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Hay un dicho muy claro y sencillo que debería recordar la oposición si realmente quieren tener oportunidad de regresar al poder: “No puedes querer tener el pastel y a la vez comértelo”. Pero eso es lo que están intentando los dirigentes del PAN, PRI y PRD.

Salen a marchar diciéndole a la ciudadanía que están en las calles porque ellos defienden a la democracia que está siendo atacada por el presidente López Obrador, por su partido, Morena; y sus aliados, PVEM y PT, pero después se unen a estos mismos actores para atacar ¡a la democracia!

Quieren su pastel intacto pero también le quieren dar sus mordidotas. ¿No entienden o creen que los ciudadanos somos ignorantes?

Al atacar al Tribunal Electoral como lo están haciendo, para ganar mayor poder en las cúpulas y poder vivir bajo sus propias reglas manteniendo el presupuesto público – que proviene del bolsillo de todos los mexicanos vía impuestos – están atacando la democracia.

Lo que pretenden con la iniciativa que busca reformar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la constitución es eliminar contrapesos y limitar derechos de las minorías políticas. Así de sencillo. Primero porque pretende frenar juicios de derechos políticos promovidos por mujeres. Gracias a éstos se ha logrado avances en la paridad legislativa y mayor presencia en gobiernos locales. Han sido logros costosos que han tenido que brincar varias trancas, como cuando se inventaron los partidos aquello de ‘las Juanitas’. Ponían a una mujer candidata a una diputación o senaduría con un suplente hombre y, apenas comenzaba la legislatura, la obligaban a renunciar.

Con todo y estas mañas, se logró importantes avances en paridad de género dentro de los partidos políticos. Mismo caso se ha dado para otras minorías como indígenas y transgénero. Esto lo quieren eliminar todos los partidos salvo Movimiento Ciudadano.

Además pretenden proteger a las dirigencias de los partidos, en este caso a Marko Cortés, del PAN, Jesús Zambrano, del PRD y Alejandro Moreno del PRI, de juicios internos en nombramientos que hagan. Son tan pequeños estos dirigentes, que prefieren aliarse con quien los está aplastando, Morena, con tal de mantener el poco poder que aún detentan.

Vemos un día sí y al otro también a los aspirantes de Morena, a las famosas corcholatas, violar las leyes electorales. Se promueven burdamente con recursos públicos, y aun así la oposición siente que es buen momento para quitarle poder y atribuciones al Tribunal Electoral que es actualmente la última instancia para poner un freno a estas violaciones constantes de la ley.

Consideran los tres partidos de la oposición, PRI, PAN, PVEM, que hoy que el presidente López Obrador, ataca al Poder Judicial, es buen momento para unírsele a él y a su coalición para atacar al Tribunal que forma parte de este contrapeso.

En medio del litigio electoral de mayor calado de las últimas décadas, el Plan B electoral, uno esperaría que las prioridades políticas de los partidos de la oposición deberían estar en la defensa de las instituciones electorales a toda costa. Si hay puntos que corregir dentro del INE y dentro del Tribunal Electoral, ahora no es el momento para hacerlo ni para pretender debilitarlos. Pero tal parece que la oposición quiere tener su pastel – decir que defienden la democracia – y comérselo también, al querer debilitarla.

La oposición parece que simplemente no entiende.

Columna completa en El Universal

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados insistió en que la elección de las y los consejeros electorales se deberá hacer por insaculación, ya que es un método ampliamente democrático, aunque se dijeron abiertos a impulsar un acuerdo siempre y cuando no sea motivo “de cuotas y cuates”.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada, dijo que junto a las fracciones del PT y el PVEM, no avalarán “un reparto de cuotas y cuates; mil veces mejor la insaculación que un procedimiento que vulnere la dignidad de los legisladores y del Pleno al llegar a un acuerdo de cuotas, eso sí no”.

Adelantó que hoy se reunirá nuevamente la Jucopo para dialogar y buscar la posibilidad de llegar a un acuerdo o, en su caso, “el acuerdo puede ser la insaculación”.

Reiteró que están abiertos a escuchar a los grupos parlamentarios acerca de darle cumplimiento a lo que establece la Carta Magna e impulsar un consenso, pero que no signifique cuotas.

“Cuotas no. Que se pueda impulsar un acuerdo con base en todos aquellos que logren por sus méritos, habilidades, cualidades, experiencia, que emanó de las evaluaciones de las cuatro etapas del Consejo Técnico, sí; pero presionarnos para cuotas, eso si no”, reiteró.

Agregó que a la reunión de hoy se invitará al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, “para que cumpla con su chamba y no sé dejé llevar solo por la filia”.

Lo anterior ya que “el día domingo, aun cuando no se había publicado, ya estaba descalificando el procedimiento, el proceso y el trabajo del comité. Nuevamente, con todo respeto, el presidente de la Mesa Directiva se deja llevar por sus ansias de precandidatos y desconoce totalmente la responsabilidad que tiene.

El coordinador parlamentario insistió en que, si se opta por la insaculación, ésta debe ser en el Poder Legislativo y no en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recordemos que el Comité Técnico Evaluador entregó las quintetas el pasado domingo, con los 20 nombres de quienes podrían ocupar una de las cuatro posiciones que se renovarán del Consejo General del INE, incluida la presidencia.

Los cuatro consejeros tendrían que ser votados a más tardar mañana jueves 30 de marzo o, de lo contrario, serán elegidos por insaculación el viernes 31.

Y es que recordemos que entre los 20 nombres que integran las quintetas, aparecen nombres nombres como el de Bertha Alcalde, la hermana de la secretaria de trabajo; Netzaí Sandoval, hermano de la ex Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; Guadalupe Álvarez Rascón, hija de un senador de Morena, y Zircey Bautista Arreola, esposa del subsecretario de SEDATU.

