Tag

derechos humanos

Browsing

La creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en proyectos del gobierno en nuestro país generan preocupación en materia de respeto a los Derechos Humanos y de transparencia, declaró este miércoles el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México.

Guillermo Fernández-Maldonado, quien asumió la representación en septiembre del año pasado, dijo que existen riesgos al asignar labores de seguridad pública a integrantes del Ejército, ya que éstos cuentan con un entrenamiento diferente al de una corporación policial de carácter civil.

«Hay pautas al respecto porque estamos hablando de cuerpos diferentes entrenados para situaciones diferentes y que incluso las órdenes operativas, el tipo de armamento corresponden a situaciones de conflicto armado o de guerra», declaró Fernández-Maldonado en entrevista con la agencia The Associated Press (AP).

A esto se suma el riesgo de se registren violaciones a los Derechos Humanos al conferir labores policiales a fuerzas castrenses.

Fernández-Maldonado dijo que, ante la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de conferirle a las Fuerzas Armadas el control de proyectos de infraestructura y otras áreas administrativas, el gobierno debe aplicar criterios para transparentar la utilización de recursos.

Recordemos que el gobierno federal ha encargado a las Fuerzas Armadas la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles; la administración de aduanas y de puertos; las operaciones y ganancias generadas a través de Tren Maya, entre otros proyectos.

«Otro aspecto que me parece fundamental es el tema de rendición de cuentas, es decir, tradicionalmente ha sido difícil, y no sólo en México, sino en muchos países, la rendición de cuentas por parte del Ejército, muchas veces con el argumento de seguridad nacional», agregó Fernández-Maldonado.

El exrepresentante adjunto de ONU-DH en Colombia reconoció que se han logrado avances en el plan para capacitar en materia de Derechos Humanos a los elementos de la Guardia Nacional, creada por López Obrador y que está conformada principalmente por integrantes de las Fuerzas Armadas que fueron transferidos a la agencia policial.

Fernández-Maldonado aprovechó para comentar sobre el tema migratorio que afecta a la región, Dijo que los gobiernos de México y Estados Unidos deben trabajar de forma conjunta, a través de proyectos de inversión, para atender las causas que ocasionan el desplazamiento.

Al respecto, Amnistía Internacional alertó sobre el hecho de que pese a rechazar la militarización del país, el gobierno de López Obrador ha desplegado más efectivos militares como parte de su estrategia de seguridad pública que las administraciones de sus predecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón

En el apartado de las fuerzas de seguridad, la organización expresó su preocupación ya que se siguen realizando detenciones arbitrarias y recurriendo a un “uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”.

El informe destaca que AMLO emitió en mayo del año pasado un decreto que permite mantener el despliegue de Fuerzas Armadas para operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024, a pesar de que dicho decreto “carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió en defensa de su colaboradora Sanjuana Martínez, directora de Notimex, quien fue señalada por el gobierno de Estado Unidos de ordenar atacar en redes sociales a diversos periodistas.

El mandatario criticó al gobierno de Estados Unidos por el informe que presentó el Departamento de Estado, y en el que se exhiben diversos casos de violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

«¿Por qué el Gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? ¿Por qué se lanzan en contra de Sanjuana, que ya la volvieron famosa?», cuestionó AMLO.

Sobre Sanjuana, a quien él nombró para encabezar Notimex, que lleva más de un año en huelga, ante la falta de acuerdos con la Dirección sobre la revisión al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), y por diversas violaciones al contrato colectivo de trabajo, principalmente despidos que la nueva directora instruyó a su llegada.

AMLO dijo que es una mujer que tiene todo su respeto. «Es la directora de Notimex, una periodista consecuente, porque se enfrentó a grupos de intereses creados (…) es una mujer que tiene todo nuestro respeto, una buena periodista».

Al referirse a Artículo 19, el mandatario acusó que la organización está financiada por empresas extranjeras, incluso por el Departamento de Estado. «Está apoyado por el extranjero; pero además, toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra, te lo puedo probar, todo lo que les estoy diciendo».

Las declaraciones de López Obrador se dan luego de publicarse el informe anual de derechos humanos que realiza el Departamento de Estado de Estados Unidos, que en esta ocasión corresponde al último año del Gobierno de Donald Trump, y en el que se señala a la directora de Notimex de ordenar a periodistas «eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios», además de que ordenar ataques a periodistas de renombre, que criticaban su nombramiento en la agencia de noticias.

