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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, el morenista Ricardo Monreal, confirmó que este lunes inicia el análisis y discusión de la minuta que recibieron la semana pasada de la Cámara de Diputados en materia de Guardia Nacional, donde se busca alargar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028.

Monreal Ávila dijo que está programada para hoy la reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos II para iniciar la deliberación sobre la minuta que envió la colegisladora.

El también coordinador de la bancada de Morena dijo que se acatarán todas las disposiciones jurídicas internas que marca el protocolo legislativa, y dijo que la discusión será la que determinen las comisiones, así como su duración, para finalmente llegar al Pleno donde se le dará primera y en segunda lectura a la minuta.

Sin embargo, el morenista reconoció que ha sido “intensa” la negociación que se ha comenzado a dar en el Senado respecto a la minuta, misma que lo ha llevado a reunirse con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios y con funcionarios del gobierno federal.

“No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia. Seguimos trabajando, seguimos dialogando, pero en esta ocasión debo de decir con todo honestidad que los grupos parlamentarios están en una posición que no admite movimiento”, sostuvo el también aspirante a la presidencia en 2024.

Adelantó que su bancada, y él específicamente, sigue intentando hacer notar la necesidad y la realidad en la que se encuentra el país en materia de seguridad, y por ende la urgencia de mantener a las Fuerzas Armadas coadyuvando en tareas de seguridad.

“Estoy seguro que todos queremos que el país tenga leyes y reformas actualizadas en beneficio de la población”, remató el morenista.

En tanto, su homólogo en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, exhortó a los senadores a votar a favor de la reforma al artículo quinto constitucional, cuyo objetivo dijo, es permitir el fortalecimiento de la estrategia de seguridad y la consolidación de la Guardia Nacional.

“La participación decidida, comprometida, pensando en México, de las y los senadores, permitirá garantizar la continuidad del proceso de reforma constitucional que después se irá a los estados, hago votos por que así sea”, dijo el también presidente de la Jucopo.

Mier Velazco reiteró que las y los legisladores que integran a la coalición Juntos Hacemos Historia están comprometidos con México y lo más importante con la seguridad de las familias mexicanas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó este viernes que tiene lista la propuesta que enviará a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para integrar un comité que logre un diálogo y la paz entre Rusia y Ucrania, así como para firmar una tregua de paz entre todas las naciones del mundo de cuando menos 5 años.

“Se trata de buscar congruencia, un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia delante una tregua de cuando menos cinco años, en favor de la paz entre todas las naciones”, dijo el mandatario mexicano en su mensaje con motivo del desfile militar.

López Obrador detalló que este comité estaría integrado, de aceptarse por una mayoría en el consejo de Seguridad de la ONU, por el Papa Francisco, el secretario general de la ONU, António Guterres, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, entre otros.

“La misión pacificadora debe de buscar, de inmediato, el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de pláticas directas con el presidente Zelenski, de Ucrania, y con el presidente Putin, de Rusia”, detalló el mandatario..

Dijo que la propuesta será presentada por el canciller Marcelo Ebrard en la próxima Asamblea General de la ONU, la cual también plantea la suspensión de acciones y provocaciones militares, así como pruebas militares en todo el planeta.

López Obrador planteó el “compromiso de todos los Estados de evitar enfrentamientos y no intervenir en conflictos internos”, a fin de “crear un ambiente de paz y tranquilidad”.

Dijo que esto permitirá concentrar los esfuerzos globales para enfrentar los grandes y graves problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a los pueblos del mundo”, como la inflación, la crisis alimentaria y la salud.

Sin embargo, mientras el presidente hablaba y abogaba por la paz, criticó la actuación de la ONU y de las principales potencias globales, quienes dijo, no hicieron su trabajo para evitar el más reciente conflicto bélico.

“Lo cierto es que nada tampoco ha hecho en ese sentido la ONU. Permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una eficacia política que la deja en un papel meramente ornamental”, dijo López Obrador.

Dijo que el envío de armas y la imposición de sanciones comerciales y económicas a Rusia solo agravaron el conflicto, produjeron más sufrimiento de víctimas, extendió la crisis de refugiados y migración, así como el desabasto de alimentos y de energía, lo cual ha impulsado la inflación mundial a niveles no vistos en más de dos décadas.

López Obrador insistió que “sin paz no habrá ni crecimiento económico ni mucho menos justicia” y resaltó que gobernar “no debe de ser un ejercicio hegemónico o de dominio, sino ante todo la búsqueda del bienestar para los pueblos”.

El desfile de este viernes tiene la participación de la Guardia Nacional como protagonista, como nuevo integrante de las Fuerzas Armadas.

López Obrador agradeció la lealtad de la Marina y el Ejército y afirmó que la Guardia Nacional tendrá como misión “garantizar con eficiencia y respeto a los derechos humanos la seguridad pública”.

Al defender el papel de los militares, el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, dijo que las Fuerzas Armadas “actúan en todo momento subordinadas al poder civil” y sostuvo que su proceder está “siempre apegado al marco jurídico vigente, sin aspiraciones ni pretensiones de ninguna índole”.

