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La anunciada candidatura de Roberto Palazuelos a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano (MC) se decidirá este sábado en la convención del partido, que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

La asamblea nacional electoral de MC es mañana sábado; participarán más de 200 representantes de todos los estados del país a votar sobre las candidaturas y los procesos internos del partido. Fuentes familiarizadas con el tema han dicho que “no es posible bajarlo de la candidatura solo porque los medios presionan”.

Sin embargo, aunque se formalizará hasta mañana, hoy, Palazuelos ya confirmó que dejaba la candidatura de Movimiento Ciudadano.

Ayer, medios como Reforma y columnistas como Salvador García Soto, señalaron que Palazuelos no será candidato en Quintana Roo. En su lugar, Movimiento Ciudadano ya negocia con el senador José Luis Pech, quien en recientes días renunció a Morena al no estar de acuerdo con la definición de la dirigencia del partido, sobre quién sería la candidata en el estado.

Palazuelos, hasta ahora precandidato de Movimiento Ciudadano, ha estado en el centro de la polémica tras confesar en una entrevista que se volvió viral en redes sociales que participó hace años en dos homicidios y tener nexos con el crimen organizado.

Días antes de que se diera a conocer la entrevista, Palazuelos, quien es dueño de hoteles en Tulum, causó polémica por amenazar con un “ajuste de cuentas” a quienes han criticado sus intenciones de contender por la gubernatura de Quintana Roo.

En una reciente entrevista para el programa de televisión “De primera mano” de Imagen Televisión, el actor aseguró tener anotados los nombres de todas las personas que lo están difamando y con quienes ajustaría cuentas cuando sea gobernador.

“A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando”, indicó el empresario y hotelero; esto, luego de que se diera a conocer en redes sociales un video en el que una exempleada suya asegura que Palazuelos reciclaba comida en sus hoteles para evitar un aumento de gastos.

Hoy, en entrevista con El Universal, Palazuelos dio a conocer su decisión de “bajarse” de la candidatura, antes de que lo “bajaran”.

Esto lo definió ayer que se reunió con Dante Delgado, a quien escuchó “presionado y preocupado” por la afectación que la “marca política” de MC pudiera tener.

“Lo vi muy presionado, muy preocupado por su marca y pues, le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado”, contó al diario.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa que adiciona la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para que dichos medios sean improcedentes cuando se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario emitido por los órganos de gobierno del Congreso de la Unión.

Es decir, estaría limitando la acción de las instancias correspondientes, tales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Lo que buscan es que se determine improcedente cualquier resolución que pretenda impugnar actos de su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras, como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento interno de sus órganos y comisiones legislativas.

Con ello, explicó Morena, se busca asegurar que el ejercicio de la jurisdicción electoral se mantenga respetuosa a este principio y deferente al régimen de organización y funcionamiento interno del Congreso de la Unión.

Gutiérrez Luna comentó que el respeto al principio de la división de Poderes se materializa en un régimen constitucional y legal de espacios de deferencia judicial e incluso libres de escrutinio, revisión, veto o sanción por parte de otros órganos del Estado, cuando así lo prevén las normas constitucionales legales.

Sin embargo, llamó la atención que la iniciativa fue suscrita por los diputados Gerardo Fernández Noroña del PT, partido aliado de la 4T, y por Rubén Ignacio Moreira Valdez y Marco Antonio Mendoza Bustamante, ambos del PRI, lo que sería una señal de como el llamado PRI-MOR estaría vivo una vez más para acotar al Tribunal Electoral.

La iniciativa nace luego de que el Tribunal Electoral ordenara a la Cámara de Diputados incluir a la bancada de Movimiento Ciudadano y a legisladores del Grupo Plural en las próximas integraciones de la Comisión Permanente.

El coordinador de la bancada naranja en Diputados, Jorge Álvarez Maynez, señaló que la determinación del TEPJF sienta un precedente histórico, toda vez que hasta ahora las decisiones intraparlamentarias no habían sido admitidas ni para su discusión, ni para emitir sentencias por parte del tribunal que vigila los derechos políticos electorales.

Recordó que en diciembre pasado se excluyó a MC de la Comisión Permanente pese a tener los votos necesarios para ser el resto mayor y aun cuando obtuvo el doble de votos que el PRD, el PT y el PVEM, en la elección de 2021.

“Esto fue una violación no sólo a los derechos político-electorales de las y los diputados, sino a las 3.5 millones de personas que votaron por MC, pero hoy el Tribunal cambió los criterios históricos y ordenó inclusión de todos los grupos parlamentarios en el mayor grado de pluralidad y representatividad para próximas ediciones de la Comisión Permanente”, subrayó.

El líder parlamentario expuso que las sentencias del TEPJF y de la SCJN son inatacables, pues son la última instancia, por lo que la iniciativa que presentaron Morena y PRI es “inédita y absurda”.

Al respecto, cuestionó a los legisladores de Morena y de PRI que presentaron la iniciativa para reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dijo que no le ve futuro político a la iniciativa que se presentó y señaló que “es un desplante de un pacto político consumado, evidente, que hemos venido denunciando que es el PRIMOR, y que no tiene pudor, no se molestan en ocultarlo, pero debe tener límites constitucionales”.

