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El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió este miércoles retirar la inmunidad a la fiscal general y a un juez, tras su decisión de allanar un centro electoral y abrir cajas con las papeletas de votación de las elecciones de junio.

A raíz del allanamiento, Arévalo anunció también que suspendía el proceso de transición hacia su investidura, prevista en enero de 2024 para reemplazar al presidente Alejandro Giammattei.

Indicó que suspendía temporalmente su participación en el proceso de transición, “en tanto se restablecen las condiciones políticas necesarias“.

Las solicitudes para levantar los fueros a la fiscal general Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana fueron presentadas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la capital guatemalteca.

La denuncia pide retirar la inmunidad a la fiscal general y al juez para que sean investigados por seis presuntos delitos, entre ellos violación de la Constitución, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y prevaricato.

Arévalo presentó además una denuncia penal contra los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad que emprendió una cruzada contra los resultados de las elecciones generales.

Exige la renuncia de los cuatro funcionarios, a los que acusa de orquestar un plan de golpe de Estado para bloquear su llegada al poder.

Curruchiche sostiene que el allanamiento es legal pues solo buscan verificar la denuncia de un ciudadano, y rechazó que cause desestabilización en el país.

Recordemos que Arévalo resultó ganador en la segunda vuelta el pasado 20 de agosto, tras dar la sorpresa en la primera vuelta pues no figuraba como favorito entre la veintena de candidatos que participaron en la contienda.

El Tribunal Electoral presentó ayer una acción de amparo ante la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto los allanamientos de la fiscalía. El amparo rechaza “las acciones realizadas por el Ministerio Público y el juez Orellana, especialmente haber vulnerado el sufragio de los guatemaltecos”.

El allanamiento generó una oleada de críticas y rechazo por parte de actores nacionales e internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, el Consejo Nacional Empresarial, organizaciones indígenas, de derechos humanos y otros.

Cerca de 87 senadoras y senadores de los diferentes grupos parlamentarios, expresaron su solidaridad al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, ante los ataques sistemáticos e ilegales que ha recibido en los últimos días, principalmente por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

En el pronunciamiento público, las y los legisladores rechazaron las agresiones contra cualquier integrante de la Cámara de Senadores.

Entre las y los firmantes, se encuentra el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier y diversos coordinadores parlamentarios.

38 de los firmantes son de la bancada de Morena, quienes así cerraron filas su compañero, pese a que Layda Sansores también pertenece al mismo partido.

Destaca que entre los firmantes aparecen 13 senadores del PAN, 12 del PRI, 12 de Movimiento Ciudadano, 5 del Partido Verde, 3 del PRD y 4 del Grupo Plural.

Y es que el pasado martes, un juez de distrito de la Ciudad de México otorgó al senador una suspensión provisional para que la gobernadora de Campeche no lo mencionara nuevamente en su programa Los Martes del Jaguar.

Sin embargo, en su edición semanal, la gobernadora dio respuesta a lo expresado por Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente de Monreal en el Senado. Negó que posea 83 propiedades como se dijo en el Miércoles del León, emisión que busca replicar a lo expuesto por Sansores.

La mandataria estatal no conforme con negar la información, se lanzó de nueva cuenta contra Monreal Ávila y dijo que es él quien tiene48 inmuebles y un terreno de 783 hectáreas. Además, lo llamó “corcholata presidencial hipócrita”, pues acusó que en su declaración patrimonial no declara todo lo que tiene.

En respuesta, el aspirante a la candidatura presidencial dijo que Sansores es “una delincuente” pues violó un amparo que le impedía publicar información o mencionarlo en su programa informativo.

“Exigimos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad”, publicó en su cuenta de Twitter y remató con un “Claudia, frena tu jauría; no más división”, reiterando así sus señalamientos de que los ataques son por instrucciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina ha negado en diversas ocasiones que esté detrás de los ataques a Monreal, y ha sido clara en que no se metería en la disputa entre Sansores y el senador.

“Cada quien es responsable de sus dichos, de sus actos; yo soy responsable de los míos. Entonces, me da gusto que el dirigente de Morena, que Mario Delgado, haya hecho un llamado a la unidad, como lo hemos hecho aquí, así debe de ser; pero bueno, cada quien es responsable de sus dichos, de sus actos y de la toma de decisión que haga. En nuestro caso, lo que queremos es que haya unidad”, indicó este jueves.