El papel protagónico de la Guardia Nacional llega luego de que se aprobara la semana pasada una reforma que permite que el control de la Guardia Nacional pase a la SEDENA, mientras que esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados una iniciativa que le permitirá a los militares permanecer en las calles ayudando en tareas de seguridad  hasta 2028.

Dicho dictamen llegó al Senado, donde en breve comenzará su análisis en Comisiones y posteriormente, conforme marca el proceso legislativo, será discutido y votado en el Pleno.

Recordemos que desde su creación en el 2019, la Guardia Nacional respondía a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Desde el inicio de su administración, López Obrador ha venido asignado a los militares una cantidad cada vez mayor de tareas, que incluyen la construcción de obras prioritarias como el nuevo Aeropuerto Intenacional Felipe Ángeles,  el Tren Maya, el manejo de puertos y aeropuertos y la distribución de vacunas contra el COVID-19.

En el proyecto de presupuesto de egresos de 2023 se estimó que la SEDENA recibirá unos 5,600 millones de dólares, mientras que para la Guardia Nacional se dispusieron unos 3,200 millones de dólares, montos que superan en más de 2% los que recibieron este año.

Ante las críticas hechas, el presidente López Obrador descartó que eso represente la militarización de México y aseguró que lo busca es “el crecimiento sano de lo que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Ricardo Monreal, confirmó que el Senado de la República recibió la minuta que amplía el plazo para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad pública hasta 2028.

A través de sus redes sociales, el senador informó que el documento se turnará a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, pues como a cada reforma constitucional, se le aplicará el procedimiento legislativo en todas sus etapas.

El proyecto de decreto reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional publicado en marzo de 2019, y plantea que, durante los 10 años siguientes, en lugar de los 5 años que establecen actualmente, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

El también coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, compartió otro mensaje en el que menciona que en el Senado “intensificamos el diálogo con todos los Grupos Parlamentarios”, ya que se buscará el consenso en torno a la reforma constitucional.

El senador advirtió que, si no se aprueba la reforma constitucional, para marzo de 2023 tendrían que regresar alrededor de 200 mil elementos del Ejército y de la Marina a sus cuarteles, por lo que “habría un problema serio” de inseguridad.

“No creo que en un año y medio se vaya a resolver el problema de la inseguridad, por lo que no creo que sea conveniente, aún, el retorno de los soldados y los marinos a sus cuarteles”, sostuvo el morenista.

Advirtió que actualmente hay entidades federativas y municipios, en los que la mayoría de los elementos que realizan tareas de seguridad pública son soldados y marinos; y señaló que hay estados en los que es más importante la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, que la misma policía estatal y municipal.

Por su parte el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, reconoció que “requiere de un gran diálogo, conciliación y trabajo político”, para alcanzar los 85 votos que se necesitan para la mayoría calificada para modificar la Constitución.

Subrayó que la Mesa Directiva atenderá con pulcritud el proceso legislativo, como lo ha hecho hasta ahora, y “cuidaremos cada acto que nos compete, para que tengamos un marco jurídico que le sirva a las y los mexicanos”.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde la reforma constitucional que permite que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles coadyuvando en las tareas de seguridad hasta 2028.

El documento, avalado con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, contempla reformar el artículo quinto transitorio del decreto por el que se creó la Guardia Nacional en 2019, alargando el plazo para que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad por un total de 10 años y no hasta 2024, como originalmente se aprobó.

La iniciativa aprobada también crearía una comisión bicameral conformada por diputados y senadores, y obligaría al secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a presentar un informe cada inicio de sesiones sobre el avance y capacitación de cuerpos de seguridad civil.

El dictamen fue avalado con el apoyo de los legisladores de la Cuarta Transformación (Morena, PT, PT y PVEM) en conjunto con legisladores del PRI, cuya bancada fue la que se presentó la iniciativa.

En tanto, diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) se manifestaron en contra, tal como lo habían anunciado.

Por parte de la bancada del PRI, se argumentó que ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas permitirá actuar con antelación ante la crisis de inseguridad que vive el país y garantizar el respeto a los derechos humanos, además de que señalaron que gobiernos emanados del PAN y MC necesitan al Ejército para mantener la seguridad en sus estados.

La reforma fue aprobada ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, situación que celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina de hoy.

“Yo creo que están actuando, la mayoría de los legisladores, de forma responsable, los felicito”, dijo el mandatario. “Se trata de garantizar la paz y tranquilidad en el país, es enfrentar el problema de la inseguridad pública utilizando todos los elementos buenos con los que cuenta el Estado”, agregó.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el dictamen para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles coadyuvando en tareas de seguridad hasta el 2029.

Con 28 votos a favor y 10 en contra, se aprobó en lo general y en lo particular la reforma al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, que propuso la bancada del PRI y que originó la ruptura entre la oposición.