El diputado Agustín Basave Alanís, vicecoordinador de la bancada, expresó su preocupación por el modus operandi de Morena y el PRI que, dijo, no es nuevo y se resume en que cuando no ganan, arrebatan. “Creemos y estamos convencidos de que esto no va a salir como ellos piensan, pero hay que elevar el nivel para detener este atraco”, finalizó.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas en materia eléctrica, en respuesta a la que presentó el presidente López Obrador y que Morena y aliados buscan aprobar, la cual busca generar electricidad con fuentes renovables en proyectos estatales que atiendan sus prioridades energéticas.

El diputado José Mauro Garza Marín de la bancada naranja indicó que la iniciativa está pensada en beneficios a mediano y largo plazo; apuesta por energías limpias, cuida la economía de los hogares y de pequeñas y medianas empresas.

“La iniciativa propone crear un nuevo capítulo en la ley para que la Secretaría de Energía en coordinación con entidades federativas, generen electricidad con fuentes renovables y de eficiencia energética mediante proyectos municipales que atiendan y destinen su producción al consumo local”, explicó el diputado.

Se plantea contar con un Comité Energético encargado de definir la estrategia para la generación de energía local que pueda dar certidumbre a la inversión. Los fondos para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica municipal provendrían del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y de la Secretaría de Energía.

A esto, se suma un candado climático a nivel constitucional que obligue a la transición energética, la creación del Impuesto a Emisiones de Carbono para destinar el 20% de la recaudación a la transición por energías limpias, y la exigencia a la Federación, estados y municipios para transitar a energías renovables.

Movimiento Ciudadano acusó que la reforma eléctrica que propone el presidente pretende regresar al pasado, además de que pone en riesgo el futuro de las próximas generaciones; se señaló que la reforma presidencial va en dirección contraria a lo que promete: aumentaría el costo de la luz entre un 32% y 54% y podría aumentar las emisiones de dióxido de carbono en un 65%. Por eso se ha comprometido a un trabajo legislativo serio que pueda mejorar la industria eléctrica en los hechos.

“No apoyamos una iniciativa que va a destruir el futuro de nuestras hijas e hijos. No vamos a avalar una propuesta que busca mantener las energías caras y sucias y, al mismo tiempo, olvida las energías limpias. No vamos a negociar esta reforma: es dañina para el medio ambiente, para la salud y para la economía de nuestro país”, apuntó Mauro Garza a nombre de la bancada.

Al respecto, el diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario de MC, informó que su bancada tendrá como prioridad defender el medio ambiente, esto en el marco de la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica, y adelantó que no hay posibilidad de que se apruebe antes del proceso electoral.

Quedó instalada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, la cual está integrada por 19 diputados y por 18 senadores.

Como presidente de este órgano fue elegido el diputado Sergio Gutiérrez Luna de Morena, mientras que las vicepresidencias estarán ocupada por la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, el senador José Alfredo Botello Montes, y el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante.

Fungirán como secretarias y secretarios la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, y el diputado Luis Arturo González Cruz.

Y aunque obtuvo el respaldo de la mayoría de los legisladores, durante la instalación la senadora Patricia Mercado señaló que la instalación de la Comisión Permanente se realizó en medio de un acto de exclusión, donde de manera antidemocrática se impidió al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano participar y formar parte de esta Comisión.

Al respecto, Gutiérrez Luna precisó que “cuando se votó en la Cámara de Diputados qué diputados integrarían o pasarían a integrar la Comisión Permanente, el Partido Movimiento Ciudadano no hizo ninguna manifestación cuando se puso a consideración de la Asamblea el acuerdo de la Junta de Coordinación Política”.

Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, denunció que en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados le están negando los espacios a su partido en la Comisión Permanente, los cuales ganaron electoralmente.

Otro desencuentro se dio entre el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, y los integrantes del Grupo Plural, pues el morenista indicó que dicho grupo podrá actuar única y exclusivamente en los trabajos legislativos que desarrolle el Pleno de la Cámara de Senadores, y  no tendrán acceso a la Mesa Directiva, ni a ningún órgano directivo del Senado, por lo que no podrían integrar la Comisión Permanente.

Eso llevó a que el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, acusara que se estaba vulnerando los principios de libre desarrollo de la representatividad y la protección a la pluralidad. “Si no se quiere hacer política, emprender diálogo y suscitar acuerdos, no se puede aspirar a los altos cargos del Estado, como la Presidencia de la República”, reclamó a Monreal.

Una vez integrada la Comisión Permanente, se procedió a citar a sesión para el viernes 7 de enero de 2022, a las 11:00 horas, en modalidad presencial.

Llama la atención que en el caso de los Diputados, tras una sesión que se prolongó por casi cinco horas, se dieron por terminados los trabajos del primer periodo del primer año de la 65 Legislatura, con lo que los Diputados salieron de vacaciones por mes y medio.

Diputados de Movimiento Ciudadano acusaron que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realiza una promoción de su persona con miras a las elecciones de 2024 a través de los programas sociales para estudiantes y adultos mayores, por lo cual anunciaron que presentarán una denuncia en su contra ante instancias electorales.

Líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados y del Congreso de la Ciudad de México, sostuvieron que la promoción de su persona a través de la llamada “Tarjeta Claudia” es ilegal toda vez que se trata de actos anticipados de campaña y uso de programas sociales con fines electorales.

“Vemos muy nerviosa a Sheinbaum desde que llegó Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación; como que no se esperaba que hubiera un rival en la contienda interna más cercano que ella al presidente López Obrador, y se empezó a poner bastante nerviosa la jefa de Gobierno”, dijo Jorge Álvarez Máynez.