La periodista utilizó sus redes sociales para asegurar que el reporte de Washington se basa en mentiras «para golpear al actual Gobierno».

Acusó que el informe solo incluye un párrafo de ocho líneas que se basa en «las mentiras de Artículo 19 difundidas por Aristegui en mayo del año pasado, mismas que ya desmentí».

Incluso dijo que si la fuente del Departo de Estado, era Artículo19 y Aristegui Noticias, era obvio que la información era «refrito de mentiras, del refrito del refrito, y así hasta la ignominia». En tono irónico dijo desconocer que el Departamento de Estado tenía como fuente las fakenews.

El reporte de Washington también documentó que periodistas que hacen preguntas difíciles al presidente durante sus conferencias de prensa matutinas reciben ataques vía Twitter.

Este documento no es el primero que denuncia la estigmatización contra periodistas críticos con el Gobierno de López Obrador. La retórica del presidente contribuye a la violencia contra los periodistas, advirtió la Coalición Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre seguridad de los periodistas (ISCO SOJ Coalition) en un reporte en 2019.

Sobre la situación de Notimex, López Obrador ha descartado «despedir» a Martínez al opinar que «se puede con el diálogo» resolver la huelga que comenzó el 21 de febrero de 2020.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este martes su informe 2020 sobre la situación de los derechos humanos, en el que por primera vez se señala a una periodista mexicana como responsable de los ataques contra reporteros en México.

El informe, en su capítulo México, señala que la ley en nuestro país establece la libertad de expresión, incluida la de prensa, situación que el gobierno «en general respetó».

«Libertad de expresión: los periodistas pueden criticar al gobierno y discutir asuntos de interés general sin restricciones. Sin embargo, los políticos desacreditaron y criticaron públicamente a estos periodistas».

Como ejemplo, cita que el 16 de julio, más de 80 periodistas de Baja California firmaron una carta dirigida a la CNDH denunciando los ataques verbales del gobernador Jamie Bonilla contra medios como la revista Semanario Zeta y su directora Adela Navarro.

Fue en ese punto donde menciona que Sanjuana Martínez Montemayor, directora de NOTIMEX, «ordenó a los periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones y funcionarios gubernamentales», basándose en notas de Aristegui Noticias, Signa Lab y Artículo 19.

En el punto de libertad de expresión prensa, incluidos los medios en línea, señala que los medios estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones, pero aclara que se autocensuraron por temor a represalias.

En el punto sobre la libertad de expresión en internet, el informe señala que el gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a Internet ni bloqueó ni filtró el contenido en línea, aunque menciona que políticos y seguidores lanzaron campañas en redes sociales contra aquellos periodistas que criticaron las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las llamadas mañaneras, o bien, funcionarios públicos bloquearon a periodistas y medios críticos para que no siguieran sus cuentas.

«El 12 de mayo, Artículo 19 e ITESO, una universidad jesuita de Guadalajara, publicaron un informe sobre los ataques contra periodistas orquestados por Sanjuana Martínez, directora de NOTIMEX. Diez testigos con conocimiento directo de la redacción de NOTIMEX le dijeron al Artículo 19 sobre la existencia de un chat de whatsapp llamado «the Avengers N.» El chat fue utilizado por los ejecutivos de la agencia, a instancias de Martínez, para ordenar a los periodistas que crearan cuentas falsas de Twitter y publicaran mensajes contra las voces críticas del liderazgo de NOTIMEX».

Incluso, el informe menciona que el exdirector del área de noticias internacionales de NOTIMEX, Manuel Ortiz, dijo que Martínez le ordenó a él y a sus colaboradores atacar a destacados periodistas que cuestionaran el nombramiento de ella como jefa de la agencia de noticias. 

En más sobre las mañaneras, el informe del gobierno de los Estados Unidos indica que los periodistas que hicieron preguntas difíciles al presidente durante las conferencias de prensa, recibieron ataques a través de Twitter.

 

Consultar el informe completo AQUÍ

El Pleno del Senado aprobó esta tarde, en lo general, el dictamen por el que se crea crea la Ley de la Fiscalía General de la República, el cual busca fortalecer su autonomía y los instrumentos del Ministerio Público. La nueva ley no excluye al Ministerio Público de órganos sobre desaparecidos, prevención a la violencia de género y protección de derechos humanos.