Al inicio de la sesión de la comisión, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Cristina Ruiz Sandoval presentó una reserva en la que planteaba que las Fuerzas Armadas acompañen en su consolidación a la Guardia Nacional hasta 2029, un año más que lo propuesto en la iniciativa de la también priísta Yolanda de la Torre.

La legisladora justificó que la nueva propuesta, de alargar 10 años el plazo, tiene la finalidad de que las familias mexicanas puedan vivir en paz y tranquilidad en tanto se capacitan y fortalecen los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios.

Señalaron que la participación de las Fuerzas Armadas se dará siempre en apego a los derechos humanos y de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, propuso hacer un ejercicio de rendición de cuentas que vigile la consolidación de la Guardia Nacional.

Planteó la creación de una comisión bicameral entre diputados y senadores, así como la presentación de informes por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cada periodo de sesiones del avance y capacitación de los cuerpos de seguridad civiles.

La legisladora enfatizó la necesidad de recuperar la calma de las familias mexicanas, al mencionar que no son tiempos de señalar culpables, si no de trabajar por las y los mexicanos.

“El PRI no dará un paso atrás, buscaremos a toda costa dar paz y tranquilidad a las familias mexicanas. La seguridad es un tema de suma importancia para las y los mexicanos y para el PRI. En esta batalla los ciudadanos no están solos, en esta batalla el PRI está del lado de las y los ciudadanos”, recalcó Ruiz Sandoval.

Tras su aprobación en comisiones, el dictamen tuvo primera lectura en el Pleno de la Cámara, cumpliendo así la ruta legislativa que marca la ley, lo que permitirá que mañana suba al Pleno y sea discutido por los diputados y eventualmente votado.

El dictamen tendría el apoyo de Morena y aliados, a los que en esta ocasión se sumará la bancada del PRI, por lo que cual se prevé que no tenga mayor problema en ser aprobado.

La diputada de Morena, Yeickol Polevnsky, acusó a la Oposición de tener una intencionalidad política al rechazar la propuesta, y señaló la falta de congruencia en su posicionamiento, pues recordó que tanto PAN como el PRD y MC votaron a favor en el Senado por la inclusión del quinto transitorio en la legislación de la Guardia Nacional.

Pese al llamado que le hicieran el PAN y PRD para retirar su propuesta de que el Ejército permanezca en las calles en apoyo a las tareas de seguridad hasta 2028, la dirigencia nacional del PRI indicó que la seguridad del país no debe politizarse, pues hacerlo sería negarles a millones de familias que puedan vivir en paz.

La dirigencia del tricolor dijo que la seguridad de las familias mexicanas es una prioridad, y por ello impulsa acciones que permitan recuperar la paz en el país.

Como parte de la campaña #PorLaSeguridadDeMéxico, el PRI puntualizó que es necesario atender con total responsabilidad este tema, ya que lo que está en juego es la vida de los mexicanos.Insistió que es necesario reconocer, por la seguridad de México, que la Guardia Nacional no está lista actualmente para hacer frente al grave problema de inseguridad que padecen las familias mexicanas, por lo que se debe ampliar el plazo en que las Fuerzas Armadas coadyuven a estas rareas.

Recordó que en marzo de 2024 las Fuerzas Armadas no podrán intervenir más en labores de seguridad de acuerdo a lo que está planteado en la ley actualmente, lo cual implicará que se deje a su suerte a los estados y municipios. “No podemos permitir que eso ocurra”, añadió.Señaló que la Guardia Nacional requiere recursos, capacitación e implementar una estrategia eficiente; lo que necesariamente implica tiempo y acompañamiento de las Fuerzas Armadas.

Destacó que el Ejército es la institución en la que más confían los mexicanos para atender la inseguridad, por ello la propuesta que han presentado en el Congreso.

“El PRI votó en contra de que la Guardia Nacional tenga mando militar, pero creemos que las fuerzas armadas deben acompañarla en su fortalecimiento durante 4 años más”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que buscará la “vía legal” para que las Fuerzas Armadas se mantengan en labores de seguridad pública después de 2024, pese a su promesa de no hacerlo y que en la Constitución se establece que los militares deben volver a sus cuarteles dentro de dos años.

“Que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero que también, además de sus funciones sustanciales, tanto Marina como la Defensa, que contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública”, respondió AMLO al ser consultado sobre el tema.

En 2019, el Congreso aprobó reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, que establecía un cuerpo de seguridad con mando civil, que sustituiría a la Policía Federal, además de que se incluyó un artículo transitorio que señala que los militares apoyaran en tareas públicas hasta 2024 mientras se consolidaba la corporación.

Sin embargo, ahora parece que la idea no le agrada a López Obrador y sostuvo pretende reformas para que la Guardia Nacional se traslade al Ejército y las Fuerzas Armadas hagan tareas de seguridad pública pasado el tiempo estipulado.