También están Guadalupe Taddei Zavala, tía del director de LitioMx y prima del Secretario de Bienestar de Sonora; Víctor Humberto Mejía y Jorge Montaño, ambos tabasqueños, cercanos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y Bernardo Valle, cercano a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Por esa razón, la oposición ha anunciado su voto en contra de las quintetas, pues acusan la cercanía de los perfiles, principalmente en la quinteta para elegir a la nueva consejera presidenta del INE, a Morena y al gobierno federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció a la gente que participó el pasado sábado en la concentración del Zócalo capitalino, así como a los que no pudieron asistir pero que dijo , estuvieron pendientes y participaron de manera solidaridad a la distancia,

“Lo cierto es que no se puede llevar a cabo una transformación, como lo expresé, si no se cuenta con el apoyo del pueblo, porque una transformación significa hacer a un lado los privilegios de las minorías, acabar con los privilegios de las minorías, desterrar la corrupción. Esto genera una oposición”, dijo el mandatario.

Insistió en que hay un grupo de reaccionarios y conservadores que no quieren que las cosas cambien y mejoren, que quieren mantener el status quo.

“Cómo se les enfrenta, sólo con el respaldo y apoyo del pueblo, y eso afortunadamente se tiene. Yo le agradezco mucho el pueblo de México por su confianza, por su apoyo, porque si no no se podría avanzar. Tendríamos que someternos tanto a los intereses creados del país, como a las presiones del extranjero”, añadió.

El presidente descartó que quienes llegaron al Zócalo, hayan sido acarreados como dijo sí ha sucedido con las movilizaciones de la oposición. Además, adelantó que las concentraciones o movilizaciones seguirán y se convocarán cada vez que se necesiten.

Y es que el sábado pasado, con el pretexto de la Conmemoración de la Expropiación Petrolera, el presidente llenó una vez más la plancha del Zócalo, que según cifras del gobierno capitalino, 500 mil personas se dieron cita en el evento.

En su discurso, el presidente aseguró que los “oligarcas” no volverán al poder. “Hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas”, en referencia a la oposición.

Por primera vez habló de manera abierta sobre la continuidad en la presidencia de su partido, Morena.

“Estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación”, sostuvo AMLO.

Llamó la atención que en el grupo que lo acompañó estuvieron el canciller Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, punteros en la carrera por hacerse de la candidatura para 2024.

Críticos de López Obrador señalan que la concentración fue convocado en realidad para responder a la marcha opositora del pasado 26 de febrero, cuando el bloque opositor logró movilizar a un número parecido al del sábado, para protestar contra el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral.

Además, es la segunda movilización que el presidente convoca en lo que va de su sexenio. AMLO ya había llamado a las calles a sus partidarios el 27 de noviembre luego de otra protesta opositora.

El mandatario también aprovechó el acto del sábado para arremeter contra las propuestas de algunos congresistas en Estados Unidos, de declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos lo que abriría la puerta a que sus Fuerzas Armadas intervenga militarmente en nuestro país.

López Obrador, advirtió que México es un país es libre y no una colonia. “Les recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos”, sostuvo.

Lejos de tratar de rebajar la tensión, López Obrador ha afirmado que no permitirá que los políticos estadounidenses “violen” la “soberanía ni pisoteen la dignidad” de México, aunque lleguen a “amenazarnos con cualquier atropello”.

“¡Cooperación sí, sometimiento, no!”, remató el mandatario.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de parte de un juez órdenes de aprehensión contra 22 personas presuntamente implicadas en el millonario desfalco de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

En un comunicado, la FGR indicó que obtuvo del juez federal de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, las órdenes de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

“De las 22 personas referidas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y 6 fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados”, señaló la FGR.

La Fiscalía expuso que todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, “celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142.4 millones de pesos”, por la supuesta adquisición de 7,840 toneladas de azúcar”.

Refiere que estos insumos, “se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”.

La FGR recordó que este caso corresponde a la sexta judicialización que la propia Fiscalía ha realizado en cuatro carpetas de investigación, en torno a desfalcos en contra de Segalmex, que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rusal (Sader).

“Existen más carpetas que serán judicializadas próximamente, respecto a otros casos multimillonarios de peculado, en contra de dicha institución del Estado mexicano”, precisó la FGR.

Y es que de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el desfalco en Segalmex asciende a más de 10,000 millones de pesos esto tras la revisión de cuentas públicas correspondientes a 2019 y 2020 en las que se hallaron diversas irregularidades.

Al respecto, el diputado Jorge Triana Tena del PAN consideró que Ignacio Ovalle Fernández, extitular de Segalmex debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, por el desfalco detectado.

“Qué bueno que haya órdenes de aprehensión a funcionarios menores, pero queremos ver que se investigue a Ignacio Ovalle, que sigue cómodamente despachando desde una unidad de lujo” como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación, “donde prácticamente se ha vuelto un intocable”, indicó el panista.

Triana Tena señaló que el fraude en Segalmex asciende a más de 11 mil millones de pesos, rebasando por 4 mil millones de pesos el monto de la “Estafa Maestra”, escándalo del sexenio pasado..

Confió en que las personas que se están indagando en el caso realmente sean personajes que operaron el megafraude en Segalmex “y no chivos expiatorios para salvarle el pellejo al amigo del presidente”.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México por la que se validó el registro de convenio de la candidatura común “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”, que Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) celebraron para la elección de la entidad.

El PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza cuestionaron la resolución del Tribunal local, porque consideraban, entre otros motivos, que el convenio de la coalición establecía porcentajes de distribución de la votación que constituyen una indebida trasferencia de votos.

También denunciaban la ilegalidad de las dimensiones y el orden del emblema de la candidatura común, así como la violación al principio de uniformidad en la aportación de las prerrogativas de radio y televisión.