Sobre los ataques provenientes de su partido, Monreal dijo ayer que será en diciembre, es decir el próximo mes, cuando defina si se va o se queda en Morena.

“Vamos a ver, vamos a esperar a diciembre y sus posadas. Porque ‘diciembre me gustó pa’que te vayas’”, respondió el senador al ser cuestionado, recordando la canción ‘Amarga Navidad de José Alfredo Jiménez.

Luego de conocerse la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía de Campeche a la Cámara de Diputados, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utilizan las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores.

“Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”, afirmó Alito Moreno en un video que compartió en sus redes sociales.

“A los tiranos hay que enfrentarlos”, dijo el dirigente priísta al recordar que lo han perseguido, espiado y han amenazado, y ahora solicitan su desafuero como diputado federal.

El priísta sostuvo que de Morena no espera justicia, sino “venganza”. “Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo”, dijo. Reiteró que confía en las instituciones y en el marco legal del país, a pesar de que Morena y el gobierno pretendan pisotear para silenciar a quienes señalan el desastre que han generado.

Además, el líder nacional del tricolor aseguró que no tiene nada que ocultar. “Esta maniobra es congruente con las dictaduras del mundo y es otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en nuestro país”, indicó. Añadió que lo único que se puede esperar de Morena es odio, venganza, destrucción.

Ayer, el titular de la Fiscalía de Campeche, Renato Sales Heredia, presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de la entidad.

“Lo que constituye el delito de enriquecimiento ilícito precisamente es la desproporción ente los ingresos devengados y lo que se declara patrimonialmente y las propiedades ya valuadas”, dijo el fiscal, al recordar que tan solo la mansión de Moreno en Campeche tiene un valor de 130 millones de pesos.

Renato Sales precisó que los audios que reveló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en diversas entregas de sus Martes del Jaguar, no forman parte de la solicitud de declaratoria de procedencia, por lo que negó una actuación de carácter político.

Fue el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien recibió la petición de desafuero, para turnarla a la Secretaría General para su resguardo, pues recordó que es la Sección Instructora la encargada de procesar las peticiones de desafuero.

Con 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta noche el dictamen que declara la procedencia de la acción penal en contra del diputado Mauricio Toledo, es decir, se le retiró la inmunidad parlamentaria de la que gozaba.

Durante los planteamientos de las partes involucradas, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong, señaló que el legislador del PT salió del país a finales del mes pasado, específicamente a Chile, el 26 de julio

“En una información que tuvimos de última hora (…) las autoridades migratorias mexicanas nos informan que el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con el destino a la República de Chile (…) Hemos venido ante esta soberanía a presentar argumentos para que le sea retirado el fuero constitucional y para que responda de las imputaciones relacionadas con las acciones y conductas con forma de probable delito con apego a la presunción de inocencia”, dijo el Fiscal.

El funcionario consideró que los hechos referidos, en específico la salida del país del diputado, dejan una “sombra de duda” sobre la disposición del diputado de llegar a la verdad.

Sobre su salida del país, el propio Toledo, mediante un comunicado, explicó que salió del país con destino a Chile por compromisos contraídos con anticipación. Además, reiteró que es inocente y dijo que “un simple señalamiento no me hace responsable de nada” y que en su momento presentará las pruebas.

“Como lo he hecho público, soy hijo de padres chilenos y mi salida del país obedece a compromisos contraídos con anticipación”, indicó el diputado.

Recordemos que el diputado del Partido del Trabajo es acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, declaró instalado el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, en el que se discutirá el desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

“La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, hoy, 11 de agosto de 2021, se declara legalmente instalada para funcionar durante el Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, al que fue convocada por la Comisión Permanente”, expresó.

Tras la apertura del periodo extraordinario, la secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta de los temas que se abordarán en la sesión, los desafueros de los legisladores, así como un homenaje luctuoso con motivo del fallecimiento de María Elena Chapa Hernández.

Al respecto, se informó esta tarde que el petista, Mauricio Toledo, solicitó licencia como diputado federal.

A través de una carta enviada la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el legislador indicó que aunque cree en la justicia, las condiciones que se imponen a su proceso de desafuero, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen las leyes, lo llevaron a tomar la decisión de separarse provisionalmente del cargo.

Recordemos que a Manuel Toledo, del Partido del Trabajo (PT), se le acusa del delito de enriquecimiento ilícito, por el cual la Fiscalía capitalina lo busca.