Al reconocer que enfrenta el bloqueo de la oposición, dijo que lo ideal sería una reforma constitucional, por lo que analizan leyes secundarias que le permitan dichos cambios, tal y como sucedió con la reforma eléctrica,

“Una reforma constitucional eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscar la forma porque nos están bloqueando otra vez (en el Congreso), hay la intención de que no podamos hacer nada”, comento López Obrador al recordar la moratoria constitucional que la alianza Va por México anunció semanas atrás.

El mandatario argumentó que las leyes del país impedían a las Fuerzas Armadas participar en labores de seguridad públicas porque estaban enfocadas en la seguridad del Estado y del territorio, por lo que cuando participaban en temas de seguridad lo hacían de “manera informal, violando la constitución”.

Sostuvo que, en la actualidad, garantizar la seguridad pública es lo más importante, ya que se agravó por la guerra que sexenios pasados declararon al narcotráfico, por lo que se tiene que evitar que la Guardia Nacional se corrompa.

“No quiero que el día de mañana vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva, que se corrompió”, expresó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que “es normal” el despliegue de Fuerzas Armadas en las fronteras ante el avance de la caravana migrante que esta semana salió de Chiapas, con cerca de 15,000 personas.

“Es normal lo que se está haciendo, no hay un plan especial”, respondió el mandatario durante su conferencia de prensa matutina, luego de ser cuestionado sobre el despliegue de casi 30,000 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y el INM en las fronteras, en tareas migratorias.

López Obrador respondió que cuando regrese el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien asistió en su representación a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, se reunirá con él para revisar el asunto migratorio.

Denunció que desde hace cinco años, desde la gestión del presidente Donald Trump, el gobierno mexicano ha buscado apoyo para Centroamérica, pero “no ha habido respuesta”. “Se habló de 4,000 millones de dólares y en cuatro o cinco años no han destinado nada”, criticó.

En cambio, enfatizó, “autorizaron los legisladores de Estados Unidos esos que hablan de que les preocupan los derechos humanos como (Marco) Rubio y el otro señor, Ted Cruz y el (Robert) Menéndez, esos senadores, casi por unanimidad, creo que faltó uno, autorizaron 40.000 millones de dólares para armas a Ucrania”, lamentó.

Aprovechó el momento para criticar a legisladores del Partido Republicano por acusarlo de multiplicar la presencia del crimen organizado en México y llamó a Cruz y a Rubio a aportar pruebas en su contra, si las tienen.

Organizaciones civiles han denunciado en diversas ocasiones abusos de las autoridades y militares al tratar de contener la ola migrante con redadas y detenciones. Los cuestionamientos han crecido esta semana por la partida el lunes de una caravana migrante de casi 15,000 personas desde Chiapas, y que se da en el marco de la Cumbre de las Américas que se realiza en Los Ángeles, California.

La región vive un flujo récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

En tanto, el gobierno mexicano ha informado que ha interceptado a más de 252,000 migrantes indocumentados de enero a noviembre y deportó a más de 100,000 en el mismo periodo, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

JORGE SUÁREZ-VÉLEZ

REFORMA

 

El Jenga se juega tratando de desplazar las piezas que arman una torre, evitando que ésta se colapse al prescindir de la parte movida. López Obrador lleva rato jugando. Como en esa frágil torre, los mexicanos hemos ido poniendo piezas para armar un país con aspiraciones de altura, que se construye a partir de instituciones nuevas, y por ende frágiles, de prácticas democráticas que garantizan que el acceso al poder pase por las urnas, de separación entre iglesia y Estado, y de una relación de respeto con Fuerzas Armadas agnósticas a ideologías políticas. Una a una, el Presidente quita esas piezas arriesgándonos al colapso.

En lo económico, México ganó credibilidad internacional, que se tradujo en inversión y acuerdos comerciales, gracias al desarrollo de una capaz tecnocracia profesional, mucha de la cual pasó por la escuela de Banco de México, quizá el banco central más respetado entre los de economías emergentes. Construir esa reputación tomó décadas, desde los días de Don Miguel Mancera, primer gobernador del banco central -autónomo desde 1994- y epítome de lo que un banquero central debe ser: inteligente, humilde, honesto y austero.

Cuando Alejandro Díaz de León deje de encabezar la junta de gobierno el último día de este año, por primera vez en ésta no habrá un sólo funcionario formado en Banco de México. Más aún, quizá desde la salida de Manuel Ramos Francia no ha habido un subgobernador con clara especialidad en política monetaria. Si bien no es necesario que todos la tengan, sería recomendable contar con ella. Tendremos el banco central más débil justo cuando enfrentamos la inflación más alta de este siglo, y cuando la Reserva Federal está por cambiar el rumbo que mantuvo desde 2008. Mal momento para poner el timón en manos inexpertas. Construir esa institución tomó décadas y generaciones de funcionarios capaces, destruirla toma medio sexenio.

