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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió este martes al gobierno federal revertir las modificaciones de las reglas de comercio exterior que benefician a las empresas del Estado “en detrimento del sector privado”.

“El CCE expresa su profunda preocupación sobre los cambios administrativos que vulneran diversos principios constitucionales y de tratados internacionales sobre la libertad de trabajo, competencia económica, libre comercio y trato no discriminatorio”, expresó la IP.

Y es que el 11 de junio, el gobierno publicó una modificación a las Reglas Generales de Comercio Exterior que establece que solo las empresas estatales podrán importar y exportar mercancías de hidrocarburos, petrolíferos, minerales y precursores químicos en un lugar distinto al autorizado (LDA).

Este es un mecanismo utilizado hasta ahora por el sector público y el sector privado para agilizar la exportación o importación de mercancías con características especiales.

“Restringir su uso únicamente a las Empresas Productivas del Estado desplaza artificialmente a competidores del sector privado en áreas estratégicas como el suministro de energéticos, la industria química y petroquímica y a la minería nacional”, denunció el CCE.

Los empresarios consideraron que México corre el riesgo de no contar con mercancías indispensables para el sector industrial y para los hogares mexicanos, ya que según sus cálculos, podría afectarse entre el 25% y el 48% de las importaciones de petrolíferos.

“La falta de suministro de productos como gasolina o materiales para procesos industriales podrían frenar la recuperación económica del país, con sus correspondientes efectos inflacionarios”, advirtieron.

Porfirio Muñoz Ledo, actual Diputado federal y quien quedó fuera de las listas de Morena de legisladores que buscarían su reelección por la vía plurinominal, anunció que formará un Frente Amplio en Defensa de la Constitución, con la intención de defender la Constitución y a los organismos autónomos.

“Se trata de que defendamos la Constitución, reflexionando y haciendo propuestas. De defender la autonomía de las instituciones como el INE, INEGI, INAI y todos los órganos autónomos constitucionales, producto de un avance democrático en el país que impulsamos muchos sectores”, dijo el legislador en entrevista con el diario Reforma.

Muñoz Ledo aseguró que el Frente al que convocará se separará de la oposición al gobierno y de la coyuntura electoral, indicando que convocará a académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en defender a las instituciones y organismos.

El líder las izquierdas en México se dijo preocupado por el rumbo que está tomando el gobierno federal, pues además de que pareciera estar rodeado de gente de “derecha”, se perfila a convertirse en el “país de un solo hombre”. “Es el momento de pararlo y es un momento por la restauración de la democracia”, dijo el legislador.

Sobre la intención de Muñoz Ledo, el presidente López Obrador aseguró este viernes que está en su derecho aunque no comparte la intención que tendría el Frente.

“Pues que está en todo su derecho, es libre, los ciudadanos somos libres y, además, si se es legislador, pues se tiene más autoridad. Yo desde luego no comparto ese punto de vista, ya lo he expuesto aquí, pero no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta, somos libres”, sostuvo el mandatario.

Sobre el tema, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un exhorto para que se respete la institucionalidad de los diversos órganos autónomos del país.

Y es que ante el anuncio del presidente López Obrador de desaparecer los órganos autónomos mediante la preparación de una reforma administrativa para trasladar sus responsabilidades a las secretarías de Estado, el CCE pidió protegerlos e incluso fortalecerlos, ya que dijo son parte fundamental del Estado de Derecho y la democracia nacional.

“El CCE manifiesta su profunda preocupación por tal anuncio y expresa su rechazo a cualquier iniciativa que pretenda reducir sus funciones o desaparecer a las instituciones catalogadas como autónomas; más cuando se trata de un tema eminentemente constitucional que supera el ámbito administrativo”.

Sostuvo que los diversos entes autónomos son un pilar esencial del andamiaje institucional del país, que han aportado a la consolidación del mismo y contribuyen a aumentar la confianza de la sociedad y de la comunidad internacional en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este viernes la reforma a la ley que permite la eliminación de la subcontratación a los trabajadores del país, pues dijo, se podrá poner fin a los abusos que se cometieron por años.

