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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra las agencias de inteligencia y medios de comunicación estadounidenses, se difundir “propaganda negra y sucia” en contra de su gobierno.

“Me refiero a eso, a las agencias y sus periodistas proestadounidenses, difundiendo mentiras, filtrando información. Bueno, hasta el Pentágono, que le filtra información al Washington Post”, dijo el mandatario.

En ese sentido, se refirió a la filtración que diera a conocer el WP, sobre diferencias entre las Secretarías de Marina y Defensa.

Lejos de desmentir la filtración, las calificó como normales, e incluso dijoJ que dentro del gabinete hay más diferencias.

“¿Y qué? ¿Ellos no se pelean allá? ¿Cuál es la nota?”, cuestionó en tono irónico el mandatario.

En una especie de burla, dijo que si se “quería más nota”, confirmaba que Hacienda se pelea con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con Pemex, pues indicó que “cada quien tiene su criterio”. También dijo que ha habido roces entre las secretarías de Economía y Hacienda.

Recordó, como lo ha hecho en otras ocasiones, que en el mejor gabinete que ha habido en la historia de México, el del presidente Juárez, se peleaban todo el tiempo, al grado que hubo varias renuncias.

Cuestionado sobre si dichas diferencias no afectan las operaciones de seguridad en el país, López Obrador fue enfático en señalar que no.  “Para nada, para nada, hay cooperación nada más que con las reglas claras que ya están establecidas”.

En ese sentido, dijo que las reglas es que México es primero; la seguridad de los mexicanos. Lo segundo, es cooperar con el gobierno de Estados Unidos para ayudar a que se enfrente la terrible pandemia del consumo de drogas, y es un asunto humanitario.

Sobre la cooperación con Estados Unidos, el presidente culpó al país vecino de filtrar información sobre los viajes de lujo que se revelaron ha realizado el secretario Luis Crescencio Sandoval y su familia.

“Es parte de lo mismo, esa es información de la DEA (Agencia Antidrogas estadounidense) o de cualquier otra agencia. Sí, segurísimo”, dijo el mandatario.

López Obrador se refirió a la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que reveló que Sandoval, junto con varios miembros de su familia, ha hecho viajes de lujo acompañado de ayudantes personales del Ejército y con presuntos recursos públicos.

De acuerdo con el reportaje, el secretario de la Defensa habría realizado al menos cuatro viajes a Estados Unidos, Italia, Rusia y Corea del Sur junto con familiares con el presupuesto de la Sedena, incluyendo vuelos de primera clase, hoteles cinco estrellas y partidos de básquetbol y béisbol.

Sin embargo, como se esperaba, López Obrador aseguró que Sandoval “nunca ha estado” quince días de viaje, como lo afirma el reportaje, aunque aceptó que quizá los miembros de la familia del titular de la Sedena sí habrían gozado de estos tours, sin comentar con qué recursos se habrían pagada las atividades.

“Su familia (hizo los viajes), a lo mejor sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema?”, enfatizó el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El presidente no dejó pasar la oportunidad para acusar a los medios de comunicación de realizar ese tipo de publicaciones para “manchar” su administración. “Son calumniadores y siempre han actuado así. Muchos, no quiero decir que sean renegados, antipatriotas, son proestadounidenses”, acusó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó este miércoles que insistirá en transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, tras el fallo de la Suprema Corte, que invalidó dicho movimiento.

Fiel a su estilo, el mandatario se lanzó contra la Corte, a la que acusó de haber actuado de manera “facciosa”.

“Actuaron (los ministros de la Corte) de manera facciosa el día de ayer, y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia”, dijo el mandatario.

López Obrador se refirió al fallo de la Suprema Corte, que ayer declaró inconstitucional la reforma legal que él promulgó en septiembre del año pasado, para trasladar al Ejército la Guardia Nacional, corporación que él creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.

Con ocho votos a favor del proyecto, la Corte invalidó la ley al señalar que durante la creación de la Guardia, que ahora cuenta con cerca de 130,000 integrantes, se estableció que la corporación debe estar a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Pese a la decisión, López Obrador avisó que “la Guardia Nacional continuará recibiendo, porque esto no lo impidieron en la Corte ayer, la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

También indicó que mantendrá como comandante de la corporación al general retirado David Córdoba Campos. Indicó que ya dio instrucciones a la secretaria de Seguridad de actuar en ese sentido.

Adicional, ordenó a Rosa Icela Rodríguez visitar “todas las instalaciones y cuarteles de esta corporación en el país” para informar a los elementos “que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas”.

“En la Constitución se establece que, tanto la Secretaría de Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública y necesitamos unir voluntades, esfuerzos, recursos para proteger a los mexicanos”, defendió López Obrador.

Tras retractarse de su promesa de mantener civil la Guardia Nacional, el mandatario propuso en 2022 una reforma legal para trasladar su control al Ejército al admitir que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.

