Tag

fgr

Browsing

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó formalmente al gobierno de los Estados Unidos la extradición de Genaro García, exsecretario de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón.

El exfuncionario, arrestado a fines del año pasado en Dallas, Texas, es acusado por autoridades estadounidenses de haber recibido millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa para asegurar el tránsito seguro de drogas, así como de revelarle información sobre sus rivales.

En octubre, García se declaró inocente de los cargos que se le imputan y actualmente se encuentra esperando su juicio en una prisión de Nueva York.

“Por conducto de la embajada (de México en Estados Unidos), y a solicitud de la FGR (fiscalía general) se presentó la solicitud de extradición”, dijo la cancillería a la agencia Reuters, sin proporcionar mayores detalles.

A fines de noviembre, la fiscalía mexicana adelantó que estaba evaluando solicitar la extradición de García para que enfrente cargos por enriquecimiento ilícito en nuestro país, sobre los que ya se giró una orden de aprehensión en su contra.

La semana pasada, el presidente López Obrador envió una iniciativa al Senado para modificar la ley que regula la actuación de la DEA y otras corporaciones de seguridad extranjeras que operan en el país, luego de la detención en Los Ángeles, California del exsecretario de defensa Salvador Cienfuegos.

Según informes no oficiales, la embajada de México en Estados Unidos entregó ayer al Departamento de Estado estadounidense la solicitud formal de extradición.

Antes de cualquier proceso de extradición, García Luna deberá enfrentar los cinco cargos de los que le acusan las autoridades estadounidenses.

Este lunes, el juez que lleva su caso, Brian Cogan, fijó la nueva audiencia para el 17 de febrero próximo, mientras que el abogado de García Luna se quejó de que no ha podido revisar las pruebas contra su cliente ni ha podido hablar con él desde el 20 de octubre.

Luis Videgaray, excanciller y exsecretario de Hacienda, envió esta tarde un mensaje a su excompañera de gabinete, Rosario Robles. Le dijo que la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar inocentes. “Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad”.

El mensaje de Videgaray llega luego de que se confirmara que Robles Berlanga buscará acogerse al criterio de oportunidad y ser testigo protegido de la FGR en relación al caso de la ‘Estafa Maestra’.

Con esto, la exfuncionaria busca recuperar su libertad y reducir las penas que se le pudieran imponer por su presunta participación en el desvío de recursos.

El abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, indicó que su clienta tomó la decisión de “ir contra con quien realmente pudiera tener algún tipo de participación o responsabilidad en la parte, sobre todo de las campañas, que es Luis Videgaray; en la parte electoral, en la parte de la campaña, en los fondos que se utilizaron en la campaña, en los cuales Luis Videgaray tuvo injerencia, y fue quien dio instrucciones expresas para que se utilizaran recursos para la campaña del expresidente Peña Nieto”

El abogado descartó que dentro de las declaraciones que hará Rosario Robles ante la FGR se pretenda buscar al expresidente Peña Nieto, ya que dijo no hay ningún tipo de vinculo que llegue por parte de su clienta al exmandatario, pues todo fue directamente con Videgaray.

Sobre la información compartida por el equipo legal de Rosario Robles, Videgaray emitió un comunicado en el que dijo que lamentaba que se optara por acusarlo sin fundamentos con la intención de librar su situación legal.

Negó los dichos del abogado de la también exjefa de gobierno del Distrito Federal. Dijo que por más cosas que diga Robles, lo que no podrá hacer es probar mentiras. “Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada ‘Estafa Maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, sostuvo Videgaray.

Añadió que como servidor público siempre actuó dentro del marco legal; recordó que las únicas pruebas que han surgido en su contra respecto al supuesto desvío de recursos son los dichos de personas que quieren eludir su responsabilidad.

Aseguró que las ampliaciones presupuestales que recibieron tanto la Sedatu como Sedesol (al igual que cualquier otra dependencia) cuando él estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, se hicieron con estricto apego a la Ley.

Indicó que quererlo involucrar en presuntos desvíos de recursos cuando él estaba al frente de la cancillería, la cual afirmó no tiene nada que ver con el manejo de recursos públicos, pone en evidencia la falta de escrúpulos y lógica de los señalamientos hechos por su excompañera de gabinete.

Luis Videgaray aseguró que la nueva estrategia legal anunciada por el abogado defensor de Robles es errada e inmoral, además de que en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. “La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables”.

El exfuncionario federal reiteró que está dispuesto a atender el llamado de la autoridad competente, y contribuir al esclarecimiento de la verdad.

“No voy a permitir que se me difame, y por ello habré de defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes. El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley”, concluyó.

Previo a la audiencia que tiene programa para el próximo 8 de diciembre, se informó esta tarde que la exsecretaria federal Rosario Robles aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para brindar información relacionada con el presunto de desvío de recursos mediante la llamada ‘Estafa Maestra’.

