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Un juez emitió una nueva orden de aprehensión en contra el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, prófugo de la justicia y acusado por cargos de corrupción, y otra contra su hija, informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).

“El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, otorgó las órdenes de aprehensión correspondientes”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

Detalló que el juez de control de Nayarit giró las órdenes de captura y solicitó una ficha roja de Interpol contra el exgobernador y su hija, Lidy Alejandra Sandoval López, “por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

“El juez consideró que el delito materia de la solicitud de la orden de aprehensión es de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit”, detalló la FGR.

La Fiscalía aseguró que existen pruebas de la vinculación de Sandoval con diversas personas que han sido detenidas en un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada, sin embargo no ofreció mayores detalles.

El juez también consideró que el exgobernador y su hija “probablemente” cuentan con una alta capacidad económica y tienen nexos con un grupo delictivo organizado.

No es la primera orden de arresto contra Sandoval, pues en noviembre del año pasado un juez de control ordenó su arresto luego de que la Fiscalía de Nayarit lo denunciara por malversación de fondos públicos y ejercicio indebido de funciones.

A Sandoval se le acusa de un desfalco en el Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit. Según la Fiscalía estatal, al exgobernador podría alcanzar una pena de hasta 20 años de cárcel, inhabilitación para ocupar cargos públicos y una sanción de reparación del daño.

El 28 de febrero del año pasado, el entonces secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, acusó a Roberto Sandoval de recibir sobornos del crimen organizado. Pompeo precisó que el Departamento del Tesoro ya congeló las cuentas del exgobernador Sandoval, debido a que tienen pruebas de que recibió dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este lunes que la Cámara de Diputados haga público el expediente del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y otros dos delitos.

“Ojalá que la Cámara de Diputados dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas. Ojalá haya transparencia, eso va a ayudar mucho”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina, donde afirmó que el que se haga público el expediente le conviene también al gobernador.

“Es sano para la vida pública el que se dé a conocer el expediente, creo que es sano para el gobernador, para la Fiscalía, para los legisladores, también para nosotros en Presidencia”; y es que dijo que aunque se hayan hecho señalamientos de que la acusación en su contra venía orquestada desde Palacio Nacional, él no tiene nada que ver y quiere saber de qué se le acusa al panista.

Ejemplificó que en el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y extraditado a México donde fue exonerado, sirvió de mucho hacer público el expediente.

“Ojalá que los legisladores resuelvan dar a conocer el expediente completo y subirlo a la red como lo hicimos en el caso de Cienfuegos”, indicó. Aseguró que eso ayudará a que no haya manipulación ni linchamientos mediáticos, indicó el mandatario mexicano.

Al respecto, el Acción Nacional ha denunciado una “persecución política” contra García Cabeza de Vaca, quien es miembro de la Alianza Federalista, grupo de gobernadores que han sido fuertes críticos del “centralismo” del presidente López Obrador.

López Obrador reiteró esta mañana lo que ya había negado el pasado 24 de febrero que se trate de una “venganza” contra el mandatario estatal. “Yo no fabrico expedientes ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie”, sostuvo AMLO.

En el caso de García Cabeza de Vaca, los diputados están dentro del plazo de los 60 días para analizar la declaración de procedencia para después convertirse en jurados, escuchar a las partes y votar por el desafuero definitivo del gobernador, quien termina su periodo en 2022.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantendrá la acusación por corrupción contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo en la pasada administración, tras fracasar la negociación que comenzó con si defensa, para lograr un acuerdo.

La negociación para rebajar la acusación contra la exsecretaria y que recibiera en dado caso la condena menor, se rompió ya que la acusada “no quiere reparar el daño” de sus acciones.

Robles, en prisión preventiva desde agosto de 2019, está acusada de permitir el desvío de fondos por 5,000 millones de pesos a través de contratos con universidades públicas y empresas fantasma, mejor conocida como La Estafa Maestra.

