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El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue sentenciado a nueve años de prisión por un tribunal de Texas, acusado de aceptar millonarios sobornos con los que compró propiedades en Estados Unidos.

Según detalló el Departamento de Justicia en un comunicado, Yarrington, de 66 años, aceptó pagos ilegales por 3.5 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas cuando se desempeñaba entre 1999 y 2005 como gobernador de Tamaulipas.

El exgobernador ya había aceptado su culpabilidad en 2021 durante el proceso que se le seguía en Estados Unidos. Como no es ciudadano estadounidense, se espera que sea deportado una vez que cumpla su sentencia.

“El juez Rolando Olvera sentenció a Yarrington a 108 meses de prisión”, dijo la justicia estadounidense.

Yarrington Ruvalcaba logró esta sentencia reducida tras un acuerdo con el fiscal, después de declararse culpable de uno de los once delitos por los que estaba imputado, a cambio de pagar una multa de millones de dólares, así como propiedades, según informó El Universal.

De acuerdo con la decisión, Yarrington “violó su juramento al cargo, debilitando a México como país y promoviendo la actividad delictiva”. A Yarrington también le confiscó una propiedad en Estados Unidos.

“Aunque sea gobernador de un estado mexicano, no nos quedaremos de brazos cruzados cuando se utilice un cargo para llenarse los bolsillos indebidamente y violar las leyes de los Estados Unidos”, dijo el fiscal Alamdar S. Hamdani.

Yarrington lavó el dinero de sobornos mediante la compra de condominios frente al mar en Estados Unidos, además de grandes propiedades, aviones y vehículos de lujo, precisó el Departamento de Justicia.

Recordemos que el exgobernador fue detenido en 2017 en Italia, cuando viajaba con documentos falsos. Luego fue extraditado a Estados Unidos, que lo reclamaba desde 2013 para someterlo a la justicia. Llegó en abril de 2018 y permaneció desde entonces bajo custodia.

Tras la condena, Yarrington Ruvalcaba será entregado al Departamento de Prisiones estadounidense.

Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo, rindió protesta la tarde de ayer como nuevo embajador de México en Canadá, luego de que su nombramiento fuera  aprobado por 23 votos a favor, 12 en contra y una abstención.

Pese al rechazo y crítica de la oposición, el exmandatario local fue ratificado para el cargo al que fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordemos que el pasado miércoles, la Segunda Comisión de Trabajo: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, aprobó el dictamen que constataba que Carlos Joaquín González reunía las cualidades y requisitos necesarios para desempeñar el cargo para el que fue designado por el presidente de la República.

La ratificación de Joaquín González se dio pese al rechazo de la oposición. La diputada Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, lamentó que se den premios de consolación al “entreguismo al Ejecutivo”.

“No estamos a favor de la lealtad a ciegas”, dijo la legisladora, quien destacó que durante la presente administración se ha mostrado desinterés por las relaciones de México con el mundo.

Su compañera de bancada, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, lamentó que se estuviera ante una designación que atendía a los acuerdos que hizo un exgobernador con el Ejecutivo. “Esperemos que con esta designación no se repita la historia de Panamá o Argentina, donde los embajadores asignados fueron declarados personas non gratas”.

Una de las voces más críticas fue la de la diputada Elizabeth Pérez Valdez del PRD, quien subrayó que quien represente a nuestro país en el exterior debe tener probidad, mesura, capacidad intelectual, honradez y sobre todo congruencia.

En ese sentido, señaló el “dudoso comportamiento” de quien fuese gobernador de Quintana Roo, pues dijo, sienta un mal precedente, pues deja una deuda de más de 6 mil 500 millones de pesos a la entidad. Horas antes había criticado la traición que el exgobernador tuvo con los partidos que lo llevaron al poder en Quintana Roo.

Finalmente, el senador Emilio Álvarez Icaza resaltó que México no tiene embajadoras y embajadores de carrera en los principales países vecinos y con quienes se mantienen alianzas y relaciones comerciales, regionales y políticas.