“Es un muy buen acuerdo, una muy buena noticia”, manifestó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Indicó que con estas reformas se logra hacer a un lado “la simulación”, ya que dijo, la subcontratación que en casi todos los casos se llevaba a cabo para no reconocerle derechos a los trabajadores.

A inicios de semana, luego de un proceso largo de discusión, el Senado aprobó el proyecto que reforma diversas leyes de subcontratación laboral o “outsourcing” en el sector privado y público. El mandatario explicó que fueron ocho las leyes que se modificaron.

López Obrador puntualizó que esta ley aplicará en el sector privado y público, por lo que “ya no habrá subcontratación en el gobierno”, esto pese a que en recientes semanas el gobierno federal ha asignado contratos a empresas de subcontratación, como el que asignó para la limpieza de Palacio Nacional.

Sobre el reparto de utilidades, el mandatario dijo que si se cuida que la ley se aplique se repartirán mayores utilidades que ascienden a más de 154,000 millones de pesos.

Adelantó que la reforma se publicará hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que las empresas tendrán 90 días para regularizarse.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, comentó que se logró un acuerdo histórico en la materia entre los sectores, por lo que se elimina la subcontratación ilegal y se entregarán hasta 90 días por el concepto de reparto utilidades.

Explicó que con la práctica de la subcontratación, además de violentar los derechos de los trabajadores, se dañó a la hacienda pública. “Se tenía una competencia desleal entre las empresas” y había afectaciones a los institutos de seguridad social.

Detalló que con los cambios en la ley se prohíbe la subcontratación de personal. Aunque se autoriza en servicios y obras especializados.

Además, las empresas dedicadas al “outsourcing” deberán contar con un registro obligatorio ante la Secretaría del Trabajo. Asimismo, las empresas que reciben servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores por incumplimiento.

Aunado a ello se evita la simulación fiscal y se endurecerán las sanciones en caso de incumplimiento. Explicó que se estableció un plazo de tres meses para que las empresas se regulen y cada tres años tendrán que actualizar su registro ante la dependencia federal.

Sobre el reparto de utilidades, indicó que se reformó el artículo 127 de la ley Federal del trabajo con lo que se tendrá un incremento de 154% en este rubro y prácticamente todos los sectores se verán beneficiados.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), resaltó que el acuerdo para eliminar la subcontratación es único y ejemplo de cómo se pueden abordar los problemas del país con diálogo, debate, información y transparencia, logrando las mejores decisiones.

Finalmente, Fernando Salgado, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que es un acuerdo muy importante para el sector porque pone al día los compromisos de derechos de los trabajadores.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó este jueves que durante la sesión anual de planeación estratégica, la Comisión Ejecutiva determinó aplicar la reelección automática de su presidente, Carlos Salazar Lomelí.

Así, el empresario cumplirá con un tercer y último año al frente del organismo, señaló el CCE a través de un comunicado.

Se indicó que los presidentes que conforman el CCE reconocieron el liderazgo y compromiso de Salazar Lomelí al frente del Consejo, lo que los llevó a definir su reelección.

El organismo aprovechó para alertar sobre el rol que el sector empresarial tendrá en los próximos meses en la discusión pública, principalmente en lo relacionado a la reactivación económica por la crisis que dejó la pandemia de COVID-19.

Recordemos que el CCE es el máximo órgano de presentación del sector privado, y agrupa a las 12 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% el PIB de México.

Entre las organizaciones que lo integran destacan: Concamin, Concanaco-Servytur, Coparmex, Canacintra y la Antad.

Este martes comenzó la vacunación contra el COVID-19 en Toluca, Estado de México, donde se inmunizará a personas mayores de 60 años en cuatro sedes, entre las que se encuentra la del Estadio Nemesio Díez, donde se lleva a cabo un piloto de colaboración con el sector privado.

