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Las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que pretenden restringir las concesiones en la industria minera son contrarias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió este miércoles el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el T-MEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”, expuso el CCE en un comunicado.

El Consejo consideró que tanto la reforma minera como la de distintas leyes en materia administrativa sobre las contrataciones en el rubro de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, ambas en proceso legislativo en el Congreso, están vinculadas directamente con el desarrollo del país.

“Esta reforma va en sentido contrario a lo que se requiere para impulsar el mayor desarrollo de la industria minera y de la infraestructura pública, en perjuicio del país”, expuso la cúpula empresarial.

Esta valoración se sustenta, aseguró el comunicado, en análisis jurídicos y técnicos de especialistas del organismo y de su experiencia en la minería, que representa el 2.5% de la economía nacional, y la infraestructura.

Por su “intensa actividad en ambos temas” y “la relevancia de los mismos para el desarrollo del país y para la certeza de la inversión”, el CCE solicitó que se abra en el Congreso una discusión al respecto en el que esté incluido.

Y es que la reforma de la Ley Minera, presentada por López Obrador el pasado 28 de marzo, propone otorgar concesiones de minas solo mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de acortar la duración de los permisos de los 50 años actuales a 15 con posibilidad de una sola prórroga.

Los riesgos que el presidente niega han sido señalados no solo por la CCE, sino también por la Cámara Minera de México (Camimex), que argumentó que la reforma afectaría a un sector que invierte más de 4,000 millones de dólares al año con 406,000 empleos directos.

“Si se aprueban como están propuestos, los cambios serán negativos a nivel crediticio para el sector minero, lo que incrementaría la carga regulatoria de los productores y elevaría el riesgo de la terminación temprana de sus actuales concesiones”, expuso por su parte un reporte de la agencia Moody’s Investors Service.

Al respeto, esta mañana el presidente López Obrador negó que existan riesgos para la inversión por la reforma que propone para restringir los permisos para la minería.

“No hay ningún problema, es buscar que se cuiden los recursos naturales, que se cuide el futuro de las nuevas generaciones, no se trata de destruir el territorio, (sino de) cuidar el medio ambiente, pero de manera auténtica, no de forma simulada”, expuso en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario insistió en que “no hay ningún riesgo, no existe ningún problema con las mineras”.

“Vamos a suponer que con esta iniciativa se fueran la mitad de los concesionarios que hay en la industria minera, o para decirlo de otra manera, que se cancelaran la mitad de las concesiones, con esa mitad alcanzaría para explotar la industria minera más de 1,000 años”, añadió AMLO..

Fiel a su discurso, denunció que durante el periodo neoliberal entregaron concesiones a diestra y siniestra para la explotación minera.

Señaló que, durante un momento, el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas, estaba concesionado para alguna actividad extractiva.

“Con esas concesiones no invertían nada, ni exploraban nada, ni explotaban nada, especulaban, como no pagaban impuestos porque Salinas les quitó el impuesto de extracción de mineral, algo que no pasaba en ningún país del mundo”, reclamó.

Ante los señalamientos que surgieron luego de las declaraciones del secretario de Gobernación, respecrto a un presunto pacto entre Morena y el PRI para sacar adelante más reformas, como la electoral, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, aseguró que sus legisladores jamás avalarán una reforma que vulnere a los árbitros electorales.

Alito Moreno anticipó que si la reforma electoral que propone el gobierno vulnera la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJF), los legisladores priistas votarán en contra, aunque no cerró completamente la puerta a un eventual apoyo.

“La reforma electoral “tan discutida, tan anunciada, que se ha impulsado, y que se ha dado a conocer a los ciudadanos, es una reforma que el PRI jamás avalaría”, dijo el dirigente del PRI, al señalar que ni la Cámara de Diputados ni en el partido se ha presentado iniciativa alguna de reforma electoral, “porque para nosotros no es tema ahorita”.

Expresó que “lo que estamos haciendo nosotros es analizar, escuchar lo que venga” dejando ver que sí están dispuestos a revisar la propuesta de Morena, aunque matizó al decir que “nada de que el PRI abre la puerta. El PRI discute todos los temas, siempre”.

Fue enfático al señalar que los priistas “no vamos a avalar nada que dañe al INE, al Tribunal Electoral; que lastime la democracia, que es lo que todos estamos defendiendo. No vamos a aceptar nada que vulnere autonomía, fortaleza, transparencia de instituciones que son sólidas en nuestro país”.

Y es que ayer, durante una reunión con las y los diputados de Morena, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que la iniciativa que el PRI presentó para ampliar la presencia del ejército en tareas de seguridad, tal como lo quería el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue resultado de un pacto entre Morena y el PRI, con la anuencia del inquilino de Palacio Nacional.

Contó que Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, “me llamó y me dijo: ‘oye, quiero platicar contigo’, y lo vine a ver. Yo sentía que me quería comentar algo. Hablamos del informe y al final me pregunta, ‘oye y no te han visto nuestros amigos?’ Y le digo ‘ay Nacho, ¿de qué amigos me hablas?’, ‘esos con los que platicábamos la reforma eléctrica'”, en referencia a los priístas.

Añadió que Mier le dijo “fíjate que me buscaron y nos invitan a construir un consenso” referente a la Guiardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

Tras recibir el mensaje de Ignacio Mier, López Hernández acudió a Palacio Nacional para transmitirlo al Presidente López Obrador.

