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Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer, ofreció un balance sobre las tareas de reconstrucción tras los sismos de 2017.

A través de la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción del Programa Nacional de Reconstrucción, se indicó que Oaxaca es la entidad con mayor número de inmuebles dañados, con 80,310 viviendas. Le siguen Chiapas con 46,546; Puebla con 28,343; Morelos con 15,800 y Estado de México con 6,059.

A dichas cifras se tienen que agregar los inmuebles dañados correspondientes a educación; salud y cultura. Se informó que en más de 700 municipios del país se hizo la declaratoria de desastre.

Entre los hallazgos que encontraron al revisar los trabajos que realizó la pasada administración, el titular de Sedatu enlistó que la mayoría de las familias hicieron uso de recursos propios para la reconstrucción.

En entidades como Chiapas, Morelos y Guerrero, más de la mitad de las familias recibieron incompletos sus apoyos. Señaló que a pesar de haber sido censadas y haber recibido un folio, hubo casos como en Chiapas, en donde 1 de cada 3 familias jamás recibió recursos para la reconstrucción de sus viviendas.

Desmintió que el avance en la reconstrucción haya sido del 29% en la pasada administración tal como informaron los exfuncionarios, sino que solo hubo un avance del 21% en viviendas concluidas.

“Hasta el momento llevamos 30%, esperamos llegar al 41% a final de año, y para 2020 prevemos concluir con el grueso de las obras que falten por atender”, enfatizó David Cervantes, Comisionado Nacional de Reconstrucción.

Alertaron que se encontraron diversas inconsistencias «preocupantes», y al afirmar que no habrá impunidad, se dijo que ya han sido presentadas denuncias ante las autoridades competentes, como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Mayor de la Federación y la Fiscalía General de la República.

Esta tarde se llevó a cabo la firma de un acuerdo de colaboración entre el gobierno federal, los gobiernos del Estado de México, Hidalgo y los municipios de Tecámac, Tizayuca, Jaltenco, Nexpantla, Tultepec y Tonanitla, para la planeación urbana y el ordenamiento territorial alrededor del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.

A nombre del gobierno federal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, indicó que el convenio hará posible que el nuevo aeropuerto permita el desarrollo y bienestar de los pueblos aledaños al aeropuerto.

Subrayó que el tiempo en que los grandes proyectos de infraestructura eran impuestos desde un escritorio de forma autoritaria,  terminaron.

El funcionario afirmó que la construcción y operación del aeropuerto no profundizará las carencias ni los desafíos de la región; por el contrario, dijo, será un proyecto en beneficio de las familias mexiquenses e hidalguenses.

Acompañado de los gobernadores del Estado de México e Hidalgo, el titular de la Sedatu enfatizó que el Programa Territorial Operativo (PTO) contará con el diagnósticos demográfico, socioeconómico y ambiental que permita identificar los requerimientos de vivienda, infraestructura, equipamientos, áreas verdes, servicios públicos, inversiones, programas y proyectos específicos que mitiguen los efectos externos negativos, como el costo ambiental o la especulación sobre el suelo.

«El aeropuerto Felipe Ángeles será un proyecto consensuado, con una planeación ordenada que además de detonar la conectividad y economía de todo el país, abonará al desarrollo urbano y ordenamiento territorial de estos municipios. Santa Lucía no será un proyecto construido a partir de caprichos ni de decisiones unilaterales; a través de grupos de trabajo con los estados y los municipios se dará seguimiento puntual a los acuerdos derivados de las consultas a pueblos indígenas y las asambleas ejidales», enfatizó Román Meyer.

Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), declaró que la dependencia a su cargo colabora estrechamente con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), para esclarecer las irregularidades detectadas cometidas durante la administración pasada, la cual estuvo a cargo de Rosario Robles, Je´sus Murillo Karam y Jorge Carlos Ramírez Marín.

“No es cacería de brujas. Estamos en plena colaboración con la Auditoría Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función Pública para poder otorgar toda la información que nos han solicitado desde que entramos en funciones. Hemos dado acceso a todos los archivos, a todas las áreas y esto es el resultado de la colaboración intensiva que hemos tenido con la auditoría”, detalló.

Cuestionado sobre las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de 2017 por la ASF, el funcionario se pronunció porque la Secretaría de la Función Pública, como órgano competente, emita un dictamen al respecto, para poder fincar responsabilidades.

Indicó que desde que tomó posesión de la dependencia, se han detectado irregularidades en diversas áreas, mismas de las que se ha dado conocimiento al Órgano Interno de Control que se encuentra documentando y procesando la información.