Y es que en las últimas semanas, la Jefa de Gobierno ha visitado escuelas públicas de educación básica de las 16 alcaldías, para entregar tarjetas de becas estudiantiles, “Bienestar para Niños y Niñas, Mi Beca para Empezar.; tarjetas con los colores similares a los de Morena.

Claudia Sheinbaum ha salido al paso y ha asegurado que dichos actos “no son de promoción personalizada”, sino que más bien son muestra de que su gobierno “no es de oficina, sino que está en territorio”.

“No tiene nada que ver con promoción personalizada ni mucho menos; lo que no somos es un gobierno de oficina, somos un gobierno de tierra: si durante la pandemia no pudimos estar en territorio, pues fue por razones sanitarias; pero, ahora, pues estamos yendo a las escuelas, estamos yendo a tocar casa por casa para el Programa de Salud, para el Programa de Seguridad. Entonces, nosotros somos un gobierno que está en territorio, y eso lo vamos a seguir haciendo y no tiene nada que ver con una promoción personalizada”.

Al respecto, el diputado Salomón Chertorivski de MC, consideró que Sheinbaum Pardo no es una jefa de Gobierno, sino una “regenta” que se dedica a hacer lo que le ordena el Presidente López Obrador.

“Como perdió en las elecciones del 2021, pero es la candidata del Presidente, pues hay que echarle todas las ganas, echarle todo el aparato, y no lo vamos a permitir porque esos tiempos pasaron hace mucho ya en este país”, sentenció el legislador.

Apuntó que 170 funcionarios de 18 secretarías del gobierno de la Ciudad de México promueven y entregan la Tarjeta Claudia; “es una vergüenza que Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal, se preste para que esto se pueda llevar a cabo”.

En tanto, el diputado local Torres González aseguró que Sheinbaum Pardo se está promocionando porque es “una reacción a los resultados electorales que no les favorecieron en las últimas elecciones (a Morena), y ahora quieren generar una base electoral a costa de estos programas”.

Movimiento Ciudadano es el primero en anunciar una queja en contra de la mandataria local por estas entregas. Integrantes de Acción Nacional recurrieron al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) a presentar una queja por actos de promoción personalizada con programas sociales y por el uso indebido de recursos públicos.

Sheinbaum Pardo respondió asegurando que no había necesidad de irse a quejar. “Lo que buscamos aquí es estar en comunicación con los habitantes de la ciudad; esto es lo que, a lo mejor, ellos no entienden. Nosotros somos distintos, somos diferentes, no somos corruptos y, además, queremos estar cercanos a la ciudadanía; esa es la gran diferencia de lo que representa la Cuarta Transformación: el bienestar, la fraternidad por encima del aislamiento y la corrupción”.

Movimiento Ciudadano (MC) prometió ser una “oposición responsable” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con quien no descarta pactar algunas reformas, reveló este lunes la dirigencia nacional del partido.

“Nosotros seguiremos siendo una oposición libre y responsable. Estaremos analizando con lupa cualquier iniciativa que provenga de los dos bloques que existen en este país”, dijo el coordinador nacional de MC, Clemente Castañeda.

Recordemos que en las elecciones del pasado 6 de junio MC optó por no sumarse a ninguna coalición, tanto la oficialista que encabezó Morena, como la de oposición que aglutinó al PRI, PAN y PRD;  el partido naranja obtuvo 3.4 millones de votos, lo que le permitirá tener entre 20 y 27 de los 500 diputados en la Cámara de Diputados.

MC se situaría detrás del bloque de la Cuarta Transformación, que tendría entre 255 y 292 diputados, y de la coalición opositora, que ocupará entre 181 y 213 curules.

Castañeda dijo que en MC están “dispuestos a construir una agenda de colaboración en temas específicos” pero “por ninguna circunstancia” quedarán asimilados a alguno de los dos bloques.

En ese sentido, el coordinador nacional del partido abrió la puerta a pactar puntualmente con la coalición gobernante, que gozará de mayoría absoluta pero no de los dos tercios de la Cámara necesarios para reformar la Constitución.

“Si el presidente de la República plantea una iniciativa para dar un ingreso vital a los mexicanos en el contexto de la pandemia, sería una irresponsabilidad no acompañarlo, pero no vamos a permitir que el presidente siga impulsando ocurrencias”, dijo Castañeda.

El también senador aclaró que si López Obrador plantea “el debilitamiento de los órganos autónomos”, como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Banco de México (Banxico), se encontrará de “frente” a MC.

Recordemos que además del avance en la Cámara de Diputados, MC con Samuel García ganó la gubernatura en Nuevo León, estado considerado como el motor industrial del norte del país. Junto a Jalisco y a las ciudades de Monterrey y Guadalajara, el partido gobernará en los territorios políticamente más importantes fuera de Ciudad de México.

Castañeda consideró que los resultados electorales demuestran que “fue un acierto” presentarse de manera independiente a los comicios. “Se logró romper con la narrativa de que nada más hay dos ‘Méxicos’, de que México puede dividirse entre liberales y conservadores, entre chairos o fifís”, opinó.

El líder del partido resaltó que se demostró que Movimiento Ciudadano “tiene viabilidad electoral y política de cara al 2024”; incluso aseguró que tienen la oportunidad de construir una candidatura propia para la elección presidencial.

Un grupo armado secuestró a Marilú Martínez Núñez, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cutzamala de Pinzón, Guerrero, y a su familia, según informó el partido.