Por otro lado, los padres de uno de los menores presuntamente abusados por el diputado Saúl Huerta acudieron este a las puertas de la Cámara de Diputados para pedir que se le retire la inmunidad parlamentaria, a fin de que pueda ser procesado.

“Esperamos que no sea una cortina de humo y nos sigan mintiendo y solapando”, dijo a la prensa la madre, María Guadalupe Lezama, quien consideró que si no se aprueba el desafuero “sería una desilusión de que no se está haciendo justicia”.

A Huerta, a quien le fueron retirados sus derechos partidistas en Morena, y se separó del grupo parlamentario, cuenta con dos denuncias por abuso sexual.

La primera, por parte de un adolescente de 15 años, quien aseguró que abusó de él al interior de un hotel en la Ciudad de México; y la segunda, por un adolescente residente de Puebla, estado que el diputado representa.

Ante ambas acusaciones, el diputado ha dicho que todo se trata de “una infamia y una calumnia que se genera desde la mafia del poder” en su contra.

Luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidiera aprobar un segundo periodo extraordinario de sesiones, en el que se discutirá y resolverá el desafuero del diputado del PT, Mauricio Toledo, quien es acusado de enriquecimiento ilícito, fue el propio legislador quien reiteró ser inocente y acusó a una fracción de Morena de estar detrás de la embestida en su contra.

En una carta pública que compartió a través de sus redes sociales, el petista señaló que el proceso mediante el cual se llegó a que su desafuero se discuta mañana ante el Pleno, ha estado plagado de “irregularidades, falsedades y violaciones” al Estado de Derecho, al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

“Soy inocente del cargo que se me ha fabricado. No enfrento un juicio de carácter legal, sino un juicio político en donde quién me señala hace uso de los instrumentos legales y de las instituciones encargadas de procurar justicia para consumar su propósito”, dijo Toledo.

Acusó que hay un grupo de la fracción mayoritaria en San Lázaro, es decir Morena, que lo hace responsable de sus fracasos electorales durante la jornada del pasado 6 de junio.

Explicó que durante los dos primeros años de la LXIV Legislatura no había acusaciones en su contra, y fue hasta iniciado el proceso electoral, que “echaron a andar su maquinaria”; acusó que en un lapso de tres meses integraron la carpeta y se inició la solicitud de desafuero.

“Manejaron los tiempos a su conveniencia y me usaron como motivo de campaña para obtener candidaturas de su partido. Ahora que los resultados no les beneficiaron, encuentran en mi persona la justificación de sus fracasos, aunque pueda parecer absurdo. Pero hasta de eso me declaro inocente”, añadió el también experredista.

Preció que mientras en un juicio justo y con autoridades imparciales, existen los instrumentos de defensa para hacer valer el debido proceso y la presunción de inocencia, en su caso, por razones políticas, es víctima de un juicio sumario en donde el simple señalamiento es suficiente para determinar la sentencia.

Aseguró que quienes lo señalan y dirigen el proceso en su contra, se ocupan en cómo culminar el proceso en la Cámara de Diputados, mientras dejan a un lado temas de mayor trascendencia para los capitalinos, como el caso de la tercera ola por COVID-19, o lo sucedido en la Línea 12 del metro. Dijo que se ha usado su caso como pantalla para diluir presuntas conductas ilícitas de las que es ajeno.

Mauricio Toledo remató asegurando que no teme enfrentar la justicia, siempre y cuando ésta se aplique, aunque dijo, en su caso, “no hay espacio para ello”.

“Apelo al buen juicio de mis compañeras y compañeras legisladores y a su conciencia para evitar sentar un mal precedente que más adelante podamos lamentar por no detenerlo a tiempo”, sostuvo Toledo, al señalar que muchos diputados y diputadas, saben o vivieron la persecución política en la pasada legislatura.

Finalizó haciendo responsable a las autoridades de la CDMX de la integridad de su familia, que denunció, ha sido víctima de la persecución política que hay en su contra.

Esta tarde también se informó que la jueza Novena de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Dinorah Hernández, consideró improcedente la demanda de amparo que Toledo presentó, el cual buscara detener el proceso de desafuero en su contra.

“Los actos reclamados por el promovente derivan de las atribuciones conferidas en la Constitución en exclusiva a la Cámara de Diputados, contra la cual, no procede el juicio de amparo, incluso aquellas realizadas por la Sección Instructora, por lo que los actos realizados de conformidad con las funciones que le fueron otorgadas Constitucionalmente no pueden ser materia del mencionado juicio”, indicó la jueza.