“En lo que corresponde al Programa de Infraestructura y Comunicación Social, es donde hemos encontrado diferentes desvíos. Toda esa información la tiene la Secretaría de la Función Pública para que pueda proceder como corresponde”, dijo.

Meyer Falcón finalizó indicando que funcionarios de la SEDATU ya analizan la puesta en marcha de mecanismos y procedimientos para generar mayor seguridad al interior de la dependencia y blindarla de actos de corrupción.

 

La ex secretaria de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, ganaba 157 mil pesos mensuales y era una de los integrantes del Gabinete de Enrique Peña Nieto con las menores percepciones.

Así lo dio a conocer Román Meyer Falcón, actual titular de la Sedatu, durante la habitual conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tengo entendido que la maestra Robles ganaba 157 mil pesos libres, en el tabulador. Entre secretarios, ella tenía de los más bajos. Su salario correspondía a 157 mil pesos mensuales”, señaló el funcionario a pregunta expresa de la prensa.

Inmediatamente, el presidente le pidió dar a conocer su sueldo como titular de la Sedatu, para poner en contexto la cifra.

“Yo gano igual que el resto (del gabinete): 107 mil 499 pesos mensuales”, dijo.

El tema de los salarios en la pasada administración había salido a colación minutos antes cuando el propio mandatario pidió al director del Infonavit, quien se encontraba también presente, que diera a conocer el sueldo de su predecesor, David Penchyna.

Carlos Martínez Velázquez explicó que el exdirector del organismo recibió entre enero y diciembre de 2018 un salario integrado de 9 millones 300 mil pesos, lo que daría un total bruto de 775 mil pesos mensuales.

“Yo, como hice el compromiso con el presidente, y además en el Infonavit se estilaba que uno ganaba lo que uno quería, me puse un salario equivalente al de 107 mil 500 pesos. Entonces, eso es lo que yo voy a estar ganado en términos netos; en términos brutos, deben ser como 150 mil pesos”, dijo Martínez Velázquez.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, anunció este jueves que hay averiguaciones previas desde 2015 y existen cuatro procesos en donde seis funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) han sido vinculados a proceso por el caso conocido como la “estafa maestra”, pero están llevando este proceso en libertad, pues se considera, de acuerdo a la ley vigente, que los delitos cometidos no son graves.

En conferencia de prensa, Gertz Manero dijo que además de estos cuatro procesos hay tres averiguaciones previas retrasadas de 2015, que son de Sedesol, con siete personas más y además hay 16 carpetas que incluyen a 57 personas, de Sedesol y de Sedatu.

Momentos después tomó la palabra Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, e informó que se cuenta con 23 expedientes, de los cuales tres son averiguaciones previas y 20 carpetas de investigación.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este jueves, durante su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, que solicitó a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que emita un dictamen sobre los señalamientos en contra de tres personas que fueron contratadas en Petróleos Mexicanos, como posibles involucrados en el esquema de desvío de recursos que fue denominado como la “estafa maestra”. Dijo que el dictamen deberá ser difundido en una semana.

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, participó en el inicio del Programa Zona Libre de la Frontera Norte, en donde reiteró que como parte del Programa de Mejoramiento Urbano, se  atenderán a ciudades de la zona fronteriza.

Meyer Falcón recordó que el Programa de Mejoramiento Urbano es uno de los 25 proyectos prioritarios del presidente de la República, el cual tiene como objetivo articular las acciones de las instituciones de desarrollo urbano y vivienda.

Señaló que durante este año, la dependencia a su cargo contará con una bolsa de ocho mil millones de pesos que se invertirán en 15 ciudades, de las cuales, 10 se localizan en la frontera norte: Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

Explicó que en cada una de las ciudades se trabajará en mejorar los entornos urbanos, la infraestructura básica y los espacios públicos. Adelantó que se realizarán acciones de mejora de la vivienda y regularización de la propiedad y se apoyará para que dichas ciudades tengan o actualicen sus instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

«Queremos ciudades humanas, donde las personas vivan en espacios seguros, parques y plazas cercanas, cerca de sus escuelas, de sus centros de trabajo; con transporte público de calidad y seguro. No queremos ciudades dispersas y fragmentadas. Queremos fomentar una equidad», enfatizó el funcionario.