“En esta tarea urgente para hacer frente a la pandemia del Covid-19, el sector privado aportará su capacidad logística e infraestructura para facilitar el proceso de aplicación de las vacunas. Se trata del primer esfuerzo de vacunación en el que participan el sector privado y los tres niveles de gobierno”, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Señalaron que entre las organizaciones de la iniciativa privada que participan, además del CCE y las 12 organizaciones que lo conforman, se encuentra el Consejo Mexicano de Negocios, el Deportivo Toluca Fútbol Club, GEPP, Bimbo, Grupo Lala y Funsalud, entre otros.

Explicaron que la iniciativa nace del diálogo que se ha tenido a partir de la creación del Comité de la Nueva Normalidad, integrado por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial.

La IP confió en que el programa piloto de buenos resultados y el trabajo conjunto se mantenga y se replique en otras sedes.

Además de Toluca arrancó el proceso de vacunación en 18 municipios más. Tan solo a la capital del EdoMex se asignaron 95 mil dosis de Pfizer.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, aseguró este jueves que “alguien tendrá que pagar” los 60,000 millones de pesos en que estiman el costo de la reforma eléctrica que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Hemos argumentado que esos 60.000 millones de pesos adicionales que costará esta nueva forma de despacho de la electricidad en México, alguien los tendrá que pagar y ese alguien será o los recursos fiscales o los costos implícitos en la producción de bienes y servicios del país”, dijo Salazar.

El CCE organizó un foro virtual de dos días, el cual cerró este jueves con diversas mesas de análisis sobre la reforma eléctrica aprobada en el Congreso, y que prioriza la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por delante de los generadores privados de energías renovables.

“Ante esta iniciativa nuestro comentario y crítica es que es evidente que no han sido los criterios técnicos los que la han motivado, los criterios económicos no han sido el soporte y los costos son clarísimos”, añadió.

Recordemos que el pasado martes, con 68 votos a favor y 58 en contra, el Senado aprobó el dictamen de la iniciativa enviada por López Obrador, el cual ya había sido aprobado la semana anterior por la Cámara de Diputados.

Carlos Salazar consideró que el Congreso “es un parlamento y ese parlamento debió permitir que todos expusiéramos nuestros puntos de vista” para que “verdaderamente se mostrara la facultad que tiene el Poder Legislativo de representarnos a todos los mexicanos, no solamente a una orientación política”.

El presidente del CCE adelantó ayer que un aumento en los costos de la electricidad en fábricas y empresas, lo acabarán pagando los mexicanos cuando consuman bienes o servicios.

La economía de México podría crecer entre un 3% y 4% en 2021, aunque el escenario está sujeto a los esfuerzos por contener los contagios de Covid-19, así como del flujo de inversión privada, indicó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El presidente del organismo, Carlos Salazar, precisó que hasta ahora el sector exportador está actuando como la “principal máquina” en apoyo a la economía, apoyado en la recuperación en Estados Unidos, el principal socio del país en negocios.

“La reactivación económica no se va a dar sin el sector privado, sin inversiones y sin reglas de juego”, explicó Salazar en una videoconferencia, acompañado por otros líderes empresariales. “La economía nacional podría crecer entre tasas de 3 a 4 por ciento, pero podríamos crecer más”, agregó el dirigente de la principal cúpula empresarial del país.

En opinión del CCE, la recuperación económica de México podría observar un lento proceso mientras persistan los contagios de la Covid-19, que llevaron al país a observar un “pésimo desempeño económico” en el 2020.

Una forma de acelerar la economía, explicó Salazar, sería poner una mayor atención en las localidades donde el virus se propaga de forma más acelerada, y permitir la operación de los negocios que cumplan con las medidas sanitarias. “Si esos lugares están cumpliendo con la normativa, podrían seguir trabajando”, explicó el líder. “Tenemos menor probabilidad de contagio en un restaurante que sigue las normas de seguridad, que el contagio que se puede tener en un tianguis, donde la comida se está obteniendo sin tener el seguimiento de estas normas”, agregó.