En lo político, a diferencia del resto de América Latina, por décadas nuestras Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen de la lucha política. Las desafortunadas declaraciones del general Luis Cresencio Sandoval arrodillándose ante el gobierno actual terminan con tan bienvenida separación entre poder civil y militar. Su querencia es más inoportuna porque ocurre cuando investigaciones hechas por el equipo de Carlos Loret revelan la opacidad y la seria sospecha de corrupción en las obras a cargo del Ejército, tal y como ya ocurrió con la barda perimetral del NAIM. La falta de rendición de cuentas del Ejército nos recuerda que en arca abierta el más justo peca. Decenas de miles de millones de dólares de presupuestos y la ausencia total de transparencia, sin contrapesos, corromperán a las Fuerzas Armadas hasta la médula, demoliendo la credibilidad que por tanto tiempo gozaron.

¡Y qué decir del decretazo! ¿Por qué es bueno para el pueblo esconder lo que el gobierno hace con sus recursos? ¿Cuál es la lógica de reservar esa información por años, como previamente se hizo con los Segundos Pisos? Si, los trámites para hacer una inversión son engorrosos para todos, algunos son incluso absurdos. Si es así, ¿por qué dispensar de éstos sólo a las obras capricho del Presidente? Recordemos que si no se hubieran saltado el estudio de impacto ambiental, que por ley les tocaba hacer en Dos Bocas, no hubieran hecho el colosal error de arrasar el manglar que parcialmente los protegía de fenómenos meteorológicos que ahora hacen que la obra viva inundada. ¿También detendrán las lluvias por decreto?

Decía el Presidente que “al margen de la ley nada”. Hoy, él, sus obras, sus decretos y su Reforma Bartlett lo están. ¿Por encima de la ley nadie? Lo están él, su familia, su equipo y el Ejército. Pero, cámaras y cúpulas empresariales siguen en silencio. Dicen que corren el riesgo de que AMLO se radicalice si protestan. Quizá habría que preguntarles qué entienden por ese término, porque esa radicalización ya ocurrió y apenas vamos a medio sexenio.

Dice Enrique Krauze que “no se aprecia la libertad hasta que se pierde”. Espero no reaccionemos cuando ya sea demasiado tarde.

@jorgesuarezv

Lejos quedó aquel López Obrador que, caminando por Tepetitán, Tabasco, prometía en 2017 que el poder no lo cambiaría. “Dicen que el poder, cuando no hay convicciones, cuando no hay principios, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, declaró en el documental que le hizo Epigmenio Ibarra.

Y ahora, cuatro años después y harto de no poder hacer su santa voluntad, como si la presidencia fuese una oficina sin contrapesos para que él pueda hacer y deshacer a su antojo, vino el decretazo. Para justificar firmar el decreto que permita que las obras de infraestructura puedan brincarse normas y requisitos de transparencia bajo la premisa de seguridad nacional el presidente dijo que en su gobierno no hay corrupción y no hay impunidad.

Si le creemos a la palabra de López Obrador respecto a que en su gobierno ya no hay corrupción, el decretazo sigue siendo un escándalo porque no sabemos qué otro presidente venga después. Quizás no es tan impoluto como López Obrador dice ser, pero el decreto seguiría vigente. Además, este decreto se publica cuando no se han aclarado la investigación de mi colega Carlos Loret de Mola que encontró entre los contratos que han obtenido las Fuerzas Armadas para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles empresas fantasmas beneficiadas.

¿Cómo quiere el presidente que confiemos en su decretazo si implica la violación de la división de poderes y disposiciones en materia de Derechos Humanos?

¿Cómo pide que no se vea con suspicacia si se firmó dos días después de que el Secretario de la Defensa, el General Luis Crescencio Sandoval, decidió tomar partido a nombre de las Fuerzas Armadas y con ello politizar al ejército? ¿Cómo no sospechar que este decreto es un regalazo para el General por la lealtad, no al Comandante Supremo, sino al proyecto de Andrés Manuel López Obrador?

El presidente le ha dado trabajos y presupuesto a las Fuerzas Armadas bajo la premisa de que son incorruptibles. En tanto no se aclare la investigación arriba mencionada, no podemos darle cheque en blanco al Ejército. Más bien parece que el presidente le ha dado dinero y poder a las Fuerzas Armadas no por ser incorruptibles sino porque son leales y obedientes a él.

Las trabas que presentan los múltiples trámites que debe cubrir cualquier obra de infraestructura son un obstáculo para el desarrollo del país. Si eso le molesta al presidente López Obrador ¿por qué no busca disminuir y eliminar tantas trabas para que las obras de infraestructura, no solo del gobierno, también de privados, puedan concretarse con seguridad y apego a normas ambientales pero en tiempos y formas razonables?

¿Por qué solamente las obras del gobierno federal gozarán de la posibilidad de ser aprobadas por afirmativa ficta si no reciben respuesta de las instancias involucradas en los cinco días posterior a que se presenta la solicitud?

El presidente López Obrador se queja constantemente de la corrupción y la señala como la razón principal de que México se rezague. Pues una de las ventanas que más le abre la posibilidad a cochupos y mordidas es precisamente la cantidad de trámites que cualquier obra de infraestructura debe cumplir.