Por ello, anunció que esperará a septiembre de 2024 para presentar otra propuesta de reforma constitucional, confiando en que en las elecciones del próximo año su movimiento tenga mayoría calificada, es decir, dos tercios del Congreso.

La reforma causa controversia porque organizaciones civiles e internacionales han acusado al Ejército de violar derechos humanos, como en febrero pasado, cuando militares mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

Pero López Obrador aseveró que “los ministros de la Corte, evidentemente, están al servicio de las cúpulas del poder y no con la mayoría del pueblo de México” al citar que las Fuerzas Armadas son una de las instituciones con más confianza ciudadana.

También acusó a los ministros de seguir apostando por el modelo de seguridad de gobiernos anteriores, específicamente el de Felipe Calderón con Genaro García Luna.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció este martes que Estados Unidos está espiando a su país, por lo que dijo que aumentará la protección de la información militar.

Los comentarios de Andrés Manuel López Obrador se producen después de que el diario The Washington Post reveló la semana pasada la existencia de supuestas tensiones entre el Ejército y la Marina, citando filtraciones de comunicaciones militares secretas estadounidenses.

“Tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional (…) y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono”, dijo el mandatario.

“Tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos ni se va a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho”, añadió López Obrador, quien ha asegurado varias veces que las Fuerzas Armadas realizan tareas de inteligencia, no de espionaje.

El gobernante agregó que no se va a quedar de brazos cruzados ante lo que calificó de “plan injerencista” de Washington y también acusó a la agencia antidroga estadounidense (DEA) de filtrar información a medios mexicanos para perjudicar a su administración.

La reacción de AMLO surge n medio de nuevos señalamientos sobre el uso del programa de spyware Pegasus por parte de la Secretaría de Defensa mexicana contra defensores de derechos humanos.

“Ahora resulta que el Pentágono le informa al Washington Post”, respondió al ser consultado sobre un reciente análisis realizado por el grupo de vigilancia digital con sede en Toronto Citizen Lab, que corroboró que la Sedena había espiado a dos activistas de la ONG CentroProdh con Pegasus.

El espionaje se habría dado en junio, julio y septiembre de 2022, “en momentos clave vinculados a la labor de acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas”, informó más temprano la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), al presentar la investigación.

Pegasus, que puede ser utilizado para irrumpir remotamente teléfonos celulares, proporcionando acceso a su memoria o convirtiéndolos en dispositivos de grabación, es vendido normalmente a gobiernos o a fuerzas de seguridad para investigar grupos criminales e incluso terroristas.

Este martes, el diario New York Times informa que desde 2019 hasta hoy, la Secretaría de la Defensa ha continuado usando Pegasus, pese a la promesa de López Obrador de no espiar a nadie ni mantener las prácticas que tanto criticó en el pasado.

“Durante ese tiempo, el programa malicioso se ha seguido usando contra periodistas, defensores de derechos humanos y un político de oposición, según los análisis de Citizen Lab”, reportó NTY, quien asegura que

La investigación del diario estadounidense, revela que México fuese el primer cliente de Pegasus, y que nuestro país se convirtió en el usuario más prolífico del programa espía más conocido del mundo.

La Suprema Corte invalidó este martes la reforma aprobada por el Congreso el año pasado para que la Guardia Nacional (GN) pasara a manos de la Secretaría de Defensa (Sedena), considerada por críticos y activistas una militarización de la seguridad pública.

Con ocho votos a favor y tres en contra, la Corte respaldó un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que declaraba inconstitucional la iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

En septiembre del año pasado, los diputados y senadores mexicanos dieron a la Sedena el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional, que antes se encontraba bajo el mando civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Corte invalidó el decreto con el apoyo de 8 de los 11 ministros. Sólo Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ambas propuestas por López Obrador, junto a Arturo Zaldívar, apoyaron la transferencia.

Apenas por la mañana, el presidente López Obrador dijo que esperaba que la Corte no declara inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional, pues dijo, si no depende de la Secretaría de la Defensa y sigue como antes, correría el riesgo de terminar y echarse a perder como la Policía Federal, “completamente corrupta”.

“Imagínense lo triste de crear una institución nueva que está funcionando muy bien, que ya tienen 130 mil elementos, que tiene hasta ahora 280 cuarteles en todo el territorio nacional, que va a tener 500 para proteger a la gente y que llegue a manejarla un junior, un García Luna sin principios, sin profesionalismo, sin honestidad. ¿En qué va a terminar? Pues como terminó la Policía Federal”, dijo AMLO.

Indicó que era bueno que toda la sociedad estuviera enterada de la votación de la Corte,  para que no se hiciera en lo oscurito y, en caso de invalidarse, quedara asentado. Criticó que se argumente que con la transferencia de la GN a la Sedena, se vaya a militarizar el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este lunes a Estados Unidos de “intromisión” tras las filtraciones del Pentágono en un chat de Discord que evidencian los roces entre las secretarías de la Defensa (Sedena) y la Marina (Semar).

“Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando?”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

El presidente se refirió a la supuesta confrontación entre Marina y la Defensa que publicó The Washington Post el fin de semana con base en parte de los documentos que presuntamente filtró Jack Teixeira, el joven sospechoso de una de las mayores filtraciones del Pentágono en la última década.

Los reportes de Estados Unidos afirman que el titular de la Semar, José Rafael Ojeda, “instruyó a los oficiales de la Marina para que limitaran la cooperación con Sedena” ante su frustración por la reforma del gobierno que otorgó al Ejército el control del espacio aéreo en marzo pasado.

El informe advirtió de “una disputa que probablemente exacerbará su rivalidad existente y disminuirá aún más su capacidad de realizar operaciones conjuntas” en medio de las crecientes facultades que López Obrador ha asignado al Ejército.

AMLO reaccionó, y dijo que “no se puede estar utilizando actos de espionaje, además, para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad y, además, con la arrogancia de filtrar la información al Washington Post”.

El mandatario no habló de la veracidad de lo señalado por los documentos, pero calificó de “supuesta” la confrontación entre la Sedena y la Marina.

“Vamos a seguirles insistiendo, persuadiéndolos, de que no van a lograr nada así, porque son campañas del Pentágono. ¿Por qué tienen que meterse?”, manifestó.

Los documentos, primero filtrados en Discord y luego en otras redes como Twitter, han causado en las últimas semanas tensiones entre Estados Unidos y sus aliados, como Corea del Sur, Ucrania e Israel.

Por las filtraciones, las autoridades estadounidenses imputaron el viernes pasado por delitos de transmisión y extracción de información clasificada a Teixeira, quien trabajaba en el área de defensa informática en la base de la Guardia Nacional en Cape Cod, en Massachusetts.

“¿Cómo es que se busca tener relaciones respetuosas con todos los pueblos, con todos los gobiernos, si se está hostigando, si se está interviniendo en asuntos que solo corresponde a los pueblos de los países independientes?”, remató López Obrador.

El presidente también acusó este lunes a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de infiltrar sin autorización de las autoridades mexicanas al Cártel de Sinaloa.

Cuestionado sobre el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de los cargos contra cabecillas del Cártel de Sinaloa, entre ellos cuatro hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, por tráfico de fentanilo y otras drogas, el mandatario aseguró que la DEA inició la investigación en México sin informar al gobierno.

Aunque Washington señaló el viernes pasado al Cártel de Sinaloa de liderar “la mayor y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo”, López Obrador reiteró que en el país no se produce esta droga.

“Esa es su visión de ellos, la respetamos. Nosotros hemos sostenido, primero, que en México no se produce el fentanilo, que se importa de Asia y que llega a México, que llega a EE.UU. y llega a Canadá, de Asia”, zanjó.

Sin embargo, afirmó que van a cooperar con las autoridades de Estados Unidos “por amistad, por cooperación”, aunque volvió a criticar que en aquel país no se atiendan las causas porque “va a desaparecer el fentanilo, pero pueden surgir otras drogas”.

Por ello, dijo, “no hay nada más que estar viendo lo que sucede en Sinaloa o en México, sino también lo que pasa allá (en Estados Unidos), los cárteles que están allá”.

Asimismo, dijo que van a continuar cooperando con el Gobierno de Estados Unidos, pero enfatizó en que lo primero que debe garantizar es la seguridad pública de México.

“Para decirlo más claro: nosotros lo que queremos es que en México nadie pierda la vida, que nadie sea secuestrado, que no haya extorsiones, que no haya robos, que no haya feminicidios, eso es lo primero, esa es nuestra responsabilidad fundamental y, en el segundo plano, ayudar, cooperar con el Gobierno de Estados Unidos”, dijo.

Luego de conocerse la investigación especial en la que se acusaba al gobierno federal, específicamente a la Secretaría de la Defensa, de espiar al activista Raymundo Ramos en 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció la obtención de dichas grabaciones.

“Este ciudadano (Raymundo Ramos) estaba hablando por teléfono con un presunto narcotraficante”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina. “Como el presunto narcotraficante estaba siendo investigado, obtuvimos esta grabación”, agregó.

El Centro Nacional de Inteligencia estuvo involucrado en el caso, comentó el mandatario, y agregó que la entidad de gobierno se enfoca en investigar presuntos delincuentes por lo que puede intervenir sus teléfonos, simepre con la autorización de un juez.

AMLO no dio más detalles sobre el caso de Ramos, pero aseguró que se proporcionaría mayor información, esto a más de una semana de que el tema llegó a Palacio Nacional y se había dicho que desde ese día se proporcionarían los detalles.

Recordemos que López Obrador ha rechazado que su gobierno espíe a activistas, periodistas y opositores, y por el contrario, sostiene que su gobierno únicamente realiza labores de inteligencia para combatir el crimen.

Ramos alega haber sido espiado a través del polémico software Pegasus en 2020, el software que utilizó el gobierno de Enrique Peña Nieto y que fue condenado por el propio presidente.