“Fueron secuestrados por un grupo armado. Exigimos una reacción inmediata de las autoridades y del gobernador Héctor Astudillo para localizarlos con vida”, denunció Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC.

Aunque ni la dirigencia del partido ni las autoridades han detallado la hora y el lugar del suceso, Martínez Núñez publicó en sus redes sociales por última vez durante la tarde de ayer.

Esta mañana, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo indicó que desde el momento en que se recibió la noticia de la desaparición de la candidata, los integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz tomaron acciones para su localización. No ofreció mayores detalles.

El secuestro de la candidata es parte de las 782 agresiones o delitos globales contra políticos, con un saldo de 89 políticos asesinados, 35 de ellos aspirantes, según la consultora Etellekt.

Candidatos de MC han sido víctimas de alto perfil, como Alma Rosa Barragán, aspirante a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, y Abel Murrieta, quien buscaba ser alcalde de Cajeme, Sonora. Ambos fueron asesinados a plena luz del día en actos proselitistas.

La información del secuestro de Marilú Martínez se da luego de que se conociera que Porfirio Lima Olivares, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de Acajete, Puebla, quien había sido reportado como desaparecido, fue hallado sano y salvo en Querétaro.

Fue el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien había informado que el político había sido secuestrado; sin embargo, ayer se difundió un video en el que el 29 de mayo pasado, el candidato se hospeda por su propia voluntad, en un hotel de Querétaro. Se registró con un nombre falso y permaneció ahí hasta ayer 1 de junio.

“El candidato fue trasladado a Puebla y serán las autoridades de aquella entidad, quienes continúen con las investigaciones por el delito de falsedad de declaraciones y/o secuestro simulado”, dijo la Fiscalía de Querétaro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó el asesinato de Alma Rosa Barragán Santiago, candidata a la alcaldía del municipio de Moroleón, Guanajuato, por el partido Movimiento Ciudadano; dijo que ya se investiga el caso en coordinación con el gobierno estatal.

“Es muy lamentable lo de ayer. Nuestro pésame a los familiares. Es una situación lamentable porque se da en medio del proceso electoral”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Barragán fue atacada a balazos ayer por la tarde mientras se encontraba en un evento de campaña. La candidata murió en el lugar y otras dos personas resultaron heridas.

El presidente aseguró que este ataque proviene de “gente que quiere generar inestabilidad” y afirmó que son personas relacionadas con la delincuencia organizada.

Recordó que Guanajuato es un estado donde hay mucha confrontación “lamentablemente entre grupos”, y apuntó que están colaborado con las autoridades estatales en la investigación y van a seguir brindando protección a los candidatos que lo pidan.

Agregó que estos “lamentables” delitos deben ser atendidos por las autoridades estatales pues “son (delitos) del fueron común”, puntualizó. “En este caso es el gobierno de Guanajuato el que lleva la investigación”; añadió que ya existe alguna información sobre el asesinato, aunque no ofreció mayores detalles.

Insistió en que este tipo de crímenes pretenden atemorizar a la sociedad para que no salga a votar, por ello, destacó que toda la gente debe participar a en los comicios del próximo 6 de junio.

El ataque de Barragán ocurrió en la misma ciudad en donde hace ocho días el candidato a diputado local por la coalición PRI-PRD, Juan Guzmán Ramírez, sufrió un ataque a balazos, pero sobrevivió.

Barragán es la tercera candidata asesinada en este proceso electoral en Guanajuato, estado que desde 2018 concentra la mayor cantidad de homicidios cometidos en México.

La primera víctima fue Juan Antonio Acosta Cano, quien era precandidato del PAN a la alcaldía de Juventino Rosas y fue asesinado el 12 de enero mientras se ejercitaba en las calles de dicho municipio. Posteriormente, Alejandro Galicia Juárez, candidato a regidor por el PRD en el municipio de Apaseo El Grande, murió en un ataque a balazos, en el cual también quedó herido el delegado municipal del partido, Juan Ignacio de la Cruz.

Recordemos también que el pasado 13 de mayo, Abel Murrieta, exprocurador de justicia del estado de Sonora y candidato a la alcaldía de Cajeme, quien militaba en el mismo partido que Barragán, fue asesinado en un acto de campaña.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Guanajuato son ocho los candidatos, seis hombres y dos mujeres, los que hasta ahora han solicitado alguna medida de seguridad personal por sentir que su integridad está en riesgo.

Según la consultora Etellekt, al menos 88 políticos han sido asesinados durante la actual contienda electoral, 34 de los cuales eran aspirantes o candidatos. De los 34 aspirantes y candidatos asesinados, 29 pretendían competir por puestos del ámbito municipal (alcaldías, regidurías y sindicaturas); de estos el 89% eran personas opositoras a los alcaldes que gobiernan en los municipios que buscaban gobernar o representar.

Otros cuatro aspirantes y candidatos asesinados se postulaban por diputaciones estatales, todos eran opositores a los gobiernos estatales. Mientras que una víctima restante era un aspirante a una diputación federal, también opositora al gobierno federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que ordenó una investigación sobre el asesinato de Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, en Sonora.

López Obrador dijo que ante la “gravedad del asunto” se acordó llevar a cabo una investigación a fondo y una coordinación especial con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Este es un tiempo difícil por las campañas, por los intereses que se generan en las regiones y tenemos que proteger a los candidatos. Hoy analizamos todo lo que se viene haciendo, hay muchos elementos protegiendo a los candidatos, lo vamos a seguir realizando, se va a seguir llevando a cabo la protección de los candidatos”, sostuvo López Obrador.