“Se está utilizando a las embajadas como una señal de sumisión y entrega; hay gente del servicio exterior mexicano con experiencia, es una capacidad de Estado que se está desperdiciando. No apoyamos la pedagogía y el mensaje de sumisión”, remató.

Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, aseguró este lunes que analiza acciones legales en contra de quienes lo encarcelaron “injustificadamente” y le causaron un perjuicio a él y su familia.

Entrevistado al acudir a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares (Umecas), luego de que se le retiró el arresto domiciliario dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto abuso de autoridad por la requisa del sistema de transporte Ecovía, el exmandatario dijo que analiza cómo se podría reparar el daño cometido.

“Estoy analizando con mi grupo de abogados lo que tengo que hacer porque evidentemente el daño fue mucho. Para mí (es) muy difícil tomar una decisión, porque luego se ve como revancha o cosas de ese tipo”, declaró a la prensa.

El ex gobernador de Nuevo León mencionó que ha guardado tanto reposo estos nueve meses que le ha dado oportunidad de pensar que sí cometieron una injusticia con él.

Recordemos que ‘El Bronco’ fue detenido el pasado 15 de marzo acusado del delito de uso de aportaciones ilícitas para su campaña a la Presidencia de la República en 2018 y una vez en el Penal de Apodaca le notificaron otra orden de aprehensión por abuso de autoridad.

“El uso faccioso de la ley para rencores políticos no es bueno o simplemente para distracción no es bueno, se daña no solamente la persona sino también la familia”, sostuvo.

Rodríguez Calderón también aprovechó para no descartar la posibilidad de regresar a la política en un futuro.

“Es decir, soy un ente político, estoy trabajando ahorita yo; todo este tiempo lo he dedicado a tener contacto con la gente a través de las redes sociales, me ha ido bien. Tengo la posibilidad de estar influyendo o tratando de influir, en mi opinión, con la gente que me sigue entonces eso sí tengo que trabajar en eso, no estaré solamente viendo pasar las cosas”, compartió.

Por otra parte, el exfuncionario se deslindó de la crisis hídrica que enfrentó Nuevo León que llevó a cortes programados y un desabasto de agua en la entidad.

“¿A dónde me llevaría yo toda esa agua? Digo ¿dónde está esa agua?, los ciudadanos de Nuevo León son testigos que en nuestro sexenio no les faltó una gota de agua, nunca”, sostuvo. Añadió que él no tiene la culpa de la mala operación de la actual administración.

El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien fue acusado por la actual dirigencia del PRI de operar para entregar la gubernatura a Morena en el pasado proceso electoral, confirmó que sí buscará la dirigencia nacional del tricolor, así como la candidatura presidencial en 2024.

“Me voy a meter con todo, debido a que voy a ser el próximo dirigente del PRI y también he de anotarme como aspirante a la Presidencia de México”, dijo en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula.

Fayad Meneses aseguró que a pesar de ser de corrientes políticas distintas, la relación que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue muy buena, pues hubo buena comunicación y una excelente coordinación.

“Construí una relación muy afectuosa, muy respetuosa, muy institucional con el señor Presidente y me da mucho gusto porque le tengo aprecio y afecto”, señaló.

Fayad Meneses negó que el gobierno “premie” a priistas con alguna embajada o posición dentro de la administración federal, y en su caso, dijo que siempre, y sobre todo en su gestión como gobernador, ha sido leal y honesto con la ciudadanía y con el partido.

Omar Fayad ya había adelantado semanas atrás, cuando se registró en las planillas de aspirantes a las candidaturas a consejeros nacionales para el periodo 2022-2025, que sí tenía la intención de buscar la dirigencia del partido y en su momento, la candidatura presidencial.

“No me voy a descartar para el cargo de dirigente nacional del PRI y tampoco me voy a descartar para competir por la candidatura presidencial del PRI para el próximo proceso electoral federal”, declaró en su momento Omar Fayad.

Recordemos que en las filas del PRI diversas figuras como Beatriz Rangel, Ildefonso Guajardo, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid, entre otros, han alzado la mano para abanderar al partido en la elección del 2024, aunque todos han insistido en que el partido debe llegar en alianza con el resto de la oposición.