Con 119 votos a favor y uno en contra, los senadores aprobaron la iniciativa, que deberá ser ratificada próximamente por la Cámara de Diputados.

La nueva legislación, que sustituye la anterior Ley Orgánica de la Fiscalía de 2018, reestructura el organigrama y las funciones de la institución, apenas dos años después de su creación.

Reafirma la independencia de la Fiscalía respecto al gobierno, crea un plan estratégico y establece mecanismos de evaluación.

Esta reforma había generado polémica porque en un inicio buscaba dotar de más autonomía a la Fiscalía excluyéndola del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

También quedaba fuera del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata.

Sin embargo, de último minuto, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tramitó un anexo para frenar la salida del Ministerio Público de estos organismos. Durante el debate, Monreal dijo que la modificación «deja claro que la Fiscalía seguirá participando activamente» en los sistemas nacionales sobre derechos humanos.

«Yo celebro que hayamos logrado un consenso entre todos porque por supuesto que no se vulnera la autonomía de ningún órgano por pertenecer en sistemas nacionales de coordinación», expresó el senador Damián Zepeda del PAN.

La inclusión del Ministerio Público dentro de estos organismos, conformados por el gobierno y la sociedad civil, se logró en 2018 por la demanda de activistas que impulsaron la campaña #UnaFiscalíaQueSirva. En diciembre de ese mismo año se aprobó la creación de una Fiscalía independiente en sustitución de la hasta entonces Procuraría General de la República, la cual formaba parte del gabinete del gobierno federal.

Días después, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue elegido en el Senado el actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien se ha mostrado a favor de salir del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Los legisladores se encuentran ahora en la discusión de las reservas que se presentaron al proyecto de decreto.

Adicional, se informó que el Senado de la República recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal que contiene la legislación secundaria con la que se regulará el funcionamiento, estructura, organización y atribuciones de las diversas instancias que conforman al Poder Judicial de la Federación.

En el documento se señala que esta propuesta recoge la propuesta planteada por el Poder Judicial, en congruencia con la reforma constitucional aprobada por el Legislativo. Además, reúne los cambios al orden jurídico nacional efectuados en las últimas dos décadas, a fin de consolidar los avances que, en materia de impartición de justicia, demanda la sociedad.

La iniciativa plantea la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual consolida el entramado normativo para llevar “a buen puerto el proceso de cambio iniciado al interior del Poder Judicial de la Federación”.

Dicho ordenamiento contiene un esquema sancionatorio del nepotismo y establece como causa de responsabilidad administrativa expresa “para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo”.

Asimismo, sugiere sancionar con responsabilidad administrativa los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.

La propuesta también establece las contralorías para cada uno de los órganos de este Poder, las cuales implementarán los mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. Estos organismos, plantea el proyecto, fungirán como autoridades sustanciadoras de los procedimientos de responsabilidad administrativas, llevarán el registro y darán seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y de su declaración de intereses.

Asimismo, actualiza la responsabilidad administrativa en los casos de acoso sexual en el entorno laboral del Poder Judicial, con lo que se pretende facilitar la sanción de “tan deplorable conducta”.

Otro de los aspectos de la iniciativa es la actualización de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; incluye como atribuciones de este órgano la revisión, por oficio, de la constitucionalidad y validez de los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal, durante la restricción o suspensión de derechos y garantías, de las consultas populares, así como resolver el recurso de revisión especial en materia de seguridad nacional para efectos de acceso a la información pública.

Por otro parte, faculta al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda concentrar, en uno o más órganos jurisdiccionales, asuntos vinculados con hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos.

El subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, presentó este viernes un informe que señala que entre 2006 y enero de 2021 más de 82,000 personas han desaparecido en México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario señaló que esta circunstancia se debe al incremento en la disputa entre grupos delictivos en diversas regiones del país.

Detalló que en el periodo de 2006 a diciembre de 2020 se han registrado 80,517 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas en el país, aunque es un dato que se actualiza varias veces al día por lo que hasta este 29 de enero hay 82,888 denuncias al respecto.

Encinas destacó que en 2020 se registró una disminución del 22.39% en el número de denuncias por desaparición respecto a 2019. Refirió que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, las autoridades mexicanas recibieron 37,807 denuncias de desaparición, de las cuales, el 56.4% fueron localizadas, la mayoría de ellas con vida.