Por varios años, Ramos ha representado legalmente a víctimas de abusos militares en Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos, donde grupos criminales a menudo libran enfrentamientos por el control territorial.

“Quieren matar al mensajero”, dijo Ramos en una llamada telefónica con la agencia Reuters. “Ellos quieren que deje de señalar los abusos y masacres de las fuerzas armadas los cuales no han parado con el gobierno de López Obrador, pero no lo van a lograr”, afirmó.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha detallado en su informe sobre la muerte de cinco jóvenes el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a manos del Ejército, que los militares realizaron hasta 117 disparos y que sus vehículos no presentaban impactos de bala como denunciaron.

“Los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de armas de fuego” y ningún elemento presentó lesiones por proyectil de arma de fuego”, señala la recomendación emitida por la CNDH, el cual ya está en manos del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.

Los dos supervivientes han relatado a la Comisión que en la madrugada del 26 de febrero circulaban en un vehículo por las calles del barrio de Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, tras abandonar un establecimiento cuando un militar disparó contra la parte trasera del coche, seguido de otros tres agentes.

La versión de los militares sostiene que abrieron fuego al oír disparos. Sin embargo, posteriormente han reconocido que en ningún momento vieron que desde el vehículo de los jóvenes se efectuara algún disparo. A su vez, la CNDH confirmó que dentro del coche no se encontraron armas de ningún tipo.

Así, la CNDH ha solicitado al secretario Sandoval que colabore en los trámites necesarios para que estas siete personas afectadas y sus familiares más allegados sean inscritas en el registro nacional de víctimas para que pueda acceder a las indemnizaciones correspondientes, así como a atención médica y psicológica.

Pocos días después de estos hechos, dos cabos y dos soldados fueron procesados por la justicia militar y enviados a una prisión del Ejército. Están acusados de desobediencia. Las investigaciones continúan y fuentes castrenses no descartan que se lleven a cabo más detenciones, informó El Universal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que el Ejército realiza labores de “inteligencia” más no de “espionaje”, esto en respuesta una investigación de organizaciones civiles y medios de comunicación, que documentaron que las Fuerzas Armadas usan softwar’s para monitorear a activistas.

“Que quede claro: nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor”, afirmó el mandatario en su conferencias de prensa al ser cuestionado sobre el tema.

Sus declaraciones se producen después de la investigación “Ejército Espía”, que denunció esta semana una estructura secreta de espionaje ilegal con el software Pegasus para interferir en las investigaciones de abusos de activistas que denuncian violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas.

La investigación, realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic, demostró que, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dicha estructura militar espió con Pegasus al activista Raymundo Ramos en el estado de Tamaulipas.

Pero, al citar que Ramos está acusado de presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, López Obrador justificó que el Ejército necesita hacer investigación.

“Se tiene que hacer investigación, que no espionaje. Es distinto. Y el instituto de inteligencia del Gobierno hace investigación”, defendió. Además, insistió en que su gobierno no comete “ninguna ilegalidad”.

“Nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad”, remarcó.

No es el primer señalamiento de este tipo. En octubre del año pasado, el grupo Guacamaya Leaks publicó documentos que hackeó de la Sedena, en los que se revelaba que el Ejército había espiado, ya con el presidente López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.

Antes de ello, una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron 50,000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15,000 casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra más alta del mundo.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el propio Andrés Manuel López Obrador respaldó el uso de este tipo de software en el gobierno, por parte de las instituciones que tengan permitido utilizar la inteligencia.

Cuestionado si este respaldo sería para usar Pegasus, el presidente dijo que Pegasus “es una marca, que es un sistema que incluye aparatos para espiar y para intervenir teléfonos. Pero el Pegasus existe desde antes de Pegasus y después de Pegasus. Es una tecnología creo que lo de Pegasus, está vinculado a lo que antes hacía con (Felipe) Calderón. Garcia Luna fue el rey del manejo del Pegasus”, lanzó el mandatario.

Dudó que sea Pegasus lo que el gobierno esté contratando, aunque dijo: “de que se tiene un sistema de investigación, para la inteligencia, sí”.

El Pleno del Senado avaló la creación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, por la cual se entrega a las Fuerzas Armadas, principalmente al Ejército, la vigilancia y protección del espacio aéreo bajo el argumento de la defensa a la soberanía y seguridad nacional.

La nueva ley fue turnada al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para su promulgación y entrada en vigor.

Bajo la ley aprobada, la Secretaría de la Defensa (Sedena) tendrá bajo su mando el nuevo Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, mediante el que realizará “acciones de alertamiento, interceptación aérea, identificación, seguimiento de trazas de interés”.

La Sedena coordinará también un sistema de vigilancia del espacio aéreo para “inhibir y contrarrestar” operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la “seguridad nacional”. En ese sistema participarán también la Marina y las secretarías de Comunicaciones y de Seguridad Pública.

Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano prosperó gracias al apoyo de Morena y aliados, quienes ratificó el dictamen sin un solo cambio a lo aprobado y enviado por la Cámara de Diputados.