Robles Berlanga buscará así acogerse a un criterio de oportunidad a cambio de otorgar información sobre el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos.

Recordemos que la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto permanece recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, desde agosto de 2019.

Apenas el mes pasado Rosario Robles rechazaba la idea de que fuera a buscar un beneficio como el que hoy confirmó su equipo legal, al decir que la FGR la tenía como rehén al no aceptar “colaborar” con información que ellos querían, no importando que no fuera verdad.

“Sé que lo que pretenden para que yo tenga mi libertad (como en otros casos) es que señale como responsables ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás (…) No quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador”, dijo Rosario en una carta que escribió desde el penal y que fue difundida en sus redes sociales el pasado 26 de octubre.

Según reportes periodísticos, el equipo legal de la extitular de Sedesol y Sedatu, el cual es encabezado por el abogado Epigmenio Mendieta, se encuentran reunidos con el Fiscal Alejandro Gertz Manero y su equipo en la Fiscalía, para ultimar detalles del proceso a seguir.

En breve se podría conocer la solicitud del criterio de oportunidad de la exfuncionaria federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó esta noche que el general Salvador Cienfuegos arribó esta tarde a nuestro país, luego de que fuera puesto en libertad por la justicia estadounidense.

La FGR detalló que fue a las 18:40 horas que la aeronave Gulfstream 4, matrícula N40VC, del Gobierno de los Estados Unidos, arribó al hangar de la Fiscalía del Aeropuerto de Toluca, Estado de México. La aeronave procedía del aeropuerto de Nueva Jersey.

Ocho minutos más tarde, el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional descendió de la aeronave hasta donde era acompañado por el cuerpo de alguaciles estadounidenses (U.S. Marshals Service), vistiendo “ropa formal y corbata”.

A partir de ese momento, permaneció en custodia de la Fiscalía, cuyo personal le acompañó a una sala privada en las oficinas del hangar, donde se le practicó un dictamen pericial médico, al cual accedió el exfuncionario, para constatar el estado de salud a su arribo al país. La FGR indicó que el dictamen resultó favorable.

En las instalaciones del aeropuerto, Cienfuegos Zepeda fue notificado por el Agente del Ministerio Público de la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado. Dicha carpeta es la que la FGR inició una vez que se supo de su detención en Los Ángeles, y a la que fue integrada la información que la dependencia recibió del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“El General Cienfuegos se dio por notificado y proporcionó toda su información personal y de contacto, incluyendo domicilio y teléfono celular, donde puede ser localizado y citado para las diligencias a que haya lugar y ordene el Ministerio Público de la Federación, manifestando su total disposición de atender los requerimientos propios de la investigación”, precisó la Fiscalía en una ficha informativa.

A las 19:12 horas, el general Cienfuegos Zepeda se retiró de las oficinas de la FGR en el hangar de Toluca. El colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto estuvo así solo 24 minutos en custodia de la Fiscalía.

Medios nacionales reportaron que tan pronto abandonó el aeropuerto mexiquense, se dirigió a su domicilio ubicado en Satélite, Estado de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la llegada del general Salvador Cienfuegos a nuestro país. Fue el canciller Marcelo Ebrard quien lo expuso en sus redes sociales, pese a que esta mañana indicó que era poco probable el arribo del general a nuestro país este mismo miércoles.

“Hoy se me haría muy rápido, pero podría ser, no lo descarto, ya a partir de mañana sería más factible, mañana, pasado mañana o el fin de semana”, dijo en la conferencia matutina del presidente López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este miércoles que aunque no habrá impunidad en el caso del general Salvador Cienfuegos, ahora que regresará en las próximas horas a nuestro país, tampoco se va a permitir que se fabriquen delitos.

“Tiene que haber sustento y tiene que haber pruebas, y nadie, ninguna persona, puede ser víctima de una injusticia”, declaró el mandatario.

Precisó que la intervención diplomática que se suscitó en torno al caso del exsecretario de la Defensa Nacional se hubiera hecho en caso de haber sido cualquier otra persona, cualquier otro mexicano, pues lo que se dejó en claro es que no se permitirá ninguna injusticia.

López Obrador sostuvo que Estados Unidos entendió muy bien que México es un país libre, independiente, soberano.

El presidente precisó que la intervención diplomática que hubo, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard no fue a a cambio de impunidad, encubrimiento o subordinación política.

En ese sentido reafirmó que las cosas han cambiado en México, por lo que se siga pensando que los procedimientos legales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las autoridades de México ya no corresponden a la nueva realidad.

“No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie, nos quedamos con la idea, además, porque los gobiernos no supieron actuar a la altura de las circunstancias, nos quedamos con la idea de que lo de afuera era lo cierto, lo justo y todo lo de México, lo de nuestro país era corrupción, impunidad, Estado de chueco, no de derecho. Eso ya pasó”.