Las diputadas y los diputados del PRI señalaron que contrario a lo que se ha señalado por parte del gobierno y su bancada en relación a la moratoria constitucional que anunciaron en días pasados, esta semana presentaron cinco iniciativas y 10 puntos de acuerdos, lo que se demuestra que no significa dejar de legislar o incumplir con los compromisos que tienen con la ciudadanía.

Acararon que la moratoria constitucional se refiere a no aprobar reformas a la Constitución que puedan afectar a las instituciones y sean perjudiciales para los mexicanos, específicamente aquellas que provengan del Ejecutivo y la bancada oficialista.

Puntualizaron que se mantendrán en la línea de defender a los organismos autónomos, como son el Instituto Nacional Electoral (INE), pues desde la llegada de la actual administración, se le ha atacado con la intención de imponer un régimen dictatorial.

También dijeron se defenderá a otras instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Sobre el tema de la Guardia Nacional, la bancada priísta dijo que han advertido que en materia de seguridad hay una crisis terrible por falta de administración y de reglas para los recursos humanos de dicho cuerpo policiaco, que debería discutirse, pero ante la polarización y cerrazón de Morena es imposible.

“Una breve pausa para hacer cambios a la Constitución es pertinente, ya que cuando el partido oficialista no escucha, ni debate, ni incluye opiniones, para pasar leyes a modo de un Poder del que deben ser independientes, no hay otra salida que evitar la pérdida de tiempo y trabajar en otros temas que son de gran interés y necesidad para México”, añadió Moreira Valdéz.

Entre los problemas de importancia mencionó la crisis en el sistema de salud, el alto índice de feminicidios, ataques a periodistas y activistas, la estrategia para encontrar a las personas desaparecidas, el incremento de la pobreza, la inflación, la falta de apoyo a pequeñas empresas, a las mujeres y al campo.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada, adelantó que ya se preparan para trabajar en septiembre, octubre y noviembre para el tema del presupuesto.

Sobre la posición del PRI y el futuro del partido como oposición, en Broojula te presentamos el mejor análisis de la mano de Dulce María Sauri, exdirigente nacional del partido, quien habla, entre otras cosas, de la reunión que se tuvo en la sede nacional del tricolor, entre Alejandro Moreno y expresidentes del partido.

Pese a los señalamientos que se han hecho sobre una posible fractura en la coalición “Va por México”, debido a los malos resultados que la jornada electoral del 5 de junio dejó y que se le atribuye nen gran medida al PRI, los dirigentes de los tres partidos aseguraron que la alianza se encuentra fuerte, firme y va con todo.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien en los últimos días se ha visro envuelto en una serie de escándalos, aseguró que en el 2023 la oposición le va a ganar a Morena y aliados en el Estado de México y Coahuila, además de que confían recuperar la presidencia en 2024.

Moreno aseguró que Morena sabe que son una alianza potente, por lo que sostuvo que “ni nos van a doblar, ni nos van a echar atrás”. “La del 5 de junio fue una elección de Estado”, subrayó, al tiempo que propuso crear en el Congreso de la Unión una Comisión de Investigación sobre la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, “que tenga autonomía y representación de todas las fuerzas políticas”. Apuntó que en Tamaulipas hay un pacto de Morena con el crimen organizado, “una complicidad que no tiene cabida en este país”.

Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, anunciaron que habrá una “moratoria constitucional”, es decir, que lo que queda de la actual administración, los grupos parlamentarios de oposición no aprobarán ninguna reforma constitucional.

Cortés Mendoza, dirigente el PAN,  dijo que la firma de la moratoria constitucional de la coalición tiene el fin de preservar la división de poderes y la democracia, severamente lesionados en los tres años del actual gobierno.

“Ante la urgencia entonces de preservar nuestra República, hoy los partidos de la coalición Va por México, presentamos una moratoria constitucional y hacemos un llamado a la sociedad a sumarse para denunciar cualquier violación al marco legal, tanto a nivel local como federal que pongan en riesgo la democracia que tanto nos ha costado construir”, dijo.

Cortés Mendoza subrayó los cinco puntos de la moratoria constitucional de la coalición Va por México:

  • Durante el tiempo que resta a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, los Grupos Parlamentarios no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • Las y los diputados y senadores que presidan y participen en los órganos de gobierno, así como las comisiones y grupos de trabajo, participarán solo en términos estrictamente indispensables e institucionales para dar curso y trámite al proceso legislativo.
  • Estarán alertas para impedir que se aprueben iniciativas que violen la Constitución y en esos casos continuarán recurriendo a los mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • Como oposición responsable, continuarán impulsando diversas iniciativas a la legislación secundaria que mejoren en cualquier aspecto la calidad de vida, de salud, económica y de seguridad de las y los mexicanos, y todos aquellos otros temas que fomenten la democracia

Finalmente, el panista señaló que a Va por México no lo van a dividir a pesar de los ataques y calumnias, que provienen del propio presidente de la República y sus brazos ejecutores en el Congreso de la Unión.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre las reformas a la Constitución que se han hecho en lo que va de su administración, comparándolas con lo que se hizo en el pasado, asegurando que lo que se hizo en otros gobiernos fue reformar la Constitución para legalizar el saqueo y el robo.

“Fueron ajustando al marco constitucional, el marco legal, para llevar a cabo el saqueo de los bienes de la nación, desde Salinas hasta el último gobierno neoliberal”, dijo AMLO.