Los legisladores afines a la 4T argumentaron que se trata de cubrir un vacío legal para poder enfrentar al crimen organizado y combatir el tráfico ilícito de mercancías, como el robo de hidrocarburos.

Sin embargo, senadores de oposición condenaron la ley y aseguraron que debilita a la autoridad civil encargada de la navegación del espacio aéreo, SENEAM, y consolida el fortalecimiento que el Ejército ha tenido en diferentes áreas durante la actual administración.

“Hoy las Fuerzas Armadas cogobiernan con López Obrador”, dijo el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, durante el debate del dictamen.

Recordemos que diversos colectivos aseguran que con la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano se sigue en la ruta de militarizar al país.

Y es que después de llegar al poder en diciembre de 2018, López Obrador ha dado a los militares cada vez más funciones, no solo en temas de seguridad pública, sino en otras áreas que normalmente están en manos de civiles, como actividades de infraestructura o aduanas.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 263 votos a favor, 26 en contra y 195 abstenciones, el dictamen que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) coordinará la participación de las autoridades para que coadyuven en la vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, en el ámbito que compete a la seguridad nacional.

El dictamen precisa que con esta Ley, se regulan las medidas, acciones y procedimientos para “preservar la seguridad y la soberanía e independencia nacionales del espacio aéreo mexicano”.

Precisa que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo actuará conforme a sus atribuciones al observar alguna de las maniobras de vuelo que se señalan, como es: no activar su código transponder o apagarlo durante el vuelo, cambiar de ruta sin motivo aparente, no establecer comunicación con los servicios de control de tránsito aéreo previstos por la autoridad aeronáutica o con el Centro.

Además, por no contar con información de plan de vuelo, registrar cambios erráticos de velocidad, altura, rumbo o realizar maniobras inusuales, sobrevolar una zona restringida, prohibida, peligrosa, de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano y de identificación de defensa aérea, y cuando una aeronave se encuentre en situación de emergencia.

También refiere los casos en que se considerará como no autorizado o clandestino algún vuelo.

Con estas nuevas disposiciones aprobadas, se constituye el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que según el gobierno tiene por objeto inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.

Así, se estaría entregando el control y supervisión del espacio aéreo a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien coordinará el Sistema-Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo.

La Secretaría de Marina también participará en el Sistema, al igual que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, (SICT);  la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la Guardia Nacional; el Centro Nacional de Inteligencia; la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración.

Tras la aprobación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, la oposición criticó a Morena y aliados, pues los acusó de presentar un acuerdo “carente de análisis y discusión, con argumentos y motivos cortos cuyo único objetivo es militarizar el espacio aéreo nacional”.

La bancada del PRD acusó la propuesta votada a favor por el oficialismo evidenció que el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) carece de una estrategia para combatir a la delincuencia organizada y que los problemas del país lo están rebasando.

“Se da el aval para que sea la Secretaría de la Defensa Nacional quien vigile y resguarde el espacio aéreo, en lugar de que lo siga haciendo la autoridad civil (…) ¿Conocen el Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA)? Tiene la tecnología para detectar, vía satelital, aeronaves sin permisos de vuelo. Cuenta con 80 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana que trabajan las 24 horas, los 365 días del año”, reclamaron los perredistas.

Adelantaron que la Suprema Corte podría invalidar dicha Ley, pues tal como ha pasado en otras ocasiones, se intenta ir en contra de lo establecido en la Constitución.

Por su parte la bancada de Movimiento Ciudadano rechazó la Ley, pues dijo, además de contravenir el artículo 129 de la Constitución, su implementación invadiría competencias, generando problemas de coordinación que podrían derivar en accidentes aéreos.

“No existe justificación para separar o centralizar las funciones aeronáuticas que actualmente se regulan en la Ley de Aviación Civil.  Por el contrario, la modificación afectaría la vigilancia y la regulación de sanciones al ampliar este rubro de seguridad nacional, lo que abre las puertas de la discrecionalidad”, dijeron los legisladores comandados por el diputado Jorge Álvarez Máynez

“En la Bancada Naranja vamos a seguir evidenciando la embestida al sector aeronáutico, que fue ignorado y cuyo personal verá una afectación en sus derechos laborales. Contrario a la militarización que aprueba el régimen, el sector merece una atención urgente para mejorar y ampliar su personal técnico con la finalidad de garantizar la seguridad del espacio aéreo”, remató.

La jueza del Noveno Distrito, con sede en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó una suspensión indefinida contra la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, tal como se aprobó en el Congreso respondiendo a una propuesta del gobierno federal.

Así, la jueza ordenó devolver el control de la coorporación policial a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La decisión se basa en un recurso de Ángel Castro Gómez, representante de la organización de defensa de Derechos Humanos Uniendo Caminos México.

Castro alegó que cambio incrementa el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los Derechos
Humanos, ya que la militarización de la Guardia Nacional genera un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión.