Dijo que ahora hay moralidad en el gobierno, por lo que ahora el caso del general Salvador Cienfuegos se va a seguir en nuestro país, y será la Fiscalía General de la República (FGR), una autoridad competente y recta, quien continúe con la investigación que ya se inició.

AMLO llamó a tener confianza en la justicia mexicana, en la FGR, que dijo, actuará con apego a la legalidad y sin influyentismo.

Fue en ese momento cuando preguntó por qué tenerle confianza a un juez, a un fiscal en Estados Unidos y no tenerle confianza en esta nueva etapa a un juez, a un fiscal en México. “Vamos a que hablen los hechos, vamos a esperar”.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó esta tarde que buscará que sean desestimados los cargos en contra del exsecretario de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, para que pueda ser investigado bajos leyes de nuestro país.

Cienfuegos, secretario de Defensa en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, fue aprehendido en octubre pasado en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de haber recibido sobornos a cambio de protección a narcotraficantes, conspiración para manufacturar, importar y distribuir narcóticos en Estados Unidos, así como de lavado de dinero.

A través de un comunicado conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), señalaron que la dependencia mexicana abrió su propia investigación tan pronto supo de la detención y los cargos que se le fincaban al secretario mexicano.

“En reconocimiento de la fuerte relación en materia de procuración de justicia entre México y Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de procurar que se desechen los cargos penales federales estadounidenses contra el exsecretario Cienfuegos a fin de que se pueda investigársele y, si correspondiere, imputársele cargos conforme al derecho mexicano”, indicaron las dependencias.

El Departamento de Justicia de EUA indicó que conforme al Tratado que rige cómo se comparten pruebas, se le han proporcionado a la FGR pruebas del caso, además de que se comprometió a seguir cooperando en torno a la investigación que se realice en México.

“Como lo refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha relación de socios incrementa la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países”, remató el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Sobre la información difundida, la FGR difundió en redes sociales un mensaje en el que confirmó el acuerdo alcanzado con su par estadounidense, sobre solicitar a la Jueza que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos.

Por su parte el canciller Marcelo Ebrard informó que el general Cienfuegos será retornado a nuestro país para ser procesado si así lo acuerda la Jueza del caso.

Este jueves se reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría acusando al expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) de “traicionar a la patria”, al estar involucrado en los actos de corrupción relacionados a la constructora brasileña Odebrecht.

Según el diario Reforma, quien accedió a una parte del texto, la FGR señala que el exmandatario jugó un “papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo que puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales”.

La Fiscalía indica que durante la administración de Peña Nieto los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo. El priísta habría cometido los ilícitos “utilizando como instrumento” a dos altos cargos que lo acompañaron desde la campaña electoral para llegar a la Presidencia.

Dichos funcionarios serían Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, quien reside ahora en Estados Unidos, y a quien la FGR busca detener, y Emilio Lozoya, director de Pemex durante la administración de Peña, y quien fue detenido en España en febrero pasado y extraditado a México.

Según el texto de la Fiscalía, el expresidente “contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética”, aprobada en 2013.

El texto añade que el expresidente gobernó “un estado dentro de un estado” y usaba “su propio aparato de poder criminal” para distribuir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El delito de cohecho se habría cometido cuando, por supuestas órdenes de Peña Nieto, Videgaray distribuyó “a través de interpósitas personas” 121.5 millones de pesos entre legisladores del Congreso.

Según las declaraciones que Lozoya hizo en su denuncia ante la FGR, los destinatario de dicho dinero habrían sido un legislador del PRI, David Penchyna, y tres del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Ricardo Anaya.

Sobre la intención de la Fiscalía de detener a Videgaray, el presidente López Obrador explicó a principios de noviembre que un juez federal devolvió el documento judicial “porque consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo”.

Videgaray se desempeña actualmente como profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, donde en septiembre pasado algunos alumnos exigieron su destitución por carecer de “autoridad moral”, pero la institución académica descartó la petición.

Este viernes se informó que un juez federal giró una nueva orden de aprehensión en contra de la exfuncionaria federal del gobierno del presidente Peña Nieto, Rosario Robles, quien se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla desde agosto del año pasado.

La nueva orden de aprehensión es por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Se precisó que el delito de delincuencia organizada sí amerita prisión preventiva oficiosa, a diferencia del delito de uso indebido del servicio público, por lo que se encuentra presa hoy en día.

A Robles Berlanga se le acusa del presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante la llamada ‘Estafa Maestra’.

Sobre la orden de aprehensión, el equipo de abogados de la exsecretaria federal, encabezado por Epigmenio Mendieta, aseguró que hasta este momento no han sido notificados sobre el recurso legal. Sin embargo, dijo que, tras reunirse esta misma mañana con su representada, ella reiteró que, de confirmarse, tendrá toda la intención de mantenerla en prisión a costa de todo.

