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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que su Gobierno se prepara para hacer frente «junto al pueblo» a un potencial conflicto armado por el supuesto «golpe de Estado» que lidera Estados Unidos.

Al respecto, el líder anunció que en febrero se harán ejercicios militares, del 10 al 15. Pidió a todos los ciudadanos reaccionar ante «el conflicto que se pueda presentar» pues «han dicho que van a meter a los marines a Caracas (…) bueno, en cada ciudad, en cada pueblo, plan de defensa, de reacción, de combate y de victoria».

Aseguró que con estos ejercicios la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)  llegará a la etapa más elevada y superior que haya tenido nunca la institución castrense. «Ejercicios de compenetración territorial, de defensa antiaérea de penetración profunda, de defensa de las costas, de defensa de los ríos, de defensa de los objetivos estratégicos de Venezuela, de movilización cívico militar de acción conjunta», explicó.

Exhortó a los militares a plantarse valientemente ante el potencial enemigo, pues les dijo que nadie respeta a los débiles, a los traidores, a los cobardones o a los que dudan.

 

El presidente Nicolás Maduro advirtió este miércoles al Grupo de Lima que tomará medidas enérgicas si en 48 horas no rectifica su posición sobre Venezuela, esto a horas de que asuma un nuevo mandato de seis años.

«Hoy se entregó a todos los gobiernos del cartel de Lima una nota de protesta donde les exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas», sentenció Maduro en rueda de prensa.

Anunció que los Venezolanos derrotarán «el pretendido golpe de estado», que ha puesto en marcha el Grupo de Lima y el imperialismo norteamericano, luego de la declaración que firmaron sus integrantes en la que le instaban a no asumir su nuevo periodo como dirigente del país.

El chavista adelantó que quien atente contra la estabilidad de Venezuela, tendrá una «respuesta contundente del aguerrido pueblo bolivariano».

Recordemos que a penas ayer, los países que conforman el Grupo de Lima, a excepción de México, anunciaron que adoptarían las decisión de Perú de no permitir el ingreso a sus territorios de personas vinculadas al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

 

El Gobierno de Donald Trump se reunió en secreto al menos tres veces con militares venezolanos que planeaban un golpe de Estado en contra del presidente Nicolás Maduro, según reporta el diario The New York Times.

En información publicada este sábado, el diario señala que 11 funcionarios actuales y pasados del gobierno de Estados Unidos con conocimiento de las conversaciones y un militar venezolano que era uno de los conspiradores, revelaron que las reuniones se produjeron entre el otoño de 2017 y principios de este año.

Los golpistas querían apoyo logístico de Estados Unidos, el cual finalmente no obtuvieron.

Según el reporte, los mandos venezolanos buscaron acceso directo al Gobierno de Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama y fueron rechazados.

La Administración de Donald Trump es, junto con la Unión Europea y el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, el principal blanco de los ataques del régimen de Nicolás Maduro, ataques que se intensificaron después de que drones cargados de explosivos estallaron cerca de Maduro en un acto el 4 de agosto en Caracas y el mandatario culpó de ello a Estados Unidos, Colombia y a sus enemigos domésticos.

El colapso de la economía de Venezuela bajo el gobierno de Maduro ha llevado a una grave escasez de alimentos y medicinas. Maduro ha hecho responsable a Estados Unidos por muchos de sus problemas.

 

El ministro español de Relaciones Exteriores, Alfonso Dastis, instó a los catalanes a aceptar el control directo de Madrid e ignorar las instrucciones de la administración regional una vez que haya sido removida del poder.

El funcionario advirtió que un golpe de estado es lo que han hecho Carles Puigdemont y su gobierno y con la activación del Artículo 155,  únicamente se siguen las cláusulas de la Constitución.

Estas declaraciones fueron realizadas a medios, luego de que la portavoz del parlamento regional, Carme Forcadell, dijo que no aceptaría la decisión de Madrid y acusó al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de llevar adelante un «golpe de estado».

En uno de sus tuits, Forcadell aseguró que «el presidente Rajoy pretende que el Parlamento de Cataluña deje de ser un parlamento democrático. Y eso no lo vamos a permitir».

 


Nota relacionada:  Rajoy pide al Senado el cese del presidente de la Generalitat 

Con informaci´ón de Agencias / Foto: @AlfonsoDastisQ

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó este viernes formalmente la convocatoria de una sesión urgente del Consejo Permanente de ese foro para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.

 

Almagro denunció el jueves que hubo un «autogolpe de Estado» en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país despojara de sus competencias a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) y declarara legal que los magistrados del Supremo asumiesen sus funciones.