Mencionó casos como el aumentos de impuestos; la reforma fiscal; la entrega de los bancos y de las empresas públicas; la reforma laboral, donde se permitió la subcontratación; la reforma para privatizar la industria eléctrica y sector petrolero; la reforma educativa; las reformas que afectaron las pensiones y las jubilaciones, entre otras.

Indicó que bajo su gobierno, se han hecho cambios que han sido en beneficio de la ciudadanía, como la creación de la Guardia Nacional; la prohibición a que se condonen impuestos a las grandes empresas; establecer como delito grave el huachicol; elevar a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores así como a niñas y a niños con discapacidad o las becas para estudiantes de familias pobres.

Señaló que en dado caso de que llegara otro movimiento al poder, y quisieran dar marcha atrás a las distintas reformas, necesitarían contar con el apoyo de las dos terceras partes de los legisladores del Congreso, es decir, mayoría calificada, lo que aseguró “ya no lo van a poder tener”.

Fue en ese punto donde mencionó que a pesar de los cambios y reformas que se han logrado, faltan tres reformas que él considera muy “importantes”.

La primera, mencionó, es una reforma para que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que insistió, en el pasado se querían destruir a la Comisión para darle preferencia a las empresas privadas de generación de energía eléctrica.

La segunda reforma es la que tiene que ver con la Guardia Nacional, y que ya había anunciado semanas atrás. Se trata de una reforma que buscará que la corporación quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que no pase lo que sucedió con la Policía Federal, que se “echó a perder porque se corrompió”.

Insistió en que si se deja a la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa se tendrá la garantía de que no se va a “pudrir”.

La tercera reforma que hace falta, dijo el presidente, es la electoral, para que se termine con toda posibilidad de fraude electoral, además de que buscará reducir el costo de las elecciones en México, pues reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el aparato electoral más costoso del mundo.

En esta reforma, aclaró, no todo será el INE, sino que también se pretende reducir las prerrogativas que se entregan a los partidos políticos.

Sobre lo declarado por el mandatario, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que la coalición legislativa ‘Va por México’ no permitirá que ninguna reforma dañe a las y los mexicanos.

“Es una irresponsabilidad y una actitud acorde con sus pretensiones dictatoriales que, sabiendo que la población está padeciendo una violencia desmedida en el país, la falta de medicamentos, empleo, salarios dignos y violencia en contra de las mujeres, Andrés Manuel López Obrador centre su atención en impulsar estas reformas constitucionales”, expresó.

Respecto a la reforma energética con la que se pretende garantizar el control absoluto a la CFE, señaló que es un anacronismo que solo traerá más corrupción, así como el abandono de la inversión en energías limpias, no contaminantes y un atentado contra la capacidad de producción y la competitividad de las empresas, lo cual también provocaría un incremento excesivo en el costo de la luz, afectando a los más vulnerables, a la vez que menos generación de empleos. “Por eso lo decimos claro: no van a pasar, las vamos a frenar”, aseguró.

En relación con el anuncio que hace meses hizo el presidente de la República y que hoy reiteró sobre adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, Zambrano Grijalva insistió en que lo que urge es el cambio de estrategia, no de andar moviendo a los elementos de una dependencia a otra y mucho menos adscribirla a la Sedena, con lo que se militarizarían de lleno las funciones policiales.

“Que ya abandone la estrategia y el discurso de los abrazos y no balazos; a las bandas delincuenciales hay que combatirlas, no consecuentarlas como ocurrió en las elecciones en Michoacán y varios estados de la República, donde ahora los criminales humillan a las fuerzas armadas. Con esa estrategia, la Guardia Nacional es un ente inservible”.

Finalmente, en relación con un reforma en materia electoral, el perredista recordó que los más tramposos y “mapaches” de esta elección fueron los de Morena. “¿O ya se les olvidó que Morena usó la vacuna y programas sociales con fines electorales al través de su ejército electoral de los mal llamados Servidores de la Nación , y que rebasaron topes de gasto de campaña?”.

Cuestionó que querer eliminar al INE bajo el argumento de que es muy costoso en realidad encubre la intención de someterlo al gobierno, quitarle su autonomía, y regresar a los tiempos del control de las elecciones desde la Secretaría de Gobernación.

Pese a lo que ha expresado el presidente López Obrador, acerca de que la bancada afín a su movimiento buscará acuerdos para lograr sacar adelante la agenda de la 4T, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que con la legislatura que comenzará el próximo primero de septiembre, será más complicado construir acuerdos y aprobar las distintas reformas que se tienen contempladas.

“Será un tanto más complicada la construcción de acuerdos, pero con el respeto irrestricto y la cooperación política de todos los grupos podremos obtener resultados muy importantes”, sostuvo la funcionaria.

Sánchez Cordero indicó que la próxima legislatura será plural, por lo que será indispensable mantener un diálogo permanente, constructivo, de respeto y cooperación política con los distintos grupos parlamentarios, en referencia a la oposición.

La funcionaria reiteró su compromiso para encabezar un diálogo franco y abierto. “Les reitero que la secretaría a mi cargo servirá de puente político entre las fuerzas, respetando en todo momento las atribuciones constitucionales de los poderes de la Unión”.

Durante su participación en el foro ‘Bases Constitucionales de la Cuarta Transformación’, organizado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la titular de Gobernación aseguró que se trabajará de la mano con el Poder Legislativo sin protagonismos, sin polarizaciones ni fragmentaciones; entendiendo la conformación del espectro parlamentario y trabajando al servicio del pueblo de México.

