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La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la dirigencia nacional de Morena retirar la campaña “traidores a la patria”, promovida contra legisladores de la oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica.

La comisión estimó que la campaña “puede violar los derechos de las personas legisladoras e incluso poner en riesgo su integridad” y advirtió que de no retirarla se estaría cometiendo el delito de calumnia.

Recordemos que el pasado 17 de abril, la reforma al sector eléctrico, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fracasó tras no obtener los votos de dos tercios de la Cámara de Diputados que se requerían.

Ahora, la comisión determinó que las publicaciones en las que se menciona la expresión “PRI, PAN, PRD y MC son traidores a la patria” imputan de “manera directa un delito por el que no se ha establecido la culpabilidad del partido político denunciante o de quienes forman parte de él, dado que la Traición a la Patria es un tipo penal previsto en el Código Penal Federal”.

El INE también consideró que no es una manifestación aislada o espontánea surgida o emitida exclusivamente en el seno del ámbito parlamentario”, sino que este tipo de expresiones “trascendieron de la esfera legislativa y ahora forman parte de una posible estrategia o campaña partidista”.

Precisó que este discurso podría provocar, además de calumnia, la incitación al odio y a la violencia en contra de otros actores y fuerzas políticas.

La comisión precisó que este tipo de manifestaciones podrían, eventualmente, vulnerar el derecho de las personas legisladoras al efectivo desempeño del cargo, porque “parecería que votar en contra de las propuestas de reforma hechas por el partido político predominante o por el presidente de la República les conllevaría una campaña de odio en su contra”.

Así, se ordenó al presidente de Morena, Mario Delgado, y al partido político que inmediatamente “realice las acciones, trámites y gestiones necesarias y suficientes para eliminar las publicaciones denunciadas alojadas en Twitter, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración”.

Sin embargo, hay que considerar que el pasado lunes, el dirigente de Morena informó que preparan una denuncia contra los 223 diputados que rechazaron la reforma eléctrica. Indicó que el delito por el cual se les denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) será el de traición a la patria.

“Vamos a presentar una demanda por el delito de traición a la patria, sustentados en el artículo 123 del Código Penal Federal, contra los 223 legisladores que votaron en contra de una reforma que buscaba que el Estado mexicano recuperara la rectoría sobre el sistema eléctrico nacional”, expuso Delgado en conferencia de prensa.

Tras conocer el fallo de la comisión, Morena emitió un mensaje en sus redes sociales en el que indicó que ninguna campaña o intento de censura, en alusión a la medida ordenada por el INE, “podrán borrar la realidad ni esconder la verdad”.

Mario Delgado informó que acatarán la medida dictada por la autoridad electoral, pues Morena “respeta la Ley y las instituciones”

“Siempre hemos sido y seguiremos siendo un Movimiento pacífico; que no ha emprendido ninguna campaña de odio, lo que tenemos es una campaña de información para que el pueblo de México sepa cómo votaron cada uno de los diputados”, sostuvo Delgado.

Sin embargo, aseguró que más allá de una supuesta campaña de odio, la realidad es que la oposición está ocupando esto como una “maniobra para victimizarse ante el repudio generalizado por haber decidido apoyar los intereses de las empresas trasnacionales”.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Triana Tena, presentó este lunes una demanda civil y una denuncia penal, contra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como de la Secretaria del Partido, Citlalli Hernández, por daño a la moral y difamación, además de la campaña de odio y desprestigio, al llamar a los legisladores de oposición  “traidores a la patria”, por haber votado en contra de la reforma eléctrica.

Al acudir a las instalaciones del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, Triana Tena, presentó en la Oficialía, la demanda de carácter civil, para solicitar la reparación del daño con una disculpa pública en medios de comunicación que tengan presencia a nivel nacional y, con ello,  se dé marcha atrás a la campaña de odio, que emana de Palacio Nacional, además de una remuneración económica.

Explicó que la reparación del daño, tiene que ver con la imagen personal; sin embargo, la remuneración económica, la determina un juez, si procede o no.

“En caso de que proceda, yo sí quiero ser muy claro, que esto iría directamente a las personas afectadas por este gobierno, los daños colaterales, como la han llamado algunos integrantes de este gobierno, por ejemplo a los a los niños que no tienen quimioterapia para el cáncer”, indicó en un breve encuentro con medios..

Además, el legislador también acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), a interponer una denuncia penal, con el objetivo de que se investigue al dirigente de Morena, así como a su Secretaria, en materia de amenazas, por apología a la violencia y lo que resulte del comportamiento.

“Queda aquí el precedente de que todo lo que nos suceda, a partir de este momento, bueno, pues hacemos responsables tanto al Presidente del Partido Movimiento Regeneración Nacional, como a la Secretaria General, por las expresiones de odio que han manifestado, por el llamado al linchamiento público en contra de las personas que votamos en contra de una reforma constitucional  que presentó el Presidente de la República y, bueno, pues esto es para dejar constancia de ello”, afirmó Triana Tena en FGR.

Sin embargo, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que el partido seguirá con su campaña para denunciar a los 223 diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica, e indicó que luego de consultarlo con sus abogados, se ha decidido interponer una demanda por el delito de traición a la patria en contra de los diputados de oposición.

Los abogados “coinciden en que sí podemos presentar una demanda por el delito de traición a la Patria, sustentando en el articulo 123 del Código Penal Federal contra los 223 legisladores que votaron en contra de una reforma que trataba de regresarle la soberanía del sector eléctrico a nuestro país”, explicó el morenista este lunes en una conferencia de prensa.

Sobre estos señalamientos de incitar a la violencia, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que su partido político es un movimiento que nació de manera pacífica y continúa con ese carácter, por lo que quienes integran y simpatizan con Morena no agredirán a nadie.

Señaló que la “mayor agresión” hacia las y los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, impulsada por el Ejecutivo federal, es el repudio del pueblo. “Nosotros no vamos a agredir a nadie, no hay mayor agresión que te repudie el pueblo”, externó.

Cuestionado sobre su señalamiento de “fusilar de forma pacífica” con pluma a las y los legisladores que son “traidores a la patria”, escribiendo sus nombres en un paredón, dijo que ello no pasará más allá de usar una tinta para expresarse.

Diputados y diputadas del PAN, PRI y PRD acudieron esta tarde a las oficinas de la ONU-DH México para presentar una denuncia en contra de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por el discurso de odio que han impulsado a raíz de la votación de la reforma eléctrica.

Los legisladores de la coalición Va por México solicitaron la intervención del organismo internacional para que cesen los ataques de odio, que surgieron cuando la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Mario Delgado y Citlalli Hernández, presentaron la campaña para “mostrar” a quienes votaron en contra de la reforma del presidente.

“Nosotros como legisladores tenemos todo el derecho de votar a favor, en contra o en abstención de cualquier iniciativa, pero es increíble, que por el simple hecho de que venga de parte del Presidente y decidamos votar en contra, nos tachen de traidores”, indicó la diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo.