La Sala Superior del TEPJF coincidió con el Tribunal local en que, conforme con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de dicha Sala, el principio de uniformidad solamente es aplicable a las coaliciones, por lo tanto, el modelo de distribución de votos que acordó la candidatura común es válido, ya que no contraviene la legislación local ni concurre con otras formas de asociación en elecciones simultaneas como las de ayuntamientos y diputaciones.

También consideró que la distribución y orden de aparición de los partidos políticos integrantes de la candidatura común en el emblema pactado no es ilegal, porque la norma no regula dichas cuestiones, sino que se limita a establecer el orden que debe ocupar en la boleta.

En relación con la aportación diferenciada de las prerrogativas de radio y televisión, se resolvió que no constituye un requisito legal para la procedencia del registro que un instituto político diverso a los signantes del convenio tenga interés jurídico para impugnar.

Adicional, la Sala Superior también validó el registro del convenio de la coalición “Va por el Estado de México”, conformada por el PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, para postular a una candidatura común.

El asunto se originó a partir de la impugnación de Morena y del Partido Verde, quienes alegaron que la solicitud de registro del convenio se presentó fuera del plazo legal previsto; fue indebido que se le requiriera a los partidos solicitantes para subsanar deficiencias, y hubo un incumplimiento de diversos requisitos legales y estatutarios.

La Sala Superior coincidió con la determinación local en lo que respecta a que que la solicitud del registro del convenio se presentó oportunamente, en términos de las fechas definidas en el calendario del proceso electoral; que el requerimiento para subsanar deficiencias fue correcto, pues se justificó en la garantía de los derechos a la libre asociación y de ser oído en juicio.

El dirigente opositor Juan Guaidó, que fue reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y más de 50 países, se presentará en el proceso de primarias de donde saldrá el rival del presidente Nicolás Maduro para los comicios de 2024.

“Se decidió que Juan Guaidó fuera el candidato de Voluntad Popular”, anunció Freddy Superlano, coordinador político de esa fuerza creada por el dirigente exiliado Leopoldo López.

Las primarias están previstas para el 22 de octubre. Otros políticos como Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial frente al chavismo gobernante, y María Corina Machado, del ala más radical de la oposición, también han formalizado su participación.

Guaidó se une a la lista tras encabezar por cuatro años el “gobierno interino” creado con el apoyo de Estados Unidos y otros países, en respuesta a la reelección de Maduro en 2018, tachada de fraudulenta.

Recibió el control de recursos bloqueados en el extranjero, a medida que imponía sanciones al gobierno chavista.

Sin embargo, su apoyo fue mermando y la propia oposición decidió eliminar la figura de la “presidencia encargada” apenas el pasado 5 de enero.

Guaidó, que será proclamado en un acto de su partido, podrá participar en las primarias pese a que tiene prohibido ejercer cargos públicos por 15 años. Capriles enfrenta una medida similar, que no pesa en el proceso de primarias.

Las inhabilitaciones, así como las condiciones para las elecciones de 2024, forman parte de la agenda política del proceso de negociación entre opositores y el gobierno en México, frenado desde noviembre a la espera del desembolso de recursos congelados por las sanciones internacionales contra Maduro para atender la crisis humanitaria.

“Tenemos que agotar la vía de la negociación”, dijo Superlano que también recalcó que los partidos deben estar en “capacidad” de nombrar cualquier candidato en caso de no lograr el levantamiento de las inhabilitaciones.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, afirmó que la oposición está en condiciones de ganar la Presidencia de la República en 2024.

“Está claro que la coalición es potente, pero necesitamos construirla bien. Qué necesitamos. Participación política, que la gente salga a votar. Con poca participación política es cuando captan a la gente que traen en los programas”, explicó el dirigente nacional del tricolor.

Alito Moreno señaló que para vencer en el 2024, necesitan presentar una candidatura con un perfil que sume, que tenga empatía y que sea construida entre todos, de la mano con la sociedad. En ese sentido, reconoció la destacada participación de las organizaciones ciudadanas en la defensa de México, y aseguró que “2el gran motor del cambio con rumbo es la sociedad civil y en el PRI tiene las puertas abiertas siempre”. El priísta señaló que en el 2021 la coalición “Va por México” ya demostró que se le puede ganar a Morena y sus aliados. Incluso, dijo, la alianza obtuvo un mayor número de votos, y ellos perdieron un millón de sufragios, respecto a lo que obtuvieron en 2018. Al ser cuestionado sobre su papel actual, dijo: “soy un albañil” que trabaja para “cimentar y construir una propuesta” para el país.

Y es que recordemos que el Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó los cambios a los estatutos del partido, que permitirían a Alito extender su mandato hasta agosto de 2024, después de las elecciones presidenciales.

Moreno argumentó que después de las elecciones del próximo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila, “tendremos que replantear, con un buen resultado, quién es la mejor mujer u hombre” para la candidatura presidencial. El líder nacional del PRI remató señalando que en cualquier país con polarización, la gente no participa.

PABLO HIRIART

EL FINANCIERO

 

¿Quién dice que la oposición no tiene cartas atractivas para vencer a Morena en la elección presidencial?

Es al revés. El que carece de opciones es el partido en el gobierno.

Las dos figuras que respalda el círculo compacto del Presidente, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, por sí solos no llenan ni una mesa de Sanborns.

En cambio a la oposición le sobran personalidades para ganar la elección. Digo ganar. Porque de eso se trata, de ganar.

Hay tres mujeres en la primera línea de la oposición que, en una elección legal y sin la intervención del gobierno, vencerían a Sheinbaum o al señor López.

Rosario Robles. Ha sido perseguida con crueldad por el gobierno de Morena. Pasó tres años en la cárcel por venganza personal del presidente de la República. Ahora la Fiscalía General anunció acciones penales contra los jueces que la dejaron libre. Le tienen pavor.