Tan solo en la administración del presidente López Obrador, se han registrado 16,875 desapariciones. En 2019 se notificaron 8,964 personas desparecidas, mientras que en 2020 dicho número se redujo a 6,957 casos.

El funcionario afirmó que se registró una reducción en el hallazgo de fosas clandestinas y en los cuerpos recuperados. «A pesar de que se mantiene la existencia de este fenómeno delictivo, hay que señalar que en 2020 se registró una disminución de 33% en el número de fosas clandestinas y una reducción de casi 18% de los cuerpos recuperados».

Indicó que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020 se han recuperado 2,395 cuerpos y casi el 22% de ellos han regresado con sus familias de manera digna.

Alejandro Encunas afirmó que el fenómeno de las desapariciones se recrudeció después de 2006, tras el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico, durante la Administración del expresidente Felipe Calderón, pues dijo que bajo el argumento de que eran daños colaterales de dicha guerra, «comenzaron con delincuentes y acabaron dañando a toda la sociedad».

Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que en los últimos dos años la prioridad número uno del gobierno federal ha sido la búsqueda de personas. En ese sentido destacó la tarea de la Comisión Nacional de Búsqueda: «nada de lo que hagamos será suficiente, pero vamos a intentar todos los medios para que ningún crimen quede impune».

Afirmó que las personas desaparecidas tienen el derecho a ser buscadas. «Es un derecho humano, y repetimos, es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar», subrayó.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que la expansión del rol de las fuerzas armadas en México ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos y reveló que ha pedido al gobierno que dé marcha atrás en esta estrategia.

El entorno de seguridad se ha deteriorado en nuestro país por la proliferación del crimen organizado, el aumento del tráfico ilícito de droga y la alta incidencia de asesinatos de activistas, periodistas y mujeres.

La alta comisionada enfatizó que ha pedido al gobierno de México que reconsidere sus decisiones en relación con las fuerzas armadas ya que actualmente no se ajustan a las normas internacionales.

Sostuvo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) «se ha caracterizado por un aumento en la atribución de poderes a las fuerzas armadas, incluyendo en asuntos de seguridad interna mediante la creación de la Guardia Nacional».

Como parte de la misma estrategia, agregó, se han ampliado las competencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, aumentando su presupuesto y sus tareas en el desarrollo de infraestructura pública.

«Al haber sido yo misma ministra de Defensa (en Chile) entiendo que las fuerzas armadas pueden tener un rol importante en muchos asuntos, como por ejemplo en la respuesta a epidemias porque son muy buenas en logística e infraestructuras, pero tienen que ser guiadas por civiles. Son los políticos quienes tienen que dar las órdenes», recalcó Bachelet.

En una rueda de prensa en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, la alta comisionada también externó su preocupación por el gran número de periodistas asesinados o que han sufrido ataques en México.

Los primeros han llegado a veinte en lo que va del año, mientras que los periodistas agredidos o acosados se elevan a 224 en el mismo periodo, según las cifras reportadas a la ONU. Un total de 138 reporteros han muerto de forma violenta en la última década.

«Llamamos a que se tomen medidas para investigar y castigar estos ataques. La prevención y la protección es lo más importante para la libertad de expresión», recalcó Bachelet, quien sostuvo que su preocupación en torno a la inseguridad en la que trabajan los periodistas se extiende a los líderes sociales.

Como aspecto positivo, la alta comisionada mencionó que México haya aceptado la competencia del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, lo que permitirá a las víctimas de este crimen, a sus familiares o representantes en caso de que sigan desaparecidos, denunciar sus casos ante dicha instancia.

«Creo que se trata de un paso muy importante para las familias y las víctimas. Les permite acceder a un mecanismo de protección internacional. Cuando fui a México me reuní con las madres de algunos desaparecidos y para ellas éste será un paso muy importante», recalcó.

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados celebró que en el proyecto sobre la consulta solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra los expresidentes, se encamine a ser declarado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y es que este jueves se conoció el proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales, quien sostiene que el objeto de la consulta popular que se solicita, se considera inconstitucional ya que desvirtúa la finalidad de la consulta popular cuyo objeto es maximizar la participación ciudadana.