Salazar Lomelín aprovechó para indicar que el sector privado puede ayudar a la aplicaciones de vacunas contra el coronavirus, y así lograr la meta de vacunación, misma que permitirá al país retomar actividades y con ello apuntalar la reactivación económica.

El líder empresarial indicó que sería “absurdo” que la iniciativa privada no fuera invitada a participar en el proceso de vacunación, pues cuenta con la infraestructura necesaria, así como la experiencia en logística que se requiere.

“Esto podría ser factible para el mes de marzo, tenemos que prepararnos en logística, distribución y aplicación de la vacuna, así como del seguimiento que se le tiene que dar a quienes necesiten la vacuna en dos ocasiones y el seguimiento para grupos de edad o trabajo”, dijo el presidente del CCE.

El líder del CCE afirmó que, tal como sucede en Estados Unidos, es necesaria la organización entre sector público y privado para alcanzar la meta de vacunación.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó al llamado de dar paso a una discusión a fondo, con responsabilidad y prudencia, ante la iniciativa aprobada por el Senado en relación con la compra de divisas por parte del Banco de México (Banxico).

Al reconocer que es un asunto complejo, el CCE indicó que en el análisis y discusión que debe hacerse, se deben alcanzarse dos objetivos: atender las dificultades que enfrentan los ciudadanos que reciben recursos en divisa extranjera en efectivo, y mantener y fortalecer los controles para evitar el ingreso al sistema de recursos de procedencia ilícita, así como respetar la autonomía del Banco de México en el ejercicio de sus funciones.

Advirtieron que tal como está planteada, la iniciativa representa riesgos importantes para el sistema financiero.

Al respecto, también se posicionó la la Asociación de Bancos de México (ABM),  quien dijo que la iniciativa de reforma pone en grave riesgo al conjunto del sistema financiero mexicano, por lo que también llamó a discutir ampliamente la propuesta legislativa, atendiendo a todas las voces y los planteamientos existentes.

“La ABM considera que la iniciativa actual, la cual no ha sido promovida por esta Asociación, incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al obligar a Banco de México a operar como comprador de última instancia de divisas en efectivo”.

La Asociación indicó que la solidez del sistema financiero mexicano es uno de los pilares más importantes que sostienen la estabilidad macroeconómica del país; recordó que dicha solidez se ha conseguido gracias a la adopción de diversas medidas, como son, la autonomía del Banco de México, un régimen de tipo de cambio libre, la disciplina fiscal a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la certificación de los criterios de capitalización y liquidez de Basilea III, y la adopción de normas estrictas de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo que siguen las mejores prácticas a nivel internacional.

Alertó que obligar al banco central a actuar como comprador de última instancia de moneda extranjera en efectivo, aunque estas provengan de instituciones del propio sistema financiero, atenta contra su autonomía. Denunció también que podría aumentar el riesgo percibido para Banco de México por la comunidad financiera internacional, y por extensión a todo el sistema financiero mexicano.

Puntualizó que las remesas se envían por transferencia electrónica y sólo un 1% llega en efectivo, las cuales se entregan en pesos mexicanos a quienes las reciben.

Coincidió en que es indispensable que a la brevedad se encuentre una mecánica dentro del marco legal y regulatorio que permita ingresar dólares en efectivo, que puedan cambiarse a precios competitivos en un sistema financiero que se mantenga seguro, bien regulado y protegido, por lo que apoyó el planteamiento de dar paso a un debate profundo y consensuado.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) también se sumó al debate, y dijo este mañana que la Cámara de Diputados debe escuchar la voces de los expertos, pues dijo que hasta ahora hay consenso en contra de la reforma a la Ley del Banco de México. Indicó que es imprescindible blindar instituciones y no vulnerarlas.

“Estamos a tiempo de evitar un daño grave a nuestro Banco Central y generarle un aislamiento internacional”.