Cuando fue citada a declarar, muchos le advirtieron que no se presentara porque era una trampa. Que huyera del país. Nada debo, nada temo, dijo Robles. Se equivocó. Las autoridades federales le fabricaron un delito: una licencia de conducir falsa. Con ese delito armado desde el poder, la encerraron en Santa Martha.

¿De qué se le acusó? De una falta administrativa que no ameritaba prisión. Ella, en lugar de traicionar a quien le pidieran con tal de negociar su libertad, resistió en una celda donde sólo se podía bañar con una cubeta de agua fría.

Robles les sabe, a quienes hoy gobiernan, todas las mañas electorales y sus cañerías para financiamiento ilícito, controles clientelares, su pasado para llegar donde hoy están.

Es conocida, sabe hablar, no se achica ante nadie, tiene experiencia de gobierno y es una víctima. Candidataza.

Claudia Ruiz Massieu. Tiene preparación como ninguna de las dos corcholatas de Morena. Diputada, secretaria de Turismo, secretaria de Relaciones Exteriores y senadora.

En todos los cargos públicos que ha ocupado lo ha hecho bien, sobresaliente incluso, y no tiene una sola mancha en su carrera. Como canciller se opuso a la visita de Donald Trump, que a la postre fue uno de los errores más costosos que cometió el presidente Peña Nieto. Su oposición a recibirlo en México, a ella le costó el puesto y la mandaron al cementerio de Insurgentes Norte. Se rehízo.

De todas las cartas para asumir la Presidencia el próximo año, nadie tiene el pedigrí de Claudia Ruiz Massieu.

En momentos en que su partido se dobló al apoyar la militarización transexenal, la senadora alzó la voz para rechazar ese proyecto, en contra de la línea dada por el presidente del PRI, Alito Moreno. Igual actitud tuvieron Beatriz Paredes y Miguel Ángel Osorio.

Tiene valor, presencia, conoce el mundo, es articulada y ha estado en los primeros planos de la vitrina pública desde hace más de una década. Es una carta triunfadora.

Lilly Téllez. Quiero ver quién le ganaría un debate a la senadora sonorense. ¿Sheinbaum? ¿El señor López? Los hace talco.

Es la carta fuerte en las encuestas del PAN. Se lleva de calle a quien le pongan. Y no hay en este momento, en la política, una figura pública con más carisma que ella.

Un punto valioso a su favor es que fue lopezobradorista. Igual que millones de mexicanos que votaron por el actual Presidente y hoy están arrepentidos. Empatiza, pues, con un amplio sector de la población agraviado por las políticas públicas del gobierno de Morena, luego de haber creído en ellas.

Y Lilly expresa con claridad ese sentimiento de haber sido traicionada. No se calla ante nadie. A nadie le teme. Al contrario, el Presidente rompió la tradición de ir al Senado a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez por temor a encontrarse con la senadora Téllez, según dijo él.

Arropada por un buen equipo plural, Lilly Téllez gana la elección del próximo año con la mano en la cintura.

¿No hay candidatos en la oposición?

Desde luego que sí. Y son cartas ganadoras.

Si abrimos el abanico, vemos que Beatriz Paredes sería un lujo de presidenta de la República. Y que Beatriz Pagés atrae a los sin partido, en una virtuosa sinergia con las agrupaciones de la sociedad civil.

Todas ellas ganan.

El problema está en que se prepara una elección de Estado.

Y que el grupo gobernante no va a entregar el poder, aunque pierda las elecciones.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que declaren la inconstitucionalidad del ‘Plan B’ promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Les pedimos a los ministros que declaren esta ley inconstitucional, que no se destruya, que no se desmembre al Instituto Nacional Electoral y que no se le permita a la secretaría de Relaciones Exteriores, ahora resulta, ser quien organiza y lleva el proceso de votación de los migrantes en el extranjero”, afirmó el líder panista al asistir a la movilización de ayer en defensa del INE.

El panista sostuvo que al Zócalo de la Ciudad de México llegaron más de  500 mil personas.

Exigió al presidente López Obrador que de forma inmediata promulgue el ‘Plan B’,que fue aprobado con mayoría en el Congreso, con el fin de que haya tiempo suficiente para que la Corte pueda revisarla la ley y declararla inconstitucional.

El jefe nacional de los panistas indicó que lo que sigue es continuar generando este despertar social en todo México, exigiendo que se respete al INE, el voto, la libertad y la democracia.

En tanto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, refirió que es en el Zócalo en donde nace México, nace la República y se restaura, por lo que los ciudadanos desde ese lugar defenderán la democracia y al árbitro electoral.

Señaló que la concentración se dio en el Zócalo porque a un costado se encuentra la SCJN, que es el tribunal máximo de la Constitución “y vamos a pedirle que actúe conforme a la Constitución, ni más ni menos”, manifestó el legislador.

Entre los asistentes de Acción Nacional estuvieron la senadora Josefina Vázquez Mota; la diputada federal, Mariana Gómez del Campo; el coordinador de los diputados federales, Jorge Romero; el coordinador nacional de los diputados locales, Enrique Vargas del Villar; el Jefe del partido en el Estado de México, Anuar Aznar y miembros del CEN.

 

 

Por su parte Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, expresó su contundente rechazo al ‘Plan B’ de la reforma electoral aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso.

“Hoy estamos aquí, para defender nuestra democracia, para demostrar que los ciudadanos estamos unidos protegiendo lo que juntos hemos construido”, afirmó el priísta. “Este es el pueblo de México defendiendo la democracia”, añadió.