Verónica Juárez Piña, coordinadora de la bancada perredista, aseguró que se debe respetar el Estado de Derecho, los derechos de las víctimas y el debido proceso.

“La consulta no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, en la Ley Federal de Consulta Popular, viola los derechos humanos y el debido proceso”, señaló la líder perredista.

Arremetió y dijo que lo que pretende el presidente López Obrador es evadir su responsabilidad y utilizar la consulta con fines ajenos a la justicia.

Insistió en que si el Jefe del Ejecutivo tiene pruebas de que algún expresidente ha cometido algún delito, debe presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicien las investigaciones correspondientes.

La toma de la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), en el municipio de Ecatepec, acabó con trece personas detenidas «que están en proceso de quedar en libertad», informó la Fiscalía estatal, tras llevarse a cabo la madrigada de este viernes un desalojo con altercados.

Alrededor de una veintena de mujeres y algunos niños arribaron la tarde de ayer a la sede de la Codhem con la intención de ocuparla, en solidaridad con los colectivos feministas que mantienen tomadas las instalaciones capitalinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde hace una semana.

En un primer mensaje, la Codhem explicó que varias integrantes del colectivo ‘Manada periferia’ habían ingresado de forma pacífica al edificio, en lo que constituía una «manifestación legal» que contaba «con el apoyo del organismo defensor».

El comunicado detallaba que un alto cargo de la institución estaba acompañando a las mujeres dentro de la sede y ejerciendo de enlace con las autoridades del estado para atender sus «demandas específicas».

Sin embargo, ya en la noche empezaron a trascender en las redes sociales videos desde el interior de la sede, tomados por manifestantes que ocupaban las instalaciones, en los que se podía ver a la policía rodeando el edificio.

Los agentes finalmente irrumpieron en el inmueble y lo desalojaron, en una escena tensa con golpes y empujones a las ocupantes, entre las que había algunos niños y una mujer embarazada, según se escucha y se aprecia en uno de los videos.

Tras el desalojo, la policía estatal presentó a 13 personas detenidas ante el Ministerio Público, aunque en la mañana de este viernes se confirmó que habían sido liberadas.

A lo largo de la mañana circularon por las redes sociales varias denuncias de colectivos y familiares de las arrestadas pidiendo información de su paradero y de su estado físico.

«Hasta el momento se desconoce el paradero de Aracelia Guerrero Rodríguez, miembra (integrante) de Brigada Marabunta, quien acompañó a las compañeras a la toma de la #CNDHEcatepec. La última vez que la vieron fue en Atizapán. ¡Exigimos la aparición inmediata!», escribió Amnistía Internacional México en Twitter a primera hora.

Una hora y media más tarde, la ONG informó que ya se había liberado y localizado tanto a Guerrero como al resto de manifestantes detenidas.

Este suceso se dio en apoyo a la toma de la CNDH de Ciudad de México, una protesta sin precedentes que este viernes cumple una semana.

La propia Codhem indicó a través de sus redes sociales que se encontraba acompañando la liberación de las personas que participaron en la toma de sus instalaciones.

«Personal de esta Defensoría acompaña a las mujeres liberadas esta mañana, para garantizar su seguridad e integridad física, y verifica que no se hayan violentado sus DDHH».

 

El Gobierno de Ciudad de México presentó este lunes un nuevo acuerdo para la actuación de la policía durante manifestaciones en el que se destaca estos deberán portar, de manera visible, su número de identificación en casco, chaleco y escudo, y deberán evitar la «brutalidad policial».

El acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que transgredan el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones fue diseñado de manera conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Comisión de Derechos Humanos de la capital.

Además, las autoridades señalaron que cuando el personal policial participe en la atención de manifestaciones «no usará nunca armas letales» y el mando responsable girará las instrucciones al personal policial «para el empleo gradual y proporcional de la fuerza».

«Una de las responsabilidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es implementar las medidas de prevención de delito y protección necesarias para garantizar la seguridad tanto de las personas manifestantes, como de las personas ajenas a la manifestación», dijo en conferencia Arturo Medina, subsecretario de Gobierno del Gobierno de Ciudad de México.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, explicó que para dar cumplimiento con el principio de rendición de cuentas y verificación se establecieron dos medidas: la obligación de que el personal policial cuente con un número de identificación visible en su equipo, y que en todas las manifestaciones deberán estar sobre el terreno funcionarios de la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El acuerdo también señala la obligación de que la policía reciba la capacitación correspondiente para intervenir en contexto de protesta social, como la ocurrida este viernes en favor del aborto, que terminó con algunos altercados.