La cúpula empresarial minimizó este jueves el impacto de la aún incierta elección presidencial de Estados Unidos, al asegurar que están listas para seguir con la política de Donald Trump o adaptarse a la que instauraría el demócrata Joe Biden.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), descartó mayor presión de un posible Gobierno de Biden en derechos laborales y medioambiente bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Si todos cumplimos, y hay una nueva ley laboral y lo único que tenemos que hacer es cumplirla y cumplir con los requisitos ecológicos que ya conocemos, jamás tendremos por qué estar preocupados”, afirmó empresarial.

El presidente del CCE previó estabilidad para las empresas mexicanas por la firma del T-MEC, que arrancó el 1 de julio con reglas laborales y ambientales impulsadas por los congresistas demócratas, pese a la incertidumbre que envuelve la elección presidencial en EUA.

“Siempre, cuando me preguntan si esto va a tener mayor presión, yo digo ‘claro que no va a tener presión para el que cumple la ley’, de vez en cuando podrá haber alguien que te acusa de algo, siendo tú una empresa cumplida”, enfatizó Salazar.

Destacó que México se consolidó como el primer socio comercial de Estados Unidos de enero a septiembre, al representar 14% del total del intercambio que tiene esa potencia con el resto del mundo.

La importancia del resultado de las elecciones radica en que 69% del producto interno bruto (PIB) mexicano depende del comercio internacional, con 80 % de las exportaciones destinadas a Estados Unidos. Además, en ese país viven 38 millones de mexicanos que este año se espera envíen 40,000 millones de dólares en remesas, cerca de 3.8% del PIB.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, dio a conocer esta tarde que será el próximo lunes cuando se firme y conozcan detalles del acuerdo que alcanzó la Iniciativa Privada (IP) con el gobierno federal, para apoyar la reactivación económica del país.

El acuerdo consiste en la puesta en marcha de diversos proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran algunos relacionados a comunicaciones y transportes, de agua y energéticos..

Así lo confirmó el representante empresarial luego de sostener un acuerdo con el mandatario en Palacio Nacional, donde se revisaron los proyectos que se presentarán el lunes.

“Muy bien. Ya vamos a tener un anuncio, el próximo lunes (…) el lunes vamos a hablar. Hay de todo, hay proyectos de todo tipo, es una buena cantidad, y creemos que sí va ayudar a la reactivación económica sin duda, va ser un cambio importante en la tendencia que llevamos”, declaró Carlos Salazar.

El presidente del CCE afirmó que la IP se siente muy motivada con lo alcanzado hasta ahora. Pidió esperar al lunes para conocer detalles.

Indicó que en la reunión de hoy, la intención era evaluar los proyectos, y decidir si eran viables o no. Al respecto, dijo que todos los proyectos que se revisaron de nueva cuenta con el gobierno son viables.

Por su parte Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, indicó que más allá del número de  proyectos que se anunciarán el lunes, como parte de la primera etapa, lo importante del acuerdo es el mecanismo que se implementará y que permitirá que se vayan sumando nuevos proyectos.

“A través del mecanismo se van a ir incorporando cada vez más proyectos de mediano y de largo plazo”, indicó el también empresarios, adelantando que habrá proyectos cien por ciento privados y otros de participación público-privada.

El acuerdo se presentará con más de tres semanas de retraso, ya que el presidente López Obrador aseguró el pasado 7 de septiembre que sería presentado a más tardar el día 15 de mes.

AMLO adelantó que el acuerdo equivalía a más de 44,300 millones de dólares, e incluía casi 150 proyectos en los sectores de transporte, telecomunicaciones, servicios básicos y turismo en una primera etapa. Para una segunda fase, se consideran proyectos del sector energético y de salud.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, reconoció la mención que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hiciera  en su discurso de esta mañana, sobre la importancia del apoyo que el sector empresarial le ha brindado.

“Lo más importante, como él también lo comentó, es poner la mirada en el porvenir y ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer para recuperarnos lo más pronto posible”, dijo Salazar en una videoconferencia luego del Segundo Informe de Gobierno de AMLO.