Mendieta Valdés expuso que, en su reunión con Robles Berlanga, ella le expresó que “por lo que ha trascendido, se trataría de una infamia con el único propósito de mantenerme presa” y agregó que se trata de “la presa política del sexenio”.

Rosario Robles detalló que el objetivo de las autoridades parece ser mantenerme en la cárcel a toda costa, asegurando que “esta administración revive lo más rancio de un sistema político que se suponía superado, y que premia las delaciones y falsedades de delincuentes confesos”.

Y es que dijo que las declaraciones de su excolaborador, Emilio Zebadúa, además de falsos, son un acto de cobardía y traición, pues reafirmó que ella nunca dio instrucciones de desviar dinero.

Rosario Robles adelantó que de proceder en su contra, la Fiscalía General de la República (FGR) lo hará mediante delaciones y pruebas falsas, como lo ha venido haciendo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó esta mañana al exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores de la administración anterior, Luis Videgaray, se presente a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

AMLO insistió en la importancia de acudir a declarar de manera voluntaria porque “el que nada debe, nada teme”; dijo que ante los señalamientos que se han hecho, el declarar ayudará a que no tengan que pagar “justos por pecadores”.

Destacó que los procesos judiciales no deben ser arbitrarios y deben basarse en pruebas, por lo que añadió que es mejor no esperar a que haya un juicio para declarar.

“Si se está mencionando que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse, el que nada debe nada teme”, dijo en su conferencia matutina.

López Obrador dijo que si Videgaray no se presenta voluntariamente a declarar, se tendrá que esperar a que se cumplan los procedimientos, que indicó no deben ser arbitrarios, que tiene que basarse en pruebas, y para los cuales se tienen que integrar las averiguaciones y el juez tiene que otorgar una orden de aprehensión.

Y es que esta semana trascendió que el colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto ha sido acusado de “traición a la patria” por parte de la FGR, por supuestos delitos de soborno y desvío de recursos a las campañas electorales del PRI.

Videgaray Caso fue señalado por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien ha reconocido haber recibido 10.5 millones de dólares de Odebrecht, mismos que repartió y entregó a distintos actores por ordenes de Videgaray.

Y aunque ayer el presidente López Obrador dijo que un juez rechazó otorgar la orden de detención que solicitó la FGR, fue la propia Fiscalía quien emitió un comunicado donde asegura que el Ministerio Público federal no ha recibido de un juez de control “ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis ‘V'”.

Esta mañana, mediante una carta difundida en sus redes sociales, la ex funcionaria federal, Rosario Robles, informó que el pasado 21 de octubre, sus  abogados solicitaron por diversos motivos el sobreseimiento de la causa penal que se le sigue.

En su escrito, recordó que lleva más de un año privada de su libertad, y señaló que incluso el propio Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha dicho públicamente que “me tienen como rehén ‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”.

La ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, reveló que ‘fuentes confiables’, al interior de la FGR, le han informado que funcionarios de la Fiscalía se han reunido con ex colaboradores para ofrecerles impunidad a cambio de que declaren lo que “ellos necesitan”.

En ese sentido, dijo que sabe bien que lo que la Fiscalía quiere para que ella quede en libertad es que señale como responsables de diversos hechos a ex colegas suyos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio de Peña Nieto,  con el objetivo ir contra ellos.

“Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley, porque creo en un sistema de justicia que tiene un enfoque garantista, defensor de los derechos humanos, y porque espero una respuesta positiva de los organismos internacionales a los que también he recurrido”, sostuvo Robles Berlanga.

Rechazó que vaya a recurrir a la figura de testigo colaborador, pues eso abriría las puertas a su libertad a base de mentiras y falsa delación. Confió en que con la verdad y demostrando mi inocencia, podrá salir de prisión, aplicándose la Ley.

Foto: Twitter

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este jueves que hubo una reunión entre el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, y el representante del departamento antidrogas del Gobierno estadounidense (DEA), Timothy J. Shea.

Indicó que el encuentro se dio como parte del intercambio de información entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico.

“Ya no hay acuerdos para introducir armas o que agentes extranjeros actúen en México. Hay intercambio de información entre esta agencia y otras agencias de Estados Unidos para atender el asunto del narcotráfico”, dijo el mandatario.

Dentro de ese intercambio de información, el representante de la DEA, Timothy J. Shea, se reunió esta semana con el fiscal, y con miembros del gabinete, añadió AMLO.

Insistió varias veces en la “muy buena relación” bilateral existente entre México y Estados Unidos, y en que el gobierno estadounidense ya “no se atreve” a operar en su territorio o calificar la actuación de México, como sucedía anteriormente.