Recordó que la administración del presidente López Obrador emprendió 29 reformas hasta el 30 de abril de 2021; de éstas 18 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mismas que calificó como un “parteaguas de transformaciones sociales” significativas que desafían décadas de corrupción y marginación del pueblo de México.

Al asegurar que la democracia “no tiene reversa”, enfatizó que México es un país de leyes e instituciones sólidas que sostienen la gobernabilidad, la paz y la unidad de la República.

La diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, presente en el evento, indicó que desde la llegada de la Cuarta Transformación se ha dado un cambio pacífico y democrático dentro de una sociedad pluricultural.

Finalmente, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, precisó que con las adecuaciones se trabaja en materia de igualdad, seguridad, soberanía energética y sacar a los mexicanos de las condiciones de vulnerabilidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este martes que, de aquí al 2023, presentará a la Cámara de Diputados tres reformas constitucionales, que tiene que ver con el sector eléctrico, con la renovación del Instituto Nacional Electoral  (INE) y el reforzamiento de la Guardia Nacional.

“Las reformas que vamos a promover básicamente son tres, y (se darán) en su momento, porque ya las principales reformas constitucionales fueron aprobadas”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa de Palacio Nacional.

Tal y como había adelantado el pasado 10 de junio, el mandatario detalló que la primera iniciativa de reforma está relacionada con que se fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e indicó que espera presentarla a finales de este año o a más tardar a principios del 2022.

Aunque a inicios de 2021 el presidente envió una reforma legal, pero no constitucional, en materia de energía eléctrica, una serie de amparos judiciales han impedido que pueda avanzar, lo que ha generado una confrontación entre el gobierno federal y la iniciativa privada.

Dicha reforma constitucional, indicó, buscará entre otras cosas que el 56% del mercado del despacho eléctrico sea para la CFE y el 46% quedará en manos de particulares.

“Se hizo una reforma a una ley para resolver este problema, pero todavía no se publicaba la ley para resolver este problema y empezaron (a darse) los amparos. ¿Entonces qué nos queda? Una reforma constitucional”, advirtió López Obrador.

La segunda reforma, afirmó, será la que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral (INE), para darle una “verdadera” independencia al organismo, “y que no domine el conservadurismo”, esto luego de las elecciones del pasado 6 de junio.

“Tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas. Se lo dije a los empresarios. ¿Qué es un demócrata? Es una gente que independientemente de su origen de clase o de su manera de pensar, actúa con rectitud”.

AMLO no descartó que la reforma vaya dirigida a la renovación del INE, o incluso a la creación de una nueva autoridad electoral. Esta iniciativa, dijo, será presentada en 2022. Adicional, dijo que la reforma electoral también buscará reducir los costos de las elecciones en México, especialmente lo que se refiere a las prerrogativas que se les entregan a los partidos políticos.

En ese sentido, AMLO señaló que el país “no está para eso” y de hecho acusó que las elecciones en México son las más caras del mundo. Arremetió que los actuales órganos electorales intervinieron en su momento para evitar que llegara un “populista a la Presidencia”, al grado de promover el fraude electoral.

La reforma también buscaría acortar el número de legisladores, tanto Diputados como Senadores; sugirió que deben desaparecer los legisladores plurinominales. “Vamos a reformar la Ley, la Constitución para que haya democracia plena”, remató el mandatario.

Finalmente, la tercera reforma que enviará esta relacionada con la Guardia Nacional, con el fin de que no se “eche a perder” tal como ocurrió con la Policía Federal. Precisó que lo que buscará es que la corporación pase de estar bajo el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Precisó que lo que él “considera” correcto y benéfico para el país es que la Guardia Nacional no acabe en manos de alguna dependencia como la Secretaría de Gobernación, pues eso provocaría que en seis años esté “echada a perder”.

Al decir que la Guardia Nacional necesita seguirse consolidando, pues recordó que nació apenas en marzo de 2019, adelantó que es posible la iniciativa sea presentada en 2023, es decir, en el último tramo de su administración.

Recordemos que López Obrador ha ampliado enormemente el papel de los militares en temas relevantes del país, tanto en temas de infraestructura, economía y de seguridad; ha puesto al Ejército a cargo de los puertos marítimos y las aduanas, y le ha dado a la Marina la propiedad parcial del enlace ferroviario y portuario multimodal en todo el istmo sur del país.

En diciembre, el presidente le dio al Ejército el control operativo y las ganancias de otro de sus proyectos favoritos, el Tren Maya. El Ejército utilizaría las ganancias para financiar las pensiones militares, aunque no está claro que el proyecto vaya a generar utilidades.

AMLO aclaró que entre las iniciativas de reforma que enviará no está considerada ninguna que tenga que ver con el aumento de impuestos, que dijo, fue un tema que habló con los empresarios en la reciente reunión que sostuvo con alguno de ellos.

Finalmente, López Obrador sostuvo que si las reformas que presente no son aprobadas por los diputados y senadores, ahora que Morena no tiene la mayoría calificada en la Cámara baja, aun con la ayuda de sus partidos aliados, será “responsabilidad de los legisladores” y tendrán que asumir su responsabilidad.

La Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de este miércoles 09 de diciembre resultó muy ‘productiva’ para los legisladores, ya que en cerca de 13 horas, se aprobaron diversas reformas como la relativas al teletrabajo, la del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley de Seguridad Nacional, entre otras.