El presidente del CCE respaldó la lucha contra la corrupción del actual Gobierno, aunque lamentó tanto la situación de inseguridad como las cifras “verdaderamente impactantes” que la pandemia de Covid-19 ha dejado en la economía.

López Obrador volvió a insistir en su informe de este martes en que la economía se recuperará en forma de “V”, es decir, de inmediato en cuanto se normalice la situación sanitaria, aunque Salazar calificó esa afirmación como prematura.

“Es muy prematuro hoy poderlo decir. Todos quisiéramos que (la recuperación) fuera en forma de ‘V’. Todos los países están intentando buscar mecanismos para recuperarse en forma de ‘V'”, consideró.

El representante de los empresarios definió el próximo plan de infraestructura, que ya está “listo para presentarlo” al presidente, como el principal incentivo y el principal estímulo para la recuperación.

“Al plan de infraestructura incluso le hemos dado un poco de proceso y de método. Estamos listos, nosotros ya lo tenemos. Estamos platicando con los miembros del gabinete que tienen que ver con estos proyectos”, reveló.

Salazar aseguró que ese plan tendrá también proyectos de energía e incluso explicó que se le ha pedido a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que incluya los que crea oportunos.

Enfatizó que mañana solicitará una cita al presidente López Obrador para poder presentarle el plan, confiando en que a más tardar la próxima semana se pueda dar el encuentro, y así el presidente conozca la propuesta que están haciendo los empresarios.

Sobre lo informado por AMLO acerca de que no se ha adquirido deuda extranjera pese a los estragos de la pandemia, ya que inyectar capital a las grandes empresas es “inmoral”, los empresarios reiteraron su recomendación de sí hacerlo.

“Cuando insistimos en la necesidad de la toma de la deuda era para apoyar a las familias mexicanas y para incrementar los programas sociales”, aseguró Salazar.

El presidente del CCE se refirió también al ahorro que el gobierno ha obtenido gracias a las medidas de austeridad y el combate a la corrupción.

“No conocemos de dónde sale la cifra, cómo sale. Se ha hablado varias veces de estos ahorros. Nosotros suponemos que se están haciendo porque el Gobierno está siendo enormemente austero”, indicó Salazar, a la espera de un informe de Hacienda que detalle este control del gasto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que se está trabajando en un acuerdo de proyectos de infraestructura en coordinación con la iniciativa privada, el cual está a cargo del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo.

“Con el COVID quedaron pendientes obras que se van a realizar con inversión del sector privado. Alfonso Romo está viendo esto y hay relación con el Consejo Coordinador Empresarial”, dijo el mandatario al ser consultado sobre obras que están pendientes.

Precisó que el plan busca impulsar la industria de la construcción, además de que se planea incluya proyectos del sector energético. Adelantó que el plan se estaría presentando en 15 días.

Al respecto, dijo que ya se demostró que funcionó la estrategia que implementó el gobierno federal, de no atender primero, como era antes, a las clases altas, “rescatar a los de arriba”, pues dijo, cuando se hacía eso nunca llegaban los apoyos a abajo.

Y aunque dijo que se molestaron “algunos”, se etendió que la mejor forma de apoyar la economía del país es ayudar de “abajo hacia arriba, rescatar al pueblo primero”.

Explicó que la estrategia de inyectar recursos en las clases menos favorecidas, fortalece al consumo y fortalece la economía popular; además de que también se  garantiza la paz y la tranquilidad.

Descartó también que su gobierno vaya a recurrir a deuda, tal y como lo han planteado algunos intelectuales de izquierda.

“¡Cómo vamos a endeudar al país si ya lo que tenemos que pagar de deuda nos limita mucho y nos impide ayudar a la gente! Entre más deuda, más pago de intereses y menos presupuesto para el pueblo”, sostuvo el mandatario.