El recurso hace énfasis en que la seguridad pública no es de carácter militar, sino que es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de conformidad con el Artículo 21 de la Constitución.

En ese sentido, la jueza recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles.

En tanto, el gobierno, incluida la Sedena, argumentaron que la suspensión debía negarse porque la inaplicación de una ley de seguridad pública contraviene el orden social, ya que impide la consolidación de la Guardia Nacional como cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, bajo el control operativo y administrativo de Defensa.

Sin embargo, la jueza considera que la suspensión definitiva debe otorgarse con base a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y precedentes de la Corte Interamericana, por lo que ordenó suspender así también la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales y devolver los bienes y
recursos transferidos hasta ahora.

“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, explicó la jueza.

Recordemos que el pasado 13 de octubre, la jueza ya había otorgado una suspensión provisional en los 53 juicios de amparo colectivos que se interpusieron con el fin de que se declarara inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.

El 19 de octubre, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito de Guanajuato revocó la suspensión provisional.

Ahora, con una suspensión definitiva, la medida supone un serio revés para la gobierno de la Cuarta Transformación y para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impulsor de la Guardia Nacional.

Como parte del análisis del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, ayer compareció la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez ante el Pleno del Senado, donde aseguró que la actual administración ha logrado la detención de 65 mil 149 integrantes de bandas delictivas, incluidos seis mil 43 de organizaciones criminales, de los cuales dos mil 216 eran objetivos prioritarios.

En línea con el discurso del presidente, la funcionaria destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha permitido la disminución de la incidencia delictiva del fuero federal, ya que, al comparar las cifras de diciembre de 2018 con las de agosto de 2022, se muestra una baja de 23.3%.

Rosa Icela Rodríguez estuvo acompañada por los integrantes del Gabinete de Seguridad: Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda Durán, titular de Marina; y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quienes pese a haber estado citados a comparecer en un inicio, los senadores los “blindaron” de responder a los cuestionamientos de los legisladores.

La titular de la SSPC dio a conocer que los delitos fiscales disminuyeron 60%; los financieros, 65%; y el robo de hidrocarburos, el llamado ‘huachicol’ descendió 92%, lo que generado un ahorro de 226 mil 84 millones de pesos.

Además, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 36 mil cuentas bancarias, con 16 mil millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas.

En cuanto a aseguramientos, se informó que se logró la incautación de 32 mil 746 armas de fuego; 17 millones 352 mil cartuchos y dos mil 300 granadas; 5.2 toneladas de fentanilo, casi mil por ciento más que en los últimos cuatro años de la administración anterior, lo que representó una afectación a las finanzas de la delincuencia organizada por más de 41 mil 325 millones de pesos.

También se confiscaron 94 mil 551 kilogramos de cocaína; 154.1 toneladas de metanfetaminas; 618 mil 930 kilos de mariguana; mil 116 kilogramos de goma de opio, y mil 429 kilos de heroína. Se erradicaron 46 mil 304 hectáreas sembradas con amapola; se destruyeron mil 57 laboratorios de narcóticos.

Destacó los avances del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos, que dijo, permitió mejorar los controles en entradas marítimas, aéreas y ferroviarias para la detección de precursores químicos, flujo de dinero y productos falsificados.

En cuanto a delitos del fuero común, apuntó que al comparar las cifras de 2018 con la incidencia de agosto de 2022, el secuestro disminuyó 74.1%, y dos mil 57 víctimas fueron liberadas, además de que se detuvieron a cuatro mil 557 secuestradores y se desarticularon 518 bandas. El robo total decreció 18.1%; el de vehículos bajó 40.4%; el robo en transporte público disminuyó 35.4%; a casa habitación descendió 20.7%; a transportistas 39%; a negocio 28%, y a transeúnte 14.4%. 

Tal como lo ha señalado el presidente López Obrador, la titular de SPCC precisó que en 2019 y 2020 se contuvo el alza del homicidio doloso, y en 2021 inició su baja constante, por lo que, para agosto de 2022, se presentó una disminución de 14.6%, respecto al máximo histórico registrado en 2018.

Durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad, los senadores de todas las bancadas hicieron cuestionamientos sobre  la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el crimen organizado “estaría desbordado”. Recordó que el problema de la inseguridad tiene décadas en México, mientras que esta administración sólo tiene cuatro años en el ejercicio de la administración pública.

Ricardo Monreal señaló que quienes insultan y culpan al Ejército de la aprobación de las últimas reformas en materias de seguridad a cambio de dinero, sólo quieren ganar el debate por fanatismo y con mentiras, pues este proyecto se avaló por mayoría calificada.

En tanto, la senadora del PAN, Lilly Téllez, dijo que, por acción u omisión, el Gabinete de Seguridad es responsable de la explosión de la violencia de este sexenio. Acusó que los ahí presentes no podían explicar los más de 130 mil muertos que se han registrado en esta administración.  