El mandatario señaló que como parte del plan de protección, la Mesa de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral tiene, del 4 de marzo al 14 de mayo, 315 casos, de los cuales 158 fueron marcados como preventivos, 144 como relevantes y 13 como graves.

Y es que ayer, el candidato de Movimiento Ciudadano en Cajeme, Abel Murrieta fue asesinado en la vía pública y a plena luz del sol, cuando se encontraba realizando actividades proselitistas, recibiendo diez balazos.

“Pues lamentar este hecho, realmente es muy triste que estas cosas sucedan y enviar nuestro pésame a los familiares, y acompañado del pésame también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables”, dijo AMLO.

Sobre el hecho, Claudia Indira, actual fiscal de Sonora, condeno el ataque y señaló la cobardía de quienes cometieron el crimen. Recordemos que Murrieta se había desempeñado como procurador estatal.

Adicional, Murrieta era el representarte legal de la familia LeBarón, por lo que Adrián LeBarón salió rápidamente a condenar el ataque. “¡Mataron a mi defensor! Hoy mataron cobardemente a quien decidió defendernos legalmente. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Estado de Derecho?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, emitió un pronunciamiento en el que lamentó el “cobarde atentado” en el que murió su candidato, y aseguró que “el crimen gobierna Sonora y las autoridades están rebasadas”.

“Abel pagó por haber dicho una y otra vez en su campaña que tenía el valor de enfrentar el narco y que iba a poner orden cuando llegara a la alcaldía”. El líder partidista responsabilizó de la muerte del candidato al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y al presidente municipal de Ciudad Obregón.

Sobre los señalamientos de la dirigencia de MC, López Obrador justificó que al estar en temporada electoral, hay este tipo de acusaciones que no tienen ningún “efecto”; aseguró que ni siquiera llegan a propaganda, y no pasan de ser actitudes publicitarias y muy irresponsables.

Cuestionó a quienes han dicho que es él el responsable del crimen. “Puede ser que sea responsable, pero no culpable”, dijo AMLO al asumir su responsabilidad como Jefe del Ejecutivo.

Según la consultora Etellekt, 32 candidatos de la actual contienda electoral han sido asesinados en México entre septiembre y abril, lo que convierte a estos comicios en los segundos más violentos desde el año 2000, solo por detrás de la campaña de 2018.

La consultora contabiliza un total de 563 hechos delictivos contra políticos y candidatos, con un saldo de 83 políticos que han perdido la vida en atentados.

Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconociera que ha metido las manos en el actual proceso electoral, asegurando que no puede ser cómplice de prácticas de fraude electoral, los Senadores del PAN aseguraron que el mandatario se muestra tal cual es, autoritario e irrespetuoso de la ley.

“En la mañanera del día de hoy el presidente se muestra tal como lo es: un personaje autoritario, irrespetuoso de las leyes, simplemente desatiende las instrucciones que se tienen a través de los ordenamientos jurídicos para que no intervenga nadie, mucho menos el titular del Poder Ejecutivo”, señaló Julen Rementería, coordinador de la bancada panista

El legislador condenó la intervención ilegal del mandatario en el proceso electoral, ya que apuntó, AMLO no es el árbitro y con sus acciones viola la equidad de la contienda, al tiempo que afirmó que es vergonzosa su actitud pues lastima la democracia del país.

“Es verdaderamente una vergüenza que esto esté sucediendo, es algo que lastima a la democracia. Confiesa, pues, que comete un acto ilícito como el meterse a las elecciones y esto debemos de condenarlo”, sostuvo.

Adelantó que el día de mañana el Grupo Parlamentario del PAN se pronunciará de manera contundente en la Comisión Permanente en contra de esta intervención ilegal del Presidente en las elecciones en nuestro país. “Por más que observe algo, él no tiene manera ni es tampoco el árbitro. El que debe de intervenir en ello es otra instancia y no la del Ejecutivo federal”, remató.

En tanto, el dirigente nacional del PRI señaló que es inadmisible que el gobierno federal se quiera entrometer en las elecciones y “violentar el proceso político democrático” que hoy se vive en México. Alejandro Moreno pidió respeto a las instituciones y al trabajo que realizan todos los candidatos.

En conferencia de prensa, Alejandro Moreno dijo que el gobierno federal ha expuesto “su rostro más antidemocrático” con los ataques a su candidato en Nuevo León, Adrián de la Garza.

“Lo que hace la Fiscalía General es meter las manos en el proceso electoral para favorecer el partido oficial y cambiar la discusión oficia respecto del traigo accidente de la línea 12 del Metro”, dijo Moreno, quien acusó que Morena es una tragedia y desgracia para México.

Por su parte el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Dante Delgado, llamó al presidente López Obrador a sacar las manos del proceso electoral.

“Lo que estás haciendo es abuso de poder. Estás interviniendo en un campo que te está vedado. Abstente de seguir violando la legislación que te impide participar en los procesos electorales. Sé que estás desesperado por la caída de Morena en las preferencias electorales (…) Estás desesperado, aturdido y desquiciado ante la falta de resultados de Morena (…) Estás actuando facciosamente, como jefe de grupo, de pandilla”, dijo el también fundador de MC.

Anunció que el partido se encuentra valorando presentar una denuncia de hechos contra AMLO, por su “abusiva” intervención en el proceso electoral. Dante Delgado aseguró que no permitirá, ni como coordinador parlamentario, ni como Senador, ni como ciudadano, la “intervención ni en este ni en ningún otro caso” del mandatario.