 

 

Por ello, dirigentes de diversos países como Estados Unidos, España, Alemania, Canadá, Perú y Chile, han condenado la decisión del TSJ de asumir las competencias del Parlamento por estar este, según el órgano judicial, en desacato; mientras Rusia abogó por el diálogo en el país y que no haya injerencia externa.

 

La Carta Democrática Interamericana es, según la Organización de Estados Americanos (OEA), uno de los instrumentos más completos promulgado para la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas y cultura democráticas entre las naciones. Fue adoptada por aclamación el 11 de septiembre de 2001 en Lima y, desde entonces, Venezuela figura como firmante.

 

 

El artículo 20 de la Carta Democrática  establece que “en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.

 

Si Venezuela es suspendido de la OEA, perdería el derecho a voto y participación en las instancias del organismo; no tendría la posibilidad de beneficiarse de los órganos financieros del sistema; el Estado venezolano sería escrutado y vigilado con ahínco por las autoridades de la OEA en cuanto al desarrollo de sus funciones y el ejercicio del poder; y, los demás países miembros asumirían que Venezuela no tiene un Gobierno democrático.

 

 

Redacción APO / Foto: Twitter

 

 

La fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega, denunció la «ruptura del orden constitucional» provocada por las dos últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego del golpe judicial aplicado por el Supremo contra la Asamblea.

 

Ortega aseguró que se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de estado consagrado en nuestra Constitución.

«Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por el evento (sentencias)», indicó en una televisora local.

 

Esta denuncia se produce un día después del golpe judicial aplicado por el Supremo contra la Asamblea, a la que arrebató sus poderes y que de facto supone su disolución. Toma mayor importancia porque Ortega ha sido aliada tanto del gobierno de Chávez, como el del presidente Nicolás Maduro.

 

Por su parte, la oposición se mostró firme para denunciar la «dictadura» implantada por Maduro, mientras crece la condena mundial y la censura de países del continente. Perú, Colombia y Chile han retirado a sus embajadores.

 

Ayer la cancillería venezolana dijo en un comunicado que es falso que se consumara un golpe de Estado en Venezuela, “por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentos opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones emanadas del máximo Tribunal de la República”, expresa el comunicado.

 

 

Con información de Agencias /Foto: Especial 

 

 

 

 

El Parlamento de Venezuela, presidido por Julio Borges, acusó al presidente Nicolás Maduro de haber dado un «golpe de Estado», luego de que el Tribunal Supremo decidiera asumir las competencias del Legislativo por mantenerse en «desacato» desde el año pasado.

 

Borges anunció que, «frente a ese golpe de Estado», la Cámara desconoce al máximo tribunal del país debido a que, afirmó, sus magistrados fueron elegidos «para gobernar fuera de la Constitución».

 

La Asamblea alega que buena parte de los jueces que integran el Tribunal Supremo no son legítimos y fueron nombrados de forma irregular cuando el oficialismo perdió las últimas elecciones parlamentarias.

 

«A esta Sala Constitucional que está fuera de la Constitución, el día de hoy los 112 diputados de la unidad nacional quieren dejar claro que el Parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional», sostuvo.

 

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió ayer que asumirá las competencias del Parlamento debido a la persistencia del «desacato», un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.

 

 

 

La sentencia se conoce apenas un día después de que 20 países acordaran en la Organización de Estados Americanos  (OEA) acordaran «apoyar el funcionamiento de la democracia» en Venezuela e «identificar soluciones diplomáticas» concretas a sus problemas.

 

Dicha sentencia resolvió que «no existe impedimento alguno» para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas, e indicó que éste deberá informar a la Sala Constitucional «de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones»; por lo que el Parlamento, «actuando de facto», no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones en estas asociaciones.

 

 

 

 

Con información de Univisión y Agencias /Foto: Especial

Luego del fallido intento golpe de estado que se vivió el 15 de julio de 2016, esta semana, se inició un juicio en contra de al menos 330 personas, entre ellos militares de alto rango, mismos a los que se les podría imponer una condena de cadena perpetua.

Los acusados, entre los que se encuentran un general de división y varios generales, así como soldados y cadetes, están acusados de pertenecer a una organización islamita, por lo que la Fiscalía turca pide para todos cadenas perpetuas por intentar derrocar y alterar el orden constitucional.

Varios militares se justificaron indicando que sus respectivos mandos ordenaron la operación militar en que había una amenaza terrorista, por lo que de acuerdo a las versiones expuestas, la noche del golpe, «el comandante reunió a 48 cadetes y les dijo que la situación del país era complicada».

Con información de TeleSurTV / Foto: La Nación