Claudia Anaya, senadora del PRI, consideró que el problema no son las Fuerzas Armadas, sino la falta de estrategia de seguridad del gobierno federal, por lo que en lugar de un beneficio, se terminará lastimando a los elementos del Ejército y la Marina.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal ha fracasado, además de que no hay evidencia de que la presencia de las Fuerzas Armadas reduzca la inseguridad y la crisis de violencia en la que vive México.

Finalmente, el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, consideró que exigir rendición de cuentas no es una falta de respeto hacia las Fuerzas Armadas, pues está en juego nuestra democracia, por el peligroso y acelerado proceso de militarización. Esto ante la petición por parte de la oposición de que los titulares de Sedena y Semar comparecieron ante el Congreso y a lo que se han negado.

Siendo la única que comparecía, la secretaria de Seguridad rechazó que se lleve a cabo un proceso de militarización como se acusa, pues señaló que ese concepto implica que los militares gobiernen. “En el caso de México hay un gobierno civil”, destacó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado este miércoles, de nueva cuenta, por el hackeo a la Secretaría de la Defensa por parte del colectivo Guacamaya.

Cómo fue que pasó; qué se ha hecho con la información robada; si todo lo que se ha revelado es verdad, fueron algunas de las preguntas que se le hicieron al mandatario.

Sin embargo, el presidente aseguró que no contestaría y ahondaría en el tema, pues eso sería hacerles “el caldo gordo” a sus opositores. Se limitó a decir que todo se trató de un “rotundo fracaso”.

“En general. Cómo lo anunció Loret de Mola, casi era el derrumbe de nuestro gobierno (…) entonces, como seguramente les costó mucho, imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos, y salió ‘puke’ (…) pues quisieran que siguiéramos hablando de eso”, añadió.

López Obrador llamó a la prensa a “no aplicarse” en ese tema y buscar otros pues el hackeo “no funcionó”.

A diferencia del hackeo, dijo, la mañanera es un diálogo circular de comunicación de muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia o la guerra sucia, “es el periodismo como imperativo ético, no tiene que ver con el coloquialmente conocido chayote, nada”.

Fue en ese momento donde dijo que pese a los hackeos, no le va a ser fácil a sus opositores encontrar algo en su contra. Recordó que ha sido investigado desde 1977 cuando fungía como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco.

“Lo he dicho, no es para presumir, pero no me importa el dinero. He aprendido, y es un consejo que yo puedo dar a seres queridos y amigos también queridos, que no hay tener mucho apego ni al dinero ni al poder. Entonces, por ahí no es la cosa”, justificó.

Señalando que lo que realmente le importa es acabar con la corrupción y que haya justicia, AMLO ofereció disculpas por no darle juego al tema del hackeo, pues dijo, “es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores, porque no todos ellos piensan, sino traman, están nada más, ni duermen, viendo qué maldad van a hacer, son malos de Malolandia”.

Dijo a sus adversarios que si pretenden echar a andar otro escándalo, les sugiere que tenga sustento. Y aunque dijo que de vez en cuando va a contestar algo así, advirtió que no se va a manchar la mañanera.

“Están utilizando pues cualquier información. Ya la guacamaya se volvió zopilote”, remató entre risas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó la negativa del secretario la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, a comparecer por el hackeo del colectivo Guacamaya ante diputados, y calificó de “politiquería” las críticas que se le hicieron a su colaborador, e incluso pidió a opositores y medios serenarse con un “té de tila”.

Y es que la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados citó hace un par de semanas al general Luis Sandoval, ante lo que respondió que con una negativa a asistir  dijo que de reunirse tendría que ser en oficinas castrenses, según dio a conocer el congresista Sergio Barrera, del opositor Movimiento Ciudadano y secretario de ese comité.

La cita, programada para el pasado 18 de octubre, fue finalmente cancelada, informó el lunes el titular de Gobernación, Adán Augusto López. El funcionario dijo que Barrera, al que acusó de tener una actitud “irrespetuosa”, anunció que no iría al encuentro, lo que el parlamentario niega.

Los diputados requirieron la presencia de Sandoval para que detallara las medidas que están tomando las Fuerzas Armadas en ciberseguridad tras el hackeo masivo de seis terabytes de información clasificada destapado en septiembre y atribuido al colectivo Guacamaya.

Las filtraciones han sacado a la luz detalles de la salud de López Obrador, datos sensibles sobre operativos militares, el seguimiento militar a periodistas y activistas, y el conocimiento que tienen las Fuerzas Armadas de actos corrupción entre autoridades y grupos criminalesm, entre muchas otras cosas.

“Es parte de lo mismo, es la politiquería, no le den importancia a eso, no es nota (noticia)”, afirmó el mandatario al ser cuestionado en su conferencia de prensa matutina. Se le insistió si Sandoval gozaba de privilegios como para negarse a comparecer. “Nota es el que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo”, respondió, dejando de lado la pregunta.

Y es que recordemos que después de llegar al poder, AMLO ha colocado cada vez a más militares en funciones de seguridad pública y en otras que normalmente están en manos de civiles, como actividades de infraestructura o aduanas. La oposición lo considera un sometimiento al poder castrense.