En la carta de denuncia, que fue entregada al representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado Castro, se indica que debido dicha campaña, que los ha acusado de “traidores a la patria”, algunos legisladores y legisladores han sido víctimas de violencia.

Lamentaron que políticos con ideas afines al gobierno federal atenten contra la integridad de quienes no piensan igual; por ello solicitaron la intervención de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a fin de que se haga un llamado urgente a cesar la promoción de la violencia.

“Nosotros, como legisladores de oposición, hemos sido atacados sistemáticamente. Las diputadas y los diputados de Acción Nacional hemos recibido cientos de amenazas, agresiones y vandalizaciones contra nosotros, nuestras oficinas y los Comités Directivos de nuestros estados y municipios. E incluso, está el caso de la Diputada Maryjose Gamboa, quien hace unos días sufrió agresiones personales directas”, denunciaron los diputados de Acción Nacional.

Afirmaron que los diputados de oposición son atacados porque fueron voces enérgicas y valientes que defendieron a México frente a la “tóxica” reforma eléctrica del presidente.

“El origen de todo esto es claro: la semilla de odio y confrontación que este gobierno ha sembrado los últimos 4 años, y que ya alcanzó un nivel absurdo al etiquetarnos como traidores a quienes simplemente pensamos distinto a ellos”, añadieron.

 

Foto: Twitter @marianagc

La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en lo general, la iniciativa que reforma y agrega diversos preceptos a la Ley Minera propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en materia de exploración, explotación y aprovechamiento del litio.

La iniciativa fue aprobada con 298 votos a favor, 0 en contra y 197 abstenciones, todos de la oposición.

A favor votaron los diputados de Morena, del PT y Partido Verde. mientras que las abstenciones fueron de los diputados de la alianza Va por México, quienes a pesar que abandonaron el recinto, emitieron su voto de manera retoma.

Este bloque opositor abandonó la discusión legislativa y anunció que se abstendría.

La iniciativa del presidente López Obrador declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio. Además, la propuesta de reforma al artículo 5 de la ley plantea la creación de un organismo público que administre y controle las cadenas de valor económico del litio.

Entre otro puntos, la Ley Minera indica que “serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio”, que se reconoce que el litio es patrimonio de la nación, por lo que su exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México.

López Obrador indicó que esperaba que el Parlamento aprobara este lunes o martes su reforma legal a la Ley Minera para nacionalizar el litio tras el fracaso de su iniciativa energética y planteó la creación de una empresa estatal.

La iniciativa propuesta por López Obrador también busca que no haya concesiones ni contratos para la explotación del litio y que sea esta solo responsabilidad del Estado.

Durante el debate, que más bien fue un espacio que utilizaron Morena y aliados para hablar de las “bondades” de la iniciativa, el diputado Leonel Godoy Rangel de Morena, destacó la importancia de aprobar reforma a la Ley Minera, ya que dijo, es necesario establecer la rectoría del Estado sobre la explotación de los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo.

Ante los señalamientos de la oposición sobre que la iniciativa no cumplió con el proceso legislativo correspondiente, el legislador afirmó que el trámite legislativo que se le dio “es perfectamente legal y constitucional”, y recordó que, durante el sexenio de Felipe Calderón, se dispensaron los trámites legislativos a dos iniciativas presidenciales, y en el de Enrique Peña Nieto a tres.

En tanto, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que el litio es un metal que está llamado a ser punta de lanza del desarrollo tecnológico y económico del país, por lo cual debía quedar bajo dominio exclusivo de la nación.

Al fijar la postura de la bancada, el Partido Verde destacó que el litio es un mineral que debe considerarse como una nueva pauta en la transición energética y por ello, el Estado debe mantener el control y la soberanía de la explotación y beneficios que se desprendan de la exploración y explotación de este mineral.

Posteriormente se procedió a votar en lo particular la iniciativa, la cual fue avalada con 275 votos a favor, 24 en contra y 187 abstenciones. Así, fue enviado al Senado, donde se procederá a su análisis y eventual votación.

El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, afirmó que el dictamen de la reforma eléctrica no contiene lo esencial de las 12 propuestas que planteó la alianza legislativa “Va por México”, como lo ha hecho creer Morena y aliados, por lo cual votarán en contra del proyecto el próximo domingo.

“¿De qué sirve que compren el 75 por ciento, el 80 por ciento o el 95 por ciento de nuestras propuestas, si en lo esencial no coincidimos? Ellos quieren estatizar el sector eléctrico, y nosotros queremos que siga siendo libre económicamente y con competencia, obviamente, regulado y dirigido por el Estado”, dijo el legislador

Acusó que Morena y partidos aliados quieren quieren hacerle creer a la gente que los irracionales son los diputados de oposición, pues al decir que hicieron suyas prácticamente todas las propuestas que el PAN-PRI-PRD presentaron, ahora ellos se siguen negando.

“Falso, 100 veces falso”, dijo el diputado al señalar que el dictamen de la reforma eléctrica hace preponderante la producción de energías sucias, y ellos creen que deben ir hacia lo limpio y lo renovable.

Por su parte el diputado Santiago Creel, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, indicó que la Mesa Directiva acordó brindar las garantías de seguridad y de acceso al recinto legislativo de San Lázaro para las y los legisladores que acudan el próximo domingo 17 de abril a discutir el dictamen de la reforma eléctrica.

“A pesar de las manifestaciones que hubiese se dan plenas garantías para su ingreso y para su salida, garantías a su integridad personal, a sus propiedades, para que puedan tener acceso libre, y puedan venir a ejercitar su derecho constitucional de estar presentes en una sesión de esta naturaleza”, externó.

Comentó que el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), ha informado al resto de los integrantes que ha tenido conversaciones de alto nivel con personalidades de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quienes se han comprometido a garantizar la seguridad del recinto y el libre acceso al mismo.

El legislador panista indicó que la Mesa Directiva también acordó que no se realizará convocatoria alguna al Pleno, de carácter sorpresivo, para que sesione antes del 17 de abril. “Tenemos ya la certeza de que la sesión será el domingo y no antes”, dijo.

En tanto, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que la discusión del dictamen de la reforma eléctrica, en el Pleno, se pospuso a fin de que Morena pueda presionar y coaccionar a las bancadas de oposición para conseguir más votos.

Álvarez Máynez señaló que el próximo domingo las y los diputados de MC asistirán al Pleno para participar en la discusión del proyecto de decreto y votar en contra de éste “con seriedad y responsabilidad”.

Los del grupo mayoritario “dijeron que el pueblo de México estaba preparado para que el martes se votara la reforma, pero como no tiene los votos” suficientes para aprobar el dictamen, “pues aplazan para ver si ellos tienen mayor margen de maniobra para poder coaccionar, presionar, amenazar o chantajear a los grupos de oposición, y que pudieran estar en condiciones de votar con ellos a favor esta reforma”, dijo Mirza Flores Gómez, vicecoordinadora de la bancada.

El secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, EL diputado Salvador Caro Cabrera de MC, aseveró que “la reforma, de fondo, está muerta, y todo el “circo” que está sucediendo tiene que ver con “darle electroshocks”.