El Pleno del Senado aprobó, en lo general y particular, con 91 votos a favor, la minuta que reforma el artículo 311 y adiciona el capítulo XII BIS de la Ley Federal de Trabajo, en materia de teletrabajo.

El dictamen a la minuta que regula el teletrabajo, establece una nueva definición de trabajo a distancia, entendido como el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.

Esta modalidad de trabajo, agrega el dictamen, es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, que no requiere la presencia física de la persona trabajadora en el centro de trabajo y que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación.

Se establece que las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido por ésta, se regirán por las disposiciones del Capítulo denominado Teletrabajo. Y señala que no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica.

En el dictamen, también se señala que las condiciones de trabajo se harán constar por escrito mediante un contrato y cada una de las partes conservará un ejemplar. La modalidad de teletrabajo, agrega, formará parte del contrato colectivo de trabajo, que en su caso exista entre sindicatos y empresas, y deberá entregarse gratuitamente una copia de estos contratos a cada uno de las personas trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad.

Los Senadores también aprobaron un dictamen que modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a efecto de que los concesionarios de radio y televisión puedan pagar, en anualidades, las contraprestaciones por prórrogas.

El proyecto de decreto fue avalado, en lo general y en lo particular, con 94 votos en pro y una abstención.

La reforma establece que, para el pago de la contraprestación por prórroga, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podrá poner a la consideración del concesionario de radio y televisión, “si desea realizar el pago en anualidades durante el tiempo de vigencia de la concesión o en una sola exhibición”.

Se precisa que, en caso de que el pago sea en anualidades, se actualizará y se calcularán los importes conforme a las disposiciones fiscales, sin perjuicio del erario.

Por unanimidad, el Senado también aprobó la minuta que reforma las Leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, cuyo objetivo es garantizar el acceso efectivo a los seguros de invalidez, vejez y cesantía.

Según el texto, la minuta tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los trabajadores sujetos al régimen pensionario de la Ley del Seguro Social, mediante el aumento de sus pensiones, incremento del porcentaje de trabajadores que perciban una pensión garantizada y un entorno más eficiente y competitivo en la administración de sus ahorros. Establece que las administradoras de fondos para el retiro deberán situar las comisiones que cobran por sus servicios en niveles similares a las mejores prácticas internacionales.

La minuta reduce, de mil 250 semanas a mil semanas, el número de semanas de cotización que se requieren para gozar de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez. Incrementa, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5%, más cuota social a 15%. Asimismo, aumenta el monto de la pensión garantizada que se otorga a los trabajadores.

De igual forma se aprobó la minuta que establece que el trabajador o sus beneficiarios podrán exigir, dentro de un plazo de 10 años, los recursos de la subcuenta de vivienda. El dictamen reforma el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se avaló con 90 votos a favor.

Precisa que dentro del año previo al que se cumpla dicho plazo, el Infonavit hará del conocimiento del trabajador y, en su caso, a sus beneficiarios, el tiempo que ha transcurrido desde que el derecho era exigible, de tal forma que puedan acudir a reclamar los recursos. También dispone que, al no ser ejercido este derecho, se podrán utilizar dichos recursos para constituir una reserva financiera que será administrada por el propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El Pleno también aprobó en unanimidad, con 88 votos en favor, el proyecto de decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de crédito de vivienda.

El documento establece que los trabajadores podrán recibir directamente los créditos, sin intermediarios, para adquirir en propiedad suelo destinado a edificar su casa. Anteriormente, el crédito sólo podía ser usado para la compra de vivienda nueva o usada, construcción y remodelación de una residencia.

Se precisa que las y los trabajadores podrán elegir de qué forma usará su crédito, disponiendo de manera directa esos recursos para erogarlos en la adquisición, construcción, ampliación o reparación de vivienda. Asimismo, los trámites se reducirán, ya que no se encontrarán obligadas u obligados a actuar a través de un intermediario.

Una de las reformas que más llamó la atención fue la relativa a la Ley de Seguridad Nacional que envió el presiente y que apenas ayer se había aprobado en comisiones.

El Pleno aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto con 71 votos a favor, 20 en contra y una abstención; en lo particular se registraron 72 votos en favor y 14 en contra.

Se indicó que la modificación tiene el objetivo de regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.

Establece la definición de agentes extranjeros, a fin de especificar que se trata de funcionarios extranjeros que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes y otras disposiciones de carácter reglamentario o aquéllas de carácter técnico especializado.

Plantea que las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar a las autoridades correspondientes, los hechos de que tengan conocimiento en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional.

Asimismo, los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para el intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por nuestro país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Defensa Nacional y de Marina (SEDENA), resolverá sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate, aplicando para tales efectos, el principio de reciprocidad bilateral.

A fin de fortalecer el manejo de información e inteligencia, planeación y ejecución de operaciones, plantea que los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, entreguen a las autoridades correspondientes, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros, un informe por escrito de estas.

Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a hacer detenciones, acciones tendientes a la privación de la libertad, allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución y las leyes nacionales aplicables, por lo que deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física. Finalmente, se les autoriza portar las armas de fuego que, en su caso, les autorice la SEDENA.

En el caso de que se compruebe que un gobierno extranjero por conducto de sus agentes incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, nuestras autoridades suspenderán la ejecución de los convenios de cooperación bilateral y prohibirá la realización de actividades por parte de los agentes extranjeros en territorio nacional.

En materia de inmunidad, señala que los agentes extranjeros no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas.