Recordemos que a principios de septiembre, Estados Unidos había asegurado en un reporte interno que México “debe hacer más” en la lucha contra el narcotráfico, pues permanece como el origen de “casi todas” las metanfetaminas y heroína que confisca Estados Unidos.

Al respecto, AMLO defendió que están haciendo su “trabajo” y aseguró que no se darían entregas a la DEA de ningún capo mediático, ya que “esos actos espectaculares de que ya se detuvo a un gran personaje de la delincuencia” no resuelven nada si no se atienden las causas que provocan que “se puedan reproducir estas bandas delictivas”.

Además, López Obrador destacó el trabajo hecho en las aduanas mexicanas, desde hace casi medio año a cargo de Horacio Duarte, quien ha logrado que los decomisos hayan “crecido muchísimo” en lo que a drogas y dinero se refiere.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este lunes que se está buscando que los detenidos por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sean testigos protegidos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que con esto se busca que se rompa “el pacto de silencio” que imperó en el caso.

“Se está buscando también que los detenidos puedan ser considerados como testigos protegidos porque hubo como un pacto de silencio para que no se hablara y hay que romper ese pacto de silencio”, indicó AMLO.

Resaltó que ha habido avances en la investigación, así como órdenes de aprehensión y que algunos detenidos ya están hablando sobre lo que sucedió.

“Como hay nuevas detenciones, yo hago el llamado a los detenidos, a sus familiares de que ayuden dando a conocer información veraz sobre los hechos y, si ellos colaboran, van a tener consideraciones de carácter legal”, añadió el presidente de México.

Confirmó que se ejecutarán órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército; sobre el tema dijo que no habrá protegidos y no se tolerará la impunidad.

El sábado pasado, en el maro del sexto aniversario de la desaparición de los estudiantes,  el titular de la Fiscalía General de la RepúblicA (FGR) Alejandro Gertz Manero, informó que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, “cobró y robó” más de mil millones de pesos por su trabajo en el caso Ayotzinapa.

“No lo hizo gratuitamente, él tuvo un pago, él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR, que sustrajo de manera fraudulenta”, dijo el Fiscal durante su participación en la presentación del informe del caso Ayotzinapa, a seis años de la desaparición de los 43 normalistas.

El funcionario aseguró que Zerón colaboró para encubrir la participación de policías y autoridades federales en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Señaló que Zerón se convirtió en el vocero oficial del Gobierno federal y en el orquestador de “falsedades” incluidas en la llamada “herdad histórica”.

Gertz Manero señaló que Tomás Zerón sustrajo más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con la ayuda de otros funcionarios “cómplices” al interior de la dependencia.

El Fiscal indicó que la PGR puso a disposición del exfuncionario federal a 50 agentes policiales, demás de todo el aparato administrativo para “cuidarlo y facilitarle ese saqueo”.

Gertz Manero señaló que tras descubrirse el desvío, Zerón huyó de México a Canadá, donde fue ubicado por las autoridades mexicanas, por lo que se trasladó a Israel donde se encuentra ahora.

Adicional, el fiscal especial para el caso Igual, Omar Gómez, informó sobre la detención de Blanca Alicia “N”, ministerio público acusada de falsear la actuación del ex director de la AIC, y quien además es acusada de tortura y desaparición forzada, entre otros delitos.

Finalmente, López Obrador aseguró que se está llevando una investigación a fondo en el terreno donde se presume se quemaron a los normalistas y en otras zonas cercanas y se han estado localizando cuerpos, restos de restos humamos, en toda el área, “se han hecho muchas visitas, con equipos especializados”.

Las y los senadores de Acción Nacional presentaron esta tarde una denuncia de hecho en contra del subsecretario Hugo López-Gatell, por las omisiones y negligencias en que ha incurrido en el manejo de la pandemia.

“Sus intereses personales han causado pérdidas irreparables y una crisis sanitaria de la que aún no logramos recuperarnos como país”, dijo la senadora Lilly Téllez, quien en recientes semanas se sumó a la bancada blanquiazul tras su renuncia a Morena.

Los legisladores señalaron que la denuncia de por actos, omisiones y negligencias en la atención y manejo de la pandemia, también es en contra de las autoridades federales administrativas que resulten responsables o que se relacionen con la comisión de algún delito que, inclusive, pueden ser de aquellos que se persiguen de oficio.

Acusaron que el manejo y atención de las autoridades federales que se encuentran obligadas a atender la emergencia sanitaria, especialmente el de Hugo López-Gatell, han sido deficiente, incurriendo en actos, omisiones y/o negligencias que atentan contra la vida y la salud de las personas.

Aseguraron que resultó increíble que a pesar de lo que sucedía en otros países y que ocurriría algo parecido en México, el Gobierno Federal decidiera vender millones de cubrebocas a China y luego, recomprarlos a un precio mucho mayor que el se vendieron originalmente.
.
De igual forma, acusaron que no se tomaron las precauciones para capacitar al personal médico y hospitalario en todo el sistema de salud público para brindar la atención adecuada a las personas enfermas de COVID-19, ni mucho menos se les entregó el equipo adecuado de protección.