El proceso de desafuero del diputado del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo, podría verse afectado, luego de que durante la votación que se dio en la Sección Instructora, y en el que se dio luz verde, la diputada del PRI, Claudia Pastor, votó en abstención, pero en las actas su voto aparece a favor.

La votación ocurrida este lunes por parte de la Sección Instructora, en la que se determinó continuar con el proceso de desafuero de Toledo, tuvo dos votos a favor, de Pablo Gómez y Martha Patricia Ramírez de Morena; el voto de Claudia Pastor del PRI, y el voto en contra de la diputado del PT, Mary Carmen Bernal.

“El sentido de mi voto en la Sección Instructora significa, únicamente, lo que sea necesario para conformar una mayoría, una vez emitidos los votos por el resto de quienes la integran, pues considero que solo al escuchar directamente a las partes, podré tomar una decisión definitiva sobre mi posición en el asunto (…) Aclaro, que sea lo que sea que decida la mayoría de la Sección Instructora me sumaré, en aras de evitar que por una fortuita coincidencia en el sentido con alguna o alguno de quienes integramos la Sección, el asunto se empate y con esto se impida continuar con los trabajos”, dijo Pastor en un video publicado luego de la votación en la Sección Instructora.

Debido a esta situación, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que la Mesa Directiva les remitió el análisis de la revisión del dictamen para determinar si cumple con la normatividad aplicable para su procesamiento ante el Pleno de la Cámara.

“Por lo que hace al caso del diputado Toledo está en previsión, debo precisarlo, porque está en revisión el trámite legislativo por parte de la Mesa Directiva. Eso supone que, en cuanto la Mesa Directiva, a la votación que estableció la Junta de Coordinación, apruebe el trámite legislativo, se incorporará a la iniciativa donde estamos solicitando el periodo extraordinario”, declaró Mier a la prensa.

Se indicó que en el documento (dictamen), se establece que, derivado de la revisión del expediente, “no se cuenta con la votación mínima requerida para su tramitación, de conformidad con el artículo 45, numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso”.

Fue la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, quien notificó a la Jucopo que el expediente para desaforar a Toledo no contaba con la votación mínima requerida para poder someterlo a consideración del Pleno.

Sauri Riancho detalló que en la Sección Instructora el desafuero de Mauricio Toledo obtuvo dos votos a favor de Morena; un voto en abstención del PRI y otro en contra del PT, por lo que no reúne el 50% más uno para que lo conozca el pleno. Por ello, señaló que el caso tendrá que volver a debatirse al interior de la Sección Instructora en las semanas que le restan a la 64 Legislatura, con el fin de que pueda ser desahogado.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados resolvió esta tarde dar luz verde al proceso de desafuero contra los diputados Saúl Huerta, que recientemente se separó de la bancada de Morena, y de Mauricio Toledo, de la bancada del Partido del Trabajo (TP).

En el caso de Huerta, el dictamen se expresa en el sentido de que “ha lugar a proceder penalmente” en contra del diputado, en función de haberse encontrado elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad del servidor público en diversos ilícitos que atentan contra la libertad y seguridad sexuales, mismos que le imputa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La resolución se tomó por el voto unánime de las integrantes de la Sección Instructora.

En el caso de Toledo, ek dictamen expresa que “ha lugar a proceder penalmente” en contra del diputado, en función de haberse encontrado elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad del servidor público en la comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito que le imputa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que de las probanzas aportadas por las partes, las obtenidas por la Sección mediante solicitudes a diversas autoridades, así como las declaraciones patrimoniales del investigado, que obran en el expediente, se dieron por acreditados elementos que señala la legislación penal de la Ciudad de México.

Esta resolución se tomó por dos votos a favor del desafuero, uno en contra y otro en abstención, quedando plasmado, a petición de la diputada Claudia Pastor (PRI), que el sentido de su voto tuvo como propósito exclusivamente acompañar a la mayoría para que el dictamen pueda ser discutido por el Pleno de la Cámara, a efecto de que todas las y los diputados puedan expresar su posición sobre del asunto.

Se informó que con lo resuelto esta tarde, se solicitará a la Mesa Directiva que la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario, en el que se votará en el Pleno su posible desafuero, esto al instalarse los legisladores como jurado de procedencia.

Recordemos que Saúl Huerta es acusado por violación, mientras que Toledo es señalado de enriquecimiento ilícito.