Puntualizó que los priistas están del lado de la democracia, y expresó su apoyo total al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Alito Morena estuvo acompañado durante la movilización por la Secretaria General del partido, Carolina Viggiano; el Coordinador de los diputados federales, Rubén Moreira; el Vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve; el Secretario Técnico del Consejo Político Nacional, Pablo Angulo; el Secretario de Acción  Electoral, Rolado zapata; la Secretaria de Comunicación, Paloma Sánchez, entre otros integrantes del CEN y legisladores locales.

El EN del partido informó que al igual que en la Ciudad de México, dirigentes del PRI en los estados, acompañados por líderes de sectores y organizaciones del partido, legisladores locales y militantes y simpatizantes, se congregaron en las principales plazas públicas de todo el país.

El dirigente nacional del tricolor señaló que es deber de todos los mexicanos cuidar y defender la democracia, que permite no sólo elegir libremente a autoridades y representantes populares, sino también gozar de libertades.

Argumentó que el partido en el poder, Morena, está fraguando un fraude electoral y, como el INE le estorba, quiere acabar con él.

“Ésa es la razón de los cambios inconstitucionales que el oficialismo ha aprobado desde el Congreso de la Unión, pretendiendo avasallar la voluntad popular y exterminar a la oposición, pero no lo vamos a permitir”, dijo Alito Moreno.

Finalmente, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la asistencia de ayer a la concentración del Zócalo y en diversas plazas públicas del país, fue de vital importancia para evitar que “el dictador de Palacio Nacional” se salga con la suya al imponer el ‘Plan B’.

“Es muy importante la participación de todas y todos para defender la democracia en México, no dejemos que los que ahora gobiernan, dañen más a las instituciones electorales y pretendan  regresarnos a un país autoritario. No vamos a permitir su Plan B que atenta contra los derechos políticos de las y los mexicanos, esto no es más que un intento del oficialismo para tener el control de las elecciones, depositamos nuestra confianza en la Corte para que esas leyes regresivas no pasen”,  enfatizó el líder perredista.

Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, sostuvo que la marcha de ayer lo que realmente pretendía era sostener una burocracia dorada con base en mentiras y argumentos falaces.

No obstante, celebró que México sea un país donde las libertades se respetan y se garantizan y todo mundo puede manifestarse, aunque sea para expresar un argumento sin sentido.

“Qué país tan fantástico tenemos. Podemos democráticamente manifestar, explícitamente, en la calle, en la concentración que tienen planeado en la Ciudad de México, su inconformidad con el plan electoral, aunque esté lleno de mentiras”, señaló el morenista.

El líder morenista expresó que la movilización estuvo sustentada en las mentiras que los conservadores impulsaron para salvaguardar intereses económicos particulares.

Comentó que, a costa de la fe de la gente, el Instituto Nacional Electoral se convirtió en el refugio de una elite que, en los últimos 30 años, secuestró a la democracia en lugar de protegerla.

“Que les vaya bien”, declaró Ignacio Mier, pero recordó que “el pueblo es sabio y podrá juzgar democráticamente a quién le asiste la razón”.

Recordó que a finales de 2022, se emprendió una campaña de desinformación que buscó sembrar miedo e intriga en el pueblo mediante los voceros orgánicos de un agonizante, casi extinto viejo régimen que desde el privilegio de sus micrófonos han esgrimido y esparcido noticias falsas sobre la reforma.

Dijo que con la reforma electoral, el Instituto no se desmantela, sino que se optimizan sus estructuras y se fusionan áreas cuya operación y ámbitos de atribuciones están relacionadas, lo cual está avalado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, de modo que la reforma es legal y legítima.

“Contrario a lo que se ha divulgado, la reforma sigue garantizando los derechos democráticos de todas y de todos en el país”, remató el morenista.

En medio de dimes y diretes con la oposición, Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Senadores el segundo paquete del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Pleno aprobó, con 72 votos a favor y 50 en contra, el dictamen por el que se excluyó del paquete de reformas la modificación que los Diputados hicieron al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a la llamada ‘vida eterna’ a partidos políticos.

Esta cláusula había generado polémica, e incluso llegó a Palacio Nacional, pues permitía la transferencia de votos entre partidos que se presentaran coaligados en una elección, lo cual acusó la oposición, beneficiaba a los partidos satélite que suelen ser los aliados del partido en el poder.

Posteriormente, los senadores avalaron, con 70 votos a favor y 50 votos en contra, remitir al Ejecutivo única y exclusivamente, los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión: 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A pesar de la ‘derrota’, la oposición advirtió que pese a que concluía el proceso legislativo relacionado al ‘Plan B’, ahora la lucha continuará en la Suprema Corte.

La senadora del PAN, Indira de Jesús Rosales San Román, aseguró que el ‘Plan B’ está lleno de “rencor y odio”, pues el fondo es debilitar y destruir al árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE), contra quien recordemos, el presidente se ha lanzado desde que inició su mandato.

Compañeros de la bancada indicaron que  las y los senadores de Morena tienen la única consigna de “destruir al INE y a la democracia, porque claramente se quieren robar la elección” de 2024.

El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, advirtió que Morena y aliados hicieron todo para aprobar  una reforma “tóxica, pervertida y antidemocrática”.

Juan Manuel Fócil Pérez, senador del PRD, dijo que el ‘Plan B’ de la reforma electoral es un retroceso para la democracia, los derechos de los ciudadanos, los militantes de los partidos políticos, además de que viola la Constitución.

El senador del Grupo Plural, German Martínez, mencionó que con la aprobación de la reforma electoral el país está regresando por lo menos 30 años; recordó que en las elecciones de 2006, Andrés Manuel López Obrador exigía democracia, pero con estas modificaciones se atenta contra ella, “yo no hago leña del árbol caído, porque veo crecer un bosque de corrupción, entre la política, la democracia y el crimen que no limita este Plan B”.

