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El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el documento base para la realización de diálogos a nivel nacional y regional para el análisis y debate de las 20 iniciativas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El morenista señaló que la propuesta fue avalada por la Jucopo, e indicó que cada uno de los coordinadores parlamentarios  podrán engrosar el documento para “que no quede limitado” a las iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo.

Mier Velazco confió en que el diálogo sea democrático, abierto, propositivo, que no tenga ninguna cortapisa y que exprese de manera puntual cuál es la posición que tienen las y los legisladores con relación a las iniciativas.

Además, aprovechó para señalar que en el gran diálogo nacional se incluirán la reforma en materia de reducción de la jornada laboral, uno de los principales pendientes que tiene el Congreso, y que ha generado grandes críticas a los legisladores por no haberla votado.

El legislador detalló que, para su análisis, las 18 reformas constitucionales se agruparán en cuatro ejes temáticos: libertad, justicia, democracia y bienestar; y se acordó un plazo de 48 horas para que las bancadas enriquezcan el ejercicio con sus iniciativas.

Añadió que a través de estos diálogos, las 20 iniciativas de reforma que presentó el titular del Ejecutivo, 18 de ellas constitucionales y dos legales, “serán sometidas a la mayor discusión, deliberación y, escrutinio por parte de todas las y las mexicanas que deseen participar”.

Explicó que el calendario para la realización de los Diálogos Jucopo se conformaría de la siguiente manera:

  • Presentación: 19 de febrero.
  • Reformas constitucionales para libertad, en la Cámara de Senadores el 27 febrero.
  • Reformas constitucionales para el bienestar, en la Cámara de Diputados el 12 marzo.
  • Reforma constitucional para la justicia, en la Cámara de Senadores el 19 marzo.
  • Reforma constitucional para la democracia, en la Cámara de Diputados el 19 abril.

Se prevé la realización de los diálogos regionales en cinco entidades del país: Durango, Diálogo por la Libertad y el Bienestar, el 29 de febrero; San Luis Potosí, Diálogo por la Justicia y la Democracia, el 7 de marzo; Puebla, Diálogo por la Justicia y la Democracia, el 14 de marzo; Mérida, Diálogo por la Libertad Comunidades Indígenas, el 4 de abril; y Toluca, Diálogo por el Bienestar y Justicia, el 11 de abril.

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que buscarán el mayor acuerdo entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso para aprobar el último paquete de reformas constitucionales que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así se tengan que modificar las iniciativas.

“Esta va a ser una discusión como muy pocas se han dado en la historia de México, donde todos los grupos parlamentarios van a tener la oportunidad de fijar una postura ante estos grandes temas. Y eso, seguramente nos llevará a que, donde logremos acuerdos, se tengan que mover puntos y comas”, aseguró en conferencia de prensa.

Incluso mencionó que se impulsará que, tanto la Cámara de Diputados, como el Senado, puedan trabajar de forma conjunta para tomar acuerdos de forma rápida y abrir espacios de Parlamento Abierto donde haga falta mayor discusión.

“Vamos a tener dos Cámaras trabajando en conferencia, a la par, y eso permitirá que tomemos acuerdos donde sea necesario, abrir los espacios de Parlamento Abierto”, dijo.

Sobre la discusión de las últimas 20 reformas constitucionales de López Obrador, Rivera anticipó que será un periodo ordinario donde se verán cambiar de posiciones a todos los grupos parlamentarios. “Seguramente vamos a ver muchas posiciones de los grupos (parlamentarios) cambiar. Ni tan radicales en el no, ni tan positivos en el sí; tenemos que mediar”, detalló.

Si bien la mayoría de Morena y sus aliados, PT y PVEM, no cuentan con las dos terceras partes para lograr cambios constitucionales sin necesidad de la oposición en la Cámara alta del Congreso, la presidenta del Senado confió en que habrá legisladores de oposición que darán su voto a las reformas del presidente de México.

“Hoy vamos a tener los votos posibles con la oposición que tome una responsabilidad ante la nación y priorice el interés colectivo y público. Eso es posible, lo vamos a lograr, quizá no en todas”, advirtió.

En tanto, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara baja del Congreso, Ignacio Mier, dio a conocer la intención del grupo mayoritario de realizar foros de discusión o Parlamento Abierto en todo el país a partir del 20 de febrero y hasta el 15 de abril próximo.