La última audiencia, celebrada el pasado 10 de febrero, fue pospuesta para dar tiempo a una negociación entre la Fiscalía y el equipo legal de Robles, quien denunció se mostró dispuesta a colaborar con la justicia, incluso revelando el nombre del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien habría participado y dado ordenes para llevar a cabo los desvíos.

Sin embargo, en la audiencia de este viernes, tanto la Fiscalía como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coincidieron en que “no hay condiciones” para solicitar un “procedimiento abreviado”, el cual permitiría rebajar la acusación contra Robles.

La Fiscalía sostuvo que “la propuesta de la defensa no procedía porque se niegan a reparar el daño”, mientras que los abogados de Robles aseguraron que “la reparación del daño no procede por el delito que se acusa”.

El abogado de la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto, Epigmenio Mendieta, aseguró que hubo incumplimiento de la FGR en su “obligación” de instrumentar acercamiento con su cliente para entablar un proceso de negociación.

“A pesar de la postura que hay por parte de la Fiscalía General de la República en el sentido de que no están en condiciones de llegar a un proceso de negociación, de tal manera de que lo que se puntualizó por parte de la defensa, que existe un derecho, que es un derecho constitucional de Rosario, a que reciba una propuesta formalmente de la procedencia o no del (procedimiento) abreviado”, indicó en en encuentro con los medios.

Ambas partes acordaron convocar a una nueva audiencia para el 26 de marzo, tiempo que servirá para buscar un nuevo acuerdo.

Recordemos que el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo el año pasado que Robles estaba en prisión preventiva porque no quería colaborar con el Ministerio Público, a diferencia de Lozoya, quien afronta su proceso judicial en libertad tras haber alcanzado una cuerdo con la FGR.

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó este viernes a la Cámara de Diputados seis cajas de expedientes para ratificar la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Los documentos entregados contienen la investigación sobre los delitos de los que se le acusan: delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

La Secretaría General de la Cámara de Diputados informó que el Titular y los Fiscales de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, perteneciente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada se presentaron en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, para ratificar la solicitud de desafuero contra el gobernador.

“Los funcionarios de la FGR fueron atendidos por el director general de Asuntos Jurídicos, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, y la documentación entregada ya fue turnada a la Secretaría General para que sea remitida a la Sección Instructora”, informó la Cámara de Diputados.

La petición de desafuero se conoció el martes pasado cuando el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, difundió la solicitud de la FGR, situación que fue calificada por el propio gobernador como un acto ilegal.

El gobernador y su partido, el PAN, ha denunciado una “persecución política”; el gobernador es miembro de la Alianza Federalista, un grupo de gobernadores opositores al gobierno federal, y que han criticado el “centralismo” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sobre los señalamientos, López Obrador negó que se trate de una “venganza” contra el mandatario estatal, quien también es uno de los señalados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013, que el presidente combate.

“Nosotros no perseguimos a nadie, pero también recuerdo que no somos tapadera de nadie”, aseguró el presidente en su conferencia de prensa matutina.

Los diputados tendrán 60 días para analizar la declaración de procedencia para después convertirse en jurados, escuchar a las partes y votar por el desafuero del gobernador, quien termina su periodo en 2022.

FOTO: Twitter

El gobierno federal busca la captura de Raúl Beyruti, fundador y presidente de GINgroup, conocido como el “rey del outsourcing”, mecanismo de subcontratación laboral, informó este miércoles Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El secretario confirmó la existencia de “varias denuncias” contra Beyruti mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque dijo no conocer sobre la supuesta orden de aprehensión que se filtró en redes sociales, supuestamente atribuible a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Lo que puedo confirmar es que la Secretaría de Hacienda presentó denuncias en su momento, que dio información a la Fiscalía. La Fiscalía es la que las tiene que procesar, a mí no me han reportado si ya giraron una orden de aprehensión”, declaró el funcionario en entrevista con Aristegui Noticias.