“Andrés Manuel, estás acostumbrado a un discurso que se pierde en la verborrea. Estás acostumbrado a marcar agenda con temas insustanciales y no asumes la responsabilidad de comportarte como jefe de Estado. Andrés Manuel, eres muy mañoso y te has quedado en eso, en un político de plaza pública que cree que gobernar es hablar. Te invito a que te conviertas en presidente de la República. Asume tu responsabilidad, cumple con lo que establecen las leyes, no las violentes, no trates de capturar a los otros poderes del Estado, actúa como jefe de Estado, como estadista, no como merolico de pueblo”, remató Delgado en sus mensajes en redes sociales.

Al llamado también se sumó la dirigencia nacional del PRD, quien a través de su líder Jesús Zambrano, condenó el reconocimiento de AMLO de estar inmiscuido en el proceso electoral.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, calificó como “inaceptable” que la Cámara de Diputados haya aprobado “una atrocidad legislativa” como la que permite ampliar el mandato del Presidente del Poder Judicial, el ministro Arturo Zaldívar.

Ante el actuar de los legisladores, el líder del PAN llamó al ministro presidente a rechazar los cambios “con contundencia”

“Es muy lamentable haber escuchado hace un momento al Presidente de la Corte sometido, diciendo que no conocía esa reforma al transitorio. Pero démosela por buena que no la conociera, que la rechace, que diga que no lo aceptará con claridad, con contundencia, es realmente vergonzoso”, manifestó el panista

Las declaraciones llegaron luego de que el ministro presidente emitiera un comunicado en el que se desmarcó del artículo transitorio, y asegurara que no tuvo que ver con ello, atribuyendo toda la responsabilidad al Poder Legislativo.

Cortés Mendoza adelantó que su partido presentará una Acción de Inconstitucionalidad en contra de lo aprobado por el Congreso. Denunció que, con esta acción, hay una clara intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y la sumisión de éste al Ejecutivo.

“Hoy nosotros no vemos, como lo dijo el presidente Zaldívar, una Suprema Corte ni independiente ni vigorosa ni mucho menos autónoma. Está claro que el Presidente López Obrador quiere tener control, injerencia y quiere mantener a su contentillo al Presidente de la Corte que le resultó incómoda, esto es inaceptable en un país democrático”, sostuvo.

Por su parte el dirigente nacional de PRD, Jesús Zambrano, aseguró que Morena y sus aliados consuman la traición a la democracia con la aprobación de la llamada #LeyZaldívar.

Afirmó que se trata de “un ensayo de la reelección de López Obrador”; señaló que “estamos en curso de una dictadura” en México.

En tanto, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano dijo que la ampliación del mandato del presidente de la SCJN por dos años más es inconstitucional; advirtieron que seguirán luchando para detener los excesos del poder que se viven hoy en día.

Sobre las denuncias contra las reformas al Poder Judicial, el presidente López Obrador dijo que quienes se oponen a los cambios tienen la posibilidad de inconformarse y seguir los medios jurídicos que existen para ello; señaló que será la autoridad competente quien resuelva sobre el tema.

“Pero no ser cómplices de la corrupción y no apostar al conservadurismo, que es mantener el statu quo, es conservar; cuando mucho, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. No, no llegamos al gobierno para eso; además, México ya no necesita de esas prácticas de simulación. Hay que cambiar, hay que transformar; si no, no salimos”, dijo AMLO.

Advirtió que él y su gobierno seguirán insistiendo en los cambios, y en dado caso de que no los permitan los órganos autónomos, el Poder Judicial o el Poder Legislativo, y se rechacen las propuestas, “no sucede nada, pero quedamos con nuestra consciencia tranquila de que no somos encubridores, no somos cómplices, no somos tapaderas, no somos conservadores”.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD presentaron, junto a la bancada de Movimiento Ciudadano, una iniciativa para regular el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Laura Rojas, diputada del PAN, explicó que se propone la expedición de una nueva “Ley Federal que regule la Colaboración de las Instituciones de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública”, ya que no hay una adecuada regulación de las fuerzas armadas en tarea de seguridad.

Se busca revisar los principios mínimos, condiciones, procedimientos, límites, responsabilidades y sanciones en cuanto a la disposición de los integrantes de la Fuerza Armada permanente.

Recordó que durante la LXIV Legislatura se aprobó la creación de la Guardia Nacional y su permanencia en las tareas de seguridad, por lo que es necesario hacer una ley que “claramente regule todos los procedimientos por los cuales las Fuerzas Armadas van a participar en ese tipo de tareas, así lo ha señalado la CNDH y una serie de especialistas”.

La diputada Verónica Juárez Piña  del PRD destacó que la iniciativa pretende generar un instrumento por el que no sólo se establezcan reglas claras para la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, sino para que la sociedad civil, la academia, los organismos públicos de derechos humanos establezcan una supervisión constante de las acciones que se implementen, así como un “proceso evaluativo que nos permite saber si estamos caminando en el sentido correcto o debemos reflexionar estas acciones”.

De esta manera, añadió, no sólo se evitarán las violaciones a los derechos humanos, también será más eficiente el proceso de diseño y planificación de las políticas públicas.