Además de las reformas aprobadas, el Pleno del Senado de la Republica ratificó la designación de Graciela Márquez Colín como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) La ratificación se dio con 76 votos a favor, 17 en contra y una abstención..

En tanto, con 84 votos en favor y nueve en contra, el Pleno aprobó la designación hecha por AMLO, en favor de Galia Borja Gómez, como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), por un periodo de ocho años, contados a partir del 1 de enero de 2021.

Con 69 votos a favor y 25 en contra, el Pleno del Senado aprobó el nombramiento de Laura Itzel Castillo Juárez, como Consejera Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por un periodo de cinco años. Castillo Juárez fue designada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante que dejó Francisco José Garaicochea y Petrirena, con motivo de la conclusión del cargo, el pasado 19 de septiembre de 2020.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 77 Bis 17 y modifica el párrafo segundo del artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud.

Con dichas reformas,  el gobierno federal podrá disponer de cerca de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud, conocido como de Gastos Catastróficos.

Luego de que ayer la oposición lograra que dicho dictamen no se discutiera y en su caso aprobara como lo pretendía el bloque de la Cuarta Transformación, esta miércoles las bancadas de Morena, PT y PES lograron sumar 254 legisladores para poder reunir el quórum necesario. Se requerían 251.

La votación que se registró fue de 242 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones. La a oposición no votó para evitar quórum, sin embargo no lograron detener la aprobación. Reclamaron a la presidenta de la Mesa Directiva no cerrar el tablero a tiempo, dando oportunidad de que más diputados pudieran emitir su voto.

En el dictamen se precisa que cuando el Fondo de Salud para el Bienestar acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos como aportaciones al fideicomiso del Fondo, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos correspondiente a la Tesorería de la Federación o mediante el Fondo de Salud para el Bienestar.

Los recursos acumulados que se mantengan en el Fondo seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, necesidades de infraestructura, abasto y distribución de medicamentos y otros insumos y el acceso a exámenes clínicos, conforme lo establece el artículo 77 bis 29 de esta Ley.

El artículo Segundo Transitorio precisa que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que, a más tardar el 1 de abril de 2021, concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta treinta y tres mil millones de pesos del patrimonio de ese Fideicomiso, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Debido al enfrentamiento entre los legisladores de Morena y oposición, no se pudo continuar con la discusión de las reservas.

Sobre la aprobación de las reformas, la Coparmex advirtió que la medida impactará de forma inevitable en la calidad de vida de miles de mexicanos, dado que el Fondo de Salud para el Bienestar es el único mecanismo de protección para personas sin seguridad social que tienen alguna enfermedad de alto costo o “gasto catastrófico”.

“En la Coparmex lamentamos profundamente que se concretaron las intenciones manifestadas por algunos legisladores para reformar la Ley General de Salud, a fin de hacer un uso discrecional del dinero del Fondo de Salud para el Bienestar”.

Esta tarde, el presidente interino del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció una alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), enfocada en respaldar la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Este evento es un evento de respaldo al presidente de la República, a las medidas que está tomando y un compromiso expreso para continuar desarrollando las acciones comunes en el poder legislativo”.

Indicó que la alianza tiene como objetivo el respaldar e impulsar las reformas legales y constituciones que el presidente López Obrador ha presentado al Congreso, con el fin de lograr la transformación del país.

Afirmó que los tres partidos políticos coinciden y reiteran su compromiso de defender la estabilidad política y social.

Ramírez Cuéllar aprovechó para confirmar que sí se busca conformar una alianza electoral para las elecciones de 2021, por lo que los partido comenzarán las pláticas para definir los detalles y los puntos de encuentro.

Señaló que serán los órganos de cada partido quienes tendrán que decidir el tema de la alianza electoral, e indicó que aún hay tiempo para concretarla.

Recordó que en el caso de Morena y el PT, llevan varios años trabajando de manera estrecha, lo que ha permitido la actual alianza parlamentaria. Afirmó que todas las agrupaciones y partidos que estén dispuestos a emprender la consolidación de la 4T deben comenzar el diálogo para llegar a buen puerto.

Al respecto, Alejandro Rojas Díaz-Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, afirmó que Alfonso Ramírez Cuéllar no puede concretar ninguna coalición rumbo al 2021, pues recordó que su cargo es provisional, y si acuerda algo con el PT y el PVEM, carecerá de validez.

Señaló que concretar una alianza y ceder candidaturas para la próxima elección, son decisiones que deben ser aprobada en un Congreso Nacional y por el Consejo Nacional del partido.

La policía de Hong Kong anuncio este lunes la detención de 230 personas, entre ellas un niño de 12 años, durante el fin de semana, que se vivieron las primeras manifestaciones políticas en el territorio desde que empezó la pandemia de coronavirus.

La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, favorable al poder de Pekín, anunció este lunes una reforma educativa porque considera que el sistema actual contribuye a alimentar el movimiento prodemocracia, que el año pasado sacudió el territorio.

“En lo que concierne la manera, en el futuro, de abordar las clases de ‘liberal studies’ [una clase de cultura general para desarrollar el espíritu crítico] vamos a clarificar las cosas antes de que termine el año”, declaró en una entrevista publicada el lunes por el periódico Ta Kung Pao, favorable a Pékin.

El domingo, dos días después de que se levantara entre otras medidas la prohibición de reunirse por el coronavirus, la policía antidisturbios dispersó a los manifestantes que se juntaron en varios centros comerciales del distrito de Mong Kok, usando gas pimienta y porras.