La votación y resolución de la Sección Instructora llega después de 158 días desde que se presentó la primera solicitud, cuando la Ley establece un plazo de 60 días; ambas solicitudes fueron presentadas por separado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

 

Los diputado del PT, Mauricio Toledo y Saúl Huerta, quien recientemente se separó de la bancada de Morena, se salvaron de que avanzara su proceso de desafuero, esto al suspenderse la reunión que se tenía programa para esta tarde de la Sección Instructora.

La reunión estaba programada para el día de hoy, a las 17:00 horas, en modalidad a distancia, pero fue declarada sin quórum al no registrarse la asistencia suficiente.

Conforme al orden del día, la Sección discutiría y votaría los proyectos de dictamen correspondientes a los procedimientos de declaración de procedencia en dos expedientes, solicitados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) en contra de Benjamín Saúl Huerta Corona, y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Recordemos que la reunión fue citada el pasado sábado 26 de junio, a las 10:35 horas. La Sección Instructora está conformada por tres legisladoras y el legislador Presidente, por lo que para sesionar era indispensable la concurrencia de cuando menos tres integrantes, los cuales, no se conectaron esta tarde.

Fue a las 17:35 horas, es decir más de media hora después de la cita, que se declaró la ausencia de quórum, al verificarse la concurrencia de únicamente dos integrantes de la Sección Instructora: la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero de Morena, y quien se desempeña como Secretaria de la Sección, y el diputado Pablo Gómez Álvarez, también de Morena, quien funge como presidente de la misma.

Los grandes ausentes fueron la diputada Claudia Pastor Badillo del PRI, quien avisó que le era imposible asistir, y la diputada Mary Carmen Bernal Martínez  del PT, de quien no se tuvo comunicación. Ella pertenece a la bancada de uno de los legisladores involucrados en los dictámenes.

Gómez Álvarez anunció que volverá a emitir convocatoria para sesionar en fecha próxima, a efecto de resolver el orden del día que ha quedado pendiente, aunque no se precisó para cuando sería convocada la nueva sesión.

Recordemos que Mauricio Toledo está acusado de enriquecimiento ilícito, mientras que Saúl Huerta es acusado de delitos sexuales.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de la solicitud que presentara la Fiscalía General de la República (FGR) que lo acusa de supuestos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

El debate se extendió por más de seis horas y marcó el cierre del período de sesiones ordinarias. El proceso fue aprobado con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.

“La Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria: ha lugar a proceder en contra del gobernador del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri. “Comuníquese la presente resolución”, se indicó en el texto final.

Con esto, se remite dicha solicitud al Congreso de Tamaulipas, que también deberá analizar y someter a votación el desafuero de García Cabeza de Vaca. A nivel local es el PAN quien tiene mayoría legislativa.

El mandatario estatal fue desaforado únicamente por el delito de defraudación fiscal equiparada, mientras que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no fueron acreditados.

Cabeza de Vaca, que culminaría su sexenio el próximo año, ha rechazado los cargos; mientras el PAN y otras organizaciones han llamado al respetar la ley y la Constitución, calificando el proceso como un “abuso de poder”.

Frente a una gran pancarta que decía “¡basta de persecución política! ¡Alto al uso electoral de la justicia”, que levantaron congresistas opositores en medio del salón de debates, el coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que la motivación del proceso “no es el combate a la corrupción” sino la “urgencia de incrementar distractores ” de cara a las elecciones de junio próximo.

A los cuestionamiento se sumó también la diputada del PAN, Adriana Dávila, quien acusó, sin mostrar pruebas, al mandatario Andrés Manuel López Obrador de haber ordenado la investigación de la Fiscalía, y afirmó que la acción contra García Cabeza de Vaca era una “venganza” del mandatario..

Por su parte, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, negó los señalamientos de los opositores de que el proceso contra García Cabeza de Vaca respondía a una maniobra del gobierno, e indicó que su grupo parlamentario será recordado por impulsar acciones para hacer frente a un “estado fallido, un narcoestado”, en referencia a Tamulipas.

A la discusión en la Cámara de Diputados no acudió García Cabeza de Vaca, mientras que su representación legal, el abogado Alonso Aguilar Zínser, se presentó vía remota, ya que la sesión fue semipresencial.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR investigaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

En un video publicado en sus redes sociales, el gobernador indicó que con la aprobación de su desafuero, Morena consuma un nuevo golpe a la Constitución, a la democracia y al federalismo. “Es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno”, dijo el mandatario estatal.