Columna completa en El Universal

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) estará a cargo de las Fuerzas Armadas, informó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien reconoció problemas de contrabando de combustibles, introducción de armas y de drogas en las aduanas.

“Ya se publicó el decreto, vamos a reforzar las aduanas terrestres, marítimas con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar). Tenemos que combatir el contrabando, seguir combatiendo el contrabando la introducción de drogas, la evasión fiscal y limpiar todas las aduanas del país.

El mandatario señaló que ante las problemáticas que se presentan, tomó la decisión de crear la ANAM, que dijo, trabajará en coordinación con el SAT, actualmente encargado de la Administración General de Aduanas (AGA), y por ende con la Secretaría de Hacienda, aunque en lo operativo serán las Fuerzas Armadas quien la administrarán.

“Ellos van a estar a cargo de las aduanas, porque hay problemas, de contrabando, de combustibles y desde luego, la entrada de armas, fentanilo, y necesitamos poner orden en todo lo relacionado con aduanas”, añadió.

Sobre quienes estarán al mando en la ANAM, AMLO dijo que en la nueva estructura no se admitirán perfiles recomendados, pues señaló, las aduana siempre han sido “un botín” y una área de codicia para llevar actos de corrupción.

“No se admiten a recomendados. Siempre las aduanas son codiciadas por la corrupción, ya habíamos iniciado con la entrega de los puertos a la Marina antes. Los puertos eran un botín, y estamos poniendo orden y nos toca ahora lo de las aduanas”.

Y es que el gobierno federal publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda.

El decreto señala que la ANAM “tendrá autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, además de que tendrá el carácter de autoridad fiscal y aduanera y facultades para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia”.

Será el Congreso quien legislará para implementar una reforma legal que permita el traspaso de funciones.

“El presente Decreto entrará en vigor en la fecha en la que inicie la vigencia de las reformas legales que otorguen la competencia que actualmente tiene el Servicio de Administración Tributaria en materia fiscal y aduanera al órgano desconcentrado previsto en este Decreto”, se señala en los artículos transitorios.

Para cumplir sus objetivos, la Agencia Nacional de Aduanas de México contará con los bienes muebles e inmuebles, recursos materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados. Además de los fondos y fideicomisos que se constituyan o en los que participe en representación de la SHCP, los ingresos que obtenga por la prestación de servicios y gastos de ejecución, y las asignaciones que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Recordemos que en julio del año pasado, López Obrador anunció que el Ejército y la Marina estarían al mando de los puertos y las aduanas a fin de erradicar la corrupción y frenar la entrada de drogas al país. En abril de 2020, López Obrador nombró a Horacio Duarte como titular de la Administración General de Aduanas, el tercer nombramiento al frente de este organismo desde que asumió el poder en 2018.

En el marco del primer aniversario de que entrara en vigor el acuerdo presidencial que dispone la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales hasta 2024, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advirtió que a 15 años del recrudecimiento de la guerra contra la delincuencia en nuestro país, situación que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha criticado constantemente, con su llegada al poder la desmilitarización no llegó, y por el contrario se han profundizado diversos aspectos de un modelo militarizado.

Desde diciembre de 2006 a la fecha, México registra aproximadamente 350,000 homicidios, además de los 85 mil desaparecidos o personas no localizadas que el propio gobierno reconoce.

WOLA recuerda que el ahora presidente afirmó en 2012 que, en caso de llegar al poder, sacaría al Ejército de las calles, mientras que en 2016 criticó el modelo de seguridad propuesto por el presidente Felipe Calderón al asegurar que no se resolvía nada con medidas coercitivas y militarizadas. Incluso en 2018 reiteró en campaña que reorientaría la estrategia de seguridad.

El análisis que realiza Stephanie Brewer apunta que también se cumplen dos años de la Ley que creó la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad que López Obrador impulsó.

A pesar de depender orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); si el gobierno retirara a las fuerzas armadas de las tareas policiales para el fin del sexenio, las tareas de seguridad quedarían en manos de una  institución militarizada.

“Con variaciones, la militarización se ha convertido de supuesta medida transitoria en estrategia de largo plazo”, advierte la especialista de WOLA.

El análisis realizado a la situación en México, enfatiza que el actuar de las fuerzas federales han dado paso a una disminución en la estrategia de combate frontal a los grupos criminales, aunque no se ha acompañado de medidas idóneas y suficientes para hacer frente a la violencia, lo que ha provocado que los grupos criminales sian victimizando a la población.

Otro punto que destaca WOLA, es que López Obrador no sólo consolidó el papel de las fuerzas armadas como pilar de la estrategia de seguridad, sino también les ha asignado otras funciones; y es que si bien las fuerzas armadas habían participado en proyectos de infraestructura en sexenios pasados, ahora son responsables de obras como la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, el aeropuerto de Santa Lucia y otros más, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico (Transístmico), por mencionar algunas.

