadáveres, aparentemente civiles.

Los videos y las informaciones reportadas desde la ciudad han provocado el rechazo y la condena de varios gobiernos, que han solicitado sanciones más duras contra Rusia. Moscú ha negado con vehemencia tener responsabilidad.

«Creemos que los miembros de las fuerzas rusas cometieron crímenes de guerra en Ucrania y que Rusia debe rendir cuentas», declaró Thomas-Greenfield esta semana «La participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos es una farsa».

La portavoz de la Asamblea General, Paulina Kubiak, dijo hoy que la sesión especial de emergencia de la asamblea sobre Ucrania se reanudará mañana, cuando se someta a votación la resolución que busca «suspender los derechos de membresía de la Federación Rusa en el Consejo de Derechos Humanos».

Aunque el Consejo de Derechos Humanos tiene su sede en Ginebra, sus miembros son elegidos por la Asamblea General de 193 naciones para que cumplan mandatos de tres años. La resolución de marzo de 2006 que estableció el Consejo de Derechos Humanos indica que la Asamblea puede suspender los derechos de membresía de un país si este «comete violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos».

La breve resolución que se someterá a votación expresa una «preocupación grave por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación Rusa, incluidas violaciones graves y sistemáticas y abusos de los derechos humanos».

Los grupos parlamentarios de PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa que tiene como fin crear un Sistema la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la expedición de una ley general, y la constitución de un instituto encargado de su aplicación, autónomo y descentralizado a fin de legitimar la libre expresión.

Lo anterior dijeron, ante la situación crítica que enfrentan en México las y los periodistas, y los activistas de derechos humanos.

Los coordinadores parlamentarios manifestaron su preocupación por la situación que periodistas mexicanos enfrentan, y alertaron que el problema se torna cada vez más serio al grado que ya ha traspasado las fronteras con los llamados hechos por la Organización de Periodistas Iberoamericanos y el gobierno estadounidense.“Prevemos con tristeza y pesar, que esta ola de violencia contra el periodismo continúe y queremos anticiparnos, intervenir para que siga habiendo una prensa libre en nuestro país”, afirmó el perredista Luis Cházaro, cuya bancada es autora de la iniciativa.Cházaro indicó que un factor indispensable para una democracia en el siglo XXI es que la prensa pueda hablar abiertamente de todos los temas y no de los que al gobierno le interesan, además de que puedan señalar a la delincuencia organizada, a los malos gobiernos y los actos de corrupción.La coalición Va por México retó a Morena y sus aliados a sumarse a esta propuesta y confirmar con sus votos a favor, los dichos en cuanto a la defensa y respeto a la libertad de prensa en el gobierno que ellos encabezan.El coordinador del PAN, Jorge Romero Herrera, indicó que lo que se plantea es una reforma constitucional que organice todo un sistema, que conste a nivel constitucional y legal, una efectiva protección a la labor del periodismo, “es increíble que seamos el país a nivel mundial de toda nuestra orbe, que sin estar en guerra, sean las compañeras y los compañeros periodistas los que más atentados contra su vida sufren, en un país que no está en guerra, somos el honrosísimo, y es obvio mi sarcasmo, primer lugar en todo el planeta”, refirió.Recordó que la bancada albiazul, propuso la semana pasada un proyecto de ley en donde se promueve que sea una responsabilidad penal el que algún funcionario público se meta contra la labor periodística.En tanto que el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, aseguró que tratarán que la iniciativa para crear el Sistema Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se dictamine y se lleve al Pleno, “y si no se dictamina, haremos público que no se dictaminó a favor y que no se quiere votar e incluso si no se vota en comisiones rápido, vamos a pedir que se discuta en el Pleno para que ustedes vean quiénes quieren y quiénes no, la seguridad de las y los mexicanos”.

El gobierno federal han quedado a deber en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dijo  Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

“Aún existe la necesidad de verdad y justicia, de familias que no se cansan de luchar contra un sistema de procuración de justicia que, aún con la voluntad y valentía de funcionarios, incluso de oficinas gubernamentales completas, les queda mucho en deber”, declaró en un evento virtual.

El funcionario participó en la presentación del informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que se dedica a la defensa de derechos en Guerrero.

El reporte dedicó un espacio al caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, un hecho que aún no se esclarece pese a las promesas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“El caso ha cambiado al país, al estado de Guerrero, a las organizaciones acompañantes y a las familias de las víctimas a siete años de ocurridos los hechos», indicó Fernández-Maldonado.

Recordemos que la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto promovió la «verdad histórica» que señalaba que policías corruptos en Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, quien los mató e incineró en un basurero de Cocula.

Sin embargo, tras la llega de López Obrador al poder, su gobierno reabrió la investigación y derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, que se encuentra lejos del basurero.