Advirtió que la ley en México vive “días oscuros”, pues no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos.

“Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo; mucho antes de qué se me acusara, justo desde el momento en que alce la voz para defender los intereses de las y los tamaulipecos (…) el odio al adversario, al que piensa diferente, se ha convertido en política pública de este gobierno federal”.

“Es claro que cuando hay consigna ninguna prueba o razonamiento jurídico es suficiente para que impere la verdad y la razón. Y es que en este desafuero no es una causa de justicia, sino una venganza política; el uso sucio de las instituciones del gobierno federal”, sostuvo el panista.

Señaló concretamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de ser utilizada para inventar delitos y fabricar culpables que puedan distraer la atención de los malos resultados que ha dado el gobierno federal.

La Sección Instructora de la Cámara mexicana de Diputados aprobó enviar al Pleno la solicitud de desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas quien es acusado de corrupción.

Luego de varias horas de discusión, la decisión fue aprobada con tres votos a favor y uno en contra.

Con esta resolución, el Congreso procederá al juicio político para que García Cabeza de Vaca afronte la denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador panista tras obtener audios de llamadas telefónicas conseguidas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

García Cabeza de Vaca ha denunciado persecución política en su contra. La semana pasada se reveló que pagó 100,000 dólares a la firma de abogados Gerger Hennessy & McFarlane, de Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha informado que Cabeza de Vaca presuntamente recibió 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos de dos empresas fantasma que sirvieron al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.

Dicho dinero sirvió para comprar un departamento en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, con un valor de 42 millones de pesos. La UIF también ha detectado tres ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.

Ahora, los diputados analizarán la declaración de procedencia para después convertirse en jurados el próximo viernes, donde escuchará a las partes y votará por el desafuero definitivo del gobernador, quien termina su periodo en 2022.

Y aunque Morena tiene la mayoría absoluta en la Cámara Baja, la ley establece que después deben enviar la solicitud al Congreso de Tamaulipas, donde el PAN tiene mayoría.

Y aunque la Cámara de Diputados también recibió la petición de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para desaforar al diputado de Morena, Saúl Huerta, acusado de abusar de un menor de edad hace una semana en un hotel de la capital, se argumentó que “no hay tiempo” para procesar la petición en este periodo, por lo que se aplazara para el siguiente periodo legislativo.

El diputado acumula dos denuncias, una presentada por el joven de 15 años en cuestión y otra de un adolescente de Puebla.

“Estaría muy bien, pero eso no es asunto que dependa de la Sección Instructora, mucho menos de la Cámara, depende de la Comisión Permanente del Congreso y es a dos tercios, y ninguna fuerza tiene dos tercios, así que bueno, hagan las interpretaciones políticas”, comentó en rueda de prensa el diputado Pablo Gómez.

Otros trámites de desafuero que están vigentes en la Cámara de Diputados también fueron “congelados” por el bloque de la 4T. Los otros juicios son contra Mauricio Toledo; el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

Del mismo modo, la Sección Instructora rechazó también la procedencia del desafuero contra el senador de Morena Cruz Pérez Cuéllar, quien enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de Chihuahua por cobrar en la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte.

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, informó que se abrió un periodo de siete días para que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, haga una declaración por escrito respecto a la solicitud de desafuero que promovió la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

El legislador de Morena explicó que en caso de que el gobernador no realice declaración alguna se entenderá que niega los señalamientos que hace el organismo de procuración de justicia.

Explicó que el pasado lunes se notificó al mandatario panista sobre el proceso de juicio de procedencia que le atañe directamente, por lo que el periodo de siete días comenzó el día siguiente, y una vez que termine, la Sección Instructora determinará abrir un periodo de 30 días para el desahogo de pruebas.

Sobre si la Sección Instructora dará a conocer públicamente el expediente, como lo pidió el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia matutina, Gómez Álvarez respondió que no es posible, porque la ley no lo permite; sólo pueden acceder a él las partes involucradas.

“Si el Fiscal General de la República quiere dar a conocer elementos que están en su solicitud (de desafuero) es cosa de él, en eso nosotros no nos metemos ni es nuestra responsabilidad”, puntualizó, dejando así la petición de AMLO en manos de la FGR.

Indicó que en caso de que se declare la procedencia del juicio de desafuero se notificará al Congreso de Tamaulipas.

