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El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, inauguró este martes la Asamblea General de la organización con un mensaje en el que destacó que el último fue un “semestre desastroso” para la libertad de prensa.

“Lamentablemente este fue un semestre desastroso en materia de libertad de prensa. En especial, debido a la injerencia del poder político sobre los aparatos de justicia”, dijo Canahuati en un mensaje inicial.

Canahuati, acompañado de la presidenta de la Agencia Efe, Gabriela Cañas, declaró abierta esta reunión de cuatro días en formato virtual en la que el escritor nicaragüense Sergio Ramírez será el orador principal.

El presidente de la SIP se refirió al cierre de dos medios “emblemáticos” por parte de gobiernos en connivencia con la justicia: El Nacional de Caracas y La Prensa de Managua. Subrayó que “su único delito fue ejercer el periodismo independiente” y subrayó que sin ello no puede haber democracia.

Canahuati aprovechó para resaltar el grave riesgo que afecta a los medios de comunicación debido a los estragos económicos de la pandemia. Indicó que esta ha agudizado la crisis económica que venía arrastrando la industria por lo que muchos los medios no pudieron “sobrevivir. Muchas comunidades quedaron sin medios de comunicación y es evidente que con ello la democracia perdió un pilar fundamental”.

Gabriela Cañas, de la Agencia Efe, que organizará la próxima Asamblea General en Madrid junto a la SIP, subrayó que “hallar un modelo sostenible es crucial para la libertad de expresión y, por tanto, para la propia democracia”.

Cañas mencionó la concesión del premio Nobel de la Paz a “dos periodistas valientes”, María Ressa, de Filipinas y Dmitri Muratov, de Rusia, como “un reconocimiento a la difícil tarea de muchos reporteros que trabajan en condiciones precarias y que, además, arriesgan su libertad y tal vez su vida”.

“Sin llegar a esos extremos sabemos desde hace mucho tiempo que las denuncias falsas contra periodistas y el estrangulamiento de las fuentes financieras de sus empresas es un arma poderosa para todos aquellos que abusan de su poder”, agregó.

La presidenta de Efe abundó en que a los problemas que sufre la prensa se suma la crisis general del modelo de negocio, y llamó a los demás miembros de la SIP a adaptarse y reclamar contraprestaciones a quienes difunden sus contenidos.

El orador principal de la reunión es el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que fue vicepresidente cuando Daniel Ortega gobernó por primera vez en Nicaragua, y quien ha tenido que abandonar su país y exiliarse en Costa Rica, pues el gobierno nicaragüense ordenó su arresto por “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”.

En el caso de México, la SIP alertó sobre las amenazas del crimen organizado contra periodistas en el país, las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO9 y el asesinato de seis comunicadores en la primera mitad de 2021.

En el informe, el organismo advirtió de las “amenazas cada vez más burdas” de los grupos criminales, en particular del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Resaltó que México acapara la mayoría de los nueve asesinatos de periodistas registrados en el último semestre en el continente americano, con seis, mientras que Brasil, Colombia y Haití reportan uno cada uno.

En nuestro país, los homicidios han ocurrido en los estados de Sinaloa, Oaxaca, Coahuila, Sonora, Michoacán y Veracruz, en su mayoría contra reporteros locales. “La Segob reconoció que entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021 se registraron 47 homicidios a periodistas y que existe un 99% de impunidad. Solo hubo sentencia en cinco casos”, denunció la SIP.

La asociación también citó que la Segob ha admitido que en la Presidencia de López Obrador, desde diciembre de 2018, ha subido en 88% el número de personas incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que evidencia un incremento de la violencia.

Recordó que el 54% los periodistas protegidos están en solo seis estados: Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.

En este contexto, la SIP lamentó que López Obrador “no cesa en sus críticas y descalificaciones contra la prensa”. Cuestionó que el presidente haya inaugurado el 30 de junio la sección de “Quién es quién en las noticias”, en la que el se exhibe a medios que, según su criterio, publican información falsa.

“Más que aclarar lo que considera noticias falsas, es usado para criticar a medios y periodista, según él en represalia por haberle quitado sus privilegios publicitarios y responder a los intereses de los empresarios ricos que no quieren su política social”, sostuvo la SIP.

Foto: Twitter @article19mex

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó este miércoles la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, la cual señala que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 277.6 mil millones de pesos, es decir, 1.85% del PIB.

Esta cifra equivale a un promedio de 7,155 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

Así, en el país hubo 21.2 millones de víctimas de algún delito de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 23,520 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2020, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2019 que fue de 33,659.

Recordemos que la tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2020 fue de 30,601.