Ayer, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria contra Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, por el delito de delincuencia organizada.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob), a la que pertenece el INM, indicó que la alerta derivó de una petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que solicitó su intervención al existir una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada.

El propósito de la alerta es registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida del panista, quien gobernó Tamaulipas entre 2016 y septiembre de 2022, a través de los puntos de tránsito internacional.

Recordemos que desde 2020, trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener grabaciones por parte de la DEA que lo señalaban de diversos delitos, además de que también figura en la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya contra legisladores del PAN, a quienes acusa de recibir sobornos de la empresa Odebrecht.

Tras darse a conocer la activación de la alerta migratoria, el gobernador emitió un breve mensaje en sus redes sociales, en el que dijo que se “enteró” de la supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en su contra.

“No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores”, dijo el exgobernador.

Al respecto, esta mañana, durante la conferencia matutina del presidente, el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informó que las investigaciones en contra del exgobernador, de las que se deriva la orden de aprehensión, son de 2018, previo al inicio de la actual administración.

“Son diferentes pesquisas que se realizaron y finalmente se interpone una primera denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex gobernador, por el delito de lavado de dinero por la simulación de compraventa de un departamento y en consecuencia el juez de control gira una primera orden de aprehensión”, relató el funcionario.

Dijo que en respuesta a dicha orden de aprensión, Cabeza de Vaca promovió  una demanda de amparo indirecto que conoció el juzgado octavo en Tamaulipas y en paralelo el congreso de Tamaulipas promovió dos controversias constitucionales que llegaron a la Suprema Corte de Justicia.

Apuntó que el 17 de agosto, la Corte resolvió que era inválida la orden de aprehensión toda vez que el entonces gobernador contaba con fuero constitucional.

Sin embargo, Mejía Berdeja dijo que luego de concluido su mandato como gobernador, el pasado 4 de octubre se giró una nueva orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, ahora por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Como es un procedimiento en estos casos, el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha roja, alerta migratoria, para evitar la fuga o la sustracción de la justicia” de Cabeza de Vaca, añadiendo que está pendiente de ejecutarse la orden de aprehensión.

Finalmente, el Sistema PAN, integrado por la dirigencia nacional y los coordinadores de diputados federales, senadores y diputados locales, condenaron la persecución política que realiza el gobierno de Morena en contra del exgobernador de Tamaulipas.

“El PAN demanda que se respete el principio de presunción de inocencia y debido proceso en este y todos los demás casos, por lo que las imputaciones deben ser serias y no de simples señalamientos que no contengan una sustancia probatoria real, que no se utilice con tintes políticos y mucho menos como venganza política”, dijo.

Acción Nacional aseguró que es evidente que en este caso se politizó la justicia y se utilizó de manera indebida.

La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua dictaminó que la solicitud de Juicio Político en contra del ex Gobernador, Javier Corral Jurado, planteada por el ciudadano y abogado Gerardo Cortinas Murra, cumple con lo estipulado en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia-

El presidente de la Comisión, el diputado del PAN, Gabriel Ángel García Cantú, informó que la Comisión Jurisdiccional notificará a la parte denunciada sobre la denuncia interpuesta, haciéndole saber su garantía de defensa y su deber de contestar por escrito y ofrecer pruebas de su parte, dentro de los diez días siguientes a la notificació.

Se indicó que de no contestar por escrito en el término establecido, se tendrán por ciertos los hechos atribuidos en la denuncia y perderá su derecho para ofrecer elementos probatorios, de acuerdo a lo planteado en la propia Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado.

El diputado García Cantú resaltó que la Comisión realiza una labor responsable y recordó que cualquier ciudadano puede interponer denuncia o queja en contra de algún funcionario que incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos.

Cabe recordar que el pasado 31 de mayo, Gerardo Cortinas Murra, presentó ante el Poder Legislativo, la petición de Juicio Político en contra del citado ex gobernador, dado a los actos y omisiones cometidas durante su administración, principalmente por el incumplimiento al plan de austeridad e irregularidades en el ejercicio de los recursos destinado a la atención por el tema de COVID.