“No hay que enojarse, hay que estar contentos, alegres, felices y que ellos (los opositores) se serenen, que se tranquilicen; sirve la pasiflorina o el té de flor de tila”, añadió el presidente, quien acusó también a los medios de cobrar dinero de sus adversarios para atacarle.

Si bien los secretarios de Estado no están obligados a acudir a las invitaciones de los legisladores, esas comparecencias, a veces a puerta cerrada, están contempladas como un mecanismo de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo.

Los comentarios del presidente llegan previo a que Sandoval, junto a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de Marina, Rafael Ojeda, estuvieran citados mañana en el Senado para comparecer ante los legisladores como parte de la Glosa del Informe de Gobierno.

Sería la primera vez que los titulares de las Fuerzas Armadas comparezcan ante el pleno del Senado en una reunión pública.

Sin embargo, de ultima momento, el Pleno del Senado modificó el acuerdo de las comparecencias y canceló la participación de los titulares de SEDENA y SEMAR.

Estados Unidos manifestó su preocupación por el impacto que podría tener en las operaciones de combate a las organizaciones criminales y la seguridad del personal el hackeo a los archivos de la Secretaría de la Defensa (Sedena).

Previo a que iniciara en Washington la segunda reunión del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (DANS) entre Estados Unidos y México, el subsecretario interino de la oficina de asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, admitió en conferencia de prensa que entre las autoridades estadounidenses hay preocupación sobre el impacto que podría generar la filtración.

“La protección de esa información siempre es algo que tenemos que trabajar internamente, tanto como con nuestros socios”, dijo Zúñiga al reconocer que el hackeo es un fenómeno que puede afectar a cualquiera.

El funcionario estadounidense se refirió a lo que a finales del mes pasado confirmó el propio gobierno federal, que un gran volumen de archivos de la Sedena fueron extraídos por un grupo de hackers llamado Colectivo Guacamaya.

Los hackers habrían robado 10 terabytes de información que incluyen correos electrónicos de las fuerzas armadas de México, El Salvador, Perú, Colombia y Chile, y de la Policía Nacional salvadoreña.

Durante las últimas semanas varios medios han difundido algunos de los archivos que fueron sustraídos a la Sedena que incluyen informaciones sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actividades de inteligencia, llegando a sugerir espionaje a activistas y periodistas, así como información de combate a grupos criminales y la participación de los militares en proyectos del gobierno.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que encabeza la delegación mexicana que se reúne hoy en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Justicia, Merrick Garland, busca darle seguimiento a los temas que se abordaron durante el primer encuentro del DANS que se realizó en la Ciudad de México.

Al hablar de los avances que se han alcanzado en el primer año del acuerdo de cooperación en materia de seguridad, llamado Marco Bicentenario, Zúñiga consideró como un éxito la nueva legislación e inversiones que se aprobaron para modernizar los puertos y aduanas, las acciones que se adoptaron para interrumpir el tráfico de armas, y el desmantelamiento de una docena de redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

El Ejército trabaja en la creación de una nueva aerolínea que operará a través de su empresa Olmeca-Maya-Mexica, informó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmando lo que revelaron los Guacamaya Leaks.

El mandatario se mostró sorprendido por la revelación del tema, pues dijo, no sabía que el hackeo que se hizo a la Sedena tuviera esa información.

“Sí se está trabajando en eso, es la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

La aerolínea del Estado, que se sumaría a la oferta en la que ya están las privadas Aeroméxico, Volaris, VivaAerobus y Aeromar, operaría en un inicio con 10 aviones alquilados, detalló López Obrador.

Dicha compañía podría utilizar el avión presidencial, un Boeing 787 adquirido por casi 219 millones de dólares en los gobiernos anteriores que él ha intentado vender desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2018 con el argumento que es demasiado lujoso.

“Sí es muy probable que para el año próximo esté esta nueva línea aérea, hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales”, añadió el mandatario.

Argumentó que existe una oportunidad tras la disminución de rutas de otras aerolíneas y la desaparición de Mexicana en 2010 y el cese de operaciones de Interjet en 2021.

De hecho, López Obrador adelantó que buscará que la nueva aerolínea se llame Mexicana, que era la más antigua del país desde 1921 y contaba con participación del Estado, pero que se declaró en concurso mercantil en 2010 en un controversial proceso que aún no se resuelve y mantiene a sus extrabajadores en lucha.

“Lo ideal sería que fuese Mexicana porque es regresarle a la nación un símbolo, un emblema, solo que los trabajadores estuviesen de acuerdo en recibir una cantidad o quien tenga la marca, hay que ver si a lo mejor es propiedad pública”, detalló.

La aerolínea del Ejército se anuncia mientras las Fuerzas Armadas adquieren un creciente poder en el gobierno de López Obrador, quien les ha otorgado tareas de seguridad pública, construcción de infraestructura, control migratorio y administración de aduanas y aeropuertos.