En concreto, Mier reveló que Morena buscará hacer cinco foros nacionales, 32 estatales y 300 asambleas en todo el país y que cuenten con la mayor inclusión de voces entre especialistas, autoridades, académicos, organizaciones civiles y todos los interesados.

Sobre los tiempos legislativos del último paquete de reformas constitucionales, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, precisó que los grupos de trabajo contarán con 90 días para analizar y dictaminar las 20 iniciativas.

En el caso de las comisiones que solo tengan que emitir una opinión tendrán 30 días para realizarlo; aunque podrán fundamentar y solicitar prórrogas en ambos casos.

A poco más de un mes de su llegada a la presidencia de Argentina, Javier Milei enfrentó este miércoles la primera huelga general encabezada por la mayor central sindical en rechazo a las reformas económicas y laborales que limitan el poder de los gremios y las políticas de recorte del gasto público.

El paro incluyó una movilización en la que también participaron organizaciones sociales y partidos políticos opositores al gobierno del economista de extrema derecha que asumió el pasado 10 de diciembre y que propone una reducción drástica del déficit fiscal, al que responsabiliza mayormente de la inflación de 211% anual.

La huelga fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y contó con la adhesión de otras centrales sindicales que rechazan un decreto presidencial con modificaciones a la legislación laboral que reducen beneficios para los sindicatos y trabajadores, así como un amplio proyecto de ley que incluye reformas en los ámbitos político, fiscal, jubilatorio y administrativo y una reducción del gasto público para equilibrar las cuentas fiscales.

Héctor Daer, secretario general de la CGT, arremetió desde un escenario en contra del decreto presidencial y sostuvo que “destruye derechos individuales de los trabajadores, derechos colectivos y quiere eliminar la posibilidad de acción gremial en momentos en que tenemos una gran desigualdad en la sociedad”.

“Lo que quieren es destruir el Estado, que es la única institución de gobierno que permite el equilibrio social y la distribución de la riqueza”, sostuvo el sindicalista.

El proyecto legislativo, que busca la privatización de empresas estatales y el incremento de impuestos a las exportaciones de ciertos sectores, encara un futuro incierto ya que el oficialismo está en clara desventaja en ambas cámaras legislativas.

Milei, que fue elegido en segunda vuelta de las elecciones con el 56% de apoyo, afronta esta huelga con 55.9% de valoración positiva y 36.6% negativa, según un sondeo de la consultora CB Consultora Opinión publicada en la prensa.

Otro sondeo del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) señaló que el mandatario tiene 52% de imagen positivo, respecto del 61% con que contaba el día que asumió, y 43% de negativa.

En otros países de la región, como México, Colombia o Perú, sindicatos y ciudadanos argentinos convocaron pequeñas protestas para manifestar su apoyo a la distancia.

Durante la jornada de protesta los aeropuertos de Buenos Aires permanecían abiertos. Aerolíneas Argentinas informó la cancelación de 267 vuelos y la reprogramación de otros 26 por la adhesión de los distintos gremios aeronáuticos al paro, lo que afecta a más de 17,000 pasajeros. Según el gobierno, la huelga supondrá una perdida de 2.5 millones de dólares.

El gobierno de Milei se refirió a los organizadores del paro como “mafiosos” y resistirse al cambio que decidió la sociedad cuando votó al líder de La Libertad Avanza.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la morenista Ana Lilia Rivera Rivera, aseguró que el próximo Periodo Ordinario de Sesiones que inicia el 1 de febrero, será “tan dinámico” como el anterior, debido a la importancia de los temas que se encuentran pendientes para ser abordados y discutidos.

Destacó que entre los asuntos más importantes a abordar se encuentra la nueva ley general de aguas y la ley para regular el cannabis.

Indicó que la ley de aguas serviría para reconocer plenamente el derecho de las mexicanas y mexicanos a acceder al vital líquido, sin distinción de clase social; mientras que sobre la ley para regular el cannabis, la presidenta del Senado recordó que se vislumbra complejo por sus implicaciones de “estigma social”.

“Lo cierto es que no podemos seguir descuidando una actividad que ahí está, que la vemos siempre y que requiere de la intervención del Estado para regularla, para controlarla; entonces, es otro de los retos que nosotros tenemos”, enfatizó.