En ese sentido, la Comisión Jurisdiccional acordó dar 30 días de prórroga a la Secretaría de Hacienda, para que haga llegar una información pendiente relativa al desglose de los viáticos ejercidos por el personal de la administración pública estatal pasada.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, manifestó su solidaridad con el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ante la aprobación de una denuncia de juicio político en su contra en el Congreso local.

“Es lamentable que destinen recursos públicos para aplicar este tipo de medidas y persecuciones. El juicio político en contra de Javier Corral es un acto inconstitucional por parte de las y los diputados locales”, señaló el parlamentario en un comunicado.

Y es que se informó que el Congreso del estado aceptó dar trámite a la denuncia con expediente CJ/JP/001/2021, relativo al Juicio Político en contra del exgobernador, por lo que la Comisión encargada comenzará con su análisis.

“Se aceptó la demanda más no quiere decir que sea culpable, se acepta y procede desde el momento que es impuesta por un ciudadano. No lo estamos juzgando ni dando veredicto final, solamente se aceptó la denuncia porque así lo marca la Ley, en los próximos 15 días se le estará dando seguimiento”, dijo el diputado local de Acción Nacional, Gabriel García Cantú.

El diputado de MC dijo que se trata de un acto de persecución política, que deja en evidencia que persiste el uso a modo de la justicia. “Es preocupante que ante la inseguridad en Chihuahua sean empleados mecanismos de este tipo desde el Congreso local”.

El líder opositor señaló que el legado de Javier Corral es claro, pues además de ser el responsable de documentar la corrupción de anteriores administraciones en Chihuahua, también por ser un actor fundamental en el avance democrático en el país.

Afirmó que desde el Congreso de la Unión se dará seguimiento al actuar de las y los diputados locales y se denunciará cualquier abuso de autoridad y violación al estado de derecho en la entidad.

Al respecto, Corral Jurado utilizó sus redes sociales para denunciar que la actual gobernadora, Maru Campos, “ordenó a sus lacayos” comenzar con un juicio político en su contra.

El exgobernador de Chihuahua, quien se encontraba detenido en Estados Unidos desde julio de 2020, es extraditado este jueves a México, acusado de los delitos de asociación delictuosa y peculado de cerca de 100 millones de pesos, confirmó la cancillería y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo a su defensa, el gobernador volaría de Miami a la Ciudad de México, para luego ser trasladado a Chihuahua, donde quedará a disposición de un juez, lo cual se espera suceda esta misma tarde.

Recordemos que tan pronto fue detenido en Miami, Florida, el gobierno de México solicitó a Estados Unidos la extradición de Duarte, ya que desde octubre de 2019, una  juez de Control de Chihuahua libró una orden de aprehensión en contra del exmandatario por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.

“A dicha persona se le acusa de que presuntamente, en acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas a la función pública, logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos, extraídos entre los años 2011 y 2014”, informaron la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado conjunto.

César Duarte está acusado de peculado y del presunto desvió de recursos a la campaña electoral del PRI en 2015. Entre 2017 y 2018 se giraron al menos 11 órdenes de aprehensión en su contra y en marzo de 2017 la Interpol emitió una ficha roja a su nombre, por lo que el mexicano era buscado en más de 190 países.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, compartió un posicionamiento a través de sus redes sociales, en el que dijo que tal como lo indicó en su toma de posesión, en “mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores”, celebrando así la extradición de Duarte.

“Habremos de concretar por fin de concretar la extradición del exgobernador, y celebro que de esta forma pueda llevarse a cabo el proceso judicial en México para que se haga justicia esa que tanto nos prometieron y que ahora, finalmente, haremos realidad”, dijo Campos en su video.

Pidió a la Fiscalía del estado que atienda las carpetas de investigación y refirió que la Fiscalía General de la República puede solicitar atraer el caso al ámbito federal, por lo que se esto ocurre, ayudarán para que se alcance la justicia para los chihuahuenses.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, presentó una nueva apelación contra el gobierno de Estados Unidos en el proceso que se le sigue para su extradición por las acusaciones de conspiración y malversación de fondos públicos que enfrenta.