El documento también establece que el personal policial «no podrá ser sancionado por negarse a cumplir con una orden inconstitucional y notoriamente violatoria de Derechos Humanos» y reitera «sobre la tolerancia cero a cualquier acto de brutalidad policial».

Las autoridades apuntaron que el acuerdo tiene por objeto «hacer del diálogo el principal instrumento para prevenir las violencias» y en el caso de que se tenga que avanzar en alguna acción «siempre será en estricto cumplimiento de la ley y respeto de los derechos humanos de quienes participan en el espacio público».

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó este miércoles su «profunda solidaridad» con los familiares de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa cuyos restos fueron identificados recientemente.

El organismo señaló que esta identificación «es un primer paso para conocer la verdad» sobre la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

Indicó que esto refuerza el descarte de la llamada «verdad histórica», que implicó graves violaciones a los derechos humanos y acciones de encubrimiento.

Del mismo modo, dijo, evidencia la necesidad de profundizar sobre este hallazgo y la investigación del caso, así como sobre los actos y omisiones que impidieron a la familia de Christian conocer su paradero durante más de cinco años y que, al día de hoy, no permiten a las familias de los otros estudiantes saber dónde están.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH en México, dijo que «será fundamental que el Estado mexicano continúe brindando respuestas confiables a las familias».  Asimismo, reconoció las acciones y resultados del Estado mexicano en este hallazgo así como el trabajo realizado para lograr la identificación del estudiante, en la cual colaboró el Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck (Austria).

Apuntó especialmente la actuación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

También exaltó el liderazgo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

Rodríguez Telumbre es el tercer estudiante identificado, pues durante la investigación del Gobierno anterior se hallaron restos de Alexander Mora, y los de Jhosivani Guerrero, aunque la FGR indica que no hay certeza de ello.

“Está la identificación 100% clara de Alexander Mora Venancio, pero lo que no se sabe y no se tiene la certeza es en dónde se encontraron (sus restos), y de Jhosivani Guerrero de la Cruz, de él no se tiene la certeza, incluso de la identificación, pues no dio los patrones de genética que piden los peritos”, declaró a El Universal el fiscal especial, Omar Gómez Trejo.

Según reporte Milenio, un informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que colaboró en los trabajos de laboratorio de los restos encontrados en Barranca la Carnicería, en el ejido de Cocula, el fragmento óseo, perteneciente a un pie de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, “se muestra sin alteración térmica”, es decir, sin alternaciones por fuego, lo que reforzaría el desmentido de la llamada ‘verdad histórica’ del gobierno de Enrique Peña Nieto, presentada por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, que apuntaba a que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco, indicó este viernes en un informe, que hay elementos para acreditar que la muerte de Giovanni López se trata de una ejecución extrajudicial.

«Es evidente, que, de acuerdo con los derechos humanos violentados, y acorde a la línea jurisprudencial  internacional y demás lineamientos, se está ante un caso de una ejecución extrajudicial, en la que se privó de la vida a Alejandro Giovanni López Ramírez», pues, precisa, su fallecimiento ocurrió cuando se encontraba bajo la custodia de elementos policiales y en  instalaciones del gobierno municipal.

Giovanni López, de 30 años, murió tras ser detenido por la policía municipal el pasado 4 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, por cometer una falta administrativa y presuntamente por agredir a los policías, según la versión oficial; aunque familiares y vecinos afirman que fue por no llevar cubrebocas, esto como parte de las medidas emitas por el gobierno estatal.

El organismo estatal afirma que López fue golpeado de manera excesiva  por parte de los agentes de la Policía municipal al momento de detenerlo, por lo que todo indica que su fallecimiento fue a consecuencia de las lesiones que sufrió.

Para la CEDHJ, «todos los golpes y lesiones ocasionados fueron de  manera consciente y desproporcionada», por lo que al golpear en repetidas ocasiones a López, los agentes policiales generaron actos de tortura, violando su derecho a la integridad personal.

Añade que los actos cometidos por los agentes de la Policía Municipal en contra de Giovanni, fueron realizados con la total intención de someterlo, causarle sufrimientos e intimidarlo. Señala que la intención de causarle sufrimiento e intimidarlo mediante los golpes es «clara y notoria».