Aun así, el representante de la ONU-DH destacó la importancia de que la voluntad política vaya de la mano con resultados e información sustancial y relevante para la investigación.

El funcionario replicó las peticiones del informe, como el llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar que todo su personal y oficinas, más allá de la fiscalía especial, estén al servicio de la justicia y la verdad de este caso.

También pidió que que las autoridades utilicen todas las herramientas del sistema jurídico mexicano para identificar y erradicar la complicidad entre actores no estatales y estatales que obstaculizan el avance del caso. Exhortó a la Secretaría de la Defensa Nacional a contribuir mediante el acceso libre a toda la información relevante.

«Las omisiones o negligencias que dificultan o impiden el acceso a la información deben ser investigadas y sancionadas”, concluyó.

El Comité contra la Tortura de la ONU pidió este martes al gobierno de la Cuarta Transformación que «deje de criminalizar» la defensa de los derechos humanos y las protestas sociales.

«La detención y tortura de un defensor de derechos humanos pone a la luz la criminalización de la protesta social», concluyó el comité, según un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

El comité hizo este exhorto tras concluir que Damián Gallardo Martínez, docente y activista por los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la educación, fue víctima de tortura en nuestro país.

El organismo recordó que Gallardo Martínez, miembro del pueblo indígena ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec de la región mixe, promovía la educación en comunidades indígenas de Oaxaca, en el sur de México, y participó en protestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Pero en mayo de 2013, siete policías irrumpieron en su casa mientras descansaba y lo arrestaron sin orden judicial, según relató la ONU, para acusarlo de participar en el crimen organizado y en el secuestro de dos jóvenes, sobrinos de «uno de los empresarios más importantes de México».

«Gallardo Martínez fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencer de la capacidad de sus agresores de infligirle dolor o incluso la muerte”, comentó Peter Vedel Kessing, miembro del comité.

Recordó que las autoridades trasladaron a Gallardo Martínez a un penal de máxima seguridad en Guadalajara donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público solicitó el desistimiento del caso en diciembre de 2018.

Pero durante este tiempo, el activista fue «golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día», según el dictamen del comité de la ONU.

«Los familiares directos del Gallardo Martínez también son víctimas indirectas debido al impacto psicológico y emocional de la tortura sufrida por él y por la estigmatización y el acoso que enfrentaron. Por lo tanto, también tienen derecho a una reparación integral”, agregó Vedel Kessing.

Y es que a pesar de que los hechos que investigó la ONU ocurrieron durante la pasada administración, el exhorto  ocurre mientras el país afronta una crisis de violencia contra activistas de derechos humanos, pese a la promesa del gobierno de López Obrador de que las cosas serían distintas y que se brindaría apoyo a los activistas.

Apenas en julio pasado, la Secretaría de Gobernación reconoció el asesinato de al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas durante la actual administración.

El comité de la ONU concluyó que el proceso contra Gallardo Martínez «se enmarca en un patrón de criminalización de las protestas sociales».

Foto: Twitter @ONUDHmexico

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación del caso de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio en 1994, por violaciones graves a sus derechos humanos.

Además, la CNDH señaló violaciones a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso.

En un comunicado, la CNDH indicó que tras investigar el caso determinó que la tortura en contra de Aburto fue ejecutada por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y del Ministerio Público, desde la detención, en marzo de 1994, hasta las primeras diligencias ministeriales y en su traslado a la cárcel.

También se acreditó que personal médico y custodios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, «incurrieron en actos de tortura», además de que lo dejaron incomunicado y alejado de su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno.

«Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos; por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima», apuntó la Comisión.

La CNDH dijo que la nueva investigación tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas.

Recordemos que el 23 de marzo de 1994, Colosio encabezó un mitin en Tijuana y al bajar para saludar a la gente un hombre le puso un revólver cerca del oído y le disparó en la cabeza y en el abdomen, falleciendo menos de dos horas después en el hospital.

Si bien en aquel momento se detuvo al presunto asesino material, Mario Aburto, quien actualmente cumple condena en prisión, las investigaciones se prolongaron durante años en busca de un posible autor intelectual o de un complot.

Hace dos años, cuando el caso cumplió 25 años, la familia de Mario Aburto envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidiéndole que reabriera el caso. El 25 de marzo de 2019 López Obrador, anunció que había leído la carta y afirmó, en aquel momento, que se estaba evaluando reabrir el caso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó esta tarde la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Senado de la República, en la cual impugnaron el Decreto publicado el 8 de noviembre de 2019 por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación.

En la discusión, el Pleno determinó que el proceso legislativo que dio origen a dicho Decreto fue válido, pues durante su tramitación no se cometieron violaciones con potencial invalidante.

No obstante, la mayoría de Ministras y Ministros determinó que los artículos 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, el cual establece como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, y el 167, párrafo séptimo, fracciones I, II, III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, son inconstitucionales.