“No creo que vaya a ver sesión el próximo domingo. La verdad es que todo el proceso inició con mucha soberbia, con mucho desprecio a todos los partidos políticos y, en ese sentido, es igualmente ilusorio, ficticio, que el domingo va a haber sesión. De aquí a ese día es seguro que va a suceder otra cosa y van a postergar este tema hasta que puedan diluir la derrota legislativa que van a tener”.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que acudirán el próximo domingo a debatir la dictamen de la reforma eléctrica, y votarán en contra de la misma.

Indicó que durante una reunión de la Jucopo, se acordó que no se citará a sesión antes del domingo, fecha que fue impulsada y aprobada por Morena y aliados, para evitar que las y los diputados regresen a su lugar de origen y luego se pretenda citar a los legisladores antes de ese día.

Sobre las posibles amenazas de que se impida el acceso al recinto, el líder parlamentario indicó que tomarán las previsiones necesarias para estar presentes el domingo en la discusión de la reforma constitucional, como llegar a dormir una noche antes a la Cámara.

El PRI reiteró que el mejor contexto para discutir la reforma eléctrica es después de las elecciones y no de manera precipitada. Alejandro Moreno, diputado y dirigente nacional del PRI, acusó que Morena y aliados saben que la reforma no será aprobada en el Pleno, porque no tienen los votos: “ni hoy ni el domingo”.

Por su parte el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero, señaló que las reservas que va a presentar Morena en el Pleno, sobre la reforma eléctrica, no corresponde a su propuesta.

“Háganle como quiera la mayoría, no cuentan con Acción Nacional, no cuentan con la coalición (“Va por México”) para aprobar esta reforma eléctrica”, indicó el legislador.

Romero Herrera dijo que su grupo parlamentario verificó “lo que se supone es la concesión de la mayoría para con esta reforma eléctrica, según nuestra propuesta, y no lo consideramos como una concesión”. Advirtió que la mayoría tiene toda una semana para tomar las decisiones que quiera.

Finalmente, el coordinador de la bancada del PRD, Luis Espinosa Cházaro, calificó el cambio de fecha para la discusión y votación del dictamen como una falta de respeto para las y los legisladores.

Consideró que se trata de un hecho “inédito en la Cámara de Diputados, que una reforma de esta envergadura se cambie el día y la hora con una mano en la cintura”. Dijo que representa “una derrota más del oficialismo”, ya que no tienen los votos para alcanzar mayoría calificada en el Pleno, y buscan ganar tiempo.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados acordó la noche de ayer posponer para el próximo domingo la discusión del dictamen de la reforma eléctrica enviada por el presidente, en el Pleno.

El líder parlamentario explicó que con esta decisión se abre un periodo para que las y los diputados, así como la ciudadanía en general, conozcan el dictamen que aprobaron este lunes las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía.

Las comisiones de Puntos Constitucionales y Energía aprobaron el dictamen con 47 votos a favor y 37 en contra y en lo general se avaló el dictamen de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. En la Comisión de Energía fueron 25 los legisladores del bloque de la 4T los que votaron a favor; en tanto que 19, de la oposición, lo hicieron en contra. Mientras que en la de Puntos Constitucionales, Morena y sus aliados sumaron 22 votos; la oposición alcanzó 18.

Señaló que el proyecto de decreto considera modificaciones y reservas a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna y, además, contempla una propuesta para reformar el precepto cuarto constitucional “para que la electricidad, su uso y su suministro, sea considerada como precondición para el goce y disfrute de los derechos humanos”.

“Hemos sometido a consideración de la Jucopo que para socializar, para que los mexicanos y las mexicanas que estén empapados del nuevo decreto que incorpora la reforma a la industria eléctrica, no sólo la iniciativa presidencial, que nos abramos un espacio para que las y los mexicanos lo conozcan, los propios diputados y las diputadas, y pueda haber sesión el domingo”, comentó.

Mier Velazco apuntó que el domingo se abriría una primera sesión, en la mañana, para dar publicidad al dictamen, dar lectura a las comunicaciones y acuerdos de los órganos de gobierno y reinstalar a diputados con licencia, para después cerrar la sesión y convocar a una segunda sesión para la discusión del proyecto de decreto de la reforma eléctrica.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva subrayó que se tomarán las medidas necesarias para garantizar que las y los diputados puedan acceder a las sesiones del domingo.

“No ha habido ningún elemento que indique que no habrá condiciones. Quienes han señalado que se manifestarán lo han comentado en el sentido de hacer una manifestación respetuosa permitiendo el acceso a las y los diputados, y eso ha sido así hasta el momento”, externó.

Sobre dichos señalamientos, Mier Velazco, consideró que la discusión de la reforma eléctrica no puede estar sujeta a calendarios electorales; pidió que cada quien asuma su responsabilidad, y reconoció que este proceso va a tener un costo político, social y económico.

“Qué tiempo nos va a llevar, lo podemos administrar, tenemos como responsabilidad legislar y quizás el día viernes santo y el sábado, pues se pudiera acordar, si no terminamos, pudiéramos acordar que el receso se prolongara”, indicó en declaraciones a la prensa (…) Finalmente son muchos años de tradición y hay que respetar también las tradiciones y no nos pasa nada si nos esperamos días, si fuera el caso de que se prolongue la discusión, y regresar una vez pasando los días de la Semana Santa”, dijo.

Mier Velazco reiteró que los 12 puntos que presentó la coalición “Va Por México” fueron incluidos en el dictamen aprobado en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía; sin embargo detalló que dos de ellos no se pudieron incluir porque ya en la Ley de la Industria Eléctrica se consideró como artículos constitucionales.

Finalmente, el coordinador de la bancada el PRI, Rubén Moreira, indicó que la coalición legislativa de PAN, PRI y PRD votó en contra de postergar hasta el domingo 17 de abril el debate de la reforma constitucional en materia eléctrica previsto para hoy martes.

Indicó que en la reunión de la Jucopo se plantó un acuerdo, el cual fue rechazado, para ordenar el debate de una manera distinta a lo que está en la ley, limitando las participaciones en las rondas de “a favor y en contra”, y tratando de cerrar el paso la discusión.

El coordinador parlamentario adelantó que su bancada estará en el Palacio Legislativo de San Lázaro desde el sábado por la noche para asegurar su acceso al recinto y votar. Esta decisión ya la habían tomado ayer, cuando desde la noche llegaron sus legisladores a “pernoctar” para votar hoy la reforma, sin embargo, con el cambio de juego de Morena, los prisitas lo volverán a hacer el fin de semana.

La oposición criticó los resultados de la consulta de Revocación de Mandato, ejercicio que calificaron como un fracaso para López Obrador y como una burla democrática.

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD se refirieron a la consulta de ayer. El dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que después de todo el “circo, morena y teatro” protagonizado por el mismo gobierno, al no haber conseguido el 40% de participación, y quedarse muy lejos de los 30 millones de votos que obtuvieron en el 2018, el ejercicio fue un autogol para Morena y un verdadero fracaso.