Un punto que llama la atención, es lo que señala sobre los golpes de Estado. El análisis refiere si bien a lo largo de la ola de dictaduras en la región, México no ha sufrido ningún golpe militar, dado el peso de las fuerzas armadas dentro y fuera del ámbito de la seguridad, puede no hacer falta un golpe de Estado para que las instituciones militares ejerzan altos niveles de poder sin constituir un gobierno militar.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos concluye indicando que el modelo militarizado que ha instaurado el gobierno de la Cuarta Transformación, ha detonado más violencia sin dar paso a estrategias efectivas de seguridad.

“Mientras no se priorice la reforma de las corporaciones civiles de seguridad; mientras las instituciones del país no avancen de manera trascendental en la investigación de los fenómenos delictivos; y mientras se toleren violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones encargadas de velar por el estado de derecho”, remata WOLA.

Análisis completo AQUÍ

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD presentaron, junto a la bancada de Movimiento Ciudadano, una iniciativa para regular el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Laura Rojas, diputada del PAN, explicó que se propone la expedición de una nueva “Ley Federal que regule la Colaboración de las Instituciones de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública”, ya que no hay una adecuada regulación de las fuerzas armadas en tarea de seguridad.

Se busca revisar los principios mínimos, condiciones, procedimientos, límites, responsabilidades y sanciones en cuanto a la disposición de los integrantes de la Fuerza Armada permanente.

Recordó que durante la LXIV Legislatura se aprobó la creación de la Guardia Nacional y su permanencia en las tareas de seguridad, por lo que es necesario hacer una ley que “claramente regule todos los procedimientos por los cuales las Fuerzas Armadas van a participar en ese tipo de tareas, así lo ha señalado la CNDH y una serie de especialistas”.

La diputada Verónica Juárez Piña  del PRD destacó que la iniciativa pretende generar un instrumento por el que no sólo se establezcan reglas claras para la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, sino para que la sociedad civil, la academia, los organismos públicos de derechos humanos establezcan una supervisión constante de las acciones que se implementen, así como un “proceso evaluativo que nos permite saber si estamos caminando en el sentido correcto o debemos reflexionar estas acciones”.

De esta manera, añadió, no sólo se evitarán las violaciones a los derechos humanos, también será más eficiente el proceso de diseño y planificación de las políticas públicas.

“Desde el PRD estamos conscientes de que dejar la problemática de la seguridad a las instituciones policiales en las lamentables circunstancias en las que se encuentran sería irresponsable, no podemos simplemente retirar a las y los militares en tareas, sería un alto costo, por lo que nos parece importante el que podamos contar con instrumentos necesarios para regular, cómo sería su participación”.

El diputado del PRI, René Juárez Cisneros, consideró que esta propuesta de la oposición es clara, precisa, y otorga certidumbre, certeza jurídica, basamento legal, regulación, fronteras, observancia plena y respeto a los derechos humanos, para que las Fuerzas Armadas puedan seguir contribuyendo a la paz, a la tranquilidad y a la seguridad pública, pero también tengan la confianza y la certidumbre de que están actuando dentro del marco legal.

“Hoy lo que se pretende con esta iniciativa, es precisamente darle esa certeza jurídica, esa regulación necesaria, con plena observancia y respeto a los derechos humanos, para que nuestras Fuerzas Armadas puedan tener ese sustento legal para cumplir con esta tarea que se les ha encomendado, de ayudar a la consolidación de la paz, a través de tareas de seguridad pública”.

Juan Carlos Romero Hicks del PAN sostuvo que cuando la legisladora Laura Rojas presentó una controversia constitucional en torno al acuerdo del Ejecutivo Federal sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el Gobierno de la República dijo que harían una propuesta de legislación, la cual no llegó.

“En el camino nosotros fuimos construyendo lo que hoy estamos presentando, porque creemos que hay que llenar ese vacío”, dijo el panista.

La propuesta, detalló, tiene como fin darle certeza a la población y contar con todos los instrumentos viables para que la autoridad local como la federal, puedan estar interviniendo.

Los mandatarios que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) plantearon este viernes que sea el Sistema Nacional de Vacunación quien coordine la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, y no las Fuerzas Armadas como sucede hasta el día de hoy.

“Federación y estados cuentan con infraestructura y personal médico capacitado y con experiencia para aplicar las vacunas. Año con año se aplican millones, en un esfuerzo de coordinación conjunta donde la especialización y experiencia son insustituibles”, señaló la GOAN.

Los gobernadores de Acción Nacional presentarán esta propuesta ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que sostendrá este viernes una reunión virtual. 
 

Y es que dijeron que ante el repunte de casos, se enfrenta el desafío de aplicar de manera eficiente, pronta y segura la vacuna a la población, conforme al calendario que ha determinado la autoridad federal. 

Recordaron que desde 1986 se creó a nivel nacional el Consejo Nacional de Salud, con el propósito de coordinar los esfuerzos públicos, privados y sociales para controlar y eliminar enfermedades transmisibles, como es el caso del Covid-19.

Aseguraron que el Sistema Nacional de Vacunación, existe y opera con éxito, ya que cada entidad federativa posee, a su vez, un Consejo Estatal de Vacunación que articula, año con año, las campañas en la materia.