Coincidiendo con la pandemia y el confinamiento asociado, se estima que el número de delitos en México cayó de 30.3 millones en 2019 a 27.6 millones en 2020; así, la incidencia delictiva bajó de 33.7 a 30.6 delitos por cada 100 habitantes en el período; en tanto, el número de víctimas del delito en México cayó de 22.3 millones en 2019 a 21.2 millones; así, la prevalencia delictiva bajó de 24.8% a 23.5% de la población en el período.

El delito de robo en la calle o transporte público presentó una reducción en su frecuencia, al pasar de 27% del total de los delitos ocurridos durante 2019 a 22.5% en 2020.

De los 27.6 millones de delitos registrados, 22.5% fueron robo en la calle o transporte público; 19.3% fraudes; 16.9% extorsiones; 10.6% robos de vehículos; 9.7% amenazas verbales y 6.1% robos a casa habitación.

El presidente del INEGI, Julio Sanatella, indicó que el fraude es el delito más frecuente en 13 estados (norte, penínsulas y occidente del país); el robo en la calle o en el transporte público en 7 (centro y sureste), y la extorsión en 11 estados (golfo, centro y sur del país).

Las entidades con la mayor incidencia delictiva fueron la CDMX con 53.3 delitos por cada 100 habitantes; el Estado e México con 39.5, y Morelos con 35.8; la menor incidencia se observó en Chiapas con 15.7, Veracruz con 18.8 y Yucatán con 21.3.

La encuesta revela que la cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en carpeta de investigación, fue de 93.3% a nivel nacional durante 2020.

Los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33.9% y la desconfianza en la autoridad con 14.2%.

La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en los estados del país durante marzo y abril de 2021 se ubicó en 75.6%.

Durante el mismo periodo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas fue de 65.5% en su municipio o demarcación territorial y 41.9% en su colonia o localidad. Dichas estimaciones fueron estadísticamente menores a las registradas en 2020.

Se estima que en 2020 ocurrieron 3.1 delitos sexuales contra la mujer, incluyendo violación, hostigamiento, manoseo, exhibicionismo o intento de violación por cada 100 mujeres.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) informó este lunes que suspendió a uno de sus altos directivos, al ser acusado de acoso sexual y violencia de género.

“Por primera vez y demostrando su continuo compromiso con las mujeres y con su política de cero tolerancia y combate al acoso sexual y a la violencia de género, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspende a alto directivo por prácticas de acoso sexual y violencia de género”, informó el órgano en un comunicado.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, emitió un acuerdo el pasado 2 de septiembre sobre un nuevo mecanismo para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género hacia dentro del Alto Tribunal, indicó el texto.

Como parte de dicho mecanismo integral, se ordenó la creación de un área dentro de la ya existente Unidad General de Igualdad de Género, que es la encargada de proporcionar atención jurídica, médica y psicológica de primer contacto a las víctimas de acoso y violencia sexual, “dotando un adecuado acompañamiento a las denunciantes de este tipo de conductas indebidas”.

“Asimismo, como parte del acuerdo emitido por el ministro presidente, se reordenan y estructuran las facultades de la direcciones competentes de investigar y substanciar conductas posiblemente constitutivas de faltas administrativas, para que los casos de acoso sexual y violencia de género se atiendan de manera sensible, pronta y adecuada”, agregó la SCJN.

Este nuevo acuerdo permitió que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas suspendiera al alto funcionario de la Suprema Corte.

Esta suspensión se da como medida cautelar y en protección a las posibles víctimas de acoso y violencia sexual, “hasta en tanto se concluya el procedimiento correspondiente”, puntualizó el texto.

Al respecto, Arturo Zaldívar ocupó sus redes sociales para indicar que la seguridad de las mujeres y el respeto a su dignidad son una prioridad en al Suprema Corte.

En más sobre la SCJN, esta mañana grupos conservadores protestan en contra de un proyecto que se discute sobre la despenalización del aborto en la primera etapa del embarazo.

Y es que el pleno de la SCJN discute un proyecto derivado de una impugnación que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017; dicho proyecto pretende declarar inconstitucional la criminalización de las mujeres que abortan y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento.

“El vicio de inconstitucionalidad se traduce en que la disposición califica el actuar de la mujer como un crimen, con las consecuencias inherentes a tal configuración legislativa. Esto contribuye negativamente al pleno despliegue del derecho a elegir”, propone el proyecto del ministro Luis María Aguilar.

Aunque la decisión del Supremo sólo invalidaría el código penal de Coahuila, si ocho de los 11 ministros del pleno votan por el proyecto, se sentaría un precedente que obligaría a los jueces del resto de los estados a fallar a favor de las mujeres.