Mientras la autopsia señala como causa de la muerte un «trauma craneoencefálico», la Comisión indica en su informe que «lo más razonable de la causa de muerte de Alejandro Giovanni López Ramírez fue el uso de la fuerza pública».

La muerte de López ha provocado una ola de protestas que empezó en Jalisco y se ha extendido hasta Ciudad de México. La represión de las  manifestaciones ha provocado más movilizaciones.

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

Descargar

Al ratificar que no se violarán los derechos humanos de los migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) argumentó que “los conservadores quisieran una foto de un Guardia Nacional golpeando a un niño migrante, «pero no, no somos iguales».

“Nuestros adversarios conservadores quisieran tener la foto, no decían nada antes y ahora están a la caza del gazapo, tener la foto de un Guardia Nacional golpeando a un niño migrante», criticó el mandatario.

Añadió que su gobierno procura la aplicación de la ley, sin violar los derechos humanos, a lo que dijo que incluso ayer, en la frontera sur del país, la Guardia Nacional no intervino para detener a los migrantes que buscan ingresar al país.

Destacó que quienes entren a territorio nacional deben ser registrados por las autoridades por su propia seguridad, ya que pueden ser blanco de los grupos delictivos.

“Les ofrecemos refugio, derechos humanos, y aunque parezca contradictorio, protección porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden porque así era antes, también los desaparecían», acusó López Obrador.

Sin embargo, de acuerdo a datos oficiales, 402 migrantes fueron arrestado en las inmediaciones del río Suchiate.

Las autoridades migratorias mexicanas trasladaron a los detenidos a centros migratorios, donde están estudiando la situación jurídica de los migrantes antes de proceder a su deportación. «Se determinará su situación jurídica y, en caso de proceder, se lleve a cabo su retorno asistido a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, mediante aeronaves de la Guardia Nacional», explicó el INM.

El instituto reprochó que los migrantes ingresaron en condición irregular a territorio mexicano al atravesar el río Suchiate, «motivadas irresponsablemente por sus líderes y sin considerar los riesgos, que ello implicaba, para niñas, niños y adolescentes».

México no ha logrado resolver la grave crisis de derechos humanos, a un año de que Andrés Manuel López Obrador  (AMLO) llegara a la Presidencia de México, indicó la organización Amnistía Internacional (AI) en su informe «Cuando las palabras no bastan».

En el documento, que se presentó este miércoles en Ciudad de México, Amnistía Internacional reconoció que el Gobierno de López Obrador recibió un país con una profunda crisis en materia de derechos humanos. Pero señaló que luego de un año AI sigue documentando «la grave situación que atraviesa México y observa con preocupación la continuación de esta crisis».

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, consideró que el gobierno de López Obrador «ha mostrado voluntad» por avanzar parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de desapariciones.

Aunque después de un año, indicó, «no se observan cambios sustanciales» en la sociedad mexicana, que enfrenta una grave crisis en materia de derechos humanos que se ha prolongado por más de una década.

Guevara-Rosas sostuvo que los altos niveles de violencia, que atentan contra el derecho a la vida, la tortura, aún generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca son una muestra de la trágica realidad en México.

Amnistía Internacional destacó temas que el actual Gobierno «debe abordar de forma urgente», entre ellos los derechos de los pueblos indígenas y la protección de sus territorios, la situación de violencia que enfrentan las personas LGBTI, el acceso a derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de derechos sociales y económicos.

Enfatizó que el Gobierno de López Obrador, que se inició el 1 de diciembre de 2018, no se ha alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada de sus predecesores» Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La organización destacó que el actual mandatario se ha negado a reconocer la tortura como práctica generalizada y ha endurecido la gestión migratoria. Además ha restringido indebidamente y puesto en riesgo el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y ha estigmatizado consistentemente a periodistas y organizaciones de la sociedad civil que han criticado sus políticas.

Washington expresó este viernes su apoyo al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, respecto a lo que consideró sus «necesarias» reformas económicas.

Mediante un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, respaldó al gobierno de Moreno, luego de más de una semana de protestas y disturbios en Ecuador.

«Estados Unidos apoya los esfuerzos del presidente Moreno y del gobierno de Ecuador para institucionalizar las prácticas democráticas y aplicar reformas económicas necesarias», afirma el comunicado, aludiendo, entre otras medidas, a la eliminación de los subsidios a los carburantes que se tradujo en un aumento de más de 120% de su precio y provocó amplio descontento.

