La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó a la Cámara de Diputados que 10 delegados estatales de la Secretaría de Bienestar, los llamados superdelegados, están siendo investigados por el presunto uso indebido de programas sociales.
Los delegados investigados son de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, junto con el de Jalisco, que fue separado de su cargo, indicó la secretaria federal.
“Estamos procesando 12 denuncias en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo. Una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”, expuso.
Sandoval Ballesteros recordó que la utilización indebida de los programas sociales ya es delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa.
Comentó que la SFP también ha realizado auditorías a los programas sociales, pues recordó que desde principios de la administración firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional Electoral, para dar transparencia a toda la utilización de los programas sociales.
Durante su comparecencia ante los legisladores con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, Sandoval Ballesteros sostuvo que la SFP está combatiendo la impunidad sin filias ni fobias, y aseguró que “no hay intocables ni perseguidos”.
“Investigamos lo mismo a servidores públicos de la administración actual, destacados servidores públicos de la administración actual, que servidores públicos que tenían procesos abiertos en las administraciones anteriores y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos”.
La funcionaria enfatizó que la dependencia a su cargo, entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, ha impuesto casi 3 mil sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.
Sandoval Ballesteros indicó que del 1 de diciembre de 2018 al 15 de octubre de 2019, la SFP ha recibido 30 mil 605 denuncias ciudadanas que han dado lugar a más de 25 mil investigaciones, de las cuales 5 mil 510 ya están concluidas.