Otro de los temas que la senadora adelantó se podrán atender para el Próximo Periodo Ordinario de Sesiones, es la denominada “Ley Silla”, el cual plantea que los empleados que deban estar de pie por la naturaleza de su trabajo, como meseros, cajeros, guardias de seguridad, entre otros, puedan gozar de periodos de descanso suficientes para garantizar su salud y bienestar.

Además, señaló que también se abordarán las iniciativas de reforma que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha mencionado que serán prioritarias, como la reforma al Poder Judicial, una reforma electoral y la que busca la desaparición de órganos autónomos.

Es decir, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado ya contempla dar prioridad a lo que ha anunciado el presidente, pero que aún no se materializa.

“Lo importante es debatir asuntos que antes se reducían a una esfera solamente de los políticos, que eran los que hablaban de política, para convertirse en temas de los que habla toda la gente, toda la sociedad”, expresó.

Ana Lilia Rivera aprovechó para señalar que se ha logrado bajar la confrontación y ha aumentado la cordialidad parlamentaria en el Senado, debido a que las y los integrantes de la Mesa Directiva acordaron, con sus respectivos Grupos Parlamentarios, llevar a cabo un plan de trabajo cordial, respetuoso y productivo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda (PAN), sostuvo que lo sucedido en la Cámara de Diputados en la sesión del pasado martes, que se prolongó por cerca de24 horas, “no se puede esconder”, pues dijo, es la expresión de las dos visiones de país que se tienen.

En la sesión ordinaria referida, se aprobaron nueve iniciativas por la mayoría de Morena y sus partidos aliados, las cuales dijo el panista, serán impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dijo que el debate estará en la palabra “urgencia”, porque se debe saber si había realmente una necesidad imperiosa para hacer todo lo que se hizo, por ejemplo, la Ley de Ciencia y Tecnología, la transferencia del Sistema de Salud al IMSS Bienestar, el hecho de haber dado una orientación distinta a lo que eran las contribuciones o los impuestos al turismo, por ejemplo, y canalizarlos a la infraestructura.

“Todo eso, digamos, tiene parámetros sobre lo que es urgencia, urgencia. Para darles una idea en términos sencillos: sería que en caso de un desastre natural que tuviéramos que hacer una ley para realizar una asignación presupuestaria a fin de enfrentar una situación realmente inesperada”, puntualizó.

“Entonces, la Corte ha tenido sus parámetros, y les anticipo una cosa: estoy seguro que como lo ha hecho la Corte, ustedes saben que hoy se confirma ya la suspensión definitiva en lo que es el Plan B”, agregó.

Finalmente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 444 votos, uno en contra y cero abstenciones, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se nombró a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura.

Por Morena, los titulares son: Sergio Gutiérrez Luna, Aleida Alavez Ruiz, Mario Llergo Latournerie, Yeidckol Polevnsky, Hamlet García Almaguer, Olimpia Girón Hernández, Julieta Ramírez Padilla y Gerardo Fernández Noroña.

Del PAN: Santiago Creel Miranda, Carolina Beauregard Martínez, Gerardo Peña Flores y Martha Estela Romo Cuéllar. Del PRI: Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Viggiano Austria y Rubén Moreira Valdez.

Por el PVEM, la titular será María del Carmen Pinete Vargas; del PT, Reginaldo Sandoval Flores; de MC Jorge Álvarez Maynez, y por el PRD, Elizabeth Pérez Valdez.

Así fue como concluyó el segundo periodo de sesiones Ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que presentará una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar la Constitución, pese a que el bloque legislativo que lo apoya no tenga mayoría calificada, esto tras los resultados de la jornada electoral del pasado 6 de junio.

“Si son necesarias las voy a presentar (estas iniciativas) aun cuando no pasen o las rechacen. Porque si son necesarias para el país las voy a presentar”, aseguró el mandatario desde Palacio Nacional.

En este contexto, dijo que se debe resolver el “problema a la falta de apoyo” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Insistió en que con la reforma energética se apostó a “destruir” la CFE.

Indicó que es su obligación “cuidar” que no falte la luz y que “no aumente” el precio de la misma, por lo que es necesaria una reforma constitucional, ya que con la reforma actual, se le da preferencia a los particulares.

“Hicieron las reformas para entregarles a ellos (particulares) el mercado”, subrayó, y dijo que ante esta situación él no se va a “cruzar de brazos”.