Las denuncias son el último combate del gobierno federal al esquema de “outsourcing”, que surgió de la reforma laboral de 2012 y permite que una empresa delegue a una tercera la prestación de servicios para reducir hasta 50 % de reducción de costos.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, había revelado en enero pasado que había presentado 53 denuncias, 30 relacionadas con empresas “fachada” y 15 vinculadas con empresas factureras, además de ocho sobre “outsourcing”, que incluían a GINgroup.

“Este es un caso, el de las empresas fachada, que ha sido muy público, que se ha señalado, los impactos que tienen de daño al erario público y también que son vehículos que permiten disminuir el pago de seguridad social de los trabajadores”, aseveró.

Según trascendió en medios como Expansión y El Universal, la FGR giró una orden de aprehensión contra Raúl Beyruti, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Hasta ahora, no ha habido un pronunciamiento público ni de la FGR ni de GINgroup sobre el caso.

Recordemos que en septiembre pasado, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó a la entonces vicepresidenta de la empresa, María Beatriz Gasca, de estar detrás de las feministas que ocuparon un edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Foto: Twitter @Latitud21mx

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la tarde de ayer a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El escrito presentado a la Cámara de Diputados estuvo dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Moisés Ignacio Mier Velasco, el cual indica que la solicitud sería ratificada por la fiscalía este jueves.

El procedimiento de desaforar a un gobernador es necesario si la fiscalía quiere detenerlo y enjuiciarlo mientras ocupa el cargo, pero se trata de un proceso largo que implica una investigación por parte de los legisladores.

El documento compartido por Mier reveló que detrás de la petición está la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda. La Cámara de Diputados deberá ratificar la solicitud de desafuero en dos días, el jueves 25 de febrero.

Y es que en meses pasados, se presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares. A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que reportaron al gobernador ingresos por unos 2 millones de dólares.

Recordemos que Cabeza de Vaca pidió en agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República que le informara si existía alguna investigación en su contra.

Además, el gobernador es uno de los señalados por el exdirector de Pemex acusado de corrupción, Emilio Lozoya, como uno de los políticos que habrían recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013.

En su cuenta oficial de Twitter, el gobernador acusó a Morena de filtrar “una supuesta acusación” en su contra con el objetivo de iniciar una “embestida política”.

“De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito”, escribió. “Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”.

Al respecto, esta mañana el Fiscal Alejandro Gertz Manero negó que las acusaciones de corrupción contra el gobernador obedezcan a motivos políticos, aunque no aclaró cuál es el fundamento del caso.

“No podrá darse ningún caso de que ésta sea una venganza ni una cosa de tipo político de ninguna naturaleza”, dijo Gertz Manero al intervenir esta mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sostuvo que se presentarán pruebas contra el gobernador para que los legisladores puedan determinar si las acusaciones tienen mérito como para llevarlo a juicio.

“Nos estamos sometiendo a todos los diputados de todos los partidos para que analicen ese caso y lo puedan tratar con toda transparencia porque si no, no va a haber claridad. Así que pueden estar tranquilos”, defendió Gertz Manero.

López Obrador dijo por su parte que “nosotros no perseguimos a nadie”, esto luego de que los gobernadores de Acción Nacional manifestaran su total respaldo y solidaridad a García Cabeza de Vaca, e indicaran que el uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal de rompimiento democrático del estado de derecho.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) dijo que la acción emprendida contra el panista era contraria al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia que planteó ayer el presidente López Obrador.

Sin embargo, López Obrador enfatizó que si bien no persiguen a nadie, tampoco el gobierno será tapadera. “Nosotros no perseguimos a nadie, pero también recuerdo que no somos tapadera de nadie”, enfatizó el presidente.

Esta mañana, el gobernador de Tamaulipas emitió en mensaje en el que habló más sobre el tema.

“Ayer cuando supuestamente honramos al apostol de la democracia me enteré, al igual que ustedes, por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero”, dijo el mandatario estatal.