Y es que el gobierno federal ordenó que elementos del Ejército y la Marina se hicieran cargo de la vacunación, bajo el argumento de que de esa manera se mantendrían las vacunas en estricta seguridad.

La GOAN está integrada por los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que la expansión del rol de las fuerzas armadas en México ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos y reveló que ha pedido al gobierno que dé marcha atrás en esta estrategia.

El entorno de seguridad se ha deteriorado en nuestro país por la proliferación del crimen organizado, el aumento del tráfico ilícito de droga y la alta incidencia de asesinatos de activistas, periodistas y mujeres.

La alta comisionada enfatizó que ha pedido al gobierno de México que reconsidere sus decisiones en relación con las fuerzas armadas ya que actualmente no se ajustan a las normas internacionales.

Sostuvo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “se ha caracterizado por un aumento en la atribución de poderes a las fuerzas armadas, incluyendo en asuntos de seguridad interna mediante la creación de la Guardia Nacional”.

Como parte de la misma estrategia, agregó, se han ampliado las competencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, aumentando su presupuesto y sus tareas en el desarrollo de infraestructura pública.

“Al haber sido yo misma ministra de Defensa (en Chile) entiendo que las fuerzas armadas pueden tener un rol importante en muchos asuntos, como por ejemplo en la respuesta a epidemias porque son muy buenas en logística e infraestructuras, pero tienen que ser guiadas por civiles. Son los políticos quienes tienen que dar las órdenes”, recalcó Bachelet.

En una rueda de prensa en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, la alta comisionada también externó su preocupación por el gran número de periodistas asesinados o que han sufrido ataques en México.

Los primeros han llegado a veinte en lo que va del año, mientras que los periodistas agredidos o acosados se elevan a 224 en el mismo periodo, según las cifras reportadas a la ONU. Un total de 138 reporteros han muerto de forma violenta en la última década.

“Llamamos a que se tomen medidas para investigar y castigar estos ataques. La prevención y la protección es lo más importante para la libertad de expresión”, recalcó Bachelet, quien sostuvo que su preocupación en torno a la inseguridad en la que trabajan los periodistas se extiende a los líderes sociales.

Como aspecto positivo, la alta comisionada mencionó que México haya aceptado la competencia del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, lo que permitirá a las víctimas de este crimen, a sus familiares o representantes en caso de que sigan desaparecidos, denunciar sus casos ante dicha instancia.

“Creo que se trata de un paso muy importante para las familias y las víctimas. Les permite acceder a un mecanismo de protección internacional. Cuando fui a México me reuní con las madres de algunos desaparecidos y para ellas éste será un paso muy importante”, recalcó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó este viernes la ceremonia de conmemoración por el 110 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

“Hoy conmemoramos 110 años del inicio de la Revolución Mexicana, todo un acontecimiento. Se trata de la primera revolución social del siglo XX en el mundo, es un movimiento de gran trascendencia porque el pueblo de México luchó por dos grandes demandas: la justicia y la democracia”, afirmó el mandatario.

López Obrador aprovechó la conmemoración para revindicar su proyecto de la llamada Cuarta Transformación de la vida pública del país.

Por su parte el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval afirmó que hoy más que nunca las fuerzas armadas están comprometidas con la transformación que está en marcha. “Hoy más que nunca el Estado mexicano puede confiar en la lealtad institucional que durante más de un siglo han hecho patentes”.

En el evento que se realizó en el Monumento a la Revolución participaron 396 elementos de las Fuerzas Armadas, 11 jinetes charros, dos vehículos y 189 caballos, además de ciudadanos que tuvieron la tarea de una representación de cinco pasajes históricos del inicio del movimiento.

Se incluyó una bandera de guerra, una bandera monumental, 15 estandartes y 70 banderas nacionales.

Además de reiterar su lealtad al presidente, Cresencio Sandoval destacó la participación de militares en la construcción de obras emblemáticas del gobierno de López Obrador, como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto de Ciudad de México o la refinería Dos Bocas, Tabasco.

“Apoyamos los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos. nuestra lealtad institucional es a toda prueba; 107 años de institucionalidad, desde el nacimiento de las actuales Fuerzas Armadas de la nación hablan por sí solos”, expresó. sostuvo Sandoval.

El titular de la Sedena fue el encargado de pronunciar el único discurso que hubo durante la ceremonia.

Al recordar que la Revolución mexicana fue la “tercera transformación” de México, en la que más de 1 millón de mexicanos perdieron la vida, AMLO dijo que su gobierno va a seguir cuidando que la Cuarta Transformación de la vida pública de México, misma que él encabeza, siga siendo de manera pacífica.

El presidente se congratuló de “ir consiguiendo este propósito de transformar a México sin violencia”, y acusó a los conservadores de buscar la confrontación y añorar los años de dictadura. “Hay insensatos que dicen que estaba muy bien el régimen porfirista, los conservadores desde luego”, manifestó.