Por su parte, manifestantes volvieron a enfrentarse este viernes con la policía en Quito como parte de las protestas que encabezan los indígenas contra los ajustes económicos pactados por el gobierno de su país con el FMI.

Los choques con piedras y gas lacrimógeno estallaron en los alrededores de la sede del Legislativo, que el miércoles fue asaltada por indígenas que ocuparon brevemente el hemiciclo.

Al respecto, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó el uso de bombas lacrimógenas en recintos universitarios de Quito donde se refugiaron manifestantes indígenas, advirtiendo que utilizar este tipo de métodos disuasorios en recintos cerrados puede poner vidas en peligro.

Portavoces de la oficina destacaron que las autoridades «deben diferenciar claramente los elementos violentos de quien protesta pacíficamente» en las protestas que desde la semana pasada viven distintas ciudades ecuatorianas contra las medidas de ajuste económico dictadas por Quito tras recibir un crédito del FMI.

La oficina que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet también dijo haber recibido informes sobre medio centenar de ataques a periodistas que están cubriendo las protestas, en las que ha habido cinco muertos, más de medio centenar de heridos y cerca de un millar de detenidos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que los acuerdos comerciales no deben estar sobre la dignidad de las personas, por lo cual demandó al Gobierno federal que en su política migratoria ponga en el centro a las personas migrantes, sin restar importancia a los citados acuerdos.

Adicional, destacó que invertir en Centroamérica y el Sureste mexicano es un proyecto de mediano plazo, por lo que mientras ello ocurre hay que atender los problemas, porque se trata de vidas, integridades y la esperanza de una niñez ajena a lo que los países no han hecho para lograr una distribución más equitativa del potencial que como humanidad tenemos.

Así lo manifestó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al momento en que lamentó que la gran aspiración de regular la migración en Estados Unidos se haya olvidado al privilegiar la politización ideológica del fenómeno en diferentes administraciones, lo cual se ha acentuado en el Gobierno del Presidente Trump, como la violación de la ley y los derechos humanos de la niñez migrante.

Condenó que la autoridad norteamericana niegue servicios básicos como higiene y salud; tenga hacinados a niñas y niños migrantes en las oficinas, lejos de sus familias y lamentó que no se haya logrado la reunificación total de familias, a pesar de las órdenes de las Cortes americanas y de la excitativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de familias y las medidas cautelares solicitadas por la CNDH, y señaló que, a pesar de que han crecido los muros y se han reforzado las fronteras con un carácter más militarizado, ha aumentado la población de la niñez migrante.

El Ombudsperson nacional dijo que los problemas deben reconocerse para resolverlos.

Katharine Donato, Directora del Institute for the Study International Migration de la Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown, explicó que en Estados Unidos los debates políticos se han polarizado y reflejan un panorama muy complejo, ya que sin reforma legislativa integral de la política de inmigración los presidentes de ese país han recurrido a los poderes ejecutivos para abordar ese problema.

Refirió que cada vez se destinan más fondos para la aplicación y militarización de la frontera, lo que genera una “tormenta perfecta” con la aplicación de tolerancia cero, restricción de derechos a las personas migrantes nacidas en México y sus familias y el aumento acelerado de deportaciones y separación de familias, por la administración Trump.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que, aunque respeta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), considera que no tiene “mucha autoridad moral”.

Acusó la Comisión guardó silencio durante mucho tiempo, y fue cómplice cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos.

Lamentó que ahora sea la CNDH quien con el gobierno que encabeza, actúe de “otra forma”. Enfatizó que respeta el trabajo que el organismo hace, aunque no le gusta la hipocresía.

“No es posible que no hayan hecho nada para que se investigara lo de la Guardería ABC y a nosotros nos manden una recomendación por las estancias infantiles, cuando lo que estábamos procurando o se está buscando en el caso de las estancias infantiles es que no suceda lo que desgraciadamente pasó con la Guardería ABC”, dijo AMLO.

Indicó que al igual que en el caso de la Guardería ABC, la CNDH no hizo nada para que se detuvieran las razias, las masacres o la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

López Obrador finalizó asegurando que ya no hay espacio para las simulaciones, “fuera máscaras”.