“¿Cómo no voy a presentar una iniciativa para que primero sea el pueblo? Primero el interés general. No puede haber interés personal o de grupo, por legítimo que sea, por encima del interés del pueblo o la nación. Entonces voy a mandar la iniciativa”, agregó. La reforma se presentará “en su momento”, agregó.

Aunque no puso fecha para ello, dijo que de no lograrse la mayoría calificada en la Cámara de Diputados quienes asumirán la “responsabilidad” serán los legisladores, y ahí se verá qué Diputados y de qué partidos apoyan o rechazan el apoyo al pueblo.

Recordemos que López Obrador ha presentado varias reformas de ley para impulsar el sector energético, a CFE y Pemex. No obstante, reformas como la de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) está suspendida de forma indefinida por el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que admitió el pasado 7 de mayo analizar la controversia constitucional que interpuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Según los resultados preliminares, Morena ganó entre 190 y 203 escaños de los 500 de la Cámara Baja, una victoria sustancial pero menor frente a los 253 que tenía hasta ahora. Sumado a sus aliados: el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde (PVEM) superará la mayoría absoluta (251) necesaria para aprobar leyes y presupuestos durante la segunda mitad del sexenio.

Sin embargo, no tendrá la mayoría calificada, dos tercios de la cámara, necesaria para reformar la Constitución y, por ejemplo, sacar adelante cambios como los que ha anunciado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este miércoles que enviará al Congreso diversas iniciativas para “ajustar” a los organismos autónomos, argumentando que fueron creados en el pasado para beneficiar a grupos de poder.

El mandatario arremetió contra la Comisión Federal de Competencia Económica (COFEE), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), y autoridades electorales, por resoluciones recientes que frenaron cambios legales en energía y telecomunicaciones, y suspendieron las candidaturas de morenistas a dos de las gubernaturas que se renovarán el próximo 6 de junio.

“Ya estamos haciendo la revisión y vamos a enviar las iniciativas al Congreso para llevar a cabo toda una reforma administrativa”, afirmó el mandatario.

Recordemos que hace una semana, la COFECE interpuso una controversia constitucional contra un decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, cuya aplicación ya había sido suspendida temporalmente por varias medidas judiciales.

Ayer, el INAI anunció que presentaría una acción de inconstitucionalidad contra la polémica ley federal de telecomunicaciones que obliga a los usuarios de teléfonos celulares a entregar a los proveedores del servicio datos personales para un registro biométrico.

Indicó que presentará el recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que la reforma viola derechos de millones de usuarios.

“La persecución de los delitos es un tema que nos debe preocupar a todos y que el Estado es el responsable de velar por la seguridad de los habitantes, pero ello no puede ni debe ser razón suficiente para restringir las libertades y derechos humanos”, dijo Adrián Alcalá, uno de los comisionados del INAI, durante una sesión del organismo.

Al respecto, el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la primera suspensión definitiva para que un ciudadano no deba entregar sus datos personales y biométricos al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

Finalmente, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el retiro de las candidaturas a gobernador en Guerrero y Michoacán de los abanderados de Morena, luego de que el INE impusiera en dos ocasiones dicha sanción.

Adicional, el TEPJF también ratificó y avaló los criterios elaborados previamente por el INE para evitar la sobrerrepresentación de diputados por la vía de representación proporcional en San Lázaro, lo que ha sido señalado por el bloque de la 4T como un atentado directo a ellos.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Córdero informó que se realizan ajustes mínimos al paquete de reformas a la Constitución y creación de nuevas leyes en materia penal y de justicia, que se entregarán al Senado.

“Las estamos terminado y si quiero ser muy explícita: Yo no tenía conocimiento de las otras iniciativas que circularon de repente por internet y por eso, preferimos, bueno yo no, porque yo no las traía, pero prefirió el señor Fiscal (General de la República), Alejandro Gertz Manero, no presentarlas en ese momento”, señaló.

Esto, luego de que en la reunión que sostuvieron el 15 de enero funcionarios federales con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el Fiscal Gertz informó que seguirían trabajando para que el día primero de febrero se presenten los cambios que se desean.

