La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no interpondrá ninguna Acción de Inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por el pasado 8 de septiembre en el Senado de la República, mediante  las cuales se transfirió el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la SEDENA.

“Esta Comisión Nacional, con plena conciencia de su misión y en ejercicio de su autonomía, declara que no interpondrá Acción de Inconstitucionalidad alguna contra las reformas aprobadas por el Senado. Vamos a hacer algo más que eso: sumarnos a la ejecución de las reformas, mediante su observancia y monitoreo, atendiendo las quejas desde luego, que pudieran derivarse de posibles violaciones de derechos humanos que se cometan, pero también impulsando acciones preventivas, iniciativas de capacitación y formación que garanticen que en esta etapa de construcción de una Guardia Nacional consolidada, se afiance a la vez que su carácter civil, el compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones”, dijo la CNDH en un posicionamiento emitido anoche.

La CNDH coincidió que las modificaciones legislativas tenían dos propósitos fundamentales: fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional (GN) “como un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado”, y garantizar el cumplimiento efectivo de los fines constitucionales de dicha institución de policía para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la preservación del orden público y la paz social, con pleno respeto a los derechos humanos y a los estándares internacionales en la materia”.

Recordó que el dictamen aprobado  reconoce que la existencia de una crisis de inseguridad y violencia, relacionada con la actividad del crimen organizad: un problema de seguridad nacional y seguridad pública.

Ante las críticas que se han hecho a las reformas, la CNDH precisó que “lo relevante” del dictamen es que en el documento aprobado no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia.

“Esta Comisión Nacional considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la SEDENA puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado”, dijo la Comisión.

Afirmó que las fuerzas de seguridad pública estatales y municipales no han podido contener la acción de la delincuencia organizada en distintos puntos del país, por lo que es prioritario que la Guardia Nacional intervenga, con estricto respeto a los Derechos Humanos.

La CNDH sostuvo que es fundamental que se reconozca, y se preserve, en el marco jurídico de la Guardia, el espíritu de su creación, y en ese sentido recalcó que en México no hay un mando militar arbitrario, y no se continuidad a las políticas de militarización que prevalecieron en los sexenios anteriores.

Añadió que la violencia generada por la delincuencia organizada afecta a la ciudadanía y el goce pleno de sus derechos humanos; además de que se puede llegar a poner en riesgo la seguridad nacional, y por ende los derechos humanos de todas y todos.

“En México será necesario que la Guardia Nacional, bajo la administración de la SEDENA, vaya de la mano con Instituciones del Estado y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para construir protocolos y normativas que garanticen la formación y profesionalización de sus integrantes, y desde luego su actuación, con un enfoque de derechos humanos”, precisó la Comisión.

En ese sentido, apuntó que la Guardia Nacional debe contar con un enfoque diferenciado de formación al de las fuerzas armadas, pues su incorporación a la SEDENA no significa que se cuente con los mismos planes de capacitación.