Finalmente, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI, confió en que ante las impugnaciones que se presentarán contra el ‘Plan B’, los ministros cumplirán su mandato de defender la Constitución, “por encima de las presiones y de las intenciones de sometimiento que buscará el poder para lograr su objetivo”.

Recordemos que los cambios aprobados en este nuevo paquete incluye eliminar las 300 Juntas Ejecutivas Distritales; la eliminación del 84.6% del Servicio Profesional Electoral; la eliminación de fondos y fideicomisos del INE, además de que se obligará a los consejeros y magistrados electorales ganar menos que el Presidente de la República.

En cuanto a los partidos políticos, se les da la facultad exclusiva de definir cargos y candidaturas de acuerdo a sus estatutos documentos básicos, sobre los cuales ya no podrá ordenar modificar la autoridad. Además, los partidos podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados en subsecuentes ejercicios fiscales, o utilizarlos para otra elección.

Por lo que corresponde al Poder Judicial, se establece un procedimiento en caso de que se presente una solicitud de remoción del titular de la presidencia de la Sala Superior del TEPJF, además de que se limita al Tribunal a no conocer asuntos sujetos a resolución de la SCJN. También se le impone resolver antes de la conclusión del proceso electoral respectivo.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, pidió dar un voto de confianza al Comité Técnico de Evaluación del proceso para elegir a los nuevo cuatro consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo le pido a todos, medios de comunicación, partidos políticos, dirigentes, agrupaciones, a los propios actuales integrantes del Instituto Nacional Electoral, que le demos toda la confianza al comité evaluador para que pueda desarrollar sin presiones de ningún tipo su trabajo”, dijo el morenista.

Recordemos que fue el pasado jueves cuando la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tomó protesta a las y los integrantes de dicho Comité, que está integrado por: María Esther Azuela Gómez, Sergio López Ayllón, Ernesto Isunza Vera, Araceli Mondragón González, Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Repper Favila.

El legislador destacó que los siete perfiles “merecen respeto y la buena voluntad de que saquen adelante este proceso selectivo de consejeros para el beneficio de México. Espero que así sea y que todos seamos solidarios con la democracia en México”.

Y es que recordemos que la oposición, incluido Movimiento Ciudadano, rechazaron la terna que la Cámara de Diputados propuso, los cuales fueron impulsados por Morena y partidos aliados, al señalar que eran perfiles cercanos a la 4T.

En ese sentido, la dirigencia nacional de Acción Nacional invitó a los “mejores perfiles” para que “con compromiso patriótico” se inscriban en la convocatoria para renovar las cuatro posiciones del Consejero General del INE.

“En el proceso de renovación del Instituto Nacional Electoral deben sobrar los buenos perfiles inscritos, para que no haya pretextos en el Comité Técnico de Evaluación y propongan al pleno de la Cámara de Diputados cuatro muy buenas quintetas”, expresó Marko Cortés.

El panista exigió al Comité Técnico de Evaluación altura de miras, profesionalismo, transparencia e imparcialidad, para un buen desahogo de las tres etapas del proceso que directamente le corresponden: registro de aspirantes, evaluación y selección de quintetas.

Ignacio Mier Velazco hizo votos para que se elijan a los cuatro consejeros y consejeras más comprometidos con la democracia y principales defensores de los principios en materia electoral.

“La certeza, legalidad, imparcialidad, equidad y la máxima transparencia es algo que debe tener un país que se considere verdaderamente democrático; alejado de cuotas y cuates, de la voluntad sólo de los dirigentes de los partidos o que los diputados en la Cámara de Diputados se confabulen o lleguen a acuerdos, a negociaciones”, apuntó.

A respecto, el líder del blanquiazul advirtió que, si no se presentan los mejores perfiles y resultan propuestos en las quintetas aspirantes partidistas del presidente de la República y de Morena, la coalición legislativa Va por México, rechazará en conjunto a los aspirantes.

“Esa votación será por mayoría calificada y ahí sí será absolutamente determinante la votación de las y los diputados de la coalición Va por México, que en conjunto somos 200 y que hemos acordado votar en bloque”, anticipó.

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política( Jucopo), tomó protesta a los siete integrantes que conforman el Comité Técnico de Evaluación que acompañará los trabajos de elección de cuatro consejeros o consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, la selección de los tres integrantes que faltaban, y que eran tarea de nombrar de la Cámara de Diputados, generó descalificaciones entre los grupos parlamentarios.

Morena y aliados propusieron y sacaron adelante la terna que se integraría a los otros miembros ya nombrados con anterioridad por la CNDH y por el INAI.

Los tres nuevos integrantes son: Enrique Galván Ochoa, integrante de la comisión redactora de la llamada “Constitución Moral”; la extitular de Finanzas en la Guardia Nacional, Evangelina Hernández Duarte, y Andrés García Repper, abogado de diputados locales de Morena en Tamaulipas.

Todos ellos guardan una relación con el movimiento de la Cuarta Transformación, por lo cual, la oposición rechazó acompañar la terna.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, indicó que “votamos en contra, tuvimos una postura pública clara, contundente porque se violan los principios establecidos en la convocatoria y porque uno de ellos tiene antecedentes recientes en la campaña de Américo Villarreal en Tamaulipas, como militante y representante de este partido ante los órganos electorales”

Cuestionado sobre la posibilidad de que sean perfiles a modo impuestos por Morena, el líder parlamentario sostuvo que de ser así el riesgo sería la falta de imparcialidad, que es uno de los requisitos y principios estipulados en la convocatoria.

Indicó que su bancada presentó una terna integrada por Blanca Heredia, Ana Laura Magaloni, Leticia Bonifaz, recordando que las dos primeras ya participaron en proceso anterior de designación de consejeros electorales.