Sobre si existe un consenso en torno al paquete de reformas, Sánchez Cordero destacó que “estamos haciendo con la Consejería Jurídica (de la Presidencia de la República), los mínimos ajustes al sistema para avanzar mejor, pero sí, ya los tenemos”.

Sánchez Cordero indicó que se presentarán en tiempo. E indicó que las que se presenten sí serán de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica, aunque dijo desconocer si la Fiscalía se sumará a esas iniciativas o presentará las suyas.

Y es que recordemos que a inicios de mes, comenzaron a circular diversos documentos, que aseguraban eran los proyectos para las reformas que se propondrán al sistema de justicia. Dichos documentos levantaron severas críticas, pues analistas señalaban que significaban una regresión a lo ahora plasmado en las leyes.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, delineó hoy a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores el paquete de reformas a la Constitución y creación de nuevas leyes relacionadas al sistema de justicia, que serán presentadas oficialmente el 1 de febrero.

Explicó que entre ellas destaca crear un Código Penal Nacional, así como evitar la llamada “puerta giratoria” y que grupos criminales hagan funciones de poder dentro de un territorio.

“Si no se construye un proyecto completo que vea y que analice con claridad dónde comienza el fenómeno delictivo y cómo se va a detener, nos va a volver a pasar lo mismo”, expuso el fiscal Gertz Manero.

Reconoció que la falta de justicia se sustenta en tres factores fundamentales: una enorme inseguridad, una enorme corrupción y una enorme impunidad.

Sobre el Código Penal Nacional, se pronunció por homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes, en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país.

Consideró que no se pueden tener 32 códigos, porque al final de cuentas, si no hay una homologación de defensa social, no puede haber tampoco una homologación de defensa de cada una de las personas.

De la llamada “puerta giratoria, señaló que “lo han tenido que confesar o reconocer y aquí (en el Senado) hay funcionarios que lo han dicho con mucha claridad, se creó lo que se llama una ‘puerta giratoria’ y, por un lado, entraban y por ese mismo salían”.

El funcionario federal admitió que se han hecho esfuerzos durante los últimos 20 años, sin embargo se han generado respuestas parciales que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución.

Por su parte el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, explicó que las iniciativas de reformas constitucionales y de leyes de nueva creación, tienen el objetivo de consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia.

“Todas estas iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleven a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia, que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99 por ciento de impunidad en México”, explicó.

El funcionario federal dijo que la justica es una serie de valores esenciales sobre los cuales se debe de establecer la sociedad: respeto, la equidad, la igualdad y la libertad.

Expuso que van a proponer ante el Senado, de común acuerdo con la Fiscalía General, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; una Ley Nacional de Justicia Cívica, un nuevo Código Penal Nacional, y un proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, un proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal, un proyecto de Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que llevarán a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia.

Invitó a los legisladores a reflexionar sobre el tema, en el cual no se repara con frecuencia, posiblemente porque afecta de manera directa, e indicó que pertenece a un grupo que vive convencido y comprometido con la transformación de nuestra nación, sin más empeño que trabajar en beneficio de la sociedad mexicana.

Ante la propuesta que Morena presentó en el Senado para eliminar las comisiones que los bancos cobran a los usuarios en México, y que desató pérdidas para los bancos y la Bolsa, fue el futuro secretario de Hacienda quien salió a tranquilizar a los inversionistas.

Carlos Urzúa reconoció que un gran entusiasmo ha llevado a los legisladores a presentar un gran número de iniciativas en materia fiscal y financiera que buscan mejorar la condición de vida de los mexicanos; sin embargo dijo que ese objetivo no se “alcanza si no se toman en cuenta tanto los impactos en las finanzas públicas, como en la estabilidad del sector financiero”.

Sin referirse a la propuesta dirigida a bancos en específico, el colaborador de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que contactó a los líderes de las cámaras legislativas, para “organizar un esfuerzo coordinado”.

También resaltó que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados será un órgano técnico que influirá en el análisis de las propuestas que se presenten, y será quien señale viabilidad operativa y técnica, así como los impactos macroeconómicos que pudieran tener.

“El equipo de transición de la SHCP reafirma su compromiso para (…) encontrar el marco regulatorio que permita el desarrollo armónico de la economía y de las finanzas públicas y privadas”, dijo Urzúa.