El líder panista afirmó que a pesar de todas las “triquiñuelas” que hicieron al margen de la Constitución y la ley electoral, los resultados son un duro golpe a la popularidad y al ego presidencial.

“Después de todo lo que han hecho para su tergiversada consulta, tener menos de 30 millones de votos que expresen que quieren que siga, será para el presidente López Obrador un autogol y fracaso. Una consulta que la sociedad no pidió, que él quiso y promovió, en la que se gastaron muchos más de los mil 700 millones de pesos que solo costó su organización. Una consulta solicitada y promovida ilegalmente por funcionarios del mismo gobierno, que tenga una votación que lo respalde menor a la obtenida en el 2018, representaría un duro golpe a la popularidad y al ego presidencial”, destacó.

Cortés Mendoza aseguró, la gran farsa del gobierno de Morena no puede llamarse consulta “popular”, sino más bien “de Estado”, por el despilfarro brutal. Acusó que hubo promoción ilegal por parte de los funcionarios, además de un enorme desvío de recursos públicos.

Indicó que se gastaron muchos más de los 1,700 millones de pesos que sólo costó su organización, porque las firmas para su solicitud fueron recabadas por los “servidores de la nación” y la difusión corrió a cargo de toda la estructura del gobierno, en la que, además de la participación directa del presidente López Obrador y la mayoría de los secretarios de Estado, se usaron vehículos y aviones oficiales.

El dirigente Nacional del PAN advirtió que esta consulta quedará marcada por la ilegalidad, la mentira, manipulación y el desvío de recursos públicos, mal precedente para una verdadera consulta popular de revocación de mandato. Llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a que evalúen y sancionen las violaciones cometidas.

En tanto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que el ejercicio celebrado ayer pudo ser un suceso histórico de democracia participativa; pero, desafortunadamente, Morena lo convirtió en una burla a la democracia.

En un video difundido a través de sus redes sociales, el líder nacional del tricolor precisó que la consulta de Revocación de Mandato es una herramienta a disposición de los ciudadanos y para los ciudadanos, no para los partidos y para quienes están en el poder.

“No, México necesita resultados, no espectáculos de distracción”, recriminó el priísta. Consideró que lo que hizo Morena fue voltear de cabeza y pervertir el propósito de un proceso democrático, para satisfacer su propio ego y seguir engañando a los mexicanos.

Alejandro Moreno señaló que en el PRI “no criticamos a quienes participaron en la consulta, pero sí cuestionamos que Morena haya promovido hacer un gasto innecesario que nadie, ningún ciudadano, estaba pidiendo, sobre todo con la economía estancada, la inflación a tope y el país cayéndose a pedazos”.

Al igual que lo expresado por el líder del PAN, dijo que el ejercicio no fue una revocación, sino una ratificación. “Ellos juntaron las firmas, ellos la promovieron incluso desde los niveles más altos de gobierno, violando la ley; y ellos movilizaron a sus militantes para que votaran”, indicó.

Finalmente, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que la votación realizada  fue un fracaso político rotundo para López Obrador y para el gobierno federal, pues se demostró que la gente ya no confía en él como en el 2018.

“La gente no salió a votar como ellos querían y está claro que el presidente de la República ya no tiene el apoyo popular que tuvo hace apenas 3 años y medio”, señaló el líder perredista.

Se refirió a la consulta como un fracaso, un gasto innecesario. Aprovechó para externar su respeto al Instituto Nacional Electoral por mantenerse a la altura y garantizar una jornada apegada al Estado de Derecho. “El INE cumplió su función y nosotros vamos a seguir defendiendo su autonomía, no vamos a permitir que se le culpe al órgano electoral, por el fracaso de esta consulta popular”.

Los coordinadores y vicecoordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT en Diputados afirmaron que coinciden con 9 de las 12 propuestas planteadas por las bancadas de la coalición “Va por México” para la reforma eléctrica que se discute en la Cámara.

Los líderes parlamentarios de la bancada de la 4T indicaron que esto demuestra que la alianza Morena-PVEM-PT tiene voluntad política para reformar la iniciativa del presidente, rechazando los señalamientos que se han hecho de que no se le cambiará ni una sola coma al texto.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena, explicó que desde el pasado lunes ha circulado un documento de trabajo entre los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía para elaborar el dictamen, aunque dijo, no contiene aún las aportaciones de las bancadas de oposición.

Sin embargo, señaló que hay coincidencia en 9 de las 12 propuestas que la alianza PAN-PRI-PRD presentó, las cuales son:

  1. Establecer el acceso de la energía eléctrica como un derecho humano. “Consideramos que aunque dicha propuesta ya está incluida en la iniciativa del Ejecutivo, es recomendable que se incluya en un nuevo párrafo del artículo 4º constitucional”.
  2. Prever precios más bajos y estables de la energía eléctrica, “la esencia de la reforma eléctrica es que baje el precio de la luz, sustituir el modelo de tarifas con criterios comerciales por un modelo de servicio público”. Esta medida va dirigida a los municipios, sociedades agrícolas, hospitales y escuelas.
  3. Obligar al Estado mexicano a hacerse cargo de la transición energética con la participación de los sectores público, privado y social, toda vez que es un área prioritaria para el desarrollo nacional.
  4. Corregir errores y excesos del pasado. “Los fraudes a la ley no pueden ser reconocidos por el Estado ni por nuestra coalición. Es muy importante dejar en claro que las inversiones legales del sector privado podrán seguir generando electricidad y venderla a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante procedimientos de competencia efectiva entre las mismas centrales de inversión privada”.
  5. Incluir a los pequeños negocios y empresas en la generación distribuida. “Proponemos adicionalmente que continúe la generación sin permiso hasta 0.5 megawatts y que después de esta capacidad, y hasta 1 megawatt, se autorice mediante permiso. En todos los casos deberán estar dirigidos hacia el autoconsumo de los ayuntamientos y del sector social sin fines de lucro. 1 megawatt equivale a la demanda máxima de energía eléctrica de dos tiendas Waltmart”.
  6. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. “Coincidimos en que se le otorgue autonomía presupuestal y de gestión; cuente con órganos de gobierno, conservando siempre la rendición de cuentas como organismo público supervisado por el Poder Legislativo, concretamente por la Cámara de las y los diputados”.
  7. Fomentar el uso de energías renovables. “Por ello, proponemos el financiamiento vía la banca de desarrollo para todas las industrias requeridas por la política industrial para la transición energética”.
  8. Crear un instrumento para promover energías limpias, que contribuyan a la reducción de las emisiones de carbono.
  9. Establecer que el litio sea propiedad del Estado. “No se trata sólo de la propiedad, sino de garantizar que el Estado mexicano pueda llevar a cabo las actividades científicas, tecnológicas e industriales de la nueva economía que establecerá la transición energética”.

Mier Velazco apuntó que las tres propuestas restantes de “Va por México”, en las que se incluye la creación de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas, como un organismo del Estado, y la que refiere a nuevos esquemas de permisos, aún se revisan.

Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de la bancada del PT, destacó que la coalición de Morena-PVEM -PT está demostrando su absoluta voluntad política de construir los acuerdos necesarios para que la reforma sea aprobada. En tanto Carlos Alberto Puente, coordinador del PVEM, apuntó que la coalición “tiene el tamaño suficiente para reconocer cuando hay propuestas que son coincidentes con las nuestras, que no tenemos ningún empacho en decirle a la oposición: adelante con tu propuesta”.

Sin embargo, los coordinadores de las bancadas de oposición reiteraron que sus grupos parlamentarios no acompañarán la reforma eléctrica de AMLO.

Reprocharon que Morena y sus aliados no tengan la disposición para modificar el dictamen e incluir sus propuestas y que haya imposiciones desde el Ejecutivo Federal, además de que acusaron que se pretenda presionar a diputados de la oposición para conseguir los votos que les permitan avalar la iniciativa.

Ruben Moreira del PRI indicó que votarán en contra de la reforma, pues no hay la disposición para considerar en el dictamen los 12 puntos que presentaron días atrás.

Jorge Romero Herrera reprobó que se amedrente o se convoque a diputados de la oposición a una rebeldía, pues todas y todos los legisladores que conforman la alianza “Va por México”, e incluso, algunos de otros grupos parlamentarios, no votarán en contra de la reforma eléctrica por obediencia, lo harán por convicción.

El diputado de Morena, Miguel Torruco Garza, consideró que la petición del congresista de Estados Unidos Vicente González de anular visas a los 25 diputados que participaron en la creación del grupo de amistad México-Rusia, “no va acorde a la relación parlamentaria” entre México y Estados Unidos.

Torruco, presidente del grupo de amistad de México-Estados Unidos de la Cámara de Diputados, se expresó de esa forma en una carta dirigida a González.

“La solicitud que hace para restringir a las y los diputados de este Congreso no va acorde a la relación parlamentaria que ambos países hemos venido fortaleciendo e impulsando en los últimos años. Misma que parte del respeto entre pares y la soberanía de cada país”, expuso Torruco en la misiva.

Agregó que bajo la actual administración de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden “ambos países atraviesan por uno de los mejores momentos en su relación bilateral. Misma que está fundada en la cooperación, el mutuo entendimiento y el objetivo de fortalecer la relación México y Estados Unidos en todos sus rubros al ser socios estratégicos”.

Además, recordó que México ha sido muy claro en su posición ante el conflicto entre Rusia-Ucrania, que dijo, se ha condenado de manera enérgica la invasión a Ucrania, y precisó que los grupos son para fortalecer la democracia parlamentaria.

La instalación del grupo de amistad México-Rusia, el 24 de marzo, contó con la participación del embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli, pero no fue bien vista primeramente por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y posteriormente por González, del Partido Demócrata.

El martes, González, de origen mexicano, congresista del distrito 15 de Texas, pidió a los secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, revocar las visas y permisos de entrada y estancia en Estados Unidos a los 25 políticos de México que participan en el grupo de amistad México-Rusia.

“Si estos individuos se niegan a condenar a Rusia, y en lugar de eso eligen apoyar la tiranía, no debe permitirse el privilegio de entrar de viaje o de residencia en los Estados Unidos”, expuso González.

Enterado del tema por la prensa, este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que las expresiones de González “no se debe dejar pasar estas cosas, se me hace de mal gusto y muy prehistórico, de mucho atraso”, además, dijo que suceden porque están en campaña.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena, afirmó que, independientemente del fallo que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la constitucionalidad o no de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), no desistirá de sacar adelante la reforma eléctrica, que promueve el Ejecutivo Federal.

“En caso de que la Corte falle a favor de la legalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, Morena no desistirá del intento de aprobar la reforma eléctrica. Sería un avance significativo, contiene el 80% de lo que trae la reforma constitucional, pero lo que abunda no hace daño”, indicó en breves declaraciones a la prensa.

Sostuvo que no hay razón para aplazar la dictaminación, discusión y votación en el Pleno de la iniciativa, pues la oposición ya presentó sus propuestas, hay tiempo para realizar modificaciones y la reforma eléctrica “bien vale una Semana Santa”.

Y es que se prevé que esta misma semana se defina si la iniciativa sube o no al Pleno para ser debatida, analizada y eventualmente votada, con fecha tentativa el 13 de abril.

En declaraciones a la prensa, el líder parlamentario recordó que desde ayer ya circula el dictamen de la reforma eléctrica, en sus términos, entre los distintos grupos parlamentarios, a fin de que se pueda enriquecer el texto durante los cinco días que establece la ley.

Apuntó que Morena coincide en al menos seis de los 12 puntos que contempla la iniciativa de reforma eléctrica que anunció la coalición “Va por México” y que podrían ser analizados y contemplados en el dictamen que ya se distribuyó.

“He tenido oportunidad, junto con el grupo parlamentario y la coalición de revisar al menos seis de ellas; de estas seis coincidimos plenamente en lo que han presentado y vamos a hacerlas nuestras”. Apuntó que será el jueves cuando se informe sobre qué se añadirá.

Expuso que entre esos lineamientos destaca el garantizar el derecho constitucional a que la electricidad, su uso, su suministro y precios asequibles sean una precondición para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho al agua, a la seguridad, a la alimentación y a la salud. Respecto al agua de uso agrícola, indicó, estamos de acuerdo a que a su tratamiento no se le aplique una tarifa industrial y bajen los precios, a fin de poder garantizar también el derecho a la alimentación para todos y todas.

En materia de seguridad, dijo Mier Velazco, Morena coincide en que las tarifas del alumbrado público sean consideradas de servicio público y no comercial, como es actualmente, y de esta manera bajen, pues la electricidad es fundamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Agregó que también simpatizan en la idea de que las tarifas de los sistemas operadores de agua para uso doméstico ya no sean aplicada con criterios comerciales y disminuya su precio, de lo contrario, se pone en riesgo el derecho humano al agua.

Apuntó que las propuestas que se vayan a incorporar al dictamen, entrarán algunas en los artículos transitorios y otras en el artículo cuarto de la Constitución.

“Nosotros actuamos de buena fe, protegiendo el interés público, esa es la diferencia. Habrá una buena participación del mercado eléctrico de parte de la iniciativa privada y vamos a privilegiar la política”, comentó.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en Diputados, afirmó que esta semana será crucial para el país y para quienes integran el Poder Legislativo, ya que comienza la discusión, análisis y valoración de la reforma eléctrica que envió el presidente López Obrador, a la que calificó como una de las reformas más importantes que definirá el rumbo y futuro del país para los próximos 50 años.

Invitó a las y los legisladores de todos los partidos a reflexionar y definir su posición en torno a este debate. “Los convoco a pensar por el bien del país, a ser buenos mexicanos”, expuso el diputado federal. “Nos vamos a arrepentir toda la vida si esta propuesta se rechaza; veamos el caso de España y Portugal, donde ya hay problemas severos en el mercado de generación, distribución y comercialización de la energía”, dijo.