La extradición de Duarte, detenido desde julio de 2020 en Miami, ya fue ordenada en noviembre pasado por la jueza Lauren Fleischer Louis.

Sin embargo, la defensa del político presentó este miércoles el nuevo recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, Georgia, según el archivo judicial.

El fallo de noviembre pasado estableció que el tratado de extradición está vigente entre ambas naciones por lo que el trámite es cursar una “certificación” al Departamento de Estado estadounidense, que será el encargado de la repatriación por los delitos de los que se le acusan.

“La Corte tiene jurisdicción personal sobre el acusado y jurisdicción sobre la materia caso”, especificó entonces la jueza.

Recordemos que el exgobernador fue detenido en Estados Unidos en julio de 2020, después de fugarse de la justicia desde que en octubre de 2019 una jueza de nuestro país emitiera una orden de arresto en su contra.

Y es que se descubrieron irregularidades “significativas” en los programas de subsidios y préstamos para productores de ganado y en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado. Según la demanda, desde junio de 2011 hasta noviembre de 2014, Chihuahua transfirió más de 6.4 millones de dólares a dos empresas en las que Duarte era el accionista mayoritario.

Un juez de control ordenó anoche abrir un juicio por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial de 2018 contra el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, quien fue detenido el pasado martes.

Según fuentes judiciales, la audiencia, que inició a las 16:30 horas, y que tuvo un receso de dos horas y continuó cerca de la medianoche, sirvió para que el juez analizara las medidas cautelares que le fueron dictadas al exmandatario estatal.

Entre esas medidas está la prisión preventiva que se le ordenó a Rodríguez Calderón, de 64 años, con lo que enfrentará el juicio en prisión.

El Juez de Control ordenó también remitir la carpeta de investigación a un juzgado del ámbito federal, para que continúe con las etapas del proceso, esto luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, imputara al “Bronco” por el delito electoral relativo a recibir aportaciones de dinero.

La defensa del exgobernador, que en total tramitó cuatro amparos para evitar que su cliente siguiera en prisión o estuviera incomunicado, alegó que el ex gobernador no debió ser detenido y encarcelado, ya que los delitos que se le imputan serían de materia federal y no local.

Recordemos que el martes pasado, Rodríguez Calderón fue arrestado por el presunto desvío de recursos públicos y trasladado al penal de Apodaca.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió no usar la “ley” para cumplir “venganzas políticas”, cuestionado sobre la detención de Rodríguez Calderón.

“Lo que siempre recomiendo es que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas. No se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad”, precisó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que la detención del exgobernador es ajena al Gobierno federal y reprobó las fotografías del arresto del ex político que se difundieron en medios de comunicación.

Poco antes de la decisión, el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, apuntó en un mensaje en Twitter que “si alguien, quien sea, violó la ley y abusó de la confianza de las y los neoleoneses, tendrá que rendir cuentas y pagar las consecuencias”.

Incluso dijo que estaba tranquilo porque se hizo lo correcto, además de que la Fiscalía y el Poder Judicial son instituciones autónomas, profesionales y responsables. “Sé que actuarán con total apego a la ley y le harán justicia a nuestro estado”, añadió.

El arresto del exgobernador se ha dado por un caso conocido como de las “Broncofirmas”, un supuesto desvío de recursos humanos y materiales para usar a funcionarios públicos del estado para captar las firmas necesarias para que Rodríguez Calderón pudiera contender a las elecciones a la Presidencia de México de 2018 por la vía independiente.

Autoridades electorales federales habían indicado en su momento que de las más de dos millones de firmas captadas por Rodríguez para su candidatura de 2018, más de 800,000 no fueron válidas, incluidas las de 7,044 personas muertas.

Al salir de un rancho ubicado en el municipio de General Terán, elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León detuvieron hoy al ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, quien es acusado de desvío de recursos humanos y materiales.

El ex gobernador, el primer mandatario local independiente de todo el país, fue trasladado al Penal 2 de Apodaca, donde permanece a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica.