“Esto es negligencia y ha costado la vida de miles de personas al igual que ha afectado la salud de muchas otras”.

Lamentaron que ante la situación, en marzo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidiera a los mexicanos que cargaran consigo amuletos y estampitas de santos y vírgenes para hacer frente al coronavirus.

En la denuncia se señala que López-Gatell Ramírez informó a la población mexicana que las mascarillas o cubrebocas no evitan contagios de la enfermedad y que otorgan “una falsa sensación de seguridad”.

Afirmaron que existe una grave omisión al no recomendarse, o deseablemente, obligarse mediante acto administrativo alguno el uso de cubrebocas en determinados contextos, tanto para servidores públicos como a particulares.

Se dijeron en contra de que se esté ordenando una apertura apresurada de actividades no esenciales, pues ponen en situación de riesgo a la población.

“El número de personas fallecidas han hecho que México ocupe el tercer lugar a nivel mundial, tan sólo debajo de Estados Unidos y Reino Unido. Esto se debe las reiteradas acciones, omisiones y negligencias de las autoridades encabezadas por el C. Hugo López-Gatell Ramírez que han costado la vida de más de 47 mil personas”, precisaron los  senadores.

Los panistas indicaron que aún se puede dar un giro en la estrategia de control del COVID-19 en México, empezando con que se sancione penalmente a los responsables de las miles de muertes y de las afectaciones a la salud de las personas y se ponga al frente a personas con capacidad técnica que eviten que lleguemos al pronóstico que elaboró la Universidad de Washington, en donde indican que en nuestro país habrá más de 118,000 fallecimientos, al próximo 1 de diciembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la tarde ayer su acusación contra Rosario Robles, quien se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, en la que solicita 21 años de prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Y es que el juez informó que la última prórroga que se solicitó para el término de investigación complementaria había concluido; sin embargo, Robles Berlanga descartó requerir una nueva ampliación e incluso solicitó al juez requerir a la Fiscalía para que formulara su acusación, y así de diera inicio a la etapa intermedia del proceso.

La FGR consideró que Robles Berlanga fue omisa al no impedir que funcionarios a su cargo efectuaran el desvío de recursos, mediante la llamada Estafa Maestra.

En el escrito presentado, la Fiscalía señala a Robles de permitir un daño al erario por 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos, por lo que se solicitó como reparación de daño, que Robles pague el total del desvío.

Además de solicitar los 21 años de cárcel, la FGR también pidió que se imponga multa de 3 millones 561 mil 300 pesos.

Ahora, se informará a la defensa de la exsecretaria federal para que conozca los detalles y se pueda citar a audiencia intermedia.

La Fiscalía ofreció el testimonio de 56 servidores y exservidores públicos para que declaren en contra de la extitular de la Sedesol y la Sedatu.

Adicional, se informó que el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó a las autoridades del penal practicar estudios médicos a Rosario Robles, para descartar que tiene Covid-19.

“Emplear los recursos que tenga a su alcance para garantizar la sanitización/desinfección del dormitorio de María del Rosario Robles Berlanga y practicar los estudios médicos necesarios a fin de descartar que se encuentra enferma de Covid-19”, señaló el juez en un oficio que emitió.

Recordemos que la exfuncionaria pública obtuvo un amparo para que sea revisada la medida cautelar soliitada de prisión preventiva justificada, con la que busca se le conceda la posibilidad de llevar su proceso en prisión domiciliaria o en libertad condicional.

Delgadillo Padierna ordenó que Rosario Robles sea considerada persona vulnerable al Covid-19, por lo que las autoridades del penal deberán garantizar que permanezca separada de personas contagiadas.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los sobornos entregados a la campaña del presidente López Obrador, a partir de la difusión de los videos donde aparece su hermano Pío López Obrador y el funcionario federal, David León Romero.

El panista dijo que el fiscal Alejandro Gertz Manero tiene la oportunidad histórica de demostrar que efectivamente es independiente, investigando los presuntos sobornos para la campaña de López Obrador.

Indicó que en caso no actuar, se confirmará que sólo sirve a los intereses presidenciales de desprestigiar a sus adversarios políticos, utilizando a un delincuente confeso, en referencia a Emilio Lozoya.

“Si el presidente quiere demostrar que sus palabras contra la corrupción son algo más que simple demagogia para engatusar a sus seguidores, ahora tiene la oportunidad de predicar con el ejemplo, procesando a su hermano. En su toma de posesión dijo que procedería incluso contra sus familiares. Vamos a ver si es cierto”, declaró el dirigente del PAN.