Según los responsables hospitalarios, 18 personas resultaron heridas.

En medio de nuevas tensiones políticas, las declaraciones de Lam podrían desatar el enojo de los militantes prodemocracia de Hong Kong, que temen que Pekín reduzca las libertades que tiene el territorio.

Con el apoyo de Pekín, el gobierno de Lam también intenta aprobar un proyecto de ley para sancionar las ofensas al himno nacional chino. Varias personalidades cercanas al poder piden por su parte una ley contra la sedición.

La nueva legislación tiene el objetivo de frenar el movimiento, cada más amplio, en particular entre los jóvenes, a favor de la democracia y pidiendo más autonomía a China. La oposición cree que estas leyes reducirán la libertad de expresión.

Las escuelas y universidades de Hong Kong están entre las mejores de Asia y la educación tiene una libertad que no existe en la China continental.

Los cursos de cultura general fueron introducidos en 2009 y las escuelas pueden elegir la manera de enseñarlos. Por eso se han convertido en objeto de las críticas de los medios oficiales chinos y de los políticos pro-Pekín, que reclaman una educación más patriótica.

En la entrevista, Lam asegura que esas clases permiten a los profesores promover sus posiciones políticas y que tienen que estar más vigiladas por el gobierno.

Entre junio y diciembre de 2019, Hong Kong vivió grandes manifestaciones, acompañadas de enfrentamientos entre radicales y policías para denunciar la influencia de Pekín.

Foto: Twitter

Los diputados rusos entraron este martes a la segunda lectura las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente Vladimir Putin, que incluyen la posibilidad de permitir al jefe del Estado que vuelva a ser candidato a la presidencia.

El texto fue aprobado por 382 votos a favor, 44 abstenciones y ningún voto en contra en la Duma, la cámara baja del Parlamento. La tercera y última lectura tendrá lugar el miércoles e inmediatamente después, el texto será sometido al visto bueno de la cámara alta, el Consejo de la Federación.

El texto será luego sometido a “votación popular” por los rusos el próximo 22 de abril.

Las enmiendas afectarán al sistema político, las garantías socioeconómicas y afianzarán los valores sociales conservadores que propugna el presidente ruso.

Esta primera revisión de la Constitución desde su adopción en 1993, anunciada por sorpresa por Putin, de 67 años, en enero, es considerada además como una forma de preparar al presidente para 2024, fecha en la que culmina su último mandato como jefe de Estado y en teoría ya no podría presentarse a la reelección presidencial.

Sin embargo, Putin afirmó este martes que será el Tribunal Constitucional el que decida si puede volver a presentarse.

El presidente ruso consideró, ante el parlamento, que es “posible reinicializar” el período que limita a dos los mandatos presidenciales, tras la adopción de la revisión constitucional, a condición de que “los ciudadanos la aprueben” y que “el Tribunal constitucional confirme que ello no es contrario a la ley fundamental”.

Por otra parte, este martes Putin dijo que se opone a la celebración de elecciones legislativas anticipadas, deseadas por muchos diputados en el marco de la profunda reforma constitucional que impulsa el jefe de estado.

Estas enmiendas constitucionales, como las que refuerzan las prerrogativas del presidente o el rol del Consejo de Estado, órgano hasta ahora consultivo, ya fueron adoptadas de forma unánime por los diputados en enero, en primera lectura.

Vladimir Putin ha sometido desde entonces 24 páginas suplementarias que serán debatidas desde este martes.

Para muchos analistas, esta reforma deja a Putin un máximo de puertas abiertas para preservar su influencia y perennizar el sistema que ha construido a lo largo de los últimos 20 años en el poder.

La reforma del Consejo de Estado fue, al respecto, muy controvertida, pues muchos ven en ella la institución mediante la cual Putin podría mantener el control si es que tuviera que salir del Kremlin.

Las enmiendas refuerzan además ciertos poderes del presidente, que podrá por ejemplo rehusar promulgar una ley adoptada por dos terceras partes de los diputados, o nombrar jueces.

Otra innovación es que los jueves y los dirigentes políticos de nivel federal no podrán poseer una nacionalidad extranjera o un permiso de residencia en otro país.

Al respecto, el partido Rusia Unida anunció hoy, en la Duma estatal, que apoyará una enmienda constitucional que permitiría al actual mandatario, Vladimir Putin, ser reelegido en 2024.

El líder de Rusia Nueva, Sergey Neverov, afirmó en conferencia de prensa que su partido está a favor de la iniciativa de su congresista Valentina Tereshkova.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Córdero informó que se realizan ajustes mínimos al paquete de reformas a la Constitución y creación de nuevas leyes en materia penal y de justicia, que se entregarán al Senado.

“Las estamos terminado y si quiero ser muy explícita: Yo no tenía conocimiento de las otras iniciativas que circularon de repente por internet y por eso, preferimos, bueno yo no, porque yo no las traía, pero prefirió el señor Fiscal (General de la República), Alejandro Gertz Manero, no presentarlas en ese momento”, señaló.

Esto, luego de que en la reunión que sostuvieron el 15 de enero funcionarios federales con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el Fiscal Gertz informó que seguirían trabajando para que el día primero de febrero se presenten los cambios que se desean.

Sobre si existe un consenso en torno al paquete de reformas, Sánchez Cordero destacó que “estamos haciendo con la Consejería Jurídica (de la Presidencia de la República), los mínimos ajustes al sistema para avanzar mejor, pero sí, ya los tenemos”.