En su encuentro con la prensa, Pablo Gómez aprovechó para actualizar sobre la solicitud de desafuero contra el diputado del PT, Mauricio Toledo Gutiérrez, presentada por la Fiscalía de la Ciudad de México; indicó que ya se han entregado los alegatos a la Sección Instructora, por la que ésta ya deberá resolver sobre dicha solicitud. De igual manera comentó sobre la solicitud de desafuero contra el senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar, promovida por la Fiscalía de Chihuahua; dijo que el caso está en el periodo de desahogo de pruebas.

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó este viernes a la Cámara de Diputados seis cajas de expedientes para ratificar la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Los documentos entregados contienen la investigación sobre los delitos de los que se le acusan: delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

La Secretaría General de la Cámara de Diputados informó que el Titular y los Fiscales de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, perteneciente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada se presentaron en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, para ratificar la solicitud de desafuero contra el gobernador.

“Los funcionarios de la FGR fueron atendidos por el director general de Asuntos Jurídicos, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, y la documentación entregada ya fue turnada a la Secretaría General para que sea remitida a la Sección Instructora”, informó la Cámara de Diputados.

La petición de desafuero se conoció el martes pasado cuando el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, difundió la solicitud de la FGR, situación que fue calificada por el propio gobernador como un acto ilegal.

El gobernador y su partido, el PAN, ha denunciado una “persecución política”; el gobernador es miembro de la Alianza Federalista, un grupo de gobernadores opositores al gobierno federal, y que han criticado el “centralismo” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sobre los señalamientos, López Obrador negó que se trate de una “venganza” contra el mandatario estatal, quien también es uno de los señalados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013, que el presidente combate.

“Nosotros no perseguimos a nadie, pero también recuerdo que no somos tapadera de nadie”, aseguró el presidente en su conferencia de prensa matutina.

Los diputados tendrán 60 días para analizar la declaración de procedencia para después convertirse en jurados, escuchar a las partes y votar por el desafuero del gobernador, quien termina su periodo en 2022.

FOTO: Twitter

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y otros dos delitos por la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró esta tarde que es resultado de una “persecución política” que es dictada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El mandatario estatal viajó este mañana a la Ciudad de México para asistir a la Cámara de Diputados y conocer las acusaciones que presentó la Fiscalía en su contra, que derivan en el intento de desafuero.

“Estas denuncias que hoy se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política, dadas directamente desde Palacio Nacional”, dijo García Cabeza de Vaca en alusión al mandatario, que es desde donde despacha y reside.

Expuso que si ha cometido un delito “probablemente sea no haberme sometido a este gobierno federal, un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno en Tamaulipas”.

Además, señaló que el gobierno federal está “muy molestos por la exhibida que les dimos” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto luego de haber presentado un documento apócrifo con el que hicieron creer a la opinión pública “que se había dado un incendio” en la región cuando a finales de diciembre se provocó un apagón que afectó a 10.5 millones de usuarios.

Dijo que el enojo del gobierno federal pasa también por haber defendido “una de las principales vocaciones” que tiene Tamaulipas y que es la generación de energías limpias y renovables, además de que es uno de los fundadores de la Alianza Federalista, grupo de gobernadores de oposición que han hecho públicas sus diferencias con López Obrador.

“Ahora quieren confundir a la opinión pública presentando esas denuncias que en su momento estaremos aclarando todas y cada una de ellas. Voy a defender mi honra, la de mi familia y no voy a titubear para defender los intereses de los tamaulipecos”, relató el gobernador.

En la conferencia de prensa, el gobernador dijo que entregó un documento a la Secretaria General de la Cámara de Diputados, donde expresó su inconformidad de que haya violado la ley al filtrar el documento que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, exhibió en redes sociales sobre la denuncia en su contra.

El panista acusó al gobierno federal de pretender atropellar la dignidad de los tamaulipecos.

Y es que ayer, la Fiscalía General de la República envió una petición a la Cámara de Diputados para inicien un proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, para poder enjuiciarlo por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Sobre el envío de la petición, el Fiscal Alejandro Gertz Manero negó que la acusación por corrupción contra el gobernador de Tamaulipas sea una “venganza” de carácter político y garantizó “transparencia” durante todo el proceso.

Por su parte, el presidente López Obrador dijo que si bien no persiguen a nadie, tampoco serán tapadera de nadie.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la tarde de ayer a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El escrito presentado a la Cámara de Diputados estuvo dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Moisés Ignacio Mier Velasco, el cual indica que la solicitud sería ratificada por la fiscalía este jueves.