Explicó que en estas naciones y en casi toda Europa, se ha creado un oligopolio donde participan empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Acciona y EDP, a quienes desde los gobiernos se les ha hecho un llamado urgente a frenar el alza de los precios de la luz, a raíz del encarecimiento del gas.

Señaló que varios países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Polonia, y Bulgaria, han realizado ya una consulta a la Comisión Europea para poder adaptar sus mercados energéticos y crear mercados de capacidad. En el caso de España, Mier Velazco señaló que se elevará la fiscalidad sobre las ganancias extra por la subida del precio de la energía y se plantea subir impuestos a las hidroeléctricas.

La liquidación a las renovables permitirá rebajar la factura de seis euros de forma inmediata. Esto significa que España y Portugal suspenderán de manera gradual las energías renovables, sustituyéndolas por la generación convencional, a fin de disminuir los costos al consumidor.

“Hacia allá vamos en México; pero los partidos de oposición están a tiempo de recapacitar y pensar en las más de 46 millones de familias que, en caso de que no aprueben esta reforma, tendrán una afectación importante a su economía y prácticamente quedarán al amparo de los precios que establezcan empresas privadas”, enfatizó

El coordinador parlamentario indicó que Morena y aliados van a votar a favor de la reforma eléctrica porque representa recuperar la soberanía del país en el sector.

Finalmente, Mier Velazco cuestionó a quienes piensan votar en contra de esta propuesta: ¿Qué vale más, el interés válido, legítimo de un proceso electoral y una actitud, respetable, de carácter política o partisana o el bienestar de millones de familias que hoy más que nunca esperan de las y los legisladores altura de miras y congruencia?

En ese sentido, el PAN acusó que la iniciativa del gobierno solo incrementaría el costo de la luz en los hogares y negocios, además de que dañar la salud y destruiría el medio ambiente, así como que ahuyentaría la inversión y empleo.

Señaló que con la propuesta del gobierno, se le daría un poder sin precedentes al Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, que primero inyectaría a la red de distribución la energía más cara y contaminante que produce la Comisión, dejando en segundo término las energías limpias y más baratas.

Alertó que si se llegara a aprobar la reforma de Morena, y con un ya empoderado Bartlett, ante la muy probable escasez de energía provocada por haber ahuyentado la inversión, de manera completamente discrecional podría cortar el suministro de energía en algunos estados del país.

Además, dijo que la reforma costaría a todos los mexicanos entre 60 y 120 mil millones de dólares en litigios por todas las inversiones y contratos ya realizados.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, indicó que México no debe olvidar que Barlett es uno de los personajes más oscuros de la política mexicana, “maestro de la simulación y el fraude, experto en el engaño, que recibió una CFE con ganancias y la quebró, experto en mapachería electoral, responsable del fraude a Manuel Clouthier y Cuauhtémoc Cárdenas en 1988”.

Acción Nacional enfatizó que “la ley Bartlett no pasará”, pues el partido no puede permitir que la industria eléctrica quede en manos y a criterio de un personaje con tan malos antecedentes, que representa lo peor de la vieja política mexicana a la que también pertenece el propio presidente López Obrador.

Cortés Mendoza puntualizó que van por frenar una reforma eléctrica sucia, que monopoliza la industria, contamina, que daña la salud de las y los mexicanos, que incumple el acuerdo de París al aumentar las emisiones de CO2 y que además aumentará la desconfianza en los inversionistas.

Reiteró que propondrán una contrarreforma eléctrica que impulse las energías limpias y baratas, donde las y los mexicanos puedan acceder a la electricidad a un bajo costo en todas las zonas rurales y urbanas del país.

Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el registro de Salomón Jara Cruz como precandidato único de Morena a la gubernatura de Oaxaca, para el proceso electoral local ordinario 2021-2022.

Y es que luego de que Morena emitiera la Convocatoria para la selección de la candidatura a la gubernatura de Oaxaca, la actual senadora, Susana Harp, se inscribió al procedimiento, y al no verse beneficiada, impugnó la designación del precandidato único a la gubernatura de dicha entidad.

En su momento, tanto la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, como el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) validaron la designación de Salomón Jara Cruz como precandidato único.

Sin embargo, Susana Harp presentó juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía ante la Sala Superior del TEPJF.

La mayoría de las magistraturas confirmaron, en lo que materia de impugnación, la resolución controvertida toda vez que sí se siguió el procedimiento previsto en la Convocatoria y normativa del partido político.

Pese a la confirmación de la resolución impugnada, se determinó obligar a los partidos políticos que, antes del inicio del próximo procedimiento para elegir gubernaturas, establezcan reglas claras para aplicar el criterio de competitividad en la postulación de candidaturas a ese cargo, esto es, que las mujeres sean postuladas a campañas con más posibilidades de resultar ganadoras.

En la votación, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado José Luis Vargas Valdez lo hicieron en contra mientras que el magistrado Indalfer Infante Gonzales emitió un voto particular parcial.

Asimismo, vinculó al Instituto Nacional Electoral (INE) verificar que los partidos políticos nacionales emitan las disposiciones sobre paridad sustantiva con base en el criterio de competitividad, así como vigilar su cumplimiento en la postulación de candidaturas.

Tan pronto se conoció la resolución, Harp lamentó la justicia “pronta y expedita” que se presentaba en su caso.

Indicó que con la decisión de los magistrados, en lo individual se le indicó que tuvo razón, pero que debía esperar 6 años para que las reglas de paridad se hicieran presentes. En lo colectivo, dijo, un triunfo que abrió un “surco” para las mujeres que competirán en un futuro con reglas claras y paridad sustantiva por las gubernaturas.

“Esta lucha ha sido por todas nosotras. Hoy se logró una victoria colectiva; aunque es grave que tengamos que esperar, pero no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla”, remató.

ARTURO SARUKHÁN

EL UNIVERSAL

 

Bien se dice que hay pocas cosas más costosas que una oportunidad perdida. Y es que desde 2018 hemos sido testigos de por lo menos tres oportunidades relevantes para los intereses de política exterior de México derrochadas, cortesía del desinterés y desprecio presidenciales por las relaciones internacionales y lo que sucede en el resto del mundo.