En tanto, los coordinadores de las fracciones del PAN, PRI y PRD, informaron que la coalición legislativa “Va por México” votó en abstención la conformación del Comité Técnico de Evaluación, a fin de no “dinamitar” el proceso.

“No votamos en contra porque, ni siquiera sé si eso era lo que ellos hubieran querido, que nosotros dinamitemos lo que consideramos que es uno de los procesos más importantes en la historia de este país (…) no hay una decisión más importante que elegir a las mujeres y hombres que habrán de ser consejeros del Instituto Nacional electoral” subrayó, Jorge Romero del PAN.

Luis Espinosa Cházaro del PRD comentó que no se votó a favor del Comité Técnico de Evaluación, “porque no convalidamos que se lleve así el proceso. Pero no votamos en contra por dejar abierta la posibilidad de construir un acuerdos”.

“Es de gran importancia que no se llegue a la insaculación, queremos revisar de cara a la sociedad mexicana los perfiles de las y los integrantes, no sólo del comité, sino de las quintetas de quienes integrarán el Consejo General del INE”, añadió.

Los nuevos integrantes, impuestos por Morena y aliados, se unen a Maite Azuela Gómez y Sergio López Ayllón, propuestos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); y a Ernesto Isunza Vera y Araceli Mondragón González, nombrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Al darles la bienvenida, Ignacio Mier Velazco les recordó a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que en ellos recaerá una de las etapas más trascendentales en la vida democrática de México: renovar el Instituto Nacional Electoral.

Señaló que con la integración del Comité Técnico de Evaluación, da inicio formal a la primera etapa del proceso de selección de quiénes, por sus habilidades, conocimientos, destrezas y aptitudes, ocuparán cuatro de las consejerías que quedarán vacantes el próximo abril en el INE.

El morenista reiteró que la Junta de Coordinación Política ratifica la plena autonomía del Comité Técnico para que se le dé cumplimiento a lo que establecen las cuatro etapas de la convocatoria.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Ignacio Mier,  informó que por el bien y estabilidad de la Cámara de Diputados, se acordó junto a la Mesa Directiva, que encabeza Santiago Creel, privilegiar el diálogo, garantizar la unidad, el respeto a la pluralidad y una actuación apegada a ordenamientos que rigen la función legislativa.

Este acuerdo pone fin al pleito que surgió entre el bloque oficialista y el opositor Santiago Creel, por la actuación en la ceremonia de apertura de las sesiones, por la presencia de miembros del Ejército armados.

“Tenemos que garantizar que se preserve la unidad de la Cámara de Diputados respetando las diferencias, los puntos de vista que cada grupo parlamentario tiene, o en lo individual diputadas y diputados, sin limitar el derecho que ninguno de los grupos y las diputadas y los diputados tienen, pero velando por que prevalezca la unidad en la diferencia en la Cámara de Diputados”, afirmaron ambos órganos.

En conferencia de prensa, el morenista sostuvo que después de escuchar lo expuesto por el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, se llegó a un acuerdo entre los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios en San Lázaro.

“Hicimos una revisión cronológica de lo sucedido en el marco de lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General y lo que corresponde a las sesiones del Congreso General, las atribuciones de la Mesa Directiva y la coordinación que debe de existir con las fuerzas armadas a través de la Secretaría de la Defensa Nacional”, añadió Mier Velasco.

El acuerdo, expuso el legislador de Morena, contempla la coordinación que debe existir entre la Mesa Directiva y la Jucopo. Además, dijo que se antepondrá la supremacía de la práctica parlamentaria, sin alejarse del marco jurídico que regula la vida interna y organización de la Cámara de Diputados.

“Se va a privilegiar la política como un instrumento para dirimir posibles desencuentros que se presentan en la práctica cotidiana, en la tarea legislativa y de construcción de consensos”, sostuvo.

Ignacio Mier informó que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), desistieron de su solicitud de iniciar un procedimiento de destitución contra el presidente de la Mesa Directiva, como se había solicitado un día después del desencuentro.

“Confirmamos que por el bien de la Cámara y por el bien de la estabilidad, vamos a fortalecer los trabajos en conferencia tanto de la Mesa Directiva como de la Junta de Coordinación Política y los mecanismos de coordinación y de comunicación que hemos tenido”, remató Ignacio Mier.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 263 votos a favor, 26 en contra y 195 abstenciones, el dictamen que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) coordinará la participación de las autoridades para que coadyuven en la vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, en el ámbito que compete a la seguridad nacional.

El dictamen precisa que con esta Ley, se regulan las medidas, acciones y procedimientos para “preservar la seguridad y la soberanía e independencia nacionales del espacio aéreo mexicano”.

Precisa que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo actuará conforme a sus atribuciones al observar alguna de las maniobras de vuelo que se señalan, como es: no activar su código transponder o apagarlo durante el vuelo, cambiar de ruta sin motivo aparente, no establecer comunicación con los servicios de control de tránsito aéreo previstos por la autoridad aeronáutica o con el Centro.

Además, por no contar con información de plan de vuelo, registrar cambios erráticos de velocidad, altura, rumbo o realizar maniobras inusuales, sobrevolar una zona restringida, prohibida, peligrosa, de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano y de identificación de defensa aérea, y cuando una aeronave se encuentre en situación de emergencia.

También refiere los casos en que se considerará como no autorizado o clandestino algún vuelo.

Con estas nuevas disposiciones aprobadas, se constituye el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que según el gobierno tiene por objeto inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.

Así, se estaría entregando el control y supervisión del espacio aéreo a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien coordinará el Sistema-Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo.

La Secretaría de Marina también participará en el Sistema, al igual que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, (SICT);  la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la Guardia Nacional; el Centro Nacional de Inteligencia; la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración.