El procedimiento de desaforar a un gobernador es necesario si la fiscalía quiere detenerlo y enjuiciarlo mientras ocupa el cargo, pero se trata de un proceso largo que implica una investigación por parte de los legisladores.

El documento compartido por Mier reveló que detrás de la petición está la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda. La Cámara de Diputados deberá ratificar la solicitud de desafuero en dos días, el jueves 25 de febrero.

Y es que en meses pasados, se presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares. A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que reportaron al gobernador ingresos por unos 2 millones de dólares.

Recordemos que Cabeza de Vaca pidió en agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República que le informara si existía alguna investigación en su contra.

Además, el gobernador es uno de los señalados por el exdirector de Pemex acusado de corrupción, Emilio Lozoya, como uno de los políticos que habrían recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013.

En su cuenta oficial de Twitter, el gobernador acusó a Morena de filtrar “una supuesta acusación” en su contra con el objetivo de iniciar una “embestida política”.

“De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito”, escribió. “Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”.

Al respecto, esta mañana el Fiscal Alejandro Gertz Manero negó que las acusaciones de corrupción contra el gobernador obedezcan a motivos políticos, aunque no aclaró cuál es el fundamento del caso.

“No podrá darse ningún caso de que ésta sea una venganza ni una cosa de tipo político de ninguna naturaleza”, dijo Gertz Manero al intervenir esta mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sostuvo que se presentarán pruebas contra el gobernador para que los legisladores puedan determinar si las acusaciones tienen mérito como para llevarlo a juicio.

“Nos estamos sometiendo a todos los diputados de todos los partidos para que analicen ese caso y lo puedan tratar con toda transparencia porque si no, no va a haber claridad. Así que pueden estar tranquilos”, defendió Gertz Manero.

López Obrador dijo por su parte que “nosotros no perseguimos a nadie”, esto luego de que los gobernadores de Acción Nacional manifestaran su total respaldo y solidaridad a García Cabeza de Vaca, e indicaran que el uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal de rompimiento democrático del estado de derecho.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) dijo que la acción emprendida contra el panista era contraria al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia que planteó ayer el presidente López Obrador.

Sin embargo, López Obrador enfatizó que si bien no persiguen a nadie, tampoco el gobierno será tapadera. “Nosotros no perseguimos a nadie, pero también recuerdo que no somos tapadera de nadie”, enfatizó el presidente.

Esta mañana, el gobernador de Tamaulipas emitió en mensaje en el que habló más sobre el tema.

“Ayer cuando supuestamente honramos al apostol de la democracia me enteré, al igual que ustedes, por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero”, dijo el mandatario estatal.

Reflexionó que siempre se ha conducido conforme a la ley, además de que ha sido objeto de infamias y persecuciones políticas. Dijo que como siempre dará la cara, por lo que este mismo miércoles se trasladará a la Ciudad de México para presentarse en la Cámara de Diputados y conocer de qué se le acusa.

Indicó que era de mínima decencia política haberle citado a comparecer hace un año cuando comenzaron las especulaciones sobre el tema en su contra, y no ahora que comienzan las elecciones. “Que casualidad”, dijo. Afirmó que no ha traicionado la confianza de los ciudadanos del estado.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de radicación para iniciar el procedimiento y la integración del expediente de desafuero, solicitado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), en contra del diputado del PT, Mauricio Toledo, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

La Sección Instructora sesionó está tarde para conocer de la petición de la Fiscalía capitalina y, por mayoría de votos, aprobó el Acuerdo de Radicación.

En el Acuerdo, la Sección Instructora estableció un plazo de siete días naturales para que el diputado Toledo Gutiérrez, una vez notificado, manifieste lo que a su derecho convenga, de manera escrita a través de correo electrónico, debido a las restricciones que se tienen por la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Se indicó que así como el diputado Toledo Gutiérrez será notificado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también será notificada sobre el Acuerdo de Radicación.

Se detalló que se continuará con los trabajos de la Sección, y una vez agotado los tiempos del proceso, resolverá lo correspondiente respecto a la solicitud de desafuero en contra del diputado federal.

Al respecto, el legislador del PT emitió un comunicado en el que negó los hechos que le imputa la FGJ-CDMX, los cuales dijo “son totalmente falsos”.

En su comunicación confió en que “los instrumentos de gobierno no sean utilizados para realizar una persecución política”, además de que el debido proceso sea respetado.