Sánchez Cordero indicó que se presentarán en tiempo. E indicó que las que se presenten sí serán de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica, aunque dijo desconocer si la Fiscalía se sumará a esas iniciativas o presentará las suyas.

Y es que recordemos que a inicios de mes, comenzaron a circular diversos documentos, que aseguraban eran los proyectos para las reformas que se propondrán al sistema de justicia. Dichos documentos levantaron severas críticas, pues analistas señalaban que significaban una regresión a lo ahora plasmado en las leyes.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, informó que en los próximos días se reunirá con los coordinadores de los grupos parlamentarios, con el fin de construir los consensos que se requieren para sacar adelante, en el segundo periodo ordinario de sesiones, 17 temas legislativos prioritarios.

El senador indicó que se trata de asuntos como la ley de amnistía, fuero, elevar a rango constitucional el sistema de bienestar social, cannabis, outsourcing, así como las reformas judicial, electoral y al sistema financiero.

Entre los temas también mencionó los relacionado con la economía circular, bienestar animal, cuidado al medio ambiente y combate al cambio climático, derecho al olvido en plataformas digitales, a la verdad y al libre desarrollo de la personalidad y las leyes secundarias del artículo 19 de la Constitución sobre delitos graves.

Asimismo, agregó, la reducción al financiamiento de los partidos políticos y el contenido nacional en servicios de plataformas digitales, como Netflix y YouTube.

Resaltó que la ley de amnistía y la reforma judicial son prioritarias, “Triple A”. en tanto, el tema del cannabis es una obligación constitucional y un mandato de la Suprema Corte. “Todas son prioridades para nosotros”.

Ricardo Monreal destacó que hay “una buena relación de respeto” con los líderes de las otras bancadas, por lo que se puede sacar adelante la mayor parte de esos puntos. Insistió en que los 17 asuntos son los que se consideran prioritarios, pero “no son limitativos”.

Washington expresó este viernes su apoyo al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, respecto a lo que consideró sus “necesarias” reformas económicas.

Mediante un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, respaldó al gobierno de Moreno, luego de más de una semana de protestas y disturbios en Ecuador.

“Estados Unidos apoya los esfuerzos del presidente Moreno y del gobierno de Ecuador para institucionalizar las prácticas democráticas y aplicar reformas económicas necesarias”, afirma el comunicado, aludiendo, entre otras medidas, a la eliminación de los subsidios a los carburantes que se tradujo en un aumento de más de 120% de su precio y provocó amplio descontento.

Por su parte, manifestantes volvieron a enfrentarse este viernes con la policía en Quito como parte de las protestas que encabezan los indígenas contra los ajustes económicos pactados por el gobierno de su país con el FMI.

Los choques con piedras y gas lacrimógeno estallaron en los alrededores de la sede del Legislativo, que el miércoles fue asaltada por indígenas que ocuparon brevemente el hemiciclo.

Al respecto, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó el uso de bombas lacrimógenas en recintos universitarios de Quito donde se refugiaron manifestantes indígenas, advirtiendo que utilizar este tipo de métodos disuasorios en recintos cerrados puede poner vidas en peligro.

Portavoces de la oficina destacaron que las autoridades “deben diferenciar claramente los elementos violentos de quien protesta pacíficamente” en las protestas que desde la semana pasada viven distintas ciudades ecuatorianas contra las medidas de ajuste económico dictadas por Quito tras recibir un crédito del FMI.

La oficina que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet también dijo haber recibido informes sobre medio centenar de ataques a periodistas que están cubriendo las protestas, en las que ha habido cinco muertos, más de medio centenar de heridos y cerca de un millar de detenidos.

El partido del presidente Volodimir Zelenski obtuvo la mayoría absoluta en el parlamento de Ucrania al ganar ampliamente las elecciones celebradas este domingo.

Según proyecciones de los medios tras la difusión de los resultados parciales oficiales, el partido ‘Servidor del Pueblo’ fundado por Zelenski contará por lo menos con 226 diputados de los 450 que lo componen.

Dichas proyecciones incluyen el voto proporcional y el voto mayoritario por circunscripción.

Sería la primera vez que un partido obtiene tal mayoría desde la independencia del país en 1991. Recordemos que Zelenski, elegido presidente en abril, disolvió tras su investidura el parlamento, que le era muy hostil, y convocó elecciones legislativas anticipadas.

Cerca de 30 millones de ucranianos fueron llamados a las urnas por tercera vez en menos de cuatro meses después de las dos vueltas presidenciales que se vivieron en abril pasado. En esta ocasión, la participación ciudadana fue mejor a la esperada al rondar el 50%.

El “viejo poder es cosa del pasado”, declaró ayer durante la jornada electoral Zelenski. Ahora, tendrá el camino libre para llevar a cabo las reformas que prometió. “No defraudaremos a los ucranianos. Ustedes conocen nuestras principales prioridades, que son las mismas de todos los ucranianos: el fin de la guerra, el retorno de los prisioneros y la victoria sobre la corrupción”, añadió.

Otra de las sorpresas que dejó la jornada de ayer, es que Golos, partido liderado por el rockero Sviatos-lav  Vakarchuk, dio la sorpresa y superó el 5% de los votos necesarios para acceder al Parlamento, con lo que se podría convertir en el aliado político de ‘El Servidor del Pueblo’.