También se tiene contemplado otro proyecto que propone declarar inconstitucional la reforma a la Constitución de Sinaloa, que considera que “la vida comienza en la concepción”. El órgano judicial considera que “concepción” no es un término jurídico y ha alertado sobre las implicaciones de otorgarle derechos de ciudadanos a los fetos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sugirió esta mañana la destitución del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, al indicar que no ha habido “ninguna mejora” en la seguridad del estado desde que asumió el cargo en 2009.

“No es posible, si fuese un gerente de una empresas, con estos resultados ya lo habrían corrido, hablando en plata. Más si se trata de un asunto tan delicado como la seguridad pública”, expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

Y es que Guanajuato, gobernado por PAN, es el estado más violento del país por los choques entre grupos del narcotráfico, y encabeza la lista de homicidios con 1,545 durante los primeros cinco meses del año.

“Es evidente que no hay buenos resultados. Guanajuato es uno de los estados con más violencia desde hace bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleva 12 años el procurador”, señaló el mandatario.

López Obrador expresó que ojalá el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, “actúe”, pues opinó que el gobierno no puede estar secuestrado por facciones e intereses de grupo ni permitir privilegios.

Puso como ejemplo el caso de Veracruz, cuando fue destituido el fiscal Jorge Winckler, actualmente prófugo de la justicia, hubo “una disminución en los índices delictivos y en particular en homicidios y secuestros”.

El presidente denunció que durante los gobiernos anteriores, en lo que llama el “período neoliberal”, se nombraban fiscales estatales “para mantenerlos por 12 o 15 años”, los cuales se sentían “intocables”.

“Todo era: yo voy a dejar el procurador para que cuando yo termine voy a tener quien me cuide y me proteja”, reprochó el mandatario.

Recordemos que nuestro país ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de López Obrador, con 34,681 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020. Además, reportó 2,963 homicidios en mayo, el mes más violento en lo que va de 2021.

López Obrador admitió ayer que no podrá “acreditar históricamente” su gobierno si no logra pacificar el país, por lo que anunció reuniones con los 32 gobernadores para revisar el plan de seguridad.

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México debido al aumento de la violencia e inseguridad, así como por el repunte de los contagios de COVID-19 en gran parte del país.

En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el gobierno federal recomendó a sus ciudadanos “reconsiderar sus planes de viaje a México” por un aumento de los contagios y el “riesgo a ser víctimas de la delincuencia”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades acompañaron la recomendación con un aviso de salud para viajes de nivel 3 debido a un alto nivel de propagación del coronavirus en México.

Y es que según los datos del gobierno de nuestro país, los estados con mayor cantidad de casos activos son Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Baja California, Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Guerrero.

Sin embargo, la alerta de viaje también pone especial interés en los posibles delitos violentos, como “homicidio, secuestro, robo de vehículos y hurtos, muy extendidos en el país”.

En ese sentido, el gobierno de Estados Unidos señaló que tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en muchas áreas de nuestro país. Recordó que los viajes de empleados del gobierno a ciertas áreas están prohibidos o restringidos.

En particular, el Departamento de Estado ha pedido a los ciudadanos no acudir a estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas debido a los altos índices de delitos y secuestros.

Recomendaron reconsiderar los viajes a Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas, debido a la inseguridad, especialmente al delito de secuestros.

Para los estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, CDMX, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz por el aumento de la delincuencia.

Solo para dos estados: Campeche y Yucatán, se recomienda tomar las precauciones habituales de un viaje.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el clima de tensión y violencia que se vive en Aguililla, Michoacán, donde grupos del crimen organizado se disputan el territorio, además de que se han registrado confrontaciones entre la población y los militares.

“Un llamado a la población de Aguililla y de toda esa región de Michoacán, a la gente, a los campesinos, a los productores, a los comerciantes, a religiosos, a todos, a que se ayude a conseguir la paz, que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación, que hagamos a un lado el odio, el rencor, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que no nos hagamos daño, no a la violencia, sí a la paz, al diálogo”, respondió el presidente.

López Obrador pidió a la población que no se dejen manipular por los grupos delictivos,  que dijo, tienen otros propósitos a pesar de que aparentan que son buenos con el reparto de despensas o ayudas. Dijo que los criminales solo utilizan a la población.

“Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos, a toda la población, pero que no opten, que no decidan por querer resolver las cosas con violencia. Se los pide el presidente de México”, dijo AMLO.

El mandatario aseguró que conoce muy bien El Aguaje, Aguililla, y toda esa región de Michoacán, cuyos ciudadanos son un “pueblo bueno, un pueblo trabajador”.