Al decir que en el partido están en contra de la corrupción del pasado y del presente, exigieron se cumpla con el debido proceso para que los delincuentes terminen en la cárcel y no sólo en las “hogueras mediáticas”.

Al respecto, esta mañana el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, utilizó sus redes sociales para reiterar su apoyo al presidente en relación a los videos de su hermno.

Monreal indicó que AMLO es un hombre auténtico y honesto, que no detendrá su lucha contra la corrupción, aun cuando se trate de familia o amigos.

Se dio a conocer la denuncia de hechos que Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), en relación a las redes de corrupción que se tejieron durante las administraciones anteriores dentro de Pemex, y de algunos otros casos de relevancia nacional.

Con la denuncia, el exdirector de Pemex busca que las autoridades le otorguen un criterio de oportunidad y/o le proporcionen un salida alterna en estricto apego a la ley, respecto a los procedimiento que hay en su contra y en contra de su familia.

En el documento, de 63 hojas más un anexo, el exfuncionario detalla los sobornos entregados por Odebrecht en México, y cómo se sobornó al gobierno mexicano, a su presidente, a secretarios de estado y al Poder Legislativo, mediante diversos actos, entre los que destacan la entrega de dinero y promesas de beneficios.

Lozoya señala que los actos de corrupción y sobornos ocurrieron desde el gobierno de Felipe Calderón, y concluyeron con el sexenio de Enrique Peña Nieto, siento durante la negociación de al reforma energética cuando se agudizaron los hechos.

“Durante ese lapso, el grupo o persona jurídica Odebrecht no sólo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado Mexicano, sino que, además, participó activamente junto con otras grandes empresas, influenciando la política energética del país mediante la reforma energética”.

Tal como ya se había informado, en la denuncia se señala directamente a Enrique Peña Nieto (EPN) y a Luis Videgaray, de ser quienes daban las indicaciones de cuánto dinero y a quién se le debía de entregar.

Se menciona que Odebrecht sabía que los recursos que “aportó” a partir del 2013 eran en su mayoría para influenciar y apoyar las gestiones que el presidente (Peña Nieto) negociaba en el Congreso.

Lozoya relata que en 2011, Peña Nieto y Luis Videgaray le pidieron asumir la Coordinación de Asuntos Internacionales de la campaña electoral, con la encomienda de “gestionar recursos de empresas extranjeras para financiar la campaña electoral”, pues había que cubrir muchos gastos.

Detalla que el primer “apoyo” que Lozoya pidió a Odebrecht para la campaña de EPN fue por seis millones de dólares, a cambio, se le prometió a Luis Weyll “beneficios” cuando ganaran la presidencia.

Se detalla una relación entre Peña Nieto y Marcelo Odebrecht; desde que el priísta era gobernador del Estado de México, el dueño de Odebrecht le habría ofrecido apoyar sus aspiraciones políticas. Todo se remontó a una gira que EPN y equipo (Juan Armando Hinojosa, David López y Arnulfo Valdivia) realizaron a Brasil en 2010.

Lozoya relata que en un encuentro posterior, ya como presidente electo, EPN se reunió con Marcelo Odebrecht en compañía de Ildefonso Guajardo, Luis Videgaray y el General Roberto Miranda. Por parte de Odebrecht estuvieron presentes CarlosFadigas (Braskem), Luis Weyll y Roberto Bischoff (Braskem México).

“Reitero que todos los pagos que se realizaron fueron por instrucción de Luis Videgaray Caso, quien desde la campaña fue mi superior y a quien siempre le reporté”.

En su denuncia, Lozoya Austin menciona que cuando EPN ganó la presidencia, lo invitó a trabajar en su administración como director de Pemex, posición que aceptó aunque aclara “yo no conocía bien a Enrique Peña Nieto ni a Luis Videgaray Caso”.

Lozoya Austin detalla que en febrero de 2013, EPN y Videgaray le indicaron que se requería entregar montos importantes de dinero a la oposición, para que ésta votara a favor de ciertas Reformas Estructurales del interés del Presidente Enrique Peña Nieto.

“Yo intervine principalmente en la aprobación de la Reforma Energética, entregando a través de terceros ciertos recursos en bolsas bancarias transparentes (que permitían ver la denominación de los billetes) y maletas a senadores integrantes de la Comisión de Energía en el Senado de la República y un Diputado Federal”.

Aclaró que la negociación con los legisladores del PAN fueron más bien una “extorsión; mencionó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury. Afirma que la actitud del grupo de panistas era “brutal”, pues además de extorsionarlo a él, presionaban y extorsionaban a los grupos gasolineros y contratistas de Pemex.

Lozoya Austin relata que a cambio de ganar el contrato de Tula 1, Luis Weyll ofreció apoyar al gobierno federal con seis millones de dólares adicionales. “Los sobornos entregados siempre tendrían como consecuencia un beneficio para Odebrecht, merced al sometimiento generada por los sobornos”.