Las Ministras y Ministros señalaron que el legislador se excedió al calificar tales delitos como amenazas a la seguridad nacional, pues no se trata de conductas que atenten directamente contra esta última, y, por ende, tampoco fue válido que los calificara como delitos que ameritan prisión preventiva.

Coincidieron en que el legislador secundario no está autorizado a ampliar el catálogo constitucional de delitos de prisión preventiva oficiosa.

Otros Ministros consideraron que las normas eran inconstitucionales ya que, de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional que sólo puede dictarse cuando existe un riesgo comprobado de que la persona evadirá la acción de la justicia o afectará la investigación, sin que sea suficiente la peligrosidad del sujeto o el tipo de delito, pues de lo contrario se vaciaría de contenido el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.

Por tanto, dado que las normas en cuestión imponían la prisión preventiva de forma oficiosa, es decir, en automático considerando únicamente el tipo de delito, estimaron que las mismas resultaban contrarias a los derechos humanos reconocidos por la Constitución.

Así, se invalidaron las normas que calificaban como amenaza para la seguridad nacional a los delitos de defraudación fiscal, contrabando y los relacionados con los comprobantes fiscales falsos, para los que se preveía prisión preventiva oficiosa.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas protege actualmente a 1,506 personas, un 88% más que al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a fines de 2018.

De ellos, 495 son periodistas (136 mujeres y 359 hombres) y 1,011 defensores de derechos humanos (543 mujeres y 468 hombres) en un universo estimado de 203,700 periodistas y 39,000 organizaciones de la sociedad civil, según informó este martes la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración detalló junto a Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, los datos actualizados y el funcionamiento de dicho mecanismo.

El 54% de los periodistas incorporados al mecanismo se concentra en seis estados: Ciudad de México (76), Guerrero (56), Tamaulipas (46), Quintana Roo (41), Sonora (26) y Veracruz (26). El 57% (583) de los defensores de derechos humanos, se concentran en seis estados: Ciudad de México (126), Oaxaca (123), Chiapas (93), Michoacán (92), Jalisco (79) y el Estado de México (70).

Detallaron que entre 2017 y la fecha, fueron asesinados siete periodistas y dos defensores de derechos humanos que estaban incorporados al mecanismo. A nivel nacional, de diciembre de 2018 a septiembre de 2021 se registraron 47 homicidios a periodistas y 94 a defensores.

Los funcionarios explicaron la ruta a seguir para implementar mejoras en el mecanismo. En primer lugar, buscarán la «modificación del marco normativo en la materia» así como «un sistema nacional de prevención y protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que establezca con claridad la corresponsabilidad y competencias de las instituciones del Estado mexicano en esta materia».

También se enfocarán en impulsar en las fiscalías el seguimiento de las investigaciones de los casos de agresiones contra periodistas y defensores, y garantizar las sentencias por parte de la autoridad judicial. Por último, y de manera inmediata, firmarán convenios de colaboración con los gobiernos de los estados para generar prevención contra agresiones y amenazas y establecerán protocolos estrictos de seguridad que deben atender los beneficiarios.

El presidente Joe Biden reunirá en diciembre mediante videoconferencia a líderes mundiales para una «cumbre por la democracia», convocatoria que ha sido catalogada como un desafío a China y una alternativa al encuentro tradicional del G20.

La reunión virtual, que se celebrará el 9 y 10 de diciembre, congregará a jefes de Estado y de gobierno, así como representantes de la sociedad civil y del mundo económico «de un diverso grupo de países democráticos», informó La Casa Blanca en un comunicado.

Un año después, Biden planea reunir de nuevo a los mismos participantes, preferiblemente en persona, para evaluar los avances sobre tres temas principales que se discutirán desde esta primera edición: defensa contra el autoritarismo, lucha contra la corrupción y promoción de derechos humanos.

La Casa Blanca no especificó qué países están invitados a esta cumbre que se presenta.

Recordemos que los líderes del G20, que está integrado por las principales economías e incluye regímenes autoritarios como China y Arabia Saudita, deben reunirse a fines de octubre en Italia.

«El desafió de nuestro tiempo es demostrar que las democracias pueden mejorar las vidas de sus ciudadanos y atender los grandes problemas que enfrenta el mundo», explica el comunicado, retomando un tema recurrente de Biden.

El mandatario estadounidense ha expresado su deseo de asumir nuevamente el rol de «líder del mundo libre» que tradicionalmente se otorga al ocupante de La Casa Blanca, luego de las políticas aislacionistas de su antecesor, Donald Trump.

La Casa Blanca describió la cumbre como una oportunidad para los líderes mundiales de escucharse unos a otros y a sus ciudadanos, compartir éxitos, impulsar la colaboración internacional y hablar de manera honesta sobre los desafíos de la democracia en el mundo.