AMLO reconoció que hay dos o tres grupos criminales que tienen presencia en la zona, que son quienes quieren apoderarse del territorios y provocar confrontación y pérdidas de vidas humanas, incluso de quienes pertenecen a las bandas criminales.

“No estoy de acuerdo con la vía violenta, soy pacifista; que, aunque se burlen porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo: Abrazos, no balazos. La paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego”, reiteró el presidente.

Sobre la situación que se vive en Aguililla, dijo que el Ejército y la Guardia Nacional mantendrán su presencia ahí, pues no puede dejarse sin protección a la gente; sostuvo que las fuerzas armadas se retiraran, se corre el riesgo de que se convierta en terreno de nadie y que controle quien se imponga mediante la violencia.

Rechazó que se vaya a dejar en manos de los grupos de autodefensa las tareas de seguridad, tal como se hacía en gobiernos anteriores; aseguró que eso fue un grave error que causó muchas vidas.

Sobre si está considerando visitar la zona, a donde incluso el representante del Papa en México, el nuncio apostólico Franco Coppola, visitó en abril pasado, López Obrador dijo que que “a ver cuándo puedo ir”, lo que evidenció que no está dentro de sus planes a corto plazo.

Justificó su posición al decir que no quiere visitar Aguililla para no hacerle “el caldo gordo” a la prensa amarillista y a sus adversarios. “¿Se imaginan? Si voy a estar en eso, híjole, el Reforma y El Universal, y las televisoras y todos hablando nada más de eso”, refirió el mandatario.

El gobierno federal ´presentó esta mañana un informe sobre la violencia contra las mujeres, en el que reconoció un alza del 7.1% interanual en feminicidios, luego de que haber registrado 423 crímenes en los primeros cinco meses del año.

Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, habló sobre las acciones que se han implementado para reducir o eliminar los feminicidios y la violencia de género en el país.

Recalcó en incidencia por cada 100,000 habitantes, los estados de Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas concentran las tasas más altas en este delito.

Acusó que durante décadas “se redujo, minimizó e ignoró” el feminicidio; sin embargo, destacó que en la actual administración se trabaja para que en todos los estados se tipifique como un delito federal y se castigue a los culpables.

Señaló que se ha instalado un gabinete de género para avanzar en la agenda de los derechos de las mujeres, además de que existen 100 integrantes de la Guardia Nacional listos para ayudar a las fiscalías estatales quienes se han especializado en violencia de género y feminicidio.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aceptó que ha habido un incremento en feminicidios, lamentablemente, y en violencia familiar. “Estamos ocupándonos de eso”, subrayó.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó la creación del grupo institucional contra la violencia. “Trabajamos todos los días para atender las dinámicas de violencia contra las mujeres mediante estrategias de atención y prevención”, subrayó.

Indicó que el reto de erradicar la violencia contra las mujeres “es enorme”. Sin embargo, dijo que igual de enormes son las acciones que se llevan a cabo y para ello los tres niveles de gobierno deben estar coordinados.

En su intervención, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Fabiola Alanís, dijo que en esta administración se ha mejorado la atención a este delito. Señaló que en los primeros seis meses de este año 100,000 mujeres han sido atendidas en los 55 Centros de Justicia para las Mujeres, los cuales brindan atención médica, asesoría y alojamiento.

Finalmente la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Nadine Gasman, indicó que en un recorrido por el país encontraron que las tres principales preocupaciones de las mexicanas son: erradicar la violencia, tener autonomía económica y la distribución del trabajo en el hogar.

En ese sentido detalló que las tres principales acciones realizadas por el organismo son la prevención de violencia sexual y el embarazo de niñas y adolescentes, el acompañamiento de las mujeres en territorio nacional y los cuidados familiares.

El proceso electoral que culminó el pasado 6 de junio dejó 102 políticos asesinados, entre estos 36 eran aspirantes o candidatos a distintos cargos, informó la consultora Etellekt, quien dio seguimiento a las campañas.

De acuerdo con el Séptimo informe de violencia política en México, de la firma Etellekt, del 7 de septiembre de 2020 a al 6 de junio, se registraron un total de 1,066 agresiones globales en contra de políticos, de los cuales 102 fueron homicidios, 36 de estos eran aspirantes o candidatos.

Del total de los 102 políticos asesinados, 87 eran hombres (29 eran aspirantes o candidatos) y 15 mujeres (7 aspirantes o candidatas).

En el reporte, se apuntó que la violencia en contra de personas políticas se extendió a los 32 estados del país y a 570 municipios, de los cuales 29 fueron ciudades capitales.