Reflexionó que siempre se ha conducido conforme a la ley, además de que ha sido objeto de infamias y persecuciones políticas. Dijo que como siempre dará la cara, por lo que este mismo miércoles se trasladará a la Ciudad de México para presentarse en la Cámara de Diputados y conocer de qué se le acusa.

Indicó que era de mínima decencia política haberle citado a comparecer hace un año cuando comenzaron las especulaciones sobre el tema en su contra, y no ahora que comienzan las elecciones. “Que casualidad”, dijo. Afirmó que no ha traicionado la confianza de los ciudadanos del estado.

La Fiscalía General de la República (FGR) aceptó negociar con la exsecretaria de Desarrollo Social de la administración pasado, Rosario Robles, para explorar la posibilidad de retira la acusación de corrupción que tiene en su contra, y que la tiene en prisión preventiva desde 2019 a cambio de su colaboración en futuras investigaciones.

El juez Ganther Villar pospuso la audiencia celebrada este miércoles después de que Robles solicitara “un criterio de oportunidad”, es decir, que la Fiscalía levante la acusación a cambio de cooperación.

Robles Berlanga habría ofrecido declararse culpable de las omisiones que permitieron los desvíos de los que se le acusan, a cambio de obtener una pena de prisión mínima.

La nueva fecha de la audiencia quedó pospuesta para el próximo 26 de febrero, cuando la Fiscalía deberá decidir si se concede la petición a Robles, esto luego de ser autorizada por los superiores de la FGR.

Aunque el Ministerio Público informó durante la audiencia de que ya habían discutido una “propuesta en forma verbal” con la defensa, el juez dio un plazo de cinco días a ambas partes para que informen sobre la fecha en que comenzarán las negociaciones formales.

Robes, quien también se desempeñó como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, está acusada de permitir el desvío de fondos por 5,000 millones de pesos a través de contratos con universidades públicas y empresas fantasma, la llamada Estafa Maestra.

La defensa de Robles anunció en noviembre pasado que colaboraría con la Fiscalía denunciando en la trama al exsecretario de Hacienda y Exteriores Luis Videgaray a cambio de beneficios procesales. En ese momento quedó descartado incluir en la acusación al expresidente Enrique Peña Nieto.

Recordemos que la figura del testigo colaborador cobró relevancia en nuestro país con la extradición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, quien cerró un acuerdo con la Fiscalía para denunciar como responsables de los sobornos a Peña Nieto y a Videgaray.

Incluso el Fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo el año pasado que Robles estaba en prisión preventiva porque no quería colaborar con el Ministerio Público, a diferencia de Lozoya, quien afronta su proceso judicial en libertad.

El empresario Alonso Ancira, quien se encuentra bajo prisión preventiva desde que fuera llegara a nuestro país la semana pasada procedente de España, acordó este martes pagar 219 millones de dólares por concepto de reparación del daño a Pemex en relación al caso Agronitrogenados.

Dicho acuerdo implicaría que la Fiscalía General de la República (FGR) no le lleve a juicio al exdirectivo de Altos Hornos de México (AHMSA) por el delito de lavado de dinero.

Y es que Ancira se encuentra en el Reclusorio Norte de Ciudad de México acusado de vender a Petróleos Mexicanos en 2013 la planta de fertilizantes inservible a un precio mayor del que valía y con ello haber causado un daño al erario público.

Durante la audiencia de este martes, que se prolongó por varias horas, el empresario llegó a un acuerdo con el representante legal de Pemex para pagar por el daño ocasionado a la empresa estatal.

Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como el juez de control que lleva a cabo la audiencia del empresario, Artemio Zúñiga, deben ratificar el acuerdo alcanzado. En cuanto se conoció lo negociado, el juez suspendió la audiencia.

De ser aprobado el acuerdo, el empresario podría quedar en libertad este mismo martes.

Recordemos que en noviembre de 2020 trascendió que Ancira estaba dispuesto a pagar al Estado 200 millones de dólares a cubrir en cuatro años a cambio de no ser extraditado desde España, donde estaba detenido desde mayo de 2019. Sin embargo, la extradición a México desde Palma de Mallorca se concretó el pasado 3 de febrero.