El futuro titular de la SCHP finalizó su comunicación indicando que el esfuerzo que buscan construir se basará en el: respeto irrestricto a la autonomía del Banco Central; estabilidad macroeconómica y financiera y el manejo responsable de las finanzas públicas.

 

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Martí Batres, informó que hasta ahora se han presentado 127 iniciativas por parte de los diferentes grupos parlamentarios, relacionadas con los 19 temas aprobados por consenso el Pleno del Senado de la República.

El morenista indicó que se ha establecido contacto con el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, a fin de trabajar sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que buscan crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Bienestar Social.

El senador indicó que dichas reformas deben lograrse antes del próximo 1 de diciembre, porque tienen que ver con la integración del nuevo gobierno. De ahí, la necesidad de trabajar estos temas con los diputados lo más rápido posible.

Martí Batres hizo una numeralia de las iniciativas presentadas: en el rubro de educación y reforma educativa enlistó 13; respecto del fuero constitucional, cuatro; catálogo de delitos graves, ocho; seguridad pública y reforma policial, cuatro; austeridad, tres; democracia participativa, 11, y en salud y seguridad social, 15.

En ciencia y tecnología hay una iniciativa; para salario y equidad salarial, tres; Fiscalía General, cinco; política hídrica nacional y gestión integral del agua, dos; política nacional de hidrocarburos, una, y para el fortalecimiento de las mujeres e igualdad sustantiva, hay 16, refirió.

Además, dijo que en materia de derechos humanos y de víctimas, se han registrado cuatro proyectos; derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuatro; desarrollo sustentable y cambio climático, una; anticorrupción, fiscalización de recursos públicos y rendición de cuentas, 22; justicia laboral, siete, y sobre defensa del federalismo, dos propuestas.

Los Diputados locales electos de Morena en el Estado de México anunciaron que se encuentran analizando el derogar, en caso de ser aprobadas por la actual Legislatura estatal, las iniciativas que promuevan el endeudamiento de la entidad.

Maurilio Hernández González, Diputado electo por el distrito 11, indicó que una de las iniciativas que aprobará la actual Legislatura para reestructurar la deuda pública es un “cheque en blanco” para contratar más deuda, lo cual dijo es contrario al programa de austeridad que promueve el próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que “nosotros impulsaremos a nivel estatal”.

“Nosotros, contrario a lo que se viene ejerciendo en los actuales regímenes, habremos de plantear como norma de conducta, desde los más altos niveles de gobierno y en todos los órdenes, la austeridad republicana y él no endeudamiento”, dijo el legislador en conferencia de prensa.

Adelantó que como diputados en funciones promoverán la suspensión completa de los privilegios para los funcionarios mexiquenses, como gastos médicos mayores y privados, así como uso de escoltas.

Agregó que este tipo de iniciativas requieren un estudio amplio, ya que se corre el riesgo de aumentar considerablemente la deuda pública estatal, que al cierre de 2017 estaba en 38 mil 277 millones de pesos, pero que con la actual iniciativa del Ejecutivo podría aumentar a 43 mil 769 millones.

 

Al reunirse  con integrantes del sector productivo de Michoacán, como la CNC, la CNOP, y la CTM, el precandidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, aseguró que para combatir la corrupción de los funcionarios se tiene que ir más allá de la 3 de 3, razón por la que presentó las iniciativas de ley para incrementar la fiscalización a servidores públicos, que permitirán quitarle los recursos a los corruptos y delincuentes.

 

“Qué hace esta iniciativa? Hace algo que es muy importante y necesario; evitar que el delincuente y el corrupto use el dinero mal habido para defenderse, use el dinero mal habido para buscar una ventaja en sus procesos judiciales”, dijo Meade ante la militancia priísta.

 

El precandidato presidencial destacó que la iniciativa anticorrupción también busca consistencia en las declaraciones de los servidores públicos para incrementar los controles y vigilancia de su situación patrimonial.

 

“No es suficiente que presentemos la 3 de 3, no es suficiente saber que se presentó la declaración de impuestos. Lo importante es que esas declaraciones sean consistentes entre sí, consistentes con los registros públicos de la propiedad y consistentes con la realidad que el ciudadano puede observar”, añadió el ex titular de Hacienda.

 

Meade aprovechó su visita a Michoacán para hacer un llamado a la militancia priista, sus organizaciones y sectores, a darle su respaldo en la próxima Convención Nacional de Delegados del PRI.