La cifra de 1,066 agresiones globales fue un 37.7% mayor en comparación a las 774 agresiones o delitos globales contabilizados en el anterior proceso electoral de 2018; no obstante, la cifra de 102 políticos asesinados es menor en un 32.8% en comparación con los 152 casos del periodo electoral que arrancó desde 2017.

El informe resaltó que en el proceso, la mayoría de las agresiones fueron en contra de los candidatos opositores a los gobiernos estatales (75%), cifra que coincide con los aspirantes y candidatos víctimas de todos los delitos que buscaban cargos municipales (alcaldías, regidurías y sindicaturas), quienes también eran opositores a los alcaldes de dichas demarcaciones.

La consultora destacó que en la medida que continúe “siendo comprometida la seguridad de los candidatos y ante la altísima tasa de impunidad que impera en relación con la sanción efectiva de estos delitos, se reproduce el circulo vicioso de la violencia”.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo este lunes que el nivel de violencia registrado durante la reciente jornada electoral en nuestro país ha sido “alarmante”.

La expresidenta de Chile planteó que es fundamental que se castiguen los actos criminales cometidos y se garantice que no se repetirán.

México fue uno de los países de preocupación que Bachelet mencionó hoy en la presentación del informe de su oficina en la sesión inaugural de las 47º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

En su intervención dirigida a las delegaciones de los 47 Estados miembros de este órgano, además de todos los que participan como observadores y oenegés, Bachelet dijo que se ha documentado el asesinato de al menos 91 políticos y miembros de partidos, entre los cuales 36 se presentaban como candidatos.

Estas muertes tuvieron lugar entre septiembre, fecha en que comenzaron las campañas, y los días previos a las elecciones del pasado 6 de junio.

La alta comisionada dijo que no había que olvidar que muchos otros participantes en el proceso electoral fueron atacados o amenazados, una ola de violencia que también afectó a simpatizantes de un partido u otro, así como a funcionarios que trabajaban para que los comicios pudieran tener lugar.

Mencionó que entre las formas de violencia observadas hubo violencia de género, así como de carácter sexual, y campañas de difamación.

Además de sancionar todos estos crímenes, Bachelet pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se abstenga de utilizar un lenguaje que descalifique a aquellos que critican a las autoridades o que pueda poner en cuestión la independencia de organismos públicos autónomos, incluidas las autoridades electorales.

En su mensaje, Bachelet también comentó la situación en Colombia y manifestó su condena a “todas las formas de violencia”, llamó a que se respete totalmente el derecho a la reunión pacífica” y alentó “un diálogo que resuelva la crisis”.

La Oficina de la alta comisionada en Ginebra tiene conocimiento fundado de 56 muertes (54 civiles y 2 policías) ocurridas en el contexto de las protestas antigubernamentales que se iniciaron a fines de abril en Colombia, con la mayoría de vidas perdidas en la ciudad de Cali.

Bachelet denunció la actuación de grupos que están cometiendo abusos y que han establecido barricadas que están afectando los derechos humanos de la población.

El titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti, señaló un desarrollo positivo de la jornada electoral de este domingo, aunque informó sobre 415 denuncias recibidas hasta ahora relacionadas con las elecciones, las cuales señaló que están siendo investigadas.

De estas denuncias, 229 provienen de la Ciudad de México, 100 del Estado de México, 61 de Nuevo León, 48 de Chiapas y 45 de Puebla. La mayoría de los problemas detectados son de competencia local, por lo que en el ámbito federal “las cosas están tranquilas”.

Ortiz explicó que llama la atención el número de llamadas telefónicas al sistema FEDETEL, con cerca de 52,000, aunque precisó que la inmensa mayoría son peticiones de información y únicamente unas 1,000 aportan datos sobre posibles delitos electorales.

Además, ha destacado la “gran asistencia” en los centros de votación y ha invitado a todos los electores a ejercer su derecho de votar en estos comicios, los más grandes en la historia del país.

“Nunca se había visto que en las elecciones intermedias hubiera tanto interés y que hubiera signos, síntomas, de que tendremos elecciones de alta calidad democrática. Eso será un paso adelante en la construcción, que ha sido muy accidentada y difícil, de la democracia en México”, expuso Ortiz Pinchetti.

Los cinco estados con más incidencia por posibles delitos electorales federales son hasta el momento: la Ciudad de México con 229; el Estado de México con 100; Nuevo León con 61; Chiapas con 48 y Puebla con 45.

El titular de la FEDE recordó que cuatro mil 200 policías federales y mil 600 peritos que ayudarán a esclarecer los posibles delitos que se presenten durante la jornada electoral.