El empresario Alonso Ancira llegó la tarde de ayer a México extraditado desde España para enfrentar el delito de lavado de dinero en relación al caso de la planta de Agronitrogenados.

El avión de la Fiscalía General de la República (FGR) que transportaba al empresario llegó al aeropuerto de Ciudad de México a las 17:10, desde donde fue trasladado al Reclusorio Norte para comparecer ante el juez de control. La audiencia, donde se le imputaron los cargos, inició ayer alrededor de las 23:00 horas.

Sin embargo, la audiencia inicial se suspendió esta madrugada, debido a que el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) manifestó problemas de salud. El juez solicitó que fuera valorado por un médico, quien minutos después le diagnosticó descompensación metabólica por falta de descanso y alimentación. 

El juez de control, José Artemio Zuñiga, decidió suspender la sesión para que el empresario pudiera recibir alimentos y descansar. Se fijó a las 13:00 horas el horario para se reanude la audiencia.

“Ahorita por cuestiones de salud el juez decretó un receso de de ocho horas para que el señor Ancira pueda descansar, recuperarse, se sintió un poco mal, el juez lo vio, incluso mandó llamar paramédicos y en este momento se decretó un receso y continuará la audiencia hasta la una de la tarde”, dijo José Luís Castañeda, abogado del eqipo legal de Ancira.

Previo a que se decretara el receso, la defensa de Ancira solicitó la aclaración de tres incidencias: tener a Petróleos Mexicanos en calidad de ofendido; la nulidad del acuerdo del juez por medio del cual autorizó realizar la audiencia inicial, y la ilegal detención de Ancira.

Las tres mociones de la defensa fueron desechadas por el juez, quien estimó que eran improcedentes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que su gobierno hizo “lo correcto” y “ético” al publicar el expediente que la DEA envió a México en torno al general Salvador Cienfuegos, quien el jueves pasado fue exonerado de las acusaciones de narcotráfico por la Fiscalía General de la República (FGR).

“No se pueden fabricar delitos a nadie. Lo que hicimos fue lo correcto, es ético, independientemente del derecho, que tampoco se viola”, señaló el presidente en su conferencia de prensa matutina.

Los comentarios del mandatario llegan luego de que de que este fin de semana, el Gobierno de Estados Unidos expresara su “profunda decepción” por la exoneración de Cienfuegos por parte de la FGR, que decidió no investigarlo por falta de pruebas.

Además, el Departamento de Justicia acusó a México de violar un tratado al divulgar información que le había compartido de manera confidencial.

Ante lo expuesto por la dependencia estadounidense, AMLO respondió que “no es posible que se lleve a cabo una investigación sin sustento y quedarnos callados”. Justificó que el expediente se dio a conocer el viernes porque las circunstancias así lo exigían, pues estaba en entredicho el prestigio de México.

“Es inédito (la publicación del expediente) pero así lo exigían las circunstancias, porque esta de por medio el prestigio de México, y ningún grupo, ningún gobierno puede socavar el prestigio de nuestra nación”, sostuvo López Obrador.

Destacó que por ello el compromiso de su gobierno fue dar a conocer la información que envió el Departamento de Justicia estadounidense “sin borrar nada”, aunque reconoció que el expediente de la Fiscalía, dado a conocer el sábado pasado, sí tenía partes borradas por la naturaleza de la investigación.

El jefe del Ejecutivo reiteró que la investigación de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) fue “irresponsable” pues se fabricaron delitos con base solamente en fotografías de capturas de pantallas de un celular. Indicó que no se debe pensar que las agencias de investigación extranjeras son “infalibles o perfectos”, ni que todo lo malo tiene que ver con su gobierno.

López Obrador descartó que la relación con Estados Unidos se hayan fracturado tras hacerse público el expediente que el país vecino compartió con México.

“Actuamos bien y esto no afecta las relaciones, son buenas las relaciones con el gobierno actual y con el gobierno que entrará en funcionamiento esta semana”, apuntó.