“Desde el PRD estamos conscientes de que dejar la problemática de la seguridad a las instituciones policiales en las lamentables circunstancias en las que se encuentran sería irresponsable, no podemos simplemente retirar a las y los militares en tareas, sería un alto costo, por lo que nos parece importante el que podamos contar con instrumentos necesarios para regular, cómo sería su participación”.

El diputado del PRI, René Juárez Cisneros, consideró que esta propuesta de la oposición es clara, precisa, y otorga certidumbre, certeza jurídica, basamento legal, regulación, fronteras, observancia plena y respeto a los derechos humanos, para que las Fuerzas Armadas puedan seguir contribuyendo a la paz, a la tranquilidad y a la seguridad pública, pero también tengan la confianza y la certidumbre de que están actuando dentro del marco legal.

“Hoy lo que se pretende con esta iniciativa, es precisamente darle esa certeza jurídica, esa regulación necesaria, con plena observancia y respeto a los derechos humanos, para que nuestras Fuerzas Armadas puedan tener ese sustento legal para cumplir con esta tarea que se les ha encomendado, de ayudar a la consolidación de la paz, a través de tareas de seguridad pública”.

Juan Carlos Romero Hicks del PAN sostuvo que cuando la legisladora Laura Rojas presentó una controversia constitucional en torno al acuerdo del Ejecutivo Federal sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el Gobierno de la República dijo que harían una propuesta de legislación, la cual no llegó.

“En el camino nosotros fuimos construyendo lo que hoy estamos presentando, porque creemos que hay que llenar ese vacío”, dijo el panista.

La propuesta, detalló, tiene como fin darle certeza a la población y contar con todos los instrumentos viables para que la autoridad local como la federal, puedan estar interviniendo.

Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), aseguró que la designación de Rosa Icela Rodríguez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal es errónea.

“Se encomienda a un perfil respetable, pero sin formación ni experiencia en la materia, el combate a la inseguridad. El Presidente López Obrador de se equivoca en perjuicio de México”, señaló el dirigente patronal.

Afirmó que la seguridad ha empeorado en México a partir del inicio del gobierno de López Obrador, además de que, bajo el encargo de Icela Rodríguez, la Dirección de Puertos y Marina Mercante, evidenció la incapacidad para controlar el fenómeno delictivo asociado a la actividad portuaria. Razón de dicha incapacidad, fue que se transfirieron funciones a la Secretaría de Marina.

Recordó que en los primeros 22 meses de la administración actual se acumulan 65 mil 580 asesinatos, que se conforman por 63,792 homicidios dolosos y 1,788 feminicidios.

La COPARMEX consideró que la estrategia de seguridad del actual gobierno no está funcionando, lo que impide avanzar en la consolidación de instituciones estatales y municipales de carácter civil.

Sobre la renuncia de Durazo, quien buscará la gubernatura de Sonora, la Confederación señaló que deja varios pendientes, entre los que se encuentra la consolidación de la Guardia Nacional y la grave y creciente inseguridad que golpea a todos los rincones del país

“Si bien desde COPARMEX observamos que la próxima titular no cuenta con la formación profesional y la experiencia en el ámbito de la seguridad pública, esperamos que estará rodeada de personas con experiencia en el campo de Seguridad Pública, con capacidad, probidad y prestigio, para salvaguardar la vida y el patrimonio de los mexicanos”.

Entre los senadores del PAN y Movimiento Ciudadano también surgieron las reacciones ante la propuesta del presidente de que sea Rosa Icela Rodríguez quien coordine el gabinete de seguridad como nueva titular de la SSPC.

“Necesito revisar el perfil con profundidad, pero de una primera revisión, mi impresión es que es una política, no una experta en temas de seguridad (…) pero, como la Secretaría de Seguridad ha estado de adorno, y la Guardia Nacional, que es la principal herramienta de esa institución para combatir la inseguridad pública, está en manos del Ejército, es irrelevante quién llega si la tienen de adorno a la Secretaría”, dijo Damián Zepeda, senador de Acción Nacional.

Juan Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano, aseguró que la funcionaria carece de la experiencia que se necesita para dirigir las tarreas de seguridad. “No le encuentro que ella tenga algún tipo de experiencia en materia de seguridad; creo que su experiencia más bien está en otras ramas: desarrollo social, de equidad”.

Sobre la propuesta del presidente para que Rosa Icela Rodríguez encabece la SSPC, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam, aseguró que su ex colaboradora hará un gran papel, ya que es una mujer honesta, íntegra y con mucha experiencia. “Tiene experiencia en gobierno, seguridad, desarrollo social, comunicación”, dijo la mandataria.

El canciller Marcelo Ebrard también comentó sobre el tema. Recordó que Rosa Icela Rodriguez cuenta con la experiencia necesaria, pues de 2006 a 2009 fue coordinadora del gabinete de seguridad en la capital del país. “Eficaz y conocedora del tema, dio siempre excelentes resultados. Así será de nuevo!!!”.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados se pronunció en contra de la extinción de fideicomisos y rechazó la falta de compromiso e independencia de los diputados proponentes de Morena, al no respetar los planteamientos vertidos en los foros de parlamento.

“Las y los diputados ciudadanos llamamos a respetar la división de poderes y actuar en consecuencia, toda vez que la urgencia por discutir esta propuesta, es una clara señal de que los diputados proponentes de Morena recibieron la instrucción del titular del Ejecutivo; olvidando la división de poderes: el Legislativo es un poder soberano, cuya legitimidad, al igual que la del Ejecutivo, proviene de las urnas, y por mandato constitucional debe conducirse con plena autonomía”, señaló en un comunicado el coordinador, Tonatiuh Bravo Padilla.