La primera de ellas, quizá más como resultado de la naturaleza de las propias políticas públicas del actual gobierno -ahuyentando y desincentivando potenciales inversiones- que por la desidia del presidente López Obrador, ha sido la incapacidad para actuar de manera oportuna ante las lecciones que arrojó la pandemia al fracturar cadenas de suministro globales y norteamericanas y generar cuellos de botella logísticos, en el contexto además de la gran recalibración que se viene en Estados Unidos con respecto a la competencia estratégica, comercial y tecnológica con China. Esta es una de esas oportunidades que le llegan a México -y a Norteamérica- una sola vez cada generación, una circunstancia que no estamos capitalizando. La segunda ha sido la falta de apetito y sagacidad para aprovechar la llegada de un hombre como Joe Biden a la Oficina Oval, con el kilometraje acumulado en la relación bilateral y dispuesto a invertir capital político y diplomático en la relación con México. No solo se ha desaprovechado esa coyuntura, que hoy se diluye aún más con los acontecimientos en Europa del este que están copando toda la banda-ancha del gobierno estadounidense, sino que tampoco se ponderó de manera correcta cómo establecer un quid pro quo real y estratégico y con visión de futuro para la relación con nuestro principal socio diplomático y comercial a cambio del apoyo mexicano en el tema prioritario hasta ahora de Biden con México, que ha sido detener los flujos de transmigración a través de territorio mexicano hacia nuestra frontera común. En lugar de ello hemos perseguido nonadas, como el que Washington replique “Sembrando Vida” en Centroamérica. Y la tercera, al igual que la primera oportunidad desperdiciada, con ramificaciones para nuestros intereses estructurales y de largo plazo con Estados Unidos, ha sido en la relación con y -de manera más precisa- ante Brasil.

1994 fue un parteaguas en la relación entre México y Brasil. Desde la década de los noventa, cuando Brasil se vio sorprendido y rebasado por el esfuerzo mexicano de negociación de un ambicioso andamiaje de vinculación global a través de acuerdos comerciales, empezando con el tratado de libre comercio con nuestros dos vecinos norteamericanos, y el ingreso a la OCDE, OMC y APEC, Itamarity (la cancillería brasileña) se abocó a la tarea de construir un área de influencia geopolítica enfocada en Sudamérica, procurando convertirse en un hegemón regional de facto, buscando además expandir de manera significativa su huella y presencia diplomáticas en el resto del mundo. Para lograr lo primero, era esencial desvincular geográfica y estratégicamente a México -y de paso a EE.UU- de Sudamérica. La narrativa brasileña era relativamente simple: no hay tal cosa como “Latinoamérica”; lo que hay es Sudamérica, como esfera de influencia lógica y natural de Brasil, Centroamérica y el Caribe y Norteamérica, en la que a ojos de Brasilia, México decidió ubicarse a raíz del TLCAN. Y lo que inició con Mercosur, y la negativa brasileña a considerar la solicitud mexicana de formar parte de ese acuerdo comercial a principios de este siglo, se profundizaría luego -en el contexto hemisférico- con la creación de UNASUR en 2008 y -en el global- con el establecimiento del llamado grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), de la mano de la gran aspiración brasileña de convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La idea de América del Sur como concepto y actor continental y global se fortaleció progresivamente en el comportamiento diplomático de Brasil, hasta llegar a las iniciativas del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva para estructurar la gobernanza sudamericana bajo el liderazgo y la égida brasileñas. A la par, Itamaraty buscó con éxito -cortesía sobre todo de su inversión notable en expandir su huella diplomática, particularmente en África (Brasil cuenta con 222 misiones en el extranjero contra las 157 de México)- frustrar con su cabildeo diplomático, cualquier intento mexicano por encabezar en este siglo una serie de organismos multilaterales, como la OPS, la OMS y el FMI. México no se quedó cruzado de brazos y la oposición mexicana a la candidatura de Brasil a un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU fue un paso lógico, natural y correcto desde el punto de vista de nuestros intereses en materia de política exterior. Pero mientras se daba este pulso entre ambas cancillerías -a veces abierto y la mayoría de las ocasiones soterrado, por debajo de la mesa, aunque edulcorado con un discurso en el que ambas cancillerías siempre subrayaban la importancia de relanzar la relación y alcanzar un horizonte de cooperación estratégica- en Washington, con la administración Obama, llegaron a posiciones relevantes en el Departamento de Estado y en el Consejo de Seguridad Nacional funcionarios que postulaban que la verdadera relación estratégica de EE.UU en el continente era con Brasil, tanto por su vocación y apetito diplomáticos globales como por ubicación geográfica y su peso económico y poblacional. Si bien estas visiones se toparon rápidamente con la realidad de sucesivos gobiernos brasileños -animados por su eje de alineación con los BRICS- confrontando a EE.UU en una serie de frentes diplomáticos regionales y multilaterales, muchos de esos funcionarios están de regreso ahora en la administración Biden en puestos relevantes.

La llegada de Jair Bolsonaro al poder y su relación cercana y de amistad con Trump podría haber profundizado esa visión de un eje estratégico privilegiado en el continente; afortunadamente, las limitaciones de ambos líderes evitaron que ello ocurriese. Y la importancia de que eso no se dé en un futuro no es cosa menor para la agenda e intereses mexicanos en el exterior. Me explico. Es muy sencillo: el día que Brasil se consolide a ojos de los estadounidenses como su principal socio estratégico continental, México pasará a ser -por la característica interméstica (lo internacional entreverado con lo doméstico) de la agenda bilateral, una derivación inevitable de la creciente convergencia económica y social entre nuestro país y Estados Unidos- simplemente un tema de política interna estadounidense, o lo que la ex secretaria de Estado Condoleeza Rice alguna vez llamó de manera sarcástica una “relación de condóminos”.

Este último año, con la llegada al poder de Biden, con un Bolsonaro que apostó abiertamente a la reelección de Trump, con los vasos comunicantes que persisten entre los equipos del líder brasileño y el ex presidente estadounidense y que encarna a ojos de muchos en el Partido Demócrata un régimen crecientemente antidemocrático, podría haber provisto a México de la oportunidad idónea para, apalancando la decisión de presidente López Obrador de colaborar en medidas de control de flujos transmigratorios y del papel que México podría jugar en la capacidad de EE.UU de competir comercial, tecnológica y cibernéticamente con Beijing, abonar a la lectura de que es Ciudad de México, y no Brasilia, donde Washington debe construir su relación estratégica de gran calado y de siglo XXI en el continente americano. El presidente de México no parece haberse siquiera percatado de esa oportunidad única cara a una relación entre dos países latinoamericanos que han tenido y tendrán aspiraciones y metas geopolíticas rivales. Aunado a lo anterior, el posicionamiento a medias tintas de López Obrador -a pesar del denodado esfuerzo a contrapelo de su cancillería- con respecto a la invasión a Ucrania y al torpe posicionamiento de las bancadas de MORENA y aliados en la Cámara de Diputados con la instalación de un grupo de amistad México-Rusia en la coyuntura actual, ha acreditado la percepción en Washington de que, en temas globales de peso, no se puede en realidad contar hoy con México. Siempre he insistido que una diplomacia libre de riesgos es una diplomacia libre de resultados, y que ni las brújulas sirven si no se sabe a dónde se quiere ir. El saldo de estas dos carencias del presidente para los intereses del Estado mexicano ciertamente no es halagüeño yendo hacia delante.