El exdirector de Pemex señala que EPN y Videgaray establecieron como enlace para entregar los sobornos a legisladores a David Penchyna, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, a quien en septiembre de 2014, se le entregó un “apoyo económico” por seis millones de pesos.

Adicional, relata que Luis Videgaray le ordenó recibir a Ricardo Anaya, y a Ernesto Cordero. Refiere que al excandidato presidencial se le entregaron 6 millones 800 mil pesos, como apoyo a sus aspiraciones a llegar a la gubernatura de Querétaro, misma que disputaba con el entonces senador Francisco Dominguez, a quien Anaya Cortés dijo “odiar” por “corrupto”.

En la denuncia se señala que Francisco Olascoaga era quien poseía el video que se filtró este lunes, donde se entregan los sobornos al enlace de los legisladores de Acción Nacional.

Lozoya enfatiza que “Odebrecht sí tuvo una participación relevante en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero también tuvo una gran participación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa”.

Afirma en su denuncia, que en el sexenio de Felipe Calderón se “gestaron sólidos esquemas de corrupción, precisamente, con Odebrecht, a través de Braskem”.

Relata que la planta de Etileno XXI fue la inversión más importante que hizo Braskem en México. Menciona que aunque otros grupos como Grupo Alfa o Grupo Desc hubieran querido dicho contrato, por razones estrictamente políticas se le dio a Braskem.

Sobre el tema de Etileno XXI, menciona a José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, quienes “impulsaron evadir la discusión de los detalles de dicho contrato”. Los señala de que cuando asumieron la dirección de Pemex, Meade y González Anaya redujeron drásticamente el presupuesto de inversión en exploración y producción, lo cual materializó los incumplimientos que se habían alertado.

“Pareciera que no sólo se beneficiaron de los sobornos en el otorgamiento del contrato, sino además, años después, lograron materializar las clausulas de incumplimiento”.

Acusa a Felipe Calderón de haber dado instrucciones a José Antonio Meade, entonces secretario de energía, y a Ernesto Cordero y José Antonio González Anaya, a través de la Secretaría de Hacienda, de hacer que el contrato de la planta pasara las revisiones necesarias. “Entre el 2012 y 2014 dichos funcionarios siguieron en contubernio con Luis Videgaray Caso para satisfacer pretensiones en el contubernio de dicho contrato en perjuicio de todos los mexicanos”.

En 2013, Meade llamó telefónicamente a Lozoya, para solicitarle dos cosas: no criticar un crédito otorgado al Sindicato Petrolero de 2012, ya que él había participado en dicho proceso, y no revisara el contrato de Etileno XXI ya que alegó ser de suma importancia para Peña Nieto, además de que él también había participado en dicho proceso.

En la denuncia también se señala que por instrucciones de Luis Videgaray, en 2014 se entregaron más de 8 millones de pesos a González Anaya (4 millones 390 mil pesos) y a José Antonio Meade (4 millones), además de 4 millones de pesos adicionales a Carlos Treviño.

Emilio Lozoya asegura que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray presionaron para la asignación de contratos o negocios con grupos de interés, nacionales y extranjeros, con quienes tenían compromisos, ya fuera de índole personal, económico o político.

Lozoya Austin finaliza reiterando que a pesar de los actos de intimidación perpetrados en su contra por Luis Videgaray y Peña Nieto, fueron ellos quienes instrumentaron para configurar una asociación de corte delictivo, dirigida a enriquecerse no sólo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño, contraer deuda a cargo del erario público y aprovecharse económicamente de está en perjuicio de la Nación.

“Denuncio formalmente hechos posiblemente constitutivos de delito en contra de quien o quienes resulten responsables y/o en contra de las siguientes personas: Enrique Peña Nieto, quien fuera presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Felipe Calderón Hinojosa, quien fuera Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Luis Videgaray Caso, quien al momento de los hechos fungía como Secretario de Hacienda y Crédito Público; Francicso Javier García Cabeza de Vaca, entonces Senador de la República; Francisco Domínguez Servién, quien fuera Senador de la República; Salvador Vega Casillas, quien fuera Senador de la República; Jorge Luis Lavalle Maury, quien fuera Senador de la República; David Penchyna Grub, quien fuera Senador de la República: José Antonio Meade Kuribreña, quien fuera Secretario de Energía y Secretario de Relaciones Exteriores al momento de los hechos; José Antonio González Anaya, quien fuera Consejero de Pemex y posteriormente Director General del IMSS y de Pemex respectivamente; Carlos Treviño Medina, entonces funcionario de Hacienda y Pemex, y posteriormente Director General de Pemex respectivamente; Rafael Caraveo Opengo, entonces funcionario del Senado de la República; Lourdes Mendoza, entonces periodista, y Catrlos Salinas de Gortari, entonces comisionista y cabildero del PAN.