Recordemos que en la jornada electoral de este domingo están en juego más de 21,000 cargos de elección popular, entre las que destacan los 500 diputados federales; 15 gubernaturas; 1,063 cargos en congresos locales; 17,000 en ayuntamientos, y más de 1,900 alcaldías,

Desde el pasado mes de septiembre, que inició el actual proceso electoral, se han registrado 910 agresiones o delitos contra políticos, 860 víctimas de diversos delitos; un saldo de 91 víctimas mortales, 36 de ellos aspirantes y candidatos, según el último corte del monitoreo realizado por la consultora Etellekt.

La cifra final (910 agresiones) representan 17.5% más que durante todo el proceso electoral del 2018.

El dicho “más vale tarde que nunca” para aplicar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en el último día de campañas y a cuatro días de la jornada electoral, lamentó la situación de violencia política que se vive en el país.

“La CNDH lamenta los ataques violentos perpetrados en contra de candidatas y candidatos a cargos de elección popular ocurridos en el presente periodo electoral”, expresó el organismo en un comunicado.

La CNDH exhortó a las autoridades a que se investiguen los hechos con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, y se garantice el acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.

Además, recordó que el Estado mexicano aprobó la Carta Democrática Interamericana con lo que reconoció que sus ciudadanos tienen derecho a la democracia, y el gobierno de promoverla y defenderla.

“El respeto absoluto de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los Tratados Internacionales de los que México es parte, (…) constituyen condición necesaria para que la democracia representativa sea una realidad”, añade.

En este sentido, insistieron en que el clima de violencia en el que se desarrolla el proceso electoral, la inseguridad y el crimen organizado representan un reto para el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía, aunque enfatizó que esto no puede suponer un retroceso en cuanto a “las conquistas y la ampliación de las libertades de todos los mexicanos”.

La Comisión indicó que mantener vigentes los derechos es tarea del gobierno, pero también de toda la sociedad, por lo que llamaron a la ciudadanía a manifestarse “sin miedo”.

“(Hacemos) Un llamado a todos los actores, (…) y a las autoridades electorales para que cumplan con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la democracia, que implica el respeto al voto y el derecho a tener elecciones auténticas, que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores”, remató la CNDH.

Desde que comenzó el proceso electoral el pasado 7 de septiembre, la consultora Etellekt ha contabilizado 89 políticos asesinados, de los que 35 eran aspirantes o candidatos, pero también 99 servidores públicos sin militancia, 10 colaboradores y 34 familiares de políticos, por lo que las muertes superan las 230.

En total se han registrado más de 782 agresiones o delitos contra políticos como homicidios, amenazas, secuestros, robos e intimidación en mítines, que ya superan las 774 de las elecciones de 2018.

 

Sobre el tema, el exsecretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, quien encabeza la misión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal),  de observación electoral en nuestro país, advirtió sobre la violencia política en el país, enfatizando que es un tema que afecta a la democracia.

En un encuentro organizado por el INE, el chileno también resaltó “la credibilidad, profesionalismo e imparcialidad” que distingue al Instituto Nacional Electoral.

Por su parte, Córdova informó a Insulza que el domingo se instalarán en todo el país más de 163,000 casillas con 1.4 millones de funcionarios para permitir el voto de más de 93 millones de mexicanos.

Recordemos que la Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA, diferente a la de la Copppal, expresó la semana pasada su “profunda preocupación” por la violencia.

Redes Sociales Progresistas (RSP) presentó este martes a su grupo de “autodefensa electoral” llamado ‘Mastines’, que tendrá la misión de evitar fraudes en la elección del próximo domingo.E

El partido político aseguró que no habrá armas ni violencia en la actuación del este grupo, a pesar de su lema y declaraciones con tintes agresivos que se han hecho.

“Mastines se presenta como defensores de la democracia, no como grupo de choque, sino como grupo de autodefensa electoral que no va a permitir acciones ilícitas”, dijo Pedro Pablo de Antuñano, líder de RSP en Ciudad de México en un breve encuentro con los medios de comunicación.

Detalló que tres grupos de alrededor de 50 militantes del partido cada uno estarán patrullando la capital del país esta semana, que concluye el domingo con la jornada electoral, en las elecciones más grandes de la historia de nuestro país.

Además de la violencia electoral que se vive en distintos puntos de la capital, el grupo Mastines asegura que detectaron varios puntos en la Ciudad de México en los que otros grupos políticos reparten despensas o tarjetas de apoyo con la intención de “comprar votos”, por lo que se dedicarán a impedir estos actos.

“Hoy me acompaña un grupo de militantes cuyo objetivo será identificar, desarticular y denunciar ante las autoridades delitos electorales como reparto de despensas, reparto de tarjetas, reparto de dinero en efectivo y cualquier dádiva que influya de manera ilegal en el voto de los ciudadanos”, añadió De Antuñano.