Añadió que pese a que periodistas o expertos financieros han advertido que el peso se va a depreciar, eso no ha sucedido hasta ahora. Afirmó que ahora los inversionistas saben que en México, por primera vez en mucho tiempo, hay un auténtico Estado de derecho y hay confianza para invertir, además de que no hay corrupción.

Finalmente dijo, a pesar de los pronósticos que había, la Inversión Extranjera Directa (IED) no se desplomó.

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gusto de Hoyos, celebró la reforma al sistema de pensiones que presentó esta mañana el gobierno federal, la cual dijo, fue una iniciativa construida por las organizaciones de trabajadores y empleadores.

“Celebramos el consenso de trabajadores, gobierno y patrones, para reformar el sistema pensionario de México, un tema prioritario en la agenda nacional pues tiene que ver con el futuro de los trabajadores, con su vejez y su acceso a un retiro digno”, indicó la Coparmex.

Afirmó que durante varios meses se trabajó de cerca con los distintos organismos empresariales que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a fin de concretar un consenso en el sector privado que pudiera ser respaldado también por el sector obrero y por el gobierno Federal.

En ese sentido, hizo un reconocimiento especial a la apertura al diálogo que mostró el gobierno, y que permitió concretar el acuerdo que se plasmó en el proyecto de reforma.

“En el Sector Empresarial estamos convencidos de que uno de los principales patrimonios que tienen los trabajadores es su fondo de ahorro para el retiro, por ello la importancia de que lo fortalezcamos y lo cuidemos, todos”, precisó la Confederación.

Gustavo de Hoyos indicó que la nueva reforma al sistema de pensiones tiene como meta garantizar 4 principios básicos: que llegue a más mexicanos (alcance); que la pensión sea suficientemente parecida al último ingreso (suficiencia); que el sistema cuente con el recurso reservado y listo para destinarlo (solvencia); y que reconozca a todos los trabajadores con una vejez digna (justicia).

En ese sentido se pronunció Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, quien al participar en la conferencia del presidente López Obrador dijo que pensar en México, es pensar en sus trabajadores.

Afirmó que la reforma al sistema de pensiones es “verdaderamente trascendente”, pues se va a beneficiar a más de 20 millones de mexicanos.

Añadió que con la reforma propuesta, se permitirá aumentar los ahorros de los trabajadores mexicanos significativamente, y hará que México esté dentro los estándares internacionales. “Esta es una muestra clara del compromiso y de la dimensión social de los empresario”, dijo el dirigente empresarial.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó este viernes su “enorme preocupación” tras conocer que la actividad económica de México cayó un 19.9% en abril de 2020 respecto al mismo mes del año anterior debido a la caída del sector industrial y de servicios por la pandemia de coronavirus.

“Estamos enormemente preocupados”, declaró el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín. “Hoy conocimos los datos sobre el desempeño del mes de abril, la caída más grande, histórica, que hemos tenido de nuestra economía con una cifra superior al 17%”, apuntó.

Y es que esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IENGI) dio a conocer que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), según cifras desestacionalizadas, cayó un 17.3% respecto al mes previo producto de la caída de todos los sectores; mientras que en términos anuales, el IGAE registró una reducción real de 19.7%.

“Son preocupantes las cifras del desempeño del crecimiento económico y donde no hay crecimiento no hay empleo y donde no hay empleo, las personas sufren condiciones cada vez más desfavorables”, añadió el CCE.

Salazar destacó que una de las recomendaciones del organismo para incentivar la economía era hacer obra pública en cada una de las entidades, por lo que aplaudieron la propuesta de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de obras de infraestructura “como un detonador del crecimiento y desarrollo económico”. Confiaron en que dicha propuesta se pueda ver en todo el país.

Sobre el avance de la pandemia de Covid-19, Carlos Salazar dijo que las cifras “siguen siendo preocupantes” y que como empresarios entienden el dilema que están enfrentando las autoridades.