Puntualizó que se busca invertir en las áreas con mayor marginación para equilibrar su desarrollo urbano. Señaló que se trabajará de forma paralela con otras dependencias e instituciones como el Infonavit, en dos vertientes: la recuperación de la vivienda abandonada en la zona y el desarrollo de vivienda.

 

Román Meyer Falcón, nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), informó que la dependencia pasará de tener tres a dos subsecretarías, esto en respuesta al compromiso del gobierno federal en materia de austeridad y eficiencia.

“Se trata de fusionar la Subsecretaría de Desarrollo Agrario con la de Ordenamiento territorial y conservar la de Desarrollo Urbano y Vivienda, para formar una sola unidad”, afirmó el funcionario, quien esta tarde se encuentra en Nayarit junto al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien visita a los afectados por las inundaciones en la entidad.

Por su parte, Armando Rosales García, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, subrayó que entre las instrucciones que ha recibido, trabajará para que la producción de vivienda siga contribuyendo al desarrollo de la actividad económica y a la generación de empleos.

Señaló que desde hace varios meses, trabajan en la elaboración de una política de suelo que tiene como finalidad dotar de certeza jurídica y regularizar predios para toda la población y abatir el rezago en la regularización a largo plazo.

El subsecretario de Ordenamiento Territorial, David Ricardo Cervantes, quien será el responsable del Programa Nacional de Reconstrucción, afirmó que la nueva Política Nacional de Vivienda colocará en el centro de la toma de decisiones, el derecho social de las familias a una vivienda digna, sin poner en riesgo su estabilidad financiera.

 

Roberto Gómez Morales, pasó de ser un chofer de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a convertirse en un millonario funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a cargo de la polémica Rosario Robles.

De acuerdo con un reportaje del noticiero En Punto, de Televisa, Roberto Gómez, de 42 años de edad, es originario de la Ciudad de México, esta avecindado en Chiapas y proviene de una familia que vivía de la venta de tacos en la calle.

Desde hace 15 años trabaja con Emilio Zebadúa González, quien fue oficial mayor en la Sedesol y la Sedatu, con Rosario Robles.

En diciembre de 2012, Roberto Gómez ingresó a Sedesol como chofer de Zebadúa. En 2015, Zebadúa se convirtió en oficial mayor y nombró a su chofer, director general adjunto con un sueldo neto de 63 mil pesos mensuales.

En febrero de 2014, Gómez Morales adquirió el rancho «La Gloria», de 42 hectáreas en el ejido Guadalupe, en el municipio de Huehuetán, en Chiapas. Para adquirir el rancho se cambió el apellido materno y se hizo pasar como hijo de Gloria González Fuentevilla.

En la escritura pública se indica que la señora Gloria González dona a título gratuito, en forma pura y simple a favor de su hijo Roberto Gómez González el inmueble, al cual para efectos fiscales se le asigna un valor de 816 mil pesos.

El acta de nacimiento de Roberto Gómez Morales indica que su madre es otra persona.

Ante el notario público 78 dijo llamarse Roberto Gómez González y para identificarse presentó una credencial de elector pero a nombre de Roberto Gómez Morales, con domicilio en la 31 calle poniente número 2, colonia 5 de febrero, en la ciudad de Tapachula. A pesar de la inconsistencia, el notario aceptó realizar el trámite.

El rancho «La Gloria» no tenía ningún tipo de construcción ni de producción cuando Gómez Morales lo adquirió. Entre 2015 y 2016 se le invirtieron más de 20 millones de pesos para construir casas de descanso con alberca, se instalaron granjas de producción piscícola, de lácteos, de borregos, ganado y cerdo.

El inmueble también cuenta con maquinaría agrícola, camiones de carga y vehículos motorizados.

La Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat le otorgó permisos de aprovechamiento para fines de subsistencia para tener un zoológico de animales exóticos con venados, hipopótamos y guacamayas.

«La expresión de que Rosario Robles es inmune, no sé qué tan válida sea en términos de la rendición de cuentas de los que ya se están yendo», afirmó la diputada Tatiana Clouthier, quien habló sobre la comparecencia de la aún titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En entrevista con Grupo Fórmula, Clouthier señaló que habría que seguir el camino para hacer investigaciones en el caso de desvíos y pidió que se juzgue a partir de los hechos y no de las especulaciones.

De igual modo, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, calificó de “muy penosa” la comparecencia de la funcionaria.

En un breve comentario en sus redes sociales, la diputada comentó que es “peligroso” ocupar tanto tiempo un cargo como funcionario alejándote de la gente y queriendo tapar el sol con un dedo.