Organizaciones de la Sociedad Civil y colectivos aseguraron que el caso de Salvador Cienfuegos es la última prueba de que México necesita un nuevo Fiscal, y no una nueva ley como se ha planteado, esto al acusar que el actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, faltó a su obligación de llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva sobre los cargos en contra del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

A través de un pronunciamiento público, las más de 300 organizaciones indicaron que la actuación de la Fiscalía frente a las acusaciones documentadas en Estados Unidos en torno al exsecretario de la Defensa, deja en claro que en México los militares son intocables.

“Se pone de manifiesto, además, que el Fiscal no está defendiendo su autonomía, faltando a su mandato constitucional, en tanto que, ha sido el Presidente de la República quien ha sentado las pautas de actuación que rigen a la Fiscalía”.

Como muestra, recordó que la negociación con las autoridades estadounidenses para que el General Cienfuegos fuera trasladado a nuestro país fue conducida por el canciller Marcelo Ebrard, y no por el Fiscal como debiera ser ante cualquier acuerdo de colaboración en materia penal.

Indicaron que la ausencia de acciones del Fiscal para defender su autonomía es una violación directa al artículo 102, apartado A de la Constitución, que establece que la institución federal encargada de la procuración de justicia será un órgano público autónomo, lo que significa que no debe estar sujeto a ningún poder político, sea formal o fáctico. “Este mandato ha sido incumplido por el Fiscal, que ha puesto a la institución que encabeza al servicio de los intereses del Gobierno”.

Aseguraron que independientemente de la información que haya recibido por parte de las autoridades estadounidenses, el Fiscal tenía la obligación de llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva sobre los cargos en contra del General Cienfuegos, buscando incluso testimonios de posibles víctimas de graves violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, que se hubieran cometido por el Ejército cuando el General Cienfuegos era titular de la Defensa Nacional.

Adicional, señalaron que hubo otros desacatos por parte del Fiscal, tales como el incumplimiento de diversos aspectos de la Ley Orgánica de la Fiscalía, el nombramiento de fiscales especiales sin respetar lo dispuesto en la Constitución y en la ley, la ausencia de acciones para llevar a cabo la transformación y la transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía, como órgano autónomo, y la perpetuación de esquemas que históricamente han demostrado ser ineficaces y que, por tanto, han conservado los altos niveles de impunidad en el país.

Los firmantes, en los que también se encuentran colectivos y personas a título personal, sostiene que el cierre de las investigaciones del caso del General Cienfuegos es también el cierre absoluto a la posibilidad de que en México se investigue de manera efectiva y eficiente a las altas esferas del poder, cuando cometen delitos o violaciones a derechos humanos.

Se indica que a casi dos años de haber asumido la titularidad de la Fiscalía, Alejando Gertz Manero ha demostrado que no ha pasado la prueba y que no se encuentra a la altura de los retos que demanda este país, por lo que solicitaron al presidente López Obrador remueva al funcionario como titular de la Fiscalía General de la República.

Adicional, solicitaron al Senado cite a Gertz Manero para que rinda cuentas sobre su actuación en este y otros casos, así como sobre su incumplimiento reiterado a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; lleve a cabo una convocatoria abierta para elegir una nueva persona titular de la Fiscalía, así como que se inicien investigaciones contra el actual titular de la FGR y su equipo por haber actuado fuera del marco de la Ley Orgánica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó este viernes la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de exonerar al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, mientras acusó a la DEA de fabricar pruebas en su contra.

“Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Dijo que su gobierno “secunda, avala y respalda” la decisión de la FGR, que se dio a conocer la noche de ayer.

Recordemos que López Obrador enfatizó en más de una ocasión, que los “elementos de prueba” presentados por la DEA “no tienen ningún valor probatorio” para enjuiciar a Cienfuegos. Además, indicó que había cierta relación entre la fecha de la detención de Cienfuegos y las elecciones estadounidenses. “Todo esto hay que aclararlo”, subrayó.

“Nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción. Pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera”, subrayó el mandatario.

El presidente remarcó que habrá “transparencia plena” en el caso para evitar críticas, por lo que indicó que se difundirá el expediente del caso, aunque a las autoridades estadounidenses no pudiera estar de acuerdo.

“Que se tenga toda la información, no ocultar nada. Y también para que con la información podamos salir al paso a los adversarios nuestros y a los representantes que están empeñados en atacarnos para que se piense que somos iguales y que no hay ningún cambio, que somos encubridores, cómplices. Y que somos también peleles, de grupos de intereses creados y de gobiernos extranjeros”, añadió.

Al respecto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo este viernes en un comunicado que se reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche de ayer, que luego de analizar y llevar a cabo las dirigencias necesarias, así como analizar las pruebas presentadas por las partes, concluyó, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), no ejercer acción penal en contra del General Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La FGR recordó que desde el año 2013, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), inició sin el conocimiento y sin la colaboración de las autoridades mexicanas, una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba a Cienfuegos Zepeda.

Apuntó que la DEA continuó con la investigación durante la administración del presidente López Obrador, sin que tampoco se haya informado a las autoridades mexicanas del caso.

Fue así que el pasado 15 de octubre, agentes de la DEA detuvieron al exfuncionario mexicano en el aeropuerto de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso, por delitos contra la salud y lavado de dinero. Sin embargo, tras el reclamo del gobierno mexicano, cinco semanas después de haber sido detenido, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le solicitó a la Jueza que conoció del caso desestimar los cargos; el 18 de noviembre de 2020, el General Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas, al Ministerio Público de nuestro país.

Durante el tiempo que estuvo detenido el General, y después de haber sido informada sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas, para poder iniciar su propia investigación.

Fue el 9 de enero de este año, que Cienfuegos Zepeda conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la FGR, teniendo acceso a todo el expediente, como correspondía a la fase procesal.

La Fiscalía indicó que el extitular de la Sedena aportó sus elementos de prueba, paralelamente a que la Fiscalía llevaba a cabo las acciones necesarias para recabar las evidencias necesarias.

“Se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso”, indicó la FGR a través de un comunicado.

Finalizó indicando que del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no se encontró ningún dato o señal de que el exfuncionario obtuviera ingresos de forma ilegal o incrementara su patrimonio de forma irregular.

El canciller Marcelo Ebrard, informó esta mañana que sigue trabajando, junto a la Fiscalía General de la República (FGR), en la extradición desde Israel de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

“Está en manos de autoridades israelíes la información correspondiente y la Fiscalía General de la República (FGR) está llevando a cabo el proceso”, dijo Ebrard Casaubón al participar en la mañanera de Palacio Nacional.

El canciller explicó que el proceso ha tomado más tiempo, y se ha vuelto lento, debido a que el exfuncionario solicitó asilo en dicho país, lo que se suma a que no hay tratado de extradición entre México e Israel; sin embargo dijo, cuando hay delitos que atentan contra los derechos humanos “los países están obligados a actuar como si hubiese tratados de extradición”.

Señaló que Zerón está tratando de obtener asilo argumentando que vive una persecución política lo que está retrasando las gestiones. No obstante, pronosticó “que México va a salir adelante en esta causa”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, aseguró que desde que se iniciaron las investigaciones del caso, la dependencia ha proporcionado la información que ha sido requerida por investigadores y padres.

Afirmó que la Sedena sostendrá reuniones con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para darles acceso a “toda la información que requieran” y reiteró que el organismo tiene apertura para estar con ellos “de tal manera que no se tenga la percepción de que se están ocultando cosas”.

Las declaraciones de los funcionarios federales llegan un día después de que el presidente López Obrador se reuniera con los padres de los jóvenes, como parte del compromiso que hizo de mantener contacto constante con los familiares.