El Bronco sería el segundo ex gobernador de Nuevo León que es detenido. El priísta, Rodrigo Medina, fue detenido en enero de 2017 e ingresado al hoy extinto penal de Topo Chico, del que salió luego de una horas.

La detención del Bronco coincide con un video que publicó Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, en el que compartió declaraciones hechas el pasado fin de semana, en el que afirmó que se castigaría a los que robaron y desviaron dinero de Nuevo León a campañas políticos. Y aquí ya empezamos.

La acusación en contra del Bronco data de 2018, cuando en su intento por contender a la Presidencia de la República, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó irregularidades en el proceso de captación de firmas para avalar su candidatura.

El INE detectó casi un millón de “simulaciones de credenciales” para votar, lo cual dejó fuera de la contienda a Jaime Rodríguez Calderón y a Armando Ríos Piter.

Un año después, a finales de 2019, el Congreso de Nuevo León determinó que el entonces gobernador desvió recursos del erario público para el proceso de captación de firmas.

Además, se habla de que la detención también guardaría relación a actos de lavado de dinero. Tras detectarse  presuntas operaciones simuladas y triangulación de recursos públicos, la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León congeló las cuentas bancarias de dos ex colaboradores de Rodríguez Calderón.

El Consejo Político Nacional (CPN) del PRI rechazó la solicitud de permiso del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para colaborar con el gobierno federal y convertirse en embajador, cargo al que fue invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La dirigencia del tricolor dejó en claro que no se permitirá que al aceptar dicha invitación se divida a la alianza “Va por México” o al instituto político como tal.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del partido,  afirmó que el PRI ha tomado las decisiones responsables y coherentes con las necesidades que hoy enfrenta el partido.

“Es una decisión soberana, democrática, de clara y amplia mayoría”, puntualizó al clausurar la sesión extraordinaria del CPN en la que se acordó rechazar la solicitud presentada el pasado 13 de septiembre por Quirino Ordaz, después de que se debatió, con la participación de oradores a favor y en contra de permitir al hoy exmandatario estatal colaborar con un gobierno emanado de un partido distinto del tricolor.

En el debate realizado se señaló que la invitación que recibió el priísta tiene intenciones de socavar la vida interna del partido e intentar sabotear la alianza que se ha logrado integrar con los partidos Acción Nacional y PRD.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer el pasado 14 de octubre que nombrará a exgobernadores y líderes políticos de diferentes partidos para ocupar cargos en embajadas y consulados, aunque no detalló los nombres y destinos.

“En unos días más voy a dar a conocer que van a representar a México en embajadas y consulados exgobernadores y dirigentes de distintos partidos y ciudadanos sin partido”, declaró el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Además de Quirino Ordaz, otro exgobernador al que ha mencionado directamente AMLO es al ahora exgobernador de Guerrero, el también priista Héctor Astudillo, aunque todavía no se informó cuál será su destino o propiesta.

El exgobernador de Sonora Guillermo Padrés enfrenta dos procesos penales, uno por delincuencia organizada y lavado de dinero y otro por defraudación fiscal, informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado, la dependencia dijo que debido a ello “hay elementos suficientes para solicitar una pena condenatoria y así lo hará en su momento”.

La aclaración de la FGR llega luego de que esta mañana, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazara haber intervenido para que Padrés enfrentara en libertad su proceso por el presunto daño de 30,000 millones de pesos al Estado.

“Ningún acuerdo con él, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Son otros tiempos, sencillamente no era una asunto de mi competencia, y es que ahora hay, ahora sí, división y equilibrio de poderes”, afirmó López Obrador.

El mandatario señaló que desde que es presidente no ha intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni “para liberar a nadie”.

La FGR detalló que en el proceso iniciado en 2014, un Juez Federal sobreseyó la causa respecto al delito de delincuencia organizada, derivado de un desistimiento expreso de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y se continuó con el procedimiento por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“En dicho proceso, en 2018, un juez federal le otorgó al procesado, libertad con medidas cautelares”, apuntó.

Recordemos que en febrero de 2019, Padrés recuperó su libertad después de haber permanecido más de dos años en prisión preventiva bajo la acusación de lavado de dinero y defraudación fiscal.