Explicó que el dictamen compartido el pasado 24 de septiembre contempla dos iniciativas: una que ha sido analizada y discutida, de 44 fideicomisos; y otra de nueve más, que el grupo proponente se niega a discutir.

Indicó que en total, el Gobierno Federal a través de los diputados de Morena, busca eliminar 53 fideicomisos, lo que representa una bolsa total de 154 mil millones de pesos.

Señaló que bajo la retórica de combatir la corrupción y sin que hasta el momento se hayan documentado este tipo de delitos, los morenistas pretenden modificar 14 leyes y derogar una, para que los recursos que corresponden a los fideicomisos se entreguen de manera directa desde las dependencias federales.

Bravo Padilla aseguró que si de buscar recursos se trata, debe disponerse de los presupuestados para obras e infraestructura, como el Tren Maya, y no extinguir los fondos clave, como son los relacionados con la prevención de riesgos y desastres, de ciencia y tecnología, entre otros.

Por su parte la dirigencia nacional del PAN indicó que la intención de desaparecer los fideicomisos es otro “monumental error” del gobierno de López Obrador.

“De igual manera, quiere desaparecer fideicomisos tan importantes como el de la Prevención de Desastres Naturales, para la investigación científica, el fondo de inversión y estímulos para el cine. Hoy confirmamos claramente que Acción Nacional votará en contra de la eliminación de estos fideicomisos, porque

El presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, aseguró que los legisladores del PAN rechazan dicha desaparición, pues el gobierno federal solo gasta mal y deja de invertir en lo verdaderamente importante; acusó que se malgasta el recurso público.

Durante una rueda de prensa, señaló que la desaparición de dichos fideicomisos es una medida arbitraria, sin fundamento y equivocada, porque al gobierno federal y su partido solamente les gusta destruir sin presentar prueba alguna sobre la presunta opacidad en que operarán los mismos y sin especificar en qué se van a gastar esos recursos.

“Lo único que hoy tenemos claro es que quieren el dinero para malgastarlo, en lugar de invertirlo para cuidar la salud y la vida, para apoyar al sector productivo y la generación de empleos formales y para aprobar un Ingreso Básico Universal que pudiera activar de forma inmediata el mercado interno”, destacó el dirigente.

Acusó que el presidente equivocadamente cree que puede sacar de los fideicomisos el dinero que le hace falta para sus proyectos faraónicos de Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya.

El grupo parlamentario del PRI en Diputados también adelantó que no apoyará la intención de desaparecer los fideicomisos, pues aunque consideraron que el propósito de la extinción es “noble”, aseguraron que era necesario hacer un análisis de cada uno de los fondos que se pretenden desaparecer.

“Lo que se requiere es el análisis casuístico, uno por uno, es decir, se requiere una operación con bisturí, y lo que Morena está haciendo es traer al quirófano un machete, un hacha y entonces corta de tajo todo y eso me parece un error garrafal”, dijo el coordinador de la bancada priísta, René Juárez.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa que busca que la Mesa Directiva del Senado realice el computo de las y los legisladores presentes e informe el número de papeletas distribuidas antes de una votación por cédula.

En la propuesta se indica que el Reglamento del Senado de la República prevé, en su artículo 97, las modalidades de votación para la toma de decisiones, mismas que pueden ser de manera nominal, económica o por cédula. La fracción III del artículo mencionado establece que “es por cédula cuando se eligen personas a través de una papeleta que se deposita en una urna”.

Esta modalidad, detalla el texto, garantiza la secrecía del voto, necesaria para efectuar diversos procedimientos de toma de decisión, particularmente la designación de funcionarios de diversos órganos públicos. La votación por cédula es un instrumento que busca proteger a los senadores en lo individual y a las minorías políticas de presiones e interferencias en el razonamiento de sus votos, puntualiza.

No obstante, apunta, no contempla realizar una verificación de las y los senadores presentes previo a efectuar la votación, es decir, no prevé un cómputo de las y los presentes que permita identificar el coeficiente necesario para determinar la validez de una votación por cédula.

Es por eso, que el escrito considera necesario que la Mesa Directiva verifique el número de senadoras y senadores presentes, previo a realizar la votación por cédula, ya que para este tipo de votaciones, la Constitución y diversas legislaciones establecen que la base sobre la cual se determina la mayoría calificada es el número de “senadores presentes”, y no el número de papeletas depositadas.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.

La iniciativa llega luego de la polémica que se originó con la votación que permitió a Rosario Piedra Ibarra convertirse en la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco, por supuesto desvío de recursos públicos, utilización de facturas falsas, evasión fiscal y cohecho.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, contiene varias sentencias de instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) así como 111 facturas falsas de empresas “fantasma, que avalan un desvío de recursos para la campaña presidencial de “El Bronco”, por más de 25 millones de pesos.

Después de interponer la denuncia, el senador Samuel García dijo que el presunto monto del desvío de recursos públicos en efectivo es de más de 80 millones de pesos, sumados al desvío de recursos humanos y materiales que se realizaron durante la citada campaña.

“Tenemos al Bronco acorralado. Ya cerramos la pinza, incluso con delitos que tienen que ver con lavado de dinero, peculado, cohecho y uso ilícito de facultades, dijo el legislador federal por Nuevo León.

García Sepúlveda informó que este mismo miércoles también presentaron denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y ante la Procuraduría Fiscal de la Federación.