La titular de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, compareció este martes ante diputados como parte de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Durante su comparecencia, Robles Berlanga afirmó que no existe una sola prueba de que la dependencia que encabeza o la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde estuvo antes, hayan firmado un solo contrato con alguna empresa fantasma.

Asimismo, indicó que la Sedesol y la Sedatu firmaron convenios con diversas universidades públicas y fueron éstas quienes decidieron subcontratar a otras para realizar los trabajos que les fueron encargados.

“Quiero ser muy clara y muy enfática: a la Sedatu y a la Sedesol como instituciones les corresponde establecer convenios con las universidades; no les compete investigar lo que las universidades realizan porque son autónomas, somos respetuosos por ley de los procedimientos que ellas mismas se dan».

“Sedatu y Sedesol no contrataron con ninguna de las empresas mencionadas en informaciones de carácter periodístico. No hay un solo contrato, un solo contrato que se haya exhibido suscrito por Sedesol o por Sedatu y mucho menos con empresas fantasma. No hay un solo elemento de prueba que permita decir que empresas que hayan participado por el trabajo de las universidades hayan sido contratadas por estas instituciones”, expuso Robles.

La secretaria fue cuestionada por la investigación periodística llamada la “Estafa Maestra”, realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el portal noticioso Animal Político, en donde se profundiza en el hallazgo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los convenios firmados por la Sedesol y la Sedatu con diversas universidades para algunos servicios.

Las universidades, según información de la ASF, subcontrataron a varias empresas, que resultaron empresas fantasma. La contratación de esas empresas, señalan los informes de la Cuenta Pública de este sexenio, se realizó por recomendación de funcionarios de la Sedesol y la Sedatu.

Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, afirmó que la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, comparecerá ante Comisiones el próximo 31 de octubre.

Cabe señalar que en la programación de comparecencias con motivo del Vl Informe de Gobierno se aprobó la asistencia de Robles pero quedó pendiente la fecha en la que lo haría.

A diferencia de los secretarios que han asistido en recientes fechas a comparecer ante el Pleno del Senado, Rosario Robles lo hará en Comisiones Unidas, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, y Puntos constitucionales.

«El miércoles 31, a Comisiones la Secretaria de SEDATU, a Comisiones Unidas; viene también a Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, y Justicia», indicó Monreal.

La solicitud de integrar a Robles a las comparecencias en el Senado, es por la llamada Estafa Maestra por los desvíos de más de 7 mil millones de pesos de SEDATU y SEDESOL, cuando ella estaba al frente.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que destituyó e inhabilitó a Gustavo Rodríguez González, ex director general de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actual colaborador de Rosario Robles, debido a diversas irregularidades cuando estuvo en dicha dependencia.

El funcionario quien hasta hoy se desempeñaba como director de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a donde llegó junto a Rosario Robles cuando ésta asumió la titularidad de la dependencia, confirmó que se separaba del cargo.

En conferencia de prensa, Rodríguez González informó las sanciones impuestas por la SFP, las cuales constaron en una multa económica y en la inhabilitación, aunque no reveló el monto ni el tiempo en que no podrá ejercer cargos dentro de la Administración Pública Federal.

El ahora ex funcionario indicó que se le acusa de no haber entregado materiales que comprueban la existencia de la campaña “Cruzada Nacional Contra el Hambre, 2 años cumpliendo” en 2015 cuando trabajó en Sedesol, aunque en el Estado de Resultados 2015 de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) reconoció la existencia de los entregables de dicha campaña.

Al respecto, la SFP informó que del 1 de enero al 19 de septiembre de este año, se han impuesto tres mil 618 sanciones a dos mil 782 servidoras y servidores públicos, que incurrieron en faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo al Registro de Servidores Públicos Sancionados, de este número de sanciones, mil 001 fueron amonestaciones públicas y privadas, 214 destituciones, 897 inhabilitaciones, mil 142 suspensiones y 364 sanciones económicas, con un monto acumulado de 956 millones de pesos.

 

De acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una red de 11 empresas fantasma utilizada para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en tiempos de Rosario Robles, guardan relación con el ex gobernador de Veracuz, Javier Duarte.

Se señala que en las actas de 5 empresas por las que circuló el dinero saqueado de la Sedatu entre 2016 y 2017 aparece como socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, quien a su vez funge como dueño de un despacho de servicios contables involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz.

Esas 5 empresas, a su vez, están ligadas con otras 6 que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos federales que MCCI documento en una investigación independiente a lo que reveló días atrás el periódico Reforma. Se enfatiza que toda la red tiene su base de operaciones en Chiapas, en donde radica Gómez Méndez.