Un juzgado de Texas condenó al ex gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, a tres años de cárcel, después de que se declarara culpable del delito de lavado de dinero, según ha informado la fiscal interina del estado estadounidense, Jennifer B.Lowery.

En un comunicado, Lowery recordó que Torres, de 67 años, quien fuera gobernador interino de Coahuila al sustituir a Humberto Moreira, e declaró culpable en junio de 2020.

Admitió que durante el tiempo que estuvo al frente del gobierno de Coahuila llevó a cabo transacciones financieras en Estados Unidos que tenían el objetivo de ocultar sobornos que recibió a cambio de contratos para construir carreteras en el estado.

En una audiencia posterior, el tribunal estadounidense escuchó los testimonios de otras dos personas que describieron su relación con Torres López y detallaron algunas de sus transacciones financieras y pagos ilegales.

El político mexicano fue arrestado el 5 de febrero de 2019 en nuestro país, y permaneció bajo la custodia de las autoridades hasta su extradición a Estados Unidos el pasado 29 de octubre de 2019.

Los fiscales señalaron que, dentro de su aceptación de culpabilidad, el exgobernador accedió a perder una propiedad en Estados Unidos que fue vinculada con los pagos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que se prevé que Torres López, que no es ciudadano estadounidense, se enfrente a procedimientos de deportación después de cumplir su sentencia, es decir, que sea extraditado a México una vez cumpla su condena en una cárcel estadounidense.

Un juez emitió una nueva orden de aprehensión en contra el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, prófugo de la justicia y acusado por cargos de corrupción, y otra contra su hija, informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).

“El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, otorgó las órdenes de aprehensión correspondientes”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

Detalló que el juez de control de Nayarit giró las órdenes de captura y solicitó una ficha roja de Interpol contra el exgobernador y su hija, Lidy Alejandra Sandoval López, “por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

“El juez consideró que el delito materia de la solicitud de la orden de aprehensión es de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit”, detalló la FGR.

La Fiscalía aseguró que existen pruebas de la vinculación de Sandoval con diversas personas que han sido detenidas en un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada, sin embargo no ofreció mayores detalles.

El juez también consideró que el exgobernador y su hija “probablemente” cuentan con una alta capacidad económica y tienen nexos con un grupo delictivo organizado.

No es la primera orden de arresto contra Sandoval, pues en noviembre del año pasado un juez de control ordenó su arresto luego de que la Fiscalía de Nayarit lo denunciara por malversación de fondos públicos y ejercicio indebido de funciones.

A Sandoval se le acusa de un desfalco en el Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit. Según la Fiscalía estatal, al exgobernador podría alcanzar una pena de hasta 20 años de cárcel, inhabilitación para ocupar cargos públicos y una sanción de reparación del daño.

El 28 de febrero del año pasado, el entonces secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, acusó a Roberto Sandoval de recibir sobornos del crimen organizado. Pompeo precisó que el Departamento del Tesoro ya congeló las cuentas del exgobernador Sandoval, debido a que tienen pruebas de que recibió dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue detenido este miércoles en Acapulco, Guerrero, acusado de haber torturado a la periodista Lydia Cacho en 2005, luego de que revelara una red de pornografía y prostitución infantil en la que presuntamente estuvo involucrado.

“El gobierno de Puebla reconoce a la Fiscalía General de la República su labor de inteligencia para lograr la detención de Mario Marín Torres, esperando que la justicia se aplique con rigor”, confirmó desde su cuenta de Twitter el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal, Adolfo Karam, y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez.

La acusación es por el delito de tortura hacia la periodista y activista Lydia Cacho; se informó que el exgobernador ha sido trasladado a Cancún, Quintana Roo, donde es requerido por las autoridades.

La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.

El empresario era uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado “Los demonios del Edén”, en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil.

Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó en 2007 que no se violaron “de forma grave” las garantías individuales de Cacho.

En 2018 el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes.

A comienzos de 2019, el gobierno federal, ya con López Obrador al frente, pidió disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005 tras denunciar una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes.

Foto: Twitter