Tras la aprobación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, la oposición criticó a Morena y aliados, pues los acusó de presentar un acuerdo “carente de análisis y discusión, con argumentos y motivos cortos cuyo único objetivo es militarizar el espacio aéreo nacional”.

La bancada del PRD acusó la propuesta votada a favor por el oficialismo evidenció que el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) carece de una estrategia para combatir a la delincuencia organizada y que los problemas del país lo están rebasando.

“Se da el aval para que sea la Secretaría de la Defensa Nacional quien vigile y resguarde el espacio aéreo, en lugar de que lo siga haciendo la autoridad civil (…) ¿Conocen el Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA)? Tiene la tecnología para detectar, vía satelital, aeronaves sin permisos de vuelo. Cuenta con 80 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana que trabajan las 24 horas, los 365 días del año”, reclamaron los perredistas.

Adelantaron que la Suprema Corte podría invalidar dicha Ley, pues tal como ha pasado en otras ocasiones, se intenta ir en contra de lo establecido en la Constitución.

Por su parte la bancada de Movimiento Ciudadano rechazó la Ley, pues dijo, además de contravenir el artículo 129 de la Constitución, su implementación invadiría competencias, generando problemas de coordinación que podrían derivar en accidentes aéreos.

“No existe justificación para separar o centralizar las funciones aeronáuticas que actualmente se regulan en la Ley de Aviación Civil.  Por el contrario, la modificación afectaría la vigilancia y la regulación de sanciones al ampliar este rubro de seguridad nacional, lo que abre las puertas de la discrecionalidad”, dijeron los legisladores comandados por el diputado Jorge Álvarez Máynez

“En la Bancada Naranja vamos a seguir evidenciando la embestida al sector aeronáutico, que fue ignorado y cuyo personal verá una afectación en sus derechos laborales. Contrario a la militarización que aprueba el régimen, el sector merece una atención urgente para mejorar y ampliar su personal técnico con la finalidad de garantizar la seguridad del espacio aéreo”, remató.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a los senadores que lleguen a un “consenso” respecto al llamado “Plan B”, la polémica reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que fue apoyado por Moena y aliados en la Cámara de Diputados.

“La relevancia de la elección federal en el año 2024 en la que se elegirá presidente de la República, y de los procesos locales que se llevarán a cabo este año, precisa de un marco electoral que otorgue certidumbre y, sobre todo, que sea producto del diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas”, dijo el organismo en un comunicado.

Y es que la iniciativa que se discute en el Senado incluye reformas a leyes electorales con las que, según el presidente López Obrador, se pretenden ahorrar 3,500 millones de pesos, eliminar facultades para sancionar partidos y funcionarios, así como desaparecer el conteo rápido que se da inmediatamente después de una elección.

Estos cambios, conocidos como el “Plan B”, llegó luego de la reforma constitucional que López Obrador presentó al Congreso y que fracasó al no alcanzar los apoyos necesarios para aprobar los cambios constitucionales.

La oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE) han presentado ya impugnaciones en contra de la reforma, argumentando que pone en riesgo la autonomía y la confiabilidad de las elecciones en beneficio del gobierno y del partido en el poder.

El CCE recordó que en 2024 se efectuarán comicios “de suma importancia” como la renovación de la totalidad de los integrantes del Congreso Federal, ocho gobiernos estatales y el Gobierno de la Ciudad de México, entre otros puestos.

Por ello, dijo, se requieren instituciones “fuertes y de un marco de convivencia política que privilegie los acuerdos y la construcción de consensos, a fin de consolidar los avances democráticos logrados en las últimas décadas, que han permitido la organización de elecciones libres y transparentes en México”, apuntó el CCE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió este jueves la contratación de un exfuncionario chavista, para que participe en el diseño de los libros de texto gratuitos en la Secretaría de Educación Pública (SEP)-.

El mandatario calificó como “politiquería del conservadurismo” las críticas que se han hecho por incorporar como subdirector de Materiales Educativos de la SEP a Sady Arturo Loaiza, quien trabajó en el gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

“Es politiquería del conservadurismo. Es igual que (cuando dicen) ‘ya nos vamos a volver Venezuela, ya nos vamos a volver Cuba'”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

“Ya nos estamos ‘venezolando'”, dijo entre risas el presidente López Obrador.

Y es que la polémica surgió después de que el PAN consideró “inaceptable” que el gobierno haya contratado a Loaiza para participar en el análisis y rediseño pedagógico de materiales de contenidos de telesecundaria, así como en la elaboración de libros de texto de educación básica.

“Los contenidos de los libros de la SEP no pueden ni deben estar en manos de un ideólogo y populista que colabora con Nicolás Maduro”, reclamó el PAN.

Sin embargo, López Obrador cuestionó que la oposición “estigmatice a un pueblo”. “Es de pena ajena. Ahora un profesional o dos que estuvieron en Venezuela y que estén trabajando en la SEP, es un escándalo”, sostuvo.

Loaiza, según expuso el PAN, fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela entre 2014 y 2018, así como también director general de Proyectos Especiales del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.

Pese a ello, López Obrador defendió la experiencia del funcionario y la incorporación de lecturas de pensadores como Lenin y Marx a los libros de texto. “Entonces estamos adoctrinando”, se burló el presidente.

Recordemos que López Obrador ha enfrentado críticas de la oposición por su postura frente al gobierno de Maduro en Venezuela y de Miguel Díaz-Canel en Cuba.

En ese sentido, AMLO comparó la controversia del funcionario chavista con la que afrontó el año pasado por contratar a cientos de médicos cubanos para cubrir el déficit de especialistas en la sanidad pública en el país.

“Es como los médicos de Cuba, que vienen a ayudarnos porque necesitamos especialistas y el derecho a la salud es un derecho humano fundamental. ¿Qué tiene que ver con las ideologías? Pero así son los conservadores”, remató.