Recordemos que el diario nacional publicó que entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 fueron retirados más de 700 millones de pesos de cuentas bancarias de 15 empresas beneficiarias de contratos en Sedatu y Sedesol y llevados en efectivo a 10 domicilios en la Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa.

Tanto en el caso revelado por Reforma, así como en la red chiapaneca de empresas fantasma que documentó MCCI aparece que se triangularon los recursos federales mediante convenios suscritos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax).

A inicios de 2016, la Sedatu firmó dos acuerdos con el SQCS y con Telemax para desarrollar productos de difusión en audio y video que servirían para promover programas de Gobierno; el primer convenio fue por 450 millones de pesos y el segundo por 320 millones.

Tanto el SQCS como Telemax subcontrataron los servicios a una red de empresas que simularon operaciones. Entre esas empresas estaba Agatha Líderes Especializados SA de CV, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 millones de pesos.

 

Investigación completa AQUÍ

Foto: Investigación MCCI tomada de Proceso

El Senado de la República estima presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por el desvío de 700 millones de pesos en efectivo realizado en la gestión de Rosario Robles al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, señaló además que se creará una comisión especial para que investigue este caso que ha sido documentado por la Auditoria Superior de la Federación.

Asimismo, confirmó que llamarán a comparecer a Rosario Robles, actual titular de la Sedatu, para que explique estos desvíos realizados durante su administración en dichas dependencias.

Tras una investigación, La ASF detectó el desvío de 700 millones de pesos de la Sedatu y la Sedesol, los cuales fueron transferidos en efectivo a diez domicilios de empresas fantasma.

“Nos reservamos el derecho de presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República para que con los elementos de la Auditoría se inicie una indagatoria. No puede mantenerse en una anecdótica mediática. No lo merece el pueblo de México”, dijo Monreal a medios de comunicación.

En el saqueo de más de 700 millones de pesos en efectivo a la Sedesol y la Sedatu, la empresa Servicios Empresariales Helte recibió en sus oficinas 493.6 millones de pesos en costales.

No obstante, quien figura como socio y administrador único de la empresa, Dionicio Domínguez H., trabaja como repartidor de gas desde hace 40 años, por lo que considera haber sido víctima de un robo de identidad.

De acuerdo con el periódico Reforma, Domínguez tiene un salario de 7 mil pesos mensuales más propinas, vive desde hace 20 años en una casa del Municipio de Tecamac, en el Estado de México, y asegura que no tiene ningún otro negocio, ni tiene relación alguna con el dinero que llegó a las oficinas de Helte, en Polanco.

Al igual que Helte, existen otras 75 “empresas” que sirvieron para dispersar los recursos que fueron desviados entre 2014 y 2016 de la Sedesol y de la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, según informes de la Auditoría Superior de la Federación.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, rechazó las acusaciones que este martes se publicaron en su contra en un diario de circulación nacional por el presunto desvío de 700 millones de pesos, cuando estuvo al frente de Sedatu y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

«Con relación a mi persona no existe ninguna denuncia por parte de ninguna autoridad. Los servicios que se contrataron tanto por Sedesol como por Sedatu se hicieron al amparo del Artículo primero de la ley de adquisiciones que es totalmente legal», sostuvo en conferencia de prensa.

Explicó que las instancias competentes en verificar que los servicios contratados fueron recibidos, hasta ahora no han probado que eso no hubiera pasado.

«Soy las más interesada en que los Órganos competentes investiguen, seguimos hablando de auditorias que han pasado, que han ya sido superadas, y sin embargo, sin ninguna prueba, sin ningún elemento, sin ninguna posibilidad de vincular esto a mi persona se sigue mal informando y se sigue difamando».

Robles indicó estar a favor de que tal como lo han pedido algunos legisladores, el nuevo gobierno investigue los hechos de los que se le acusa, pues aseguró estar absolutamente tranquila y sin nada que temer, pues su «trabajo lo acredita, mis ingresos lo acreditan, mis bienes que son públicos lo acreditan».

Pidió que si alguien en Sedesol o en Sedatu hizo un mal uso de los recursos públicos, y si hay prueba de ellos, que se proceda conforme a ley, sin embargo dijo que son temas que no se solucionan en los medios, sino en las instancias legales correspondientes.

Lamentó que sin ninguna prueba se manche su nombre al vincularlo con supuestas irregularidades.