A principios de este mes, en una reunión con diputados de Morena y sus aliados legislativos, el expresidente Lula, en el marco de un viaje a México de proselitismo político y electoral, declaró que “AMLO es un regalo para México; no todos los días nace alguien como él.” Claro, Lula encantado; se debe estar frotando las manos al pensar que, de ganar en los comicios presidenciales en octubre, hoy por hoy altamente probable, tendrá a López Obrador como homólogo un par de años para poder liderar y hacer y deshacer a su antojo en la región. No hay que olvidar que durante su gestión se dedicó -de la mano de su asesor diplomático, Marco Aurelio García- a minar de manera puntual y persistente los intereses y la posición de México en Latinoamérica y organismos multilaterales. G. K. Chesterton apuntó que “la única manera de tomar un tren a tiempo es perder el tren anterior.” El presidente mexicano no solo ha perdido varios trenes con destinos relevantes para la política exterior mexicana; no ha logrado tomar uno a tiempo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Rubén Moreira Valdez, informó que el próximo martes comenzará en Comisiones Unidas el análisis de la reforma eléctrica que envió al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Además, el legislador señaló que existe una propuesta del grupo mayoritario, es decir Morena y aliados, de que, si se dan las condiciones, se vote el 13 de abril.

El también coordinador de la bancada del PRI, señaló que la postura de la coalición legislativa Va por México que no se votaría en los términos en los cuales está actualmente la iniciativa.

“Nosotros hemos dicho que no se precipite la reforma, y esto no quiere decir que no se haya trabajado arduamente en los foros, creo que son los más importantes que ha habido, si no, en la búsqueda de los consensos. Todos los grupos parlamentarios se manifestaron y los tres grupos de la coalición expresaron su buena fe para debatir los temas, y textualmente algunos de ellos dijeron que pudieran llegarse a algunos acuerdos”, puntualizó.

Explicó que se entregaron las conclusiones de todos los foros y se enviarán al Senado de la República, a los congresos locales, a los gobernadores y a los grandes grupos empresariales que participaron en el Parlamento Abierto.

Reiteró que la iniciativa en sus términos “no pasa”, y confió en que haya trabajo político para que se llegue a puntos de acuerdo.

Recordó que la votación está centrada en lo que quieren los grupos que no son mayoría, ya que Morena y sus aliados no cuentan con los votos requeridos para su aprobación. “Aparte, la población votó más por nosotros que por ellos, nada más que por la sobrerrepresentación ellos tienen más diputados”.

Por su parte el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, confirmó que su bancada buscará que a mediados abril se pueda discutir en el Pleno de la Cámara la reforma eléctrica del Ejecutivo y eventualmente votar.

“Es de nuestro interés que, en este semestre, en la semana que va del 11 al 17 abril, de tal manera que se pueda definir con el diálogo, persuasión, argumentación y propuestas por escrito un dictamen de consenso que tenga la mayoría”, indicó en declaraciones a la prensa el morenista.

Mier Velazco comentó que será una reforma constitucional con las incorporaciones y lo que propongan los demás grupos parlamentarios, más lo que el propio grupo parlamentario de Morena y aliados propongan.

“Buscaremos hacer política y acuerdos políticos con el resto de los partidos políticos, es el único camino que existe para lograr la mayoría calificada. No podíamos prolongar, la iniciativa lleva casi ocho meses”, comentó.

Mier Velazco confió en que podrán convencer para conseguir el voto de las dos terceras partes del Pleno y dijo que continúan en negociaciones con diputados de los demás partidos.

Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, confirmó este miércoles que va a empezar su dictamen, discusión y análisis de la reforma. Apuntó que la aprobación, en su caso, será seguramente la segunda semana de abril.

“No quiero adelantar vísperas, pero creo que debe modificarse el texto original. También ya lo anunció el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Ignacio Mier, dijo hace unos diez días que iba a sufrir modificaciones el proyecto original”, agregó Monreal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó este viernes la iniciativa de ley que prevé regular los créditos de nómina con cobranza delegada y permitir que los bancos cobren pagos directamente del salario de los empleados.

“No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador”, señaló el mandatario a pesar de que la iniciativa fue aprobada gracias al apoyo de Morena y aliados.

Agregó que ningún banco debe hacer esta retención ni tampoco ninguna institución financiera. Indicó que el gobierno no debe prestarse a esto. “No estoy de acuerdo con esta iniciativa”.

López Obrador recordó que esta iniciativa de ley se aprobó en la Cámara de Diputados con cambios, por lo que regresó al Senado, donde confió que se revise bien. Acusó a los legisladores de no leer bien las iniciativas, lo que pudo provocar que pensaran que era en beneficio de los trabajadores.

Finalmente, dijo que era “respetuoso” del Poder Legislativo, aunque afirmó que, de aprobarse, él mismo buscaría vetar la ley.

Y es que ayer, la Cámara de Diputados aprobó con cambios, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que regula los Créditos de Nómina con Cobranza Delegada. Busca impulsar un tipo de financiación que se entrega tomando como garantía el pago quincenal o mensual que reciben los trabajadores.

Según esta ley, una vez se obtiene el crédito, el trabajador puede autorizar a la empresa donde trabaja descontar directamente de su nómina un monto específico para realizar pagos parciales, periódicos o totales, sobre el préstamo que tiene con la entidad financiera.

La Secretaria del trabajo publicó en sus redes sociales un mensaje en que señaló que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, “no pueden ser embargados los salarios de los trabajadores”.

Indicó que la postura del presidente es firme respecto a la iniciativa, pues atenta contra el principal sustento de la familia.

La bancada del PAN señaló que la reforma incorpora mecanismos fuera de la ley, como es la cobranza delegada, la cual en un término simple se refiere a que el patrón se convierte en el cobrador del sector financiero y eso va en perjuicio de la clase trabajadora.

Alertó que se autoriza al patrón a descontar directamente al trabajador el importe del pago de los créditos, desde antes de que reciba su salario. “Los diputados oficialistas con su voto avalan operaciones agiotistas”, indicó Patricia Terrazas Baca, diputada del PAN.

Tras señalar que la reforma sólo beneficia a una parte de las entidades financieras, en este caso a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), mencionó que lo que llama la atención es la urgencia de los integrantes de Morena para aprobarla, y es “porque públicamente lo han dicho, tienen financieras y lo que quieren es ganar aún en perjuicio de los trabajadores. Vean los tuits y vean las reacciones que ha habido en este tema”.

La bancada de Movimiento Ciudadano señaló que el dictamen aprobado por Morena y aliados da certeza jurídica solamente a quienes otorgan créditos y embarga de facto el salario de las y los trabajadores. Dijo que abre la puerta a que el salario de las y los trabajadores sea disminuido por adquirir algún crédito sin oportunidad de determinar el margen de descuento, ya que solamente el empleador y la entidad crediticia podrían acordar el porcentaje salarial que será detenido.

“Su intención es acceder a la retención del 45%. Tampoco se fija cuál será la tasa de interés de los créditos, abriendo la puerta al crecimiento incontrolable de deuda”, acusó la bancada naranja.

Finalmente, la bancada del PRD denunció que Morena y sus aliados pretenden retornar a las y los trabajadores a esquemas de finales del siglo XIX y principios del XX cuando, en las llamadas “tiendas de raya” los patrones cobraban adeudos a sus empleados directamente de sus salarios.