El dirigente político también detalló que, a pesar de la apariencia física que los integrantes de estos grupos de ‘autodefensa electoral’, se autodenominan un grupo de izquierdas.

“Muchas luchas pacíficas han usado como identidad perder la cabellera para llamar a un nuevo comienzo. (…) Si alguien tenía la duda también nos declaramos como un movimiento antifascista, no tenemos ninguna vinculación con grupos de ultraderecha”, detalló.

Se indicó que desde el lunes comenzó a operar el grupo mediante sus tres contingentes, e incluso ayer por la noche denunciaron ante las autoridades a dos personas de Acción Nacional que quitaban propaganda de otros partidos.

Antuñano detalló que los miembros de este grupo van a retener a las personas que realicen actos ilegales relacionados con las elecciones “bajo la modalidad de arresto ciudadano” hasta que arriben las autoridades.

Recordemos que Redes Sociales Progresistas nació hace más de tres años como movimiento social y en 2018 apoyó la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mientras que en octubre del año pasado, la organización obtuvo su registro como partido político nacional.

El líder nacional del partido, José Fernando González, es yerno de la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo, aunque González ha negado en repetidas ocasiones la vinculación de ésta con el partido e insistió en que buscan crear una “tercera vía” entre el gobierno y la oposición.

Foto: Twitter @Rivas_Juan

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este martes el llamado a la población a que salga a votar “sin miedo” el próximo 6 de junio, pese a los hechos de violencia que se han registrado en diversos puntos del país en el marco del proceso electoral.

“El llamado es a no tener miedo, a participar, a ir a votar, solo así vamos a poder llevar a cabo la transformación del país, con democracia”, indicó el mandatario.

Insistió en que la situación actual no es lo misma que antes, aún con los casos de asesinatos de candidatos que han ocurrido a lo largo de la campaña. Incluso dijo que lo podría probar, aunque dijo, no sería conveniente comparar cifras de personas fallecidas.

De acuerdo con el último reporte de la consultora Etellekt, en lo que va del periodo electoral y cuando faltan 5 días para las elecciones, en México se han presentado 782 agresiones contra políticos y candidatos, con lo que se superan los 774 ataques registrados previo a los comicios de 2018.

El reporte también detalla que, durante todo este proceso electoral, han perdido la vida en atentados 89 políticos, 35 de los cuales eran aspirantes o candidatos.

Pese a esto, López Obrador reiteró que “existen condiciones” para llevar a cabo los comicios del próximo domingo, donde más de 93 millones de mexicanos están llamados a votar para renovar la Cámara de Diputados, 15 gobernadores, 30 congresos locales y miles de ayuntamientos.

Señaló que en casi todos los casos de ataques a candidatos “se tienen detenidos, presuntos responsables”. En ese sentido adelantó que mañana la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informará de los avances en las investigaciones.

“Queremos informar de cómo se ha avanzado en el castigo a los responsables, hasta en el caso reciente de la candidata de Guanajuato (Alma Barragán), que fue lamentablemente asesinada, ya ayer hubo detenciones”, sostuvo AMLO.

Afirmó que los culpables de dichas agresiones serán castigados “que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades, porque tienen influencia, eso ya no funciona”, agregó el mandatario.

Del mismo modo, pidió realizar unas votaciones legítimas en todo el país e hizo un llamado a las autoridades electorales y estatales a no realizar actos ilícitos a través de los comicios. “Que no haya compra de votos, que no intervengan las autoridades para favorecer a los partidos, que no haya fraude electoral, que demos un ejemplo los mexicanos”.

Finalmente, dijo que espera que el domingo “sea toda una fiesta cívica” y se celebre el ejercicio democrático.

Este martes fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mejor conocida como Ley Olimpia.

Las reformas publicadas harán que a partir de hoy se considere delito de violación a la intimidad sexual el divulgar, compartir, distribuir o publicar imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

En los artículos que se añadieron se indica que la violencia digital es toda acción “dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación”, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.

Se señala también que la violencia mediática es todo acto que a través de cualquier medio de comunicación promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.

Se precisa que en el caso de violencia digital o mediática, el Ministerio Público, jueza o juez, ordenarán de manera inmediata a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de las imágenes, audios o videos relacionados con la investigación.

Por su parte las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas darán aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que el contenido será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial.

La Ley Olimpia también establece un capítulo II denominado “Violación a la Intimidad Sexual”, donde se señala que este delito se cometerá cuando se divulga, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios con contenido íntimo sexual de una persona mayor de edad sin su consentimiento, sin su aprobación o su autorización, al igual que cuando se videograbe, audiograbe o fotografíe, se imprima o se elabore imágenes, audios y videos con contenido íntimo sexual de una persona también sin su consentimiento.