“Por un lado requerimos regresara a nuestra vida normal, a actividades productivas, pero por el otro necesitamos priorizar la salud de los trabajadores, es un dilema constante de qué es lo que tenemos que hacer”, apuntó y refirió que los empresarios “el único enemigo” que tienen es el Covid-19.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó nuevas tarifas que deberán pagar empresas generadoras a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la transmisión de energía.

La CRE indicó que las nuevas tarifas serán aplicadas a las empresas con contratos firmados con la CFE antes de la reforma energética del sexenio pasado.

Esto incluye a todas las empresas que utilicen la red de transmisión, sean renovables o no, dijo la CRE en un comunicado y añadió que el cambio en las tarifas responde a una solicitud de la CFE de marzo del 2019.

“Los cargos por porteo no reflejaban los costos justos y proporcionales por la prestación del servicio”, dijo la CRE en un comunicado. Esto “provoca la existencia de condiciones de competencia inequitativa en el Mercado Eléctrico”, añadió. La CRE no dio detalles sobre nuevos cobros.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), estimó que el alza sería entre cinco y 10 veces sobre la tarifa actual y afectaría a un centenar de empresas, aunque reconoció que no han recibido detalles de lo aprobado por la CRE.

“Es un nuevo paso en el camino hacia inhibir la competencia y poner barreras arbitrarias y violar los derechos de la iniciativa privada”, dijo el presidente del CCE, Carlos Salazar, en una conferencia de prensa virtual.

La IP consideró que alza de las tarifas a contratos legados es un “electrolinazo”, lo cual afecta la confianza de los inversionistas y la competitividad del país.

De acuerdo con el representante empresarial, de la totalidad de la electricidad que se produce en México, el 54% es de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 46% de los privados, lo cual no ha sido fruto de componendas, sino de una ley que permitió su entrada y por 30 años han ido invirtiendo.

“Estamos parados en un momento total y absolutamente inadecuado, donde deberíamos preocuparnos con otro tipo de problemática, ante esta situación, que es una afrenta el Estado de derecho, que busca captar al sector privado por la vía regulatoria, como ya hemos denunciado y se ha visto reflejado hasta ahora en cuatro acciones que ha promovido la Comisión Federal de Electricidad ante la Secretaría de Energía y los organismos reguladores”.

Salazar Lomelín expuso que si se sigue ejecutando este pliego petitorio de la CFE, se lastimará aún más la competitividad del país, la capacidad de atracción de las inversiones y la generación de empleo.

Roque González, presidente de la Comisión de Energía del CCE, señaló que las empresas que generan el 14% del PIB del país van a ser afectadas, desde automotrices, industriales, educación, hospitales, municipios.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que el acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el pasado viernes, es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano.

Acusó que con dicho acuerdo, la Secretaría de Energía (SENER) usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia.

Explicó que dicho Acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos, por lo que representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de $30,000 millones de dólares.

Señaló que pese a la oposición de representaciones diplomáticas y participantes de la industria, el acuerdo atenta contra los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional; además de que no sólo discrimina a las energías renovables, sino también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.

“Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”.

Adelantó que agotará los recursos jurídicos, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano.

Por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que el acuerdo de la Secretaría de Energía ahuyentará importantes inversiones en el país, además de que desatiende las obligaciones adquiridas por México en diversos acuerdos comerciales con la Unión Europea y Norteamérica, y de forma específica, el T-MEC.

Acusó al gobierno federal, de permitir a través de la SENER, de cambiar de forma repentina las Reglas del Mercado bajo las cuales se planearon y ejecutaron millonarias inversiones, a partir de que entro en vigor en 2014, la Reforma Energética ha permitido el crecimiento exponencial de las energías limpias.

“Desde el sector privado, exhortamos a la SENER y la CONAMER para que en los términos de la legislación aplicable, suspendan los efectos del Acuerdo, y se de seguimiento a la consulta pública, para que los interesados en el sector tengan la oportunidad de retroalimentar y reorientar la norma, en beneficio del mercado eléctrico y la competitividad del País”.