Recordemos que Tomás Zerón cuenta con una emisión de ficha roja por parte de la Interpol para localizarlo y extraditarlo.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer esta tarde acciones penales contra exfuncionarios y políticos señalados por el exjefe de Pemex, Emilio Lozoya, en distintos episodios de corrupción.

“La próxima semana se judicializará (la denuncia de Lozoya) en contra de quién o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes”, dijo la fiscalía en un comunicado.

La dependencia agregó que la audiencia intermedia en el caso de Lozoya será fijada por el juez una vez que venza el plazo de la investigación complementaria del caso, fijado para el 7 de marzo de este año.

Lozoya, actualmente sometido a un proceso judicial por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, señaló en agosto a expresidentes y políticos, principalmente del PAN, de participar en hechos de corrupción.

Recordemos que en agosto pasado, cuando presentó su denuncia ante la Fiscalía, el exdirector de Pemex dijo que por instrucciones del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda y canciller, Luis Videgaray, entregó sobornos a legisladores para que aprobaran reformas estructurales, entre ellas la energética.

Lozoya dijo en una declaración que fue filtrada a la prensa que los entonces senadores del PAN Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, hoy gobernadores de los estados de Tamaulipas y Querétaro, recibieron sobornos, aunque ambos negaron las acusaciones.

Lozoya dijo también que entregó poco más de seis millones de pesos al excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya. El exfuncionario señaló también que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se dieron condiciones ventajosas a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, para la construcción de una planta petroquímica. Varios de los señalados negaron cualquier comportamiento indebido.

La comunicación de la FGR llega luego de que esta mañana, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicara que la Fiscalía ya estaba llevando mucho tiempo en las averiguaciones y pidió que se informara sobre el caso.

“Coincido en que ya ha transcurrido mucho tiempo, aunque también imagino que se están haciendo bien las cosas, se están presentando las pruebas ante el Poder Judicial”, dijo el mandatario.

La Fiscalía añadió, en cuanto a las medidas cautelares que se impusieron a Lozoya Austin (colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte), que hasta el día de hoy no ha reportado que haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial.

Un grupo de papás de niños con cáncer presentaron este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su omisión e inactividad ante el desabastecimiento de medicamentos oncológicos.

Andrea Rocha, abogada de los familiares, explicó que la denuncia contra la presidenta de la CNDH se debe a que no ha dado ningún pronunciamiento sobre la falta de medicamentos para los niños. Acusó que “la señora no ha hecho su trabajo o emitido ningún lineamiento que pueda apoyar a los niños con cáncer”, apuntó.

Explicó que en este año se han presentado 552 quejas ante el organismo por la falta de medicamentos.

Israel Rivas, vocero de los padres de familia, manifestó que Piedra Ibarra más allá de brindar apoyo para que los pequeños tengan sus medicamentos garantizados, destituyó al primer visitador quien, en su momento, prometió iniciar una queja de oficio ante la secretaria de salud para resolver esta problemática.

Aseguró que en el tema es evidente que no hay voluntad política, “hay abandono”. Añadió que en los últimos dos años, donde se ha vivido una fuerte escasez de medicamentos oncológicos, cerca de 1,600 niños con cáncer en el país han perdido la vida. “A dos años del desabasto, a esto yo lo llamo intencional”, indicó.

Esta es la quinta denuncia que presentan los padres de familia de pequeños con cáncer, una por homicidio, otra por el robo de medicamentos oncológicos, una más por el supuesto desvío de los 500 millones de pesos obtenidos por la rifa simbólica del avión presidencial y una cuarta por la pérdida de la vista de un pequeño debido al desabastecimiento.

Israel Rivas señaló que en próximos días pedirán al gobierno mexicano que los niños con cáncer sean grupo de prioridad para ser vacunados contra el Covid-19, pues considera están en riesgo de infección y muerte.  Señaló que en el plan de vacunación no están contemplados los pequeños con tratamientos oncológicos por lo que aseveró que, de no dar prioridad a sus hijos, tomarán acciones al respecto.

Recordemos que la crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).