Dichas conductas se sancionarán con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Los cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de violencia digital y mediática entrarán en vigor este miércoles 2 de junio de 2021, y se añade que los Congresos de las entidades federativas contarán con un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones legislativas que correspondan.

 

Foto: Twitter @OlimpiaCMujer

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió este proteger a candidatas y candidatos ante el creciente número de homicidios en la recta final de las campañas y a poco más de dos semanas de la jornada electoral.

“Hacemos un respetuoso y enérgico llamado a los Poderes de la Unión y a los gobiernos federal, estatales y municipales para que cumplan con sus obligaciones, brinden seguridad a los aspirantes a un cargo de elección popular”, demandó la Coparmex.

La declaración se produce mientras se recrudece la violencia en las campañas, que suman al menos 88 políticos asesinados, de los que 34 eran aspirantes o candidatos, desde que se inició el proceso electoral en septiembre pasado, según la consultora Etellekt.

Tan solo esta semana, asesinaron a una candidata de oposición en Guanajuato, secuestraron a un político en Michoacán y atentaron contra el candidato del partido Fuerza por México, José Alberto Alonso, en Acapulco, Guerrero.

En respuesta a este último hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la violencia, pero defendió el plan de protección que emprendió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y atribuyó la polémica a la “temporada de elecciones”.

“Se trata de una contienda política, hay intereses. Y también los medios de información, no todos desde luego, con el afán de enrarecer el ambiente. Antes le llamaban sensacionalismo, ahora es el amarillismo”, expresó en su rueda de prensa de la mañana.

La Coparmex exigió investigar los hechos de violencia y castigar a los culpables. Señaló que los ciudadanos merecen un México en paz, por lo que no se puede permitir la violencia política que, además de afectar la vida cotidiana de los mexicanos, condiciona la libertad del ejercicio democrático.

El próximo 6 de junio, México tendrá las elecciones más grandes de la historia, cuando casi 93.5 millones de ciudadanos están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y 1,900 Ayuntamientos.

La Coparmex pidió “redoblar los esfuerzos” para garantizar la seguridad de los candidatos y de la ciudadanía para que puedan acudir a las urnas “en un clima de paz y tranquilidad”.

“(Convocamos) a los actores políticos a cambiar los ataques y descalificaciones por propuestas y soluciones para generar un clima de tranquilidad previo a las elecciones”, remató la Confederación.

La Misión de Visitantes Extranjeros (MVE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para las elecciones federales y locales del próximo 6 de junio en nuestro país, comenzarán a arribar este miércoles a México.

Desde el 10 de mayo, la jefatura de la Misión, que encabeza el argentino Santiago Canton, mantuvieron una serie de reuniones virtuales para recibir información y escuchar diversas opiniones acerca del contexto en que se lleva a cabo la campaña electoral y los preparativos para los comicios.

Las reuniones que sostuvieron fueron con representantes del gobierno federal, el presidente, consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Fiscal de Delitos Electorales (FEDE) y los dirigentes de los partidos políticos nacionales.

Con el fin de garantizar que la Misión pueda realizar su trabajo con todas las garantías de independencia y autonomía, la OEA informó que suscribió dos acuerdos: uno con el INE mediante el cual se establece, entre otros asuntos, el acceso a todas las instancias del proceso, así como a la información relativa a las mismas. El otro fue el que firmó con el gobierno federal que otorga las inmunidades y privilegios para los visitantes extranjeros de la OEA.

Y aunque destacó las facilidades brindadas, la Misión manifestó su preocupación por los incidentes de violencia que se han presentado en distintas partes del país en el contexto de la contienda electoral, y lamentó la pérdida de vidas humanas.

“La Misión hace un llamado a todos los sectores políticos a erradicar el discurso violento y la retórica agresiva como recursos de contienda política. La violencia no tiene lugar en la democracia”, dijo la OEA.

Al recordar que desde el año 2009 ha acompañado los procesos electorales en México, precisó que ha sido testigo del trabajo serio y profesional que realizan las autoridades electorales, lo que ha permitido a nuestro país experimentar transiciones políticas exitosas, gracias al respeto de la voluntad ciudadana.

Destacó que en la recta final del proceso electoral, a casi dos semanas de la jornada electoral, es importante que todos los actores políticos y sociales se conduzcan con responsabilidad y canalicen sus reclamos, en particular de los relacionados con posibles irregularidades, de manera institucional a través de los conductos establecidos por la legislación.